Puigdemont y la racionalidad de la toma de decisiones

ANSGAR SEYFFERTH (*)

 

 

El errático rumbo del destituido presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, nos proporciona un interesante caso de estudio sobre la racionalidad de la toma de decisiones, concretamente su decisión del 26 de octubre, que marcó el punto de no retorno: cuando ya parecía que iba a ceder ante el Gobierno español y convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, renunciando (al menos por ahora) a la declaración unilateral de independencia (DUI), cambió de decisión y, lejos de convocar las elecciones, siguió adelante con la DUI, desencadenándose así la anunciada intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, inclusive la destitución del Govern catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, y agravándose seriamente sus problemas, los de sus ex consejeros y los de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán con la justicia española.

Lo que pretendemos aquí es analizar la decisión de Puigdemont desde un punto de vista meramente estratégico, es decir, cómo de beneficiosa era para sus objetivos, asumiendo que sus objetivos en este contexto eran avanzar hacia la independencia, evitar la aplicación de artículo 155 y las elecciones anticipadas y, como parece lógico, minimizar dentro de lo posible los problemas con la justicia. Claro está que una mejora en uno de estos puntos puede ir acompañada inevitablemente por un empeoramiento en otro: por ejemplo, conseguir avances hacia la independencia puede suponer más causas penales. De lo que se trata entonces es de sopesar ventajas e inconvenientes, lo cual es fácil si se trata de consecuencias meramente económicas, pero puede complicarse cuando no son objetivamente cuantificables como sucede en este caso. Entonces, la decisión óptima puede depender de qué peso se da a las diferentes ventajas e inconvenientes, es decir, de las preferencias personales de quien toma la decisión, de modo que no hay necesariamente una única decisión racional. Por ejemplo, habrá quien esté dispuesto a asumir un recrudecimiento extremo de los enfrentamientos con el Estado e ir a la cárcel con tal de conseguir avances hacia la independencia y habrá quien no lo esté.

Ahora bien, una alternativa que con respecto a la consecución de los diferentes objetivos solo presenta desventajas y ninguna ventaja frente a otra alternativa, nunca puede ser preferible, sean cuales sean los pesos que se den a las diferentes ventajas y desventajas, de modo que sería irracional elegirla. ¿Y no es precisamente eso en lo que ha incurrido Puigdemont? Cataluña está intervenida y han aumentado drásticamente sus problemas jurídicos y los de otros políticos de su entorno, sin ningún logro a cambio: la DUI se ha quedado en papel mojado sin que haya independencia ni por asomo y las elecciones, que Puigdemont se había negado a convocar, se celebrarán de todas formas, y encima en una fecha poco conveniente para el independentismo -con poco tiempo para redefinir su estrategia-.

Pero lo que hasta ahora no hemos tenido en cuenta es que se trataba de una decisión bajo incertidumbre: Puigdemont tenía que decidir si seguir adelante o ceder sin tener certeza sobre todas las consecuencias que tendría una u otra decisión. Sin duda, algunas consecuencias eran bastante previsibles, pero otras no tanto, como analizaremos más adelante. Obviamente, la incertidumbre complica la toma de decisiones, porque ya no solo se trata de comparar las consecuencias de las diferentes decisiones alternativas para ver cuál resulta mejor, sino que para cada alternativa hay que plantearse los diferentes desenlaces posibles. Hay que contemplar en paralelo diferentes escenarios que pueden producirse con diferentes probabilidades, en cada uno de los cuales las consecuencias de cada decisión pueden ser muy diferentes.

Por ello, una decisión bajo incertidumbre no debe juzgarse a posteriori según el resultado que ha dado, sino que debe valorarse teniendo en cuenta solamente la información que estaba disponible al tomar la decisión. Que luego la decisión dé el resultado esperado o no dependerá no solo de lo fundada que haya sido, sino también de factores no previsibles en su momento. Pongamos un ejemplo extremo: si alguien ha ganado mil euros en la ruleta rusa, no parece muy indicado aprobar su decisión de jugarse la vida solo porque le ha salido bien. De la misma forma, una decisión perfectamente razonable, fundada e irreprochable puede acabar saliendo mal si se ha apostado por un determinado escenario que parecía probable pero que al final no se ha producido. Veamos si aquí estamos ante un caso así. Cuando Puigdemont tomó la decisión, ¿cabía la posibilidad de un desarrollo muy diferente de los acontecimientos sucesivos, llevando a escenarios en los que su decisión hubiera resultado ventajosa?

- Acerca de las consecuencias judiciales, si bien Puigdemont no podía saber con certeza a qué se enfrentaba exactamente en caso de ceder y en caso de seguir adelante con la DUI, sí estaba claro que siguiendo adelante las consecuencias iban a ser mucho más serias que cediendo, y no solo para él.

- Con respecto al artículo 155, Puigdemont alegó que no había recibido garantías del Estado de que si cedía iba a suspenderse su aplicación. Sin embargo, 1) habría tenido estas garantías de no haber retrasado tanto su decisión, 2) la posibilidad de la intervención seguía siendo preferible a la certeza de la intervención -y continuando con la DUI había esa certeza- y 3) incluso si al final la cesión de Puigdemont ya no hubiera conseguido evitar la intervención, al menos la habría debilitado sensiblemente, rompiendo la unidad del llamado bloque constitucionalista, dado que el Partido Socialista había anunciado que en este caso ya no la iba a apoyar.

- En relación a las elecciones anticipadas, la única sorpresa fue la fecha tan cercana y tan poco conveniente para el independentismo. Que el Gobierno central iba a convocarlas al intervenir Cataluña estaba fuera de toda duda, y también que los independentistas no podían permitirse boicotearlas y perder así todo su poder autonómico. Entonces, si Puigdemont sabía que las elecciones eran inevitables, lo más indicado para sus intereses habría sido convocarlas él mismo, anticipándose al Gobierno central, en la fecha más conveniente para sus intereses.

Pues bien, si en todos estos puntos era previsible que la alternativa de ceder convocando elecciones resultase más beneficiosa para sus intereses y los del independentismo y, aun así, optó por seguir adelante con la DUI, ¿será que pensaba que la DUI podría tener un cierto éxito, al menos parcial, capaz de compensar los inconvenientes de los tres puntos anteriores? Parece muy difícil que Puigdemont pudiera creer realmente en esa posibilidad teniendo en cuenta que era previsible que el reconocimiento internacional de la República iba a ser prácticamente nulo y que, nada más declarada la independencia, él mismo abandonó Cataluña rumbo a Bruselas mientras, aparentemente, nadie de su Govern estaba trabajando en la puesta en marcha de la República ni había plan alguno de cómo reaccionar frente a la largamente anunciada intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, dejando así desconcertado y sin liderazgo al inicialmente tan ilusionado movimiento independentista.

La conclusión es que, a pesar de una serie de incógnitas, Puigdemont tenía que saber perfectamente que la decisión más indicada en aquel momento era ceder y convocar elecciones. De hecho, según informaron los medios, prácticamente ya estaba decidido a hacerlo, teniendo incluso preparado su discurso para anunciarlo, en el cual seguramente iba a alegar que lo hacía para salvar a Cataluña de la intervención. Según estas informaciones, fue su entorno –con alguna excepción como la de Santi Vila– quien le presionó y le hizo cambiar de decisión. Todo indica, por tanto, que le faltó firmeza para tomar y defender la mejor decisión y que la presión y el miedo de ser tachado como traidor pudieron con él. Solo podría interpretarse como una decisión racional añadiendo a los ya mencionados objetivos de Puigdemont otro más, el deseo de quedar bien con los suyos, que de cara a la decisión pesaría más que el conjunto de los graves inconvenientes de la DUI enumerados anteriormente.

¿Y cómo se explican las presiones a Puigdemont a favor de la DUI por parte de dicho entorno, que igualmente estaba suficientemente bien informado para saber que se trataba de una decisión perjudicial para el independentismo? Seguramente también pesaría la presión de las enormes expectativas que habían alimentado en el movimiento independentista y el miedo de que, en caso de ceder, el reproche de traición se hiciera extensible a ellos.

Asimismo, debe considerarse la posibilidad de que algunos implicados, pertenecientes al núcleo duro del independentismo, consideren la aplicación del artículo 155 y los problemas judiciales -por ejemplo el encarcelamiento de exconsejeros- no como meros inconvenientes como hemos supuesto hasta ahora, sino también como sacrificios útiles para su causa, esperando que -como la intervención policial del 1 de octubre- produzcan rechazo en Cataluña y en el extranjero y que dicho rechazo se traduzca en un aumento del apoyo al independentismo. Redefiniendo los objetivos en este sentido, la decisión de seguir adelante con la DUI se volvería perfectamente racional y respondería a una estrategia de 'cuanto peor, mejor' (muy arriesgada en todo caso pues, si el daño que la tensión causa a la economía catalana empieza a afectar masivamente a los ciudadanos, puede restar apoyos al independentismo). Se trata de una estrategia de confrontación dentro de la cual toda hostilidad desde el resto de España –desde los llamamientos al boicot de productos catalanes hasta los pitos e insultos a Gerard Piqué– es bienvenida por el rechazo que a su vez genera en Cataluña. Conviene que los españoles partidarios de la unidad nacional lo tengan en cuenta.

 

(*) Ansgar Seyfferth es director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science