El derecho a participar en la vida cultural

Por: | 23 de mayo de 2016

BEATRIZ BARREIRO CARRIL (*) 

 

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Vista del departamento de restauración del Reina Sofía

 

El derecho a participar en la vida cultural (DPVC) es un derecho humano. Esta aserción, aunque evidente, no es del todo superflua. En el marco del actual Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se origina en 1948 con la firma de la Declaración Universal, el DPVC ha tardado varias décadas en desarrollarse. De ahí que, siendo un derecho humano, como lo son los civiles y políticos, el DPVC ha sido enormemente descuidado, hasta el punto de que su carácter de derecho humano, más allá de los ámbitos especializados, pueda producir cierta extrañeza.

Porque el DPVC no ha padecido solamente las consecuencias de las consideraciones que han dificultado también a los derechos económicos y sociales su pleno reconocimiento como tales y su justiciabilidad, basadas en la falsa y superada dicotomía entre derechos que requieren obligaciones estatales de hacer y los que requieren obligaciones estatales de no hacer. El DPVC ha enfrentado dificultades particulares: la difícil definición por parte del Derecho del término cultura -de por sí escurridizo y cambiante-; el largo debate entre universalismo y relativismo cultural, que en muchas ocasiones ha sido en realidad un falso debate al utilizar un concepto erróneo -esencialista-de cultura; el temor por parte de los Estados de que el reconocimiento de derechos culturales aparejase reivindicaciones de cambios en los sistemas de organización política y territorial (incluida la secesión), han sido algunos factores relevantes.

Sin embargo, los últimos años han sido testigo de un importante avance en el desarrollo del DPVC: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos parece haber abandonado ya definitivamente la visión esencialista de la noción de cultura, dando paso a una noción que reconoce a las expresiones culturales como fluidas y cambiantes, capaces de relacionarse entre sí y vinculadas con las relaciones económicas y de poder (si bien, por supuesto, dejando claro que cualquier práctica atentatoria a los derechos humanos no puede ampararse bajo el DPVC). Se dejaba atrás lo que Sally Merry denominó “la demonización de la cultura por parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”). Además, resulta claro también que los temores de los Estados relacionados con los peligros para su integridad territorial que pudieran derivarse de las reivindicaciones del DPVC no resultan, en general, fundados. En este sentido, y, en particular, la tendencia general de los pueblos indígenas es reivindicar sus derechos culturales a través de las demandas de autonomía plasmadas mayoritariamente en el derecho al consentimiento previo, libre e informado. También el paso de la comprensión de la cultura como apéndice del desarrollo a motor del mismo ha sido un factor relevante para el desarrollo del DPVC.

Estos avances y nuevas visiones en torno al DPVC han sido esenciales para que dos hitos que tienen lugar en 2009 hayan podido producirse: De un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas por fin emite una Observación General sobre el DPVC, derecho que se recoge en el artículo 15.1.a) del Pacto Internacional de DESC, cuya interpretación autorizada es efectuada por el mencionado Comité a través de las llamadas observaciones generales. Estas observaciones, dada la parquedad de los términos en que están recogidos los derechos en el Pacto, son muy útiles para determinar el contenido concreto de los derechos y las obligaciones estatales que de ellos derivan. También es en 2009 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece el procedimiento titulado "experta independiente en la esfera de los derechos culturales”, desempeñado hasta hace menos de un año por Farida Shaheed, quien ha sabido dar luz, de forma inteligente y valiente, a diversas temáticas complejas que involucran al DPVC.

Uno de los elementos -por poner sólo un ejemplo- que la plena realización del DPVC exige, siguiendo la Observación General mencionada es la “la accesibilidad” que “consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas [de disfrute pleno] de una cultura que esté al alcance … financiero de todos.” Los estándares internacionales de derechos humanos requieren por tanto que los Estados diseñen sus políticas económicas y culturales de tal forma que todas las personas puedan permitirse económicamente acceder a la cultura. Y si bien es difícil determinar el nivel concreto de acceso que dichos estándares exigen, ello no es imposible. Es aquí donde entran en juego las llamadas obligaciones procedimentales, más prosaicas que las flamantes disposiciones de reconocimiento de derechos (de los que tales obligaciones no son sino su otra cara). Así, aunque el Comité DESC reconoció, en relación con las medidas de austeridad, que algunos ajustes son en ocasiones inevitables, ha insistido en que cualquier medida de ajuste que afecte a derechos debe estar sujeta a una serie de requisitos. Es decir, los recortes no irían en sí mismos en contra del Pacto, pero sí podrían contravenirlo formas de llevarlos a cabo que no respeten dichos requisitos. Entre ellos se encuentran la necesidad y proporcionalidad de la medida, o la exigencia de que no sea discriminatoria, por ejemplo, al incluir aquélla medidas fiscales que permitan mitigar las inequidades que suelen acrecentarse en tiempos de crisis.

Un enfoque desde el DPVC de las iniciativas que plantean cambios en las políticas públicas culturales se revela de gran utilidad. Es verdad que no hay que sobrestimar el papel de los instrumentos de derechos humanos y los órganos que los aplican (cuyas decisiones gozan de un grado de obligatoriedad limitado - En 2012 el Comité examinó el informe periódico de España mostrando varios motivos de preocupación que, en general, no parecen haber desaparecido-). Entre el escepticismo y la simple invocación de los derechos humanos, analizar las obligaciones y pautas concretas -nada retóricas- que ellos, y en concreto el DPVC, ofrecen, puede ser muy útil para orientar el diseño de las políticas públicas culturales en múltiples ámbitos, que van desde la participación, hasta los grupos vulnerables, pasando por los bienes y servicios culturales y las artes en vivo, el espacio público, la sociedad civil, o la libertad de expresión.

 

(*) Beatriz Barreiro Carril es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la universidad Rey Juan Carlos.

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