Sobre la meta del déficit español. Dos miradas

Por: | 13 de abril de 2016

STUART MEDINA MILTIMORE Y CARLES MANERA (*)

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El ministro de Hacienda y Administraciones públicas en funciones, Cristóbal Montoro.

 

¿Por qué se empeñan en vaciarnos los bolsillos?

Por: Stuart Medina Miltimore

España no ha cumplido el objetivo de déficit en 2015. Esta frase no debería tener ninguna connotación positiva o negativa. El hecho de que un estado tenga un superávit o un déficit es una mera cuestión contable. Es una magnitud que recoge la diferencia entre lo que ha inyectado el estado en el sector privado vía gastos y ha retirado vía impuestos.

Fíjense en el siguiente gráfico que refleja el saldo de las cuentas públicas en porcentaje del PIB y el crecimiento interanual de esta magnitud macroeconómica para los Estados Unidos de América. Observarán que prácticamente todos los años EEUU ha incurrido en un déficit fiscal. Al lector observador quizás le llame la atención que, cada vez que el gobierno estadounidense ha conseguido un superávit, le acompañó una caída del crecimiento del PIB. No es una coincidencia y explicaré por qué más adelante. Gráficos parecidos podríamos hacer para todos los países.

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«Pero», dirá el lector, «si un estado mantiene un déficit perpetuo, se acumulará una deuda insostenible.» Esta es una creencia generalizada pero es falsa; se deriva de una analogía falaz con la restricción presupuestaria a la que están sometidos los hogares o las empresas. Un gobierno emisor de moneda no tiene restricciones financieras, o dicho de otro modo, no necesita recaudar impuestos antes de gastar. La explicación reside en que el gobierno es emisor de moneda y puede crearla ex nihilo sin coste alguno. Nunca se te puede acabar algo de lo que eres creador. Por tanto un gobierno puede mantener un déficit permanente sin quebrar ya que siempre podrá pagar su deuda. Esto no quiere decir que el estado no debe recaudar impuestos. Éstos son un instrumento de política económica fundamental para evitar procesos inflacionistas, apartar producción real para los fines públicos y redistribuir las rentas.

Pese a que los medios han expresado alarma por el incumplimiento del objetivo de déficit lo cierto es que fue positivo porque, no por casualidad, nuestro PIB en volumen creció el año pasado a una tasa interanual del 3,3%. Como dice el economista australiano Bill Mitchell, que visita España en mayo para presentar su nuevo libro, La Distopía del Euro, España demuestra cómo funciona la política fiscal anticíclica responsable [1]. Quizás habría que estar agradecido, ya sea a las autonomías, como asegura Montoro, ya al propio ministro, por la desviación. ¿Sabía que no ibamos a cumplir pero prefirió evitar la presión de una Bruselas dogmáticamente obsesionada con el cumplimiento de un objetivo de déficit del 3%? Digo dogma porque ese límite es arbitrario y carece de base científica aunque los políticos del PP dicen compartirlo.

Lo grave del incumplimiento del objetivo sería que, si el gobierno español se aviene a las renovadas exigencias de Bruselas para acercarse al objetivo del 3%, tendrá que recortar el déficit público en 20 mil millones de euros (el equivalente al 2% del PIB). Pero ¿por qué tiene que cumplir este objetivo? ¿No habíamos quedado en que un gobierno no está sometido a restricciones presupuestarias? Sí, pero esa ventaja solo la disfrutan aquellos estados que tienen soberanía monetaria y España renunció a ella al ingresar en el euro. Sin su propia moneda, el estado español no es muy distinto de una provincia, una diputación provincial o una colonia: tiene que conseguir euros primero para poder gastar.

Dado que los políticos españoles no parecen partidarios de recuperar la soberanía monetaria, los administradores de nuestro gobierno central tendrán que conseguir el dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Alternativamente podrían conseguir el apoyo del BCE para que las emisiones de deuda del estado no se vean sometidas a los caprichos del mercado, pero sabemos que éste está condicionado al cumplimiento de unos objetivos de austeridad o a programas como el QE de duración limitada lo cual no cambia mucho las cosas.

Pero el recorte de gastos no es una buena idea y la explicación reside en lo que llamamos la identidad de los balances sectoriales. La economía nacional se puede desagregar por sectores institucionales (empresas, instituciones financieras, hogares, administraciones públicas y resto del mundo) para analizarla en detalle. Contemplen ahora el siguiente gráfico que refleja la capacidad (cifra positiva) o necesidad de financiación (cifra negativa) de cada sector institucional de la economía y comprobarán que es perfectamente simétrico. No es una casualidad; la simetría se deriva del hecho de que el endeudamiento de uno es forzosamente el ahorro de otro. Es decir, si el gobierno pretende reducir su déficit y su endeudamiento, el sector privado verá cómo merman sus ahorros.

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Esta relación explica por qué el nuevo gobierno puede tratar de comprometerse con un objetivo de déficit y sin embargo fracasar en el intento. El problema de la senda de reducción de déficit es que es un objetivo móvil. A veces, cuanto más recortas, más te alejas del objetivo. La razón es que la gente tiene la dichosa manía de acaparar dinero (algunos lo consideran una actividad virtuosa y lo llaman ahorro). Si el estado quiere reducir su déficit tocando el bolsillo de los ciudadanos estos pueden decidir recortar sus gastos para seguir alcanzando sus objetivos de acaparamiento (ahorro). Menos gasto agregado es igual a menos ingreso agregado, o sea, menos PIB, el denominador en el coeficiente utilizado para medir el objetivo de déficit.

Desde que Keynes y Kalecki lo explicaron, allá por los años 30, sabemos que, en una recesión causada por el colapso del gasto del sector privado, la respuesta es aumentar el gasto y reducir los ingresos del sector público para que el estado ocupe la parte de la demanda evacuada por hogares y empresas. A veces, para recuperar la economía basta con dejar actuar a los llamados estabilizadores automáticos —el gasto aumenta, por ejemplo, las ayudas al desempleo, y la recaudación tributaria cae cuando flojea la actividad económica—. Sin embargo, en una depresión tan profunda que ha dejado un legado de desempleo tan elevado es posible que los estabilizadores automáticos sean insuficientes y, en ese caso, convendría que el estado aumentara el gasto de forma discrecional. Paradójicamente un déficit público puede indicar un posicionamiento fiscal contractivo y procíclico, es decir, que actúa profundizando la depresión.

Si creemos la previsión de crecimiento más recientemente publicada por el Banco de España, 2,7% para 2016, podemos afirmar que continuar en esa senda de reducción de déficit solo puede resultar en una caída del crecimiento hasta cifras inferiores al 1% deteniéndose abruptamente nuestra recuperación económica.

Por tanto, no se trata de negociar una senda de reducción sino de anunciar que lo aumentaremos. La mejor salida a una gran depresión de la escala que vive España puede ser llenar los bolsillos de los ciudadanos con los ingresos generados mediante programas que movilicen los recursos reales actualmente ociosos y que el sector privado renuncia a emplear. Dicho en otras palabras: aumentando el déficit y dejándolo volar hasta conseguir nuestros objetivos de pleno empleo. El reto está en exigir a nuestros socios europeos el apoyo del Banco Central Europeo para las emisiones de deuda del estado español.

 

[1] Bill Mitchell. Spanish government discretionary fiscal deficit rises and real GDP growth returns. Abril de 2016. http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33329

 

Las excusas de Montoro ante el déficit

Por: Carles Manera

Una vez más, Cristóbal Montoro amenaza a las comunidades autónomas. El incumplimiento del déficit público, 5,2% sobre PIB en vez del 4,2%, que era el previsto, ha encendido de nuevo las alarmas en un Ministerio que ya sabía el desenlace final, aunque lo ha silenciado hasta hoy mismo. Esto fue advertido desde Bruselas, tanto en informes como en declaraciones de altos cargos, y por la propia AIREF (autoridad fiscal independiente) que, de facto, clavó el dato hace ya algunas semanas, de forma que el aviso estaba dado desde instancias distintas, tanto a Montoro como a De Guindos. Ambos, negaron en su momento esas evidencias, y siguieron confiando en la teología económica, en la fe: se cumpliría, decían, como siempre se había hecho. Falso. En claro: el gobierno no ha controlado las cuentas públicas, ni ha hecho frente a la emergencia laboral y social del país, dos factores sobre los que Rajoy ha insistido como prioritarios en su política económica. Un fracaso en toda regla de las recetas aplicadas, que han supuesto incumplimientos reiterados y tangibles en los ejercicios 2012-2015. Tozudas cifras para desarmar a un gobierno demasiado noqueado por las circunstancias.

En ese contexto, el PP ha prometido rebajas impositivas, que han supuesto una reducción de ingresos del orden de 6.000 millones de euros en 2015. Este dato no ha penalizado a la Administración Central, cuyo déficit se sitúa en -2,68 (frente a una previsión de -2,9), toda vez que los costes financieros han sido inferiores a los que se pensaban. La explicación es lógica si se observan las adjudicaciones en el reparto del déficit: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) decidió, aunque con la disconformidad de algunas comunidades autónomas, que el objetivo para la Administración Central sería del -2,9, mientras el asignado a las regiones se situaría en -0,7. Este último dato ya fue cuestionado por AIREF, que apuntaba que ese guarismo se colocaría entorno al 1,6, más del doble de lo acordado en el CPFF. Recuérdese que el grueso del gasto social público está en manos de las comunidades autónomas: un tercio, exactamente. Una repartición más razonable hubiera concretado el déficit permitido a estas comunidades en una cifra más acorde con sus compromisos inelásticos de gasto, es decir, ese tercio real, o sea, un 1,4 sobre 4,2, que era el objetivo determinado por Bruselas.

Pero no: Montoro se salió con la suya, y ahora vuelve con sus soflamas contra las cuentas de las regiones, acusándolas una vez más de despilfarradoras y realizando la lectura política correspondiente. Es decir: los nuevos gobiernos autonómicos son responsables de las desviaciones conocidas y, sostiene Montoro, cada anuncio que realizan supone un incremento del gasto en lugar de un recorte real de las partidas.

El nuevo gobierno central, sea el que sea, deberá atajar este serio problema. Y una de las bases centrales de la solución no va a poder ser relajar la política fiscal hasta extremos que supongan pérdidas cruciales de ingresos, en el escenario de problemática social y laboral que vivimos, tal y como ha sugerido el PP –y también Ciudadanos–. Otro dato más, preocupante: la bajada de impuestos de 2015 va a afectar al vigente modelo de financiación cuando se liquide, dos años más tarde. Entonces, en 2017, auguro más problemas de encaje de las cifras regionales, toda vez que los ingresos por IRPF serán menores, a tenor de los datos conocidos hasta ahora.

 

(*) Stuart Medina Miltimore es economista y Carles Manera, Catedrático de Historia e Instituciones económicas en la Universidad de Illes Balears.

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