El coste de la paz en Colombia

 ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN (*)

 

Ban Ki-moon, Santos, Raúl Castro y Timochenko, durante un acto previo a la firma de acuerdo definitivo

El Acuerdo de paz en Colombia es un texto de casi 300 páginas, bastante complejo en el que se recogen detalladamente todos los puntos a través de los cuales se producirá el proceso de desmovilización y desarme de las FARC.

Además de ello, y a diferencia de anteriores procesos de paz, el acuerdo no solo contempla el desmonte de la estructura del grupo guerrillero, sino que implica la puesta en marcha de un conjunto de políticas que permitan su transición hacia la vida política. Asimismo busca la superación de algunas de las causas sociales de la confrontación, así como el necesario desarrollo agrario, atacar el narcotráfico desde un enfoque menos represivo y más social y reparar a las víctimas.

Aunque el acuerdo de paz no es un plan de desarrollo nacional sí que incorpora cambios muy importantes en vastas zonas del país. Según un reciente trabajo de la Fundación Paz y Recociliación las FARC actuaban en 242 municipios del país, habitados por un 12%de la población del país. De hecho, en 112 municipios ejercían una función de regulación social paralela o sustitutiva del Estado.

De cumplirse en toda su extensión lo contemplado en el acuerdo en una porción muy significativa del país vería un profundo cambio en la forma en la que se regulan las relaciones sociales. Muchos colombianos serán por primera vez sujetos de derecho y beneficiarios de políticas públicas; asimismo se produciría una transformación productiva en el campo y se establecería una nueva forma de lucha contra el narcotráfico. A grandes rasgos el acuerdo además del desmonte de la guerrilla tendría que producir una transformación en tres dimensiones: seguridad, estado y acceso al mercado.

Estas tres dimensiones necesitan que el gobierno cree o fortalezca las instituciones y políticas necesarias para su desarrollo conjunto, solo así se producirán resultados sostenibles. Pero también requieren del apoyo del sector privado y la ciudadanía. Implementar el acuerdo implica la consecución de una importante cantidad de recursos, tarea en la que el Gobierno ya hace buen tiempo se ha aplicado consiguiendo un amplio respaldo de la comunidad internacional. En el frente interno también se ha aplicado una necesaria aunque impopular reforma tributaria, pero, la paz cuesta mucho más que dinero y buena parte de ese coste ha salido a flote en torno al plebiscito convocado para refrendar el Acuerdo.

El primero de los costes es el perdón. En el acuerdo de paz no se contemplan penas de cárcel, se contempla la amnistía y la restricción de la libertad. Aunque los guerrilleros a diferencia de otros procesos no se trasladaran a las ciudades, el acuerdo de paz requiere recibir a los desmovilizados como ciudadanos de pleno derecho. También autores de crímenes del Estado como los falsos positivos recibirán ese tratamiento. La mesa de negociación se estableció para conseguir un acuerdo no para juzgar o decidir como castigar a las FARC o al Gobierno y en consecuencia su producto solo podía ser una fórmula alternativa a la justicia penal. En este caso se favoreció la justicia restaurativa poniendo el énfasis en beneficiar a las víctimas y en especial la verdad. La reconciliación en lugar de la venganza.

El segundo de los costes es la reconstrucción del espacio de la participación. Colombia es un país sumamente desigual, gobernado tradicionalmente por elites y en el que no solo la presencia del Estado ha sido fragmentada sino que la participación ciudadana ha sido cooptada o restringida por todos los actores armados. El postconflicto implica asimilar la participación en política de fuerzas de la izquierda evitando a toda costa la guerra sucia de la que fueron víctimas en el pasado. Aunque las FARC no gocen de simpatía popular su participación en política es una ganancia para la democracia y para cerrar de una vez por todas la idea de que el acceso al poder puede hacerse a través de la combinación de todas las formas de lucha. En adelante la única lucha posible es la electoral.

El tercer coste es el de la equidad. La guerra no ha afectado por igual a todo el país, los bogotanos no la han sentido con el mismo rigor que los campesinos, ni las clases medias y altas han visto marchar a sus hijos al frente de batalla en cualquiera de los bandos. Por tanto aquellas zonas y poblaciones que han sufrido la guerra, requieren salir del olvido estatal y social y recibir suficientes recursos políticos y económicos para que puedan mejorar su situación y desarrollar unos medios de vida legales y sostenibles. Buena parte de la opinión publica crítica fuertemente las políticas de transferencia directa del estado, como si fueran simples pagos del Estado hacia sectores de población ociosos, sin entender que es un apoyo que permite sobrellevar una situación extrema mientras se resuelven las causas estructurales de la misma. La tarea del gobierno será asegurar que se aplican eficazmente las políticas necesarias para atacar los fallos estructurales, la de los ciudadanos apoyar solidariamente el coste e implementación de las políticas sociales y fortalecerlas desde la acción privada.

Esto nos lleva al último de los costes, la confianza en el gobierno y el combate de la desafección ciudadana. Una de las amenazas para conseguir la aprobación ciudadana del acuerdo es la baja popularidad del presidente. Se corre el riesgo de que el voto del plebiscito sea un voto de castigo a Santos o a un sistema político altamente desgastado y con poca credibilidad. Si, Colombia es un país con un alto nivel de corrupción, con una tendencia a la perpetuación de los clanes o familias políticas, con políticas poco eficaces y poca rendición de cuentas, entre otros muchos fallos de la democracia. Sin embargo, la paz requiere un voto de confianza, no solo hay que creerles a las FARC que a la fecha han dado muestras solidas de voluntad, sino además porque es mejor un Estado defectuoso en paz y con opciones para mejorar, que un Estado defectuoso consumido por una guerra sin salida y que le impide toda opción de cambio.

La paz no es la solución de todos los problemas de Colombia, tampoco el Acuerdo de Paz es un plan de desarrollo definitivo para el país, pero es la mejor oportunidad que tiene para cambiar la historia, contando además con el respaldo de todo el sistema internacional. Los colombianos tienen que pagar un precio alto, desde luego, pero el beneficio de la paz superará con creces unos costes que solo son temporales frente a la posibilidad de continuar con una guerra sin salida y humanamente insostenible.

(*) Erika Rodríguez Pinzón es la coordinadora del panel de América Latina en OPEX de la Fundación Alternativas