La crisis económica y la obesidad en España

ELISA DÍAZ (*) 

La obesidad constituye un problema de orden mayor para la salud de los individuos y para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Está asociada a otros factores de riesgo como hipertensión y niveles de colesterol alto, así como a enfermedades crónicas graves (diabetes, problemas cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer) y puede causar dificultades de tipo psicológico y social, todo lo cual reduce de manera significativa la esperanza de vida, limita el desarrollo de una vida normal activa, y en última instancia incrementa los costes del sistema sanitario. Lo que es menos conocido y aparece poco en el debate público es que la obesidad está relacionada con la situación socioeconómica de los ciudadanos y que la crisis económica vivida en nuestro país puede estar acentuando dicha relación. En un post anterior analizábamos la relación entre salud mental y el aumento del paro, en este nos centraremos en conocer mejor el perfil de obesidad de los españoles tras la reciente crisis económica y en sus implicaciones para el análisis y la acción política.

En los últimos años, en España, la proporción de población adulta con sobrepeso y con obesidad ha venido creciendo situándonos por encima de la media de la OCDE.

Para el diseño de políticas y actuaciones eficaces no basta con observar que hay un problema de obesidad sino que es necesario entender si la obesidad se distribuye de manera uniforme en toda la población o, si, por el contrario, tiene una especial prevalencia en determinados grupos de la población. En España, la evidencia disponible muestra que la edad y el género son importantes y que hay que prestar una especial atención tanto a las personas mayores de 55 años, y especialmente, a las mujeres, como a la población infantil. Los Gráficos 3 y 4 muestran la relación entre la proporción de individuos con sobrepeso, obesidad y normopeso y la edad de la población. El gradiente es claro en particular para las mujeres.

Los niños merecen un foco especial de atención. Con respecto a los países de nuestro entorno, la proporción de población infantil con sobrepeso u obesidad en España se encuentra en niveles significativamente por encima de la media.

Además de los problemas de salud que el sobrepeso y la obesidad causan en los niños (por ejemplo, asma, problemas musculo-esqueléticos, y potenciales desordenes de salud mental), hay que tener en cuenta que es altamente probable que los niños y adolescentes obesos terminen siendo adultos obesos: los altos niveles de obesidad y sobrepeso en la población infantil observados en la actualidad pueden estar consolidando una tendencia futura.

La evidencia también muestra que hay que diseñar actuaciones concretas para los ciudadanos con una menor educación y una peor situación socioeconómica, los más castigados por la reciente crisis. Los Gráficos 6 y 7 muestran la relación entre los niveles de índice de masa corporal de la población y la educación – esto es, una proxi de la situación socioeconómica. Claramente, esta variable tiene una relación negativa con los niveles de obesidad – menores niveles de educación están asociados a mayor probabilidad de obesidad.

Algunos estudios apuntan a diferentes mecanismos a través de los cuales la crisis económica podría haber contribuido al incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad - por ejemplo, la reducción en el consumo de frutas y vegetales y el aumento en el consumo de productos con una composición nutritiva más pobre debido a la menor renta disponible de los hogares; o mayores niveles de estrés de los individuos por razones económicas (por ejemplo, problemas para pagar deudas) que pueden conducir - como forma de compensación psicológica - a una mayor ingesta de alimentos. En cualquier caso, la evidencia todavía es escasa y son necesarios más esfuerzos en esta línea de trabajo para contener los efectos que la obesidad está teniendo y va a tener en las próximas décadas. Pero es importante la llamada de atención sobre el aumento del número de individuos en grupos socioeconómicos con más riesgo de padecer sobrepeso y obesidad debido a una menor movilidad social.

En la medida que la crisis económica puede estar contribuyendo a un estancamiento de la movilidad social hacia situaciones más favorecidas, la consolidación del número de individuos en estos grupos socioeconómicos, puede constituir una resistencia para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso en España en el futuro. Y esto, junto con los efectos que la crisis económica, a través del incremento sin precedentes del desempleo de larga duración, está teniendo sobre la salud mental de los españoles, puede estar contribuyendo a consolidar un incremento de la morbilidad en la población española. Este posible cambio en los patrones de morbilidad de la población española, relacionado con la crisis económica, y su distribución desigual por grupos sociales, y sus efectos tanto sobre el bienestar como sobre el funcionamiento del sistema sanitario, deberían recibir la atención de los actuales y futuros responsables de la política sanitaria y económica del país.

 

(*) Elisa Díaz es directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas.

No pagues tus multas

SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE Y CARLOS GARCIMARTÍN

 

 

Jean-Claude Juncker (I) y el comisario Pierre Moscovici

Pese a que las autoridades comunitarias concedieron al Gobierno dos ampliaciones en los plazos, éste incumplió el objetivo de déficit en todos los años de la pasada legislatura. Cuando en el último de ellos parecía que por fin España iba a cumplir sus compromisos, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas claramente electoralistas que alejaron una vez más a nuestro país de los límites pactados. A las medidas expansivas de gasto se sumaron unas “rebajas” fiscales cuya única razón de ser era fortalecer la posición del Partido Popular de cara a las elecciones, con un coste de 6.000 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Todo ello explica la desviación en 2015 respecto al objetivo de déficit de aproximadamente 8.000 millones. Y en 2016, sólo hasta mayo, las rebajas fiscales ya han tenido un coste adicional de 4.000 millones.

No es de extrañar, por tanto, el enfado con que la Comisión Europea acogió este último incumplimiento, no derivado de la coyuntura económica sino de un interés puramente partidista. Por ello, y pese a haber mostrado flexibilidad una vez más en el cumplimiento de los objetivos concediéndonos otro año de prórroga, la Comisión nos ha abierto –tras un vergonzoso retraso para no “interferir en el proceso electoral”- un procedimiento sancionador a consecuencia de estas actuaciones. La sanción máxima que nos podrían imponer rondaría los 2.000 millones de euros, unos 55 euros por español registrado en el censo electoral -36,5 millones- o 253 por cada votante del Partido Popular en las últimas elecciones -7,9 millones-.

Aunque las autoridades comunitarias también podrían decantarse (y previsiblemente lo harán) por alternativas menos gravosas (multa simbólica, establecimiento de un depósito, congelación de fondos estructurales), las consecuencias serán notables, en especial un endurecimiento de la vigilancia sobre nuestras finanzas, exigiendo ajustes inmediatos por lo menos de 10.000 millones de euros. Bruselas, además, tampoco parece muy satisfecha con el comportamiento del Gobierno en las negociaciones actuales, ya que sigue sin ofrecer propuestas que aumenten su credibilidad, limitándose a medidas un tanto “trileras” (aumento de los pagos adelantados del Impuesto de sociedades) y, muy al estilo del actual Gobierno en funciones, confiando en que las cosas se arreglen por sí solas (el propio crecimiento y la lucha contra el fraude se encargarían de cuadrar las cuentas, si bien la realidad es que este año los ingresos están cayendo un 2,8% respecto a los del año anterior de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la Agencia Tributaria). Por otra parte, tampoco existen indicios de que nuestros máximos responsables estén negociando los apoyos necesarios para evitar las sanciones, que requerirían que una mayoría del Consejo las rechazará, de acuerdo con el procedimiento de “mayoría inversa” introducido en la reforma del Pacto de Estabilidad de 2011. Es más, en este contexto el Partido Popular en su documento “Programa para el Gobierno de España” promete incluso una “Rebaja Fiscal Generalizada” (las mayúsculas son literales), cuando el resto de partidos reconoce la necesidad de fortalecer los ingresos públicos si de verdad se quiere solucionar el problema del déficit.

Ante este comportamiento irresponsable del Gobierno, que no solo ha supuesto incumplir todos los años de la legislatura lo acordado con Bruselas, sino el lógico enfado de las autoridades comunitarias, cabe preguntarse qué concepto de “interés general” justifica la presión mediática a favor de mantener en el poder a un ejecutivo que lo ha menospreciado de forma tan continuada y que plantea seguir haciéndolo ¿De verdad no hay otra opción de gobierno en España? La irresponsabilidad del actual ejecutivo en funciones nos puede costar mucho a los ciudadanos españoles y, a la vista de sus intenciones declaradas, más aún nos puede seguir costando en el futuro.

Ciudadanos y PSOE al menos lo intentaron, con todos los errores que cada cual quiera achacarles, en la última legislatura. Podemos se cerró en banda y entre el “mal” mayor y el menor, optó por el mayor, esperando sacar partido en las urnas. El PP rentabilizó el miedo y la parálisis de la que, como partido más votado, era el principal responsable.

Y lo más triste es que seguramente unas nuevas elecciones no resolverían nada. En este país, al menos en términos mediáticos y electorales, parece que quienes deben pagar las multas no son los que iban al volante.

 

(*) Santiago Díaz de Sarralde y Carlos Garcimartín. Colaboradores de Opex-Fundación Alternativas y profesores de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos

Otra vez, el horror

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Redes sociales 

 

De nuevo Francia ha sido golpeada brutalmente por el terrorismo yihadista , por tercera vez en poco más de año y medio, desde enero y noviembre de 2015, además de otros atentados menores. La celebración del 14 de julio en Niza ha terminado en un baño de sangre: 84 muertos y 18 heridos por el momento, niños incluidos. Gente pacífica, que solo quería celebrar su fiesta nacional. La fiesta de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Qué ironía.

Y al lado del dolor de las víctimas y sus familias, el fantasma del miedo, del odio. La amenaza de no poder hacer una vida normal en una sociedad libre. El riesgo de que los ciudadanos acepten sacrificar su libertad para tener más seguridad. La probabilidad de que ese dolor sea aprovechado políticamente por el populismo de extrema derecha, en el momento de mayor debilidad política de François Hollande, para conducir a Francia por el camino de la regresión democrática y el antieuropeismo.

Atacan al símbolo de la libertad, al paradigma de la democracia, al corazón de Europa. No es probablemente decisivo que Francia esté ayudando militarmente a vencer al Estado Islámico en Oriente Próximo. Otros países europeos lo están haciendo y no sufren atentados. Golpean donde pueden, donde hay una amplia base de posibles autores, radicalizados religiosamente o simplemente resentidos o llenos de odio hacia la sociedad que los margina. Francia es un símbolo y atacándola, atacan a Europa y al sistema de derechos y libertades, al que nunca vencerán por las armas, intentando ganarle por el miedo.

     Un camión. Un hombre solo (aunque pueda haber contado con cómplices), francés de origen tunecino, residente en Niza. No sirve aquí el control del tráfico de armas, ni los registros de nombres de pasajeros, ni el blindaje de fronteras. Lo que es más preocupante: no ha servido el estado de excepción, vigente en Francia desde los atentados de noviembre, que estaba previsto levantar el día 26 y que Hollande ha decidido prorrogar por tercera vez por tres meses más, ni los poderes excepcionales otorgados a la policía por la reforma de la ley penal en mayo, ni la operación Sentinelle que ha puesto en la calle, desde los atentados de enero, hasta 10.000 efectivos militares ¿Qué hacer?

Lo más importante es evitar el pesimismo, porque el pesimismo es la derrota. En primer lugar habrá que averiguar cómo un camión claramente sospechoso (por la carga y por el conductor, fichado por delitos menores) ha podido eludir el perímetro de seguridad de una zona lógicamente cerrada al tráfico en un evento tan multitudinario y en estado de máxima alerta. Hay fallos difícilmente comprensibles. Después habrá que revisar la coordinación antiterrorista en Francia, lastrada como en muchos países por distintos organismos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que actúan separadamente. Es necesaria una dirección centralizada que funcione. Y aumentar sus medios, no solo sus poderes, porque es mucha la gente a seguir y mucha la información a analizar.

Por supuesto, es imprescindible combatir el terrorismo yihadista allí donde nace y se desarrolla, no tomando iniciativas propias, raramente eficaces, sino apoyando a los gobiernos de los países afectados con medios políticos, económicos, policiales e incluso militares, si es necesario y así lo solicitan. Pero la verdadera batalla está dentro de nuestras fronteras. Una labor de educación en los valores democráticos, la reducción de las bolsas de marginación de población especialmente magrebí (la banlieu) origen de delincuencia común que a veces deriva en yihadismo, el control de los contenidos de internet que incitan a la violencia, son medidas imprescindibles, aunque sus resultados tardarán en apreciarse.

Nuestra única defensa es la prevención de atentados mediante redes de inteligencia que detecten a tiempo los elementos radicalizados, creación de células, movimientos preparatorios, adquisición de infraestructura. Aunque a veces fallen, han evitado muchos atentados. Hay que seguir por ese camino, mejorando siempre la coordinación interna y con el resto de los países europeos, creando incluso un servicio de inteligencia contraterrorista europeo, y colaborando con los países árabes y musulmanes. Los que han trabajado en la lucha contra otros terrorismos saben que no hay soluciones mágicas ni rápidas. Solo hay trabajo duro, tenacidad, constancia, profesionalidad, cuidado del detalle. Redes de informadores, análisis exhaustivos, seguimiento de todos los hilos. Medios suficientes.

No nos dejemos ganar por el desánimo en los momentos duros. Puede hacerse, y se hará. Sobre todo, no les dejemos ganar políticamente abrazando el miedo, la islamofobia, el aislacionismo. No permitamos que nos contagien su odio. Defendamos nuestra democracia. Si nos mantenemos firmes, la libertad prevalecerá.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del panel de Asuntos Europeos de OPEX en la Fundación Alternativas

Brussels is different

LUIS FERNANDO MEDINA (*)

 

 El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en el Curso de la UIMP y la APIE

 

Corren tiempos extraños. Nada es lo que parece, o a veces una cosa resulta que es igual a sí misma y a su contrario, como diría Heráclito. Hablaron las urnas en el Reino Unido y los ganadores perdieron. Boris Johnson es ya simplemente un ex – alcalde y la facción a favor del “Remain” sigue en el gobierno, solo que ahora encargada del “Exit”. Hablaron las urnas en España y ganó el partido de gobierno. Pero aunque ganó, aún no puede formar gobierno. Muy posiblemente lo forme, pero para eso tal vez sea necesario jugar un rato a que no lo forma para que quienes lo ayuden a formar puedan decir que lo hicieron para evitar el caos. Es decir, del orden sale el caos para que de éste pueda salir de nuevo el orden. Una cosa y su contraria.

Lo mismo con la política económica. De la austeridad surge el exceso y del exceso la austeridad. Del liberalismo surge el populismo y del populismo surge el liberalismo. Una cosa y su contraria. Resulta que tras años de austeridad, el déficit no termina de caer. Difícilmente iba a caer si, después de todo, la recuperación económica sigue siendo anémica. El lento crecimiento económico se traduce en lento crecimiento del recaudo tributario. Hasta ahí, nada inesperado. Pero ahora el gobierno anuncia que aumentará el impuesto de sociedades para recaudar 6.000 millones de euros con los que espera cerrar la brecha del déficit. Así, de un plumazo, quedaron atrás los días en los que subir impuestos no generaba recursos, en los que subir impuestos solo servía para dañar el clima de inversión, destruir empleo y sacar de su caja de Pandora a los demonios populistas. Ya no. Ahora hay espacio para subir la presión fiscal (Bruselas dixit). El destructor de empleos de ayer, es el que ahora reducirá los intereses y generará empleo mañana. Una cosa y su contraria.

Según las normas del sistema europeo, los países deben cumplir con sus metas de déficit. Por eso es que España se enfrenta a una posible multa si no eleva el recaudo. Las metas de déficit son, supuestamente, un mecanismo para permitir que los gobiernos puedan tener políticas contracíclicas. Es decir, se acepta que en años malos deben tener margen de maniobra (déficit) para evitar que suba el desempleo, a condición de que en los años buenos reduzcan el monto de la deuda pública. Pero ahora los años buenos no son tan buenos, la economía española no ha reducido el desempleo a niveles medianamente aceptables. El pescador de Galilea decía que “el shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el shabbat” pero la Unión Europea (que a veces tanto dice defender los valores cristianos) no ve así las cosas. Al parecer el desempleo se creó para el déficit y no el déficit para el empleo. Hay multa porque la hay. Estamos ante un caso en el que la policía de tránsito atropella a un peatón y luego multa por exceso de velocidad a la ambulancia que se dirige a ayudarlo. (Claro, al cierre de este texto De Guindos cuenta con que la multa va ser más bien el equivalente Euro-legal a 21 meses de prisión, sin merma para las arcas.)

Pero, si nos preguntamos por qué es tan importante el déficit, Bruselas contestará que porque sin controles al déficit se genera irresponsabilidad fiscal, inflación desbordada y primas de riesgo inasumibles. Pero aquí es donde la lección de dialéctica se adentra en profundidades insondables porque la inflación no está desbordada. De hecho, según el Ministro De Guindos, una de las razones por las cuales el déficit de España no baja es, precisamente, porque la inflación ¡es demasiado baja! No le falta razón. Una inflación más alta bien hubiera podido llevar a un mayor recaudo tributario. Es decir, ha sido tan exitoso el combate contra la inflación que se hace difícil cumplir las metas de déficit que supuestamente existen para combatirla. Dicen que el fanático es aquel que redobla sus esfuerzos una vez ha olvidado su meta…

Ahora bien, multas por déficits entre países es algo que no existe en otras latitudes. Hay muchos países que se meten en enormes problemas financieros por no tener sus cuentas fiscales en orden. Pero lo normal es que la meta de inflación surja de un proceso de decisión doméstico que consulta las posibilidades reales del país. Si por alguna razón, una unidad subnacional (una provincia, por ejemplo) está elevando su endeudamiento, el país tiene que tomar una decisión: o se busca un ajuste de acuerdo al proceso político interno, o se mutualiza esa deuda, repartiendo su pago entre toda la ciudadanía. Pero resulta que la Unión Europea es una cosa y su contraria: es un país que no es un país, tiene una moneda común que no funciona como cualquier otra moneda, tiene metas macroeconómicas comunes pero no tiene ningún mecanismo para asegurar que esas metas sean deseables. Curiosamente, el déficit más grave, es uno para el que no hay multas previstas: el déficit democrático de la Unión Europea.

 (*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor en la universIdad Carlos III

Ciudades enchufadas y sostenibilidad: muchos desafíos por delante

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

 

Uno de los mayores problemas ambientales a los que se enfrentan las ciudades es el de la contaminación que cada vez provoca más muertes prematuras. Se calcula que en Francia ha sido el principal responsable de la muerte temprana de 48.000 personas. Un estudio de los efectos de la contaminación atmosférica llevado a cabo en Reino Unido arrojan resultados similares.

En España, un estudio de Ecologistas en Acción de 2015 estimada esta cifra en 27.000 muertes tempranas y afirmaba que el 95% de la población está expuesta contaminación excesiva de aire. Las razones de esta contaminación son muy claras: la quema de gasolinas y gasoil de los coches, autobuses y demás vehículos de combustión interna, las calefacciones y la industria.

Las soluciones a estos problemas también están claras: reducir la demanda de energía, mejorar la eficiencia en su consumo y descarbonizar nuestro sistema energético haciendo de las renovables la base de la producción de nuestra energía.

El tercer punto ha resultado desde siempre especialmente complicado en el sector del transporte. El 97% del transporte utiliza combustibles fósiles para funcionar. Hacer más sostenible el sector pasa por reducir este porcentaje. Hay varias opciones para hacerlo. El uso de la electricidad como combustible es uno de ellos.

Varios países del mundo ya han comenzado esta transición. A la cabeza Noruega, que recientemente anunció la prohibición de la venta de coches que utilicen combustibles fósiles en 2025. En ese año (quedan sólo 9) toda la movilidad, tanto pública como privada ha de ser eléctrica. Una de las medidas estrella del plan fue la exención total de impuestos a los vehículos eléctricos. En un país vecino, Suecia, ha inaugurado este mismo mes la primera autopista ‘electrificada’ del mundo, que permite suministrar energía a camiones y demás vehículos eléctricos que transiten por ella. Otros países están dando pasos importantes en esta dirección. India ha prohibido la venta de vehículos diésel en Nueva Delhi y Paris, en Francia ha prohibido el uso de vehículos diésel en 2020.

En España también hay algunos buenos ejemplos. La Empresa Municipal de Transporte de Madrid anunció la compra de nuevos autobuses híbridos y propulsados por gas natural que se unirán a los autobuses de las dos líneas que ya funcionan con vehículos eléctricos. Cada vez son más las empresas que utilizan vehículos eléctricos a lo largo de su cadena logística. También aumentan las ciudades que benefician de una manera u otra el uso de coche eléctrico.

Esta transición puede ser una excelente oportunidad de innovación, creación de industria verde y de nuevo empleo sostenible para España. Ya somos el primer país productor de coches eléctricos de Europa, pero estamos casi a la cola en consumo. Menos del 2% de los vehículos vendidos en España son eléctricos. Muchos son los motivos identificados por los expertos. Por ejemplo, la falta de información sobre la tecnología hace que se perciba como poco fiable, la excesiva dificultad administrativa en la legalización de puntos de recarga hace que sólo existan 761 en todas España, porcentaje muy pequeño comparado con los 4.000 que existen sólo en Francia. Además, las ayudas a la compra de estos vehículos son claramente insuficientes. Las ayudas han ido reduciéndose a lo largo de los años, pasando de 10 millones de Euros en 2013 y 2014 a 7 en 2015 y sólo 4.5 en 2016. A comienzos de este año, estos fondos (Plan MOVEA gestionado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE) se acabaron en apenas tres semanas.

Apostar por la movilidad eléctrica supondría la transformación de los 300.000 empleos directos y más de 2 millones indirectos vinculados al sector del automóvil en España hacia la sostenibilidad. Esta especialización del sector, atraería sin duda nuevas inversiones a España. Especialmente en el escenario pos-Acuerdo de París de cambio climático, donde todos los países del mundo, se han comprometido a reducir sus emisiones actuales y futuras de manera drástica, para poder llegar así a frenar el aumento de temperatura media mundial en 1.5 C.

Importante recordar, que este es un camino que tendrá sentido ambiental si y solo sí la electricidad utilizada se genera con fuentes de energía renovables. Sin embargo, teniendo en cuenta el actual sobredimensionado de nuestro sistema energético (la potencia eléctrica instalada en España creció 10 veces por encima de la demanda de 2005 a 2011) y que una buena parte de las centrales eléctricas paradas son de gas, hace necesario de manera urgente un esfuerzo de planificación y gestión del sistema energético, muy diferente a la actual y que asegure que serán las fuentes de energía renovable las suministradoras de la electricidad utilizada por nuestras ciudades enchufadas.

 

(*) Ana Belén Sánchez es la coordinadora del Panel de Sostenibilidad en la Fundación Alternativas

¿Cómo y por qué acabó el bipartidismo en España?

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

 

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en la investidura como presidente de este último en 2011

Las elecciones de diciembre de 2015 supusieron un cambio en el sistema de partidos políticos. La suma de los votos recibidos por los dos principales partidos, PP y PSOE, pasó de 17.870.000 a 12.780.000 votos. Esto supuso pasar del 72,45% al 50,25% de los votos válidos emitidos. El sistema, tradicionalmente bipartidista imperfecto pasó a ser pluripartidista, con cuatro fuerzas implantadas en todo el territorio.

En las elecciones de 2016 esta tendencia se mantiene, aunque con cierta recuperación del bipartidismo, que alcanza los 13.330.000 votos, y que ahora representa el 55,69% de los votos válidos emitidos.

Desde 1989 el sistema de partidos políticos españoles ha experimentado cambios mínimos, y los espacios en disputa sólo eran dos: el situado entre PP y PSOE, en el centro, y la distribución de votos en la izquierda entre PSOE e IU. La coyuntura concreta en cada momento inclinaba la balanza, lo que llevó a acuñar dos ideas: que las elecciones se ganan en el espacio de centro y que las elecciones no se ganan, sino que se pierden por el partido que ocupa el Gobierno.

La repetición electoral ha consolidado el escenario de diciembre y ha mantenido el nuevo sistema pluripartidista. Hay serios indicios de que la actual situación no es excepcional, sino que responde a un cambio social y de inquietudes, aspiraciones y temores que la crisis económica ha instalado en la sociedad española desde 2011. En retrospectiva, puede decirse que el verdadero cambio de tendencia se produjo en las elecciones europeas de mayo de 2014, cuando PP y PSOE sumaron sólo el 49,10% de los votos válidos. Los resultados de diciembre de 2015 y junio de 2016 no son más que una confirmación o un reajuste de un camino ya iniciado.

 

Características Demográficas.

La composición del cuerpo electoral es una realidad que cambia constantemente, aunque de manera casi imperceptible. Cada año unas 430.000 personas cumplen 18 años y acceden al derecho al voto, mientras que se producen unos 450.000 fallecimientos. Esto supone que al cabo de cada Legislatura el electorado se renueva en un 10% y que el objetivo de “recuperar votantes” puede resultar estéril a medio plazo.

Los sucesivos estudios han demostrado que las ofertas electorales de PP y PSOE resultan poco atractivas para los grupos de menos edad de la población, en especial entre 18 y 34 años, a tal punto que se puede hablar de una verdadera brecha generacional en el voto. El CIS concluye que tienen más de 65 años el 43% de los votantes del PP, el 42% de los votantes de CiU y el 31% de los que votan al PSOE, lo que pone de relieve un serio envejecimiento de los votantes de estos partidos. En el lado opuesto, el 38% de los votantes de Podemos, el 25% de los que votan a C´s y el 21% de los que optan por IU tienen menos de 34 años cumplidos.

 

Formación, Creencias, Ideología.

Paradójicamente, la mejora del nivel formativo se ha convertido en causa de insatisfacción social, ya que los nuevos titulados superiores no encuentran su lugar en el mercado de trabajo, y optan claramente por los dos nuevos partidos. En cuatro años, los titulados superiores han pasado del 12% al 21%, y esto supone 3.000.000 de electores. Y los estudios postelectorales ponen de relieve su alejamiento de los partidos tradicionales: el PP ha captado 300.000 votos y el PSOE sólo 80.000, pero C´s unos 700.000 y Podemos unos 900.000, mientras que 230.000 han ido a la abstención. Asimismo, los universitarios son el 54% de los votantes de C´s, el 40% de los de Podemos y el 39% del electorado de IU. Sin embargo, este colectivo tiene claramente menos presencia entre los votantes de PSOE (34%) y PP (31%).

Mientras tanto, las personas sin estudios o que únicamente han accedido a la enseñanza primaria son 8.500.000. De estos, 2.400.000 han votado al PP y 2.000.000 al PSOE, pero sólo 360.000 a Podemos y 340.000 a C´s.

La ideología conservadora y el elemento católico siguen su retroceso, minorando uno de los componentes más sólidos del voto que recibe el PP. Los electores que se reconocen como católicos han pasado de representar el 77% en 2005 al 69% en 2015, mientras que los no creyentes y ateos han pasado de ser el 18,5% al 29% en 2015. Además, los electores que se identifican como conservadores se pronuncian claramente por el PP, pero la opción liberal muestra síntomas de haber abandonado el PP trasladándose a C´s.

 

Condiciones Socioeconómicas.

El contexto económico imperante inevitablemente causa malestar y anima a un voto diferente: los ingresos medios por hogar pasaron de 28.206 euros anuales en 2011 a 26.154 en 2015, una caída del 7,3%. Además, los hogares en riesgo de pobreza han pasado del 26,70% al 29,20% y los hogares con todos sus miembros en paro son 1.572.000.

Los jubilados y pensionistas mantienen su lealtad a PP y PSOE, aún más reforzada ante el mantenimiento de sus ingresos en un escenario de caída de las rentas del trabajo. Son el primer grupo social del país: el 25%, con un total de unos 9.000.000 electores. Tienen un peso muy alto en el voto al PP, donde son el 40%, algo menos en el PSOE, donde son el 32% y elevadísimo en el caso de CDC, donde suponen el 53% de sus votantes. Son votantes especialmente fieles y con baja tasa de abstención y que no han visto deteriorada ni su situación económica ni sus expectativas de futuros ingresos, lo que explica su conformidad con el sistema y con los partidos tradicionales. En otras palabras: no sienten la necesidad del cambio.

La presencia de PP y PSOE entre las clases pasivas es aún mayor si se contabilizan los 2.400.000 electores del grupo de trabajadores domésticos no remunerados, pues 750.000 de ellos votan al PP, 525.000 al PSOE y 680.000 se abstienen, mientras que el eco de los nuevos partidos en este grupo es mínimo.

Cuantitativamente, los parados son el segundo grupo social, 4.800.000 personas. En 2011 confiaron en el PP y supusieron el 19% de sus votantes, pero desde entonces abandonaron esta opción y en 2015 fueron sólo el 11%. Optan sobre todo por la abstención (25%), Podemos (21%) y el PSOE (20%), y mucho menos por C´s (17%). En la práctica, las preocupaciones políticas de los parados están condicionadas por el descenso de los perceptores de desempleo, que ahora son 650.000 menos que en 2011, con una tasa de cobertura en mínimos históricos, apenas por encima del 50%.

Los obreros cualificados son cada vez menos. La EPA indica que la industria manufacturera ocupaba a 2.700.000 trabajadores en 2008, que en 2016 son sólo 2.000.000; y esto supone que los obreros cualificados ahora sean el 7% de los electores, unos 2.400.000. En este grupo, ha caído fuertemente el apoyo que dieron al PP en 2011, con 400.000 votos menos. A la vez, siguen alejándose del PSOE, con 144.000 votos menos, que ahora compite con Podemos por atraer el voto de este sector.

Sí mantiene el PSOE, sin embargo, una mayor presencia entre los obreros no cualificados, que son el 11%, 3.774.000 trabajadores, 300.000 más que en 2011. El PP nunca tuvo especial aceptación entre estos votantes y, además, ha perdido 240.000 votos desde entonces, mientras que las pérdidas del PSOE son simbólicas. Por todo ello, es el grupo social en el que el PSOE mantiene mejores opciones, posiblemente asociado a la promesa de revisión de la reforma laboral.

También los técnicos y cuadros medios han abandonado su preferencia por PP y PSOE. Suponen el 10% de los electores, con 3.567.000. En 2011 UPyD ya recibió unos 306.000 votos de este colectivo, pero en 2015 C´s recibió 588.000 votos del mismo grupo y Podemos 496.000. Fueron una parte importante del voto de UPyD en 2011 y ahora es el grupo socioeconómico más proclive a Ciudadanos.

Si atendemos el criterio de la renta, y teniendo en cuenta que 11,3% de los encuestados declara una renta total de su hogar superior a los 2.400 euros, se encuentran claramente por encima de esta media los votantes de C´s (el 19,1% de sus votantes, un total de 640.000), Podemos (el 17,7%, 562.000) e IU (el 13,9%, 128.000). Muy por debajo están los votantes del PP (el 9,1%, 656.000 votantes), PSOE (el 9,3%, 513.000) y la abstención (el 5,5%, 500.000 electores). Las personas que habitan hogares en los que la renta es inferior a los 900 euros son 6.020.000, el 17% de los encuestados. Son el segmento de renta que acude menos a las urnas, con casi 2.000.000 abstencionistas. Entre los partidos, el PSOE recibe los mayores apoyos de este grupo, 1.400.000 votos, llamativamente muchos más que los 510.000 de Podemos. El PP recibe 1.270.000 votos de este colectivo y C´s apenas 200.000.

 

La Cuestión Territorial.

Especial atención merece la percepción que los electores tienen de la cuestión territorial y del independentismo en Cataluña, así como del posicionamiento de los partidos. Esta cuestión no tiene tanto eco en la opinión pública y en las decisiones de los votantes como parece sugerirse y su consideración como un problema de España es muy residual. Simultáneamente, una parte no desdeñable de los electores asume la pluralidad territorial y cultural de España, sobre todo entre los de Podemos. Por este motivo, sus mejores resultados electorales, en diciembre de 2015 y junio de 2016, se corresponden con su capacidad para integrar o aliarse con opciones de carácter exclusivamente territorial en Cataluña, Galicia y la C. Valenciana.

El efecto de esta estrategia es que una parte significativa del electorado catalán ha sustituido al PSC-PSOE por la nueva opción En Comú Podem, mucho mejor situado en la aspiración soberanista de la sociedad. El PSC ha perdido 330.000 votos en estos cuatro años, mientras que En Comú Podem ha obtenido 650.000 votos más de los que obtuvo ICV en 2011. Un dato ilustra la pérdida de fuerza parlamentaria del PSOE: el PSC aportó 25 diputados al Grupo Socialista en 2008, en 2015 aportó 8 y en 2016 sólo 7.

 

Acceso a la Información Política.

Desde 2011 los electores han ido sustituyendo a RTVE como vía prioritaria de información, en aras de un panorama más plural, que encabeza la Sexta y otras cadenas privadas. Teniendo en cuenta que el 58% de los votantes se siguen informando sobre todo a través de la televisión, es significativo que sólo el 18,9% lo haga a través de TVE. Este porcentaje contrasta con el de 2011, cuando era del 39,4% y con el de 2014, cuando en las elecciones europeas ya cayó hasta el 25% de los encuestados. El efecto de este cambio para reforzar el pluralismo político y partidista y las posibilidades que ofrece a los nuevos partidos son evidentes, a la vez que ponen en tela de juicio la imagen de fiabilidad informativa de la televisión pública.

Por todo ello, y tras el cambio social provocado por la crisis económica, los partidos políticos han de adaptar sus agendas para moverse en un panorama social que ahora ya es diferente al de 2011. Es más, si en buena medida los dos nuevos partidos son la respuesta y el resultado de este cambio, los dos partidos tradicionalmente con mayor implantación tienen mayor urgencia en renovar el contenido de su oferta para no quedar excluidos de las nuevas exigencias de los grupos sociales excluidos: población joven, jóvenes que han realizado un esfuerzo de formación, ciudadanos escandalizados por la forma cómo se usa el poder político, trabajadores con ingresos muy bajos y de apenas subsistencia, población preocupada por un futuro incierto y posiblemente peor que el presente, parados que no reciben prestaciones por desempleo, en especial los de larga duración, trabajadores que sospechan de la viabilidad futura de sus pensiones, etc.

 

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

La SGAE aplaude la sentencia de Luxemburgo

MANUEL AGUILAR (*)

 

El pasado 9 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó una sentencia en respuesta a las preguntas enviadas por el Tribunal Supremo del Reino de España acerca de la compatibilidad del actual tratamiento de la copia privada en el ordenamiento jurídico español con lo dispuesto por la directiva comunitaria 2001/29/CE.

En pocas palabras, la situación es la siguiente: en función de lo establecido, tanto en el Real Decreto 1657/2012 como en la Ley 21/2014 de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, el pago de la compensación equitativa se regula no ya a través de la compensación que antes pagaban los fabricantes de soportes y dispositivos susceptibles de albergar copias privadas de contenidos protegidos por los derechos de autor, sino que esta compensación se establece con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos y, con ellas cientos de miles de creadores, han pasado de recibir cifras que rondaban los 105 millones en el año 2011 a apenas 5 millones anuales desde el año 2012. Esta merma supone, en primer lugar, un daño terrible a la comunidad creativa, pues ha visto descender sus ingresos en una cifra muy importante, en un periodo ya de por sí económicamente complicado –y agravado con otros cambios legislativos como los relativos al incremento del llamado IVA cultural. Por si ello no fuera suficiente, el daño al conjunto de creadoras y creadores se extiende también a la limitación de las actividades de promoción, formación y asistencia social que las entidades de gestión de derechos realizan, siguiendo lo estipulado por la ley, con la dotación del 20% de los fondos procedentes de esa remuneración compensatoria. En concreto, la institución que presido, la Fundación SGAE, ha visto reducidas sensiblemente las aportaciones por este concepto, poniendo en peligro importantes actividades de reconocida utilidad para el conjunto del sector e incluso, en buena medida, para el conjunto de la sociedad española.

Afortunadamente, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece claramente que no, que no es compatible este sistema compensatorio con el marco jurídico europeo. Desde un punto de vista de eficiencia social, resultaba bien dudosa esta medida, ya que no tenía en cuenta la reciente jurisprudencia europea al respecto que limita esa compensación a personas físicas, dejando al margen de tal compensación a las personas jurídicas (universidades, ministerios, empresas, etc.).

Si bien esta sentencia es alentadora para la comunidad creativa, no debemos relajar nuestra reivindicación lo más mínimo, dado que se trata de un asunto que ha sido combustible de fácil uso en discursos demagógicos tan sesgados como de circulación desproporcionada en los medios y redes sociales, creando una desafección en la ciudadanía hacia los legítimos derechos de los creadores que va a costar tal vez décadas devolver a su cauce normal.

Confiamos que el actual gobierno en funciones o, en su caso, el próximo, actúe de manera ágil para que la copia privada tenga un tratamiento alineado con la directiva europea y armónico entre los intereses de los autores y del conjunto de la sociedad y que, así mismo, se restituyan a la comunidad autoral y creativa las pérdidas a las que, injustamente, ha sido sometida por un gobierno que incluyó este tema en la agenda de la primera sesión del Consejo de Ministros de la legislatura, como si fuera una prioridad nacional en semejante momento. Este es otro más de los síntomas de la desproporción dirigída a la que me refería antes, que culminó en ese Real Decreto que nos ha llevado llevado al dudoso honor de pasear el farolillo rojo de país europeo a la cola de la remuneración a sus creadores por este concepto.

 

(*) Manuel Aguilar es presidente de Fundación SGAE.