Colombia: Un acuerdo histórico

ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN (*)

 

Un grupo de colombianos celebra en Medellín la firma del cese al fuego definitivo entre las FARC y el Gobierno

Colombia finalmente consiguió ver el histórico momento en el que se pactó terminar con cincuenta y dos años de guerra entre las FARC y el gobierno de Colombia.

Por supuesto, que “La Paz” es mucho más que un acuerdo, y es el reto que tiene ahora el país y que toca a todos y cada uno de los colombianos. Sin embargo, a día de hoy y acabando de vivir “el último día de la guerra”, tal como fue identificado el momento en las redes sociales, podemos asegurar que las condiciones alcanzadas y el acuerdo para su puesta en marcha no tienen precedentes y serán sin duda un referente internacional para la solución de conflictos.

Sin embargo, es necesario aclarar por qué es histórico el acuerdo. En primer lugar, porque consiguió, sentar, mantener en la mesa y llegar a una solución satisfactoria para dos enemigos acérrimos separados no solo por sus convicciones sino por una relación absolutamente distinta con la sociedad, la historia y la geografía del país. Las FARC son y han sido hasta hoy una muestra de la profunda brecha en la construcción del Estado colombiano.

Tal como los reiteraban ayer en twitter Las FARC no llegaron vencidas a la mesa de negociación, por supuesto debilitadas, pero si convencidas de que tenían era el momento de dejar atrás su histórica “combinación de todas las formas de lucha” para batirse en el terreno de la política. El presidente Santos en un acertado discurso prometió defender su derecho a hacerlo. Una promesa muy importante dado el temor fundado de las FARC a la guerra sucia y el exterminio si pasaban a la política sin armas. Aunque, dicho sea de paso, esto nunca pueda justificar su accionar terrorista y su terrible saldo de destrucción humana y ambiental.

Ahora bien, el acuerdo señala literalmente “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.” Este punto no es solo importante para la guerrilla sino para lo sociedad civil teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y activistas de derechos humanos y ambientales. Se desactiva a uno de los actores armados más peligrosos a la vez que se asume que ninguna acción violenta es justificable por ningún motivo. Se rompe con una histórica doble moral que permitió operar al paramilitarismo al cobijo de instituciones y poderes del Estado. Asimismo presiona al ELN, la guerrilla remanente, hacia la mesa de negociación.

En segundo lugar el acuerdo no crea zonas libres de a presencia del Estado para recluir a los combatientes y desmovilizarlos sino que mantiene (y en algunos casos amplia) su presencia civil en todo el territorio y crea en las zonas y puntos transitorios de normalización en las que se concentraran los guerrilleros bajo el control del Mecanismo de monitoreo y Verificación en el que intervienen el gobierno, las FARC y un componente internacional liderado por Naciones Unidas. A diferencia de la zona de distención que se creó en el fallido proceso de paz de 2003, no se entrega el territorio sino que se reconoce donde operan las guerrillas y desde allí a través de una jurisdicción especial y temporal se produce la desmovilización.

En tercer lugar porque consigue un rápido desarme de la organización guerrillera, bajo verificación de la ONU. Un proceso verificable y trazable que se completa con la disposición de las FARC de contribuir al desminado y la recolección de munición sin explotar. Uno de los puntos as importantes para garantizar la protección de los civiles.

Finalmente porque en un ejercicio de política y reconocimiento de las instituciones, “el primer acto político de las FARC”, acuerdan coger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el mecanismo de participación popular para refrendar el acuerdo. Esto fortalece el mecanismo dado que lo deja a instancias del poder judicial liberándolo de las presiones políticas y garantizando su legitimidad

Aunque la firma final y los últimos detalles aún no están cerrados, se han creado unas condiciones muy sólidas para dar los primeros pasos hacia la paz en un proceso de acuerdo que ha sido muy difícil. Aún queda demostrar que asumiendo las condiciones de la justicia transicional no habrá impunidad para los delitos más graves y que se pone verdadero empeño en cumplir con todos los pactos de la mesa en materia de política agraria, participación política y demás políticas sociales necesarias para el “post-conflicto”

Sin embargo, el verdadero reto será explicar e implicar a los colombianos, quienes tienen que asumir los costes sociales, económicos y personales de las palabras que acompañan a la paz y que no pueden instituirse por decreto: solidaridad, perdón, justicia, cumplimiento de la Ley.

(*) Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora de América Latina en OPEX de la Fundación Alternativas.