El Gobierno cumple 100 días: ¿Estabilidad parlamentaria o apatía gubernamental?

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante una comparecencia.

 

Con las elecciones europeas de mayo de 2014 surgieron en la vida política española nuevos partidos que renovaron el debate al integrar en sus propuestas distintas preocupaciones de los ciudadanos, y sobre todo de los electores de menor edad. El cambio fue refrendado en las elecciones de 2015 y 2016. Y las novedades fueron significativas: nunca el partido más votado había obtenido un porcentaje tan bajo de voto popular, nunca un candidato a la Presidencia del Gobierno había sido rechazado por el Congreso, lo que había dado pie a una repetición electoral seis meses después, y nunca había tenido que aceptar compromisos exigidos por otros partidos estatales como condición para permitir su investidura.

Desde 2015, el largo periodo de interregno vivido nos había convencido a todos de que, esta vez sí, la manera de gobernar sería diferente. Todo apuntaba a que nos encontrábamos ante una situación que necesariamente iba a aportar novedad al sistema. La desconfianza de los ciudadanos y el malestar ante la situación política abocaban, no ya a una sincera renovación, sino a la certeza de que el nuevo Gobierno y sus apoyos parlamentarios harían frente a los problemas reales de los ciudadanos.

Para ello, conocimos detallados documentos elaborados por los partidos que intentaban acercar posiciones, algo desconocido en la historia política española. Con estos compromisos el camino de las reformas parecía ya señalizado. Incluso la traumática abstención del PSOE en la investidura de Rajoy no dejaba de insertarse en una nueva cultura de pactos, compromisos y cesiones mutuas en aras de dotar al país de un Gobierno y de una hoja de ruta para la acción gubernamental.

Por este motivo, tras un año de incertidumbres, y tres meses después de la toma de posesión de Rajoy y su Gobierno, parece que es el momento de verificar si esta creencia ha resultado cierta.

Pues bien, las expectativas y oportunidades de octubre de 2016 se van esfumando rápidamente. El funcionamiento diario del Gobierno y de la Administración apuntan a pocos cambios de fondo y a continuismo. Aunque Gobierno y oposición siguen hablando de “las reformas que España necesita”, estas ni se precisan ni se vislumbran en el medio plazo.

Ya vimos en su momento cómo los cambios en el Gobierno se reducían a los imprescindibles, la estructura administrativa apenas se adaptaba a la nueva realidad parlamentaria y todo apuntaba a un continuismo inquietante cuando lo que se espera es innovación y capacidad de entusiasmar a un país seriamente preocupado por su futuro.

Ingresos y gastos

Si ponemos el foco en la acción desarrollada por el Gobierno hasta este momento, lo único claro es el interés en administrar las reformas llevadas a cabo en el periodo de mayoría absoluta, sin que se atisben nuevas iniciativas que atiendan esas prioridades de país que se explicaban en los documentos para el pacto hechos públicos por los partidos: ofrecer un proyecto atractivo a la mayoría de la sociedad catalana, fomentar de forma rigurosa el desarrollo de iniciativas empresariales que aporten prosperidad, ofrecer alternativas para atender el desajuste entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social, mejorar las condiciones de los “pobres con trabajo” y una política decidida que revierta el incremento de la desigualdad en aras de cohesión y paz social.

Con sorprendente celeridad el Gobierno ha recuperado el hábito de legislar mediante Real Decreto-ley, y en tres meses ya ha dictado 7, que se suman a otros 2 ya aprobados en el periodo en funciones: medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social; medidas urgentes en materia financiera; ampliación del calendario de implantación de la LOMCE; impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica; medidas de protección en materia de cláusulas suelo; y medidas urgentes con daños causados por temporales. Una forma de legislar sorprendente por parte de un Gobierno con apenas el 34 % de voto popular, pero que ha conseguido el apoyo del PSOE en todos ellos salvo en el de las cláusulas suelo, en el que se abstuvo.

Más complicado está resultando el ejercicio de la propuesta legislativa ordinaria, ya que la tramitación parlamentaria requeriría de acuerdos con otros grupos políticos y sometería al texto remitido a unas tensiones siempre incómodas para el Gobierno proponente. Posiblemente por este motivo el Gobierno ha remitido al Congreso tan sólo 4 proyectos de ley, lo que no parece mucho si tenemos en cuenta que todos ellos vienen obligados por exigencia comunitaria y trasponen al Derecho interno otras tantas directivas, aunque entre ellas esté la nueva e importante Ley de Contratos del Sector Público.

Las comparecencias parlamentarias tampoco aportan grandes novedades y, desde luego, contadas referencias al contenido de los pactos políticos. Incluso todo parece indicar que el Gobierno o bien sigue en funciones y limita sus actuaciones a la gestión de los asuntos de trámite, o bien se ha instalado en un ritmo cansino que además socialmente ha sido aceptado, cuando no visto con indiferencia.

En este vacío de ideas se sobrevaloran las virtudes del pacto por sí mismo. Dando por buena la voluntad del Gobierno de pactar la reforma educativa, o de las pensiones, la legislación de seguridad ciudadana o incluso algunos aspectos de la reforma laboral, tenemos hoy por hoy un completo desconocimiento sobre el alcance de estas reformas, y no digamos sobre si estas pueden encajar en las demandas de otras fuerzas políticas. El único dato cierto es la cuantía del techo de gasto, pero tampoco tenemos noticia alguna de su desarrollo en el proyecto de presupuestos para 2017.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria ha sido más activa que nunca; aunque, por el momento, ha resultado estéril. Frente a los 4 proyectos de ley remitidos por el Gobierno, en el Congreso se han presentado 73 proposiciones de ley: 64 de los Grupos parlamentarios (12 de Unidos Podemos y confluencias, 19 del Grupo Socialista, 7 de Ciudadanos, 4 del PP, 8 de ERC, 6 del PNV y 16 del Grupo Mixto), 1 del Senado y 8 de las CCAA. Además, se han presentado 10 iniciativas legislativas populares.

Fuertes diferencias

A la espera de conocer el resultado final de estas iniciativas, aún más incierto por haber sido cuestionadas por el Gobierno al considerar algunas como un riesgo para el control del gasto público, su contenido pone de relieve el fuerte peso de la izquierda en el Congreso, hasta el punto de que pueden leerse como todo un programa de revisión de los aspectos más controvertidos de la política desarrollada por el Gobierno en estos años. Es decir, nos encontramos en un escenario con fuertes diferencias para avanzar en espacios compartidos. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado o participado en las siguientes iniciativas, que sistematizamos con la única finalidad de que nos ayuden a adivinar el recorrido futuro de la Legislatura:

• Seguridad y libertades. Modificaciones sustanciales en la Ley de Seguridad Ciudadana.
• Justicia: Tasas judiciales; derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal: reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Código Penal.
• Educación: suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE.
• Energía: fomento del autoconsumo eléctrico.
• Cultura: impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el tipo impositivo aplicable a las actividades culturales.
• Política social: protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
• Sanidad: universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. 
• Política laboral: Igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
• Medios Públicos de Comunicación: modificación de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
• Sistema electoral: reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y sus confluencias han centrado sus iniciativas en cuestiones más innovadoras y aún más opuestas a la política popular de los últimos años, como la regulación de la eutanasia, la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho; la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local; la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional; la modificación del Código Penal; o la concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles.

Obstáculos parlamentarios

Contar con un Gobierno en ejercicio desde hace ya tres meses ha hecho olvidar en el día a día que las especiales circunstancias que llevaron a la investidura de Rajoy permanecen intactas y que la aspiración de un posible “Gobierno parlamentario” o de un Parlamento que controle al Gobierno eficazmente se ha mostrado poco realista, ya que este dispone de suficientes recursos constitucionales para ir sorteando muchos de los obstáculos parlamentarios.

La opinión pública parece haberse olvidado de la efervescencia del año pasado. Se muestra desmovilizada y poco crítica y parece despreocuparse del escaso pulso gubernamental. Pero también en el Gobierno se aprecia cansancio y síntomas de “vacío de ideas”. Las ponencias del 18º Congreso del PP son una muestra evidente de sus dificultades para ampliar su agenda de trabajo más allá de la simple administración de las medidas adoptadas desde 2012.

En esta situación, hemos conocido los límites de posibles acuerdos con el Grupo Socialista, que no puede seguir dando su conformidad a reales decretos-ley al ritmo actual; lo que aboca a que, una vez desactivados los riesgos congresuales y consolidada la posición de los equipos dirigentes, en cualquier momento se asuma la idea de vuelta a las urnas a corto plazo y se reinicie el periodo de interinidad y espera de nuevas elecciones.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador