JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)
Mesa con las distintas opciones electorales en los pasados comicios catalanes del 21 de diciembre.
La inmediatez en la convocatoria de las elecciones tras la aplicación del art. 155 de la Constitución fue motivo, en general, de reconocimiento, al considerarse que una circunstancia como la existente esos días sólo podía ser clarificada mediante un llamamiento a la ciudadanía y su pronunciamiento.
Sin embargo, y como ya pudimos prever, los resultados no han modificado en lo sustancial la situación política existente. Hemos apreciado la solidez del voto justificado en motivos identitarios. Es más, incluso puede decirse que la intervención judicial ha complicado aún más una situación enrevesada, todo un nudo gordiano que parece imposible de quebrar.
Transcurridas ya algunas semanas, y tras analizar los resultados, nos preguntamos por qué permanecen las causas del bloqueo de forma casi intactas. De forma más pausada, ahora apreciamos que los partidos políticos apenas tuvieron tiempo para reaccionar y reconsiderar sus planteamientos políticos. Urgentemente hubo que decidir las coaliciones, confeccionar las listas y con la misma celeridad hubo que elaborar y hacer públicos los programas políticos. Y la lectura de estos hace sospechar de una cierta improvisación en los programas e inercia en las estrategias, que dejaron en el aire el contenido exacto de los compromisos de futuro, como ya empezamos a comprobar.
Por este motivo, y visto retrospectivamente, la excepcionalidad y perentoriedad de las elecciones impidieron a los partidos una mayor reflexión y, quizás, una reconsideración de sus propuestas para que fueran más viables.
En líneas generales, se aprecia una inercia que lleva al mantenimiento de las posiciones que ya se oyeron en el Parlament en los debates de los días 6 y 7 de septiembre, lo cual hacía presagiar un continuismo argumental. Es más, en general, las ofertas electorales pecaron de estratégicas y, quizás, de falta de honestidad para explicar a los ciudadanos la situación. Como mucho, sólo en los programas del PSC y CeCP se aprecia una descripción realista de la situación.
Junts per Catalunya y ERC retoman los efectos del 1 de octubre y apelaron sobre todo a la ilegalidad de la medida adoptada por el Gobierno, a la quiebra democrática y a la sustitución del presidente legítimo de la Generalitat; sin clarificar cuál puede ser el procedimiento a seguir. En especial, ERC propone “emplazar al Estado español, al tiempo que las instituciones europeas, para lograr una negociación a través de la cual, en pie de igualdad y sin ninguna renuncia previa por parte del Parlament y del Govern, se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática de la República Catalana”. La prioridad de la CUP-CC, por su parte, “pasa por la materialización y la implementación del mandato popular del 1 de octubre, es decir: la construcción de la República”, con lo que se insiste en otorgar plena validez al referéndum del 1 de octubre, sosteniendo que la situación actual es propia de un “Estado de excepción”. De forma menos clara, Junts per Catalunya aboga por “promover un gran debate nacional, participativo y de empoderamiento de la ciudadanía que aborde los rasgos y los ejes que deben conformar la constitución de la República Catalana”.
Catalunya en Comú-Podem se mueve en un espacio intermedio, aduciendo que “el estado plurinacional que defendemos incluirá, en cualquier caso, el reconocimiento de Cataluña como nación y su derecho a decidir; así como todas aquellas modificaciones que sean necesarias para poder incluir en el ordenamiento constitucional español la propuesta surgida del Parlamento de Cataluña”.
Algo más cauta es la posición del PSC, que sostiene que “el hecho de reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional, no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos distintos de los del resto de españoles”. Y ello mediante un “conjunto de propuestas para Cataluña que desarrollen al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española vigentes para fortalecer nuestro autogobierno e impulsar la renovación del pacto constitucional en un sentido federal”.
El PP limitó su programa a una justificación del procedimiento del art. 155 y a la necesidad de salvaguardar la legalidad, con declaraciones de principio como esta: “Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la Constitución española y el Estatut de Cataluña. Ningún voto al Partido Popular servirá para situar a un político independentista en la Generalitat o para aceptar la celebración de un referéndum que separe a Cataluña del resto de España”. Expresado de forma más directa y sintética, los argumentos de C´s no son diferentes: “Pondremos fin al ‘procés’ separatista, recuperaremos la normalidad y la autonomía de Cataluña y trabajaremos por restaurar la convivencia entre todos los catalanes”. Tanto uno como otro confían su estrategia de campaña al incremento de la participación y al cálculo de que la mayor parte de los abstencionistas de 2015 están en contra de la independencia.
Sin embargo, con sus votos, los electores asumieron y cerraron filas en torno a algunos planteamientos, sin que los partidos explicaran cuáles serían los siguientes pasos. Con ello, indirectamente pusieron en evidencia varios olvidos y errores de interpretación:
- Contrariamente a lo previsto, el incremento de la participación benefició, en general, a los unionistas, pero no lo suficiente. La suma de C´s, PSC y PP obtiene 293.420 votos más de los obtenidos en 2015, pero la suma de JxCat, ERC y CUP obtiene también más, en concreto 112.830. Catalunya en Comú-Podem pierde 41.253 votos. Estos datos ponen de relieve una participación casi excepcional en la historia electoral catalana y dan idea de la importancia que los votantes otorgaron a estas elecciones.
- Los partidos independentistas otorgan plena validez al referéndum convocado el 1 de octubre, y a su carácter decisorio, sin valorar la limitada participación; y ello al margen de la prohibición legal y de los obstáculos expresos conocidos. Con todas las salvedades y justificaciones, no se puede olvidar que los votantes del 1 de octubre fueron 286.217, con una participación del 43%. Un número notable de votantes, pero claramente insuficiente para la finalidad pretendida.
- A pesar de las posiciones de cada uno de los bloques, no se aprecia una absoluta homogeneidad de valoraciones. Por ejemplo, la DUI sólo es apoyada por el 35,9% de los encuestados por el CIS, doce puntos menos que el total del voto independentista. Este dato pone de relieve las fuertes dudas que la viabilidad y evolución del ‘procés’ sigue mereciendo en una parte del electorado. Es más, más del 43% sigue creyendo que este finalizará con algún tipo de acuerdo con el Gobierno central y sólo el 16% cree que finalizará con la independencia.
- El porcentaje de la población que rechaza la aplicación del artículo 155 es elevado, y supera ampliamente el de los votantes nacionalistas: el 73,7% entre los que están muy en desacuerdo y bastante en desacuerdo. Este dato apunta a un fuerte apego a las instituciones propias, con independencia de la valoración que se haga de las actuaciones del Govern y del Parlament. El acuerdo con la actuación del Gobierno central alcanza sólo al 14,8% de los encuestados por el CIS, mucho menos que la suma del voto unionista.
- Se aprecia un fuerte componente del voto emocional. La aprobación de las leyes de conexión y la proclamación de la DUI, junto a la intervención de la autonomía por el Gobierno y la prisión o exilio de relevantes representantes políticos y sociales aportan unos argumentos muy sólidos y que actúan como banderín de enganche de los respectivos electorados. Además, la emocionalidad del voto se fue intensificando conforme transcurría la campaña electoral y pudo decidir el voto en las últimas veinticuatro horas. En esta situación, la suma de sentimiento y de voto útil permitió los buenos resultados de C´s y de JxCat a la vez que laminó las esperanzas de las candidaturas que podían desempeñar un papel bisagra en el Parlament.
- El avance en votos de los partidos independentistas sigue sin ser suficiente para superar con claridad el 50% de los votos válidos emitidos. No obstante, de cara al futuro, un análisis más detallado pone de relieve dos posibles lecturas de este voto: alcanza holgadamente el umbral del 50% entre los menores de 34 años, pero no sube de forma significativa en los municipios con mayor población de origen inmigrante y en zonas de predominio lingüístico castellanoparlante y que agrupa a una parte fundamental de la población (Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona, Mataró y Santa Coloma). Es más, los datos en estos nueve municipios y su evolución en los últimos treinta años ponen de relieve sólo un ligero incremento del voto nacionalista cuando no el simple estancamiento (crecimiento de 2 puntos en Badalona y de 1 en Santa Coloma y ligeros retrocesos en los demás municipios). Queda por lo tanto la duda de si en el futuro en las opciones electorales prevalecerán los motivos generacionales o los procedentes del origen y ambiente cultural.
(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador
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