Dos pasos más de las mutualidades en la Ley de Presupuestos contra la sanidad universal

JAVIER REY (*)

 

Personal médico en un quirófano.

 

La sanidad no ha sido nunca en España, ni lo es ahora, universal ni igual para todos. Las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), que reúnen a colectivos especialmente próximos a e influyentes sobre todos los gobiernos,  mantienen una protección sanitaria diferenciada de la del resto de la población, de manera que pueden optar anualmente para acceder a un seguro privado con financiación pública.

Desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, esa situación se mantenía como una excepción, cuyo destino final no discutido era homologar ese sistema diferenciado de protección y financiación al disponible para el resto de la población, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esa perspectiva de futuro ha cambiado, como consecuencia de determinadas disposiciones adoptadas en la Ley de presupuestos para 2017, a las que no se ha formulado enmienda alguna por ningún partido, ni de la oposición ni afín al Gobierno.       

Que no se hayan adoptado medidas de homologación e integración de estos sistemas mutualistas en el SNS treinta años después de que fueran previstas en la LGS, se ha debido sin duda en buena parte a la dificultad de que tales medidas fueran promovidas por un solo partido en el Gobierno, dada la oposición de los colectivos de funcionarios afectados. Esto podría haber convertido su desaparición en una cuestión idónea para ser adoptada en una legislatura como la actual, en la que cualquier medida que se adopte requiere el acuerdo de varios grupos parlamentarios. Ningún partido ha opuesto nunca razones de fondo que justificasen el mantenimiento de esas situaciones, en sentido contrario a lo previsto en la LGS.

Pero tanto el PSOE, en la Ley 30/2011 General de Salud Pública, como el PP, en el Decreto-Ley 16/2012, adoptaron, sin ofrecer justificación, medidas formales que han servido para consolidarlas en los últimos años. Sólo Izquierda Unida, hoy inexistente  como tal,  incluyó en su programa de las penúltimas elecciones  una propuesta expresa para hacerlas desaparecer; un proceso que, además, podría producirse en fases sucesivas, comenzando por la dependencia de la gestión sanitaria de éstas del Ministerio de Sanidad, y no del de Hacienda, Justicia o Defensa.     

Por otra parte, las medidas de desaceleración del precio de las pólizas de seguros privados mutualistas que sostienen esos regímenes, adoptadas por el Ministerio de Hacienda del PP en los últimos años por razones de eficiencia y reducción del gasto, sugerían que la razón económica abocaba también a su desaparición. Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo de resultas de recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias, eximieron a ese Gobierno de cubrir con cargo a sus propios fondos la asistencia sanitaria en su territorio de los funcionarios incluidos en las mutualidades que hubieran optado por cambiar su atención al SNS.

De este modo se permitía que por el Servicio Canario de Salud se facturasen a las mutualidades correspondientes los gastos efectuados. Esas sentencias parecían poner en cuestión más aún las perspectivas económicas de futuro de las mutualidades, a poco que las restantes CC AA siguieran el mismo camino.  

Presiones de los sindicatos

El último semestre ha visto, sin embargo, arreciar las presiones de los sindicatos de funcionarios, sobre todo CSIF y las de los seguros privados, que cubren la asistencia del 80% de la población mutualista que elige esa opción. Los primeros aducen una caída de la población titular cubierta (que la memoria de MUFACE desmiente), en correspondencia casi milimétrica con las demandas de las compañías de seguros para mantener y extender el modelo en su duración y cobertura personal.

Estas presiones han llevado a adoptar varias medidas que traducen de manera directa las demandas citadas:

-En primer lugar, la convocatoria de más de 100.000 plazas de funcionarios, que pasarán a encuadrarse en las mutualidades,  ocupadas hasta ahora por personal interino, cuyo régimen de protección obligado es el del SNS, supondrá un importante incremento del personal incluido en aquéllas.

- La Disposición final quinta del proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado modifica  el Real Decreto Legislativo 4/2000 sobre seguridad social de los funcionarios civiles del Estado. Según esta norma, quienes accedan por promoción interna a Escalas Interdepartamentales de Organismos Autónomos o Cuerpos o Escalas de las CCAA pueden optar por mantener o recuperar, en condiciones de aparente duplicidad, la condición de mutualistas de MUFACE a efectos exclusivamente sanitarios. Esta disposición rompe la tendencia a la integración de toda la población en un solo sistema de protección, concediendo las ventajas añadidas de esa doble protección y doble gasto  a esos funcionarios, sin razón alguna que lo justifique.  Esta medida, pese a lo reducido del número de potenciales afectados, está siendo bien recibida por el sector privado por sus efectos propagandísticos.     

-Por su parte, la Disposición final séptima del mismo proyecto modifica el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del SNS, introduciendo en esa norma, que es la que con carácter básico rige éste,  la posibilidad de que los funcionarios adscritos a las mutualidades puedan optar por recibir la atención a través del propio SNS o de una entidad privada; un derecho subjetivo no generalizable por el gasto que supondría, que no puede ejercer la población incluida de manera obligatoria en el SNS y que, de generalizarse, podría llevar a la ruptura efectiva del SNS. La misma disposición impone por Ley a las CCAA, en sentido contrario a lo que establecieron las sentencias que había obtenido en el Tribunal Supremo el Gobierno de Canarias, la obligación de financiar con cargo a sus propios fondos y sin ninguna financiación adicional la atención sanitaria de los funcionarios que opten por el SNS. Con todo ello el mutualismo garantiza que todos sus recursos presupuestarios para atención médica, incluidas las cuotas y aportaciones detraídas a los funcionarios que eligen SNS, se destinarán en exclusiva al seguro privado, que seguirá operando en condiciones ventajosas dada la posibilidad de exportar o duplicar riesgos y coberturas al SNS.

Acabar, como en Portugal, con la financiación pública de las  mutualidades, en sentido contrario a lo regulado ahora, y someter su gestión sanitaria a la del Ministerio de Sanidad, recuperando éste una capacidad frente al de Hacienda de la que ahora carece, parece, por eso, la única vía efectiva posible para comprometer la atención de todos los partidos en la consecución de la atención sanitaria universal e igual para todos. Es una meta que no ha sido nunca real en España, y una necesidad más urgente aún tras la crisis en las condiciones actuales de desigualdad económica y social. 

 

(*) Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía y secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida