Legislatura inmóvil, legislatura perdida

Por: | 06 de septiembre de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Sesión_Solemne_en_el_Congreso_de_los_DiputadosHemiciclo del Congreso de los Diputados durante una sesión.

 

El pasado 26 de junio se cumplió un año desde la repetición de las elecciones legislativas, convocadas para resolver el bloqueo político generado en diciembre de 2015. Era una opción, excepcional, para dar respuesta a la mayor incertidumbre política vivida por España desde 1978.

Los resultados no clarificaron la situación e incluso se complicó aún más, ya que la crisis institucional se convirtió en crisis del PSOE. Fue así como la Legislatura se inició de forma anómala y su marcha desde entonces sigue siendo anómala. La falta de mayoría parlamentaria suficiente está suponiendo un rutinario transcurrir de meses en que el Gobierno, ya cerca de su primer año de vida, en ningún momento ha logrado trasladar ni un plan de gobierno ni unos mensajes suficientes para animar a una ciudadanía fatigada y desencantada.

La oposición parlamentaria tampoco ha logrado interesar a los ciudadanos y parece extraviada en los entresijos de un reglamento que maniata la iniciativa de los diputados y pone todo tipo de trabas para que aparezcan ante la opinión pública como una alternativa efectiva de gobierno.

Aunque en el sistema español corresponde al Gobierno la iniciativa del proceso político y la sociedad espera que aborde los problemas que se van suscitando, cuesta reconocer su acción pública, reducida a la defensa atrincherada de los cambios legislativos realizados durante los cuatro años de mayoría absoluta. Los proyectos de ley, si es que los hay, siguen atascados en despachos ministeriales y en contadas ocasiones el Gobierno se lanza a la aventura de enviar un proyecto a las Cortes. Para ser más precisos, sólo en 8 ocasiones, y de ellas en 6 para trasponer sendas directivas comunitarias. El resultado es que hasta el momento únicamente se han aprobado 2 Leyes orgánicas y 4 ordinarias; aunque, eso sí, se han aprobado 13 Reales Decretos-ley.

Mientras tanto, en 133 ocasiones los Grupos parlamentarios del Congreso han intervenido para presentar proposiciones de ley: en 33 ocasiones el Grupo Socialista, en 28 el Grupo de UP, en 11 el de ERC, en 10 el de Ciudadanos, en 8 el del PNV y en 25 el Grupo Mixto, junto a las 10 proposiciones en que ha participado el Grupo Popular. Intensa actividad y nulos resultados por el momento: ninguna de las iniciativas de la oposición ha llegado aún al Boletín Oficial del Estado y sólo 2 de las presentadas por el Grupo Popular: la de convocatoria automática de elecciones y la reforma de la estabilidad presupuestaria.

La votación del presupuesto ha sido prácticamente la única operación política digna de mencionar en este periodo. Pocas veces se ha visto con tanta claridad el coste de las alianzas. Ciudadanos pidió y obtuvo un incremento en la recaudación tributaria y del gasto de 5.000 millones más, con la excusa de incrementar el gasto social. El PNV, 2.400 millones hasta 2021 por la rebaja del cupo. CC cifró su apoyo al Gobierno en 1.300 millones. NC alcanzó acuerdos que incluían otras tantas mejoras por valor de 204 millones. Y buena parte de ellos con la finalidad declarada de mejorar a una u otra Comunidad, de tal forma que los pactos de 1996 resultan revalorizados tras una somera comparación.

Mientras tanto los temas pendientes más importantes y debatidos en la campaña apenas han sido esbozados y continúan sin resolverse: financiación autonómica y local, reforma laboral, reforma y pacto educativo, recuperación de las libertades públicas con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, financiación del sistema de pensiones, adecuación de la Constitución para facilitar el encaje de Cataluña en España, el rápido crecimiento de la desigualdad, o nuevas medidas contra la corrupción, aprovechando para ello el articulado de la nueva Ley de Contratos. Por ello, todo apunta a que esta agenda se trasladará casi íntegramente a la siguiente Legislatura y que reaparecerá una vez más en el discurso de investidura del futuro candidato a la Presidencia del Gobierno.

Las relaciones del Estado con Cataluña se han convertido en una excusa para la inacción. La agenda del Gobierno parece reducirse a este tema, ciertamente muy preocupante, pero nos queda la duda de si por la seriedad del punto al que han llevado las iniciativas del Govern y de la mayoría parlamentaria o por incapacidad de todos los agentes políticos de ofrecer a la ciudadanía, y en especial a los catalanes, una agenda de gobierno que tenga en cuenta las aspiraciones cotidianas de la calle y ofrezca a los ciudadanos un horizonte de esperanza creíble y que despierte de su letargo a una opinión pública poco motivada y desesperanzada ante la inactividad.

En este clima, los partidos han priorizado el abordaje de sus problemas internos: la consolidación o renovación de liderazgos y una estrategia calculada a medio o largo plazo. El PP se agazapó a la espera de que el paso del tiempo hiciera olvidar los escándalos y la corrupción y confió en un PSOE más amable. Con ello, se instaló en la simple resistencia. Ciudadanos permanecía a la espera de recoger los frutos de desgaste por la corrupción lanzando propuestas novedosas pero deslavazadas, de regeneración democrática. El PSOE prefirió retrasar su salida del bloqueo interno y prolongó seis meses la interinidad y el arranque efectivo de la Legislatura. Unidos Podemos esperó que el PSOE eligiera y presentó una moción de censura con sospechas sobre su real destinatario. En suma, cinco meses de congresos de partidos y reordenación interna y demasiada pasividad.

Intereses y prioridades

El transcurso de estos meses nos ha alertado una vez más sobre la profunda sima que separa los intereses de los ciudadanos de las prioridades de los gobernantes. Estas son ajenas, distantes y casi irreconocibles; aunque, eso sí, se ven súbitamente alteradas por fenómenos sociales que reclaman la atención sobre problemas que parecían inexistentes, como la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los efectos salariales de la crisis y su repercusión con la gestión de AENA tras la privatización, los riesgos del modelo de explotación turística intensa, o el futuro del servicio del taxi ante la proliferación de sistemas de transporte alternativos, por sólo citar los últimos problemas que han sobresaltado el verano español.

Desgraciadamente desde hace ya demasiado tiempo en España se considera la política como la pugna entre partidos o entre políticos para alcanzar el poder, consolidarse o conservarlo. Pero esta concepción no es la única posible y desde luego no es la más generosa, pues antepone las aspiraciones humanas y de los detentadores del poder y olvidan la finalidad de su ejercicio.

Porque en todo sistema político, y con más razón en un régimen democrático, se espera del poder político una actuación diferente: atender las necesidades de los ciudadanos, garantizar su seguridad, arbitrar sus diferencias y, sobre todo, ofrecerles mejores condiciones de vida. En otras palabras, atender los problemas colectivos. Este es el sentido real de la política y debiera ser la hoja de ruta de un régimen en el que el Gobierno es elegido para estar al servicio de la mayoría social.

Para todo ello, se requieren nuevas ideas, nuevos planes de gobierno y nuevos métodos para llevarlos a cabo. Una respuesta a las exigencias sociales actuales y, también, de una sociedad catalana que necesita creer en un país renovado y más eficiente. Pero la esperanza se va esfumando y cada mes que pasa nos cuesta menos asumir que vamos a una Legislatura perdida.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Hay 1 Comentarios

Desde mi punto de vista, un sistema como el que tenemos no es un democrático. En su mayoría, los filósofos abogan por un sistema distinto. Unas elecciones como se hacen no aseguran una democracia. Se debe aumentar el poder de los ciudadanos, sin duda difícil en una sociedad plural.
eso sin decir nada sobre el poder de las grandes empresas transnacionales y el sector financiero.
Un saludo

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