ENRIQUE BUSTAMANTE (*)
Estudios centrales de Radio Televisión Española en Torrespaña.
Todo hace augurar que el jueves 22 de junio de 2017 sea celebrado como un buen día para la democracia y la cultura españolas, cuando todo el Congreso de los Diputados por casi unanimidad (una abstención de Bildu) acordó cambiar el Estatuto de la Corporación de RTVE, eliminando la grave regresión que supuso su reforma en 2012 por el Gobierno del PP y volviendo a la esencia de independencia de la Ley de 2006 del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La elección de los órganos directivos de la Corporación (presidente y Consejo de Administración) por mayoría simple gubernamental y sin consenso alguno ha traído consigo consecuencias gravísimas para el servicio público en estos cinco años transcurridos: no solamente la vuelta a la manipulación gubernamental sistemática en la información e incluso en las campañas electorales, sino también el hundimiento financiero de RTVE, con un recorte de más del 25 % de sus presupuestos.
La radiotelevisión estatal ha perdido en el camino más del 50 % de sus audiencias, y su liderazgo tanto en informativos como en todas las franjas horarias para todos los tipos de público; especialmente, ha recortado en casi un 30 % sus inversiones en producción audiovisual y ha marginado su papel como escaparate promocional insustituible de la cultura española.
En este periodo también ha ido creciendo el clamor ciudadano por una regeneración democrática del servicio público, desde el Comité de Informativos, con sus denuncias constantes, a las firmas masivas de trabajadores de la casa, a entidades sociales de todo tipo como ‘Teledetodos’ y a los programas electorales de todos los partidos de la oposición.
Por procedimiento de urgencia, como corresponde a un tema tan grave y terminal, todos los grupos parlamentarios, con el apoyo reticente del PP, han acordado ahora restaurar la mayoría de dos tercios para los nombramientos de la cúspide de la Corporación, añadiendo un procedimiento de selección a través de un concurso público y de una comisión de expertos; y, como previsión para evitar los bloqueos de un partido, si no se alcanzara esa mayoría reforzada, se exigiría al menos el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios presentes en la cámara.
Reformas legales
Buena parte de esas precauciones ya figuraban en las recomendaciones del Informe del Consejo para la Reforma de 2005, pero fueron ignoradas o deformadas en las sucesivas reformas legales. Si se cumplen las previsiones de aplicación de esta reforma en tres meses a partir de la presumible aprobación de la ley en septiembre, comenzará apenas un largo camino necesario: apertura de la gestión a la participación intensiva de la sociedad civil; restauración de un modelo financiero viable y suficiente; renovación del mandato marco y aprobación del contrato programa, con definición precisa de las misiones del servicio público, con especial atención a las culturales; carrera profesional objetivada interna; potenciación de un servicio público multiplataforma y multimedia…
La regeneración democrática y la proyección on line de RTVE serían además un espejo insoslayable para las radiotelevisiones autonómicas, que han copiado a pequeña escala los peores vicios estatales, especialmente la gestión clientelar de los gobiernos locales, con casos extremos de externalización y privatización total de sus funciones públicas, mermando asimismo en casi un 50 % en estos años de crisis su papel motor de las culturas españolas.
(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y miembro del Consejo del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Fundación Alternativas.
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