A la sociedad le preocupa la igualdad y su bienestar y el Gobierno le ofrece orden y autoridad

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso. / LUIS SEVILLANO

 

La revisión de las leyes aprobadas desde el regreso del Partido Popular al gobierno, a inicios de 2012, es el mejor barómetro para analizar el componente ideológico de la acción del Gobierno. El resultado no deja lugar a dudas: el reforzamiento de la autoridad del Estado y el mantenimiento y defensa del sistema económico. Mientras tanto, el Gobierno no parece haber prestado ninguna atención legislativa a los problemas económicos y sociales ni, desde luego, a los derechos y libertades de los ciudadanos.

De forma más o menos clara se ha sugerido que esta política legislativa estaba relacionada y justificada por la intensidad de la crisis económica o el elevado nivel de amenaza terrorista, que obligaban a tomar medidas urgentes, pero un análisis minucioso de las nuevas leyes aprobadas aporta más datos que permiten entrever el trasfondo de la autoridad tras la apariencia de lo necesario, lo urgente o lo que de forma inevitable había que hacer porque era lo mejor para todos.

Ciertamente el reforzamiento de la autoridad, a veces muy cercano al autoritarismo, no es una opción exclusiva de la política española actual, sino que es compartida con muchos de los Estados europeos, sobre todo en el centro-este del continente. El uso autoritario del poder nos resulta familiar: demasiado presente en nuestra historia política. La excepcionalidad española en estos momentos es la ausencia de contrapesos y de reacciones críticas, sobre todo por parte de los medios informativos y círculos de pensamiento, a quienes les correspondería analizar las políticas públicas sin el fervor de la militancia política. Por el contrario, sólo se perciben silencio y aparente indiferencia ante una transformación legislativa tan relevante como la vivida en estos últimos seis años.

Las pistas son muchas, y merece la pena poner algo de orden en este bosque normativo cada día más complejo, menos amable con las apreturas del día a día de los ciudadanos y más amigable para los objetivos macroeconómicos.

- Mayor control del gasto público, mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de la Deuda Comercial del Sector Público o la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

- Mayor control de la actividad de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, no sólo con el control del gasto público, sino también con la modificación de la legislación local

- Más instrumentos para el poder coactivo del Estado, a través de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la Ley de Seguridad Nacional

- Preocupación por atender los intereses organizativos de colectivos especialmente vinculados con el Estado, como la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la reforma del Registro Civil o la Ley del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

- Aumento del control o de la influencia del Gobierno en las instituciones y órganos del Estado, como la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o la modificación de la legislación reguladora de RTVE

- Más instrumentos punitivos para la acción de la Justicia y a la vez mayores obstáculos para acceder a ella, como la reforma del Código Penal, la atribución al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora o el debilitamiento de la justicia universal

Son todas ellas leyes dónde la posición del administrado o del ciudadano pierde relevancia mientras la gana el aparato del poder. Curiosamente el Estado reduce su intervención en los conflictos económicos y sociales, e incluso se despoja de sus atribuciones para fiar al mercado la respuesta a estos problemas, pero refuerza su propia continuidad y no duda en apuntalar su autoridad y en dotarse de todas las herramientas posibles para neutralizar la resistencia a sus políticas.

El armazón legislativo creado es rocoso. Desde 2012 fue legitimado por la mayoría absoluta. Desde 2016 se mantiene amparado por el bloqueo parlamentario y bajo el objetivo gubernamental, apenas disimulado, de su simple mantenimiento como laberinto perfecto al servicio de la siempre citada “seguridad”.

En los últimos días se ha conocido la reciente decisión de ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable. Se ha argumentado que se trataba de atender una demanda social, pero los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en su barómetro de diciembre no avalan precisamente esta inquietud social. Más bien, recuerdan que sus prioridades y atenciones son muy diferentes de lo que ofrece el Gobierno.

La inquietud por el bienestar personal se detecta cuando los encuestados dudan sobre el desarrollo económico del país (el 56% piensa que la sociedad española es poco o nada desarrollada) o la condición de sociedad innovadora (el 55,4% piensan que lo es poco o nada), pero los indicadores de convivencia social son en general satisfactorios. La mayor parte considera que vivimos en una sociedad democrática (49,3% piensan que lo es bastante o mucho), tolerante (50,2%) o no conflictiva (55,8%). Pero, por encima de todo, una clara mayoría piensa que no es una sociedad igualitaria (65,1%).

Estos datos muestran una sociedad que no parece preocupada por los mismos temas que el Gobierno. Es más, si se revisan las respuestas a los principales problemas del país, los de índole social o económico se imponen muy claramente a aquellos a los que presumiblemente pretende dar respuesta el fortalecimiento de la autoridad: la inseguridad ciudadana (preocupa al 1,8%), inmigración (1,6%), la violencia de género (0,6%), la crisis de valores (0,9%), el terrorismo internacional (0,4%) e incluso la independencia de Cataluña (4,2%) despiertan un interés muy marginal, y muy por detrás del paro (34,5%), la economía (22,5%), los partidos políticos (10,3%), la calidad del empleo (10,0%), la sanidad (10,0%), las pensiones (9,3%), la educación (7,1%) o los problemas sociales (6,6%).

Esta disociación entre demanda social y oferta gubernamental nos obliga a una rápida reflexión sobre los fines y motivos de los gobiernos: ¿atender la agenda de las necesidades que le exponen los ciudadanos o atender su propia agenda política, aunque esta sea ajena a la demanda social?

El Gobierno cree que exhibir su poder y su determinación es una buena estrategia para contentar a los ciudadanos y ganar simpatías. En sus mensajes sobrevalora la acción, la claridad, la decisión, la firmeza, el castigo, la dureza, la rotundidad, la ‘exhibición de músculo’ y toda una serie de ideas vinculadas con la autoridad y el orden. Mientras tanto, los mensajes políticos menosprecian otros argumentos que la sociedad valora más, sobre todo la igualdad, la cohesión social, el bienestar personal, el pacto político, o simplemente la coherencia entre la acción del Gobierno y los problemas diarios de la calle.

Pareciera que el Gobierno ha hecho suyo el consejo de Maquivelo cuando se plantea si es mejor ser amado que ser temido: “Ambas cosas son deseables, pero puesto que son difíciles de conciliar, en el caso de que haya que prescindir de una de las dos, es más seguro ser temido que ser amado”.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador