No pagues tus multas

Por: | 18 de julio de 2016

SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE Y CARLOS GARCIMARTÍN

 

 

Juncker

Jean-Claude Juncker (I) y el comisario Pierre Moscovici

Pese a que las autoridades comunitarias concedieron al Gobierno dos ampliaciones en los plazos, éste incumplió el objetivo de déficit en todos los años de la pasada legislatura. Cuando en el último de ellos parecía que por fin España iba a cumplir sus compromisos, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas claramente electoralistas que alejaron una vez más a nuestro país de los límites pactados. A las medidas expansivas de gasto se sumaron unas “rebajas” fiscales cuya única razón de ser era fortalecer la posición del Partido Popular de cara a las elecciones, con un coste de 6.000 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Todo ello explica la desviación en 2015 respecto al objetivo de déficit de aproximadamente 8.000 millones. Y en 2016, sólo hasta mayo, las rebajas fiscales ya han tenido un coste adicional de 4.000 millones.

No es de extrañar, por tanto, el enfado con que la Comisión Europea acogió este último incumplimiento, no derivado de la coyuntura económica sino de un interés puramente partidista. Por ello, y pese a haber mostrado flexibilidad una vez más en el cumplimiento de los objetivos concediéndonos otro año de prórroga, la Comisión nos ha abierto –tras un vergonzoso retraso para no “interferir en el proceso electoral”- un procedimiento sancionador a consecuencia de estas actuaciones. La sanción máxima que nos podrían imponer rondaría los 2.000 millones de euros, unos 55 euros por español registrado en el censo electoral -36,5 millones- o 253 por cada votante del Partido Popular en las últimas elecciones -7,9 millones-.

Aunque las autoridades comunitarias también podrían decantarse (y previsiblemente lo harán) por alternativas menos gravosas (multa simbólica, establecimiento de un depósito, congelación de fondos estructurales), las consecuencias serán notables, en especial un endurecimiento de la vigilancia sobre nuestras finanzas, exigiendo ajustes inmediatos por lo menos de 10.000 millones de euros. Bruselas, además, tampoco parece muy satisfecha con el comportamiento del Gobierno en las negociaciones actuales, ya que sigue sin ofrecer propuestas que aumenten su credibilidad, limitándose a medidas un tanto “trileras” (aumento de los pagos adelantados del Impuesto de sociedades) y, muy al estilo del actual Gobierno en funciones, confiando en que las cosas se arreglen por sí solas (el propio crecimiento y la lucha contra el fraude se encargarían de cuadrar las cuentas, si bien la realidad es que este año los ingresos están cayendo un 2,8% respecto a los del año anterior de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la Agencia Tributaria). Por otra parte, tampoco existen indicios de que nuestros máximos responsables estén negociando los apoyos necesarios para evitar las sanciones, que requerirían que una mayoría del Consejo las rechazará, de acuerdo con el procedimiento de “mayoría inversa” introducido en la reforma del Pacto de Estabilidad de 2011. Es más, en este contexto el Partido Popular en su documento “Programa para el Gobierno de España” promete incluso una “Rebaja Fiscal Generalizada” (las mayúsculas son literales), cuando el resto de partidos reconoce la necesidad de fortalecer los ingresos públicos si de verdad se quiere solucionar el problema del déficit.

Ante este comportamiento irresponsable del Gobierno, que no solo ha supuesto incumplir todos los años de la legislatura lo acordado con Bruselas, sino el lógico enfado de las autoridades comunitarias, cabe preguntarse qué concepto de “interés general” justifica la presión mediática a favor de mantener en el poder a un ejecutivo que lo ha menospreciado de forma tan continuada y que plantea seguir haciéndolo ¿De verdad no hay otra opción de gobierno en España? La irresponsabilidad del actual ejecutivo en funciones nos puede costar mucho a los ciudadanos españoles y, a la vista de sus intenciones declaradas, más aún nos puede seguir costando en el futuro.

Ciudadanos y PSOE al menos lo intentaron, con todos los errores que cada cual quiera achacarles, en la última legislatura. Podemos se cerró en banda y entre el “mal” mayor y el menor, optó por el mayor, esperando sacar partido en las urnas. El PP rentabilizó el miedo y la parálisis de la que, como partido más votado, era el principal responsable.

Y lo más triste es que seguramente unas nuevas elecciones no resolverían nada. En este país, al menos en términos mediáticos y electorales, parece que quienes deben pagar las multas no son los que iban al volante.

 

(*) Santiago Díaz de Sarralde y Carlos Garcimartín. Colaboradores de Opex-Fundación Alternativas y profesores de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos

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