¿Cómo puede nuestra compra diaria contribuir a resolver los retos de nuestra sociedad?

CARLOS XABEL LASTRA-ANADÓN (*)

 

Una mujer selecciona productos en un supermercado. JAIME VILLANUEVA

 

En la división de tareas más común hoy, las empresas se encargan de obtener los mayores beneficios posibles y el estado se encarga de restringir sus operaciones más aberrantes, desde la esclavitud al uso de semillas genéticamente modificadas. El gobierno recauda impuestos con liberalidad (en conjunto con organizaciones sin ánimo de lucro) y se encarga de tareas sin claro beneficio para agentes privados, desde mantener la seguridad y justicia hasta proveer una educación y sanidad mínimas que una parte de la población invertiría en su ausencia.

Este equilibrio es más inestable que nunca. Por un lado, las posibilidades tecnológicas están concentrando clientes y ventas en unas pocas empresas “que lo ganan todo” con pocos empleados y altos beneficios (Brynjolfsson y McAffee, 2016), Los ingresos de las empresas FANGA (Facebook, Apple, Netflix, Google y Amazon) serían ya hoy comparables al PIB de Suecia. Esto hace que estas empresas sean muy poderosas: la movilidad de los servicios que venden hace fácil escapar del pago de impuestos en cualquier país y hace difícil regular su conducta. Además, en la medida en que estas empresas desplazan a otras tradicionales con más empleados y más arraigadas territorialmente contribuyen a crear más necesidades sociales y una menor y más elusiva base de ingresos para el estado.

Afortunadamente, como contrapunto y como consecuencia de la mayor conciencia de los problemas a los que nos enfrentamos y la poca capacidad de los gobiernos para resolverlos, una nueva tendencia cobra fuerza. Muchos ciudadanos consumidores e inversores tienen una voluntad cada vez mayor de hacer que sus decisiones de compra (o de inversión de ahorros) reflejen sus prioridades sociales o ambientales y no sólo la satisfacción de necesidades inmediatas al menor precio. El etiquetado de productos como de comercio justo, el 71% de los inversores minoristas que muestra interés en que sus inversiones sean “sostenibles” (Morgan Stanley 2017) o que piden la desinversión en sectores desde armas a tabaco lo demuestran.

Sin embargo, el mercado del impacto social es un mercado prácticamente inexistente: el rango de productos en el supermercado más surtido no permite ‘comprar’ junto con un producto el nivel deseado de impacto ambiental asociado a su producción, el que haya usado humanos en lugar de a máquinas o el que favorezca a un determinado país o grupo humano que queramos priorizar. En otras palabras, el impacto social no se puede valorar, comprar ni vender de una manera sencilla y transparente. Mientras podemos comprar otros atributos, incluyendo la calidad, el precio o incluso la cantidad de grasa en un yogur, no ocurre lo mismo con el impacto social que este genera.

La respuesta de las empresas a la existencia de estos mercados sería una segmentación a lo largo de más dimensiones que las actuales (calidad, precio, marca, etc.) que permitiera a los consumidores interesados la ‘compra’ de diferentes niveles de impacto. Esto elevaría en importancia de crear este impacto para las empresas que sirviesen a esos segmentos, estimulando su ingenuidad y no dejaría la tarea de mitigar efectos perniciosos a iniciativas desconectadas posteriores. Dicho de otra manera, el que una empresa emita CO2 sin control, maximizando beneficios y a continuación el Estado (o una rama de responsabilidad social de la misma empresa) trate de compensar emisiones con la plantación de unos árboles tiene que ser una forma poco eficiente de lograr un nivel óptimo de emisiones. Ambas actividades deberían coordinarse poniéndose en el centro del objetivo empresarial y asegurándose de que su impacto neto es el deseado por el consumidor de sus productos.

Falta de información

¿Qué explica entonces la inexistencia de estos mercados? En parte la falta de información comparable y asimilable sobre su actividad. El objetivo para cada empresa sería tener una visión completa, multidimensional sobre su impacto sobre la sociedad y el planeta. Serían respuestas sistemáticas a preguntas como: ¿cuánto contamina? ¿cómo trata a sus empleados? Y también, ¿a quién beneficia y cuánto los servicios que ponen en el mercado? La respuesta sería diferente para el ultimo emoji de una Kardashian y un medicamento genérico que mejorase la salud pública, aunque sus beneficios fuesen similares. Resolver estas preguntas objetivamente es un gran reto. Por ahora, sólo existen métricas en un dominio muy limitado que además dependen de encuestas a las propias empresas. Como prueba del apetito que la sociedad tiene por usar estas métricas, Eccles et al. (2014) sugieren que los inversores valoran positivamente el mejor desempeño en las dimensiones para las que existe información. La elaboración de un conjunto más amplio de métricas, empezando con información pública no debería ser sustancialmente diferente a la labor a la que empresas como DeepMind se enfrentan para, por ejemplo, realizar diagnósticos automatizados sobre la base de información de millones de pacientes.

Una forma alternativa de progresar hacia que las empresas sean mucho más cuidadosas en el impacto que crean es el uso de regulación para influir sobre su comportamiento. En mi propia investigación encuentro que en países con más estricta regulación laboral, por ejemplo, las empresas cotizadas son aún más respetuosas con los derechos de los trabajadores de lo exigido por la letra de la ley. Esto sugiere que acciones regulatorias no demasiado exigentes pueden desplazar la norma de lo que supone un comportamiento aceptable. Yendo más allá, una legislación impositiva coordinada entre países que use métricas adecuadas permitiría incentivar directamente la consecución de impacto social en sus diferentes dimensiones.

En definitiva, la tarea de mejorar nuestro planeta y sociedad es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los gobiernos y del sector social, cuya capacidad probablemente disminuirá. Con las herramientas de información adecuadas, una nueva forma de capitalismo en la que el público se convierta en agente de cambio y las empresas respondan reinventando su misión es posible. El paso clave será la generalización de la idea de que cada decisión comercial que tomamos en nuestras vidas supone escoger a unas empresas sobre otras y por tanto recompensar  unos comportamientos frente a otros. Y que ser un ciudadano responsable supone elegir bien.

 Referencias

Brynjolfsson, E., McAffee, A. (2016): The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Norton.

Eccles, R., Ioannou, I., Serafeim, G. (2014): “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance”. Management Science 60:11.

Morgan Stanley (2017) “Sustainable signals”. https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth

 

(*) Carlos Xabel Lastra-Anadón es estudiante de Doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard

La desprotección jurídica de los refugiados climáticos

DANIEL LEGUINA (*)

 

Un niño juega sobre las ruinas de su hogar tras el paso del ciclón Pam, en Vanuatu. (GETTY IMAGES)

Hasta hace pocos años, los refugiados eran de índole religiosa, política o incluso cultural. El calentamiento global, sin embargo, ha creado una nueva clase social: los refugiados climáticos. Los desastres causados por el aumento de las temperaturas provocaron en 2016 el desplazamiento de 24,2 millones de personas -Asia es la región más afectada-, mientras que los conflictos armados movieron a 6,9 millones, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. La mayoría de los nuevos desplazamientos se dieron en entornos de alto riesgo caracterizados por una baja capacidad de supervivencia, altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y una gran exposición a peligros naturales y provocados por el hombre.

Inundaciones, huracanes, tormentas, deforestación o sequías motivan el abandono forzoso del hogar, ya que los destrozos en viviendas y cosechas, el calor extremo, la ausencia de agua o el exceso por la subida del nivel del mar hacen imposible que la vida sea segura en las zonas afectadas.

‘La migración debe ser una opción, no una necesidad’, dice la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero lo cierto es que el calentamiento global está eliminando absolutamente toda posibilidad de elección. Y el pronóstico es que el número de refugiados climáticos aumente en los próximos años. 

Uno de los aspectos más controvertidos de esta situación es el matiz jurídico. El marco legal para proteger a los desplazados por causas ambientales está poco evolucionado. Son muchas las lagunas en las normativas de protección de estas personas, y a la vez resulta sorprendente el grado de atención, dentro del Derecho Internacional, que reciben otros colectivos de poblaciones desplazadas por otros motivos, como los conflictos bélicos.

Salvo la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África (2009), conocida como Convención de Kampala, no existen normativas internacionales o instrumentos jurídicos que atiendan específicamente la protección y derechos de aquellos que puedan ser considerados desplazados por causas ambientales o climáticas.

Entre los obstáculos para que el marco legal se desarrolle de forma efectiva destacan los complicados entornos políticos donde se producen las migraciones y, sobre todo, la falta de voluntad de los actores implicados para afrontar el problema como un asunto de política pública. Estos inconvenientes influyen negativamente en gobiernos y organismos para poner en marcha iniciativas legales que aborden de manera objetiva y práctica la situación -actual y futura- de los refugiados por causas climáticas.

Desastres de lenta aparición

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, los refugiados medioambientales quedan fuera de las categorías protegidas por los instrumentos del Derecho internacional sobre el refugio, tanto en términos literales como en la intención de quienes los elaboraron. Por otro lado, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos contemplan las necesidades específicas de los desplazados de todo el planeta, pero existen limitaciones en su aplicación, sobre todo en los desastres de lenta aparición y sus impactos en los desplazamientos de población, y para los que se ven obligados a cruzar fronteras o no son considerados refugiados.

En el caso de los desplazados internos, que son la mayoría de los refugiados climáticos, no existe todavía un consenso claro sobre la propia noción y significado de ‘desplazado interno’. Estas personas dependen de sus gobiernos para hacer valer sus derechos, cuando en muchos casos son los propios gobiernos y ejércitos los responsables de los desplazamientos. Las organizaciones humanitarias también tienen obstáculos para proveer de ayuda a estas poblaciones, ya que su ámbito de actuación para el desarrollo de sus actividades no siempre está claro.

Uno de los pocos avances de los últimos tiempos ha sido la puesta en marcha de un partenariado global que une a empresas de seguros para cubrir los daños producidos por el cambio climático. Se trata de una iniciativa liderada por el Gobierno alemán, iniciada en 2015.

La negación jurídica del problema y la falta de respuestas estructurales es en estos momentos el mayor reto político y social para garantizar los derechos de los desplazados por el cambio climático, pero todo apunta a que los esfuerzos para revertir la situación van a seguir siendo limitados y poco implementados. La Cop23, que ha concluido recientemente, no ha avanzado demasiado en este sentido y, según los expertos, la forma en que este asunto está siendo abordado es aún inadecuada.

 

* Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

¡En pie capitalistas!

BRUNO ESTRADA (*)

Con el título ‘¡En pie capitalistas!’ se publicó hace un par de años un libro escrito por un alto ejecutivo estadounidense de origen rumano, Peter Georgescu. En este libro el autor critica la creciente desigualdad de la sociedad estadounidense haciendo hincapié en su principal causa: la cada vez mayor disparidad salarial que se produce en las empresas de EEUU.

Georgescu analiza lo que está pasando en el interior de las compañías. Él, indudablemente, es buen conocedor del modelo de gestión empresarial imperante en EEUU. Fue director ejecutivo (CEO en terminología anglosajona) durante muchos años, sabe de qué habla. El modelo de gestión que empezó a ser dominante en EEUU a partir de los años setenta y ochenta, y luego se ha extendido a gran parte del planeta, es el que definió Milton Friedman en 1970: la única preocupación de los directivos debe ser aumentar los beneficios de la empresa para los accionistas.

A partir de entonces dos perniciosas ideas se esparcen en el campo de la gestión empresarial: 1) el principal objetivo de los directivos empresariales es maximizar el valor de la acción a corto plazo, por tanto la empresa ya no es un lugar donde hay que llegar a consensos internos entre los trabajadores y los accionistas, lo que ha incrementado la financiarización de actividad productiva; 2) las grandes empresas deben concentrar su actividad en la parte del proceso productivo que tiene menos competencia, que crea más valor porque se puede ejercer poder de mercado, externalizando gran parte del resto de la actividad productiva más estandarizada, a la que más se puede restar valor.

El resultado de ello es, en las propias palabras de Georgescu, que “los principales accionistas de las empresas exigen la máxima rentabilidad a corto plazo, aunque eso perjudique la salud de la empresa. Han olvidado las bases de la buena gestión empresarial y, en su lugar, solo se dedican a recaudar dinero (…) Son como esos terroristas que toman rehenes, con el director ejecutivo como rehén estrella. Estas bandas avariciosas (de accionistas) despojan a la empresa de sus activos fundamentales y los venden después en el mercado, dejando a la compañía con muchas menos oportunidades de tener éxito a largo plazo”.

Geogerscu no se queda solo en la denuncia y se pregunta, y también lo hace a un buen número de altos ejecutivos a los que entrevista, qué se puede hacer para corregir esta situación. La respuesta de uno de los CEOS entrevistados es demoledora: “Tienes toda la razón pero no se puede hacer nada. Si subo los salarios me crucifican en la próxima junta de accionistas. Es un suicidio para alguien de mi posición”. Todos los directivos coincidían en que tomar una decisión de ese tipo era demasiado arriesgado para ellos. Podía ser lo mejor para sus empresas a largo plazo pero no lo mejor a corto plazo para sus carreras profesionales.

Los resultados de este modelo de gestión empresarial son evidentes en términos sociales: el empleo precario y los bajos salarios hacen que millones de trabajadores sean incapaces de salir de la pobreza, se incrementa exponencialmente la desigualdad y la clase media se reduce en las sociedades desarrolladas. Reequilibrar el poder en las empresas entre accionistas y trabajadores es, pues, un elemento básico para construir sociedades más inclusivas y también para hacer empresas más competitivas a medio y largo plazo.

Desaceleración del crecimiento

A una conclusión similar ha llegado Jordan Brennan, economista de Unifor, el principal sindicato canadiense del sector privado y miembro del Canadian Centre for Policy Alternatives, que ha realizado una profunda investigación: ‘Incremento de la concentración empresarial, debilitamiento del poder sindical y aumento de las desigualdades: la prosperidad americana en una perspectiva histórica’, sobre la relación entre la desaceleración del crecimiento económico y el crecimiento de las desigualdades en Canadá y EEUU. Brennan concluye que en aquellos lugares y épocas donde el poder de negociación de los trabajadores ha sido mayor y, por tanto, la riqueza se ha distribuido de forma más equitativa y los salarios han tenido un mayor peso en la economía, se ha registrado un mayor crecimiento económico, se ha incrementado la inversión productiva y se ha creado más empleo y de más calidad.

La experiencia sueca de los años ochenta nos apunta en la misma dirección. En 1984 el gobierno sueco aprobó una ley, que estuvo vigente durante siete años, que obligaba a las empresas a emitir acciones nuevas que se asignaban individualmente a los trabajadores, aunque eran gestionadas colectivamente en lo que se denominaron Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores, cuando el trabajador se jubilaba recibía las acciones como parte de su pensión.

 En 1991, el volumen total que habían alcanzado dichos fondos era de 2.000 millones de euros, un 7% del total de las acciones cotizadas en la Bolsa sueca. Esta original y gradual experiencia sueca fue capaz de propiciar un fuerte crecimiento de la economía repartiendo la riqueza generada como nunca se había hecho hasta ahora. Durante los siete años en los que estos Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores estuvieron vigentes, el PIB per cápita de Suecia, según datos del Banco Mundial, se multiplicó dos veces y media, pasando de 12.914 $ en 1984 a 31.374 $ en 1991.  El PIB per cápita sueco en 1984 apenas representaba el 76% del PIB per cápita estadounidense, y en 1991 alcanzó el 128%. El desempleo en Suecia en 1990 se redujo hasta la ridícula cifra del 1,7%.

En la Suecia de los años ochenta gran parte de los beneficios empresariales en lugar de ir a los bolsillos de los accionistas, como nos cuenta Georgescu que sucede actualmente en la mayor parte de grandes empresas estadounidenses, fueron reinvertidos en las propias empresas suecas: creando más empleo, invirtiendo en formación de los trabajadores, en innovación tecnológica o en inversiones en bienes de equipo que modernizaban los procesos productivos.

Podemos optar por seguir dejarnos llevar por el comportamiento sistémicamente estúpido y suicida del capitalismo financiero que convierte a las empresas -incluidos sus trabajadores-  en meras mercancías, o podemos apostar por un fuerte reequilibrio de poder dentro de las empresas en el cual tienen que jugar un papel fundamental los trabajadores, y sus sindicatos. Por democratizar la empresa tal como propuso, ya en 1932, el entonces ministro de economía sueco: Ernst Wigfors.

 

(*) Bruno Estrada es economista y adjunto al secretario general de CC.OO.

Puigdemont y la racionalidad de la toma de decisiones

ANSGAR SEYFFERTH (*)

 

 

El errático rumbo del destituido presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, nos proporciona un interesante caso de estudio sobre la racionalidad de la toma de decisiones, concretamente su decisión del 26 de octubre, que marcó el punto de no retorno: cuando ya parecía que iba a ceder ante el Gobierno español y convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, renunciando (al menos por ahora) a la declaración unilateral de independencia (DUI), cambió de decisión y, lejos de convocar las elecciones, siguió adelante con la DUI, desencadenándose así la anunciada intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, inclusive la destitución del Govern catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, y agravándose seriamente sus problemas, los de sus ex consejeros y los de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán con la justicia española.

Lo que pretendemos aquí es analizar la decisión de Puigdemont desde un punto de vista meramente estratégico, es decir, cómo de beneficiosa era para sus objetivos, asumiendo que sus objetivos en este contexto eran avanzar hacia la independencia, evitar la aplicación de artículo 155 y las elecciones anticipadas y, como parece lógico, minimizar dentro de lo posible los problemas con la justicia. Claro está que una mejora en uno de estos puntos puede ir acompañada inevitablemente por un empeoramiento en otro: por ejemplo, conseguir avances hacia la independencia puede suponer más causas penales. De lo que se trata entonces es de sopesar ventajas e inconvenientes, lo cual es fácil si se trata de consecuencias meramente económicas, pero puede complicarse cuando no son objetivamente cuantificables como sucede en este caso. Entonces, la decisión óptima puede depender de qué peso se da a las diferentes ventajas e inconvenientes, es decir, de las preferencias personales de quien toma la decisión, de modo que no hay necesariamente una única decisión racional. Por ejemplo, habrá quien esté dispuesto a asumir un recrudecimiento extremo de los enfrentamientos con el Estado e ir a la cárcel con tal de conseguir avances hacia la independencia y habrá quien no lo esté.

Ahora bien, una alternativa que con respecto a la consecución de los diferentes objetivos solo presenta desventajas y ninguna ventaja frente a otra alternativa, nunca puede ser preferible, sean cuales sean los pesos que se den a las diferentes ventajas y desventajas, de modo que sería irracional elegirla. ¿Y no es precisamente eso en lo que ha incurrido Puigdemont? Cataluña está intervenida y han aumentado drásticamente sus problemas jurídicos y los de otros políticos de su entorno, sin ningún logro a cambio: la DUI se ha quedado en papel mojado sin que haya independencia ni por asomo y las elecciones, que Puigdemont se había negado a convocar, se celebrarán de todas formas, y encima en una fecha poco conveniente para el independentismo -con poco tiempo para redefinir su estrategia-.

Pero lo que hasta ahora no hemos tenido en cuenta es que se trataba de una decisión bajo incertidumbre: Puigdemont tenía que decidir si seguir adelante o ceder sin tener certeza sobre todas las consecuencias que tendría una u otra decisión. Sin duda, algunas consecuencias eran bastante previsibles, pero otras no tanto, como analizaremos más adelante. Obviamente, la incertidumbre complica la toma de decisiones, porque ya no solo se trata de comparar las consecuencias de las diferentes decisiones alternativas para ver cuál resulta mejor, sino que para cada alternativa hay que plantearse los diferentes desenlaces posibles. Hay que contemplar en paralelo diferentes escenarios que pueden producirse con diferentes probabilidades, en cada uno de los cuales las consecuencias de cada decisión pueden ser muy diferentes.

Por ello, una decisión bajo incertidumbre no debe juzgarse a posteriori según el resultado que ha dado, sino que debe valorarse teniendo en cuenta solamente la información que estaba disponible al tomar la decisión. Que luego la decisión dé el resultado esperado o no dependerá no solo de lo fundada que haya sido, sino también de factores no previsibles en su momento. Pongamos un ejemplo extremo: si alguien ha ganado mil euros en la ruleta rusa, no parece muy indicado aprobar su decisión de jugarse la vida solo porque le ha salido bien. De la misma forma, una decisión perfectamente razonable, fundada e irreprochable puede acabar saliendo mal si se ha apostado por un determinado escenario que parecía probable pero que al final no se ha producido. Veamos si aquí estamos ante un caso así. Cuando Puigdemont tomó la decisión, ¿cabía la posibilidad de un desarrollo muy diferente de los acontecimientos sucesivos, llevando a escenarios en los que su decisión hubiera resultado ventajosa?

- Acerca de las consecuencias judiciales, si bien Puigdemont no podía saber con certeza a qué se enfrentaba exactamente en caso de ceder y en caso de seguir adelante con la DUI, sí estaba claro que siguiendo adelante las consecuencias iban a ser mucho más serias que cediendo, y no solo para él.

- Con respecto al artículo 155, Puigdemont alegó que no había recibido garantías del Estado de que si cedía iba a suspenderse su aplicación. Sin embargo, 1) habría tenido estas garantías de no haber retrasado tanto su decisión, 2) la posibilidad de la intervención seguía siendo preferible a la certeza de la intervención -y continuando con la DUI había esa certeza- y 3) incluso si al final la cesión de Puigdemont ya no hubiera conseguido evitar la intervención, al menos la habría debilitado sensiblemente, rompiendo la unidad del llamado bloque constitucionalista, dado que el Partido Socialista había anunciado que en este caso ya no la iba a apoyar.

- En relación a las elecciones anticipadas, la única sorpresa fue la fecha tan cercana y tan poco conveniente para el independentismo. Que el Gobierno central iba a convocarlas al intervenir Cataluña estaba fuera de toda duda, y también que los independentistas no podían permitirse boicotearlas y perder así todo su poder autonómico. Entonces, si Puigdemont sabía que las elecciones eran inevitables, lo más indicado para sus intereses habría sido convocarlas él mismo, anticipándose al Gobierno central, en la fecha más conveniente para sus intereses.

Pues bien, si en todos estos puntos era previsible que la alternativa de ceder convocando elecciones resultase más beneficiosa para sus intereses y los del independentismo y, aun así, optó por seguir adelante con la DUI, ¿será que pensaba que la DUI podría tener un cierto éxito, al menos parcial, capaz de compensar los inconvenientes de los tres puntos anteriores? Parece muy difícil que Puigdemont pudiera creer realmente en esa posibilidad teniendo en cuenta que era previsible que el reconocimiento internacional de la República iba a ser prácticamente nulo y que, nada más declarada la independencia, él mismo abandonó Cataluña rumbo a Bruselas mientras, aparentemente, nadie de su Govern estaba trabajando en la puesta en marcha de la República ni había plan alguno de cómo reaccionar frente a la largamente anunciada intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, dejando así desconcertado y sin liderazgo al inicialmente tan ilusionado movimiento independentista.

La conclusión es que, a pesar de una serie de incógnitas, Puigdemont tenía que saber perfectamente que la decisión más indicada en aquel momento era ceder y convocar elecciones. De hecho, según informaron los medios, prácticamente ya estaba decidido a hacerlo, teniendo incluso preparado su discurso para anunciarlo, en el cual seguramente iba a alegar que lo hacía para salvar a Cataluña de la intervención. Según estas informaciones, fue su entorno –con alguna excepción como la de Santi Vila– quien le presionó y le hizo cambiar de decisión. Todo indica, por tanto, que le faltó firmeza para tomar y defender la mejor decisión y que la presión y el miedo de ser tachado como traidor pudieron con él. Solo podría interpretarse como una decisión racional añadiendo a los ya mencionados objetivos de Puigdemont otro más, el deseo de quedar bien con los suyos, que de cara a la decisión pesaría más que el conjunto de los graves inconvenientes de la DUI enumerados anteriormente.

¿Y cómo se explican las presiones a Puigdemont a favor de la DUI por parte de dicho entorno, que igualmente estaba suficientemente bien informado para saber que se trataba de una decisión perjudicial para el independentismo? Seguramente también pesaría la presión de las enormes expectativas que habían alimentado en el movimiento independentista y el miedo de que, en caso de ceder, el reproche de traición se hiciera extensible a ellos.

Asimismo, debe considerarse la posibilidad de que algunos implicados, pertenecientes al núcleo duro del independentismo, consideren la aplicación del artículo 155 y los problemas judiciales -por ejemplo el encarcelamiento de exconsejeros- no como meros inconvenientes como hemos supuesto hasta ahora, sino también como sacrificios útiles para su causa, esperando que -como la intervención policial del 1 de octubre- produzcan rechazo en Cataluña y en el extranjero y que dicho rechazo se traduzca en un aumento del apoyo al independentismo. Redefiniendo los objetivos en este sentido, la decisión de seguir adelante con la DUI se volvería perfectamente racional y respondería a una estrategia de 'cuanto peor, mejor' (muy arriesgada en todo caso pues, si el daño que la tensión causa a la economía catalana empieza a afectar masivamente a los ciudadanos, puede restar apoyos al independentismo). Se trata de una estrategia de confrontación dentro de la cual toda hostilidad desde el resto de España –desde los llamamientos al boicot de productos catalanes hasta los pitos e insultos a Gerard Piqué– es bienvenida por el rechazo que a su vez genera en Cataluña. Conviene que los españoles partidarios de la unidad nacional lo tengan en cuenta.

 

(*) Ansgar Seyfferth es director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science

COP23: Aumentan las emisiones globales y se cierra la ventana de oportunidades

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

Polución en Madrid en una imagen tomada desde la M-40, entre Pozuelo y Alcorcón. / C. ROSILLO

 

Esta semana ha dado comienzo la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Justo antes de su inicio la Organización Meteorológica Mundial avisaba de que las emisiones de gases de efecto invernadero han llegado a su máximo histórico sobrepasando ya las 400 partes por millón. Los niveles de CO₂ ya están 145% por encima de los niveles pre-industriales. La acción humana se encuentra detrás de este aumento. Un aumento de la población mundial, la industrialización de la agricultura, la deforestación, el uso de combustibles fósiles para producción energía y la industrialización son las principales razones.

Los objetivos de la COP23 tienen que ver con el desarrollo de los instrumentos incluidos en el Acuerdo de París que necesitan operacionalizarse. Se debe decidir cuál será el contenido de las llamadas Contribuciones Nacionales que cada país debe presentar y que reflejarán su compromiso de reducción de emisiones y demás políticas relacionadas con el cambio climático. Los países deben acordar también las reglas de la primera revisión del Acuerdo, que tendrá lugar en 2023 pero que se inicia ya en 2018 con el llamado Diálogo Facilitador, en el que la comunidad internacional hará una revisión de la situación actual y cómo de cerca (o de lejos) estamos de cumplir con el objetivo de limitar el aumento de emisiones a 2ºC y, si aún fuera posible, de no aumentarlo más de 1,5ºC.

Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente estamos aún lejos de cumplir con el Acuerdo de París. La suma de la reducción de las emisiones comprometidas por los todos países son sólo un tercio de las necesarias para lograr el objetivo de los 2ºC. Estamos alarmantemente lejos de lo que sería necesario para mantenernos en un escenario de seguridad climática. Advierte también que se acaba el tiempo. Si no se reduce el crecimiento de emisiones de manera drástica antes de 2030, será prácticamente imposible cumplir el Acuerdo de París.

La solución está en nuestra mano. El uso masivo de energía solar y eólica, uso de aparatos eléctricos eficientes, vehículos de bajas emisiones, reforestación y parar la deforestación harían posible la reducción del 40% de las emisiones globales necesarias. Sería necesaria también una transición justa para aquellos trabajadores y trabajadoras que dependen del uso de energías especialmente contaminantes, como el carbón. Para ello, se debe asegurar que estas comunidades se benefician de una economía baja en emisiones: nuevos empleos, nuevas industrias, más innovación y un medioambiente más sano.

Además advierten que se debe prestar especial atención a las emisiones de la aviación, que no deja de crecer, y en otros medios de transporte, sin olvidar el aumento en ambición de  las medidas y regulaciones relacionadas con la construcción y los edificios, la agricultura y, por supuesto, la energía.

También anuncia buenas noticias. La reducción del uso de carbón en China y Estados Unidos y el creciente uso de energías renovables y de mejora de eficiencia energética en estos y otros países como India, ha sido clave para frenar el aumento de emisiones que vienen de la energía y de la industria. La duda radica en si estos cambios serán estables y continuarán en el tiempo o son sólo resultado de la reciente crisis económica y un nuevo crecimiento económico mundial nos situará en una nueva senda de aumento de emisiones.

Hay algunas buenas noticias más. El número de empresas que se han comprometido con una reducción de emisiones para cumplir con el Acuerdo de París es cada vez mayor, más de 150 han incluido este compromiso en su estrategia empresarial y más de 300 están en camino de hacerlo. Para ello, están aumentando el uso de energías renovables para abastecer sus necesidades energéticas, desarrollando productos y servicios bajos o nulos en emisiones (vehículos eléctricos, edificios cero emisiones y otros) y reduciendo las emisiones de sus procesos de producción.

Migraciones climáticas

Será esta también la COP en la que más se hable de migraciones climáticas. 22,5 millones de personas han tenido que abandonar su hogar desde 2008 debido a desastres relacionados con el clima. Se trata de desastres que tienen que ver tanto con los cambios graduales del clima, como las sequías, que en 2011 y 2012 asolaron Somalia, como eventos extremos del clima, como las inundaciones que destruyeron parte de Pakistán en 2010 y 2012, o los recientes huracanes que dejaron varias islas del Caribe completamente arrasadas. Según diferentes estimaciones del Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de Naciones Unidas, el número de personas desplazadas por causas ambientales podría llegar a 1.000 millones en 2050, es decir, 1 de cada 9 habitantes del Planeta, en el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero continuaran creciendo.

Uno de los problemas a los que se tendrán que enfrentar es que su estatus legal como refugiados no está reconocido internacionalmente. Actualmente, las únicas razones para ser considerado refugiado y poder ser cubierto por el derecho internacional relacionado sólo incluyen razones de raza, religión, nacionalidad, o formar parte de una organización o de un grupo político. Definir qué es un refugiado ambiental y cómo se relaciona con los impactos graduales o radicales vinculados con el cambio climático, garantizar sus derechos, organizando su acogida y eventual retorno si fuera posible, su protección efectiva y no discriminación, son algunos de los temas que necesitan ser negociados y acordados por la comunidad internacional.

Es también la COP en la que el aislamiento de EEUU ha quedado patente. Tanto Siria como Honduras, los únicos dos países del mundo que aún no se habían adherido al Acuerdo de París, han anunciado que lo ratifican. Esto deja al Gobierno de Trump como único país en salirse del Acuerdo. Ya ha anunciado que su respuesta ante el cambio climático es aumentar el uso del carbón, del gas natural y de la energía nuclear. La respuesta dentro de EEUU no se ha hecho esperar. Por ejemplo, Nueva York será neutra en carbono en 2050 y el mayor sindicato del país, AFFCIO, aprobó su primera resolución sobre cambio climático, donde reconocen que una política energética y climática ambiciosa creará empleo y será buena para el país.

Otros países continúan avanzando. China acaba de anunciar la eliminación gradual de los vehículos de combustión interna y nuevas medidas de promoción del vehículo eléctrico, y el presidente, Xi Jinping, ha reiterado su compromiso con un desarrollo verde bajo en carbono para el país, Corea del Sur reducirá el consumo de carbón y de diésel en su territorio y la nueva presidenta de Nueva Zelanda anuncia su compromiso de ser neutral en emisiones en 2050. En Europa, Italia, siguiendo los pasos de Reino Unido, eliminará el uso de carbón en su mix energético en 2025.

En España, el futuro se vislumbra complicado. Aunque aún no se conoce el contenido de la anunciada nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el ministro de energía, Álvaro Nadal, está dando pasos en la dirección contraria a los compromisos climáticos y ya avisó de que podría garantizar el funcionamiento de las plantas de carbón por decreto y evitar así su cierre. De seguir en esta senda, el cumplimiento del Acuerdo de París por parte de España será imposible.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora de Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

El poder efectivo del Estado: un retorno a sus orígenes

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España. / ATLAS

 

La firme intención de alejarnos, aunque sea momentáneamente, de la crisis del modelo autonómico español e intentar tomar mayor distancia del problema catalán, nos ha llevado a plantearnos cuál es el papel actual que desempeña el Estado, en cuanto forma de organización política que hoy conocemos: cómo ejerce su poder y que es lo que los ciudadanos le demandan o esperan de él.

Los motivos para esta reflexión son claros: el soberanismo no ha logrado culminar con éxito y hacer efectiva su declaración de independencia; mientras que el poder central ha tenido que rebuscar en su arsenal legal todas las herramientas de que disponía para justificar su intervención y defender la justicia de sus exigencias.

Curiosamente, ambas partes han esgrimido la legitimidad y una pretendida superioridad ética de sus posturas: la democracia, la participación y la voluntad popular, por parte de unos. La legalidad, el respeto a la norma y, también, la democracia, por parte de otros. Es más, ambas partes han desarrollado un relato propio y han emitido unos mensajes publicitarios coincidentes en su interés en que prevalezca la bondad y la ética de su pretensión.

Desde la aparición de la forma política del Estado los argumentos que justificaron su existencia han cambiado. En los últimos cinco siglos se han sucedido diferentes teorías que han ido siendo perfiladas conforme la forma política estatal se iba adaptando a las necesidades de cada momento: primero absoluto, luego liberal, más tarde democrático y finalmente social.

Una de sus primeras justificaciones fue mantener la paz y prevenir la violencia interna, tal como lo apuntó Hobbes. Más adelante se ha justificado el Estado como defensor e impulsor de un bien común, de unos valores éticos que superan el ámbito de los egoístas intereses de los ciudadanos. Es decir, una cierta ida de justicia. También se ha argumentado que la organización del Estado es una garantía para la propia estabilidad y permanencia. E incluso se ha argumentado que el Estado defiende objetivos y valores positivos que enriquecen la vida de la comunidad y de los individuos, como el conocimiento, la responsabilidad o la virtud.

Por otro lado, ¿qué decir de la visión socialdemócrata del Estado? De forma expresa la idea de este pensamiento es la de utilizar el instrumento estatal y los medios de que dispone para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos mediante una más justa redistribución de la riqueza, que evidentemente requiere del uso coactivo del poder para imponer sus decisiones a los ciudadanos más afortunados y más reacios a mostrarse solidarios.

Sin embargo, la revisión de estas concepciones y la observación de la actual crisis del Estado español apuntan a objetivos menos elaborados y, por qué no decirlo, más arcaicos. Las posiciones expresadas en los últimos meses apelan a la autoridad, lo que inevitablemente conduce al uso del poder coactivo y a la imposición de las decisiones tomadas por la mayoría por uno u otro medio. Siempre por medios legales, obviamente; pero sin perder demasiado tiempo en atender los deseos y necesidades de la minoría, que corre un serio riesgo de permanece ajena a las decisiones más relevantes.

Valoraciones éticas

Las valoraciones éticas del comportamiento del Estado parece que han sido orilladas en estos momentos. Los actores políticos se consideran legitimados para actuar en una u otra dirección porque consideran que una mayoría de los ciudadanos les apoyan. Esto quiere decir que su actuación está amparada por la ley y que, por lo tanto, disponen de la legalidad y legitimidad necesarias para ejercer los poderes coactivos del Estado para imponer sus criterios.

Es decir, curiosamente, apelan a los instrumentos que justificaron la aparición del Estado en la Baja Edad Media: el monopolio de la legalidad y el monopolio coercitivo. Es decir, reclaman del Estado un comportamiento que parecía que había quedado superado en los últimos siglos conforme el ideal de justicia y el respeto a los derechos de la minoría ganaba espacio en las instituciones democráticas.

Lógicamente, en este escenario la negociación y el compromiso no parecen tener fácil acomodo. Y por eso, a la espera de ese momento en que se puedan encontrar puntos de encuentro entre posiciones tan alejadas, creemos que merece la pena una llamada de atención sobre la conveniencia de recuperar conceptos que parece que hayamos perdido en la evolución histórica del Estado, y básicamente las ideas de pacto y contrato social; ya que la fuerza coactiva del Estado nunca será suficiente no ya para garantizar su estabilidad y aceptación por parte de sus ciudadanos, sino para alcanzar la mínima cohesión social que necesita todo grupo humano que vive el día a día bajo unas mismas normas y que tiene que cumplir las decisiones que van adoptando los órganos de gobierno de los que se ha dotado.

* José María Pérez Medina es politólogo e historiador

El modelo de movilidad eléctrica de Noruega: apostando por el equilibrio energético y medioambiental

RODRIGO BALLESTEROS CRUZ (*)

 

Coches eléctricos en una estación de recarga, en Oslo.

 

Noruega es conocida por su fantástica naturaleza, por ser uno de los principales productores de gas natural y petróleo del mundo, por su estado de bienestar y su igualdad social y, últimamente, por ser el país más feliz del mundo, según el índice del Programa de desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). Recientemente las noticias también nos hablan de Noruega como el país con la mayor implantación de coches eléctricos.

De acuerdo con la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, el 37% de la flota vehicular es eléctrica, lo que significa 187.773 vehículos entre híbridos (58,154) y eléctricos puros (129,619). Esto ha despertado la curiosidad de políticos y usuarios, quienes se preguntan cómo ha logrado Noruega llegar a esta situación y qué hay detrás de este éxito de una política de transporte sostenible.

El equilibrio como base del desarrollo 

Noruega ha prosperado económicamente desde el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos en el mar del norte. La explotación racional y equilibrada de sus recursos es el origen y cimiento de una sociedad de bienestar basada en una redistribución equitativa e igualitaria de la riqueza. A pesar de tener el petróleo y el gas como fuente de riqueza, Noruega es uno de los pocos países del mundo con una producción eléctrica casi en su totalidad derivada de fuertes renovables. 98% de la energía que se consume en Noruega se produce bien con agua (96%) o con biomasa y viento (2%). Esto le otorga un equilibrio energético que existe en muy pocos países del mundo.

Esta política energética equilibrada y la gestión responsable de sus recursos son producto sin duda de un consenso político y social que ha permitido la planificación y ejecución de una política de transporte sostenible y a largo plazo. Esta política tiene sus orígenes en los años noventa, cuando se establece como prioridad la introducción del coche eléctrico como estrategia para reducir las emisiones de CO2, que en un 61% provienen del transporte. 

¿Cómo sentar las bases de la movilidad eléctrica?

Pero, ¿cómo estimular a los usuarios para que cambien los automóviles de combustión por coches eléctricos? El consenso político logró la asignación de los recursos necesarios para establecer incentivos que han logrado el objetivo: exención de los impuestos de compra e importación (1990), exención de peajes (1996), aparcamiento gratuito (1999), acceso al carril bus (2005), recarga gratuita (2008), etc.

Estos incentivos, junto con la inversión en la infraestructura de recarga necesaria que equivale a casi 9.000 puntos de recarga en Noruega y la evolución tecnológica de los vehículos en diseño y prestaciones, han logrado convencer al usuario de invertir en una ‘movilidad sostenible total’. Si partimos del principio de que la generación eléctrica en Noruega es en un 98% renovable, entonces entenderemos que los coches eléctricos en el país están propulsados por energía hidráulica, eólica o proveniente de la biomasa.

Además de contribuir a lograr el objetivo de ser un país sin emisiones de CO2 para el año 2030, los vehículos eléctricos también contribuyen a la felicidad de los usuarios, siendo que el 91% de los usuarios de coches eléctricos se manifiestan sorprendidos y felices con su vehículo según encuestas de la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos. Pero no nos engañemos, la base del éxito de esta política del automóvil eléctrico radica en los incentivos económicos, que han logrado crear una conciencia medioambiental colectiva y con sentido y que no se limita a los vehículos privados, ya que se extiende al sector de transporte público y de carga. Sin entrar en detalles, Noruega también ha apostado por la electrificación de estos sectores, por lo que en ciudades como Oslo es fácil ver electrificados autobuses, taxis, ferris, trenes, transporte de carga, tranvías, etc. 

Una política energética equilibrada, un consenso político y social adecuado y la asignación de recursos económicos suficientes son las claves para la implantación exitosa de un modelo de transporte eléctrico. Y para triunfar entre los usuarios, el automóvil eléctrico debe de ser fácil de adquirir (incentivos fiscales y económicos), fácil de usar (facilidades de aparcamiento, bajo coste de recarga o pago de peajes) y conveniente (acceso a infraestructura de recarga, a carriles bus, etc.)

Después de todo, quizá el que Noruega sea el país más feliz del mundo en parte se deba a poder obtener logros como una política de transporte sostenible y equilibrada. 

 

(*) Rodrigo Ballesteros Cruz es adjunto al consejero de Comercio y Turismo de Noruega, Innovation Norway