Cataluña: sobre póker y democracia

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Roger Torrent, en la sesión de constitución del Parlament. MASSIMILIANO MINOCRI

 

En una democracia se supone que las habilidades para jugar al póker no deben tener ninguna relevancia política. Pero en algunos pueblos de Estados Unidos, en caso de empate en las elecciones, los dos candidatos más votados juegan una partida de póker (al parecer sí ha ocurrido). Tampoco debería ser relevante la buena suerte. Pero la asamblea estatal de Virginia acaba de decidirse mediante un sorteo ya que, efectivamente, se produjo un empate en la elección de un diputado. Igualmente sería ridículo que la edad importara. Pero en Francia está previsto que en caso de empate en las elecciones presidenciales, gana el candidato más viejo. En fin, toda constitución del mundo tiene reglas que parecen un poco ridículas para cubrir eventualidades ya que las instituciones tienen que seguir funcionando siempre, incluso en los casos imprevistos. Pero, precisamente se espera que estas reglas no operen. Están allí apenas como una salvaguardia y no tienen por qué afectar la marcha del proceso político. Son simples detalles de los que normalmente solo se enteran los coleccionistas de datos curiosos.

Del mismo modo, en condiciones normales debería ser totalmente irrelevante quiénes son los miembros más viejos y más jóvenes de un parlamento. Si acaso, juegan algún papel protocolario y nada más. Un papel protocolario como el de ser los encargados de dar inicio a una nueva legislatura.

Pero como los dioses de la aritmética electoral parecen estarse divirtiendo a costa de Cataluña, lo que suele ser un asunto sin importancia, esta vez no fue del todo trivial: la tarea de decidir cuáles votos se podían delegar para la elección de mesa directiva recayó en la Mesa de Edad, integrada toda ella por miembros de ERC. Generalmente, el que el azar le confiriera total hegemonía a un partido en la Mesa de Edad pasaría desapercibido. En retrospectiva, tampoco ha sido del todo decisivo este detalle. Varios asuntos de más calado influyeron para que al final fuera Roger Torrent el elegido como presidente del Parlament.

Pero el proceso político catalán de los últimos años está creando situaciones en las que ciertas reglas terminan adquiriendo una importancia para la que no estaban programadas. El Senado español siempre se ha considerado como una segunda cámara de poca importancia. Tanto que suele tener una baja participación electoral y poca visibilidad entre el electorado. Sin embargo, resulta que es el Senado el encargado de autorizar la aplicación del artículo 155. Posiblemente no hemos visto el final. No debería sorprendernos que existan reglas perdidas en algún oscuro texto que vayan a influir sobre si, por ejemplo, el Parlament decide entrar en la era de los ‘teletrabajos’ y aceptar una investidura vía Skype. Porque de un tiempo a esta parte, cada evento viene con su lección sobre vericuetos legales. ¿Cuál es la definición exacta de ‘tumultuario’? Difícil. Pero de la respuesta depende qué políticos catalanes deben estar en prisión y por cuánto tiempo.

A largo plazo no es saludable que una democracia esté dependiendo tanto de intrincados asuntos de procedimiento y técnica jurídica. Las democracias funcionan sobre la base de criterios de transparencia ante la opinión ciudadana; no se espera que dicha opinión tenga que estar informándose sobre los últimos vericuetos de la ley.

Si esto está ocurriendo es, en últimas porque, como en el caso de la asamblea estatal de Virginia o de los alcaldes jugadores de póker, hay una división política de fondo que las normas difícilmente pueden arbitrar. Las leyes sirven para gestionar cómo se resuelven las diferencias políticas, pero no para resolverlas. Igualmente, la política sirve para gestionar cómo se abordan las diferencias sociales, culturales e identitarias, pero no sirve para suprimirlas. Es iluso creer que las divisiones entre bloques en Cataluña (por no hablar de las que existen dentro de cada bloque) se van a resolver simplemente en los tribunales. Como también era iluso creer que los desacuerdos que existen en la sociedad catalana sobre, por ejemplo, el papel de la lengua, se podían resolver de una vez por todas con unas elecciones, o un referéndum.

Habrá que esperar qué trae esta nueva legislatura. Las señales de sus primeras 24 horas son mixtas: algunos discursos conciliadores, se evitaron los términos más incendiarios (poco se habló de ‘República’ y nada de DUI), pero aún hay mucho espacio para la confrontación e incluso el disparate.

Difícil será reconducir esta situación. Es imposible saber de dónde saldrá la voluntad política para el diálogo necesario, no solo entre Cataluña y el Gobierno central sino también, tanto o más necesario, entre los distintos sectores de la sociedad catalana. Pero es urgente. Una democracia no puede seguir por años abocada a que sus fracturas políticas se estén resolviendo siempre a punta de tribunales y reglamentos. De seguir así, los más altos temas de la convivencia entre ciudadanos se terminarán jugando en una partida de póker. O de mus, con todo y sus órdagos.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid