Buenas y malas noticias para el audiovisual europeo

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (I) y el comisario Pierre Moscovici

La buena noticia la adelantaba El País en su edición del pasado sábado 28 de Mayo: la Comisión Europea, como resultado de una consulta abierta en los últimos meses sobre la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (SVA, antes de TV Sin Fronteras) de 2007, anunciaba su intención de regular los servicios de Video por Demanda (VOD) y en general el llamado Video OTT (Over The Top) obligándolo a participar en el apoyo a la industria audiovisual europea. Así, las plataformas digitales (como Netflix, o Amazon) estarán obligadas a ofrecer un 20 % de programas europeos en sus catálogos en la U.E.

Efectivamente, en la Directiva de 2007, el artículo 48 establecía una insoportable desigualdad competitiva con las televisiones europeas (públicas y privadas) obligadas a reservar un 51 % de su programación de stock (excluyendo programas de plató) a programas de origen europeo y un 10 % de su tiempo o de su inversión a producción independiente europea. Para la televisión on line, en cambio, se establecía una regulación “más liviana”, que debía fomentar “cuando sea viable” la producción y distribución de obras europeas, salvo legislación nacional del país de origen de los servicios VOD; Simpatía especial impulsada por la presión del Reino Unido, secundada por España y otros países, que alegaron que se trataba de mercados “emergentes” que no se podían frenar, que equivaldría a “regular Internet”, y que ya había una directiva de comercio electrónico (que nada decía, naturalmente, sobre el pluralismo o la diversidad).

El resultado fue que en 2013-2014 la Comisión y el Observatorio Europeo del Audiovisual confesaban no tener ni idea del origen del catálogo de las grandes plataformas audiovisuales en Europa, y que aunque algunos países exigían ya cuotas nacionales y europeas (entre el 10 y el 60 %), las plataformas globales, estadounidenses sobre todo, apenas invertían un 1 % en producción europea. Y eso cuando había ya 409 plataformas de cine y 114 de ficción serial en la U.E., mientras el mercado del VOD –cada vez más conquistado por los grupos globales- se estimaba ya en 1.835 millones de euros (con crecimiento medio anual del 31,8 % en cinco años)

Naturalmente, las buenas noticias traen consigo matices: El 20 % de los catálogos es mucho menos que el 51 por 100 de las cadenas de TV tradicionales, no impide las estrategias de ofertas que pueden orientar al consumidor hacia los catálogos ajenos, y nada se exige de cuotas de inversión, única vía verificable de comprometer a los nuevos operadores con la industria audiovisual europea. Mala noticia también para España, porque la Comisión Europea pretende dar más peso a las autoridades audiovisuales independientes en esos controles de la TV on line y off line, pero nuestro problema es que seguimos sin tener ese regulador independiente y especializado, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no puede suplantar.

En fin, las buenas noticias y las malas o dudosas suelen combinarse: Bruselas pretende también ahora garantizar el “mercado único digital”, exigiendo que el consumidor de cualquier país pueda comprar audiovisual de cualquier otro en las mismas condiciones y precios (prohibiendo el bloqueo por territorios o geoblocking), lo que sólo puede beneficiar a los gigantes estadounidenses que operan a escala transnacional. Se cumpliría así la consigna de moda del ATAWAD (any time, any where, any device) pero a costa probablemente de la cultura europea.

(*) Enrique Bustamante es Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y miembro del Consejo del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Fundación Alternativas 

 

 

Que se hable de sostenibilidad en esta campaña electoral, ¿misión imposible?

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

Llama la atención el poco espacio que se dedica a los temas ambientales en las campañas electorales en nuestro país. Da la impresión que sólo algunos políticos y algunos votantes se percatan de la enorme importancia que tiene en nuestro futuro individual y colectivo el impacto ambiental de nuestro modelo de desarrollo. Se trata de saber el impacto sobre nosotros y sobre otros de la forma de producir la energía que consumimos, la basura que generamos o la producción de los alimentos que comemos. Parece que sólo nos acordamos del medioambiente cuando se quema un vertedero ilegal de neumáticos, cuando suben los niveles de contaminación del aire de nuestras ciudades o cuando se firma un nuevo acuerdo internacional sobre política climática y toca informar de la nueva subida de emisiones de gases de efecto invernadero en España.

Una reflexión parecida hacíamos en la presentación del nuevo informe de la Fundación Alternativas sobre sostenibilidad en España: Hoja de ruta para un desarrollo sostenible, que publicamos la semana pasada.

El informe ofrece un diagnóstico de los niveles de sostenibilidad en España desolador. En los últimos años hemos dado un paso a atrás en la mayor parte de las áreas ambientales analizadas: en energía con el gran parón de las energías renovables, continua la mala situación de nuestras aguas, hemos ido atrás en desarrollo rural sostenible -término que prácticamente ha desaparecido de la política local, regional y nacional-, en movilidad de pasajeros y mercancías que siguen moviéndose por carretera y utilizando petróleo en más del 90% de los casos. No estamos mejor en producción de emisiones que provocan el cambio climático. Sólo hemos conseguimos reducirlas durante los años de la crisis. El primer atisbo de crecimiento económico se ha traducido en un crecimiento del 2,3% de nuestras emisiones, en contraste con la reducción a nivel europeo.

Nuestro sistema productivo no está preparado para cumplir con el objetivo europeo (tras el Acuerdo de París, también internacional) de descarbonizar nuestra economía y reducir el 95% de nuestras emisiones en 2050. Aún tenemos una altísima dependencia de los combustibles fósiles (alrededor del 77% frente al 53% de media de Europa). Todo esto ocurre en un marco político internacional que obliga a mirar en la dirección de la sostenibilidad. El año pasado, celebramos la aprobación del Acuerdo de París por un lado y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Parece que aún no hemos asumido que esta transición a un modelo más sostenible de desarrollo no es una opción, si no que el único camino.

No queda otro remedio que repensar nuestro sistema productivo y apostar por otros sectores que no dependan de la energía fósil. Según advirtió Nicolas Stern, uno de los economistas que mejor conoce la economía de la acción climática, mantener un aumento de temperatura medio del planeta de máximo 2C que es el objetivo del Acuerdo de París, supone dejar enterrados dos tercios de las reservas de carbón, petróleo y gas.

Las recomendaciones que se proponen en el informe mencionado pueden servir para situar a España en la senda de la sostenibilidad. Sería bueno conocer la postura de nuestros políticos sobre estos temas y saber qué ideas tienen en el caso de llegar a gobernar.

Algunas de nuestras propuestas:

• Pacto por una energía limpia y una ley de cambio climático que defina la hoja de ruta para descarbonizar nuestro sistema energético y cumplir con el objetivo europeo de reducir un 40% nuestras emisiones en 2030 y un 95% en 2050 y la producción de al menos un 27% de energía con fuentes renovables en 2030. Además, se debe dar prioridad a las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, cada vez más evidentes en nuestro país. Los cambios en los patrones de precipitación, la escasez de agua, el aumento de temperaturas afecta a nuestra salud y nuestra economía. Tanto la agricultura (sobre todo en el sur) como el turismo (sobre todo playa y nieve) serán de los sectores más afectados.
• Ley sobre movilidad sostenible, que asegure suficiente financiación para fortalecer nuestro transporte público, ganar en calidad y en frecuencia y se accesible a todos;
• Reforma fiscal verde que prime el uso eficiente de recursos y elimine exenciones de impuestos y grave aquellos sectores ambientalmente negativos;
• Mejora urgente de la calidad del empleo, dejando atrás la precariedad laboral y aumentando la protección de los trabajadores. Programa de fomento del empleo verde que incluya un programa de educación para la sostenibilidad que ayude a todos los profesionales a adaptar sus conocimientos y capacidades a las demandas de la nueva economía verde con muy especial refuerzo en aquellas zonas que donde la transición verde tendrá mayores impactos sociales, como nuestras cuencas mineras. Además, proponemos una reconversión ecológica de pequeñas y medianas empresas (que son más del 99% del total de las empresas!);
• Mejora de la coordinación de la administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos en política ambiental y áreas conexas como el urbanismo;
• Reforzar la política de sostenibilidad de las ciudades, productoras del 80% del total de las emisiones en España a través de planes de movilidad sostenible, dando espacio al transporte público, a la bici y al peatón y reduciendo la supremacía del coche, trabajar porque nuestros edificios sean casi nulos en la producción de emisiones con planes de rehabilitación energética y fomento del uso de renovables y mejorando la gestión de residuos a través de la recogida separada en origen, la prevención y el aumento de reciclaje;
• Activar el mundo rural como lugar como sector encargado de la provisión de alimentos, desarrollando la economía de la biodiversidad y fomentando el emprendimiento rural sostenible.

No estamos faltos ni de propuestas ni de razones ¿Lograremos esta vez que se debata sobre temas ambientales en campaña electoral?

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

¿Vetos democráticos?

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

 

Pedro Sánchez conversa con el cabeza de lista por Madrid de Unidos Podemos, Pablo Iglesias 

 

Aunque falta más de un mes para las elecciones y todavía los resultados pueden cambiar en cualquier sentido, hay un escenario que adquiere cada vez más plausibilidad: el surgimiento de la coalición Unidos Podemos como la segunda fuerza política. Ante esa posibilidad, es bien probable que los demás partidos se unan, acudiendo tal vez a la abstención, permitiendo así un nuevo gobierno del Partido Popular. No es un prospecto inédito. De hecho, desde la irrupción de Podemos en el escenario político, muchos han contado con que tarde o temprano el PSOE, respondiendo a aquellos sectores dentro de sus filas más comprometidos con el orden político existente, opte por ese tipo de alianza.

En ajedrez se conoce con el término alemán de zugzwang una situación en la que todas las opciones que se le presentan a un jugador conducen a la derrota. A veces incluso, la partida se podría salvar si solo le correspondiera mover al otro jugador, para mala fortuna de quien se encuentra en zugzwang. Tal podría ser la suerte del PSOE en caso de quedar de tercero.

Pero, más allá de si una alianza anti-Unidos Podemos le conviene o no al PSOE, conviene reflexionar sobre qué efectos tendría sobre el sistema político en su conjunto. Si se trata de un cálculo coyuntural que se puede deshacer en pocos años, esto no pasaría de ser una de las tantas veleidades típicas de una democracia multipartidista. Pero si, por el contrario, esta alianza se erige como doctrina fundamental, puede tener profundas consecuencias.

En varias democracias se ha utilizado este recurso de formar alianzas con el fin de excluir a un partido del gobierno. El caso más prominente en nuestro tiempo es el de Francia donde todos los partidos se unen a la hora de impedir la llegada al poder del ultra-derechista Frente Nacional. En Grecia está claro que ningún partido está dispuesto a entrar en coalición con Aurora Dorada aunque, claro está, en este caso las cifras electorales de ese partido lo mantienen muy alejado del poder de modo que se trata de un escenario hipotético.

Es probable que en ambos casos este tipo de vetos democráticos hayan servido para preservar la salud del sistema. Pero la historia está llena de ejemplos en los que esto ha resultado contraproducente a largo plazo.

El caso más notable es el de Italia después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 cuando tanto demócrata-cristianos como socialistas hacían las coaliciones que fueran necesarias para impedir que gobernara el Partido Comunista Italiano, con todo y que éste alcanzaba porcentajes electorales muy elevados, a veces superiores incluso a los de sus contrincantes, y había aceptado los fundamentos del sistema democrático. Tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, socialdemócratas (AD) y democristianos (COPEI), junto con la Unión Revolucionaria Democrática (un partido de centro-izquierda menor) firmaron el llamado Pacto de Punto Fijo que contemplaba entre sus cláusulas una clara exclusión del Partido Comunista de Venezuela, que había combatido frontalmente la dictadura derrocada. Aunque no contemplaba ninguna exclusión explícita, el acuerdo del Frente Nacional en Colombia (1958-1974) iba aún más lejos en la práctica ya que unía a los dos grandes partidos, el Liberal y el Conservador, en el reparto del poder tanto en la legislatura como en la Presidencia de la República mediante un mecanismo de alternación.

No es difícil ver el patrón común que emerge en estas situaciones: la creación de un bloque de partidos articulado en torno al veto a fuerzas políticas disidentes diluye la claridad programática de la competencia política, ofreciendo a los ciudadanos opciones que no difieren sino en sus rótulos, todo lo cual crea un clima de apatía e incluso, especialmente cuando llegan tiempos adversos, deslegitimación. Además, el resultado es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción política.

España, sin haber entrado por la vía de tales vetos, ya padece algunos de estos síntomas. Las encuestas consistentemente registran un inquietante desprestigio de la clase política y la lectura más desprevenida de los titulares de prensa revela la magnitud de la corrupción. Pues bien, si los dos partidos tradicionales de la era democrática optaran por unirse a cualquier costo en el propósito de bloquear a otras fuerzas políticas, es de esperar que estos males vayan a peor.

En teoría, puede haber buenas razones para que en un país los principales partidos se unan con el fin expreso de excluir a otros. Vistas las congratulaciones mutuas que se extienden los franceses a la hora de vetar al Frente Nacional, parece ser éste un caso, por así decirlo, virtuoso. Pero aún así, su viabilidad de largo plazo no es clara. Más pareciera una medida provisional que puede ser una buena idea si se vieran ya en camino las soluciones de fondo. Pero, por el contrario, los partidos tradicionales siguen sin ofrecer alternativas que inviten a los ciudadanos a alejarse del Frente Nacional, mientras éste sigue creciendo en forma paulatina pero certera. Parece que no por casualidad es francés el aforismo aquel según el cual “nada dura tanto como lo provisional.”

Por lo mismo, quienes quieran defender un mecanismo de vetos similar en España deberían pensar muy bien en las circunstancias específicas del país, muy distintas de las de Francia en este sentido. Quienes esgrimen esta clase de vetos siempre tienen el recurso de la retórica alarmista según la cual sus adversarios representan una amenaza contra los más caros principios del Estado, la democracia, la civilización, o lo que sea. Pero el político responsable sabe no caer presa de su propia retórica sobre todo porque a veces los peores daños a las instituciones los causan quienes dicen defenderlas.

 

 

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la universidad Carlos III

El derecho a participar en la vida cultural

BEATRIZ BARREIRO CARRIL (*) 

 

Vista del departamento de restauración del Reina Sofía

 

El derecho a participar en la vida cultural (DPVC) es un derecho humano. Esta aserción, aunque evidente, no es del todo superflua. En el marco del actual Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se origina en 1948 con la firma de la Declaración Universal, el DPVC ha tardado varias décadas en desarrollarse. De ahí que, siendo un derecho humano, como lo son los civiles y políticos, el DPVC ha sido enormemente descuidado, hasta el punto de que su carácter de derecho humano, más allá de los ámbitos especializados, pueda producir cierta extrañeza.

Porque el DPVC no ha padecido solamente las consecuencias de las consideraciones que han dificultado también a los derechos económicos y sociales su pleno reconocimiento como tales y su justiciabilidad, basadas en la falsa y superada dicotomía entre derechos que requieren obligaciones estatales de hacer y los que requieren obligaciones estatales de no hacer. El DPVC ha enfrentado dificultades particulares: la difícil definición por parte del Derecho del término cultura -de por sí escurridizo y cambiante-; el largo debate entre universalismo y relativismo cultural, que en muchas ocasiones ha sido en realidad un falso debate al utilizar un concepto erróneo -esencialista-de cultura; el temor por parte de los Estados de que el reconocimiento de derechos culturales aparejase reivindicaciones de cambios en los sistemas de organización política y territorial (incluida la secesión), han sido algunos factores relevantes.

Sin embargo, los últimos años han sido testigo de un importante avance en el desarrollo del DPVC: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos parece haber abandonado ya definitivamente la visión esencialista de la noción de cultura, dando paso a una noción que reconoce a las expresiones culturales como fluidas y cambiantes, capaces de relacionarse entre sí y vinculadas con las relaciones económicas y de poder (si bien, por supuesto, dejando claro que cualquier práctica atentatoria a los derechos humanos no puede ampararse bajo el DPVC). Se dejaba atrás lo que Sally Merry denominó “la demonización de la cultura por parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”). Además, resulta claro también que los temores de los Estados relacionados con los peligros para su integridad territorial que pudieran derivarse de las reivindicaciones del DPVC no resultan, en general, fundados. En este sentido, y, en particular, la tendencia general de los pueblos indígenas es reivindicar sus derechos culturales a través de las demandas de autonomía plasmadas mayoritariamente en el derecho al consentimiento previo, libre e informado. También el paso de la comprensión de la cultura como apéndice del desarrollo a motor del mismo ha sido un factor relevante para el desarrollo del DPVC.

Estos avances y nuevas visiones en torno al DPVC han sido esenciales para que dos hitos que tienen lugar en 2009 hayan podido producirse: De un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas por fin emite una Observación General sobre el DPVC, derecho que se recoge en el artículo 15.1.a) del Pacto Internacional de DESC, cuya interpretación autorizada es efectuada por el mencionado Comité a través de las llamadas observaciones generales. Estas observaciones, dada la parquedad de los términos en que están recogidos los derechos en el Pacto, son muy útiles para determinar el contenido concreto de los derechos y las obligaciones estatales que de ellos derivan. También es en 2009 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece el procedimiento titulado "experta independiente en la esfera de los derechos culturales”, desempeñado hasta hace menos de un año por Farida Shaheed, quien ha sabido dar luz, de forma inteligente y valiente, a diversas temáticas complejas que involucran al DPVC.

Uno de los elementos -por poner sólo un ejemplo- que la plena realización del DPVC exige, siguiendo la Observación General mencionada es la “la accesibilidad” que “consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas [de disfrute pleno] de una cultura que esté al alcance … financiero de todos.” Los estándares internacionales de derechos humanos requieren por tanto que los Estados diseñen sus políticas económicas y culturales de tal forma que todas las personas puedan permitirse económicamente acceder a la cultura. Y si bien es difícil determinar el nivel concreto de acceso que dichos estándares exigen, ello no es imposible. Es aquí donde entran en juego las llamadas obligaciones procedimentales, más prosaicas que las flamantes disposiciones de reconocimiento de derechos (de los que tales obligaciones no son sino su otra cara). Así, aunque el Comité DESC reconoció, en relación con las medidas de austeridad, que algunos ajustes son en ocasiones inevitables, ha insistido en que cualquier medida de ajuste que afecte a derechos debe estar sujeta a una serie de requisitos. Es decir, los recortes no irían en sí mismos en contra del Pacto, pero sí podrían contravenirlo formas de llevarlos a cabo que no respeten dichos requisitos. Entre ellos se encuentran la necesidad y proporcionalidad de la medida, o la exigencia de que no sea discriminatoria, por ejemplo, al incluir aquélla medidas fiscales que permitan mitigar las inequidades que suelen acrecentarse en tiempos de crisis.

Un enfoque desde el DPVC de las iniciativas que plantean cambios en las políticas públicas culturales se revela de gran utilidad. Es verdad que no hay que sobrestimar el papel de los instrumentos de derechos humanos y los órganos que los aplican (cuyas decisiones gozan de un grado de obligatoriedad limitado - En 2012 el Comité examinó el informe periódico de España mostrando varios motivos de preocupación que, en general, no parecen haber desaparecido-). Entre el escepticismo y la simple invocación de los derechos humanos, analizar las obligaciones y pautas concretas -nada retóricas- que ellos, y en concreto el DPVC, ofrecen, puede ser muy útil para orientar el diseño de las políticas públicas culturales en múltiples ámbitos, que van desde la participación, hasta los grupos vulnerables, pasando por los bienes y servicios culturales y las artes en vivo, el espacio público, la sociedad civil, o la libertad de expresión.

 

(*) Beatriz Barreiro Carril es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la universidad Rey Juan Carlos.

La repetición electoral. Oportunidades y riesgos

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

La alianza Podemos-IU puede provocar una alteración en la correlación de fuerzas en el panorama político

A cuarenta días de las nuevas elecciones, es imposible calibrar las posibles ventajas o inconvenientes que éstas puedan tener para los distintos partidos. Últimamente se ha especulado sobre el posible voto-premio o voto-castigo a una u otra fuerza según la opinión pública percibiera o no su disponibilidad para negociar y alcanzar acuerdos en el largo periodo transcurrido desde entonces. Pero existe un antecedente directo, al cual se ha hecho escasa referencia, y que sirve para poner de relieve otros factores decisivos, tales como la participación electoral: la repetición de las elecciones a la Asamblea de Madrid en 2003, con una primera votación en mayo y una segunda en octubre, entre las que se produjo el episodio del lamentable y recordado Tamayazo.

Existen suficientes datos para afirmar que la mayoría absoluta del PP en la segunda convocatoria se explica por el descenso de la participación en esta segunda ocasión: en mayo los votantes fueron 3.077.000 y en octubre 2.788.000, para una caída de la participación de casi siete puntos. Ésta pasó del 69,27% al 62,52%.

Lógicamente todos los partidos perdieron votantes, pero sin duda el PSOE fue el más perjudicado, pues perdió 142.185 votos, mientras que el PP perdía 83.302 e IU sólo 585. Proporcionalmente, el PSOE perdió el 11,6% de sus votantes de mayo, el PP el 5,8% e IU un escaso 0,2%. Las dos formaciones verdes y el resto de partidos fueron especialmente penalizadas y perdieron el 62,10%, lo que apunta a una menor dispersión del voto y a una concentración del voto útil.

¿Dónde se perdieron estos votos?. Si se analizan los resultados por distritos y municipios, se aprecia cómo los distritos en los que el PP obtiene mejores resultados mantuvieron su mayor participación, que cayó en los distritos con mayores porcentajes de voto para la izquierda. En este sentido, la repetición de elecciones cinco meses después perjudicó de manera notable al PSOE por la desmovilización de su electorado, y posiblemente por la desmoralización de votantes que vieron inútil la mayoría absoluta alcanzada por la izquierda en el mes de mayo.

La caída de la participación en el municipio de Madrid fue de 6,12 puntos. Pero si recorremos la geografía urbana, vemos que en seis distritos el descenso de la participación fue menor que la media, y curiosamente en todos ellos el PP obtuvo y sigue obteniendo excelentes resultados: Salamanca (-4,76%), Chamartín (-4,61%), Retiro (-5,63%), Moncloa-Aravaca (-5,73%) y Fuencarral-El Pardo (-5,83%).

Al contrario, en los seis distritos donde el descenso de la participación fue mayor el porcentaje de votos al PSOE fue claramente superior a la media de la ciudad: Barajas (-8,09%), Villa de Vallecas (-7,75%), Vicálvaro (-7,15%), Usera (-6,78%), Villaverde (-6,77%) y Centro (-6,53%).

Si pasamos a analizar el voto recibido por cada partido, la pérdida de votos del PP en los distritos más conservadores y con mayor renta fue muy reducida, con menos del 3% en Chamartín, Chamberí, Salamanca, Retiro y Moncloa-Aravaca. Por el contrario, las pérdidas en distritos de menor renta fueron muy superiores: en Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Vicálvaro y Carabanchel.

Mientras tanto, las pérdidas del PSOE superaron el 15% en Chamartín, Retiro, Barajas, Salamanca, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Centro, es decir sobre todo en distritos conservadores, con la única excepción de Centro, donde estas pérdidas beneficiaron a IU.

Una primera conclusión de este análisis rápido de geografía electoral urbana pone de relieve un evidente apuntalamiento de las posiciones hegemónicas en cada distrito: los votantes del PP sostuvieron al partido en sus feudos tradicionales, pero el PP recibió un cierto castigo en zonas urbanas con predominio tradicional de la izquierda. En este sentido, la repetición electoral reafirmó las posiciones de unos y otros, pero, y esto es fundamental, no evitó que muchos electores que en mayo optaron por la izquierda, no acudieran a la nueva cita electoral en octubre.

En el resto de municipios de la Comunidad se reprodujo esa tendencia, si bien con matices y siempre con algunos ejemplos de compleja explicación local. Como regla general, el descenso de la participación fue más fuerte que en la capital, sobre todo en los municipios de menor renta del sur y del corredor del Henares. Son muy significativos en Valdemoro (-11,42%), Pinto (-10,34%), Parla (-9,19%), Torrejón de Ardoz (-9,14%), Coslada (-8,38%), Móstoles (-7,61%), Fuenlabrada (-7,56%) y Alcalá de Henares (-7,20%). Al igual que vimos en la capital, los habitantes de municipios de más renta o de clase media se retrajeron menos ante las nuevas elecciones, como se ve en Pozuelo (-4,12%), Majadahonda (-4,95%), San Sebastián de los Reyes (-4,88%), Alcobendas (-5,13%) y más cerca de la media en Las Rozas (-6,60%).

En general, el PP perdió de media el 5,83% de los votos recibidos en el mes de mayo. Las pérdidas en la capital estuvieron por debajo de esta media (el 4,82% del total recibido en la primera elección) y estas pérdidas de menor importancia se aprecian también en municipios de clase media, como en Collado Villalba (el 1,51%), Rivas Vaciamadrid (el 3,19%), San Sebastián de los Reyes (el 4,88%) o Alcobendas (el 5,13%). Es más, el PP recibió más votos que en mayo en los municipios de renta más elevada, como en Pozuelo (el 3,86% más) Majadahonda (el 2,01% más) y Las Rozas (el 0,85% más).

Las mayores pérdidas del PP se encontraron nuevamente en zonas de menor renta y con estructuras sociales más favorables para el voto de izquierdas: en Valdemoro, Aranjuez, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Alcalá de Henares.

El PSOE perdió de media el 11,60% de los votos que recibió en mayo. En la capital la pérdida fue mayor (13,94%), así como en los conocidos municipios del noroeste Las Rozas (el 21.74% de sus electores en mayo), Pozuelo (el 20,03%), Majadahonda (el 18,94%) y Collado Villalba (el 17,94%). Todos ellos con renta alta o medio-alta.

Por su parte, los resultados de IU en el mes de octubre ponen de relieve una cierta reordenación del voto de izquierda. En sentido estricto, IU apenas vio mermado sus votos de mayo. Es más, fue la única de las tres principales opciones que no perdió votos, sino que subió el 0,25% de los recibidos en mayo. En la ciudad de Madrid ganó el 4,95% de los votos obtenidos en la anterior elección, probablemente por votos procedentes del desplome de las candidaturas verdes y del PSOE. Las pérdidas fueron importantes en Coslada (el 16,06% de los votos de mayo), Leganés (el 15,07%) o Alcalá de Henares (12,10%), núcleos de raigambre industrial; pero sin embargo, mejoró en municipios más conservadores y con mayor caída del PSOE, como en Majadahonda (el 25,57% de los votos de mayo), Pozuelo (el 22,15%), Las Rozas (el 16,94%), Collado Villalba (el 12,92%) o San Sebastián de los Reyes (el 5,77%)

La conclusión de estos datos es una evidente correlación entre abstención y voto de izquierda, así como entre participación y voto al partido conservador.

La celebración de elecciones para el mismo órgano con un intervalo de tiempo tan breve es, en realidad, excepcional. Pero durante 2015 encontramos dos casos cercanos, en concreto en Turquía y Grecia. En ambos casos, la opción política que obtuvo más votos en la primera de las elecciones salió reforzada tras la repetición electoral e incluso, en el caso de Turquía, alcanzó la mayoría absoluta. Sin embargo, la evolución de la participación fue muy diferente en cada caso. Un ejemplo más de las pocas garantías que ofrece la repetición electoral y de la importancia de otros atractivos que los electores pueden tener para elegir sus papeletas.

En Turquía se incrementó la participación, entre junio y noviembre, que pasó del 83,9% al 85,2%, casi un millón de nuevos votantes. El Partido de la Justica y el Desarrollo (AKP) obtuvo 4.800.000 votos más en las elecciones de noviembre, un 25% más de lo obtenido en junio del mismo año. Todos los demás partidos perdieron apoyos: la oposición laica del Partido Republicano del Pueblo (CHP) perdió el 5,1%, el prokurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP) el 15% y el nacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) el 24%. Pero, sobre todo, perdieron el resto de partidos, en concreto el 45% de los votos que habían obtenido en el mes de junio. Por todo ello, puede aventurarse que los electores antepusieron finalmente la estabilidad y el voto útil, si bien en esta opción pudo tener su peso especial el vecino conflicto de Siria y los problemas referentes a la integración de la población kurda, reactivados estos meses.

En Grecia, sin embargo, la repetición en septiembre de 2015 de las elecciones parlamentarias, que habían tenido lugar en el mes de enero, supuso una caída de la participación de siete puntos, del 63,9% a un escaso 56.6% ocho meses después. Es decir, que unos 760.000 electores, el 12% de los votantes de enero, no acudieron a las urnas en septiembre. Las pérdidas de votantes se distribuyeron con relativa equidad entre casi todos los partidos, con la excepción del PSAOK socialdemócrata, que incrementó sus votos en un 18%. De entre los otros partidos más importantes, Syriza perdió el 14%, el conservador Nueva Democracia el 11% y el xenófobo Amanecer Dorado el 2%.

Estos tres casos nos indican, a modo de conclusión, que estamos ante un escenario nuevo y sujeto a heterogéneas circunstancias. La respuesta de los electores puede ser diferente y está lejos de poderse encuadrar en reglas predeterminadas. El antecedente de Madrid alerta seriamente sobre los efectos de una abstención más acusada en distritos y municipios con voto mayoritario de izquierda y en la importancia del voto útil, que lamina a los grupos minoritarios, pero tampoco podemos olvidar otros componentes que pueden hacer acto de presencia en el momento en que los electores deciden su voto, como pueden ser la búsqueda de estabilidad parlamentaria o incluso el castigo a alguna fuerza política que ahora sea vista como más inactiva y menos interesada en el proceso de negociación.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Los medios de por medio

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

 

José Manuel Soria, el último ministro del PP en dimitir 

 

Tal y como señalamos en otro momento, tomar el hábito de la dimisión, exige, como mínimo, un poco de teoría sobre la misma para poder explicarse y practicarse. Allí también recogimos la idea de que la dimisión está ligada a un ejercicio de responsabilidad política, a no confundir por favor, con la responsabilidad penal; y que aflora entre otras situaciones de quiebra de confianza para con la ciudadanía, como ocurre con los fenómenos de corrupción.

La ciudadanía se informa políticamente a través de los medios de comunicación. No vamos a entrar en la discusión ahora, de si nos informamos para tener una opinión sobre los asuntos, o digerimos como podemos lo que los medios de comunicación nos ofrecen como opinión pública cocinada. Está claro que miremos como miremos la cuestión, los medios están en mitad del escenario.

Evidentemente la corrupción, y sobre todo su descubrimiento, se asoman a las páginas de los periódicos, a los boletines informativos de radio y televisión, así como a los medios digitales a gran velocidad, causando estupor, y ya bastante cansancio. Esto no significa en absoluto que no vamos a leer más noticias de esa índole, sino que estamos hartos de encontrarlas tan a menudo.

La publicidad que nos brindan los medios de comunicación por este motivo, puede ser dolorosa, pero necesaria. Ocurre a veces que es el único control que existe, cuando fallan los demás. Siguiendo su ritmo, y dependiendo de cuál sea la evolución de cada caso, siempre acarrean como mínimo una reprobación social, e incluso son clave para la apertura de procesos judiciales, cuyos ejemplos tenemos todos en la cabeza.

Pero estas circunstancias no nos pueden hacer olvidar otras, con las que también nos topamos en torno a estos asuntos. Y es la especial relación de la clase política y los medios, más intensa por ejemplo, que la de los medios con la ciudadanía, y desde luego enormemente más que la de la clase política y la ciudadanía en los tiempos que corren.

Los medios de comunicación son unos de los principales actores políticos, y pensar en ellos solo como un puente entre los políticos y los demás, es quedarse muy corto. Los medios son grupos de presión de influencia en el sistema, lo saben y la ejercen. Como grupos de presión tienen una doble naturaleza que les hace especiales. Por un lado, son colectivos que defienden unos intereses ideológicos, pero por otro, son empresas con legítimo ánimo de lucro, por lo que sus estrategias son anfibológicas por definición.

La clase política también precisa de los medios para hacerse llegar a los ciudadanos. Hoy en día, aquellos son el canal básico para mandar información, consignas, posturas o silencios, mucho más que los cauces de las propios partidos, tanto la prensa partidaria (¡donde andará!), como las páginas web de los unos y de los otros.

Por tanto, unos porque tienen que vender para ganar y otros porque tienen que estar al frente de la actualidad por su labor política, las relaciones entre medios y clase política está asegurada, y definida tanto en clave de conflicto como de cooperación. Esa dicotomía es variable, teniendo en cuenta tanto la variedad de unos y de otros, como la labilidad de las situaciones a las que cada cual se enfrenta; por todo ello, resulta merecedora de análisis por la calidad explicativa que nos proporciona.

Son dignas de mención las interpretaciones que hacen los expertos a estas correlaciones. No hay nada más que ver como se cuenta (o se susurra, o se silencia) una noticia sobre corrupción en cada medio, para darse cuenta de que se tratará de una misma realidad, pero no del mismo relato. Hay que hablar de la reconstrucción de un mismo suceso dependiendo de cómo y porqué. Realidades negociadas y spindoctoring entre las bambalinas que los ciudadanos de a pie no vemos.

Como cada cual se acerca al medio de comunicación que le proporciona una mayor fiabilidad, o a aquel que le irrita menos (dentro de una gama mucho más amplia de posibilidades…), resulta lógico que haya tanta varianza a la hora de valorar, dictaminar, olvidar o perdonar un caso de corrupción.

Solo que últimamente, también hay que anotar un aspecto positivo (haciendo de la necesidad, virtud); al destaparse tantos casos de corrupción aunque muy pocas dimisiones -todo hay que decirlo-, hay un clamor más nítido en contra de la corrupción en la vida política, clave en el desarrollo de uno de los lemas de futuro que comparten más de un partido, la regeneración de la vida política, y que puede llegar a ser uno de los cimientos de un nuevo pacto político a favor de la democracia española.

Recapitulando, en lo que se refiere a dimisiones, fruto del descubrimiento de conductas inapropiadas para el desempeño político –no quiero dejar en saco roto con lo que empecé diciendo a cuenta de la confusión entre la retirada de confianza en la incompetencia propia o ajena y la comisión de un delito-, queda patente el buen hacer de los medios; no conozco ningún caso (quizá lo haya) de dimisión de un político que se haya producido sin el hallazgo y la revelación del “inconveniente” por parte de los medios de comunicación. La petición de silencio que hemos oído en alguna cinta de audio es para favorecer la opacidad: ojos que no ven, corazón que no siente.

En definitiva, hay que combatir todas las resistencias que convierten un proceso de asunción de responsabilidad política, y que puede ocurrir en las mejores familias, con esa suerte de laberinto del Minotauro en que se convierten, por falta de conocimiento de unos, de interés de otros, y donde acaba resintiéndose el bien público, se incrementa la desafección de la ciudadanía y se profundiza en la deslegitimación de un marco de convivencia donde podríamos estar todos a gusto razonablemente.

(*) Paloma Román Marugán es Doctora en Ciencias Políticas

No maten al mensajero: periodistas ambientales y libertad de prensa

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ

 

Marcha en Tegucigalpa en repulsa por el asesinato de Berta Cáceres

 

El pasado martes 3 de mayo se celebraba el día mundial de libertad de prensa. Ese día se rinde homenaje a todos los periodistas que han muerto haciendo su trabajo, se denuncian los casos donde se vulnera el derecho a la libertad de prensa y se defiende a los medios de comunicación de los atentados que les impiden realizar su trabajo en condiciones de libertad. Cada año se comenten miles de crímenes contra la libertad de expresión en todo el mundo. Periodistas, blogueros y activistas de la información mueren o son encarcelados por dar a conocer la realidad que se vive en países en conflicto, donde la censura, el acoso y las amenazas contra ellos se repiten cada día.

Las cifras son escalofriantes. Al menos 109 periodistas fueron asesinados en el mundo en 2015. Algunos en atentados (como el de la revista satírica francesa Charlie Hebdo) o guerras, otros a manos de la policía o por asesinos a sueldo, también a manos de los cárteres de drogas y otros muchos como consecuencia de su trabajo como informadores ambientales.

Estos últimos son nuestros ojos en lugares donde las masacres medioambientales son norma habitual. Son testigos de tala y minería ilegal, nos relatan las dificultades a las que se enfrentan las comunidades que viven en lugares donde los recursos naturales están siendo explotados, nos cuentan como los derechos de las personas a un medioambiente sano, a agua y aire limpio no son respetados, donde la contaminación hace tiempo que provoca graves enfermedades y una calidad de vida deplorable entre los ciudadanos. Nos informan de los gravísimos conflictos por el uso de la tierra vinculados a la agroindustria y a la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas. Y lamentablemente, el número de casos donde se dan estos problemas lejos de cesar, aumenta.

En noviembre de 2015 la ONG Reporteros Sin Fronteras publicó con motivo de la COP21 de cambio climático, el informe ‘Clima hostil para los periodistas ambientales’. De acuerdo a este informe, desde 2010, 10 de estos periodistas fueron asesinados, 41 en la última década. Además, denunciaban el número de periodistas expuestos a amenazadas, presiones y agresiones por parte de los grupos de poder que ocasionan los desastres ambientales denunciados. Y en la inmensa mayoría de los casos. la impunidad frente a los asesinatos, suele ser la norma. En muchas ocasiones, sólo se detiene al autor o autores materiales de los hechos, pero no a sus autores intelectuales. Según este informe los periodistas ambientales tienen que enfrentarse a la censura de informaciones incómodas para algunos gobiernos. Ocurrió en China cuando se censuró un documental que hablaba sobre la contaminación del aire de Pekín, por ejemplo. En otros lugares, como Ecuador, la legislación es tan difícil que resulta casi imposible que los periodistas ambientales puedan informar sobre las extracciones de petróleo en una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, el parque de Yatsuní.

Mucho mayor fue el número de activistas ambientales muertos. Hasta 116 en 2014. Casi la mitad de ellos, forman parte de comunidades indígenas. Según la ONG International Global Witness, los países más peligrosos se encuentran en Centroamérica y Sudamérica donde murieron las tres cuartas partes. Le sigue el sudeste asiático. Brasil, Honduras, Colombia o Filipinas y se sitúan a la cabeza de este terrible ranking. Perú les sigue de cerca. ¿Por qué en estos países? Una de las razones es el aumento en el número de inversiones en minería, explotación de hidrocarburos, construcción de grandes infraestructuras o agroindustria en estos países. No hay que olvidar que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras, después de Oriente Medio. Estos países dependen masivamente de las exportaciones de recursos naturales. De hecho, en 2012 representaron el 70 % de las exportaciones totales. El clientelismo, la profunda desigualdad, una justicia extremadamente débil que permite la intimidación de fiscales y jueces independientes y que es incapaz de proteger libertades y derechos son caldo de cultivo para el ataque a aquellos que defienden su derecho a su tierra y a disponer de agua no contaminada que permita una vida digna para ellos y sus familias. Activistas que se encuentren en una situación de extrema debilidad, recibido amenazas constantes y en el peor de los casos, asistiendo a asesinatos que en muchos casos no se resuelven.

De Honduras era Berta Cáceres, una de las últimas activistas ambientales brutalmente asesinada. Denunciaba el grave impacto social y ambiental en el territorio indígena en la que ella y su comunidad vivía de la construcción de una nueva presa hidráulica, la presa Agua Zarca y que contaba con financiación del Banco Europeo de Inversiones. La presa será construida sobre una zona de gran riqueza natural. La alteración del curso del río Gualcarque limitará el acceso a agua y alimentos a esta población. El objetivo de la presa es el de producir energía barata, para poder abastecer al sector de la minería que ha recibido concesiones para explotar el 30% de la superficie del país. No era esta la primera vez que Berta ponía su vida en riesgo por defender los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente frente al acoso de empresas, paramilitares y gobierno. Su trabajo por la justicia social y ambiental le habían hecho merecedora del premio Goldman en 2015, uno de los más prestigiosos del mundo en temas ambientales. Ella misma había denunciado el asesinato de 5 compañeros que defendían la misma causa con absoluta impunidad unos meses antes. Denunciaba también reiteradas amenazas de muerte recibidas por ella misma, por su oposición al proyecto. En Honduras el 90% de los asesinatos y atentados contra los derechos humanos no se resuelven. La muerte de Berta ha unido a la comunidad internacional en la denuncia de todas aquellas personas que han muerto, han sido encarceladas o sufren amenazas continuas por su defensa del medioambiente.

En un mundo globalizado muchos son los involucrados. La financiación proviene del Banco Europeo de Desarrollo, que ha anunciado que se retira del proyecto temporalmente, al menos hasta que no se resuelva el crimen de Berta (también los fondos holandeses y fineses han anunciado su retirada). Pero la cooperación japonesa parece estar dispuesta a reemplazarles. Es una empresa estatal china, Sinhydro que está desarrollando el proyecto en cooperación con la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA. Y es una empresa alemana, Voith Hydro Holding GmbH & C, la que provee de la tecnología. Es difícil explicar como un proyecto con semejantes impactos ambientales y sociales ha recibido el visto bueno de tantas organizaciones.

Mucho camino queda aún por recorrer para asegurar protección y justicia por todos aquellos que denuncian crímenes ambientales y que nadie queda impune por asesinatos como el de Berta Cáceres y sus compañeros. En estos días que recordamos los graves atentados contra la libertad de prensa, recordemos también a todos los periodistas ambientales, que en muchas ocasiones hacen su trabajo enfrentándose a amenazas y acoso e incluso perdiendo su vida. Asegurar el cumplimiento de la legislación en lo relativo a la protección de periodistas y activistas, refuerzo de la inspección en los lugares más conflictivos, contar con y tener en cuenta la opinión de las comunidades afectadas por las nuevas infraestructuras y desarrollos empresariales y el desarrollo de evaluaciones de impactos ambiental independientes de estos proyectos son sólo algunos de los pasos que deben darse para conseguirlo.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

 

¿Debemos gastar más en educación?

CARLOS XABEL LASTRA-ANADÓN (*)

 

 

El ministro en funciones de Educación, Cultura y Deporte, Ínigo Méndez de Vigo.

Una inclinación natural para solucionar los retos educativos es el invertir más dinero. Esta idea es intuitiva en cuanto a que podemos suponer que si hacemos mejores edificios, pagamos mejor a los profesores o tenemos tecnologías más costosas en el aula, todo esto sólo puede contribuir a mejorar los resultados académicos. Sin embargo, dependiendo de a qué se dedique este gasto, puede que no haya una relación con un sistema educativo de mayor calidad. Por ejemplo, es posible que usando materiales más caros en los centros (más allá de un mínimo), pasando de pizarras de tiza a pizarras blancas o digitales, los alumnos no aprendan más. En la caricatura, puede ser incluso que el mayor gasto en ciertos recursos sea perjudicial para el rendimiento académico: si los alumnos reciben tabletas con las que se enfrascan en videojuegos mientras el profesor explica, aprenderán menos pese a que el gasto en su educación sea mayor.

Podemos inventarnos todo tipo de teorías. ¿Qué ocurre en la práctica? Es esta una pregunta de la mayor importancia para gobiernos que afrontan situaciones fiscales complicadas en las que deben decidir el destino de presupuestos escasos entre por ejemplo educación, sanidad, extender el subsidio de desempleo o la mejora de las infraestructuras. Una forma sencilla de empezar a estudiar este problema es usar los datos que genera la OCDE tanto sobre rendimiento como gasto educativo, analizados comparativamente entre países y a lo largo del tiempo. Del 2003 al 2011, vemos que el gasto aumentó significativamente en España, un 16% más de lo que creció el PIB. Sin embargo, la evolución del rendimiento relativo en las pruebas PISA fue básicamente plana. (Ver gráfico adjunto) De hecho, sabemos que España gasta tanto en educación secundaria como países como Alemania, un 4,8% del PIB en 2011, aunque es cierto que en términos absolutos, gastamos una media de 8.145 euros por alumno en secundaria, o un 8,6% menos que la media de la Unión Europea.[1] Es interesante que gastamos más que países como Corea del Sur y prácticamente lo mismo que Finlandia, que destacan por su desempeño en las pruebas PISA.

Estos datos aparentemente contradictorios no resuelven la cuestión en un sentido u otro. Si nos centramos en el incremento del gasto relativo en educación y su falta de relación con una mejora del rendimiento, esto por sí solo dice poco sobre el efecto de un mayor gasto educativo. Puede ser que la repercusión del incremento en el gasto no se vea hasta muchos años después o que la calidad del sistema no sean medibles a través de algo tan simple como los resultados en los exámenes de matemáticas a los 16 años. Paralelamente, podemos imaginar un sinfín de condicionantes que difieren entre las necesidades de gasto en España frente a otros países, por ejemplo, la diversidad de lenguas o la gravedad excepcional en nuestro país de la crisis económica, cuando sabemos que la situación familiar afecta al rendimiento escolar.

Para dirimir este tipo de cuestiones, la metodología típica del economista es encontrar experiencias en el mundo real que se parezcan a experimentos en los que podamos aislar relaciones de causa-efecto: en las que cambios fortuitos en el gasto que no estén relacionados con otro tipo de cambios ambientales que afecten a la calidad del sistema. Kirabo Jackson y sus coautores recientemente aprovechan una multitud de decisiones judiciales en Estados Unidos desde 1972 que dictaminan incrementos el gasto público en educación.[2] Estos cambios afectan principalmente a los distritos escolares más desfavorecidos. Los investigadores pueden observar a alumnos en circunstancias muy similares que sufren o no las reformas, por ejemplo, los que terminan el instituto un año antes o uno después de los cambios que determinaron los tribunales. Usando estas comparaciones, encuentran que un 10% de incrementos en el gasto conllevan un incremento de los salarios de los alumnos que se benefician del cambio, años después, de alrededor de un 7%, y una reducción significativa en sus índices de pobreza. Para una reforma educativa, esta es una relación muy alta. Mirando más de cerca la naturaleza de los cambios generados por los tribunales, todo el incremento de gasto se dedica a aumentar el número de profesores y profesionales de apoyo (psicólogos, orientadores profesionales) por alumno y de sus salarios. Otros gastos no relacionados con la instrucción (comedores, gastos de mantenimiento, etc.) no parecen tener una relación con mejoras en el rendimiento.

¿Qué significa esto para España? Parece que un incremento del gasto educativo podría ser beneficioso. Sin embargo, Dos cuestiones sobre como se podría articular son importantes: la primera es que los incrementos en gasto benefician a los alumnos más desfavorecidos del sistema. En España, tenemos escasos datos sobre la desigualdad de recursos educativos y socio-familiares (no se publican estadísticas oficiales), pero un gasto compensatorio sistemático en centros y municipios con estudiantes desfavorecidos podría ser efectivo.

La segunda es que el incremento de gasto podría ser destinado al aumento de salarios a profesores o a una menor ratio de alumnos por profesor en estos centros. Los gastos de personal son la partida más importante de los presupuestos de educación (un 62% del gasto total en España en 2013), por lo que merecen ser estudiados más de cerca.[3] La realidad es que los salarios de los profesores españoles están ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE, con una media de 36.670 Euros en 2013.[4] Más allá de esto, los retos del mercado laboral español hacen que ser profesor sea, incluso con un salario modesto, una perspectiva atractiva para muchos licenciados como acreditan la gran demanda en oposiciones. Por ejemplo, recientemente en Andalucía comenzaron oposiciones de secundaria con 14 aspirantes por plaza.[5] Por otra parte, con 25 alumnos por clase de media, España está solo ligeramente por encima del promedio de la UE (24 alumnos).

La mejor evidencia empírica sugiere, por tanto, que los incrementos en gasto educativo pueden ser efectivos, especialmente cuando se dirigen a alumnos desfavorecidos. Dada la realidad del sistema educativo español, parece difícil de justificar una masiva contratación de profesores para hacer clases más pequeñas o un aumento generalizado de los salarios en el sistema. Sin embargo, es muy posible que ciertos programas que dirijan más recursos a las partes más desfavorecidas de nuestro sistema educativo sean efectivos. Un ejemplo sería dar incentivos monetarios a profesores para que den clase en centros donde los retos son mayores.

Por último, la sugerencia de que un aumento del gasto generalizado sería poco efectivo debe invitarnos a buscar reformas conceptualmente más difíciles: debemos pensar más y mejor en qué tipo de cambios del sistema pueden aumentar su calidad. Como ejemplos, hemos hablado anteriormente (http://blogs.elpais.com/alternativas/2016/03/la-caja-negra-de-las-escuelas-los-secretos-de-las-escuelas-más-efectivas.html) y hablaremos más en otro momento de cambios sin coste en el modelo de instrucción, el mejor uso de datos en la gestión de centros y de un cambio cultural en los colegios que conlleve un incremento de las expectativas.

 

[1] Datos gasto sobre PIB del Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS. Datos de gasto absoluto de la OCDE (Education at a glance 2015)

[2] C. Kirabo Jackson & Rucker C. Johnson & Claudia Persico (2016). "The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms," The Quarterly Journal of Economics, vol 131(1).

[3] MECD: Estadística del gasto público en educación. http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico.html

[4] No hay datos para la UE en su conjunto. Fuente: OCDE: Education at a glance 2015.

[5]http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2267179/las/oposiciones/profesor/secundaria/comienzan/junio/con/aspirantes/por/plaza.html

 

Datos de rendimiento medio de los alumnos que realizaron la prueba PISA (2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, no disponibles para matemáticas en 2000) y de gasto en educación sobre PIB (anuales). Ambos indexados tomando como base 100 el año 2003.

Fuente: Banco Mundial (gasto sobre PIB) y OCDE (datos PISA)

(*) Carlos Xabel Lastra-Anadón. Universidad de Harvard

La libertad de expresión en España

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

 

Errejon e Iglesias, juntos en el Congreso de los Diputados

La presentación en el Congreso de los Diputados, el último día de sesión antes de su disolución del 3 de Mayo, de tres proposiciones no de ley (PNL) por el grupo parlamentario Podemos-En Comú y Podemos-Em Marea, sobre “políticas mediáticas” ha agitado el debate sobre el estado de la libertad de prensa en España, aunque tal iniciativa sea sólo simbólica y no vaya a tener efecto legislativo alguno. Sobre todo, ha activado de nuevo las acusaciones más groseras de muchos políticos y medios de comunicación contra Podemos como partido que ataca la libertad de expresión, que arreciaron ya con ocasión de la conferencia de Pablo Iglesias en la Universidad Complutense, en la que criticó a periodistas concretos y a sus presuntas presiones empresariales. Las alusiones a Venezuela, Cuba o incluso Corea del Norte han vuelto reiteradamente a las voces de comentaristas y tertulianos.

La debilidad de estas tres PNL presentadas en el último minuto es, ciertamente, que levantan la sospecha de responder a la autocrítica parcial de Pablo Iglesias por esa torpe alusión personalizada, que hubiera ganado toda legitimidad en caso de plantearse en términos estructurales, sobre un sistema de medios de comunicación profundamente deteriorado en términos democráticos, en el polo público y privado, en los últimos años. Aunque inician tímidamente el debate general que anunció a continuación Carolina Bescansa, sobre el pluralismo en la comunicación social.

La primera proposición afecta a la agencia EFE, de la que se propone un estatuto legal democrático que cumpla el artículo 20 de la Constitución (regulación de los medios públicos, acceso ciudadano, control parlamentario), y dote de independencia a la agencia, poniendo fin “a su control gubernamental y su opacidad”. Se reiteran así simplemente las conclusiones del Informe del Consejo para la Reforma, nombrado por el Gobierno Zapatero en 2004-2005, que reclamó una legislación democrática y de participación social para EFE, que nunca después se ha llevado a cabo, ni por el gobierno socialista ni por el del PP.

La segunda PNL presentada se refiere a un “programa de democratización” del espacio radioeléctrico, que critica la gubernamentalización y opacidad del reparto de frecuencias de radio y televisión, incluyendo la última realizada por el Gobierno de Rajoy en la precampaña electoral del 20-D, para reclamar la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual (exigido en la Ley General del Audiovisual de 2010) que nunca ha llegado a constituirse. Al mismo tiempo, reclama reglas que limiten la propiedad cruzada, entre radio y televisión a futuro.

La tercera PNL está aun más justificada, al centrarse en un “programa de fomento del Tercer Sector” o radiotelevisiones comunitarias, que el Gobierno socialista encosertó primero en la Ley General Audiovisual de 2010 (art. 32) incumpliendo la promesa de que el Estado garantizaba la “disponibilidad del dominio público radioeléctrico”, y que el Gobierno de Rajoy ha ignorado completamente en el Plan Técnico Nacional de TDT de 2014 (RD 805/2014).

En suma, las tres PNL de Podemos responden a puntos negros evidentes de nuestro espacio público. Pero apenas alcanzan a las reivindicaciones parciales de un programa socialdemócrata moderado y hasta light: porque no tocan la sistemática manipulación de RTVE y de muchas RTV autonómicas en los últimos años, con la consiguiente profunda degradación del servicio público, ni al nefasto duopolio consolidado en la televisión por Mediaset y Atresmedia (85´7 % del mercado publicitario). Elementos estructurales graves todos ellos que están perjudicando seriamente la calidad, el pluralismo y la diversidad española, y no sólo ni principalmente en el ámbito electoral, sino en cuanto al pluralismo ideológico y social, y a la propia industria cultural y creativa.

Escandalizarse por estas manifestaciones, como han hecho incluso políticos socialistas de primera fila y, por supuesto, los grandes medios de la derecha española, implica así todo un acto de hipocresía neocon ejercido sobre la libertad de expresión. Pero el debate sobre la esfera pública y su degradación contemporánea seguirá: está ya en la agenda social de muchos países latinoamericanos, en donde se apela contra la concentración excesiva de los medios, e incluso resurge en los EE.UU, con voces autorizadas como la de Philip Napoli.

 

(*)Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Adiovisual en la UCM