El poder efectivo del Estado: un retorno a sus orígenes

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España. / ATLAS

 

La firme intención de alejarnos, aunque sea momentáneamente, de la crisis del modelo autonómico español e intentar tomar mayor distancia del problema catalán, nos ha llevado a plantearnos cuál es el papel actual que desempeña el Estado, en cuanto forma de organización política que hoy conocemos: cómo ejerce su poder y que es lo que los ciudadanos le demandan o esperan de él.

Los motivos para esta reflexión son claros: el soberanismo no ha logrado culminar con éxito y hacer efectiva su declaración de independencia; mientras que el poder central ha tenido que rebuscar en su arsenal legal todas las herramientas de que disponía para justificar su intervención y defender la justicia de sus exigencias.

Curiosamente, ambas partes han esgrimido la legitimidad y una pretendida superioridad ética de sus posturas: la democracia, la participación y la voluntad popular, por parte de unos. La legalidad, el respeto a la norma y, también, la democracia, por parte de otros. Es más, ambas partes han desarrollado un relato propio y han emitido unos mensajes publicitarios coincidentes en su interés en que prevalezca la bondad y la ética de su pretensión.

Desde la aparición de la forma política del Estado los argumentos que justificaron su existencia han cambiado. En los últimos cinco siglos se han sucedido diferentes teorías que han ido siendo perfiladas conforme la forma política estatal se iba adaptando a las necesidades de cada momento: primero absoluto, luego liberal, más tarde democrático y finalmente social.

Una de sus primeras justificaciones fue mantener la paz y prevenir la violencia interna, tal como lo apuntó Hobbes. Más adelante se ha justificado el Estado como defensor e impulsor de un bien común, de unos valores éticos que superan el ámbito de los egoístas intereses de los ciudadanos. Es decir, una cierta ida de justicia. También se ha argumentado que la organización del Estado es una garantía para la propia estabilidad y permanencia. E incluso se ha argumentado que el Estado defiende objetivos y valores positivos que enriquecen la vida de la comunidad y de los individuos, como el conocimiento, la responsabilidad o la virtud.

Por otro lado, ¿qué decir de la visión socialdemócrata del Estado? De forma expresa la idea de este pensamiento es la de utilizar el instrumento estatal y los medios de que dispone para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos mediante una más justa redistribución de la riqueza, que evidentemente requiere del uso coactivo del poder para imponer sus decisiones a los ciudadanos más afortunados y más reacios a mostrarse solidarios.

Sin embargo, la revisión de estas concepciones y la observación de la actual crisis del Estado español apuntan a objetivos menos elaborados y, por qué no decirlo, más arcaicos. Las posiciones expresadas en los últimos meses apelan a la autoridad, lo que inevitablemente conduce al uso del poder coactivo y a la imposición de las decisiones tomadas por la mayoría por uno u otro medio. Siempre por medios legales, obviamente; pero sin perder demasiado tiempo en atender los deseos y necesidades de la minoría, que corre un serio riesgo de permanece ajena a las decisiones más relevantes.

Valoraciones éticas

Las valoraciones éticas del comportamiento del Estado parece que han sido orilladas en estos momentos. Los actores políticos se consideran legitimados para actuar en una u otra dirección porque consideran que una mayoría de los ciudadanos les apoyan. Esto quiere decir que su actuación está amparada por la ley y que, por lo tanto, disponen de la legalidad y legitimidad necesarias para ejercer los poderes coactivos del Estado para imponer sus criterios.

Es decir, curiosamente, apelan a los instrumentos que justificaron la aparición del Estado en la Baja Edad Media: el monopolio de la legalidad y el monopolio coercitivo. Es decir, reclaman del Estado un comportamiento que parecía que había quedado superado en los últimos siglos conforme el ideal de justicia y el respeto a los derechos de la minoría ganaba espacio en las instituciones democráticas.

Lógicamente, en este escenario la negociación y el compromiso no parecen tener fácil acomodo. Y por eso, a la espera de ese momento en que se puedan encontrar puntos de encuentro entre posiciones tan alejadas, creemos que merece la pena una llamada de atención sobre la conveniencia de recuperar conceptos que parece que hayamos perdido en la evolución histórica del Estado, y básicamente las ideas de pacto y contrato social; ya que la fuerza coactiva del Estado nunca será suficiente no ya para garantizar su estabilidad y aceptación por parte de sus ciudadanos, sino para alcanzar la mínima cohesión social que necesita todo grupo humano que vive el día a día bajo unas mismas normas y que tiene que cumplir las decisiones que van adoptando los órganos de gobierno de los que se ha dotado.

* José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Comments

[Publicado por: Juliana Luisa]

Lamento los rrores cometidos en mi comentario.

Lo siento

[Publicado por: Juliana Luisa]

Siguiendo a Amartya Sen en su "Idea de la justicia", la celebración de elecciones no aseguran que se esté en un Estado democrático. No se puede hablar de democracia si no se atiende lEs necesaria lo que los fulósofos contemporáneos denominan democacia por consenso. Estoy de acuerdo con usted en muchas cosas.

Un saludo