A vueltas con la reforma del sistema electoral

Por: | 08 de junio de 2016

DANIEL PÉREZ FERNÁNDEZ (*)

 

 

 

Becario

Imagen de una mesa electoral con las papeletas 

 

La desafección política y la desconfianza de los ciudadanos en el funcionamiento institucional han puesto sobre la mesa la necesidad de replantear las bases sobre las que se asienta el sistema político español. Si bien es cierto que el descontento generalizado ha encontrado la manera de cristalizarse en nuevas alternativas políticas, capaces de paliar en cierto grado la sensación de abotargamiento del sistema, las demandas de regeneración democrática no se han extinguido. La relación entre representantes y representados afronta un momento crítico, y desde numerosos sectores se reclama la búsqueda de soluciones que afiancen la confianza de los españoles en el sistema político. Es evidente que, aunque en los últimos años se han dado algunos pasos y los partidos parecen más permeables a las demandas de regeneración democrática, queda mucho por hacer para refundar los ejes sobre los que descansa el espacio de la representación política y de la participación ciudadana.

En el marco de este debate, la arquitectura electoral parece petrificada en el tiempo, y las demandas que emplazan a su alteración se multiplican. Por mucho que la percepción de representatividad del sistema se haya visto mejorada por la entrada de nuevos actores políticos en el Parlamento, se sigue considerando que nuestro sistema electoral deforma los resultados. El hecho de que – dentro de la conformación electoral vigente – la tendencia a la concentración del voto en torno a dos fuerzas políticas dominantes se haya revertido en los últimos años (por la irrupción de las nuevas formaciones), no ha eclipsado el debate sobre la necesidad de modificar con urgencia el sistema electoral.

Una de las piezas básicas de la arquitectura electoral quedó fijada en la Constitución de 1978, que estableció la provincia como distrito tras convalidar algunos de los elementos que se presentaban en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de Marzo, sobre normas electorales. Buena parte del resto de los elementos del sistema electoral – como la fijación de una barrera electoral del 3% a nivel de distrito para las elecciones generales, el empleo de la fórmula D’Hondt para traducir los votos en escaños, o el número de diputados – se establecieron a través de la LOREG, en 1985.

El resultado fue un sistema electoral de 52 distritos – correspondientes a las provincias – a los que la LOREG destina un mínimo de 2 escaños, excepto en los casos de Ceuta y Melilla, donde sólo se aporta la obligatoriedad de uno. A partir de ahí, y tomando dichos mínimos, el resto de escaños que corresponden a cada distrito se determina en función de la población. Por ponerlo en cifras, 102 diputados se encuentran bloqueados constitucionalmente, mientras que los 248 restantes se distribuyen por los distritos a razón de la población que habita en los mismos. Así, nos encontramos con que, por ejemplo, en Cuenca se eligen 3 escaños, mientras que en Madrid se escogen 36.

La Constitución sólo determina que el reparto de escaños habrá de producirse a través de mecanismos proporcionales, y mal que pese a algunos, la fórmula D’Hondt respeta dicha premisa. Aun así, con frecuencia se suele decir que este método deforma los resultados, abogando desde algunos frentes por sustituirlo por las fórmulas de Droop, Sainte-Laguë o Hare, aunque sus efectos serían sumamente limitados de no alterarse también otros elementos del sistema electoral.

En cuanto a los problemas más severos, normalmente tiende a señalarse que el sistema perjudica a los partidos pequeños que aspiran a presentarse en la totalidad del país (IU, UPyD, PACMA), mientras que favorece a los partidos grandes (PP, PSOE) y a las formaciones de corte regionalista que se presentan, concentrando sus apoyos, en un número limitado de circunscripciones (ERC, PNV, CC).

Y es que, los partidos grandes como el PP o el PSOE resultan muy eficientes en términos electorales, puesto que tienden a obtener más votos en aquellas circunscripciones en las que los mismos tienen más valor. ¿Pero qué significa que tengan más valor? Pues, simplemente, que el coste medio de un escaño en esos distritos es inferior. Por simplificar, diremos que en un distrito de 3 escaños el diputado tiende a costar entre tres y cinco veces menos que en uno de 30, y que, efectivamente, tanto los partidos grandes como las minorías regionales – por motivos distintos – se aprovechan de dicha situación.

Avanzar en el sentido de una mayor equidad parece incuestionable para la mayor parte de analistas. Algunos apelan a la necesidad de instaurar una circunscripción única, dotando al sistema de rasgos de extrema proporcionalidad. Otros hablan de aumentar el tamaño de los distritos, fijándolos en el entorno de las CCAA. Unos pocos determinan que lo imperativo es aumentar el número de diputados hasta el límite constitucional de 400, y que la barrera electoral del 3% debe reducirse hasta el 1%. Muchos defienden que el número mínimo de escaños por distrito ha de disminuir, de 2 a 1, fomentando que más diputados se asignen en función de la población, y otros tantos siguen centrando su atención en la fórmula empleada para realizar el reparto.

De entre todas las propuestas de reforma electoral, parece especialmente sugerente la planteada por Alberto Penadés y José Manuel Pavía en “La Reforma Electoral Perfecta”, de reciente publicación (Libros de la Catarata: colección Alternativas, 2016). Los autores identifican que las distorsiones fundamentales del sistema electoral responden a la elección de la provincia como circunscripción. Por consiguiente, abogan por alterar el esquema de distritos, estableciendo algunos de superior tamaño en zonas poco pobladas, y subdividiendo otros en los que se concentra mucha población, como Madrid o Barcelona, en varias circunscripciones. El número de diputados a escoger en cada distrito se fija en torno a la media de 7, no superándose los 9 en ninguna circunscripción. El resultado parece, cuanto menos, sensiblemente más proporcional.

El diseño electoral elaborado por Penadés y Pavía aspira a eliminar privilegios articulados en función del territorio, aumentando la proporcionalidad y representatividad del sistema sin impulsar una fragmentación excesiva capaz de obstaculizar la formación de gobiernos. Empleando los resultados de las elecciones del 20D para realizar simulaciones en base a su modelo, los autores contemplan que tanto el PP como el PSOE perderían 8 escaños, mientras Podemos ganaría 10, y Ciudadanos 7. El gran perdedor de la alteración del formato electoral basado en la provincia sería – para sorpresa de algunos – Izquierda Unida: la veterana formación perdería los pocos escaños que obtuvo en 2015. A la vista de sus resultados, queda claro que este modelo es especialmente benevolente con los partidos de nueva creación – y tamaño medio –, perjudicando a las viejas formaciones grandes y a los pequeños partidos de implantación nacional, al tiempo que se sostiene con una representación pareja a la actual a las formaciones regionalistas.

No parece que vaya a alcanzarse en un futuro cercano un consenso sobre cuál es el camino ideal a seguir para solventar los problemas que presenta el sistema electoral: fundamentalmente, porque las modificaciones afectan de forma muy dispar a los distintos partidos. Pero, en cualquier caso, no se puede eludir el debate a nivel político y social sobre esta materia. En este sentido, cabe señalar que, si bien parece más fácil alterar aspectos como la barrera electoral o la fórmula empleada para asignar los escaños – dado que no habría que reformar la Constitución –, debemos ser ambiciosos y aspirar a generar modificaciones capaces de suprimir las distorsiones que hacen de distritos poco poblados, espacios sobrerrepresentados.

(*) Daniel Pérez Fernández es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas.

Hay 2 Comentarios

Personalmente creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿Qué sistema electoral, siendo democráticamente aceptable, va a facilitar la gobernabilidad de España en la actual situación de alta fragmentación política?


Sin ser experto en este tema, creo que es justo premiar la concentración de votos. Política y democráticamente tiene más valor que un partido tenga 200.000 votos en una misma ciudad que repartidos por toda la geografía española. Además, considero que la reforma del sistema electoral debería ir en la dirección de fortalecer el control del electorado sobre los diputados, en este momento ninguno, tal vez haciendo las circunscripciones más pequeñas.

Se odia el delito y la mala gestión en política contra la ciudadanía, lo cometa quien lo cometa.
Y eso no se puede confundir con racismo, como cuando se detienen a las personas delincuentes que pertenecen a algún determinado grupo o etnia.
No es racismo, es simplemente la aplicación de la ley que ejercen los poderes del Estado para mantener el orden dentro de una sociedad dotada de leyes.
Con los partidos políticos y sus representantes pasa lo mismo, no se les odia.
Pero los casos de corrupción ejercidos con alevosía contra los derechos ciudadanos, si claman al cielo.
Por la impunidad con la que han actuado desde los cargos democráticos quienes usurpando sus responsabilidades se han lucrado a espaldas de los ciudadanos y ciudadanas que le dieron su confianza.
Quedando claro que el sistema democrático tiene un montón de agujeros por los que se cuelan todas aquellas personas que usan la política para lucrase de forma personal o corporativa.
Es el delito lo que se odia.
Y la inoperancia de quienes siguen sin mover un dedo con los mismos esquemas, para repetir la jugada en cuanto se presente la ocasión.
Comprometidos antes con intereses especulativos que los compromisos ciudadanos, que dan la confianza de los votos y los cargos.
Y ponen su dinero democrático a través de los impuestos para sostenerlos.
Se odia la mala gestión y a quienes tiran balones fuera haciéndonos pasar por torpes.
Hablándonos del sexo de los ángeles cuando la gente ciudadana les conmina a que se ajusten claramente todos los controles con normativas actualizadas.
En política, cuando es el pueblo quien paga el gasto.


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