Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Trump: muros, guetos, apartheid

Por: | 30 de enero de 2017

(*) NICOLÁS SARTORIUS

 

TrumpEl presidente estadounidense, Donald Trump.

 

I.- Las decisiones tomadas por el presidente Trump en materia de refugiados e inmigrantes no tiene precedentes. Reúnen las tres violaciones más graves contra el derecho de las personas. El muro en la frontera mejicana es una agresión contra América Latina, pues por esa frontera no se mueven sólo, ni principalmente, mejicanos, sino ciudadanos de toda Sudamérica, primordialmente de Centroamérica. De otra parte, la orden ejecutiva por la que se prohíbe la entrada en EE.UU. a todos los ciudadanos de determinados países, soberanos y con representación en la ONU, supone una agresión discriminatoria y xenófoba por motivos religiosos o de raza que equivale al apartheid practicado en Sudáfrica en otro tiempo. Por último, si la decisión tomada por EE.UU. con los refugiados e inmigrantes se generalizase, estaríamos ante una situación equivalente a la de los años 30 contra los judíos, es decir, se encerraría en guetos a poblaciones enteras, como ya ocurre con los palestinos en la franja de Gaza.

II.- La reacción contra estas medidas por una parte de la población norteamericana es ejemplar y debería extenderse a toda América Latina y a Europa. Hasta ahora la reacción es tímida y nos estamos jugando el futuro de nuestras libertades. Suponen un ataque contra el derecho internacional, contra las libertades individuales y contra la propia Constitución de EE.UU., como ya han denunciado algunos políticos y juristas americanos.

III.- El Gobierno español no debería guardar silencio. Una cosa es llevarse bien con EE.UU. –que hay que procurarlo- y otra muy diferente aceptar estas agresiones contra naciones y pueblos enteros. Por ahí se empieza y pueden generalizarse estas prácticas, por este u otros motivos, en una espiral de ‘matonismo’ político inaceptable. La Unión Europea en su conjunto debería manifestar abiertamente su repulsa y dejar claro que su posición no es esa. Las medidas de Trump sólo traerán más terrorismo en varias direcciones, como ha empezado a suceder en Canadá.

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

¿Puede una superpotencia ser proteccionista?

Por: | 25 de enero de 2017

LUIS FERNANDO MEDINA (*)

 

DtEl presidente estadounidense, Donald Trump, durante un mitin.

 

Por supuesto que es imprudente hablar de un gobierno que no ha completado aún su primera semana, máxime cuando, por decirlo en lenguaje atenuado, no parece priorizar la claridad y la coherencia a la hora de anunciar sus planes. Además, los tratados de libre comercio son documentos muy complejos en los que nada es lo que parece. Esto es especialmente cierto en los últimos tiempos en los que ya los aranceles internacionales son tan bajos que los así llamados acuerdos de libre comercio terminan dedicándose a restringir mercados de propiedad intelectual y patentes. Como el viejo chiste, al igual que tantas urbanizaciones con nombres de montes, bosques y valles, estos tratados se bautizan en honor a lo que destruyen. Por tanto, no vamos hoy a examinar en demasiado detalle la reciente decisión de la Administración Trump de retirar a Estados Unidos del incipiente Acuerdo Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en inglés).

Pero sí es claro que el nuevo gobierno de Estados Unidos ha demostrado inclinaciones proteccionistas sin precedentes en la historia reciente de ese país. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el proteccionismo americano había sido episódicamente una tentación del legislativo, no de la Casa Blanca. Es difícil saber hasta qué punto este brote proteccionista va a hacerse realidad. Una cosa son los anuncios que haga un presidente el día de su investidura y otra muy distinta lo que pueda hacer cuando dentro de su partido no hay mucho entusiasmo hacia su idea. Pero dejando de lado las personalidades y la coyuntura, un vistazo a la historia nos indica que tal vez haya algo más de fondo que escapa al control de actores individuales.

El capitalismo mundial ha operado desde el siglo XIX sobre la base de una premisa: la economía más fuerte del mundo es el garante del libre comercio internacional, manteniendo sus mercados abiertos a los demás países. Es, por así decirlo, la importadora de última instancia. Ese papel lo cumplió Gran Bretaña en el siglo XIX y su abdicación de esa responsabilidad tuvo mucho que ver con la propagación de la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos el país que asumió ese papel.

 Se trata de un papel bastante complejo con distintos beneficiarios que, aunque reconocen que el sistema les sirve, tienen diferencias acerca de cómo repartir los beneficios. Al mantener sus mercados abiertos al mundo, Estados Unidos le permite a sus aliados adoptar estrategias económicas de crecimiento exportador, evitando guerras comerciales entre países de su esfera de influencia. Al principio, esta estrategia estaba dirigida especialmente hacia Europa Occidental y Japón, donde se complementó con el sistema de defensa militar que hoy conocemos como OTAN, mediante el cual Estados Unidos asumía buena parte de los gastos a condición de mantener la Europa más desmilitarizada de los últimos siglos.

Pero, por supuesto, este sistema también ha tenido beneficios para Estados Unidos. La preponderancia del dólar como moneda de reserva mundial (en paridad con el oro hasta 1971) le ha permitido a Estados Unidos financiar sus déficits comerciales y fiscales simplemente con emisión monetaria mientras que, en caso de un desajuste, otros países tienen que aumentar impuestos o reducir su consumo interno, creando evidentes conflictos políticos y sociales.

Mercado común

Con el tiempo, los protagonistas del sistema han cambiado. Europa ya no es hoy la zona menesterosa y devastada por la guerra, sino más bien un mercado común tan grande como los mismos Estados Unidos. La Unión Soviética ya no existe. Pero otros países, especialmente China, han entrado a formar parte de esta estructura acumulando reservas en dólares en cantidades pantagruélicas.

Otro efecto de estos cambios es que el librecambismo tiene ahora para Estados Unidos más costos sociales y políticos. El libre comercio no es el mayor responsable de las pérdidas de empleo en el sector manufacturero americano. Es muy probable que un alza de aranceles no vaya a revertir el proceso de desindustrialización del ‘Rust Belt’. Pero la actual situación no se compara con la que había a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos producía el 48% de las manufacturas del mundo. En aquel entonces no había ningún país que pudiera competir con Estados Unidos en su propio campo.

 Se produce así una paradoja con resultados inciertos. El proteccionismo que tanto interesa al actual ocupante de la Casa Blanca puede a la larga poner en riesgo el mismo sistema que le había permitido a Estados Unidos escapar a la lógica implacable de los ajustes de otros países. Si Estados Unidos dejara de ser el garante del libre comercio, máxime en un contexto en el que nuevos bloques comerciales regionales empiezan a consolidarse, a veces sin su participación, desestabilizaría la arquitectura financiera (y de seguridad) que le permitió durante los últimos setenta años atenuar los costos sociales de las resacas de sus episodios de déficit fiscal y comercial.

En ese caso, los conflictos resultantes pondrían sobre la mesa el tema que el Partido Republicano, ahora en el poder, ha aborrecido desde siempre: la consolidación de un estado del bienestar más distributivo. Los conservadores americanos que tanto entusiasmo pusieron en ganar esta elección pueden terminar recordando la lección de Bernard Shaw: hay que tener cuidado con lo que deseamos porque a veces... lo obtenemos.

 

(*) Luis Fernando Medina es coordinador del Zoom Económico de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III

(*) J. ARTURO RUBIO AROSTEGUI

 

Danza-Contemporanea-cuatro

 

La actividad escénica en su conjunto sigue mostrando una caída de la actividad en términos generales desde el comienzo de la crisis en 2008. El último anuario SGAE[1] constata que se ha producido un descenso del 33,4% en el número de funciones, del 30,6% en el número de espectadores y del 15,2% en la recaudación. Aunque el sector teatral es el que marca el comportamiento del conjunto del sector escénico, el anuario señala que en el caso de la danza se da una tendencia peor si cabe –unas caídas del 55,6% en el número de representaciones, un 47% en el número de espectadores y un 54,7% en la recaudación-.

La precariedad en el sector de la danza en España necesita un replanteamiento político sí o sí: no valen maquillajes del INAEM del tipo Plan Nacional de la Danza 2010-14[2] que no ha servido para nada, sino para empeorar todavía más las condiciones del sector tal como muestran los datos de consumo. En dicho plan se afirmaba, entre otras muchas medidas incumplidas, que había que aplicar una fiscalidad reducida al sector; al poco tiempo se subía el IVA en las entradas al 21%. Como muestra este botón.

En el próximo informe de la cultura de la Fundación Alternativas, que se publicará próximamente, tratamos el tema de la transición al digital en el sector de las artes escénicas en lo relativo a la modernización de los teatros públicos y sus audiencias. El ministro español firmó el acuerdo del 10 de febrero de 2016 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que insta a los Estados a modernizar las instituciones culturales en el denominado ‘internet de las personas’. Este asunto compete a todos los stakeholders del sector, al INAEM (la Constitución Española insta a la Administración General del Estado a coordinar la acción cultural), a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Hay que dejarse del palabrerío utilizado en éste plan último y en otros que hubo antes, para tomar decisiones con una memoria económico-financiera por detrás.

La muchas veces premiada coreógrafa Teresa Nieto echaba el cierre a su compañía este otoño pasado porque no hay contratación en España. Mientras tanto, hay una enorme cantidad de conservatorios y escuelas -sin una lógica ni una planificación coordinada- que forman profesionales de desigual calidad y con unos costes que podrían ir destinados a crear un mercado de la danza real, tal como hemos investigado en los casos de Francia e Inglaterra. De momento el INAEM no ha dicho nada sobre el fallido último plan y sólo conocemos sus conflictos con los bailarines mileuristas de las compañías nacionales que tienen un talento muy por encima del valor de los políticos que gestionan la cultura en España[3]. La danza necesita en España una política cultural a la altura de la competencia de sus maestros, bailarines y coreógrafos.

 

(*) J. Arturo Rubio Arostegui es adjunto al vicerrector de Investigación de la Universidad Antonio de Nebrija

[1] https://www.anuariossgae.com/anuario2016/RESUMEN_EJECUTIVO_2016.pdf

[2] https://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/culturaydeporte/Documents/Plan%20Danza.pdf

[3] https://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1465996028_398756.html

MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ Y VÍCTOR ECHEVARRÍA YCAZA (*)

 

A



La economía española está saliendo de la grave crisis pasada y desde el punto de vista cíclico existen al menos tres elementos que señalarían la conveniencia de un cambio en la posición de política fiscal y presupuestaria alejándose de los enunciados más restrictivos: (i) Agotamiento de la política monetaria; (ii) Indicadores que señalan que el crecimiento actual no será duradero y presenta importantes debilidades estructurales (bajos salarios, baja productividad), y (iii) La existencia de espacio fiscal, propiciada por los actuales bajos tipos de interés.

Con todo, la puesta en marcha de una política fiscal menos restrictiva ha de conjugarse con la necesidad, a medio plazo, de reducir el déficit estructural y cumplir los objetivos marcados por Bruselas.

Evolución reciente del saldo fiscal y situación de partida para 2017

 España ha logrado reducir el déficit público desde el -10,5% en 2012 hasta el -5,1% en 2015, y se espera que 2016 cierre en el 4,6% del PIB acordado con Bruselas. En 2017, un crecimiento del 2,5% reducirá el déficit, gracias fundamentalmente a la mejora de la recaudación y la caída de los gastos por desempleo y gastos financieros. Asimismo, las medidas fiscales anunciadas recientemente van en la buena dirección y aumentarán los ingresos en unos 7.000 millones de euros. Con todo ello el gobierno confía alcanzar el 3,1% de déficit en 2017, en línea con las directrices emanadas desde Bruselas.

Se trata sin embargo de medidas fiscales coyunturales que no plantean la reforma en profundidad que requiere nuestro sistema fiscal.

Esbozamos debajo las grandes líneas de un presupuesto que en nuestra opinión, sobre premisas progresistas, debería tratar de combinar una senda de ajuste fiscal creíble con la corrección de los desequilibrios económicos y sociales.

Los ingresos públicos

El sistema tributario español se caracteriza por el escaso peso de los ingresos, comparado con la media europea, por lo que es fundamental aumentar la recaudación. Hay tres elementos entorno a los cuales debería girar una reforma tributaria.

Un primer elemento tiene que ver con la imposición verde. El ritmo acelerado del cambio climático, así como las iniciativas acordadas en el marco de la Cumbre de París y nuestros compromisos ante la UE hacen que España tenga que cumplir y liderar una ambiciosa agenda para conseguir reducir las emisiones de CO2. El aumento de los impuestos debe favorecer este esfuerzo.

En segundo lugar, nuestro modelo tributario adolece de un sesgo hacia una tributación elevada de las rentas, especialmente las del trabajo, pero mucho menor de los grandes patrimonios. Una reforma de la tributación de la riqueza que elimine los actuales agujeros fiscales del Impuesto de Patrimonio (IP), establezca mínimos a nivel nacional y unifique las bases imponibles del IP y las rentas del capital en el IRPF sería un paso en la dirección adecuada. En esta línea, tal y como han pedido varios organismos internacionales, el IBI puede y debería jugar un papel más importante en nuestro sistema tributario.

Por último, se debe abordar una auténtica reforma del impuesto de sociedades, pues la reciente es insuficiente. Una reforma de calado debe ajustar las bases imponibles en el IS a los estándares europeos que se están debatiendo en Bruselas.

Por el lado del gasto

Por el lado de gasto, las nuevas iniciativas deben orientarse a impulsar una recuperación económica equilibrada e inclusiva y que siente las bases de un crecimiento sostenido y de mayor valor en el medio plazo. Hay tres partidas prioritarias que deben ser claramente reforzadas.

En primer lugar, es necesario atacar seriamente el desempleo estructural que no es únicamente un problema social, sino también económico, ya que lastra el crecimiento potencial de la economía. Teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas de toda la UE, España gasta muy poco en políticas activas de empleo. Por tanto, una de las grandes prioridades de gasto que deben crecer son las políticas activas de empleo, convergiendo al 80% de la media de los países más avanzados de la UE hasta alcanzar los 2.700 euros por demandante de empleo, lo que supone aumentar la cuantía actual hasta los 13.000 millones de euros en cuatro años.

En segundo lugar, cobran relevancia las medidas orientadas a disminuir la pobreza, que ha crecido de forma dramática en los últimos años (según Eurostat, un 28% de la población española estaría en riesgo de pobreza, frente a un 23% de media del área euro). En este contexto es fundamental poner en marcha algún tipo de renta básica de inserción que sea un complemento a nivel estatal de las ya existentes en las CC.AA., garantizando un mínimo vital a todos.

En tercer lugar, es indispensable aumentar de forma sostenida los fondos destinados a potenciar la transformación de nuestro modelo productivo. El gasto en I+D+i en relación al PIB ha caído hasta el 1,2%, una de las tasas más bajas de los países del área euro. Se trata, obviamente, no sólo de invertir más, sino de invertir mejor con un enfoque en la obtención de resultados.

Refuerzo de la gobernanza fiscal

Los incumplimientos de los objetivos de estabilidad, junto a decisiones políticas más que cuestionables para la consolidación fiscal han endurecido el marco fiscal europeo. Por ello, es esencial, acometer cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibilidad y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. En este sentido, se necesita reforzar la independencia y recursos de la AiREF, reformar la Ley de Estabilidad y la regla de gasto. Además, sería muy bueno dotar de un Estatuto a la Agencia Tributaria que garantice su independencia.

Conclusión

En definitiva, la situación actual de crecimiento elevado y bajos tipos de interés es propicia para acometer reformas como las aquí planteadas, que permitan abordar los desequilibrios generados en el modelo de crecimiento español, utilizando las políticas fiscales y presupuestarias como principales palancas.

 

(*) Manuel de la Rocha Vázquez es economista de la Fundación Alternativas y ex secretario de Economía del PSOE, y Víctor Echevarría Ycaza es economista e investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Financiación autonómica y sanidad

Por: | 19 de enero de 2017

(*) JAVIER REY

 

CsUn niño es atendido en un centro de salud.

 

La financiación autonómica será previsiblemente una de las cuestiones centrales del debate político en los próximos meses. En su prioridad coinciden tanto el Gobierno como los partidos de la oposición. Sin embargo, a juzgar por las propuestas que están formulando diferentes grupos de expertos de cara a ese debate, se puede afirmar que es muy poco probable que cambie algo sustancial en la gestión financiera y general del Sistema Nacional de Salud.

El criterio que dominó en 2002 la integración de la financiación sanitaria, independiente hasta entonces, en la financiación autonómica general, apoyada por PP y PSOE, fue la consideración de que la sanidad no constituye un “bien preferente” frente a otras competencias y servicios cedidos a la gestión autonómica; y que, por el contrario, la distribución de los recursos disponibles por las CCAA debía ser realizada con arreglo a sus propios criterios de preferencia por cada una.

El análisis de la realidad que se ha venido desarrollando desde entonces permite, sin embargo, considerar algunas situaciones contradictorias con esa posición de partida:

-La importancia de la sanidad en la economía de las CCAA ha ido creciendo desde entonces de manera inexorable: pese a los recortes sanitarios específicos durante la crisis, el presupuesto sanitario inicial separado suponía en 2014 más del 35% del presupuesto total en cuatro CCAA, y entre el 30 y el 35% en diez más. . El gasto sanitario muestra en todas una tendencia imparable al crecimiento, principalmente por el gasto farmacéutico y, sobre todo, por la incorporación de nuevos productos.

Ese gasto sanitario creciente es además el principal responsable de los déficits y las deudas en que incurren de manera desigual buena parte de las CCAA, cuya solución más inmediata ha generado la necesidad de partidas adicionales no presupuestadas originalmente. Esa desigualdad traduce además diferencias importantes entre ellas en la gestión de esta parte del gasto.

-Mantener unos niveles de protección sanitaria similares sobre la base principal de los ingresos propios de unas CCAA con muy diferente capacidad fiscal es imposible. Basar el aumento de su corresponsabilidad fiscal en la cesión de una cesta de tributos más amplia resulta por eso contradictorio con el mantenimiento de un servicio igualitario y universal.

La organización de un servicio de esas características en un contexto de gestión descentralizada requiere la colaboración de todas las CCAA para atender sin diferencias en cada una a pacientes de otras, y economías de escala para mejorar la eficiencia del conjunto. Lo contrario lleva a multiplicar los recursos disponibles en cada una de manera ineficaz (peores resultados en términos de calidad de la atención prestada donde se atienden menos pacientes por debajo de ciertos límites) e ineficiente (en sanidad, el mayor gasto no garantiza necesariamente la mejora de la atención), lo que provoca el aumento global del gasto y problemas crecientes para el desplazamiento de pacientes entre CCAA.  

Desoír estos argumentos lleva a una situación absurda: somete las partidas que ocupan la parte principal de los presupuestos y el gasto autonómicos a mecanismos y reglas definidos con criterios adecuados a la financiación y distribución de otras partidas minoritarias que, además, no deben conformar un servicio público universal.

Competencias y servicios

En Canadá, único país que ofrece protección sanitaria universal y gestión descentralizada por sus provincias, equivalentes a nuestras CCAA, tal combinación ha llevado a un sistema de distribución de la financiación sanitaria cada vez más separado de la dirigida a otras competencias y servicios. Sobre la base de unos mismos impuestos, la financiación sanitaria está sometida a mecanismos de distribución y control diferenciados, condiciones específicas para el acceso a ciertas partidas presupuestarias relacionadas con la colaboración de todas las provincias a la atención igual de todos los pacientes en cualquier territorio, y a un sistema de compensación automática entre ellas que la hace viable. La financiación sanitaria ocupa además un lugar relevante en el debate político general y en las reuniones de la conferencia de presidentes provinciales.

Aquí, algunos partidos, obsesionados por presentar el deterioro financiero del sistema sanitario como resultado exclusivo de las medidas de recorte llevadas a cabo por el PP, demandan como prioridad frente al debate del sistema de financiación el aumento de la capacidad financiera autónoma de las CCAA que gobiernan. Esta reivindicación es contradictoria con priorizar el carácter universal y necesariamente cooperativo del servicio sanitario. A la vez, como ocurre en otras áreas de la gestión sanitaria, esos mismos partidos proponen medidas parciales, como la restauración de un fondo de cohesión adicional, promotoras de un aumento ineficiente del gasto, contradictorias con una reforma más profunda del sistema de financiación.

Frente al apoyo sostenido entre PP y PSOE al sistema de financiación todavía vigente, aprobado en 2009, las únicas posiciones críticas se han alzado desde el PP: hace pocos días el reelegido presidente de Galicia expresaba su criterio de que la financiación sanitaria requiere una “pieza separada”. Sería el momento de que, frente a intereses autonómicos partidarios, los partidos de la oposición plantearan iniciativas similares que permitieran acordar una nueva forma de distribución independiente de la financiación sanitaria que resulte más eficiente. Esta condición se ha demandado del sistema sanitario español también desde fuera, y debe evitar cualquier nuevo recorte sanitario que para el control del gasto en este sector se pudiera proponer.

 

(*) Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, con especialidad en Cardiología, y secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

España ni está ni se la espera

Por: | 16 de enero de 2017

(*) FERNANDO VICARIO

 

ColBaile de la cultural popular colombiana.

 

La solidaridad y el cariño de América Latina hacia España no tiene freno, salvo por el freno permanente que echa España. Uno de los espacios más activos y eficaces hasta la fecha había sido el cultural. Las continuas interacciones en procesos de gestión, de ejecución y de dinamización de proyectos artísticos, patrimoniales y últimamente de industrias de la cultura marcaron a muchos latinoamericanos y españoles dejando en ambos lados procesos reales de trabajo, ilusiones y realidades compartidas. Legislaciones que buscaban ser equiparables, políticas que dialogaban y presupuestos que, a veces públicos y a veces privados, apoyaban el desarrollo y crecimiento de estos modelos.

España se amparó en la crisis y con esta evasiva se salió de todo. La crisis fue una burda excusa para un cambio de modelo. No era tanto el dinero que se invertía en comparación con la cantidad de beneficios que brindaba a la construcción de ese anhelado espacio cultural.

Claramente, ese modelo a España no le gustaba; le asustaron los derroteros de algunos países latinoamericanos, y decidió excusarse en esa ‘salvadora’ falta de recursos que dejó de manifiesto una atronadora falta de intencionalidad política para seguir construyendo con América Latina un modelo de relación basado en la gente, en lo que le preocupa, divierte, enseña, desarrolla y construye como mejores seres humanos.

Donantes y receptores

La cooperación ya no responde al modelo del siglo pasado edificado sobre donantes y receptores. Cooperar es construir juntos, inventar modos y formas de enfrentar grandes retos que pueden afectar a las partes implicadas y cuya solución requiere aportes de cuantos más actores mejor. En ese terreno, España no se sabe mover con América Latina: o bien le muestra un paternalismo excesivo o bien la llena de empresas de dudosa moral y ética en su proceder.

Hablar entre iguales requiere saberse entre iguales. España no ha querido dar ese paso en estos últimos años. Lo venía construyendo y lo dejó caer. Ahora, en América Latina ni siquiera se espera a la donante de hace muchos años, a la cómplice, a la compañera de viaje. Esto se fragua a través de procesos culturales. Ojalá que en esta nueva etapa revisemos el modo de relacionarnos con América Latina y devolvamos a la cultura el papel que nunca debió perder.

 

(*) Fernando Vicario es experto en cooperación cultural.

Trump y su lucha contra la destrucción de empleo

Por: | 12 de enero de 2017

CARLOS XABEL LASTRA-ANADÓN (*)

 

DtDonald Trump, presidente electo estadounidense, durante una rueda de prensa.

 

Una de las promesas electorales más sorprendentes del presidente electo de Estados Unidos es la de hacer que vuelva el empleo masivo a las zonas manufactureras y de minería. Zonas como las carboneras de Appalachia, las antiguas siderurgias de Pennsylvania o las fábricas de coches de Michigan. Desde luego no tan diferente a cómo sería el devolver la actividad a los astilleros de Huelva o las cuencas mineras asturianas. E igualmente difícil. A continuación, explico las fuerzas económicas contra las que toda la testosterona de Donald Trump tendrá que librar una batalla casi quijotesca.

Las causas de los problemas de estas regiones son una creciente sustitución de los trabajos tradicionales por tecnología y, en menor medida, el desplazamiento de trabajos a países de menor coste. Medidas públicas tan exitosas en el siglo XX como la inversión en educación en todos los niveles (primero en secundaria y posteriormente en universidades) no parecen, de acuerdo con esta lógica, efectivas.

El resultado principal es el visible incremento de la desigualdad desde los años 80 en Estados Unidos, dejando a un número creciente de ciudadanos y jóvenes con menores perspectivas laborales que las que sus padres tuvieron. La gran mayoría está estancada: frente al incremento de ingresos de ejecutivos, financieros y rentistas, para el 90% de la población americana los ingresos han crecido menos de un 0.5% anual entre 1979 y 2013 (Bivens et al., 2014).

La historia principal del crecimiento de rentas medias en Estados Unidos desde 1900 hasta 1980, consistió en que el aumento de tecnologías, en principio, hacía a los trabajadores cada vez más productivos. La automatización de tareas es obvia en muchas industrias. Pero incluso en servicios permitió, por ejemplo, que los empleados de banca no tuviesen que realizar operaciones de contabilidad, asentamientos o transferencias manualmente, pudiendo dedicar tiempo a tareas más productivas como las ventas o la resolución de problemas con los clientes.

La universalización de la educación secundaria y luego universitaria permitió también una simbiosis o complementariedad clara entre el progreso tecnológico y la productividad humana. Trabajadores cada vez más cualificados operaban maquinaria cada vez más sofisticada. El avance de la educación hizo, por tanto, aumentar las rentas medias, beneficiando a una gran masa de trabajadores, lo cual disminuyó la desigualdad.

 

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Cambio en número de empleos por profesión en Estados Unidos 1980-2005, ordenados en el eje de las x por nivel de salario medio en la profesión en 1980. Fuente: Autor, D. y Dorn, D. (2013): “The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market”. American Economic Review 103.

 

El problema es que esa época ha concluido. Como se puede ver en el gráfico, recientemente sólo han aumentado (en porcentaje, aunque las masas son muy diferentes) los trabajos de alta y de baja remuneración, pero no los de niveles medios. Los técnicos y operarios de máquinas están desapareciendo. Los trabajos disponibles en Appalachia (al fin y al cabo, Estados Unidos aún hoy tiene pleno empleo) no son ya la minería de interior de gran ocupación laboral: para la mayoría son trabajos de servicios en hospitales, restaurantes y centros de mayores. Para los más afortunados, hay un puñado de trabajos bien pagados en fracking.

Esta polarización, sin embargo, puede estar anticuada en unos años: de acuerdo con estimaciones recientes, el 47% de los empleos será automatizable en las próximas una o dos décadas (Frey and Osborne, 2017). Más allá aún, es probable que avances en inteligencia artificial hagan que los trabajos imposibles de automatizar hoy también desaparezcan: por ejemplo, cada vez más startups intentan introducir tecnología para la elaboración y distribución de comida en restaurantes[1] y robots que ya hoy realizan muchas de las labores de auxiliares de enfermería en Japón.

Al mismo tiempo, en el extremo de los que hasta ahora se han beneficiado más de tecnología cada vez más potente que permite hacer más con menos están igualmente amenazados: Google prevé que una parte sustancial de sus desarrolladores de software sea sustituida por su supercomputadora ‘Deep Mind’ que pretende “resolver el problema de la inteligencia”, sustituyendo la humana por algo más barato que los muy inteligentes trabajadores que hoy tiene. No necesita seguir programas linealmente, sino que podrá plantear sus propios problemas y establecer nuevas formas de resolverlos, desde probar teoremas hasta repensar cadenas de montaje. En resumen, sólo quedarán los dueños o diseñadores de unas máquinas que se operan a sí mismas, además de aquellos que trabajen en servicios para este grupo.

Comercio internacional

El horizonte del presidente Trump son cuatro, acaso ocho años, si es reelegido. Sus políticas de protección contra el comercio internacional pueden funcionar en esos horizontes cortos. Pero me temo que las fuerzas de largo recorrido sólo pueden ser aplacadas temporalmente y necesitarán de otras soluciones. La de dar más y mejor educación, parece hoy menos relevante. Sí, habrá un grupo pequeño que necesite estar muy preparado para desarrollar tecnologías infinitamente productivas, frente a la inversión actual en estudios superiores, universitarios o profesionales para la mayoría o incluso la totalidad de la población. La mejor enseñanza supondrá sólo un billete para una lotería que tiene, para un grupo muy pequeño, un premio o retorno muy alto.

Imaginemos el caso de los fundadores de Google, ambos por entonces estudiantes de doctorado en Informática por Stanford, con un billete ganador que combinaba su conocimiento, trabajo e ideas brillantes. Sus compañeros menos afortunados en esa lotería pudieron trabajar como desarrolladores en el propio Google o empresas similares. En el futuro, los afortunados serán los dueños de las máquinas, pero el resto no podrán ser desarrolladores o diseñadores de segundo nivel, pues muchos de esos trabajos se automatizarán también.

Esto hace imperativo el replantearse la función y el contenido de unos sistemas educativos que hoy ya muestran señales de escasa efectividad: el premio económico de tener un grado o un máster está decreciendo desde el año 2000 y es ya muy desigual incluso para gente con el mismo título (Autor, 2014). Una educación universal, en este mundo cambiante, deberá acercar a más gente a la posibilidad de ser emprendedores de alta productividad, en definitiva a aumentar el número de billetes de lotería con premio. No está nada claro cómo se puede conseguir eso y está bastante claro que el tipo de educación actual no lo está consiguiendo. Pero las soluciones que Trump ha propuesto hasta ahora harán muy poco por cambiar la tendencia de fondo.

[1] Spyce, por ejemplo, ganó una de las categorías del MIT 100K Competition el año pasado, https://www.digitaltrends.com/cool-tech/spyce-robot-kitchen-mit/.

Referencias

Autor, D. (2014). Skills, education, and the rise of earnings inequality among the “other 99 percent”. Science, 344

Bivens, J., Gould, E., Mishel, E., Shierholz, H. (2014). “Raising America’s Pay” Economic Policy Institute Briefing Paper 378.

Frey, C.B., Osborne, M.A. (2017): "The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?”. Technological Forecasting and Social Change 114.

 

(*) Carlos Xabel Lastra-Anadón es estudiante de doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

 

Un portugués y europeo excepcional

Por: | 09 de enero de 2017

NICOLÁS SARTORIUS (*)
 
 
Mario_Soares_Carmo_1_1Mario Soares en un acto con simpatizantes.
 
 
 
Con el fallecimiento de Mario Soares perdemos un amigo irrepetible. Uno de los padres de la democracia portuguesa, es decir, del nuevo Portugal que surgió, en 1974, de la 'revolución de los claveles'.  Resistente incansable contra la dictadura de Salazar y Caetano y encarcelado en varias ocasiones, este abogado socialista se exilió en París, donde mantuvo estrechos contactos con la izquierda española, tanto socialista como comunista. De regreso a Portugal, después de aquel abril del 74 que nos llenó a todos de esperanza, lo fue todo en la política portuguesa: diputado constituyente, ministro de Asuntos Exteriores, jefe del Gobierno, presidente de la República y uno de los impulsores de la descolonización de Angola, Mozambique y Guinea Bissau.
 
Como lúcido estadista, siempre fue un firme partidario de mantener las más estrechas relaciones con España, lo que se tradujo en sucesivos tratados y convenios de amistad y cooperación entre ambos países que sustituirían a los firmados entre los dictadores Franco y Salazar, que condenaron a España y Portugal a vivir de espaldas durante 40 años. Fruto de esas nuevas relaciones democráticas fue nuestro ingreso simultáneo en las Comunidades Europeas, luego transformada en la Unión Europea.
 
Durante sus mandatos,tanto como jefe del Gobierno como presidente de la República, visitó con frecuencia España. Tuve ocasión de coincidir con él en algunas recepciones oficiales y encuentros en el Parlamento español. Comprobé que tenía un gran interés en conocer la situación de la izquierda española, las relaciones entre socialistas y comunistas, el movimiento sindical, el papel que las fuerzas progresistas deberían de jugar en la construcción europea. Soares siempre fue un europeísta convencido, un gran líder europeo, lo que no era óbice para que manifestara las críticas más incisivas sobre cómo se estaba construyendo la UE, en especial durante los últimos años, con contundentes argumentos en contra de la política de austeridad que empobrecía a los ciudadanos.
 
Relaciones España-Portugal
 
Críticas que tuve la ocasión de escucharle en un seminario que la Fundación Alternativas organizó en Lisboa, en el que participó Soares junto a Felipe Gonzalez y representantes políticos y sociales de ambos países. Más tarde le invitamos a encuentros en Madrid, en el marco de los periódicos seminarios sobre las relaciones de España, Portugal, la UE y América Latina. Siempre acudió con gran generosidad por su parte, dejándonos la contribución de su sabiduría y experiencia. Hace un par de años, una delegación de Alternativas nos desplazamos a Lisboa con el fin de establecer un convenio de colaboración con la Fundación Mario Soares.
 
Resulta inolvidable la calurosa acogida del presidente Soares, la visita al archivo que lleva su nombre, compendio de una parte esencial de la Historia de Portugal, tan cercano y tan querido. Que sirvan estas breves líneas para manifestar a la familia, amigos y compañero de la Fundación Mario Soares nuestro más profundo pesar por la irreparable pérdida que supone la desaparición de un portugués y europeo excepcional, gran amigo de los españoles.
 
 
(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

El reto contra el terrorismo que nos trae 2017

Por: | 02 de enero de 2017

CARLOS CARNERO (*)

 

TurquiaOperarios sanitarios evacuan a los heridos en el atentado de Estambul.

 

Turquía ha sido víctima de un nuevo atentado terrorista, esta vez reivindicado por el Daesh. A la firme condena del crimen, hay que sumar algunas reflexiones de urgencia.

Una vez más, los terroristas vuelven a atacar donde pueden y como pueden: el 'modus operandi' elegido ha sido el mismo que en la sala Bataclan de París, aprovechando una de las miles de celebraciones particulares que concentran suficiente número de personas como para asegurar la masacre, perpetrada esta vez –como en Berlín- por un asesino solitario. La conclusión es que golpean, pero carecen de la capacidad logística suficiente para burlar a las fuerzas de seguridad con acciones más sofisticadas.

La lógica de los criminales vuelve a mostrar su simpleza: hoy le ha tocado a Estambul sufrir sus ataques porque con ellos tratan de enredar la situación en aquellos países donde esperan provocar dinámicas de acción-reacción. Si en diciembre buscaban en Alemania favorecer una ola de opinión contra la inmigración (perjudicando así las opciones de los partidos democráticos en vísperas de un año electoral), ahora desean complicar las cosas en un país clave en el Oriente Próximo que atraviesa una coyuntura política compleja tras el Golpe de 2016 y la deriva autoritaria de Erdogan. Afortunadamente, las democracias –perfectas o imperfectas- no han caído hasta la fecha en las provocaciones.

Mucho me temo que el desarrollo de la guerra en Siria, la toma de posesión de Trump y el crucial año electoral que nos espera en Europa harán de 2017 un año especialmente atractivo para el terrorismo, empeñado en desestabilizar al máximo a todo y a todos.

La respuesta a esa perspectiva –que nadie puede ignorar, por desagradable que resulte- debe ser triple: más cooperación entre las fuerzas de seguridad de las democracias para dejar a los criminales sin ningún margen más allá del que el azar pueda proporcionarles, discursos políticos nítidos que no cedan ni un milímetro al racismo o la xenofobia y esfuerzos redoblados por solucionar los conflictos que siguen arrasando el Oriente Próximo.

La comunidad internacional cuenta desde el 1 de enero con un excelente líder en la ONU, su nuevo Secretario General, Antonio Guterres, que debería desempeñar un papel clave en la tercera de las respuestas. En la primera y en la segunda, la apuesta de la Unión Europea –en su 60 cumpleaños- tendría que ser fundamental cuando las incógnitas que abren Trump y Putin son algo más que inquietantes.

Lucha internacional

España conoce bien la lacra del terrorismo, empezando por el etarra, que combatimos con la ley en la mano hasta derrotarlo. Nuestra experiencia –que incluye haber sufrido el zarpazo brutal de los fanáticos el 11 de marzo de 2004- puede ser de utilidad ahora en la lucha internacional contra los asesinos.

Nuestro país ya no será miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en 2017, pero sin duda será un gran aliado de Guterres en el trabajo que ahora inicia. Y, ante todo, tiene que jugar un papel protagonista en la UE, que tiene que seguir siendo el mayor espacio democrático y de integración del planeta. Papel que será más determinante con el acuerdo entre las principales fuerzas políticas europeístas españolas sobre los grandes objetivos de la Unión, comenzando por la derrota del terrorismo.

No es hoy el día para analizar la situación turca, llena políticamente de luces y de sombras, porque tras el atentado de Estambul solo cabe mostrar el respeto por las víctimas y la solidaridad con una democracia aliada de Europa.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

El País

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