Valores en la mochila

ADOLFO CARRATALÁ Y BEATRIZ HERRERO-JIMÉNEZ (*)

 

Escolares en el patio de un colegio de Vitoria. PRADIP J. PHANSE

 

Hace setenta años Mahatma Gandhi fue asesinado por un radical hinduista, quien, en apariencia, estaba vinculado con grupos ultraderechistas de la India. Dado el clima social actual en el que convivimos, celebrar el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz, que hoy conmemora su muerte, resulta aún más importante que nunca.

Si bien nuestro país presenta unas cifras relativamente bajas de homicidios, la violencia no es un problema menor de nuestra sociedad. No lo es entre los menores de edad, no lo es en las aulas y no lo es en el conjunto de la población. Solo en el último mes hemos asistido a la detención de cuatro menores en Bilbao por asesinar presuntamente a dos ancianos y al exfubolista Ibon Urrengoetxea, mientras que un estudio reciente del Centro Sindical Independiente de Funcionarios deja unas cifras alarmantes: el 90% de los docentes afirma convivir en su centro escolar con situaciones de violencia física y, fundamentalmente, psicológica. Asimismo, los delitos de odio por motivos ideológicos, discapacidad, raza, religión o género son una constante en nuestro país, mientras que el discurso de odio se extiende en las redes sociales, espacios cotidianos de comunicación e interrelación de los adolescentes y jóvenes de hoy.

Las escuelas deben ser espacios en los que la diferencia y la diversidad sean valoradas como una riqueza y no como una amenaza. La convivencia en términos de igualdad y respeto exige poner el acento en una formación en valores que todavía hoy no ocupa el lugar que merece en las aulas españolas. Con la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía en 2012, los responsables políticos de nuestro país dieron portazo a la oportunidad de hacer del desarrollo de competencias, clave para la salud democrática de una sociedad, un elemento protagonista de la enseñanza obligatoria.

Ahora que el Congreso de los Diputados ha dado inicio a los trabajos para conseguir el necesario primer pacto educativo de nuestra democracia, es el momento de hacer una apuesta decidida para que los valores no sean excluidos de las aulas. Como un reciente estudio sobre la discriminación en España puso de manifiesto, el reto para las escuelas no es sencillo. Pero la confianza en su poder transformador y el redoblar esfuerzos en la educación intercultural y mediática del alumnado debe permitir afrontar con éxito el desafío. La preparación de jóvenes que sepan reconocer el diálogo y la comunicación como la mejor estrategia para actuar ante cualquier conflicto, así como rechazar actitudes y discursos de carácter violento, hará de los centros escolares un foco de responsable maduración del conjunto de la sociedad.

 

(*) Adolfo Carratalá es profesor de Periodismo en la Universidad de Valencia y Beatriz Herrero-Jiménez es investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos

Si crees que eres Robin Hood también creerás que te tienen que rescatar

STUART MEDINA MILTIMORE (*)

 

Un anciano sentado en un parque de Madrid.

 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.

Tranquilos, señores y señoras mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.

¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!

Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.

La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.

Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca ha estado pensada para atender las necesidades de los pobres).

La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque los estados de ánimo del capitalismo oligárquico condicionan las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.

Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.

Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.

La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha introducido el Estado en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.

Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).

Tratados de Maastricht

Cierto es que el ingreso del Estado español en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder del Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter al Estado. Aun así, los mecanismos de funcionamiento de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.

Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieros no sirve para ese propósito.

El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual se puede regular un mercado alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones en el de las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas debería prohibirlas o restringirlas con ­ ¡válgame Dios!­ regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.

Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.

Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.

Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es esa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.

 

(*) Stuart Medina Miltimore es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio

Un año de Trump: sólo para incondicionales

VICENTE PALACIO (*)

 

Donald Trump sujeta un bate de béisbol junto al vicepresidente, Mike Pence. REUTERS

 

2017 en manos de Trump fue un año tan caótico como lo será 2018. Corea del Norte, Irán, México, o el lío con Rusia (de tipo freudiano). Una de las palabras que definen el primer año de mandato es 'retirada'. La retirada del Acuerdo comercial Trans-Pacífico, o la retirada del acuerdo de Cambio Climático de París. Por no hablar de la voladura del acuerdo nuclear con Irán, o el ninguneo total a la Unión Europea -el más reciente, el nombramiento de Jerusalén como capital de Israel-. 

También ha sido un año de frustraciones en casa: la reforma de la sanidad (el Obamacare), o el intento de acallar a los medios de comunicación y a la sociedad civil. La reforma fiscal que ha aprobado el Senado servirá menos como estímulo a la economía y más como un alivio para los muy ricos. La presión a Apple o Google para retornar a suelo americano es poco más que un gesto de cara a la galería de sus incondicionales, si se tiene en cuenta que se hace a cambio de bajarle los impuestos a las multinacionales norteamericanas, mientras se aprietan las tuercas a las extranjeras, por ejemplo las europeas, y se hace dumping fiscal.

El clima se ha enrarecido mucho, la sociedad se ha polarizado aún más que con Obama, estamos en otra dimensión, en dos países diferentes, y esta guerra cultural exacerbada de la xenofobia y el supremacismo blanco de momento no la van a perder electoralmente los trumpistas. Increíble pero cierto. Para muchos norteamericanos, la idea de huir al vecino Canadá a respirar algo de tolerancia y buenas maneras se ha convertido en algo más que una ocurrencia.  

EEUU vuelve a auparse a los récords de impopularidad que obtuvo con el tan denostado (dentro y fuera de Norteamérica) George W. Bush. Pero eso le da exactamente igual a Trump. Vive exclusivamente en el planeta Trump, cuyo satélite es Estados Unidos. Lo demás es perfectamente secundario, o peor, un instrumento al servicio del primero. Es una política hecha sólo para esas decenas de millones de incondicionales. Los demás, que se busquen la vida. 

Este presidente está decidido a romper todas las reglas de juego, instituciones o buenas maneras en la comunicación, todos los moldes, incluido el respeto a sus subordinados. La Casa Blanca y el Congreso deben vivir en un estado de ansiedad permanente, a la espera de otro aviso de nuevo tweet en sus móviles que les despierte a otra pesadilla mayor en medio de la madrugada. 

¿Cuál es el problema? Cambiar las cosas y desafiar el statu quo no sería tan malo  -pues es preciso dejar claro que el orden liberal realmente existente no va precisamente bien- si en su lugar se propusiera algo con sentido, justo y mínimamente armonioso. Por ejemplo, repensar la globalización: las reglas para un comercio justo, atender las quejas de los perdedores, o llegar a un acuerdo más ajustado de las cargas financieras en los organismos internacionales o en la seguridad (por ejemplo, con Europa). Todo ello podría tener su lado positivo, si no fuera porque la solución que esta Administración ofrece, dentro y fuera, es peor aún que la enfermedad. De hecho, sólo se nos promete más del América First. De momento, en el mundo se ha abierto un vacío que no rellena nadie.

Como resultado, demócratas y republicanos vuelven a la gresca, y el Gobierno Federal ha cerrado unos días, como sucedió a principios de 2013. Pero la tregua pactada en el Congreso no resolverá  ni el problema migratorio ni la negociación con México. Queda mucho Trump por delante. 

Que el último en salir apague la luz. 

 

(*) Vicente Palacio es director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas

Cataluña: sobre póker y democracia

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Roger Torrent, en la sesión de constitución del Parlament. MASSIMILIANO MINOCRI

 

En una democracia se supone que las habilidades para jugar al póker no deben tener ninguna relevancia política. Pero en algunos pueblos de Estados Unidos, en caso de empate en las elecciones, los dos candidatos más votados juegan una partida de póker (al parecer sí ha ocurrido). Tampoco debería ser relevante la buena suerte. Pero la asamblea estatal de Virginia acaba de decidirse mediante un sorteo ya que, efectivamente, se produjo un empate en la elección de un diputado. Igualmente sería ridículo que la edad importara. Pero en Francia está previsto que en caso de empate en las elecciones presidenciales, gana el candidato más viejo. En fin, toda constitución del mundo tiene reglas que parecen un poco ridículas para cubrir eventualidades ya que las instituciones tienen que seguir funcionando siempre, incluso en los casos imprevistos. Pero, precisamente se espera que estas reglas no operen. Están allí apenas como una salvaguardia y no tienen por qué afectar la marcha del proceso político. Son simples detalles de los que normalmente solo se enteran los coleccionistas de datos curiosos.

Del mismo modo, en condiciones normales debería ser totalmente irrelevante quiénes son los miembros más viejos y más jóvenes de un parlamento. Si acaso, juegan algún papel protocolario y nada más. Un papel protocolario como el de ser los encargados de dar inicio a una nueva legislatura.

Pero como los dioses de la aritmética electoral parecen estarse divirtiendo a costa de Cataluña, lo que suele ser un asunto sin importancia, esta vez no fue del todo trivial: la tarea de decidir cuáles votos se podían delegar para la elección de mesa directiva recayó en la Mesa de Edad, integrada toda ella por miembros de ERC. Generalmente, el que el azar le confiriera total hegemonía a un partido en la Mesa de Edad pasaría desapercibido. En retrospectiva, tampoco ha sido del todo decisivo este detalle. Varios asuntos de más calado influyeron para que al final fuera Roger Torrent el elegido como presidente del Parlament.

Pero el proceso político catalán de los últimos años está creando situaciones en las que ciertas reglas terminan adquiriendo una importancia para la que no estaban programadas. El Senado español siempre se ha considerado como una segunda cámara de poca importancia. Tanto que suele tener una baja participación electoral y poca visibilidad entre el electorado. Sin embargo, resulta que es el Senado el encargado de autorizar la aplicación del artículo 155. Posiblemente no hemos visto el final. No debería sorprendernos que existan reglas perdidas en algún oscuro texto que vayan a influir sobre si, por ejemplo, el Parlament decide entrar en la era de los ‘teletrabajos’ y aceptar una investidura vía Skype. Porque de un tiempo a esta parte, cada evento viene con su lección sobre vericuetos legales. ¿Cuál es la definición exacta de ‘tumultuario’? Difícil. Pero de la respuesta depende qué políticos catalanes deben estar en prisión y por cuánto tiempo.

A largo plazo no es saludable que una democracia esté dependiendo tanto de intrincados asuntos de procedimiento y técnica jurídica. Las democracias funcionan sobre la base de criterios de transparencia ante la opinión ciudadana; no se espera que dicha opinión tenga que estar informándose sobre los últimos vericuetos de la ley.

Si esto está ocurriendo es, en últimas porque, como en el caso de la asamblea estatal de Virginia o de los alcaldes jugadores de póker, hay una división política de fondo que las normas difícilmente pueden arbitrar. Las leyes sirven para gestionar cómo se resuelven las diferencias políticas, pero no para resolverlas. Igualmente, la política sirve para gestionar cómo se abordan las diferencias sociales, culturales e identitarias, pero no sirve para suprimirlas. Es iluso creer que las divisiones entre bloques en Cataluña (por no hablar de las que existen dentro de cada bloque) se van a resolver simplemente en los tribunales. Como también era iluso creer que los desacuerdos que existen en la sociedad catalana sobre, por ejemplo, el papel de la lengua, se podían resolver de una vez por todas con unas elecciones, o un referéndum.

Habrá que esperar qué trae esta nueva legislatura. Las señales de sus primeras 24 horas son mixtas: algunos discursos conciliadores, se evitaron los términos más incendiarios (poco se habló de ‘República’ y nada de DUI), pero aún hay mucho espacio para la confrontación e incluso el disparate.

Difícil será reconducir esta situación. Es imposible saber de dónde saldrá la voluntad política para el diálogo necesario, no solo entre Cataluña y el Gobierno central sino también, tanto o más necesario, entre los distintos sectores de la sociedad catalana. Pero es urgente. Una democracia no puede seguir por años abocada a que sus fracturas políticas se estén resolviendo siempre a punta de tribunales y reglamentos. De seguir así, los más altos temas de la convivencia entre ciudadanos se terminarán jugando en una partida de póker. O de mus, con todo y sus órdagos.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

¿Es este el turismo que queremos?

DANIEL LEGUINA (*)

 

Turistas en las calles de Barcelona. / CARLES RIBAS

 

Rajoy anunció recientemente, a bombo y platillo -desde la cumbre de los países del sur de Europa, en Roma-, que España ha batido el récord de turistas con 82 millones en 2017. Los principales medios nacionales se hicieron eco de la noticia, que sin duda es una gran noticia, y destacaron que se trata del quinto año consecutivo aumentando el número de visitantes, a un ritmo imparable, desbancando a Estados Unidos del segundo puesto y poniéndose a rebufo de Francia, medalla de oro por el momento en lo que a recibir turistas se refiere.

En cifras, el aumento respecto al 2016 es del 8,9%, con un gasto total realizado de 87.000 millones de euros, cifra también récord con un alza anual del 12,4%. En 2017 el gasto medio por turista registró un crecimiento del 3,1%, y alcanzó los 1.061 euros por persona, y el gasto medio diario se situó en 137 euros con una mejora del 4,4%. Son datos del Ministerio de Energía y Turismo, que dirige Álvaro Nadal.

No era de esperar que Rajoy o Nadal sacaran una nota negativa del asunto -pero sí que sacaran pecho, claro-, ni tan siquiera el Ministerio de Medio Ambiente de García Tejerina, pero lo que resulta chocante, por aquello del periodismo crítico, es que ningún medio de comunicación haya señalado las nefastas consecuencias en términos de sostenibilidad que tamaña ‘invasión’ supone para el país.

El impacto ecológico del turismo de masas es terrible: todas las actividades relacionadas con él dejan huella ambiental, aumentando los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático: viaje al lugar de destino, transporte dentro del mismo, producción y consumo de alimentos, residuos generados, compras y alojamiento.

Así lo afirma la experta Vilma Saraff en el último Informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, documento en el que recuerda también que cada millón de turistas que recibe España consume y genera 11 millones de litros de combustible; 300 millones de litros de agua; 2 millones de kilos de alimentos; 300 millones de litros de aguas residuales; 25 millones de kilos de CO2, y 1,5 millones de kilos de residuos. Sólo hace falta multiplicar estos datos por 82 para conocer el coste ambiental del negocio de turismo.

Entre los aspectos positivos del turismo destacan el valor económico para el desarrollo local; la generación de ingresos que pueden ser reutilizados en objetivos de conservación; una mayor involucración de la Administración en la protección del entorno; el aumento de los estudios especializados en la relación entre turismo y protección ambiental; y el crecimiento de inversiones para la investigación de los efectos del turismo en el medio ambiente.

El turismo supone el 11% del PIB y emplea a 2,9 millones de personas. Nadie pone en duda la positividad de estos números, pero la cara b del asunto, de la que nadie habla, es que se alcanzan gracias a la sobreexplotación de los destinos, la presión sobre los ecosistemas y las comunidades locales; el crecimiento urbanístico indiscriminado, la acumulación de residuos y la erosión de la zona; la rivalidad por la utilización de los recursos naturales y la saturación de infraestructuras y servicios públicos; la contaminación acústica, lumínica y del aire; una arquitectura no integrada en el paisaje y la utilización extensiva del transporte privado. 

Queda claro pues que el modelo turístico tradicional, basado en el crecimiento sin planificación, es extremadamente agresor con el entorno en que se desarrolla. Un buen ejemplo son los litorales, donde el ensanchamiento de playas y la construcción de puertos deportivos ha afectado, irremediablemente en muchos casos, a los ecosistemas marinos.

España no es únicamente sol y playa. Para conseguir un modelo de turismo sostenible es importante un mejor aprovechamiento y redistribución de los espacios. A pesar de los esfuerzos de las regiones interiores, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Castilla y León registran una muy baja densidad de viajeros. Entre las medidas para potenciar estas zonas, sería conveniente promocionar su riqueza cultural, histórica y gastronómica, así como la biodiversidad española, la más rica de Europa con 11 geoparques declarados por la UNESCO, 15 parques nacionales, 48 reservas de la Biosfera, más de 120 vías verdes -que suman más de2.500 km- y numerosos espacios que conforman la Red Natura 2000 (aproximadamente el 27% del territorio español).

Así las cosas, para que el sector turístico cambie sus prioridades y reduzca sus emisiones, el Gobierno debe asumir su responsabilidad ante la avalancha de visitantes y poner en marcha una política medioambiental eficiente -basada en la educación-, en lugar de fomentar únicamente una llegada descontrolada de turistas que empuja a España a un punto de no retorno de consecuencias dramáticas en forma de sequía, desertización y nuevas enfermedades.  

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas  

Una tercera Gran Coalición en Alemania sería la mejor noticia para Europa

CARLOS CARNERO (*)

 

Martin Schulz y Angela Merkel, conversan durante un encuentro en Bruselas. / EFE

 

Una buena noticia. Incluso, la mejor noticia para Europa: los democristianos y los socialdemócratas alemanes han llegado a un principio de acuerdo para establecer un Contrato de Gobierno del que saldrá el tercer Ejecutivo de Gran Coalición consecutivo entre ambas familias políticas.

Ha sido necesario constatar la imposibilidad de reunir a democristianos, liberales y verdes, por un lado, y confirmar la necesidad de reconducir la Gran Coalición como única salida para evitar un gobierno en minoría o nuevas elecciones, por otro, para volver al punto de partida que deseaba desde la noche electoral Angela Merkel: mantener como socio a los socialdemócratas y convencer a Martin Schulz de que merecía la pena intentarlo de nuevo, a pesar de las reticencias existentes en su partido.

El Contrato de Gobierno, cuando se ultime hasta la más mínima coma tras semanas de elaboración conjunta, será un equilibrio de posiciones entre la derecha y la izquierda de un país que ha construido durante décadas su bienestar sobre fuertes y amplias bases compartidas por la CDU y el SPD. Ese es el motivo de que en Alemania sea más sencillo que en muchos otros países este tipo de coalición. Aunque sencillo en comparación con otros no quiere decir fácil en términos absolutos.

Asuntos europeos (los primeros en el principio de acuerdo por insistencia de Schulz), sociales, de medio ambiente, de impuestos o de migración y asilo han necesitado y necesitarán todavía semanas de intercambios de puntos de vista y flexibilidad para alcanzar un consenso que facilite gobernar en beneficio de la mayoría.

Ahora quedan pasos decisivos para saber si la convivencia si materializará o no, especialmente en la Casa Willy Brandt. Un Congreso extraordinario previsto para el 21 de enero tendrá que dar luz verde a lo negociado por Schulz y, de ser así, obtener el voto favorable de la militancia, que ronda los 400.000 afiliados y en la que encontrará con toda seguridad fuertes resistencias, empezando por los Jusos. Y habiendo asistido a un Congreso de las juventudes del SPD, sé que pueden ser muy insistentes.

Pero los dirigentes y militantes socialdemócratas tendrán que preguntarse no tanto por el detalle de lo pactado, sino por el lugar desde el que será mayor la utilidad de su partido para el país y sus electores: si en la oposición o en el poder. La historia del SPD le define ante todo como un partido de gobierno, capaz de tomar decisiones desde la Cancillería o junto a ella en beneficio del conjunto de la sociedad. Ha sido así incluso desde mucho antes de 1945, en realidad desde su nacimiento, cuando un muy veterano Friedrich Engels apoyó la vía reformista y parlamentaria para conseguir la transformación social, abriendo el camino para conformar una izquierda democrática dispuesta a llegar al poder únicamente a través del voto. Aquella transformación social es hoy una realidad palpable y se llama democracia (incluso multinacional: la UE), estado de derecho y modelo social europeo, con todos sus defectos, aunque también con todas sus virtudes.

En estos tiempos en los que demasiados analistas se empeñan en dar por enterrada a la socialdemocracia, la apuesta del grupo dirigente del SPD ejemplifica la capacidad del socialismo democrático europeo para afrontar desde la responsabilidad las coyunturas políticas promoviendo decisiones que mejoren la vida ciudadana y se inserten en un proyecto de futuro amplio y de largo aliento: el europeo. De lo contrario, ¿quién lo haría? Quizás eso es lo que se empiece a reconocer de nuevo en diversos países europeos al hilo de las encuestas, en las que los socialistas experimentan alzas más o menos pronunciadas que ya difícilmente alcanzarán porcentajes en torno al 40 % de intención de voto, que pertenecen al pasado, para ellos y para el resto de partidos, salvo raras excepciones.

Para Europa, el anuncio de este principio de acuerdo en Berlín no puede ser mejor. Una Gran Coalición en Alemania es la condición suficiente para que la UE pueda dar un nuevo paso en su profundización política, reforzar la unión económica, avanzar en la unión social, contar con más recursos, culminar con éxito las negociaciones del Brexit y pesar más en el Mundo. La Francia de Macron, empeñado en una perspectiva federal para Europa, encuentra así el aliado imprescindible para hacer realidad sus propuestas.

No creo que Trump, los populistas y los partidarios del Brexit estén de enhorabuena por el acuerdo entre la CDU (y la CSU) y el SPD, pero los europeístas sí deben estarlo, a izquierda y derecha. Si Berlín y París cuentan con el concurso de la mayoría de los estados miembros para sus planes (empezando por España e Italia) y de las instituciones comunitarias, podemos imaginar un proceso de un par de años en el que la UE vuelva a vivir días de decisiones históricas, que coincidirán en el tiempo político con las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, en las que la ciudadanía tendrá la oportunidad de dar su espaldarazo a una Europa más fuerte y unida.

El futuro, ahora, está en manos de los socialdemócratas alemanes. ¿Será capaz Martin Schulz de convencerles? Tras haber compartido quince años de vida política con él en el Parlamento Europeo, lo que sí puedo afirmar es que lo intentará hasta el límite de sus fuerzas. Ojalá lo consiga.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

Cataluña: los partidos propusieron y los electores eligieron

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Mesa con las distintas opciones electorales en los pasados comicios catalanes del 21 de diciembre.

 

La inmediatez en la convocatoria de las elecciones tras la aplicación del art. 155 de la Constitución fue motivo, en general, de reconocimiento, al considerarse que una circunstancia como la existente esos días sólo podía ser clarificada mediante un llamamiento a la ciudadanía y su pronunciamiento.

Sin embargo, y como ya pudimos prever, los resultados no han modificado en lo sustancial la situación política existente. Hemos apreciado la solidez del voto justificado en motivos identitarios. Es más, incluso puede decirse que la intervención judicial ha complicado aún más una situación enrevesada, todo un nudo gordiano que parece imposible de quebrar.

Transcurridas ya algunas semanas, y tras analizar los resultados, nos preguntamos por qué permanecen las causas del bloqueo de forma casi intactas. De forma más pausada, ahora apreciamos que los partidos políticos apenas tuvieron tiempo para reaccionar y reconsiderar sus planteamientos políticos. Urgentemente hubo que decidir las coaliciones, confeccionar las listas y con la misma celeridad hubo que elaborar y hacer públicos los programas políticos. Y la lectura de estos hace sospechar de una cierta improvisación en los programas e inercia en las estrategias, que dejaron en el aire el contenido exacto de los compromisos de futuro, como ya empezamos a comprobar.

Por este motivo, y visto retrospectivamente, la excepcionalidad y perentoriedad de las elecciones impidieron a los partidos una mayor reflexión y, quizás, una reconsideración de sus propuestas para que fueran más viables.

En líneas generales, se aprecia una inercia que lleva al mantenimiento de las posiciones que ya se oyeron en el Parlament en los debates de los días 6 y 7 de septiembre, lo cual hacía presagiar un continuismo argumental. Es más, en general, las ofertas electorales pecaron de estratégicas y, quizás, de falta de honestidad para explicar a los ciudadanos la situación. Como mucho, sólo en los programas del PSC y CeCP se aprecia una descripción realista de la situación.

Junts per Catalunya y ERC retoman los efectos del 1 de octubre y apelaron sobre todo a la ilegalidad de la medida adoptada por el Gobierno, a la quiebra democrática y a la sustitución del presidente legítimo de la Generalitat; sin clarificar cuál puede ser el procedimiento a seguir. En especial, ERC propone “emplazar al Estado español, al tiempo que las instituciones europeas, para lograr una negociación a través de la cual, en pie de igualdad y sin ninguna renuncia previa por parte del Parlament y del Govern, se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática de la República Catalana”. La prioridad de la CUP-CC, por su parte, “pasa por la materialización y la implementación del mandato popular del 1 de octubre, es decir: la construcción de la República”, con lo que se insiste en otorgar plena validez al referéndum del 1 de octubre, sosteniendo que la situación actual es propia de un “Estado de excepción”. De forma menos clara, Junts per Catalunya aboga por “promover un gran debate nacional, participativo y de empoderamiento de la ciudadanía que aborde los rasgos y los ejes que deben conformar la constitución de la República Catalana”.

Catalunya en Comú-Podem se mueve en un espacio intermedio, aduciendo que “el estado plurinacional que defendemos incluirá, en cualquier caso, el reconocimiento de Cataluña como nación y su derecho a decidir; así como todas aquellas modificaciones que sean necesarias para poder incluir en el ordenamiento constitucional español la propuesta surgida del Parlamento de Cataluña”.

Algo más cauta es la posición del PSC, que sostiene que “el hecho de reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional, no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos distintos de los del resto de españoles”. Y ello mediante un “conjunto de propuestas para Cataluña que desarrollen al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española vigentes para fortalecer nuestro autogobierno e impulsar la renovación del pacto constitucional en un sentido federal”.

 El PP limitó su programa a una justificación del procedimiento del art. 155 y a la necesidad de salvaguardar la legalidad, con declaraciones de principio como esta: “Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la Constitución española y el Estatut de Cataluña. Ningún voto al Partido Popular servirá para situar a un político independentista en la Generalitat o para aceptar la celebración de un referéndum que separe a Cataluña del resto de España”. Expresado de forma más directa y sintética, los argumentos de C´s no son diferentes: “Pondremos fin al ‘procés’ separatista, recuperaremos la normalidad y la autonomía de Cataluña y trabajaremos por restaurar la convivencia entre todos los catalanes”. Tanto uno como otro confían su estrategia de campaña al incremento de la participación y al cálculo de que la mayor parte de los abstencionistas de 2015 están en contra de la independencia.

Sin embargo, con sus votos, los electores asumieron y cerraron filas en torno a algunos planteamientos, sin que los partidos explicaran cuáles serían los siguientes pasos. Con ello, indirectamente pusieron en evidencia varios olvidos y errores de interpretación:

- Contrariamente a lo previsto, el incremento de la participación benefició, en general, a los unionistas, pero no lo suficiente. La suma de C´s, PSC y PP obtiene 293.420 votos más de los obtenidos en 2015, pero la suma de JxCat, ERC y CUP obtiene también más, en concreto 112.830. Catalunya en Comú-Podem pierde 41.253 votos. Estos datos ponen de relieve una participación casi excepcional en la historia electoral catalana y dan idea de la importancia que los votantes otorgaron a estas elecciones.

- Los partidos independentistas otorgan plena validez al referéndum convocado el 1 de octubre, y a su carácter decisorio, sin valorar la limitada participación; y ello al margen de la prohibición legal y de los obstáculos expresos conocidos. Con todas las salvedades y justificaciones, no se puede olvidar que los votantes del 1 de octubre fueron 286.217, con una participación del 43%. Un número notable de votantes, pero claramente insuficiente para la finalidad pretendida.

- A pesar de las posiciones de cada uno de los bloques, no se aprecia una absoluta homogeneidad de valoraciones. Por ejemplo, la DUI sólo es apoyada por el 35,9% de los encuestados por el CIS, doce puntos menos que el total del voto independentista. Este dato pone de relieve las fuertes dudas que la viabilidad y evolución del ‘procés’ sigue mereciendo en una parte del electorado. Es más, más del 43% sigue creyendo que este finalizará con algún tipo de acuerdo con el Gobierno central y sólo el 16% cree que finalizará con la independencia.

- El porcentaje de la población que rechaza la aplicación del artículo 155 es elevado, y supera ampliamente el de los votantes nacionalistas: el 73,7% entre los que están muy en desacuerdo y bastante en desacuerdo. Este dato apunta a un fuerte apego a las instituciones propias, con independencia de la valoración que se haga de las actuaciones del Govern y del Parlament. El acuerdo con la actuación del Gobierno central alcanza sólo al 14,8% de los encuestados por el CIS, mucho menos que la suma del voto unionista.

- Se aprecia un fuerte componente del voto emocional. La aprobación de las leyes de conexión y la proclamación de la DUI, junto a la intervención de la autonomía por el Gobierno y la prisión o exilio de relevantes representantes políticos y sociales aportan unos argumentos muy sólidos y que actúan como banderín de enganche de los respectivos electorados. Además, la emocionalidad del voto se fue intensificando conforme transcurría la campaña electoral y pudo decidir el voto en las últimas veinticuatro horas. En esta situación, la suma de sentimiento y de voto útil permitió los buenos resultados de C´s y de JxCat a la vez que laminó las esperanzas de las candidaturas que podían desempeñar un papel bisagra en el Parlament.

- El avance en votos de los partidos independentistas sigue sin ser suficiente para superar con claridad el 50% de los votos válidos emitidos. No obstante, de cara al futuro, un análisis más detallado pone de relieve dos posibles lecturas de este voto: alcanza holgadamente el umbral del 50% entre los menores de 34 años, pero no sube de forma significativa en los municipios con mayor población de origen inmigrante y en zonas de predominio lingüístico castellanoparlante y que agrupa a una parte fundamental de la población (Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona, Mataró y Santa Coloma). Es más, los datos en estos nueve municipios y su evolución en los últimos treinta años ponen de relieve sólo un ligero incremento del voto nacionalista cuando no el simple estancamiento (crecimiento de 2 puntos en Badalona y de 1 en Santa Coloma y ligeros retrocesos en los demás municipios). Queda por lo tanto la duda de si en el futuro en las opciones electorales prevalecerán los motivos generacionales o los procedentes del origen y ambiente cultural.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

La 'kelly' que cambió el mundo

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

La plataforma tecnológica Uber está cambiando los servicios de transporte en las ciudades.

 

Elsie Parrish era lo que hoy en día se conocería en España como ‘una Kelly’. Trabajaba como camarera en un hotel del estado de Washington (no la ciudad) en Estados Unidos en los años 30. Seguramente sin proponérselo, puso en marcha una serie de eventos que transformaron la vida económica y social de aquel país. Curiosamente, la historia que comenzó con Parrish continúa hoy llena de vicisitudes que involucran, igual que en aquel entonces, las ‘kellys’ de nuestro tiempo y, como lo dejó claro recientemente el Tribunal Europeo de Justicia, los conductores de taxi. En el fondo, el hilo que une a todos estos acontecimientos es una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo: ¿qué es una empresa?

Elsie Parrish denunció a su empleador acusándolo de incumplir la ley de salario mínimo aprobada por el estado de Washington. El hotel trató de impugnar dicha ley alegando que violaba la libertad de contrato. En otras circunstancias, el hotel hubiera tenido las de ganar. La Corte Suprema había emitido consistentemente fallos a favor de la libertad de las empresas frente a cualquier tipo de regulación en las relaciones laborales. Pero los tiempos habían cambiado. Para cuando la Corte tuvo que decidir, acababa de pasar la elección presidencial de 1936 donde Roosevelt ganó clamorosamente la reelección. El ‘New Deal’ había obtenido un sólido mandato popular. Los detalles del cambio de curso en la Corte siguen siendo objeto de especulación, pero no hay duda de que este caso, junto con otros similares casi al mismo tiempo abrieron las puertas a un nuevo paradigma jurídico en el que las empresas dejaron de ser vistas como enclaves semifeudales, investidas de todo tipo de privilegios de puertas para adentro y empezaron a ser susceptibles de ser reguladas por las autoridades públicas.

Pero a ese punto se llegó no solo por decisiones jurídicas que, al fin de cuentas, suelen ser más bien la culminación de cambios más profundos. Detrás del caso de Parrish había una larguísima historia de conflictos en torno a los derechos laborales. Precisamente, no es gratuito que fuera una camarera la que tuviera que recurrir a los tribunales. En oficios más masculinos, con aglomeraciones obreras más grandes, tradicionalmente habían sido los trabajadores mismos los que habían acudido a la huelga para negociar. (Estados Unidos durante el siglo XIX fue, de lejos, el país con más huelgas entre las economías industrializadas.)

Los cambios tecnológicos del siglo XIX contribuyeron a crear la fábrica moderna, y con ella los sindicatos, reemplazando al viejo sistema de ‘putting out’ tan común en la primera industria textil que consistía en lo que hoy en día llamaríamos externalización. Ahora, una vez más en virtud del cambio tecnológico, nos encontramos ante un nuevo cambio de ciclo. Las nuevas aplicaciones de internet han hecho que vuelva el ‘putting out’ (ahora bajo el eufemismo de emprendimiento) donde trabajadores aislados, sin poder de negociación, venden sus servicios en condiciones fluctuantes e inestables.

Aunque en este momento ocupe los titulares de noticias, no es solo Uber. Traductores, contables, chefs, mensajeros, todo servicio ahora es susceptible de ser externalizado mediante una plataforma digital de manera que la empresa ya no asume los riesgos, ni tiene que mantener una capacidad instalada, transfiriéndole los costos que todo esto implica al trabajador.

Los cambios tecnológicos no se revierten. Las nuevas plataformas digitales llegaron para quedarse. La pregunta es cómo va a responder la sociedad, las empresas y el Gobierno. Hasta ahora todos los actores están apenas empezando a entender la magnitud del cambio. Quedan muchas preguntas en el aire.

Contratos laborales

Por ejemplo, ¿cómo se deben regular los contratos laborales en estos sectores que habitan una tierra de nadie entre el empleo tradicional y el trabajador autónomo? ¿Debe acudirse a más regulación o basta con fortalecer el régimen de inspección? ¿En caso de optarse por más regulación, debe ésta venir de Europa? ¿Son suficientes las instituciones actuales de diálogo social para canalizar los conflictos que puedan surgir, o es necesario crear nuevas formas de representación? Todo esto sin haber entrado a problemas de más largo plazo como el del impacto que estas nuevas formas de contratación puedan tener sobre el régimen pensional.

El Estado del bienestar moderno, el que en Estados Unidos se puso en marcha con la denuncia de Elsie Parrish, está construido sobre un pacto social articulado en torno al mundo del trabajo. Es el trabajo la fuente de derechos y responsabilidades básica para todo ciudadano. Esto es particularmente cierto en España, más que en otras economías que han optado por, por ejemplo, desligar las pensiones del empleo. Por eso mismo, todo lo que cambie la organización del trabajo es un terremoto con epicentro muy en lo hondo de aquel Estado del bienestar. Cuanto antes se reaccione, mejor. ¿En qué hotel estará trabajando la nueva Elsie Parris?

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid