La libertad de expresión en España

Por: | 02 de mayo de 2016

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

 

IniErrejon e Iglesias, juntos en el Congreso de los Diputados

La presentación en el Congreso de los Diputados, el último día de sesión antes de su disolución del 3 de Mayo, de tres proposiciones no de ley (PNL) por el grupo parlamentario Podemos-En Comú y Podemos-Em Marea, sobre “políticas mediáticas” ha agitado el debate sobre el estado de la libertad de prensa en España, aunque tal iniciativa sea sólo simbólica y no vaya a tener efecto legislativo alguno. Sobre todo, ha activado de nuevo las acusaciones más groseras de muchos políticos y medios de comunicación contra Podemos como partido que ataca la libertad de expresión, que arreciaron ya con ocasión de la conferencia de Pablo Iglesias en la Universidad Complutense, en la que criticó a periodistas concretos y a sus presuntas presiones empresariales. Las alusiones a Venezuela, Cuba o incluso Corea del Norte han vuelto reiteradamente a las voces de comentaristas y tertulianos.

La debilidad de estas tres PNL presentadas en el último minuto es, ciertamente, que levantan la sospecha de responder a la autocrítica parcial de Pablo Iglesias por esa torpe alusión personalizada, que hubiera ganado toda legitimidad en caso de plantearse en términos estructurales, sobre un sistema de medios de comunicación profundamente deteriorado en términos democráticos, en el polo público y privado, en los últimos años. Aunque inician tímidamente el debate general que anunció a continuación Carolina Bescansa, sobre el pluralismo en la comunicación social.

La primera proposición afecta a la agencia EFE, de la que se propone un estatuto legal democrático que cumpla el artículo 20 de la Constitución (regulación de los medios públicos, acceso ciudadano, control parlamentario), y dote de independencia a la agencia, poniendo fin “a su control gubernamental y su opacidad”. Se reiteran así simplemente las conclusiones del Informe del Consejo para la Reforma, nombrado por el Gobierno Zapatero en 2004-2005, que reclamó una legislación democrática y de participación social para EFE, que nunca después se ha llevado a cabo, ni por el gobierno socialista ni por el del PP.

La segunda PNL presentada se refiere a un “programa de democratización” del espacio radioeléctrico, que critica la gubernamentalización y opacidad del reparto de frecuencias de radio y televisión, incluyendo la última realizada por el Gobierno de Rajoy en la precampaña electoral del 20-D, para reclamar la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual (exigido en la Ley General del Audiovisual de 2010) que nunca ha llegado a constituirse. Al mismo tiempo, reclama reglas que limiten la propiedad cruzada, entre radio y televisión a futuro.

La tercera PNL está aun más justificada, al centrarse en un “programa de fomento del Tercer Sector” o radiotelevisiones comunitarias, que el Gobierno socialista encosertó primero en la Ley General Audiovisual de 2010 (art. 32) incumpliendo la promesa de que el Estado garantizaba la “disponibilidad del dominio público radioeléctrico”, y que el Gobierno de Rajoy ha ignorado completamente en el Plan Técnico Nacional de TDT de 2014 (RD 805/2014).

En suma, las tres PNL de Podemos responden a puntos negros evidentes de nuestro espacio público. Pero apenas alcanzan a las reivindicaciones parciales de un programa socialdemócrata moderado y hasta light: porque no tocan la sistemática manipulación de RTVE y de muchas RTV autonómicas en los últimos años, con la consiguiente profunda degradación del servicio público, ni al nefasto duopolio consolidado en la televisión por Mediaset y Atresmedia (85´7 % del mercado publicitario). Elementos estructurales graves todos ellos que están perjudicando seriamente la calidad, el pluralismo y la diversidad española, y no sólo ni principalmente en el ámbito electoral, sino en cuanto al pluralismo ideológico y social, y a la propia industria cultural y creativa.


Escandalizarse por estas manifestaciones, como han hecho incluso políticos socialistas de primera fila y, por supuesto, los grandes medios de la derecha española, implica así todo un acto de hipocresía neocon ejercido sobre la libertad de expresión. Pero el debate sobre la esfera pública y su degradación contemporánea seguirá: está ya en la agenda social de muchos países latinoamericanos, en donde se apela contra la concentración excesiva de los medios, e incluso resurge en los EE.UU, con voces autorizadas como la de Philip Napoli.

 

(*)Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Adiovisual en la UCM

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