CETA: Luces y sombras del comercio mundial

JUAN ANTONIO PAVÓN (*)

 

 

Ante la imposibilidad del cerrar el TTIP en la era Trump, se ha decidido lanzar el plan B para la globalización en el siglo 21. CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) es un acuerdo internacional entre Canadá y la UE; quienes ostentan el monopolio de la política comercial en sus respectivos territorios, y tienen competencias exclusivas en la materia para negociar este tipo de medidas.

Este acuerdo, como el TTIP aunque menos ambicioso, pretende eliminar el 98% de los impuestos sobre los bienes y servicios importados de una de estas regiones a la otra. Además, CETA es de nueva generación, yendo más allá de la reducción de aranceles e innova a través de la eliminación de ‘obstáculos técnicos’ para relanzar el comercio, y así la economía y el empleo.

Estos obstáculos son normas consideradas innecesarias por los negociadores, que obstaculizan el comercio y afectan al desarrollo de soluciones a retos globales, particularmente en el campo ambiental y social. Uno de los mecanismos que más oposición está levantando será el reconocimiento mutuo de la certificación. Es decir, hacer valer los estándares propios para poder comerciar productos y servicios (algunos públicos) en territorio ajeno.

Las denominaciones de origen como ejemplo práctico

CETA sólo contempla protección excepcional para 140 denominaciones de origen europeas en el mercado canadiense, de las casi 300 existentes. Esto haría que el resto de productos no protegidos pudiera producirse en Canadá sin los estándares de calidad europeos, por lo general más altos. Esto daría lugar a una concentración de la agroindustria en Canadá, que obligaría a otra concentración de la agroindustria en la UE, con grandes desventajas para las cooperativas, productores, ganaderos y consumidores.

Indudablemente, empeoraría la distribución y redistribución de beneficios, dando lugar a dos nuevas realidades que afectarían sobre todo al medio rural en Europa: 1) Una carrera hacia abajo en la eliminación de ‘obstáculos’ en favor de la competitividad. 2) Jamón de Saskatchewan, Jerez de Winnipeg, o Pimientos de Vancouver, entre las posibilidades.

Esto es lo que sucedería, por norma general, con el reconocimiento mutuo. Además, CETA crearía una corte paralela a las diferentes jurisdicciones europeas en la que, profesionales ‘independientes’, resolverían las demandas que los inversores podrían poner de manera exclusiva si las autoridades de turno actuaran en legítima defensa de los derechos sociales, ambientales o económicos de sus ciudadanos. Esto se llamaría ICS (Invertors Court Settlement). El ICS no permitiría a ciudadanos, regiones ni a agentes sociales presentar reclamaciones cuando una empresa viole cualquiera de las normas ambientales, de trabajo, de salud, o de seguridad en vigor.

Otras características del CETA que generan dudas

Exceso de normas jurídicas: aunque el acuerdo se justifica por la eliminación de normas innecesarias, el acuerdo establece multitud de normas (1600 paginas entre texto central y anexos) en defensa del comercio, las inversiones y los derechos de las compañías transnacionales.

Servicios públicos: la apertura, de más servicios públicos a capitales privados, limitaría la capacidad de los gobiernos para gestionar estos servicios, haciendo de la liberalización de los servicios la norma y la regulación del interés público la excepción, favoreciendo la acción de lobbies en el diseño de políticas públicas.

Empleo: basándonos en la experiencia de otros acuerdos comerciales, y en la propia opinión del Parlamento Europeo, como el propio Mercado Único Europeo, la deslocalización producida por CETA provocaría una destrucción de empleos que obstaculizaría el crecimiento previsto y favoreciendo la concentración del beneficio, generando más desigualdad con el CETA que sin él.

Protección Ambiental: el acuerdo UE-Canadá tendrá repercusiones medio-ambientales reconocidas por las partes. Un mayor grado de intensificación y uso de químicos, o el aumento de la producción agrícola o de carne de vacuno, que conduciría a un mayor tamaño del rebaño y en consecuencia de la producción de metano descontrolado.

Lobby y puertas giratorias: las empresas mineras canadienses, las primeras del mundo, han sido muy activas en su trabajo de lobby. Petroleras canadienses y europeas, Repsol entre ellas, han presionado para diluir la Directiva sobre calidad de los combustibles, prevista en un inicio para garantizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los objetivos de lucha contra el cambio climático.

Los nombres de Viviane Reding, Karel de Gutch o del expresidente Durao Barroso se asocian a las empresas líderes de los sectores que saldrán beneficiados por el acuerdo: Goldman Sachs (Barroso), CVC y Merit Capital (de Gutch) o la minera Nyrstar (Reading); o el caso del actualmente funcionario de la Comisión Europea, Eoin O'Malley, quien antes fue consejero senior de BussinessEurope, la principal patronal europea, donde se encuentran, entre otras la española CEOE.

 Gran atractivo para las empresas

En definitiva, si bien es cierto que el acuerdo representa un gran atractivo para las empresas de ambos lados del Atlántico y la Unión Europea vería reforzada su imagen en el exterior (cuando los EEUU de Trump no pasan por su mejor momento en cuanto a imagen exterior), llama la atención la precisión y la claridad conceptual con la que CETA protege a las grandes compañías transnacionales mientras se hace el despistado con las garantías en defensa de los servicios públicos, los derechos ambientales o sociales.

CETA se convierte en una lista, de varios miles de páginas, de lo que los gobiernos y los parlamentos ya no podrán hacer, cerrando el círculo del cambio de modelo económico europeo y mundial.

Para contrarrestar esta falta de nobleza que se le intuye, se debería revisar o eliminar el capítulo de protección de la inversión y de resolución de conflictos inversor-estado, que ataca directamente al interés público legítimo. Por otro lado, CETA debería incluir un lenguaje claro para proteger y promover políticas sostenibles a todos los niveles, priorizando frente a los excesos empresariales.

Como nota positiva, al tocar materias en las que la UE no tiene competencias exclusivas, CETA requerirá la ratificación en todos los Estados miembros de la UE, el acuerdo seguirá requiriendo votos en los parlamentos nacionales antes de entrar en pleno efecto, y podrá dar lugar a una amplia reforma o bloquearlo de manera permanente.

Juan Antonio Pavón es colaborador de la Fundación Alternativas y fundador de Euronautas.com

Comments

[Publicado por: Juliana Luisa]

Se parece mucho a la Organización Mundial de Comercio. Parece emplearse la estrategia de "divide y vencerás". Hay que divulgarlo entre la ciudadanía.

Un saludo