El error Habermas

(*) STUART MEDINA

 

El economista austriaco Friedrich August von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, escribió en 1939, más de veinte años antes de la creación de las Comunidades Económicas Europeas, un ensayo en el que defendía una unión federal europea porque avanzaría el programa liberal. En una federación con un mercado único de bienes, sin barreras al libre movimiento de capitales y trabajadores, las diferencias de precios solo reflejarían los costes de transporte. La movilidad de los factores mermaría la capacidad de los estados para imponer impuestos ya que, si estos fueran más elevados que en países vecinos, provocarían la fuga de capitales y trabajadores. Esta presión competitiva limitaría la capacidad recaudatoria del estado y por tanto la de aplicar políticas proteccionistas y de bienestar social. Hayek se oponía al estado nación porque sabía que solo éste podría desarrollar políticas de bienestar social que requieren de consensos y sacrificios que los ciudadanos de una nación están dispuestos a hacer en beneficio de otros grupos de su propia colectividad pero no a favor de los individuos o colectivos de otra nación.

«En el estado nacional, las ideologías actuales hacen que sea comparativamente sencillo persuadir al resto de la comunidad de que le interesa proteger “su” industria o “su” producción de trigo… La consideración decisiva es que su sacrificio beneficia a compatriotas cuya posición les resulta familiar (Hayek 1948).»

En el caso de una federación interestatal Hayek pensaba que este tipo de lazos afectivos y sentimientos de pertenencia no existirían y por tanto sería más difícil avanzar una agenda de políticas proteccionistas y sociales.

En un interesante ensayo, Glyn Morgan, Profesor de la Harvard University[i], contrasta la visión de Hayek con la del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, un pensador asociado a la socialdemocracia. Habermas reconoce los logros del estado-nación, siendo el más positivo la creación del estado de bienestar que garantiza a todos los ciudadanos unos derechos sociales y somete a la economía capitalista a los intereses generales. Pero Habermas busca una justificación para el proyecto europeo. El proceso de integración europea logró poner punto y final a una sangrienta historia bélica que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pretender que los ciudadanos sigan entusiasmándose con un proyecto europeo limitado a acabar con viejas rencillas nacionales resulta ilusorio. Por eso Habermas introduce un argumento que la izquierda ha asumido como un mantra: el proceso de globalización estaría dejando inerme y obsoleto al estado-nación, erosionando el estado social y la democracia. El estado se vería compelido a reducir sus impuestos sobre un capital cada vez más móvil debilitando su capacidad de ejecutar políticas sociales. Para atraer capital los estados se verían compelidos a reducciones competitivas de sus tipos impositivos. El mantenimiento de la competitividad en mercados abiertos estaría obligando a imponer devaluaciones salariales.

«La globalización del comercio y la comunicación, de la producción económica y las finanzas, la difusión de la tecnología y las armas y, sobre todo, los riesgos ecológicos y militares, presentan problemas que ya no pueden ser resueltos dentro del marco de los estados nación o mediante los métodos tradicionales de acuerdos entre estados soberanos.[ii]»

Para enfrentarse a estas amenazas los distintos estados responden de forma descoordinada y poco cooperativa. Por eso, Habermas cree encontrar una justificación del proyecto europeo en la conservación de los valores del estado social.

Hayek y Habermas llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre las consecuencias de un proceso de integración europea. El primero cree que la federación acabará con el estado social, el segundo cree que lo salvará. Pese a Habermas, el estado nación sigue vigente y ha mostrado mayor capacidad de ofrecer prosperidad, crecimiento económico y equidad social que el fallido proyecto europeo. Si Habermas tuviese razón la crisis del estado nación sería un fenómeno global pero extrañamente parece solo circunscribirse a Europa. En los demás continentes esta vieja institución parece estar viviendo sus mejores momentos. Países como Corea del Sur, Chile, Canadá, Nueva Zelanda, Australia o Uruguay ofrecen niveles de prosperidad crecientes a sus ciudadanos. Las grandes naciones como China o EEUU no parecen estar en riesgo de integrarse en federaciones mayores. Dentro de la propia Europa, los países que más rápidamente se recuperaron de la crisis financiera global y que mantienen mayores niveles de felicidad entre la población, encuesta tras encuesta, son los que no se integraron en el proyecto europeo: Suiza, Islandia, Noruega. Dentro de la UE los países que no participan en la unión monetaria como Suecia, Dinamarca, el Reino Unido o Polonia también han tenido un rendimiento económico superior tras el inicio de la crisis financiera global.

La evidencia apunta a que la Unión Europea es una federación ‘hayekiana’. El proyecto europeo es elitista y sus tratados tienen una inspiración neoliberal al servicio del gran capital. La Unión Europea, lejos de consolidar un estado social avanzado, ha estado minándolo, sistemáticamente. Blandiendo la amenaza de la globalización prometió a la clase media y trabajadora un mundo mejor para el que nos prepararían con formación e inversiones en I+D haciéndonos supercompetitivos. La utopía prometida se ha convertido en una distopía para la clase trabajadora y la juventud, sobre todo la del sur de Europa.

Por eso desconcierta la entrega de los tradicionales partidos socialdemócratas que han caído en lo que podríamos llamar el “error Habermas”: mantener ilusoriamente que Europa fortalecería el estado social pese a que los hechos indican tercamente lo contrario. Esta miopía de los socialdemócratas quizás se explique porque estos viejos partidos fueron cooptados por el neoliberalismo –desde luego éste parece ser el caso de políticos como Felipe González que renegaron tempranamente del marxismo—; o quizás porque confundieron la federación hayekiana con un proyecto internacionalista. En este caso los socialdemócratas quizás tengan una definición demasiado imprecisa de internacionalista porque el capitalismo también lo es, probablemente con mayor entusiasmo y convicción.

El descontento de las clases populares, sin un referente progresista que supiera explicarlo y encauzarlo, traicionadas por unos partidos entregados, de forma incoherente con los postulados que dicen defender, al proyecto europeísta, se ha canalizado en algunos países hacia formaciones de extrema derecha. Con mensajes más simples y enarbolando las banderas identitarias estos han sabido captar al votante iracundo.

Esta semana una mayoría del pueblo británico ha votado por salir de la UE. Los medios del establishment han destacado que el voto por el Brexit fue mayoritario entre los mayores y minoritario entre los jóvenes. Parecen haber prestado menos atención al hecho de que el apoyo al Brexit fue mayoritario entre personas de renta baja. Para la élite biempensante votar Brexit sería cosa de viejos reaccionarios e indocumentados. Uno de los mayores defensores del proyecto europeo, Xavier Vidal Folch escribía ayer que “sin acritud, consideramos que la decisión de los votantes igual no era la más lógica, racional ni conveniente,” —para sus intereses de clase, añadiría yo— “pero quizás sí la más obvia, tras cuadro decenios de infatigable propaganda contra Europa”. Se olvida al parecer del sistemático bombardeo desde los medios, el mundo empresarial y los políticos “respetables” con campañas tremebundas acerca de los infinitos males que acaecerán si Gran Bretaña decidiere salir de la UE.

A los partidos que desde la izquierda o la derecha osan cuestionar el proyecto europeo despectivamente se los tilda con el remoquete de “nacionalistas”, “retrógrados”, “xenófobos” o, peor aún, “populistas”. Sus humildes votantes podrán expresarlo mejor o peor, acompañados o no de los acobardados partidos socialdemócratas, pero, en realidad, solo quieren recuperar su estado nación para que les devuelvan unas condiciones de vida dignas. Los británicos de clase trabajadora, “esos paletos”, no votaron el pasado jueves con el corazón; votaron con la razón.

 

[i] Morgan G., Hayek, Habermas, and European Integration. (2003)

[ii] Habermas, J. La Inclusión del Otro: Estudios de Teoría Política (1999). Paidos Ibérica.

 

(*) Stuart Medina es economista.

(**) La Fundación Alternativas no comparte necesariamente todas las opiniones de los colaboradores que publican en este blog.

Colombia: Un acuerdo histórico

ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN (*)

 

Un grupo de colombianos celebra en Medellín la firma del cese al fuego definitivo entre las FARC y el Gobierno

Colombia finalmente consiguió ver el histórico momento en el que se pactó terminar con cincuenta y dos años de guerra entre las FARC y el gobierno de Colombia.

Por supuesto, que “La Paz” es mucho más que un acuerdo, y es el reto que tiene ahora el país y que toca a todos y cada uno de los colombianos. Sin embargo, a día de hoy y acabando de vivir “el último día de la guerra”, tal como fue identificado el momento en las redes sociales, podemos asegurar que las condiciones alcanzadas y el acuerdo para su puesta en marcha no tienen precedentes y serán sin duda un referente internacional para la solución de conflictos.

Sin embargo, es necesario aclarar por qué es histórico el acuerdo. En primer lugar, porque consiguió, sentar, mantener en la mesa y llegar a una solución satisfactoria para dos enemigos acérrimos separados no solo por sus convicciones sino por una relación absolutamente distinta con la sociedad, la historia y la geografía del país. Las FARC son y han sido hasta hoy una muestra de la profunda brecha en la construcción del Estado colombiano.

Tal como los reiteraban ayer en twitter Las FARC no llegaron vencidas a la mesa de negociación, por supuesto debilitadas, pero si convencidas de que tenían era el momento de dejar atrás su histórica “combinación de todas las formas de lucha” para batirse en el terreno de la política. El presidente Santos en un acertado discurso prometió defender su derecho a hacerlo. Una promesa muy importante dado el temor fundado de las FARC a la guerra sucia y el exterminio si pasaban a la política sin armas. Aunque, dicho sea de paso, esto nunca pueda justificar su accionar terrorista y su terrible saldo de destrucción humana y ambiental.

Ahora bien, el acuerdo señala literalmente “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.” Este punto no es solo importante para la guerrilla sino para lo sociedad civil teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y activistas de derechos humanos y ambientales. Se desactiva a uno de los actores armados más peligrosos a la vez que se asume que ninguna acción violenta es justificable por ningún motivo. Se rompe con una histórica doble moral que permitió operar al paramilitarismo al cobijo de instituciones y poderes del Estado. Asimismo presiona al ELN, la guerrilla remanente, hacia la mesa de negociación.

En segundo lugar el acuerdo no crea zonas libres de a presencia del Estado para recluir a los combatientes y desmovilizarlos sino que mantiene (y en algunos casos amplia) su presencia civil en todo el territorio y crea en las zonas y puntos transitorios de normalización en las que se concentraran los guerrilleros bajo el control del Mecanismo de monitoreo y Verificación en el que intervienen el gobierno, las FARC y un componente internacional liderado por Naciones Unidas. A diferencia de la zona de distención que se creó en el fallido proceso de paz de 2003, no se entrega el territorio sino que se reconoce donde operan las guerrillas y desde allí a través de una jurisdicción especial y temporal se produce la desmovilización.

En tercer lugar porque consigue un rápido desarme de la organización guerrillera, bajo verificación de la ONU. Un proceso verificable y trazable que se completa con la disposición de las FARC de contribuir al desminado y la recolección de munición sin explotar. Uno de los puntos as importantes para garantizar la protección de los civiles.

Finalmente porque en un ejercicio de política y reconocimiento de las instituciones, “el primer acto político de las FARC”, acuerdan coger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el mecanismo de participación popular para refrendar el acuerdo. Esto fortalece el mecanismo dado que lo deja a instancias del poder judicial liberándolo de las presiones políticas y garantizando su legitimidad

Aunque la firma final y los últimos detalles aún no están cerrados, se han creado unas condiciones muy sólidas para dar los primeros pasos hacia la paz en un proceso de acuerdo que ha sido muy difícil. Aún queda demostrar que asumiendo las condiciones de la justicia transicional no habrá impunidad para los delitos más graves y que se pone verdadero empeño en cumplir con todos los pactos de la mesa en materia de política agraria, participación política y demás políticas sociales necesarias para el “post-conflicto”

Sin embargo, el verdadero reto será explicar e implicar a los colombianos, quienes tienen que asumir los costes sociales, económicos y personales de las palabras que acompañan a la paz y que no pueden instituirse por decreto: solidaridad, perdón, justicia, cumplimiento de la Ley.

(*) Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora de América Latina en OPEX de la Fundación Alternativas.

La innovación en los programas electorales

ISABEL ÁLVAREZ (*)

 

Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, el lunes durante el debate a cuatro

En un reciente Memorando publicado por OPEX (Fundación Alternativas), La innovación en España: capacidades y financiación, se analiza la insuficiencia de capacidades de innovación y de apoyo público en España, y se apuesta por el desarrollo de una estrategia global para superar el retraso de España en esta materia. Para ello es fundamental contar con la iniciativa política como impulsora del cambio productivo, tan reclamado por muchos y tan poco concretado en la práctica. Todo ello justifica explorar cuáles son las propuestas en esta materia que hacen los partidos políticos en sus programas.

A priori podría pensarse que aquellos partidos de corte liberal podrían estar más probablemente inclinados hacia los mecanismos de incentivos a la inversión empresarial en I+D e innovación, mientras que los partidos con orientación socialdemócrata y progresista podrían estar más próximos a la defensa deliberada del apoyo del sector público a la I+D y la innovación. Como primera aproximación, y con todas sus limitaciones, el análisis del léxico utilizado en los programas permite comprobar de manera sencilla si esto es así, qué elementos comparten, los aspectos diferenciadores de las propuestas sobre innovación, así como cuáles son indicativos de una mayor debilidad programática.

Si observamos la frecuencia de mención de estos términos en los programas electorales, en valores absolutos, el PSOE es el partido que de forma más extensa está enunciando en su programa cuestiones de innovación, tecnología, digitalización, industria y productividad –Cuadro 1. Mientras que “digital” es el término más citado en general, con 148 repeticiones en el texto del PSOE, le sigue “industria”, que es el más renombrado en los programas del PP, Podemos e IU. Por su parte, Ciudadanos concede una mayor importancia relativa a la “I+D” que el resto de partidos, siendo similar el peso de “tecnología” en los programas de PSOE y Ciudadanos.

Cuadro 1. Frecuencia de términos en los programas electorales

	PP	PSOE	Podemos	IU	Ciudadanos
Innovación	53	115	31	27	81
I+D	29	50	29	34	81
Tecnología	57	99	22	25	95
TIC	10	11	3	1	6
Digital	73	148	30	10	12
Industria	85	134	45	40	90
Competitividad	39	41	8	5	28
Productividad	7	36	4	4	19
	353	634	172	146	412
Núm. palabras	65.023	128.055	68.536	87.943	125.421

En términos relativos, respecto a la extensión de cada programa, Cuadro 2, el programa del PP incide en industria sobre otros términos, al igual que el de Podemos e IU, mientras lo digital tiene un peso relativo mayor en el PSOE. Mientras que en I+D es la formación de Ciudadanos la que muestra una intensidad algo mayor, siendo muy similar entre los otros cuatro partidos, las diferencias más evidentes entre programas se observan en los enunciados de competitividad, que se realiza en mayor medida por parte del PP, y de productividad por parte del PSOE, con un peso relativamente bajo conferido por Podemos, IU y Ciudadanos a ambos conceptos.

En todo caso, cabe destacar la debilidad relativa que muestra el espacio dedicado a las TIC por lo general en los cinco programas, especialmente en los de Podemos, IU y Ciudadanos, lo que resulta ciertamente preocupante si se atiende al papel de ese sector como clave de desarrollo industrial y de cambio productivo en España.

Cuadro 2. Tasa de mención de los términos (número de repeticiones/ número total de palabras) por cada mil palabras.

	PP	PSOE	Podemos	IU	Ciudadanos
Innovación/innovador,	0,82	0,90	0,45	0,31	0,65
I+D	0,45	0,39	0,42	0,39	0,65
Tecnología/s/ tecnológico/a	0,88	0,77	0,32	0,28	0,76
TIC	0,15	0,09	0,04	0,01	0,05
Digital	1,12	1,16	0,44	0,11	0,10
Industria/ industrial	1,31	1,05	0,66	0,45	0,72
Competitividad,	0,60	0,32	0,12	0,06	0,22
Productividad	0,11	0,28	0,06	0,05	0,15

Profundizando en lectura de las propuestas, puede detectarse la sensibilidad por el asunto de la innovación y la integración de la innovación y la I+D en los programas. Todos ellos integran la innovación tanto en el diagnóstico de la situación española que realizan como en la declaración de intenciones e incluso, aunque de manera más tímida, en las propuestas que desarrollan.

También en todos los casos se propone institucionalizar la innovación, incluyendo la puesta en marcha de un Observatorio de la Innovación (PP y Ciudadanos), una red de Institutos de Transferencia Tecnológica (Ciudadanos) o bien un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (PSOE), un Programa Marco de Investigación e Innovación Tecnológica (IU) o incluso un Pacto Estatal por la Innovación (Podemos).

Algunas de las propuestas son lugares comunes: aumentar la intensidad del gasto en I+D (en relación al PIB) hasta alcanzar entre el 2,5 y el 3% según la formación, el desarrollo de clusters innovadores, llevar la innovación a la Administración y fomentarla en el ámbito educativo y de sanidad, pasando por los problemas de financiación de la innovación. Sin embargo, el PSOE realiza además una mención explícita a la creación de una Red de Centros de Innovación Industrial (CEII) al estilo de EEUU o Alemania, a un plan de internacionalización de las empresas innovadoras y a una estrategia nacional de fomento de las patentes, simplificando los trámites administrativos y proponiendo explícitamente el abaratamiento del coste de patentar para los investigadores. A ello se suma que también los socialistas cuantifican la compra pública innovadora en un 3% de las nuevas inversiones públicas, frente a los otros partidos que tan solo la mencionan pero no exponen un objetivo cuantificado. También es el PSOE el partido que hace alusión más claramente a la I+D empresarial quedando este término desdibujado en el resto de programas.

Las propuestas enuncian, sin apenas desarrollar, la relevancia de las nuevas tecnologías que, por lo general, quedan vinculadas a las iniciativas 4.0. Los ámbitos de la salud, agroalimentario, energía, medio ambiente y turismo, están presentes en todas las propuestas, al igual que la llamada a una mayor tecnificación de la administración pública para ganar en eficiencia y mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Sin embargo, tan solo hay una propuesta de creación de un Consejo o Comité asesor de Ciencia y Tecnología en el documento de Ciudadanos, y solo el PSOE incide en el desarrollo de las tecnologías facilitadoras. En particular, el PSOE incorpora estas tecnologías en su propuesta de CEII, entendiendo que la colaboración entre institutos y empresas germinará en el desarrollo y aplicación de la robótica, la electrónica y la nanotecnología. Por su parte, el PP refleja el papel de estas tecnologías en el desarrollo curricular y en el ámbito educativo. IU no hace referencia alguna, y Podemos solo menciona la electrónica en su función de facilitadora de la prestación de servicios públicos, mientras que Ciudadanos incluye la necesidad de una mayor colaboración europea e internacional que permita posicionar mejor a las empresas españolas en los mercados emergentes. En todo caso, la ausencia de un mayor desarrollo en las propuestas concretas sobre cómo abordar las nuevas tecnologías de cara a propiciar un cambio productivo en el país es cuanto menos insuficiente.

Una calificación análoga merece la gran debilidad de todos los programas en el tratamiento que hacen de las TIC. Si bien los cinco partidos hacen alusión a su importancia en mayor o menor medida, el enfoque dominante es sesgado hacia el acceso a las TIC y, en todo caso, cabe calificarlo de poco propositivo en todos los partidos. El problema está en que las TIC no han de entenderse solo como un mecanismo que facilita el flujo de información y comunicación, enfoque predominante en los programas, sino que se trata de un sector productivo, de alto contenido tecnológico en el que la confluencia de acciones orientadas a la mejora del capital humano y las habilidades individuales, las opciones de transferencia tecnológica, la presencia de externalidades productivas y de red, así como de absorción de conocimiento y también de internacionalización, hacen de éste un nicho de generación de estímulos positivos a la productividad, aspectos sobre los que sería deseable insistir.

Lo mismo ocurre en el tratamiento que recibe lo digital en los programas. Hay una coincidencia generalizada en los planteamientos relacionados con la brecha digital, la capacitación de la población, la capacidad de acceso a la red o su aplicación en el ámbito de los servicios públicos. Todo ello está presente en los programas pero, si bien el vínculo entre digital e industria 4.0 al menos queda expuesto en los programas de PP y de PSOE, su ausencia es bastante generalizada en el de IU y los nuevos partidos. En cualquier caso, solo hay una propuesta explícita en el programa del PSOE en el que se formula la creación de un Observatorio Digital que permite inferir el papel de este paradigma tecnológico en un lugar destacado en la agenda nacional.

La industria, lo industrial, es uno de los tres términos priorizados por parte de las cinco formaciones. Cabe afirmar que hay una orientación política en el país, sea del color que sea, a favor del sector industrial en su conjunto. La aproximación y las pautas de acción, no obstante, permiten observar algunas diferencias. Reindustrialización, política industrial y sostenibilidad, son tres de los conceptos en los que coinciden los cinco partidos, obviamente cada uno con sus matices. Además, la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y el control de emisiones y residuos, así como las posibilidades de crecimiento de sectores tales como el agroalimentario, la pesca, y la cultura, también son puntos de encuentro de las cinco formaciones. Las oportunidades de la industria de defensa se manifiestan por parte de PP, Ciudadanos y PSOE, siendo este último el que más detenidamente las desarrolla, mientas que la recuperación de zonas contaminadas específicas se reseñan en Podemos. Cabe añadir que el papel de la formación profesional para las actividades industriales con mayor contenido tecnológico es objeto de atención de socialistas y Ciudadanos. Por último, el planteamiento de la industria del automóvil se realiza más pormenorizadamente en el texto del PSOE tanto en su vertiente productiva, como tecnológica y medioambiental, recibiendo alguna mención en Ciudadanos por su capacidad de arrastre y por la importancia del control de emisiones de gases, y sin apenas mención en las propuestas de PP, Podemos e IU.

En resumen, la falta de una orientación programática sobre las TIC y las nuevas tecnologías, con desarrollos y propuestas concretas, constituyen una debilidad importante en todas las opciones electorales. Por otra parte, salvo las excepciones de PSOE y en menor medida de Ciudadanos, es muy escasa la atención prestada a la productividad, un problema persistente en la economía española y, por lo general, no se hacen referencias novedosas, centrándose las propuestas en resolver un problema de escala y planteando el incremento del tamaño medio empresarial como forma prioritaria de actuación. La competitividad tampoco es un aspecto que se desarrolle de forma extensiva. Bien al contrario, son solo dos partidos de mayor tradición los que hacen referencia al término: mientas que el PSOE propone un plan de fomento de la internacionalización empresarial vinculado al comportamiento innovador, el programa del PP lo enuncia como objetivo pero no lo aborda de manera decidida desde la perspectiva de cambio tecnológico y productivo sino más bien como un impacto esperable de la buena marcha de la economía.

Estos son los programas, ¿a partir del 26 de junio veremos, esta vez, los hechos?

 

 

(*) Isabel Álvarez es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Las mujeres en la política

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

 

Carmena, en la XVII Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica en La Paz (Bolivia).

Estamos en tiempo de mudanza en el escenario político español; pero esta metamorfosis es, a día de hoy, más retórica que real. Es decir que todos los cambios que se perfilan, están teniendo un recorrido corto. No hay más que citar, y no como tema de esta reflexión en concreto, la quiebra del modelo de partidos tradicional en España, la diversificación de la oferta política, los resultados electorales enrevesados, la necesidad de dialogar y pactar, etc… que todos ellos se han revelado, al final más de forma incipiente que rotunda.

Pero algo que me preocupa especialmente, tiene que ver con el papel, o mejor dicho el no papel que tienen las políticas en la arena española. Hemos avanzado sustantivamente en el campo de la incorporación de la mujer al ámbito público y al desempeño de un rol político, así como en el apartado general de derechos y consideraciones frente al papel tradicionalmente subordinado de la mujer; sin embargo estamos aún muy lejos de llegar a la igualdad y casi siquiera a aproximarse.

En primer lugar, lo más ostensible: no hay ninguna candidata a presidenta del gobierno de España, a pesar de la repetición de elecciones, donde tampoco se puede decir que los principales líderes de los partidos que concurrieron a la convocatoria de diciembre, se hayan lucido lo suficiente como para repetir como cabeza –alta- de cartel. Gracias a la adopción de las listas cremallera, detrás de los primeros espadas, aparece un nombre femenino, pero cabe preguntarse, a pesar del indudable avance, unas cuantas cuestiones que a toda persona se le ocurre. Y el dato es el dato.

Cierto es que la ocupación del cargo de ministra se ha hecho más accesible, y con más enjundia. Lejos quedan los tiempos en que la novedad era que una mujer se sentase en el consejo de ministros, o bien que el cupo que cubriesen las ministras correspondiese a nuevas (y demasiado especificas….) tareas, casi si se me permite del mismo palo que el asignado a las primeras damas y su función institucional, es decir todo aquello que tiene que ver con los asuntos sociales, en definitiva el ámbito de los cuidados, “el eterno femenino”. Ahora tenemos ministras, ahorita mismo en funciones, y en los posados de campaña se perfilan asimismo, futuribles ministras de todos los partidos con posibilidades.

Es verdad asimismo que incluso hemos tenido vicepresidentas del gobierno. Mujeres con capacidades de actuación sobresaliente sobre los demás miembros de gobierno, y aunque las vicepresidencias tienen una función coordinadora, está claro que su peso político es muy notable en los dos casos que hemos conocido. Ha sido palpable su cercanía con el presidente de turno, una condición necesaria, pero no puede ser la única….

Es obvio que en donde más se hace patente la presencia de las mujeres en la política española es, como suele ocurrir en casi todos los lugares, en el ámbito deliberativo, es decir, formando parte de aquellos órganos colegiados que centran su trabajo, bastante arduo si se hace bien, en una tarea colectiva, necesaria pero menos lucida y visible que otras. Nadie puede negar que los consistorios, los parlamentos autonómicos o las Cortes Generales albergan la concurrencia de muchas mujeres que coadyuvan en el inmenso trabajo político que se lleva a cabo.

Sin embargo en los puestos ejecutivos, las mujeres no cubren los puestos que debieran aunque solo sea en función de su existencia social, sin entrar en valorar su capacidad y su competencia. Esta también es una tónica compartida en el mundo. Los desempeños dentro del marco de los poderes ejecutivos se siguen resistiendo al ascenso femenino. Curiosamente son los “sillones” –en el actual decir popular- que tienen más poder y una mayor visibilidad, y la situación descrita conduce a perpetuar tanto el papel subordinado como la invisibilidad.

Por ejemplo, el acceso a las alcadías tras las elecciones de 2015, de Ada Colau o de Manuela Carmena en ciudades tan importantes como Barcelona o Madrid, ha contribuido a elevar esa notoriedad, si bien existe ya una discreta nómina de alcaldesas presidentas de ayuntamientos. En el campo de las presidencias autonómicas, también se ha avanzado en los últimos tiempos; y de hecho tanto en los puestos obtenidos por los partidos ganadores, como por aquellos que no obtuvieron al final su objetivo, llevaron mujeres en sus candidaturas al máximo puesto de poder y representación de la Comunidad Autónoma en su proceso electoral.

Pero está claro, que aún falta escalar la cumbre, la presidencia del Gobierno, y con este desafío, me estoy refiriendo no sólo a que tengamos una presidenta del gobierno de España, sino a que alguna o algunas puedan intentarlo. No hay limites para nadie, la frase que pronunció Hillary Clinton cuando ya tuvo el número suficiente de delegados para acariciar la nominación del Partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, resume bien lo difícil que es, no tanto conseguir ganar una elección –sin duda lo es-, sino siquiera ser una aspirante. Hay que recordar que hace una década, y en función de las minorías registradas en la política norteamericana, cabía formular la pregunta sobre que era más difícil que un afroamericano fuese presidente o que lo fuese una mujer. La respuesta la conocimos en 2008. De ahí que las palabras de Clinton, tengan una dimensión especial.

Los tan traídos y llevados debates electorales –otra asignatura pendiente de la democracia española- han irrumpido ya en nuestra re-campaña electoral; y se han inaugurado con un debate entre féminas, con el título Primero las mujeres, (faltaron los niños), fue un ejemplo del papel entre subalterno y disciplinado de nuestras políticas de partido. ¿Por qué esas cuatro personas concretamente? ¿Por qué coincidían en ser mujeres? No fue el mejor comienzo de campaña, ni de legislatura, ni de fin de ciclo, ni nueva etapa de la democracia española. Sonó más a una concesión más… ya que el verdadero “debate” es el que se celebró más tarde entre los candidatos a presidentes de Gobierno, que es en realidad la etiqueta que concede valor en toda esta historia; ganar es importante, lo sé, pero poder aspirar a ganar, es previo. ¿Para cuándo esa mejora de calado en la estructura de oportunidades?

 

(*) Paloma Román Marugán es doctora en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid

Bienvenidos los refugiados

NICOLÁS SARTORIUS (*)

 

Acto de la cultura y sociedad civil 'SOS REFUGIADOS' celebrado en el Círculo de Bellas Artes el 14 de junio/ Foto: CCOO

 

Se dice que 60.000 seres humanos- hombres, mujeres y niños- han perdido la vida, en los últimos años, intentando llegar a la Unión Europea. Se dice que unos 10.000 refugiados menores vagan, sin sus padres, por países desconocidos para ellos , pasto de las mafias y tráficos ilícitos. Probablemente son muchos más, en un caso y en otro ,  pues el Mediterráneo está plagado de cadáveres anónimos que no se contabilizan y hay millares de niños en centros de detención inapropiados para su edad. Huyen de las guerras, de la represión, de la pobreza, de la carencia de un futuro decente. Países enteros de nuestra frontera sur- Libia, Siria, Irak, Yemen etc- se han transformado en áreas inhabitables para grandes multitudes que buscan refugio, como pueden, en la próspera Europa. Y esta prospera U.E- en comparación con otras zonas del mundo- o, mejor dicho, los estados que la componen con los gobiernos que nosotros elegimos no son capaces de encontrar una solución civilizada a estas mareas migratorias que solo piden que se respete el derecho de asilo, los derechos humanos y se les dé una oportunidad de vivir decentemente.

No nos damos cuenta de que este fenómeno está dislocando la vida social y política de muchos países europeos y si no somos capaces de adoptar una posición común inteligente y solidaria podemos acabar haciéndonos un daño irreparable. Porque la inacción de los gobiernos, su incapacidad de dar una salida justa a la crisis económica, añadido a estas corrientes “migratorias”,están haciendo crecer las actitudes más insolidarias que conducen, a la postre, a la xenofobia, a los nacionalismos más rancios. A ver cuando caemos en la cuenta de que detrás del avance de la extrema derecha en Francia, en Austria, Polonia, Hungría, incluso en Alemania y algunos países nórdicos está la cuestión de los refugiados y de los emigrantes. Que detrás del “Brexit” de Gran Bretaña, valga la redundancia- que ya veremos en que acaba- está el rechazo “ a los que vienen de fuera”. Pues bien, si acaba imponiéndose entre nosotros el “Francia para los franceses”, “Gran Bretaña para los británicos” y así todos los demás, incluyendo algunos nacionalismos ibéricos, podemos acabar muy mal como pésimamente hemos terminado cada vez que los nacionalismos se han impuesto en nuestra historia .

No nos percatamos de que estos flujos humanos, que se han dado a lo largo de la historia, bien organizados y racionalmente distribuidos, pueden ser una bendición para Europa, al tiempo que damos una oportunidad a los refugiados y/o emigrantes siempre que les reconozcamos sus derechos y no les utilicemos como mano de obra barata e irregular. Somos un continente envejecido, con tasas de natalidad ridículas, necesitados de mano de obra joven y preparada, como la mayoría de los que vienen. ¿ Donde creen ustedes que radicó el gran desarrollo de Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza etc de los llamados “ 30 gloriosos”del siglo pasado?. Pues sencillamente en los millones de españoles, italianos, turcos, griegos, yugoeslavos, portugueses que emigraron al norte y fueron la base de ese “ milagro” de prosperidad. Pero para ganar esta batalla contra la insolidaridad, la xenofobia y diversas formas de estulticia lo primero que hay que hacer es darla y no, como sucede a menudo, hacer concesiones a las posturas más derechistas por miedo a perder votos. Hay que dar, por el contrario, una batalla de ideas contra los tópicos, contra los lugares comunes, los miedos injustificados y, por supuesto también, con alternativas viables capaces de encauzar esas migraciones. Nadie se cree que una U.E de 500 millones de habitantes no pueda asumir entre un 0,5 y un 1% más de población. Cifra similar a la que están soportando países pobres como Líbano, Jordania o Turquía. Creo, sinceramente, que sería lamentable que en esta campaña electoral no se le dedicara ni la más mínima atención a esta grandísima cuestión, aunque solo fuese por egoísmo.

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

Un nuevo presidente en un Perú dividido

VíCTOR C. PASCUAL

 

 

Una mujer pasa por delante de un grafitti en contra de la candidata electoral Keiko Fujimori, en Ayacucho.

 

El Perú ya tiene nuevo Presidente de la República. Será PPK, es decir, Pedro Pablo Kuczinsky, del Partido Peruanos por el Cambio (PPK), quien, en una histórica y reñidísima segunda vuelta, ha obtenido la victoria con una ajustada diferencia de 0,24 % (un 50,12 % frente al 49,88 % de la candidata Keiko Fujimori). Ya avisábamos en el post que publicamos en este medio el pasado día 15 de abril de 2016 que el maniqueísmo de la política peruana entre fujimoristas y antifujimoristas podía reventar todos los pronósticos y tendencias de voto que se mostraron en la primera vuelta de las elecciones, en las que Keiko arrasó con un 39,86 % del voto frente al 21,05 % que consiguió el entonces 2º candidato, el Sr. Kuczinsky.

Sin duda alguna, la victoria de PPK no puede entenderse sin el apoyo que la izquierdista Verónika Mendoza le otorgó en esta segunda vuelta para evitar el retorno del fujimorismo. Y es que, como ha evidenciado el resultado electoral del 5 de junio, aunque la dinastía Fujimori conserva un gran apoyo social en Perú, sobre todo, proveniente de los ámbitos rurales y los sectores sociales más desfavorecidos, por segunda vez, los antifujimoristas han vuelto a ganar la partida. La primera vez fue en 2011, cuando Ollanta Humala derrotó por un estrecho margen también en 2ª vuelta, a Keiko Fujimori (51,45 % frente al 48,55 % de Keiko).

Con independencia de las simpatías o recelos que generan los candidatos, el modo en que Keiko Fujimori el viernes 10 de junio reconoció su derrota y felicitó al nuevo presidente Kuczinsky constituye un acto loable y merece reconocimiento. En un país como el Perú, en el que persisten deficiencias electorales, distorsiones de representatividad, sospechas de acarreo de votantes e indicios de compra de votos, admitir tan limpiamente su derrota, a pesar de que la diferencia entre vencedor y perdedor en esta segunda cita electoral superó ligeramente los 40.000 votos, supone un acto de gran responsabilidad política y pone de relieve el firme deseo de Keiko de que el país continúe su positiva senda de crecimiento, desarrollo y estabilidad institucional. Lo más fácil para Keiko hubiera sido emponzoñar el resultado del proceso, impugnar las actas en numerosas circunscripciones y apelar a la comunidad internacional exhibiendo pruebas de presuntas compras de votos y de distorsiones de la voluntad popular, etc. En tal caso, sin duda, el Perú habría caído en la polarización, en la fragmentación que podían haber hecho tambalear los cimientos de la propia democracia en el país andino. Afortunadamente no ha sido así. La democracia peruana sale muy fortalecida de este ceñido envite electoral.

Ahora bien, el Perú ya tiene nuevo Presidente y, si bien es conocido que PPK seguirá con una política decidida en pro del desarrollo económico y la atracción de inversiones, poco se sabe del programa y las políticas que, más allá de lo económico, piensa emprender el nuevo mandatario. La lucha contra el Fujimorismo generó sinergias en los partidos de la oposición, aunó voluntades y concilió posturas frente al adversario común, pero, una vez ahuyentado el fantasma de la vuelta de un Fujimori al poder, no es suficientemente conocida en qué consistirá la acción de gobierno de PPK. En este sentido, ¿qué propone el candidato electo, además de más -y supuestamente mejor- Capitalismo?. ¿Más recetas del FMI y del Banco Mundial?. ¿Qué va a hacer para combatir el elevado índice de desigualdad social y las altas tasas de pobreza y analfabetismo?. ¿Qué políticas sociales tiene previsto poner en marcha PPK en materia de sanidad, vivienda o educación?. Aunque ciertamente, PPK no lo va a tener fácil, habida cuenta que el Congreso peruano está controlado por los fujimoristas, Kuczinsky tiene en sus manos acometer de forma urgente el “Kambio” que necesita el Perú, en su mano está que la población rural y más desfavorecida del país olvide de una vez por todas las supuestas ventajas que lograron con el gobierno de Fujimori padre, cuyas políticas, aciertos y graves errores, sin embargo, aún siguen generando –como ha evidenciado esta cita electoral- prácticamente un 50 % de apoyo en el país andino.

El presidente Kuczinsky tiene 5 años por delante para enterrar por la vía de los hechos la nostalgia de una gran parte de la población por Alberto Fujimori; si lo consigue, finalmente logrará pasar página a un período, oscuro para algunos y brillante para otros, de la historia del Perú; si no lo consigue, y su neoliberalismo se olvida de las capas más desfavorecidas y del vasto sector rural de la sociedad peruana, en 5 años, un nuevo Fujimori, Kenji, el hijo menor, estará dispuesto nuevamente a presentarse como candidato a la Presidencia, con elevadas posibilidades de alcanzar el poder. La dinastía Fujimori parece no cejar en su empeño de seguir vinculada a los designios y el futuro del país.

En definitiva, que el Fujimorismo subsista o desaparezca en 2021 mucho tendrá que ver con cómo el nuevo Presidente Kuczinsky va a gestionar ese prometido “Kambio” en favor de los peruanos y peruanas, y de cómo llevará a cabo la deseada transformación de la sociedad en un país referente en el continente americano, y no sólo por sus grandes cifras macroeconómicas, sino también por resolver los problemas económicos y sociales reales de las familias y los ciudadanos y ciudadanas de este bello –pero muchas veces maltratado- país.

 

Víctor C. Pascual es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y especialista electoral 

 

El gobernador en el avispero: vienen más recortes

CARLES MANERA (*)

 

Imagen del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde 

 

El gobernador del Banco de España, Luis Maria Linde, ha lanzado, en plena etapa electoral, un nuevo misil ideológico: urge flexibilizar todavía más el mercado laboral y, en definitiva, ir hacia más precariedad en los contratos laborales. El gobernador, un cargo por el que se percibe una sustanciosa suma, y que tiene como cometido esencial trabajar para la estabilidad de los mercados financieros, su solvencia y la capacitación de créditos, se mete en un jardín que no le corresponde. Linde puede opinar como economista sobre políticas económicas específicas; pero no como gobernador del principal banco español. Las coincidencias con el PP –y, en parte, con Ciudadanos– de esas recomendaciones sobre el mercado de trabajo son palmarias. Linde señala, de manera directa, la opción que prefiere el regulador. Esa tesis será la que acabe imponiéndose si el PP puede gobernar de nuevo, con el pretexto de que debe corregirse el déficit público y cumplir con las directrices comunitarias. Así pues, esperan nuevos recortes de gasto público, si no existe una estrategia clara de negociación política y económica con la Comisión Europea, negociación que no puede formularse de manera aislada.

Linde sigue el sendero marcado por su predecesor, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO), un técnico correoso y solvente que perdió mucha credibilidad tras su paso en la jefatura del Banco de España, a pesar de lo que expone en su último libro, en el que traslada culpas y responsabilidades a todos. También MAFO se metió en camisa de once varas, incidiendo en recetarios que debían aplicar los gobiernos en relación al mercado laboral. Mientras lanzaba esas puyas, el suelo financiero temblaba. Ahora, la situación es más sosegada, sobre todo por las actuaciones desplegadas por el Banco Central Europeo, más que por la política monetaria de Linde. Veremos cuál será la actuación y la hoja de ruta del Banco de España en el nuevo escenario que se abre sobre compras de bonos corporativos. De eso debiera preocuparse y ocuparse Linde, más que de decirnos que, para sostener la economía, debemos estar todos más inseguros en nuestro puesto de trabajo.

(*) Carles Manera es historiador y economista

Globalicemos la lucha antiterrorista

NICOLÁS SARTORIUS (*)

 

 

 

 

Ante el brutal atentado de Orlando, el más sangriento perpetrado en EE.UU desde el de la Torres Gemelas, lo primero que procede es manifestar la plena solidaridad con las víctimas y sus familias, con el pueblo norteamericano y su gobierno. Es una prueba más del carácter global del fenómeno terrorista, aunque sus bases se encuentren en países de Oriente Medio y él o los ejecutores materiales sean ciudadanos del país atacado.

Estamos, en todo caso, ante un fenómeno nuevo, muy complejo y no fácil de combatir, sobre todo si no somos capaces de abordarlo con nuevos instrumentos que se compadezcan con la naturaleza del fenómeno. Es cierto lo que dice el Presidente Obama en el sentido de que las mortíferas armas utilizadas por el terrorista se pueden adquirir en EE.UU. vía Internet y a bajo precio, lo que supone una anomalía grave que facilita la comisión de este tipo de masacres. Es una parte de la cuestión pero no toda la cuestión.

En Europa está controlada la venta de armas y no obstante se han cometido este tipo de actos terroristas. La cuestión de fondo es que tenemos que ser capaces de crear una “inteligencia colectiva” de naturaleza global que permita controlar al máximo el tráfico de armas, los flujos financieros, la información sobre personas proclives a la violencia. Es decir, una mayor y más eficaz colaboración entre servicios de inteligencia es fundamental. Ya sabemos que la seguridad total es imposible pero una eficaz prevención basada en la colaboración de inteligencia puede evitar muchos atentados. Ante una amenaza Global hay que responder globalmente.

 

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas 

A vueltas con la reforma del sistema electoral

DANIEL PÉREZ FERNÁNDEZ (*)

 

 

 

Imagen de una mesa electoral con las papeletas 

 

La desafección política y la desconfianza de los ciudadanos en el funcionamiento institucional han puesto sobre la mesa la necesidad de replantear las bases sobre las que se asienta el sistema político español. Si bien es cierto que el descontento generalizado ha encontrado la manera de cristalizarse en nuevas alternativas políticas, capaces de paliar en cierto grado la sensación de abotargamiento del sistema, las demandas de regeneración democrática no se han extinguido. La relación entre representantes y representados afronta un momento crítico, y desde numerosos sectores se reclama la búsqueda de soluciones que afiancen la confianza de los españoles en el sistema político. Es evidente que, aunque en los últimos años se han dado algunos pasos y los partidos parecen más permeables a las demandas de regeneración democrática, queda mucho por hacer para refundar los ejes sobre los que descansa el espacio de la representación política y de la participación ciudadana.

En el marco de este debate, la arquitectura electoral parece petrificada en el tiempo, y las demandas que emplazan a su alteración se multiplican. Por mucho que la percepción de representatividad del sistema se haya visto mejorada por la entrada de nuevos actores políticos en el Parlamento, se sigue considerando que nuestro sistema electoral deforma los resultados. El hecho de que – dentro de la conformación electoral vigente – la tendencia a la concentración del voto en torno a dos fuerzas políticas dominantes se haya revertido en los últimos años (por la irrupción de las nuevas formaciones), no ha eclipsado el debate sobre la necesidad de modificar con urgencia el sistema electoral.

Una de las piezas básicas de la arquitectura electoral quedó fijada en la Constitución de 1978, que estableció la provincia como distrito tras convalidar algunos de los elementos que se presentaban en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de Marzo, sobre normas electorales. Buena parte del resto de los elementos del sistema electoral – como la fijación de una barrera electoral del 3% a nivel de distrito para las elecciones generales, el empleo de la fórmula D’Hondt para traducir los votos en escaños, o el número de diputados – se establecieron a través de la LOREG, en 1985.

El resultado fue un sistema electoral de 52 distritos – correspondientes a las provincias – a los que la LOREG destina un mínimo de 2 escaños, excepto en los casos de Ceuta y Melilla, donde sólo se aporta la obligatoriedad de uno. A partir de ahí, y tomando dichos mínimos, el resto de escaños que corresponden a cada distrito se determina en función de la población. Por ponerlo en cifras, 102 diputados se encuentran bloqueados constitucionalmente, mientras que los 248 restantes se distribuyen por los distritos a razón de la población que habita en los mismos. Así, nos encontramos con que, por ejemplo, en Cuenca se eligen 3 escaños, mientras que en Madrid se escogen 36.

La Constitución sólo determina que el reparto de escaños habrá de producirse a través de mecanismos proporcionales, y mal que pese a algunos, la fórmula D’Hondt respeta dicha premisa. Aun así, con frecuencia se suele decir que este método deforma los resultados, abogando desde algunos frentes por sustituirlo por las fórmulas de Droop, Sainte-Laguë o Hare, aunque sus efectos serían sumamente limitados de no alterarse también otros elementos del sistema electoral.

En cuanto a los problemas más severos, normalmente tiende a señalarse que el sistema perjudica a los partidos pequeños que aspiran a presentarse en la totalidad del país (IU, UPyD, PACMA), mientras que favorece a los partidos grandes (PP, PSOE) y a las formaciones de corte regionalista que se presentan, concentrando sus apoyos, en un número limitado de circunscripciones (ERC, PNV, CC).

Y es que, los partidos grandes como el PP o el PSOE resultan muy eficientes en términos electorales, puesto que tienden a obtener más votos en aquellas circunscripciones en las que los mismos tienen más valor. ¿Pero qué significa que tengan más valor? Pues, simplemente, que el coste medio de un escaño en esos distritos es inferior. Por simplificar, diremos que en un distrito de 3 escaños el diputado tiende a costar entre tres y cinco veces menos que en uno de 30, y que, efectivamente, tanto los partidos grandes como las minorías regionales – por motivos distintos – se aprovechan de dicha situación.

Avanzar en el sentido de una mayor equidad parece incuestionable para la mayor parte de analistas. Algunos apelan a la necesidad de instaurar una circunscripción única, dotando al sistema de rasgos de extrema proporcionalidad. Otros hablan de aumentar el tamaño de los distritos, fijándolos en el entorno de las CCAA. Unos pocos determinan que lo imperativo es aumentar el número de diputados hasta el límite constitucional de 400, y que la barrera electoral del 3% debe reducirse hasta el 1%. Muchos defienden que el número mínimo de escaños por distrito ha de disminuir, de 2 a 1, fomentando que más diputados se asignen en función de la población, y otros tantos siguen centrando su atención en la fórmula empleada para realizar el reparto.

De entre todas las propuestas de reforma electoral, parece especialmente sugerente la planteada por Alberto Penadés y José Manuel Pavía en “La Reforma Electoral Perfecta”, de reciente publicación (Libros de la Catarata: colección Alternativas, 2016). Los autores identifican que las distorsiones fundamentales del sistema electoral responden a la elección de la provincia como circunscripción. Por consiguiente, abogan por alterar el esquema de distritos, estableciendo algunos de superior tamaño en zonas poco pobladas, y subdividiendo otros en los que se concentra mucha población, como Madrid o Barcelona, en varias circunscripciones. El número de diputados a escoger en cada distrito se fija en torno a la media de 7, no superándose los 9 en ninguna circunscripción. El resultado parece, cuanto menos, sensiblemente más proporcional.

El diseño electoral elaborado por Penadés y Pavía aspira a eliminar privilegios articulados en función del territorio, aumentando la proporcionalidad y representatividad del sistema sin impulsar una fragmentación excesiva capaz de obstaculizar la formación de gobiernos. Empleando los resultados de las elecciones del 20D para realizar simulaciones en base a su modelo, los autores contemplan que tanto el PP como el PSOE perderían 8 escaños, mientras Podemos ganaría 10, y Ciudadanos 7. El gran perdedor de la alteración del formato electoral basado en la provincia sería – para sorpresa de algunos – Izquierda Unida: la veterana formación perdería los pocos escaños que obtuvo en 2015. A la vista de sus resultados, queda claro que este modelo es especialmente benevolente con los partidos de nueva creación – y tamaño medio –, perjudicando a las viejas formaciones grandes y a los pequeños partidos de implantación nacional, al tiempo que se sostiene con una representación pareja a la actual a las formaciones regionalistas.

No parece que vaya a alcanzarse en un futuro cercano un consenso sobre cuál es el camino ideal a seguir para solventar los problemas que presenta el sistema electoral: fundamentalmente, porque las modificaciones afectan de forma muy dispar a los distintos partidos. Pero, en cualquier caso, no se puede eludir el debate a nivel político y social sobre esta materia. En este sentido, cabe señalar que, si bien parece más fácil alterar aspectos como la barrera electoral o la fórmula empleada para asignar los escaños – dado que no habría que reformar la Constitución –, debemos ser ambiciosos y aspirar a generar modificaciones capaces de suprimir las distorsiones que hacen de distritos poco poblados, espacios sobrerrepresentados.

(*) Daniel Pérez Fernández es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas.

¿Es la cultura motor de cambio?

PAU RAUSELL KÖSTER (*)

 

Preparación de una de las 367 casetas que estarán en la Feria del Libro de Madrid 2016.

 

El reciente informe sobre el estado de la cultura en España, publicado por la Fundación Alternativas, incluye como subtítulo; “La cultura como motor de cambio”. Frente a esta idea, se manifiestan dos tipos de crítica. En primer lugar, aquella que proviene de los esencialistas que ante cualquier análisis que trata de aproximarse al análisis de la racionalidad de las políticas culturales, tratando de ir más allá de la frases grandilocuentes, lanzan acusaciones de “aproximación neoliberal y economicista”. El segundo conjunto de críticas se pueden agrupar en los condescendientes que limitan la “importancia de la cultura” al espacio de la cosmética social, considerando que las verdaderas transformaciones se hacen a través de las políticas serias y no “subvencionando a titiriteros”

Por otra parte, los apoyos a la idea tampoco han sido muy alentadores y cierto discurso acrítico y buonista, en el mejor de los casos, y torticero en defensa de intereses muy concretos, en el peor, han convertido a las políticas culturales de los países europeos en las más ineficaces, ineficientes y probablemente en las más injustas de todas las políticas públicas. Ante esta debilidad estructural, la tormenta de la crisis financiera y los vientos de la austeridad han barrido cualquier intención de validar la cultura como “motor de cambio”.

Ya sé que me repito, pero las evidencias son tozudas y la política cultural es más necesaria y central que nunca. Cada día acumulamos más conocimiento sobre la desbordante potencia de la cultura como motor de cambio. La justificación primordial de las políticas culturales se basa en el valor intrínseco de la cultura para maximizar nuestro bienestar. Sabemos que la creatividad, el arte y la cultura nos afecta cognitiva, estética, y espiritualmente y transforma nuestra dimensión social, cívica, económica o política, influyendo en nuestro sentido de pertenencia e identidad, contribuyendo a la construcción de nuestro capital social, generando el conocimiento que nos da la libertad, conformando nuestra sensibilidad y ampliando la capacidad de obtener goce estético y ensanchando nuestras capacidades expresivas y comunicativas. Es decir, afecta a todo aquello que nos hace seres libres, gozantes y sociales, o sea, humanos

Como la cultura es, sin ninguna duda, el motor del cambio, la política cultural se debe convertir en una nueva artingeniería estratégica (permítanme el neologismo) de la transformación social, que requiere dosis muy elevadas de racionalidad instrumental, conocimiento, información de calidad e investigación rigurosas. Pero dado que hablamos de la gestión de las emociones, los sentimientos, los sentidos y los significados deben incorporar, también, inteligencia emocional, intercambio, participación, comunicación, intuición, belleza, y autenticidad.

Estamos absolutamente convencidos de que esta artingeniería de la cultura es la necesaria solución terapéutica a esta triste enfermedad de Europa.

 

(*) Pau Rausell Köster es director de Econcult (Universitat de València).