Cultura y sostenibilidad

LUCÍA VÁZQUEZ GARCÍA (*)

 

 

Lo más seguro es que muchos de quienes hoy han elegido jugar un papel activo en la lucha contra el cambio climático, comenzaron preguntándose ¿qué puedo hacer yo desde mi experiencia, mi profesión, mis conocimientos? La respuesta puede ser más o menos directa para especialistas en determinadas disciplinas tecnológicas o científicas; para gobernantes, políticos o docentes. Sin embargo, cuando los profesionales del arte y la cultura nos hacemos esa pregunta, la conexión, en un primer momento, resulta extraña.

El cambio climático, por razones obvias, se ha abordado desde campos muy alejados de las Humanidades: la agricultura, la arquitectura, la botánica, la ingeniería… Y son estas disciplinas las que aportan datos actualizados de los cambios que está provocando la era del Antropoceno. ¿Y la cultura?¿y el arte? No existen datos sobre el impacto ambiental de instituciones culturales más allá de los todavía escasos museos que miden la huella de carbono que deja su actividad expositiva, y son pocas las que han conseguido integrar la sostenibilidad en el contenido de sus propuestas.

Para contribuir a llenar este vacío, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) reúne por primera vez en nuestro país, los próximos 4 y 5 de abril, a profesionales del mundo de la cultura para debatir qué papel tienen y pueden jugar las instituciones culturales en la ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La inmensidad de los ODS hace que su cumplimiento pase por la implicación de la sociedad civil. Sin una transformación social que lleve paulatinamente a la población a modos de vida más sostenibles, no podremos alcanzar las metas propuestas para 2030.

En ese sentido, el arte se erige como una potente herramienta. Un ‘arma’ que integra ciencia, tecnología o filosofía y que abarca lo local, lo regional, nacional e internacional.

La transformación social, en última instancia, es un proceso emocional. Las personas en un momento dado reaccionan, se motivan y empoderan, cambiando su estilo de vida. El arte posee esa capacidad de ser estímulo y motor de cambio social al apelar a la emoción, y ser un vehículo para la misma. Tiene la excepcional habilidad de comunicar simbólicamente, con lo que permite nuevas perspectivas y maneras de percibir e interpretar el mundo y nuestros hábitos. Como afirma Gardner, “el arte proporciona los instrumentos necesarios para abordar ideas y emociones de gran significado que no pueden articular ni dominar a través del lenguaje corriente”.

Respuesta al problema

Cada vez más artistas contemporáneos entienden la obra y el proceso artístico no como un logro técnico y relativamente hedonista, sino como la solución o la respuesta al problema de la sostenibilidad.

Utopías como las ‘Cloud cities’ de Tomas Saraceno, http://tomassaraceno.com/projects/cloud-cities-flying-garden/, instalaciones interactivas que exploran nuevas formas de vivir y sentir nuestro entorno. Realidades virtuales como ‘Solar Reserve (Tonopah, Nevada)’, de John Gerrard, http://www.johngerrard.net/solar-reserve.html#title_02, una simulación hecha por ordenador de una planta de energía solar e instalada en el Lincoln Center de Nueva York. O las poéticas obras de Olafur Eliasson, ‘Riverbed’, ‘Ice Watch’ http://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch, que nos recuerdan, como dice Luis Camintzer, que “el arte es un lugar donde se pueden pensar cosas que no son pensables en otros lugares”.

A medida que el mundo se hace más pequeño y complejo, necesitamos de ese arte que nos hace pensar y sentir. Que nos provee de un profundo conocimiento emocional de la realidad, que nos inspira y ayuda a comprender quiénes somos como especie y cómo hemos llegado a esta situación.

A la cuestión entonces que se plantea en las jornadas de la REDS sobre cuál es el papel de las instituciones culturales, estas, como transmisoras de los valores sobre los que se asienta la sociedad, han de participar activamente en la construcción de una mentalidad nueva, una nueva identidad global, la de socios en un mundo con el mayor reto de su historia por afrontar.

 

(*) Lucía Vázquez García es jefa de Educación del Museo Picasso Málaga y miembro del Comité Científico de la International Conference for Sustainable Development (ic-sd.org) 

El problema catalán: causas, creencias y aspiraciones

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Manifestación independentista en Barcelona.

 

Desde hace casi ya siete años la siempre compleja inserción de Cataluña en España ha conocido una sucesión de iniciativas y réplicas que pone sobre la mesa un creciente alejamiento, una incomprensión e, incluso, un rechazo que no habíamos visto desde los años treinta del siglo pasado. Esta situación se está prolongando demasiado y no se atisban iniciativas creíbles para abordarla. Antes bien, predominan posturas que proporcionan explicaciones rápidas y fáciles que permiten soluciones inmediatas, pero la complejidad del asunto exige una lectura más sosegada. La razón aconseja saber mejor lo que piensan los demás.

Con este fin ordenamos y exponemos datos ciertos sobre lo que piensa la sociedad catalana, y ello tan lejos de la pasión como de la interpretación interesada de los actores políticos. Son ocho pinceladas que ayudan a explicar las opiniones de los ciudadanos de Cataluña sobre el proceso soberanista, de acuerdo con las sucesivas encuestas conocidas.

La coincidencia y estabilidad de los datos refuerza su valor como radiografía de la situación y ponen de relieve la fortaleza del sentimiento identitario y el agotamiento del modelo autonómico y de relaciones actuales con el Estado, pero también las limitaciones que las aspiraciones independentistas tienen en el conjunto de la sociedad catalana y el escepticismo respecto al éxito del proceso.

Cataluña cuenta con un espacio público y de debate político propio y diferente del resto de España

El sistema de medios informativos interno propio de Cataluña aporta un espacio público que ayuda a configurar un debate político propio en el que se conforma una opinión mayoritaria que no siempre coincide con la del resto de España. Esto ayuda a crear una agenda privativa con problemas y cuestiones de interés diferente, de modo que los órganos de decisión política situado en Madrid, así como la opinión pública con proyección estatal, son ajenos al diagnóstico que proporcionan los encuestados en Cataluña.

Teniendo en cuenta que el 80% de la población accede a la información política a través de la televisión, tiene un enorme significado que el 47% de los televidentes, el 60% de los oyentes de radio y el 76% de los lectores de prensa escrita accedan a una información elaborada en la Comunidad y con poca o nula presencia de los cuatro diarios publicados en Madrid.

Un efecto de este panorama informativo es que el número de encuestados a quienes les interesa mucho o bastante la política española es del 43%, mientras que el interés por la política catalana asciende hasta el 55%, un dato que indica desatención y ajenidad, por no hablar de dificultad para encontrar temas de debate compartido. Igualmente, un amplio sector valora las elecciones al Parlament de Cataluña como más importantes que las elecciones al Congreso de los Diputados.

La mayoría de los ciudadanos opta por una identificación colectiva dual, catalana y española, pero también la mayoría tiene la certeza de que Cataluña es una realidad específica en España

De forma predominante se asume una identificación colectiva compartida catalana-española, en sus tres grados de preferentemente española, preferentemente catalana e igual, y que sorprendentemente supera a la opción independentista. Esta realidad continúa hoy día, a pesar de que en los últimos años se haya reducido sensiblemente, pues en enero de 2010 era del 78% y ahora es del 62%.

Este dato convive con otro significativo: los encuestados que optan por identificarse como predominante o exclusivamente catalana son el 48%, cuando en enero de 2010 eran el 46% y en octubre de 2012 llegó al 58%.

La sociedad catalana ha asumido una visión optimista del presente y del futuro de Cataluña, que contrasta con una opinión pesimista de España

La valoración de la situación política y económica de Cataluña es mucho más positiva que la de España: el 85% de los encuestados opina que la situación política de España es mala, muy por encima del 61% que opina que la situación política de Cataluña es mala. Los que consideran que la situación económica de España es mala o muy mala son el 77%, mientras que los que opinan que la situación económica de Catalunya es mala o muy mala son el 66%.

Además, se repite la creencia de que la situación política de Cataluña será mejor dentro en uno o dos años e incluso los abstencionistas son más optimistas cuando se les pregunta por el futuro de Cataluña y de España. Esta percepción impulsa la opción independentista.

La independencia despierta una mayoritaria expectativa de mejora de las condiciones de vida o, al menos, de mantenimiento de las actuales. La suma de estas dos alternativas supone el 59%, frente al 31% que considera que las condiciones de vida empeorarían en caso de independencia.

En este clima de confianza, la mayor parte de la población encuestada no cree muy probable la inmediata salida de una Cataluña independiente de la Unión Europea: el 50% lo cree poco o nada posible, mientras que el 40% lo ve seguro o muy probable.

 Y en coherencia con este contexto optimista, la valoración que los ciudadanos tienen del Gobierno catalán es menos mala que la valoración del Gobierno central. La valoración negativa de la actuación del Estado alcanza el 84%, frente al 52% que valora negativamente la actuación del Gobierno de la Generalitat. Los motivos de esta actitud parecen indicar que en las actuales circunstancias no se relaciona la actuación de los Gobiernos con los resultados de las políticas que impulsan o practican. O visto de otra manera, en el escenario catalán actual la opinión pública juzga más a los políticos que a sus políticas.

La desconfianza y rechazo del Estado español se intensifica notablemente cuando se refiere al Partido Popular

El primer partido en resultados electorales en España, el Partido Popular, es visto como una opción alejada por el 82% de los encuestados: el 68% lo considera muy distinto y el 14% como bastante distinto. Este rechazo está muy por encima del que despierta C´s (67%) o el PSC (52%). Es una percepción coincidente con la que se tiene del Partido Conservador en Escocia y que se oyó en el referéndum de 2014 como un argumento más en favor de la independencia.

Es claramente mayoritaria la insatisfacción con el actual régimen autonómico, aunque la alternativa independentista no logra destacarse por encima del 50%

Desde hace ya bastantes años existe una mayoría que se declara insatisfecha con el nivel de autonomía alcanzado. En marzo de 2006 era el 58%, ahora es el 63% y tras la Sentencia del Estatuto llegó al 66%. Entre octubre de 2012 y noviembre de 2013 superó el 70% y llegó al 73% en junio de 2013, con ligero descenso desde entonces.

A la vista de esta desconfianza, la forma de organización territorial preferida es la del Estado independiente, con un 40%. La suma de esta opción y del 23% de encuestados que optan por la federalista suponen una mayoría destacada de catalanes que desean ir más allá del actual sistema autonómico, con el 63 %. Destaca, además, el elevado porcentaje de indecisos, con un elevado 8% de encuestados que no saben o no contestan.

La opción independentista es la primera desde junio de 2012, cuando se produce el verdadero cambio de opinión, pocos meses después de la victoria electoral del PP y no tanto tras la Sentencia de 2010. El dato más elevado fue del 48,5% en noviembre de 2013.

Este sentimiento independentista ha crecido en los últimos años, de modo que el 20% que declara ser independentista de toda la vida ha quedado superado por un 25% que dice haberse vuelto independentistas en los últimos años.

Los motivos para optar por la independencia se basan en razones identitarias, pero también se justifica por que supondría mejores condiciones de vida y mayores beneficios. En concreto, los tres motivos a favor de la independencia serían la capacidad y deseo de autogestión económica, la mejora de Cataluña, el sentimiento de incomprensión y ganar capacidad de decisión.

La suma de estos motivos de índole económica que asocian la independencia con la prosperidad se acerca al 60%. La suma de motivos identitarios o relacionados con el incremento de poder de decisión política suman algo más de ese 60%.

En el lado contrario, el principal motivo por el que los ciudadanos votarían en contra de la independencia es destacadamente el deseo de preservar la unidad de España, que es del 29% en noviembre de 2014. En segundo lugar se mencionan motivos identitarios y en tercer lugar la creencia de que no sería positivo para Cataluña o porque simplemente se estima inviable.

La sociedad catalana demuestra una fuerte desconfianza e insatisfacción con la actuación del Estado

Una sólida mayoría, que en junio de 2012 era del 75%, cree que la gestión tributaria debe corresponder a la Generalitat, que la solidaridad interterritorial es excesiva y que el Estado desatiende las necesidades de Cataluña en inversión.

Todos estos datos indican que una clara mayoría de los encuestados probablemente considera un mal negocio la integración de Cataluña en España. La pregunta de la solidaridad interregional es reinterpretada en junio de 2011 y se pregunta directamente si sería suficiente la recuperación de los 16.735 millones de euros en que se cuantifican los impuestos pagados por Cataluña a España, a lo que el 60% responde favorablemente.

En la misma línea, en junio de 2015 el 79% de los encuestados está totalmente o más bien de acuerdo con que el dinero recaudado en Cataluña y que no regresa es excesivo. Por todo ello, las relaciones financieras entre Cataluña y el Estado son consideradas mayoritariamente como injustas.

Es más, esta opinión también está muy arraigada entre votantes de ICV (76%) y del PSC (72%), e incluso tienen llamativos porcentajes entre los votantes de C´s (45%), mientras que tan sólo los votantes del PP mantienen en su mayoría una opinión contraria (28%).

En especial, se aprecia una fuerte insatisfacción por las inversiones que el Estado impulsa y lleva a cabo en Cataluña, pues existe un 50% de encuestados que, directamente, cree que las decisiones del Gobierno español en materia de infraestructuras perjudican a Cataluña.

La sociedad catalana percibe el referéndum como un acto de justicia y como el ejercicio de un derecho democrático

Como resultado lógico de la aceptación de la identidad colectiva diferenciada de Cataluña y de su consideración como nación, la existencia de un demos es tácitamente apoyada de forma clara y, por lo tanto, lo es también el derecho a expresar su voluntad de permanecer o no en España, que casi alcanza al 80%.

La alta consideración del derecho a decidir también se aprecia cuando se valora la reacción del Estado ante el proceso soberanista, ya que es mayoritaria la idea de que en España no existe democracia porque no se permite votar en Cataluña (56%) o que juzgar a un político por consultar a los ciudadanos es un atentado contra la democracia (46%). También merece resultados dudosos la afirmación de que el respeto a la ley es la base de la democracia, lo que concita importantes opiniones en sentido contrario.

Existe un fuerte escepticismo respecto a la posibilidad de acuerdos con el Gobierno, pero también respecto del resultado final del proceso soberanista y una escasa esperanza de que Cataluña alcance la independencia

La opinión pública catalana no espera demasiado del Gobierno central, y esto probablemente aporta solidez al deseo independentista. Es más, predominan los que no ven nada probable que el Gobierno ofrezca un acuerdo, con el 39%. Como quiera que el 33% piensa que es poco probable, la suma de estas dos posturas supone el 72% de los encuestados. En el lado contrario, el 18% piensa que el acuerdo es bastante o muy probable y el 10% no sabe o no contesta. En este punto el escepticismo cada vez es mayor, ya que en octubre de 2014 la suma de las dos primeras opciones era del 64%.

Esto no es obstáculo para que la mayoría de los votantes crean que se habría de aceptar una posible oferta del Gobierno, e incluso la aceptación de la oferta de diálogo supera el 50% entre los votantes de la CUP (50%) y JxSí (63%).

Sólo el 18% de los encuestados cree que el proceso finalizará con la independencia de Cataluña. Y resulta llamativo que, a pesar de las fuertes dudas, la opción más extendida es la que cree que finalizará con algún tipo de acuerdo (44%), mientras que el 28% cree que se abandonará por falta de apoyo social suficiente. Es decir, parece que la persistencia de la situación actual no es impedimento para que la creencia en un acuerdo razonable sea aún la opción que en primer lugar eligen los encuestados.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

2017, y continúa la violencia de género

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Concentración en Madrid contra la violencia de género. / ATLAS

 

Parece que 2017 está resultando especialmente temible por la comisión de asesinatos circunscritos al ámbito de la violencia de género. Aunque es cierto que la toma de conciencia de la sociedad sobre esta lacra va avanzando, también lo es que aún falta mucho trecho para ser optimistas al respecto de su asunción como un problema de todos.

Nos conmueve y nos entristece conocer un dato, o a veces dos, cada nuevo día, pero aun así seguimos padeciendo a la par el efecto sedativo de la reiteración. Suena terrible esto último, pero ocurre; acabamos contemplando, o leyendo este tipo de noticias, también con cierto halo rutinario que nos acaba desmovilizando.

Hay un conjunto de dimensiones de esta tragedia que es preciso tomar en consideración, si se desea abordarla firmemente. Comenzaré por una que, a pesar de su aparente obviedad, resulta clave para empezar a hablar y sobre la que voces autorizadas han llamado la atención de siempre: la contabilidad de las víctimas. Hasta para contar, que parece un ejercicio simple que nadie discutiría, hay sus controversias de calado, que no podemos abordar en un espacio tan pequeño como este.

Más allá de dichas discusiones, el recuento nos va dando la señal de esa gota casi diaria que nos golpea la conciencia cuando nos enteramos de un nuevo crimen, y va visibilizando y construyendo poco a poco un estante mental donde vamos situando esos sucesos, evitando que se olviden por casuales.

Ahora bien, estas cifras dolientes constituyen un dato numérico de mujeres asesinadas. La muerte es un hecho definitivo. Pero la violencia de género no se puede circunscribir al asesinato. Y eso, sin ahondar en las distintas posibilidades de ‘morir en vida’ que todos somos capaces de reconocer, asumir y empatizar.

Cambio paulatino

Gracias a los medios de comunicación, agentes socializadores del mundo moderno, seguimos esa contabilidad y, afortunadamente, aquí se ha ido notando un cambio paulatino en la forma en que la transmiten, aunque falte camino por andar. Se está llamando a las cosas por su nombre; afortunadamente es raro ya hoy en día leer aquello del ‘crimen pasional’; e incluso la adopción de la expresión ‘violencia de género’ ha ido avanzando frente a la ‘violencia doméstica’, que mezclaba demasiados actores y no singularizaba la cuestión específica sobre la que descansa el problema: la desigualdad de la mujer con respecto al hombre.

También se ha ido desplazando el concepto de ‘agresión’, entendido como algo puntual, por el de ‘maltrato’, que nos evoca de forma más ajustada la duración en el tiempo de una forma de tortura. Aun así, no está de más la adopción de buenas -e incluso de mejores- prácticas que siempre contribuirían a la mejor señalización del problema.

Poco se duda ya de que hay distintas formas de ejercer la violencia. No sólo está la agresión física que provoca una muerte; existen otras formas de aplicar todos los tormentos posibles. También hay que contar con el maltrato psicológico, cuyo alcance puede ser comparable a una cadena perpetua, con añadidos como el aislamiento y el abuso social, con unos costes astronómicos para la salud de las mujeres y, como también se está constatando, y de manera feroz, para la de los hijos.

En nuestro país, desde 2013, 166 menores han quedado huérfanos; y es más, todos recordamos con pavor cómo también a veces los propios menores han sido asesinados de las formas más brutales con el fin de causar el mayor daño posible a las madres.

La violencia de género también acarrea enormes costes de tipo social y económico, que están en el ‘debe’ de toda la sociedad, se sufra o no en primera persona su barbarie. Es una cuestión política que nos afecta, y por lo que no podemos mirar para otro lado, y que se puede enmarcar sin miedo a exagerar como una cuestión de derechos humanos.

No es fácil, pero se avanza en el sentido también de que se ha ido cambiando el marco interpretativo que da sentido a esa cuestión, que ayuda a comprenderla mejor, y que nos puede situar mejor ante una solución, al menos una salida. El problema tiene sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres y la obsesión por el dominio y el control de algunos de aquellos para con sus parejas, a cambio de una supuesta, y siniestra, protección.

Confusión

A pesar de los avances, sobre todo en cuestión de una concienciación paulatina de la sociedad -ya son pocos aquellos que dicen abiertamente que se trata de un asunto privado-, debemos recordar de forma clara y distinguible algunas cuestiones que se suelen presentar con un halo amplio de confusión.

Una de ellas es aquella mezcla, más habitual de lo recomendable, entre causas y factores. No son la misma cosa. Hay factores que pueden coadyuvar, o estar presentes, pero no ser la causa, como por ejemplo el alcohol o los malos tratos sufridos por los agresores en su infancia. Es preciso conocer la verdadera causa para erradicarla. Y por otro lado no caer en la ingenuidad complaciente de que la igualdad de sexos es ya una realidad, y que por tanto hay poco más que hacer en este sentido; porque justo es aquí donde radica su fundamento.

No hay que olvidar que no existe ni un solo retrato robot del maltratador, ni tampoco de la mujer maltratada. Se trata de un cáncer transversal a toda la sociedad, nadie se puede librar, ni está libre de padecerlo ni de disimularlo. Afecta a todas las esferas de la vida, y pasa factura a todas las sociedades. Incluso los países más desarrollados, ejemplos de tantos datos positivos -bienestar, educación, nivel de riqueza, transparencia-, no cumplen en este sentido con el mismo brillo.

Mirémonos en el espejo y sigamos reaccionando ante este ejercicio de pura maldad, anclado en un patrón desigual de relaciones entre los integrantes de la especie humana, que nos avergüenza y nos denigra como miembros de la misma.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

Las (desiguales) consecuencias del Brexit en política climática y ambiental en Reino Unido y Europa

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

La ciudad de Londres, cubierta por la polución.

 

El impacto de la salida de la Unión Europa para la política ambiental de Reino Unido será muy significativo, aunque diferirá según los temas. Se espera que en producción de renovables el impacto sea limitado. Ya hay comprometidas nuevas inversiones de parques eólicos y de instalaciones de energía solar y la rentabilidad económica de las mismas asegura su futuro no sólo en Reino Unido, también en otros países que prevén nuevas inversiones en producción de electricidad. Sin embargo, en otros ámbitos ambientales en los que el retorno de las inversiones sean indirectos y ocurran gracias a la internalización de los costes (mejora de la salud de las personas, más puestos de trabajo o mayor nivel de innovación), es muy probable que los niveles de ambición y compromiso del Gobierno británico se rebajen frente a los objetivos europeos. Hablamos por ejemplo de calidad del aire o protección de la biodiversidad.

En Reino Unido, como en muchos otros países de la Unión Europa incluyendo a España, la pertenencia a la UE ha sido definitiva para su política ambiental. Gracias a las políticas europeas, Reino Unido ha reducido los niveles de contaminación del agua, del aire y ha ‘enverdecido’ sus mercados. Así lo reconoce un informe de la Cámara de los Comunes que destaca el enorme papel que ha jugado la UE en la política ambiental del país, no sólo por los objetivos específicos sino también por la vigilancia en el cumplimiento de los mismos.

Es justamente esta falta de rol de vigilancia sobre el cumplimiento el problema más importante identificado por la Cámara de los Comunes, que advierte que este papel tendrá que ser asumido por las instituciones británicas, ardua tarea a día de hoy. Señalan también el inmenso trabajo que supondrá ‘desconectar’ la regulación ambiental de las normativas europeas. Prácticamente su totalidad está relacionada con mecanismos, estándares, objetivos y otras medidas acordadas desde Bruselas.

El impacto positivo en inversiones y mejoras ambientales que ha supuesto para Reino Unido ser parte de la UE queda demostrado fácilmente con algunas cifras. Por ejemplo, gracias a la Directiva Europa de producción de renovables, en Reino Unido, en sólo 4 años, de 2010 a 2014, la producción de electricidad con fuentes renovables ha crecido 10 puntos, subiendo del 7 al 14%.

En términos climáticos el impacto no está claro. Aunque el objetivo de reducción de emisiones del país para 2050 es más ambicioso que el obligado por Europa -80% de reducción de sus emisiones en base a 1990[1]-, una de las primeras decisiones que tomó la primera ministra británica, Theresa May, al poco de ser nombrada, fue eliminar el departamento de cambio climático y energía. En su lugar se creó el ministerio de actividad empresarial, energía y política industrial.

El impacto será negativo en otras políticas ambientales. Por ejemplo, en la calidad del aire la situación es mucho más complicada. La Directiva Europea de calidad del aire obliga a cada país de la UE a redactar planes de acción para reducir la cantidad de emisiones contaminantes. Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones y no parece que lo vaya a hacer. Aunque las medidas de movilidad sostenible deben tomarse a nivel urbano y a nivel regional, hay otras medidas que deben tomarse a nivel nacional. Por ejemplo, la restricción de uso de vehículos más contaminantes.

Una vez que no exista la presión de Europa sobre cumplimiento de la directiva, sólo quedará la presión de ONGs ambientales, colectivos que trabajan en el sector de la salud y de otras organizaciones sociales. En lugares donde el gobierno local tenga entre sus prioridades la mejora ambiental, como es el caso de Londres, se puede esperar que se tomen decisiones más o menos ambiciosas, pero no es esperable que esto ocurra en otras ciudades con gobiernos menos progresistas en lo ambiental. Será la salud de los ciudadanos la que pague la falta de acción. Sólo recordar que según la OMS la contaminación del aire es responsable de 6,5 millones de muertes en el mundo.

Acuerdos comerciales

Desde Bruselas se ha advertido del impacto futuro de esta posible bajada de la regulación ambiental. La UE podría no aceptar acuerdos comerciales con Reino Unido  en el caso de que se reduzcan las medidas ambientales o sociales, tal y como ha advertido el negociador jefe europeo sobre Brexit, Michael Barnier.

Los impactos económicos negativos para Reino Unido no terminan ahí. El país dejará de recibir los fondos destinados al desarrollo de infraestructuras ambientales, así como para investigación y desarrollo en temas climáticos y ambientales de instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El impacto será también significativo en el sector agrícola. Se calcula que entre el 50-60% de los beneficios de muchos de los agricultores británicos provienen de ayudas concedidas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).

El Brexit también nos afectará a nosotros. La UE pierde el empuje y la presión para elevar la ambición de las políticas climáticas que tradicionalmente ha ejercido el Reino Unido. Fueron los primeros en establecer un mecanismo de mercado de emisiones y son los únicos en el marco europeo en aprobar presupuestos de carbono que acompañan, anualmente, a los presupuestos económicos. También perderemos el trabajo de los activistas ambientales británicos que, por ejemplo, criticaron duramente los objetivos sobre pesca y agricultura asumidos por la UE por su poca ambición en términos ambientales.

En resumen, lamentablemente la salida de Reino Unido de la Unión Europea es un buen ejemplo de una situación en la que todos (o la gran mayoría) pierden y perderán, y ante la que las soluciones son no sólo complicadas, sino costosas, tanto a nivel económico como ambiental.

 

[1] España no ha adquirido ningún compromiso de reducción en el largo plazo y desde Bruselas se habla de un escenario de reducción de emisiones, no de compromiso, de entre 80-95% en 2050.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

No tenemos miedo

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Heridos en el atentado de Londres son evacuados por la policía. / REUTERS

 

Exactamente un año después de los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas que costaron la vida a 32 personas y causaron más de 320 heridos, y casi doce años después de los que sufrió Londres, en julio de 2005, con el macabro resultado de 52 muertos y más de 700 heridos, la capital británica se ha visto sacudida por un nuevo ataque que deja un balance de cuatro muertos -tres víctimas y el asaltante- y veintinueve heridos, incluidos menores, siete de ellos muy graves.

Aunque aún no se ha dado a conocer la identidad del autor, ni hay ninguna reivindicación conocida, los investigadores trabajan -según el Comisionado de la policía metropolitana de Londres- con la hipótesis de terrorismo relacionado con el islamismo, y en principio con un único autor, si bien no se puede descartar todavía la existencia de cómplices.

El ataque de este lobo solitario, o loco solitario (o ambas cosas, que es lo más probable), ha consistido en esta ocasión en lanzar su todo terreno contra los viandantes en el puente de Westminster y agredir a un policía de los que guardan el Parlamento con dos cuchillos, antes de ser abatido.

El uso de vehículos y armas blancas ha sido habitual en atentados de palestinos contra israelíes. En 2004, un portavoz del Estado Islámico (EI) animó a usar vehículos como arma en los países occidentales. Las consecuencias fueron los atropellos masivos de Niza (85 muertos, 303 heridos) el pasado 14 de julio, y de Berlín (12 muertos, 56 heridos) el 19 de diciembre, ambos reivindicados por el EI. Esta clase de atentados, cada vez más frecuentes, no requieren infraestructura ni células que los apoyen, ni apenas preparación, ni permite un seguimiento del tráfico de armas o explosivos, y por eso su detección preventiva se hace extraordinariamente difícil. 

Andrew Parker, jefe del MI5 –la agencia británica de seguridad interior–, advirtió en noviembre que era cuestión de tiempo que hubiera un nuevo ataque terrorista en el país. La contrastada eficacia de este servicio, y de la policía británica, han permitido abortar doce atentados terroristas en los últimos tres años, pero no el decimotercero. Ni los servicios de seguridad del Reino Unido ni los de ningún otro país del mundo tienen recursos suficientes para hacer un seguimiento 24 horas al día de todos los posibles sospechosos, y tienen que limitarse a los que presentan un riesgo más inminente.

Sólo a través de redes de información, tupidas y eficaces, de la colaboración ciudadana y, sobre todo, de un trabajo exhaustivo y persistente, se pueden evitar la mayoría de los atentados. Pero, lamentablemente, deberemos acostumbrarnos a que no todos lo serán.

Hay, además, una enorme labor que hacer en el largo plazo para neutralizar en lo posible las causas profundas del odio irracional que mueve a los asesinos. En el interior de nuestros países para reducir las bolsas de marginación existentes, integrar a los jóvenes musulmanes, controlar a los incitadores de la violencia, religiosos o no, y promover una educación en valores democráticos que llegue a todos.

En el exterior para ayudar a los países árabes y musulmanes a vencer al terrorismo allí donde nace y se consolida, y para acercar sus estándares políticos y económicos a los nuestros, reduciendo así las tensiones que son fuente de frustración y enemistad, y se proyectan en violencia. Pero, seamos realistas, nada de esto -con ser muy necesario- va a detener a corto plazo los atentados en nuestros países. Tenemos el derecho y el deber de defendernos.

Cuna de la democracia

La premier británica, Theresa May, ha declarado que el lugar de este ataque -al que ha calificado de enfermo y depravado- no es casual. Más allá de ser una zona turística con mucha afluencia de público, el atentado se ha dirigido contra la cuna de la democracia, el Parlamento de Westminster, precursor y símbolo de todos los parlamentos posteriores, donde se aprobó en 1689 la declaración de derechos (bill of rights), considerada la primera Constitución democrática del mundo.

No sólo se ataca a las personas, sino también a los valores en los que se funda nuestra convivencia. La intención es, claramente, intimidar y causar miedo, impedir la vida normal de la gente, y presionar así a los gobiernos. Después, entre nosotros, muchos amplían -consciente o inconscientemente- este efecto, transmitiendo a través de las redes sociales rumores, falsedades y alarmas injustificadas que hacen mella en los menos formados o informados.

También pretenden los terroristas incrementar la desconfianza de los ciudadanos en la eficacia de las instituciones y los servicios de seguridad, y crear discordia en nuestras sociedades en cuanto a la forma de combatir estas amenazas, objetivo que secundarán gustosamente los extremistas que se aprovechan del dolor de las víctimas para conseguir sus objetivos políticos.

No tardaremos en ver a Donald Trump, o a su entorno, y también a los políticos y partidos de extrema derecha en Europa -en particular al Frente Nacional de Marine LePen ante las inminentes elecciones presidenciales-, aprovechar este nuevo atentado para justificar sus tesis antiinmigración, en realidad islamófobas, y alentar el odio, que es su mayor rédito electoral, y el mejor alimento de los terroristas.

Vincular la inmigración y el terrorismo, además de ser éticamente repugnante, es falso. Muy probablemente el autor del ataque de Londres sea ciudadano británico, si no nacido en Reino Unido, igual que han sido nacidos en Europa la mayoría de los autores de los atentados anteriores en nuestro continente. No podemos caer en esa trampa.

Poco después del atentado, la etiqueta #WeAreNotAfraid se hizo viral en las redes. Esta es la única actitud posible. Mantener la calma y seguir con nuestra vida. Rechazar las interpretaciones espurias, las mentiras transmitidas anónimamente, confiar en las instituciones democráticas y en los medios de comunicación consolidados. No ceder a la tentación del odio, resistir el asalto del miedo. Si los terroristas no consiguen cambiar nuestra vida, debilitar nuestra cohesión, habrán perdido. Respondamos al terror con una actitud reflexiva, precavida, pero firme: No tenemos miedo.

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

Ginebra IV: ¿Una agenda para la paz en Siria?

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO (*)

 

Soldados rebeldes sirios caminan hacia Al Bab. / REUTERS

 

La cuarta cumbre de Ginebra sobre Siria se ha cerrado sin grandes avances. El régimen y la heterogénea oposición han mostrado su apoyo a un plan de transición basado en la resolución 2.254 del Consejo de Seguridad que liga el alto el fuego con la solución política, lo que no deja de ser un brindis al sol. La propuesta de la ONU se basa en las denominadas ‘tres cestas’: la formación de un gobierno de coalición, la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales.

A pesar de las resistencias de la oposición, el régimen ha conseguido introducir un cuarto elemento basado en la necesidad de centrar la atención en el combate de los grupos terroristas: el autoproclamado Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés), que sigue controlando buena parte de la cuenca del Éufrates y permanece atrincherado en su feudo de Raqqa, y el Frente de la Conquista del Levante, el antiguo Frente al-Nusra que ahora abandera una coalición denominada Tahrir al-Sham. El propósito de esta maniobra es que sean las fuerzas rebeldes las que asuman la labor de derrotar a este último grupo, mientras que la coalición internacional y las fuerzas kurdas serían las encargadas de combatir al ISIS.

Podríamos pensar que no hay nada nuevo bajo el sol, dado que Ginebra I ya planteó en 2012 esta misma ‘hoja de ruta’ basada en el establecimiento de un gobierno inclusivo, no sectario y con plenos poderes ejecutivos en el plazo de seis meses, la redacción de una nueva Constitución en doce meses, así como en la celebración de elecciones libres y transparentes bajo supervisión de Naciones Unidas, en las que también tomarían parte los sirios de la diáspora, en dieciocho meses.

No obstante, el hecho de que no haya sido un fracaso rotundo, como en anteriores cumbres, puede considerarse en sí mismo un éxito relativo. En esta ocasión, al contrario que en las anteriores, las partes han aceptado entablar conversaciones directas y no se han levantado de la mesa de negociaciones en ochos días a pesar de las provocaciones de sus rivales y del incumplimiento del alto el fuego en varios de los frentes de combate.

Un elemento clave para entender estos limitados avances es la nueva distribución de fuerzas sobre el terreno. Tras la intervención militar rusa en septiembre de 2015, el régimen ha conseguido recuperar parte del terreno perdido, tal y como como puso de manifiesto la toma de los barrios rebeldes de Alepo, en la que también jugaron un papel decisivo las milicias chiíes regionales movilizadas por Irán.

La captura de Alepo, en otro tiempo capital económica del país, ha marcado un punto de inflexión en el conflicto sirio y ha obligado a los grupos rebeldes a replegarse a sus feudos de Idlib en el norte y Deraa en el sur, donde ahora esperan la arremetida final del régimen y de sus aliados.

Además, debe tenerse en cuenta que la posición de los principales actores internacionales implicados en el conflicto sirio ha experimentado cambios significativos. Tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el presidente Vladimir Putin parece tener vía libre para imponer los términos de una pax rusa acorde a sus intereses. De hecho, Rusia ha abierto un nuevo canal negociador en Astana, la capital de Kazajistán, con el objeto declarado de afianzar el alto el fuego, pero con la voluntad real de reemplazar gradualmente la vía de Ginebra. En la primera ronda de dichas negociaciones, Rusia incluso llegó a distribuir una propuesta de borrador de Constitución siria, lo que provocó la estupefacción de las fuerzas opositoras.

Negociaciones de Astana

También Irán y Turquía patrocinan las negociaciones de Astana y son valedoras del renqueante alto el fuego que se mantiene a duras penas sobre el terreno. Mientras que el primer país mantiene sus posiciones maximalistas y considera que no existe más solución que la militar para apuntalar en el poder a Bashar al-Asad, Turquía se ha ido distanciando de las fuerzas opositoras y mostrándose a favor de una mayor coordinación con Moscú para cerrar el desestabilizador conflicto sirio.

Debe tenerse en cuenta que la factura que ha tenido que pagar Ankara por la crisis siria ha sido demasiado elevada, ya que además de acoger a tres millones de refugiados ha tenido que hacer frente a varios atentados perpetrados por el ISIS, lo que ha tenido un devastador efecto en su sector turístico, a lo que se añade lo que percibe como una amenaza: el establecimiento de una autonomía de facto de la Rojava, el Kurdistán sirio, bajo el control del Partido de la Unión Democrática, un estrecho aliado del PKK turco. De ahí que Turquía haya vetado la participación de las fuerzas kurdas tanto en Astana como en Ginebra.

El nudo gordiano sigue siendo, como en el pasado, la suerte del presidente Bashar al-Asad. En una reciente visita a Francia, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, volvió a incidir en la necesidad de que abandone la presidencia antes de iniciarse el periodo de transición de dieciocho meses, pero sus principales valedores –Rusia e Irán– consideran que debería pilotar la transición política e, incluso, interpretan qué podría concurrir a las elecciones presidenciales para revalidar su mandato, opción del todo inaceptable para los grupos opositores que le consideran el mayor responsable de la devastación del país.

Por lo tanto: volvemos a estar en el punto de partida y la aplicación de este plan de transición dependerá esencialmente de la voluntad política de las partes y de sus respectivos patrocinadores, la misma que ha brillado por su ausencia en los seis años de conflicto.

 

(*) Ignacio Álvarez-Ossorio es coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación Alternativas y profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.

El fracaso del holandés aberrante

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

El ultraderechista holandés Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV). 

 

Holanda respira aliviada, y con ella Europa, tras el fracaso del Partido por la Libertad (PVV) del ultraderechista, islamófobo y antieuropeo Geert Wilders en las elecciones generales a la Cámara de Representantes, que tuvieron lugar el pasado miércoles 15 de marzo. Un fracaso, a pesar de haber subido, respecto a las de 2012, del 10,1 % al 13,1%  de los votos emitidos y de 15 a 20 escaños, porque hasta hace poco más de un mes las encuestas le daban como vencedor, y Wilders abrigaba esperanzas de ser primer ministro, lo que hubiera sido desastroso para los Países Bajos y para la Unión Europea. El populismo de extrema derecha ha perdido el segundo asalto de su batalla contra la democracia liberal europea, tras la derrota del candidato del Partido de la Libertad en las elecciones presidenciales en Austria, en diciembre.

La victoria del primer ministro Mark Rutte, al frente del liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), se ha visto favorecida por la altísima participación, del 80,4%, 5,8  puntos más que en 2012, producida probablemente por el miedo al PVV, y también por la firmeza del primer ministro en el enfrentamiento con el Presidente turco Recep Erdogan, a cuenta de la prohibición de entrada a ministros turcos en el país, que ha sucedido justo antes de las elecciones y ha sido muy bien recibida en la sociedad holandesa. De todas formas, se trata de una victoria un tanto sombría, pues el VVD ha bajado del 26,6% al 21,3% del voto emitido, y de 41 a 33 escaños, de los 150 que tiene el Parlamento.

Además, para alcanzarla, Rutte -que ya había gobernado con el apoyo parlamentario del PVV entre 2010 y 2012- ha tenido que tomar una deriva derechista y reticente hacia la emigración, hasta hacer suyas algunas de las proclamas de Wilders, llegando a decir que al que no le gusten los valores de su país, que se vaya. Como en otras partes, la extrema derecha, aunque no gane directamente, ejerce suficiente presión como para forzar a los partidos conservadores o liberales a escorarse hacia la derecha, lo que no deja de ser una lamentable victoria indirecta de los extremistas.

La alta proporcionalidad del sistema electoral holandés -con una circunscripción única y un umbral de entrada en el Parlamento de sólo un 0,67%- produce una enorme dispersión del voto. Trece partidos han obtenido representación parlamentaria y Rutte necesitará al menos tres, además del suyo, para conseguir formar una mayoría, lo que no será fácil de conseguir. Los mejores candidatos son los liberales del D66 –que han subido de 12 a 19 escaños– y los demócrata-cristianos del CDA –que han subido también de 13 a 19-. El cuarto podría ser la Unión Cristiana (5), o -menos probablemente-  la Izquierda Verde, el partido que más sube -de 4 a 14 escaños– en estas elecciones.

El más perjudicado es el socialdemócrata Partido del Trabajo o laborista (PvdA), que se derrumba estrepitosamente –del 24,8% al 5,7% del voto y de 38 escaños a 9–, pasando de ser el segundo partido del país, muy cerca del primero, a ser el séptimo, rozando la irrelevancia. Es sin duda la consecuencia de haber formado parte desde 2012, como socio minoritario, de un Gobierno de gran coalición con el VVD y haber aceptado una política neoliberal y de recortes sociales que lógicamente ha decepcionado a su electorado.

La deriva social-liberal de muchos partidos socialdemócratas europeos, inaugurada por Tony Blair en el cambio de siglo, y su colaboración en las políticas de austeridad predominantes en la UE, les están llevando al desastre, ya que -ante su asimilación a los partidos de centro-derecha- los trabajadores y las clases medias más perjudicadas por la crisis buscan la solución a sus problemas en otras propuestas, en muchos casos en las populistas.

Próxima parada, Francia

Próxima parada, Francia, en las presidenciales del 23 de abril y el 7 de mayo, y en las legislativas que las seguirán un mes después. La cuestión de quién se enfrentará en la segunda vuelta de las presidenciales a la ultraderechista Marine Le Pen está aún abierta, porque podría ser el neoliberal Emmanuel Macron, salvo que Alain Juppé sustituyera a François Fillon como candidato de la derecha, en cuyo caso la cosa estaría más reñida. En cualquier caso, es probable que el candidato del Partido Socialista Francés sea cuarto, como consecuencia, aquí también, de las políticas liberales de François Hollande, que han hecho perder al PSF su alma de izquierdas y con ella gran parte de sus votantes.

Es de esperar que Le Pen pierda las presidenciales francesas en la segunda vuelta, ante el rechazo republicano del resto de los partidos, como Wilders ha perdido las legislativas holandesas, pero, como él mismo dijo, no será fácil volver a encerrar el genio en la botella una vez que se le ha soltado. El mensaje de xenofobia, ultranacionalismo y anti-europeísmo ha calado en buena parte de la población europea y puede exacerbarse si se agrava el problema de la emigración o los atentados terroristas.

No será la derecha –presionada por los extremistas- la que luche ardientemente contra estos sentimientos, aunque formalmente los rechace. Si la socialdemocracia no se recupera y vuelve a sus raíces en defensa de los desfavorecidos, los populismos pueden seguir creciendo y el equilibrio político europeo puede cambiar dramáticamente. A peor, por supuesto.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

La llaman 'colaborativa' y no lo es

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

 

Hacia comienzos de siglo, el eminente economista Robert Solow observó con razón que el efecto de los ordenadores se podía ver en todas partes menos en las cifras de productividad. Para historiadores especializados en temas económicos, este hecho no era particularmente sorprendente. Algo similar había ocurrido con previas revoluciones tecnológicas. Paul David, quien ha estudiado con detalle el cambio tecnológico en los últimos dos siglos, observó que, por ejemplo, la electricidad al comienzo tuvo un impacto más bien reducido en la productividad de las fábricas. Aunque pareciera paradójico, la razón es clara: cuando aparece una nueva tecnología, las firmas al comienzo simplemente la incorporan a su vieja estructura sin hacer mayores cambios.

Sólo con el tiempo descubren la forma de modificar su estructura de funcionamiento para aprovechar al máximo este nuevo potencial. En el caso de la electricidad, por ejemplo, la gran ventaja que representaba sobre el carbón era la posibilidad de tener pequeños generadores repartidos por toda la fábrica sin depender de una gigantesca caldera. Pero para percatarse de esto y, más aún, para adaptar el funcionamiento de las fábricas a esta realidad, era necesario tiempo.

Posiblemente algo parecido esté ocurriendo con la revolución digital y el surgimiento de la así llamada 'economía colaborativa'. Los ordenadores personales existen hace ya casi cuarenta años e internet hace ya casi veinticinco, pero sólo recientemente hemos visto cómo las plataformas digitales han comenzado a redefinir la forma de organizar el trabajo. Uber y AirBnB son, sin duda, los ejemplos más visibles, pero no son los únicos ni mucho menos los últimos.

El nombre de 'economía colaborativa' es, sin embargo, inadecuado, denota un aspecto de este fenómeno que ha terminado por ser simplemente uno entre más. La idea de que mediante el uso de plataformas digitales distintos usuarios puedan compartir recursos en forma más eficiente (p. ej.: coches, habitaciones, destrezas en tareas específicas) es bastante intuitiva. Pero en la práctica, aunque ese modelo 'horizontal' no ha desaparecido, las plataformas digitales han dado lugar también a nuevas formas de tercerización, precarización y autoempleo que, lejos de representar algún vago ideal 'colaborativo', más bien parecen revivir las manifestaciones más crudas del trabajo a destajo de los comienzos del capitalismo moderno.

Sin embargo, así como la ingenuidad del nombre 'economía colaborativa' puede ser contraproducente, el simplismo de signo opuesto tampoco ayuda. Las nuevas plataformas digitales están ya aquí y la pregunta que queda es cómo va a reaccionar la sociedad a este fenómeno. (La Fundación Alternativas está involucrada en un programa europeo para estudiar estos temas y en su momento difundirá los resultados del estudio).

Los riesgos son claros: un crecimiento anárquico de estas plataformas puede erosionar los derechos laborales en la medida en que las empresas vayan contratando cada vez más con trabajadores autónomos que ofrecen sus servicios en internet. Del mismo modo, también puede dar por tierra con las regulaciones que existen en algunos sectores por consideraciones de bienestar social. Así, por ejemplo, existe la posibilidad de que plataformas como AirBnB terminen por quitarle a las ciudades su capacidad de regular el uso del espacio urbano.

Fiscalidad y regulación

Pero hay efectos más sutiles. Por ejemplo, en países con un sector informal demasiado grande, estas plataformas pueden terminar siendo un mecanismo de formalización con efectos saludables sobre la fiscalidad y la regulación del sector servicios. También hay posibilidades que aún no se han explorado. Es el caso de la presencia de otros actores en esta economía si, por ejemplo, los ayuntamientos, los sindicatos o las asociaciones de usuarios comienzan a crear sus propias plataformas. Por otro lado, nuevas regulaciones y nuevos escenarios de diálogo social pueden transformar también el sistema de gobernanza resultante.

En ciencia política existe hace ya treinta años un vibrante debate acerca de los efectos del neoliberalismo. Aunque es innegable que el neoliberalismo ha transformado todas las economías industrializadas y ha generado cierto tipo de convergencia entre ellas, también es cierto que la historia y las instituciones de cada país han introducido matices importantes en este proceso. A pesar del tiempo transcurrido, como lo han señalado en repetidas ocasiones los estudiosos de las 'variedades del capitalismo', las relaciones laborales de Suecia no son las mismas que las de Alemania o las de España.

Esto sugiere que los efectos de las nuevas tecnologías van a depender también de las realidades políticas e institucionales de cada país. Si las plataformas digitales terminan destruyendo los derechos laborales y sociales o, por el contrario, generando nuevas formas de genuina cooperación y democracia económica, no será decisión de los algoritmos sino de los seres humanos. De ahí la importancia de estar preparados.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es coordinador del Zoom Económico de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III

Mujeres por el medioambiente: celebrar el compromiso, denunciar la desigualdad

ANA BELÉN SÁNCHEZ Y LAURA MARTÍN MURILLO (*)

 

 

las mujeres como el medioambiente aún necesitamos un día al año para visibilizar todo lo que queda por hacer. De la situación ambiental mundial, de los avances y retrocesos del último año hablaremos el 5 de junio. Hoy, 8 de marzo, celebramos los logros sociales y económicos alcanzados ya por las mujeres en todo el mundo y recordamos los desafíos que aún quedan por delante.

Celebrar el compromiso de las mujeres en el medio ambiente

Hay muchas razones para celebrar la implicación de las mujeres en la protección ambiental. Si bien los hombres y las mujeres tienen una sensibilidad ambiental parecida, las mujeres dan un paso más e introducen cambios en su vida que les permiten poner en práctica esta sensibilidad en su día a día. Por ejemplo, en España compran más alimentos ecológicos las mujeres que los hombres. También reciclan más y lo hacen en todas las categorías. El 74% de las personas que reciclan medicamentos son mujeres, también reciclan más vidrio y son las mujeres las que más envases separan. Son también las que más usan el transporte público y se mueven más andando.

En otros países, muchas mujeres trabajan cada día defendiendo la explotación insostenible de bosques, aguas, tierras y otros recursos naturales. Lamentablemente, a menudo pagan con su vida esta defensa. En este día todas nos acordamos de Berta Cáceres, activista ambiental y por los derechos de los indígenas que fue asesinada en Honduras hace un año. Berta encabezaba la lucha contra el proyecto de la presa hidráulica Agua Zarca, la más grande del mundo y en el que participaban varios bancos de desarrollo de distintos países (China y varios países europeos entre otros).

Berta denunciaba el enorme impacto ambiental y social del proyecto, que tenía como principal objetivo generar energía barata para la minería, que ya ha arrasado una buena parte del país. No cesó en su esfuerzo de denuncia a pesar de las amenazas reiteradas que recibía. Es la historia de una muerte anunciada. Ella misma lo dijo en varias ocasiones. La última cuando recogió el premio Goldman a la lucha ambiental.

Como Berta, su madre antes y su hija ahora, miles de mujeres arriesgan su vida cada día por defender unos recursos naturales que nos benefician a todos y de los que todos dependemos. Estas mujeres se enfrentan de forma sistemática a la violencia contra ellas ejercida directa o indirectamente por las empresas que quieren hacer uso de los recursos, por los gobiernos que miran hacia otro lado cuando se dan casos de violencia y acoso contra ellas y por la violencia patriarcal. El cambio climático está agravando esta situación. La lucha por unos recursos cada vez más escasos aumenta y es más violenta.

Afortunadamente hay otras muchas mujeres que defienden un medioambiente mejor desde las instituciones, ayuntamientos, ONGs ambientales, fundaciones, centros de investigación, desde los medios de comunicación. En España tenemos excelentes ejemplos. Las mujeres están trabajando por la defensa del medio ambiente, y se nota. Nuestro agradecimiento a todas ellas por su trabajo y su esfuerzo, que hace que todos vivamos mejor.

Seguir denunciando la desigualdad

También hay muchas razones para denunciar la desigualdad de género relacionada con los temas ambientales. Por ejemplo, mueren más mujeres que hombres, de media, como consecuencia de un desastre natural. Las normas sociales y las diferencias de roles de género entre hombres y mujeres tienen la culpa. Estos son los resultados del estudio llevado a cabo por la London School of Economics, en el que concluyeron que el impacto diferenciado de género en desastres naturales así lo demuestra.

Cuanto más violento es el desastre natural, peor es el impacto en las mujeres que en los hombres, por varias razones. Las mujeres, en los 141 países analizados, tenían menor acceso a bienes físicos, financieros, humanos, menor acceso a crédito y a la propiedad de la tierra y de la tecnología, e incluso a la formación. Todas están carencias les colocaban en una situación de partida peor.

Seguimos hablando de desigualdad. Hablemos del acceso de las mujeres al empleo verde, una de las grandes bazas sociales y económicas que trae asociada la sostenibilidad. Sin embargo, de momento, el tren del empleo verde para poco en la estación mujer. Uno de los sectores en el que más empleo verde se está creando en el mundo es el de las energías renovables. Hay más de ocho millones de personas en el mundo empleadas en el sector.

El sector, a pesar de ser una de las grandes promesas de la economía verde, está dejando de lado a las mujeres. En España, según el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), sólo el 26,3% de las personas que trabajan en energías renovables son mujeres. Sin embargo, el 67% de los contratos temporales del sector lo tienen ellas. Los datos sobre el número de trabajadoras en el sector de las renovables es muy parecido en Alemania y en Estados Unidos, y sólo alcanza el 25%. Un pequeño porcentaje del total de las mujeres que trabajan en este sector en el mundo ocupan puestos técnicos: sólo el 28%. Casi la mitad trabajan en departamentos administrativos.

Datos positivos

Es cierto que hay algunos datos positivos: a nivel global, las mujeres ocupan el 25% de los puestos de gestión de alto nivel. En el sector de las renovables este porcentaje sube hasta el 32%. En Reino Unido, el Gobierno ha financiado un programa para ayudar a que se recupere el número de mujeres que trabajan en el sector. No obstante, según ha ido creciendo el sector y haciéndose menos nuevo y más convencional, más hombres han ocupado cargos de responsabilidad, apartando a las mujeres que los ocupaban antes, que ahora pasan a tener puestos más bajos.

Algunos hablan de buenas noticias porque el sector de las renovables es mucho mejor en términos de igualdad de género que el sector de las energías no renovables (gas, petróleo, carbón, nuclear), donde la presencia de mujeres es mínima. Dicen que hay razones para el optimismo y para pensar que es posible que la energía que consumamos dé empleo también a trabajadoras. Es difícil tener esperanza cuando también son hombres las personas que ocupan el cargo de director ejecutivo de las principales empresas que trabajan en el sector de las renovables (Acciona, Iberdrola, Enel, Gamesa, Vestas, por ejemplo).

Son también hombres las personas que dirigen las asociaciones patronales de renovables (solar, eólica, asociación de empresas de energías renovables). Incluso nuevas estructuras empresariales activas en el sector, como es el de las cooperativas, tienen un porcentaje abrumadoramente mayor de socios que de socias. El 75% del total de miembros de Som Energía son hombres. La transición energética supone también un sistema energético igualmente participado por hombres y mujeres.

Otra de las grandes promesas de la economía verde en cuanto a creación de nuevo empleo es el de la producción de vehículos eléctricos. Tampoco parece que este vaya a ser el gran sector que cree empleo para las mujeres. En Tesla, la empresa que más está innovando en el sector del coche eléctrico y el desarrollo de vehículos autónomos, sólo dos de los treinta directores generales de la empresa son mujeres. Y la primera mujer en formar parte del consejo de administración de la empresa lo hizo en 2014.

Hablamos de un sector altamente masculinizado, donde en España, al igual que en EEUU, el porcentaje de empleo femenino es del 25%. Un estudio que analizaba la diferencia de empleo entre hombres y mujeres en este sector en EEUU indicaba que el 70% de las mujeres recibía remuneraciones inferiores a sus colegas hombres.

Agricultura ecológica

Veamos qué pasa en otro sector prometedor para la mejora de la sostenibilidad del planeta: la agricultura ecológica. Cada vez producimos y consumimos más alimentos ecológicos a nivel global. En Europa, el consumo se duplicó entre 2005 y 2014. Y los escenarios de futuro advierten que el aumento de interés de los consumidores por estos productos hará que el sector continúe creciendo. ¿Será este un buen sector para la creación de empleo verde entre las mujeres trabajadoras?

Un 74% de los responsables de producción ecológica eran hombres, dos puntos por encima de lo que ocurre en la agricultura no ecológica. Dentro de la UE, sólo en Austria e Italia el porcentaje de mujeres encargadas de producción ecológica subía al 30%. En Andalucía, una de las regiones líderes en producción ecológica de España, el 37% del total de quienes operan en el sector son mujeres. La presencia en los órganos de decisión es mucho menor.

Es evidente que sobran las razones para trabajar por la igualdad de la mujer, también en el terreno ambiental. No nos podemos permitir que una economía y una sociedad más sostenible ambientalmente no cuente con las mujeres, ni facilite su implicación más allá del compromiso personal. No es posible que, como comunidad, nos enfrentemos al mayor desafío de la humanidad, el cambio climático, dejando de lado a la mitad de la población. Necesitamos una estrategia, un plan de trabajo, presupuesto y personal preparado dedicado a ello. Sólo así mejoraremos esta situación.

(*) Ana Belén Sánchez es responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas y Laura Martín Murillo es directora de la Fundación Energías renovables

Luchando por la igualdad, también en la Cultura

MARIÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO (*)

 

Performance de Rosa Brugat en ARCO para denunciar la baja representación de mujeres artistas en la feria. / Marisa González

 

La asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) lleva desde el 2009 señalando las deficiencias del sistema del arte en nuestro Estado: sus políticas poco transparentes, su inercia que desmoraliza a las jóvenes que deben buscar en el exterior lugares donde su obra o su trabajo sea apreciado, una formación que elimina la sensibilidad ante la igualdad, y un largo etcétera de frustraciones.

A partir de los ochenta, las mujeres comienzan a ser mayoría en toda la formación cultural. Hace casi cuarenta años y, sin embargo, ¿dónde están las generaciones de mujeres que la sociedad ha sostenido para que sean artistas, cineastas, comisarias, directoras de museos, gestoras, investigadoras, críticas? ¿Cómo una sociedad puede permitirse desaprovechar el potencial y talento de una población creativa y trabajadora? ¿Por qué se repiten, generación tras generación, los mecanismos de exclusión?, y ¿dónde están las mujeres?

Los últimos datos del informe MAV#16, elaborado desde el Observatorio de Género de Cataluña, revelan que las artistas sólo están presentes en un 14% en las exposiciones de Barcelona. El MNAC y la Caixa no programaron ni una sola muestra de artistas mujeres. Y en la feria ARCO Madrid 2017 que acaba de cerrar sus puertas, considerada la mayor plataforma del mercado del Arte de nuestro país,  solo el 25% del total de artistas que exponían eran mujeres, y un indignante 5% correspondía a artistas españolas.

Los textos educativos siguen invisibilizando los modelos culturales en femenino. No hay escritoras, artistas, científicas, directoras de cine, etc. Esto es violencia simbólica. Arrebatar a las mujeres un futuro profesional es arrebatarles su capacidad de desarrollo personal e identitario. Negarles su pasado es reconocer que no tienen historia y es negarles su capacidad de futuro.

Algo ha cambiado desde 2009. Nadie duda ya hoy del carácter androcéntrico de la cultura. Nadie duda ya de la injusticia que supone relegar y negar a las mujeres el puesto que les corresponde. Es innegable el problema. Durante la semana dedicada a la violencia contra las mujeres, el presidente de nuestro país dijo: “Hay salida para vuestro problema y contáis con el apoyo de todos para lograrlo. El conjunto de la sociedad está a vuestro lado y os apoya”.

Falta de interés

Ello revela alguna de las claves: pensar la desigualdad como un problema únicamente para las que la sufren pone en evidencia la imposibilidad y falta de interés en la solución del mismo. Solucionar la desigualdad de género consiste en asumir la desigualdad de la propia sociedad como un problema común y poner los medios para evitarla. La desigualdad afecta a hombres y a mujeres, favoreciendo a unos en detrimento de otras.

Queridos hombres, entendemos que no deseáis ser elegidos por el hecho de ser hombres. Entendemos que rechazáis las malas praxis que, eludiendo convocatorias públicas transparentes con criterios claros, os conceden los puestos de dirección de museos u os eligen para exponer en uno u otro museo o para venderos en ARCO. Entendemos que queréis competir en convocatorias donde los jurados no juzguen primero el género y sí las capacidades y competencias.

Queridos artistas, negaos a ser seleccionados a través de mecanismos poco claros. Reivindicad vuestra valía y calidad enfrentándoos en pie de igualdad. Queridos hombres, queridos compañeros, renunciad a vuestros privilegios para que vuestras compañeras ganen sus derechos.

(*) Marián López Fernández Cao es presidenta de Mujeres en las Artes Visuales