Las (desiguales) consecuencias del Brexit en política climática y ambiental en Reino Unido y Europa

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

La ciudad de Londres, cubierta por la polución.

 

El impacto de la salida de la Unión Europa para la política ambiental de Reino Unido será muy significativo, aunque diferirá según los temas. Se espera que en producción de renovables el impacto sea limitado. Ya hay comprometidas nuevas inversiones de parques eólicos y de instalaciones de energía solar y la rentabilidad económica de las mismas asegura su futuro no sólo en Reino Unido, también en otros países que prevén nuevas inversiones en producción de electricidad. Sin embargo, en otros ámbitos ambientales en los que el retorno de las inversiones sean indirectos y ocurran gracias a la internalización de los costes (mejora de la salud de las personas, más puestos de trabajo o mayor nivel de innovación), es muy probable que los niveles de ambición y compromiso del Gobierno británico se rebajen frente a los objetivos europeos. Hablamos por ejemplo de calidad del aire o protección de la biodiversidad.

En Reino Unido, como en muchos otros países de la Unión Europa incluyendo a España, la pertenencia a la UE ha sido definitiva para su política ambiental. Gracias a las políticas europeas, Reino Unido ha reducido los niveles de contaminación del agua, del aire y ha ‘enverdecido’ sus mercados. Así lo reconoce un informe de la Cámara de los Comunes que destaca el enorme papel que ha jugado la UE en la política ambiental del país, no sólo por los objetivos específicos sino también por la vigilancia en el cumplimiento de los mismos.

Es justamente esta falta de rol de vigilancia sobre el cumplimiento el problema más importante identificado por la Cámara de los Comunes, que advierte que este papel tendrá que ser asumido por las instituciones británicas, ardua tarea a día de hoy. Señalan también el inmenso trabajo que supondrá ‘desconectar’ la regulación ambiental de las normativas europeas. Prácticamente su totalidad está relacionada con mecanismos, estándares, objetivos y otras medidas acordadas desde Bruselas.

El impacto positivo en inversiones y mejoras ambientales que ha supuesto para Reino Unido ser parte de la UE queda demostrado fácilmente con algunas cifras. Por ejemplo, gracias a la Directiva Europa de producción de renovables, en Reino Unido, en sólo 4 años, de 2010 a 2014, la producción de electricidad con fuentes renovables ha crecido 10 puntos, subiendo del 7 al 14%.

En términos climáticos el impacto no está claro. Aunque el objetivo de reducción de emisiones del país para 2050 es más ambicioso que el obligado por Europa -80% de reducción de sus emisiones en base a 1990[1]-, una de las primeras decisiones que tomó la primera ministra británica, Theresa May, al poco de ser nombrada, fue eliminar el departamento de cambio climático y energía. En su lugar se creó el ministerio de actividad empresarial, energía y política industrial.

El impacto será negativo en otras políticas ambientales. Por ejemplo, en la calidad del aire la situación es mucho más complicada. La Directiva Europea de calidad del aire obliga a cada país de la UE a redactar planes de acción para reducir la cantidad de emisiones contaminantes. Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones y no parece que lo vaya a hacer. Aunque las medidas de movilidad sostenible deben tomarse a nivel urbano y a nivel regional, hay otras medidas que deben tomarse a nivel nacional. Por ejemplo, la restricción de uso de vehículos más contaminantes.

Una vez que no exista la presión de Europa sobre cumplimiento de la directiva, sólo quedará la presión de ONGs ambientales, colectivos que trabajan en el sector de la salud y de otras organizaciones sociales. En lugares donde el gobierno local tenga entre sus prioridades la mejora ambiental, como es el caso de Londres, se puede esperar que se tomen decisiones más o menos ambiciosas, pero no es esperable que esto ocurra en otras ciudades con gobiernos menos progresistas en lo ambiental. Será la salud de los ciudadanos la que pague la falta de acción. Sólo recordar que según la OMS la contaminación del aire es responsable de 6,5 millones de muertes en el mundo.

Acuerdos comerciales

Desde Bruselas se ha advertido del impacto futuro de esta posible bajada de la regulación ambiental. La UE podría no aceptar acuerdos comerciales con Reino Unido  en el caso de que se reduzcan las medidas ambientales o sociales, tal y como ha advertido el negociador jefe europeo sobre Brexit, Michael Barnier.

Los impactos económicos negativos para Reino Unido no terminan ahí. El país dejará de recibir los fondos destinados al desarrollo de infraestructuras ambientales, así como para investigación y desarrollo en temas climáticos y ambientales de instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El impacto será también significativo en el sector agrícola. Se calcula que entre el 50-60% de los beneficios de muchos de los agricultores británicos provienen de ayudas concedidas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).

El Brexit también nos afectará a nosotros. La UE pierde el empuje y la presión para elevar la ambición de las políticas climáticas que tradicionalmente ha ejercido el Reino Unido. Fueron los primeros en establecer un mecanismo de mercado de emisiones y son los únicos en el marco europeo en aprobar presupuestos de carbono que acompañan, anualmente, a los presupuestos económicos. También perderemos el trabajo de los activistas ambientales británicos que, por ejemplo, criticaron duramente los objetivos sobre pesca y agricultura asumidos por la UE por su poca ambición en términos ambientales.

En resumen, lamentablemente la salida de Reino Unido de la Unión Europea es un buen ejemplo de una situación en la que todos (o la gran mayoría) pierden y perderán, y ante la que las soluciones son no sólo complicadas, sino costosas, tanto a nivel económico como ambiental.

 

[1] España no ha adquirido ningún compromiso de reducción en el largo plazo y desde Bruselas se habla de un escenario de reducción de emisiones, no de compromiso, de entre 80-95% en 2050.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.