Libertad para Ramón Esono

CARLOS ALBERDI (*)

 

El dibujante ecuatoguineano Ramón Esono.

 

La Red de Centros Culturales de España en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial no es muy conocida en España. Como dicen los expertos no tiene marca. España es el único país que tiene dos redes de centros culturales. Una es el Instituto Cervantes, que funciona en los países que no hablan español, y otra es esta red, implantada en la América hispanohablante y en Guinea Ecuatorial, que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los centros Cervantes son célebres en España y no tan conocidos en las capitales en que trabajan. Por el contrario, estos centros culturales españoles en capitales hispanohablantes suelen formar parte de la primera línea cultural de las ciudades en las que desarrollan su labor de cooperación.

Desde hace un mes el colectivo de trabajadores de la Red está conmocionado por la detención en Malabo del dibujante Ramón Esono. Ramón es uno de los nuestros desde que empezó a colaborar con los Centros Culturales de España en Bata y Malabo hace muchos años. Sus comics expresionistas son desde entonces uno de los orgullos de la cultura ecuatoguineana y así se ha reconocido en diferentes ferias del libro internacionales. Durante los últimos años Ramón vivió en Asunción del Paraguay y compartió con nuestros centros del cono sur su peculiaridad ecuatoguineana. La necesidad de renovar su pasaporte le trajo a la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid y allí le dijeron que para poner al día sus papeles tenía que ir a Malabo. El resto es historia y está en los periódicos. Fue detenido mientras almorzaba con el responsable de la Cooperación española en Malabo y acusado por la televisión pública guineana de falsificar moneda. Los que lo conocemos no damos crédito al cinismo de sus perseguidores. A Ramón le han tendido una trampa por haber dibujado ‘La pesadilla de Obi’[1], una historieta escalofriante sobre los delirios de Teodoro Obiang. La persecución es política.

Los que nos sentimos vinculados a la Red de Centros queremos ver a Ramón libre y que se pueda instalar en El Salvador como era su deseo. Nos gustaría que el Gobierno español hiciera todo lo que pudiera por ello. Sabemos que el Gobierno de Guinea no atiende a razones y la toma de decisiones es completamente caprichosa. Ramón lleva ya un mes en una prisión famosa por lo que todos podemos imaginar. Es importante que la opinión pública española se movilice. No nos olvidemos de Ramón Esono.

(*) Carlos Alberdi es ex director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID

 

[1] https://pubhtml5.com/owts/ndmk

La excepción hace la regla

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Mariano Rajoy y Carles Piugdemont. / PASCAL GUYOT (AFP)

 

Al momento de escribir estas líneas aún no se sabe si, como resultado de la crisis política desatada en torno a Cataluña, el Senado va a terminar votando en favor de la aplicación del Artículo 155.  Sea cual sea el desenlace, el solo hecho de que este artículo haya sido invocado, por primera vez desde que la Constitución Española fue ratificada, abre ya un capítulo importante en la historia política del país. Además de que, generalmente, los temas que tienen que ver con aspiraciones nacionalistas en cualquier latitud generan crispación, en el caso actual los eventos han seguido un crescendo de varios meses con lo que ya el tono de la discusión pública amenaza con rebasar todo límite. Esto es justamente lo opuesto de lo que se necesita en este momento: para bien o para mal, el gobierno de España ha dado un paso muy importante y la opinión pública debe entrar por esta senda con los ojos muy abiertos.

Aunque suene excesivo, lo que está en juego en los próximos días (y meses) es la esencia misma de la Constitución. El constitucionalista americano Bruce Ackerman ha puesto en circulación el término ‘momento constitucional’ para referirse a episodios de la vida política de una democracia en los que, aunque no se surtan los trámites legales para una reforma explícita de la Constitución, se produce un cambio de tal magnitud que viene a ser, para todos los efectos prácticos puede decirse que se ha producido tal reforma. Ackerman, pensando en la experiencia de Estados Unidos, considera que dichos cambios ocurren cuando el proceso político normal sacude hasta los cimientos los consensos preexistentes, generando un conflicto que solo se puede resolver dando lugar a un nuevo consenso que termina siendo ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes. No es este el lugar para discutir en detalle la tesis de Ackerman y las controversias que ha generado. Pero sí puede ser un punto de partida para pensar en la coyuntura española del momento: España se está adentrando en algo que podría considerarse un momento constitucional.

Casi por definición, un momento constitucional solo puede surgir en una coyuntura de crisis aguda. En el caso americano, Ackerman ha puesto como ejemplo los eventos del año 1937, cuando la Corte Suprema, cediendo a la presión política de un presidente Roosevelt en la cúspide de su popularidad, modificó su postura de laissez faire ante el mercado laboral, abriendo así las compuertas para el ‘New Deal’. El país se encontraba avasallado por la Gran Depresión y en un clima de profunda agitación política y social. Al otro lado del Atlántico ya se adivinaba el espectro de la guerra y, aunque en aquel momento en Estados Unidos muchos creían que podrían permanecer al margen del conflicto, era cada vez más claro que no sería así. En el caso actual, aunque las circunstancias no son, afortunadamente, tan dramáticas, no se puede negar que hay una seria crisis política y, precisamente, el haber acudido a una medida excepcional como el 155 abre el espacio para un ‘momento constitucional’.

A simple vista, las cosas son muy claras: en cualquier país del mundo una región que intente declararse independiente está quebrantando en materia grave el orden constitucional. Por lo tanto, es muy fácil concluir que es el momento de aplicar una medida como el 155, exactamente el tipo de procedimiento contemplado en muchas constituciones del mundo para restaurar el statu quo ante. Pero lo que hemos visto en estos días es que, por la complejidad misma del problema, un problema que se viene gestando por mucho tiempo, no hay plena claridad sobre lo que se debe restaurar.

¿Exactamente cuándo fue que la Generalitat de Catalunya se puso por fuera del orden constitucional? Hay varias formas de responder a esa pregunta. La interpretación más restrictiva diría que, si nos atenemos a la letra de la ley, como aún no se ha producido una declaración de independencia, la Generalitat no está por fuera de la Constitución. En ese caso, hasta tanto no se produzca dicha declaración, no habrá lugar para aplicar el 155. Pero otras voces dicen que ya la votación altamente irregular en el Parlament los días 5 y 6 de septiembre quebrantaron el orden.

Hay quienes argumentan que el Procés ha sido todo él una persistente violación de la Constitución e incluso, tal vez la interpretación maximalista, que en Cataluña se ha configurado una situación irregular desde hace ya muchos años en torno a, por ejemplo, el sistema educativo y los medios de comunicación. Más aún, otras interpretaciones del texto del 155 dan prioridad a su invocación del interés general para decir que, dejando de lado los temas estrictamente legales, ya los mismos actos de la Generalitat han sido dañinos para dicho interés general con lo que ya está justificada la intervención del gobierno central.

Cada una de estas interpretaciones corresponde a una lectura distinta del significado del régimen de autonomías consagrado en la Constitución del 78 como una de sus piedras angulares. Si, por ejemplo, hacemos el ejercicio de interpelar a la que he llamado ‘interpretación maximalista’ veremos que hay que abordar preguntas de gran calado. Durante todos estos años, la autonomía catalana ha mantenido funcionando con total normalidad los mecanismos de competencia política electoral.

Ordenamiento constitucional

La democracia catalana es tan buena (o tan deficiente, según quien lo vea) como la democracia de cualquier otra región de España. Entonces, si se considera que el sistema educativo y la gestión de los medios de comunicación regionales transgreden en materia grave el ordenamiento constitucional, habría que preguntarse por qué en todos estos años los electores catalanes no han reaccionado para corregir cualquier anomalía siendo que han contado con todos los mecanismos para hacerlo.

Dicho de otra manera, esta interpretación diría implícitamente que hay ciertos aspectos que hasta ahora se han considerado parte del funcionamiento de la sociedad civil que, en realidad, deberían considerarse como esferas de derecho que deben ser tuteladas por el Estado central, por encima de lo que digan las mayorías electorales. No se trata, ni mucho menos, de una idea descabellada. Muchas teorías de la democracia coinciden en que los mecanismos mayoritarios pueden a veces llevar a atropellar derechos ciudadanos. Pero el punto no es descalificar una interpretación u otra, sino señalar que cada una encierra supuestos que deben ser formulados explícitamente. Por ejemplo, si es imperativo que el Estado sea el garante de derechos tales como el acceso a cierto tipo de experiencia educativa, por encima de las decisiones de un Gobierno regional, ¿debe ser también el garante del derecho a la vivienda, al empleo, al medio ambiente?

De manera análoga, si el interés general es el justificante de medidas como el 155, ¿cuáles deben ser las instancias encargadas de evaluarlo? ¿Podría, por ejemplo, considerarse que el endeudamiento de una comunidad autónoma pone en peligro el interés general? ¿O su política ambiental?

Otro tanto ocurre con los principios de adecuación y proporcionalidad entre medios y fines. ¿Es el 155 un mecanismo para responder a coyunturas específicas, puntuales, de ruptura del orden constitucional? O, por el contrario, ¿debe darle al Gobierno la autoridad para ir a lo que éste considere las raíces mismas del problema? En el segundo caso se estaría adoptando una interpretación del balance entre los poderes que le da al Gobierno central la potestad de ‘corregir’ los errores de la democracia local.

No es el propósito de estas líneas abogar por una interpretación u otra sino tratar de dejar en claro que lo que está en juego va más allá de Cataluña. En todo Estado de derecho los casos excepcionales son los que definen la naturaleza misma del régimen. Las decisiones que se tomen en los próximos días van a tener consecuencias muy profundas para toda la configuración del Estado español, para la relación entre las autonomías, el Gobierno central y los ciudadanos.

Irónicamente, aunque el Gobierno ha insistido hasta la saciedad en su objetivo de mantener incólume la Constitución del 78, es bien probable que, a la luz del planteamiento de Ackerman, esta crisis termine por traducirse en una reforma tácita mucho más ambiciosa que cualquiera de las reformas que hasta ahora se han considerado impensables.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III

El cambio climático no provoca incendios, pero sí hace que sean más virulentos

DANIEL LEGUINA (*)

 

Brigadistas luchan contra un incendio en A Coruña. / ÓSCAR CORRAL

 

El cambio climático no provoca más incendios, pero sí hace que sean más virulentos. La subida de las temperaturas seca vegetación y suelo, aumentando la aridez, lo que facilita las condiciones para el fuego. Galicia ha ardido por los cuatro costados a mediados de octubre, cuando las lluvias debían haber hecho acto de presencia hacía semanas. Cuatro personas han muerto y se calcula que las llamas han devorado unas 35.500 hectáreas.

Según Greenpeace, 2017 está siendo el tercer peor año del último decenio en España -sólo superado por 2012 y 2009-, con casi 101.000 hectáreas quemadas y 11.600 incendios, de los cuales 22 han tenido dimensiones superiores a 500 hectáreas. Hoy en día, el problema de fondo no son los incendios en general, sino aquellos de alta intensidad y difícilmente controlables, los grandes incendios forestales (GIF) en los que arden más de 500 hectáreas, según afirma la investigadora Lourdes Hernández en el último Informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Este trabajo también establece que los avanzados dispositivos de extinción actuales no han logrado reducir el número de GIF, claro síntoma del estado de vulnerabilidad de las masas forestales. De media al año se producen 23 GIF. Apenas suponen un 0,12% del total, pero en ellos arde el 37% de la superficie media que se incendia anualmente. Grandes incendios que no solo no disminuyen, sino que además son cada vez más grandes, destructivos e imposibles de apagar por los dispositivos de extinción: en la última década se ha incrementado en un 25% su tamaño y en 2015 fueron un 50% más grandes.

Tampoco se han escapado de las llamas Asturias y Portugal -36 personas fallecieron en el país vecino y en junio murieron 64-, y al otro lado del Atlántico, California ha sufrido los peores incendios desde 2007 con 40 muertos, 100.000 evacuados y 90.000 hectáreas calcinadas. Son datos estremecedores que pueden aumentar en los próximos días por el elevado número de heridos. A principios de año en Nueva Zelanda hubo un muerto y más de 1.000 desplazados. En 2016 le tocó el turno a Australia. Es decir, que lo que está detrás de todo no puede ser sólo una política forestal equivocada: hay un factor agravante que es el cambio climático, y que afecta a todo el planeta.

El calentamiento global dio lugar a un verano más caluroso y con menos lluvias, y lo mismo está ocurriendo con el otoño, con temperaturas más altas de lo normal en octubre, según la Aemet. La sequía continuará de manera alarmante, con los embalses al 37% de su capacidad. Es la tendencia para los próximos años.

La situación es muy preocupante y son muchas las voces que llevan lustros avisando de la tragedia. Los recortes del Gobierno a las partidas presupuestarias de medio ambiente perjudican sobremanera a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Este año, el recorte en el programa de lucha contra la contaminación y el cambio climático ha sido del 45%, pasando su presupuesto de 50,85 a 27,64 millones de euros.

Con menos dinero para el medio ambiente, actuaciones fundamentales como la prevención y gestión de riesgos de sequías e inundaciones que afectan a las cuencas hidrográficas, la mejora del estado de calidad de las aguas y ecosistemas, la conservación y protección del patrimonio de medioambiental, o la gestión de los residuos están juego.

Recortes en enseñanza medioambiental

En un reciente informe de la Fundación Alternativas titulado ‘Educación para la Sostenibilidad en España. Reflexiones y propuestas’, se advierte sobre los recortes en enseñanza medioambiental, que “han hecho desaparecer unidades de sostenibilidad” en las universidades españolas, “principalmente en actividades de sensibilización y educación ambiental”.

El trabajo aclara también que “el cambio social hacia la sostenibilidad sólo será posible si se produce un cambio en la priorización de las políticas que se aplican por parte de los dirigentes, políticos y gestores actuales. No podemos esperar a que las nuevas generaciones lleguen a tomar el poder de las decisiones. La mayoría de los problemas necesitan soluciones inmediatas”.

La causa principal de calentamiento del planeta son los gases de efecto invernadero, provocados por la actividad humana. Según el libro ‘Temperaturas extremas y salud. Cómo nos afectan las olas de calor y frío’, de Cristina Linares, Rocío Carmona, Cristina Ortiz y Julio Díaz, “unas 250.000 personas morirán al año entre 2030 y 2050 como consecuencia del aumento de los efectos de las enfermedades, las alergias, el incremento de los contaminantes atmosféricos, las inundaciones o sequías que provocarán escasez de alimentos, y los desplazamientos de la población más vulnerable”.

Esta obra indica asimismo que los mayores de 65 años es la “población de mayor riesgo” a las olas de calor y frío. Las causas de mortalidad asociadas al calor son el “agravamiento de patologías circulatorias y respiratorias previamente existentes; mientras que para el frío son los procesos infecciosos relacionados con las bajas temperaturas. La mortalidad asociada al calor en España puede llegar a ser, en el año 2100, hasta 12 veces la actual”.

La Agencia Europea del Medio Ambiente avisa sobre la degradación de los ecosistemas naturales debido a la contaminación. La deposición atmosférica de azufre y nitrógeno tiene efectos acidificantes en los suelos y aguas dulces, que afectan a la biodiversidad. En España, la polución causará eutrofización, con mares llenos de algas y medusas que ahuyentarán al turismo.

Las políticas ambientales requieren acción y cooperación a nivel mundial, europeo, nacional y local, y deben alcanzar a todos los sectores económicos y comprometer a la población. Son necesarias soluciones rápidas a un problema muy grave que afecta a todos y para el que cada vez hay menos tiempo.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

El galimatías de la mediación

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

 

Estamos inmersos en un proceso convulso y desconocido hasta ahora en la política española desde que se transitó a la democracia. Esta situación política agitada está inundando toda la esfera pública; desde los habituales actores como las instituciones, los partidos políticos o los medios de comunicación, hasta la calle en todas sus dimensiones, desde las manifestaciones convocadas por organizaciones cívicas, a las espontaneas tras un anuncio en las redes sociales, hasta las charlas en bares o reuniones familiares. No en vano, incluso hemos visto cómo han salido a la luz recomendaciones frente a las alteraciones de ánimo y de ansiedad por parte de algunos ciudadanos, a los que se recomienda, por ejemplo, que no se expongan más de dos veces al día al manantial incesante de información.

La gente está preocupada, en mayor o menor medida, y más o menos cerca geográficamente de Cataluña, pero esta es una realidad innegable. Los políticos están inmersos en sus estrategias de luces y sombras, pero el asunto ha traspasado la frontera de los gobiernos y de los partidos; se ha socializado, incluso hasta el hartazgo.

Antes del referéndum del día 1 de octubre, los escenarios se han caracterizado por los comportamientos predecibles en el sentido de que todos -unos y otros- los actores actuaban de forma paralela siguiendo su propio guion, conocido y sin novedades, en modo escalada del conflicto.

Después de los acontecimientos de ese día, apareció una variante en uno de los discursos, era la mediación. Aunque se puede entender que hay entre los ciudadanos una idea somera sobre de qué se está hablando, lo más sorprendente del asunto es la cantidad de cosas que se han querido identificar con esta palabra. Cuando el término salta a la palestra, parece que pudiese encontrar un punto de encuentro entre ambas partes, pero esta sospecha se desvanece rápido. Seguimos con dos monólogos en paralelo.

Como se quiera que en esta cuestión ya todo el mundo toma parte, o partido -hasta la ‘equidistancia’ es un lugar de posición-, aún aparecen más ‘visiones’ de la mediación. En definitiva, un galimatías que poco ha servido para potenciar o, mejor dicho, para aclarar la posibilidad que abre una metodología como la mediadora.

Las formas alternativas de resolución de conflictos suponen un campo fructífero en la ambición de deshacer los nudos que atenazan las relaciones humanas de todo tipo. Frente a la idea consolidada del conflicto como algo penoso y generador de tensión, aquella línea de trabajo perfila un concepto de conflicto que si bien inevitable, también pudiera verse como una oportunidad; no sólo para rebajar tensiones sino también para encontrar salidas, y preservar una relación en principio dañada pero salvada para un futuro más cooperativo de lo que ha sido el pasado y el presente.

Encontrar salida -que no solución, en cuanto a los que significaría una erradicación total del problema- a los conflictos de forma provechosa para conquistar ese futuro, depende evidentemente del diálogo, de la capacidad de escucharse mutuamente y trabajar sobre los puntos que se tienen en común para ir generando un tejido de confianza que facilite ir deshaciendo más tarde las discrepancias, y ser capaces de llegar a un acuerdo. A veces este ejercicio se puede llevar a cabo a través de la negociación. Otras veces, ya la situación ha subido de tono y ya es preciso, incluso para sentarse alrededor de la misma mesa, que aparezca un facilitador, un tercero imparcial que ayude en el proceso; ahí surge la figura del mediador. Se trata de un proceso voluntario a tres bandas: las partes y el mediador. Requiere asimismo confidencialidad, es flexible y se ancla en que los términos del acuerdo salgan de las propias partes. El mediador es por tanto alguien que ayuda a que eso se produzca, es un conductor del proceso.

No estoy describiendo algo simple, sino laborioso, pero esas son las coordenadas de partida. Pero a lo que se asiste es a una ceremonia de confusión, fundamentalmente en su camino inicial, es decir en llegar a la conclusión de que se quiere adoptar ese método. Así, cada cual habla de mediación según su leal saber y entender. Y por ello se empiezan a poner condiciones previas, ‘líneas rojas’, y cualquier obstáculo que se le ocurra dependiendo de qué, que acaba por hacer imposible no sólo la mediación, sino también el más mínimo acercamiento a su exploración.

Intereses distintos

En estas circunstancias el tercero (o los terceros) que pudiera serlo se ve de todo menos imparcial, bien porque ayuda más a unos, o bien porque perjudica más a otros. Lo que para unos es previamente obligatorio para otros no lo es; podríamos seguir por esa línea de argumentación, pero no haríamos más que repetirnos. Lo que se esconde detrás de esas posiciones son los distintos intereses, y pasar de aquellas a estos es uno de los ejercicios básicos que se le piden a un buen mediador, claro está si se puede en algún momento iniciar un proceso en condiciones. Y con la experiencia, se sabe que si no se sale de las posiciones no se llega a lugar alguno.

En definitiva, esto lo que pone de manifiesto es que seguimos enredados en las palabras para no avanzar en los procesos; en este momento se habría de explorar cuánto de voluntad hay y cuánto de desconocimiento; cuánto de estrategias entrelazadas entre ganar tiempo y/o rendir al adversario.

Esta maraña descrita recuerda bastante a lo que ocurrió durante el año 2016, entre las elecciones de diciembre del año anterior y las de junio de ese mismo año. Las dificultades que se encontraron para formar gobiernos sin mayoría absoluta demostraron que tampoco se entendía bien, y no se tenía experiencia de lo que significaba ‘negociar’ para componer un ejecutivo.

Y toda esta reflexión resulta aún más chocante, aunque comprendamos lo que pasa, si tenemos en cuenta las dos formas alternativas de resolución de conflictos citadas: negociación y mediación son las herramientas básicas de la política. ¿Será, como se dice a menudo que en todo este conflicto ha estado ausente la política? Sólo ha habido apariencia de tal.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense

RTVE, CCRTV: Dos caras simétricas y deformadas del conflicto

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

Protesta en Torrespaña por la cobertura del referéndum catalán. @GALLEGO_MARGA

 

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Desde muchos medios de comunicación se ha resaltado asimismo la visión militante de la Corporación Catalana de Radio y Televisión por la causa separatista, sin que las posiciones contrarias hayan recibido más que ataques o apelativos negativos. Pese a la irrupción de esta visión ‘pedagógica’ incluso en programas infantiles, los directivos de TV-3 han despreciado estas críticas. En ambos casos, los gestores del servicio público se reclaman abiertamente de su obediencia gubernamental, incluso cuando son reprobados por el parlamento.

La simetría de origen en 2012 de ambas situaciones es todavía más llamativa: en Cataluña, Convergencia i Unió gozó del apoyo de los votos parlamentarios del PP para conseguir la regresión de la regulación catalana en el nombramiento de los directivos y consejeros de la CCRTV, pasando de los dos tercios a la mayoría absoluta en segunda instancia (Ley catalana 2/2012 de 22 de Febrero. DOGC 27-2). En Madrid, el Gobierno del PP consiguió un retroceso democrático similar gracias al apoyo de CIU, para designar a dedo a los gestores y consejeros de RTVE sin ninguna negociación con la oposición (Real Decreto Ley 15/2012 de 20 de abril).

Ni el PP ni el PdCat, heredero de CIU, han pedido perdón estos últimos meses por esta deformación mutua y solidaria del servicio público que ha echado abundante gasolina al fuego en ambos campos. Para más similitud, el Consell Audiovisual de Catalunya, dominado también por el Govern, ha obviado toda condena a la manipulación de TV-3 o de Catalunya Radio, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ni siquiera se ha planteado el problema en RTVE.

Caída de las audiencias

En los cinco años transcurridos, ambas radiotelevisiones públicas han caído en picado en sus audiencias, dañando profundamente el peso social del servicio público en la sociedad española y catalana. TVE-1 por ejemplo ha perdido un cincuenta por ciento de su tasa de share, mientras que TV-3 ha perdido 4 puntos y ve su liderazgo relativo amenazado también por las cadenas privadas, aunque en su deriva independentista de septiembre haya conseguido recuperar una parte.

Ahora, después de numerosas batallas, la oposición en el Congreso ha conseguido aprobar una ley (5/2017 de 29 de septiembre) que promete hacer regresar a RTVE al pluralismo, mientras que en Cataluña, ERC y la CUP parecen sentirse cómodos con una visión unidimensional del mundo, sin que la oposición haya conseguido revertir la contrarreforma.

En fin, en ambos ámbitos, el problema no es sólo de pluralismo partidista, sino también de la escasa diversidad de valores de sociedad, del extravío de sus misiones de servicio público. Por casualidad, en estos años ambas entidades estatales han hundido sus inversiones y su labor de promoción de la producción audiovisual independiente y de la cultura en general.

Desde esta perspectiva, dos caras simétricamente deformadas de nuestra sociedad se alimentan también mutuamente. La equidistancia se impone en ocasiones.

 

(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual de la UCM

Efectos de la repetición de curso y alternativas

ÁLVARO CHOI (*)

 

Imagen de un instituto de Barcelona. / Joan Sánchez

 

A pesar de las limitaciones establecidas por su marco normativo, España sigue siendo uno de los países de la OCDE con mayores tasas de repetición de curso. En el año 2015, el 12,7% de los alumnos de Primaria y el 26,3% de los de ESO habían repetido al menos un curso. Se identifica a su vez una elevada heterogeneidad de situaciones entre CCAA: mientras que las tasas de repetición en ESO en siete CCAA —sin contar las ciudades autónomas— superan el 30%, Cataluña, País Vasco y Navarra se sitúan por debajo del 20%. Estas cifras se encuentran alejadas, en todo caso, del 5,7% de los países de la OCDE (valor promedio).

Porcentaje de alumnos que han repetido curso en Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria, por comunidades  autónomas y media OCDE. Año 2015.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2016): PISA 2015 Results. Policies and Practices for Successful Schools. Volume II, Paris, OCDE.

La utilización de la medida de la repetición de curso, cuyo objetivo es la nivelación del rendimiento académico de los alumnos, se fundamenta en la concesión de un mayor tiempo de maduración al alumno, el estímulo de la cultura del esfuerzo y la tradición y creencias sociales acerca de sus efectos. La evidencia empírica existente demuestra, no obstante, que los efectos negativos de la repetición de curso superan a los positivos, siendo el efecto final de la política el contrario al inicialmente buscado.

La mayor parte de estudios, tanto a nivel nacional como internacional, concluyen que la repetición de curso no solamente es inefectiva para mejorar el rendimiento de los alumnos, sino que es perjudicial. Los repetidores tienen también un mayor riesgo de abandono escolar prematuro, cuestión muy relevante para el caso español, donde la tasa de abandono se sitúa en niveles muy elevados (19% en 2016). Además, vale la pena destacar el efecto acumulativo asociado a repetir más de un curso.

Dichos estudios también subrayan que el efecto de la repetición es heterogéneo. La aplicación de esta medida no se distribuye de forma homogénea entre subgrupos poblacionales y sus efectos también varían dependiendo de las características del alumno. Así, repetir curso resulta más perjudicial (a) en los años iniciales de educación primaria, (b) para los alumnos de minorías étnicas y (c) para los alumnos provenientes de hogares con un reducido nivel socioeconómico. Se trata, por tanto, de una medida inefectiva y que perjudica la igualdad de oportunidades educativas. Adicionalmente, cabe señalar que tiene un elevado coste económico.

Conviene replantear la utilización de la repetición de curso y considerar su sustitución por otras medidas más coste-efectivas y ya implementadas en otros países. Estas medidas pivotan sobre dos principios: (1) individualización del tratamiento y (2) detección e intervención temprana. Entre las posibles alternativas se encuentran: (a) los programas individualizados de refuerzo, (b) la flexibilización/individualización del currículo, (c) la reforma del sistema de promoción y (d) el establecimiento de mecanismos de detección precoz de alumnos con problemas de aprendizaje.

 

* Álvaro Choi es profesor agregado en el Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona y del Grupo Interdisciplinar de Políticas Educativas (GIPE). Sus áreas de especialización son la economía de la educación, la economía pública y la evaluación de políticas públicas.

 PARA MÁS INFORMACIÓN VÉASE EL DOCUMENTO COMPLETO EN:

http://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-social/efectos-de-la-repeticion-de-curso-y-alternativas