No maten al mensajero: periodistas ambientales y libertad de prensa

Por: | 06 de mayo de 2016

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ

 

Berta

Marcha en Tegucigalpa en repulsa por el asesinato de Berta Cáceres

 

El pasado martes 3 de mayo se celebraba el día mundial de libertad de prensa. Ese día se rinde homenaje a todos los periodistas que han muerto haciendo su trabajo, se denuncian los casos donde se vulnera el derecho a la libertad de prensa y se defiende a los medios de comunicación de los atentados que les impiden realizar su trabajo en condiciones de libertad. Cada año se comenten miles de crímenes contra la libertad de expresión en todo el mundo. Periodistas, blogueros y activistas de la información mueren o son encarcelados por dar a conocer la realidad que se vive en países en conflicto, donde la censura, el acoso y las amenazas contra ellos se repiten cada día.

Las cifras son escalofriantes. Al menos 109 periodistas fueron asesinados en el mundo en 2015. Algunos en atentados (como el de la revista satírica francesa Charlie Hebdo) o guerras, otros a manos de la policía o por asesinos a sueldo, también a manos de los cárteres de drogas y otros muchos como consecuencia de su trabajo como informadores ambientales.

Estos últimos son nuestros ojos en lugares donde las masacres medioambientales son norma habitual. Son testigos de tala y minería ilegal, nos relatan las dificultades a las que se enfrentan las comunidades que viven en lugares donde los recursos naturales están siendo explotados, nos cuentan como los derechos de las personas a un medioambiente sano, a agua y aire limpio no son respetados, donde la contaminación hace tiempo que provoca graves enfermedades y una calidad de vida deplorable entre los ciudadanos. Nos informan de los gravísimos conflictos por el uso de la tierra vinculados a la agroindustria y a la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas. Y lamentablemente, el número de casos donde se dan estos problemas lejos de cesar, aumenta.

En noviembre de 2015 la ONG Reporteros Sin Fronteras publicó con motivo de la COP21 de cambio climático, el informe ‘Clima hostil para los periodistas ambientales’. De acuerdo a este informe, desde 2010, 10 de estos periodistas fueron asesinados, 41 en la última década. Además, denunciaban el número de periodistas expuestos a amenazadas, presiones y agresiones por parte de los grupos de poder que ocasionan los desastres ambientales denunciados. Y en la inmensa mayoría de los casos. la impunidad frente a los asesinatos, suele ser la norma. En muchas ocasiones, sólo se detiene al autor o autores materiales de los hechos, pero no a sus autores intelectuales. Según este informe los periodistas ambientales tienen que enfrentarse a la censura de informaciones incómodas para algunos gobiernos. Ocurrió en China cuando se censuró un documental que hablaba sobre la contaminación del aire de Pekín, por ejemplo. En otros lugares, como Ecuador, la legislación es tan difícil que resulta casi imposible que los periodistas ambientales puedan informar sobre las extracciones de petróleo en una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, el parque de Yatsuní.

Mucho mayor fue el número de activistas ambientales muertos. Hasta 116 en 2014. Casi la mitad de ellos, forman parte de comunidades indígenas. Según la ONG International Global Witness, los países más peligrosos se encuentran en Centroamérica y Sudamérica donde murieron las tres cuartas partes. Le sigue el sudeste asiático. Brasil, Honduras, Colombia o Filipinas y se sitúan a la cabeza de este terrible ranking. Perú les sigue de cerca. ¿Por qué en estos países? Una de las razones es el aumento en el número de inversiones en minería, explotación de hidrocarburos, construcción de grandes infraestructuras o agroindustria en estos países. No hay que olvidar que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras, después de Oriente Medio. Estos países dependen masivamente de las exportaciones de recursos naturales. De hecho, en 2012 representaron el 70 % de las exportaciones totales. El clientelismo, la profunda desigualdad, una justicia extremadamente débil que permite la intimidación de fiscales y jueces independientes y que es incapaz de proteger libertades y derechos son caldo de cultivo para el ataque a aquellos que defienden su derecho a su tierra y a disponer de agua no contaminada que permita una vida digna para ellos y sus familias. Activistas que se encuentren en una situación de extrema debilidad, recibido amenazas constantes y en el peor de los casos, asistiendo a asesinatos que en muchos casos no se resuelven.

De Honduras era Berta Cáceres, una de las últimas activistas ambientales brutalmente asesinada. Denunciaba el grave impacto social y ambiental en el territorio indígena en la que ella y su comunidad vivía de la construcción de una nueva presa hidráulica, la presa Agua Zarca y que contaba con financiación del Banco Europeo de Inversiones. La presa será construida sobre una zona de gran riqueza natural. La alteración del curso del río Gualcarque limitará el acceso a agua y alimentos a esta población. El objetivo de la presa es el de producir energía barata, para poder abastecer al sector de la minería que ha recibido concesiones para explotar el 30% de la superficie del país. No era esta la primera vez que Berta ponía su vida en riesgo por defender los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente frente al acoso de empresas, paramilitares y gobierno. Su trabajo por la justicia social y ambiental le habían hecho merecedora del premio Goldman en 2015, uno de los más prestigiosos del mundo en temas ambientales. Ella misma había denunciado el asesinato de 5 compañeros que defendían la misma causa con absoluta impunidad unos meses antes. Denunciaba también reiteradas amenazas de muerte recibidas por ella misma, por su oposición al proyecto. En Honduras el 90% de los asesinatos y atentados contra los derechos humanos no se resuelven. La muerte de Berta ha unido a la comunidad internacional en la denuncia de todas aquellas personas que han muerto, han sido encarceladas o sufren amenazas continuas por su defensa del medioambiente.

En un mundo globalizado muchos son los involucrados. La financiación proviene del Banco Europeo de Desarrollo, que ha anunciado que se retira del proyecto temporalmente, al menos hasta que no se resuelva el crimen de Berta (también los fondos holandeses y fineses han anunciado su retirada). Pero la cooperación japonesa parece estar dispuesta a reemplazarles. Es una empresa estatal china, Sinhydro que está desarrollando el proyecto en cooperación con la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA. Y es una empresa alemana, Voith Hydro Holding GmbH & C, la que provee de la tecnología. Es difícil explicar como un proyecto con semejantes impactos ambientales y sociales ha recibido el visto bueno de tantas organizaciones.

Mucho camino queda aún por recorrer para asegurar protección y justicia por todos aquellos que denuncian crímenes ambientales y que nadie queda impune por asesinatos como el de Berta Cáceres y sus compañeros. En estos días que recordamos los graves atentados contra la libertad de prensa, recordemos también a todos los periodistas ambientales, que en muchas ocasiones hacen su trabajo enfrentándose a amenazas y acoso e incluso perdiendo su vida. Asegurar el cumplimiento de la legislación en lo relativo a la protección de periodistas y activistas, refuerzo de la inspección en los lugares más conflictivos, contar con y tener en cuenta la opinión de las comunidades afectadas por las nuevas infraestructuras y desarrollos empresariales y el desarrollo de evaluaciones de impactos ambiental independientes de estos proyectos son sólo algunos de los pasos que deben darse para conseguirlo.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

 

Hay 1 Comentarios

Es urgente defender a los periodisa ambientales. Nos jugamos el futuro del planeta Tierra, el únido que tenemos.

Un saludo

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