Europa: De valores y dineros

CARLOS CARNERO (*)

 

Sesión plenaria en el Parlamento Europeo. / REUTERS

 

Los primeros debates sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (en román paladino: el techo de gasto total y por capítulos para siete años en el que se enmarcan los presupuestos anuales de la UE durante ese período) 2021-2027 empiezan de nuevo a ser presentados de forma errónea a la opinión pública tanto por los responsables políticos como por los medios de comunicación.

Una vez más, prima lo fácil frente a lo complejo, el corto plazo antes que la visión estratégica, la mirada al retrovisor de lo nacional por encima del criterio comunitario. Basta con fijarse en la palabra más utilizada al hablar sobre el Marco Financiero para darse cuenta de que estamos a punto de volver a equivocarnos: la batalla.

Las lenguas occidentales están llenas de metáforas conceptuales construidas en torno a términos guerreros. Es difícil sustraerse a esa realidad histórica. Pero en el caso de la UE convendría hacer un esfuerzo para evitar que los mensajes transmitan la falsa y simplona idea de que se abordan discusiones entre enemigos, porque los estados miembros de la Unión son todo lo contrario: socios. Y socios, además, condenados a entenderse en beneficio mutuo.

Atención: esto no es un ejercicio de “buenismo”, sino de europeísmo, que no son términos sinónimos. Europeísmo significa entender que lo común beneficia a lo individual, entre otras razones de peso, porque lo segundo es inviable sin lo primero.

Bien que lo entendió Felipe González, el pionero en aplicar una idea que ojalá estuviera presente en la mente de cuantos gobernantes de nuestro país fueron, son o serán: hacer coincidir el interés español con el interés europeo es la línea más recta hacia el éxito en la UE. La influencia de España y los fondos recibidos desde 1986 lo atestiguan de forma suficiente.

La UE es una unión de valores para garantizar derechos que se organiza como una democracia supranacional a fin de ejercer las competencias atribuidas por sus estados miembros con los recursos de los que le han provisto.

Sería estupendo que al debatir el futuro presupuestario de la UE se siguiera el orden del párrafo anterior: valores, derechos, democracia, competencias y recursos. Que se hiciera en términos de escala, sabiendo que lo comunitario aporta un plus insustituible. Y que nunca se olvidara quien debe ser el beneficiario único de lo que se decida: la ciudadanía europea.

Si, por el contrario, se empieza a escuchar continuamente la letanía de contribuyentes y receptores netos, los ricos y los pobres, los del Norte y los del Sur, y así un largo etcétera, estaremos en el camino más largo para llegar a la meta y, desde luego, en el que producirá más euroescépticos, a mayor gloria y rédito en las urnas de populistas y nacionalistas antieuropeos.

De ahí la enorme importancia del compromiso del acuerdo de coalición en Alemania para aumentar la contribución al presupuesto europeo; o de la propuesta del Parlamento Europeo de alcanzar al menos un 1’3 % del PIB comunitario en el Marco Financiero 2021-2020. Porque si hay más recursos disponibles todos los otros términos esenciales (valores, derechos, democracia, competencias) primarán más fácilmente sobre los famosos los saldos netos entre lo que se aporta al o se recibe del presupuesto de la Unión, que no incluyen los beneficios cuantitativos estructurales ni a medio y largo plazo, menos aún contabilizan las ventajas intangibles.

La UE salvó en 2017 casi todas las amenazas que se cernían contra la libertad (no lo olvidemos: la libertad), pero 2018 aún viene cargado de desafíos políticos nacionales, que empezarán a resolverse en un sentido positivo o en otro negativo en los próximos días. Lo que no pueden hacer en ningún caso los europeístas es poner piedras en su propio camino, favoreciendo los discursos que quieren debilitar o, en el extremo, destruir la Unión.

Por eso es imprescindible hacer un llamamiento a la responsabilidad de los políticos y los creadores de opinión para que el debate del Marco Financiero Plurianual no se convierta en o se presente como un todos contra todos. Porque lo que debe ser, en una coyuntura histórica de una complejidad desconocida en la historia comunitaria, es un todos por Europa con el que todos saldremos ganando. Para ello, es preciso poner primero los valores y luego los dineros. Y no, no se trata de ingenuidad, sino de puro pragmatismo.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

A la sociedad le preocupa la igualdad y su bienestar y el Gobierno le ofrece orden y autoridad

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso. / LUIS SEVILLANO

 

La revisión de las leyes aprobadas desde el regreso del Partido Popular al gobierno, a inicios de 2012, es el mejor barómetro para analizar el componente ideológico de la acción del Gobierno. El resultado no deja lugar a dudas: el reforzamiento de la autoridad del Estado y el mantenimiento y defensa del sistema económico. Mientras tanto, el Gobierno no parece haber prestado ninguna atención legislativa a los problemas económicos y sociales ni, desde luego, a los derechos y libertades de los ciudadanos.

De forma más o menos clara se ha sugerido que esta política legislativa estaba relacionada y justificada por la intensidad de la crisis económica o el elevado nivel de amenaza terrorista, que obligaban a tomar medidas urgentes, pero un análisis minucioso de las nuevas leyes aprobadas aporta más datos que permiten entrever el trasfondo de la autoridad tras la apariencia de lo necesario, lo urgente o lo que de forma inevitable había que hacer porque era lo mejor para todos.

Ciertamente el reforzamiento de la autoridad, a veces muy cercano al autoritarismo, no es una opción exclusiva de la política española actual, sino que es compartida con muchos de los Estados europeos, sobre todo en el centro-este del continente. El uso autoritario del poder nos resulta familiar: demasiado presente en nuestra historia política. La excepcionalidad española en estos momentos es la ausencia de contrapesos y de reacciones críticas, sobre todo por parte de los medios informativos y círculos de pensamiento, a quienes les correspondería analizar las políticas públicas sin el fervor de la militancia política. Por el contrario, sólo se perciben silencio y aparente indiferencia ante una transformación legislativa tan relevante como la vivida en estos últimos seis años.

Las pistas son muchas, y merece la pena poner algo de orden en este bosque normativo cada día más complejo, menos amable con las apreturas del día a día de los ciudadanos y más amigable para los objetivos macroeconómicos.

- Mayor control del gasto público, mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de la Deuda Comercial del Sector Público o la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

- Mayor control de la actividad de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, no sólo con el control del gasto público, sino también con la modificación de la legislación local

- Más instrumentos para el poder coactivo del Estado, a través de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la Ley de Seguridad Nacional

- Preocupación por atender los intereses organizativos de colectivos especialmente vinculados con el Estado, como la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la reforma del Registro Civil o la Ley del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

- Aumento del control o de la influencia del Gobierno en las instituciones y órganos del Estado, como la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o la modificación de la legislación reguladora de RTVE

- Más instrumentos punitivos para la acción de la Justicia y a la vez mayores obstáculos para acceder a ella, como la reforma del Código Penal, la atribución al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora o el debilitamiento de la justicia universal

Son todas ellas leyes dónde la posición del administrado o del ciudadano pierde relevancia mientras la gana el aparato del poder. Curiosamente el Estado reduce su intervención en los conflictos económicos y sociales, e incluso se despoja de sus atribuciones para fiar al mercado la respuesta a estos problemas, pero refuerza su propia continuidad y no duda en apuntalar su autoridad y en dotarse de todas las herramientas posibles para neutralizar la resistencia a sus políticas.

El armazón legislativo creado es rocoso. Desde 2012 fue legitimado por la mayoría absoluta. Desde 2016 se mantiene amparado por el bloqueo parlamentario y bajo el objetivo gubernamental, apenas disimulado, de su simple mantenimiento como laberinto perfecto al servicio de la siempre citada “seguridad”.

En los últimos días se ha conocido la reciente decisión de ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable. Se ha argumentado que se trataba de atender una demanda social, pero los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en su barómetro de diciembre no avalan precisamente esta inquietud social. Más bien, recuerdan que sus prioridades y atenciones son muy diferentes de lo que ofrece el Gobierno.

La inquietud por el bienestar personal se detecta cuando los encuestados dudan sobre el desarrollo económico del país (el 56% piensa que la sociedad española es poco o nada desarrollada) o la condición de sociedad innovadora (el 55,4% piensan que lo es poco o nada), pero los indicadores de convivencia social son en general satisfactorios. La mayor parte considera que vivimos en una sociedad democrática (49,3% piensan que lo es bastante o mucho), tolerante (50,2%) o no conflictiva (55,8%). Pero, por encima de todo, una clara mayoría piensa que no es una sociedad igualitaria (65,1%).

Estos datos muestran una sociedad que no parece preocupada por los mismos temas que el Gobierno. Es más, si se revisan las respuestas a los principales problemas del país, los de índole social o económico se imponen muy claramente a aquellos a los que presumiblemente pretende dar respuesta el fortalecimiento de la autoridad: la inseguridad ciudadana (preocupa al 1,8%), inmigración (1,6%), la violencia de género (0,6%), la crisis de valores (0,9%), el terrorismo internacional (0,4%) e incluso la independencia de Cataluña (4,2%) despiertan un interés muy marginal, y muy por detrás del paro (34,5%), la economía (22,5%), los partidos políticos (10,3%), la calidad del empleo (10,0%), la sanidad (10,0%), las pensiones (9,3%), la educación (7,1%) o los problemas sociales (6,6%).

Esta disociación entre demanda social y oferta gubernamental nos obliga a una rápida reflexión sobre los fines y motivos de los gobiernos: ¿atender la agenda de las necesidades que le exponen los ciudadanos o atender su propia agenda política, aunque esta sea ajena a la demanda social?

El Gobierno cree que exhibir su poder y su determinación es una buena estrategia para contentar a los ciudadanos y ganar simpatías. En sus mensajes sobrevalora la acción, la claridad, la decisión, la firmeza, el castigo, la dureza, la rotundidad, la ‘exhibición de músculo’ y toda una serie de ideas vinculadas con la autoridad y el orden. Mientras tanto, los mensajes políticos menosprecian otros argumentos que la sociedad valora más, sobre todo la igualdad, la cohesión social, el bienestar personal, el pacto político, o simplemente la coherencia entre la acción del Gobierno y los problemas diarios de la calle.

Pareciera que el Gobierno ha hecho suyo el consejo de Maquivelo cuando se plantea si es mejor ser amado que ser temido: “Ambas cosas son deseables, pero puesto que son difíciles de conciliar, en el caso de que haya que prescindir de una de las dos, es más seguro ser temido que ser amado”.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

¿Por qué la política se vende tan cara?

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

 

Si hay una palabra mil veces repetida, pero poco identificada con claridad, esa podría ser ‘política’. Su utilización hasta la saturación acaba impidiendo saber con nitidez de qué se habla cuando se utiliza el término. Incluso, es más que posible, que algunas personas que la pronuncian tampoco sepan bien a lo que están aludiendo.

La experiencia que te van proporcionando los años atestigua lo expresado. Y, la verdad, es que se trata de un caso casi único. Lo habitual en las distintas actividades que tienen lugar en la sociedad es que, aun a pesar de las discrepancias que siempre existen, haya al menos el acuerdo de identificar con claridad de qué se está hablando a la hora de tratar a aquellas. Sin embargo, con la política no es así. Yendo más allá aún, otro dato que también inquieta al propio sentido común es que mientras que la mayoría de las personas sensatas procuran el silencio en aquellos temas que ignoran, en el caso de la política ocurre el fenómeno contrario, es decir aquel dicho de que ‘yo no sé nada de política, pero te voy a decir…’, y en ese momento te colocan un discurso, generalmente quieras o no, sobre su visión de lo ‘desconocido’. Y esta gesta no es frecuente por ejemplo en el campo de la astrofísica.

Por otro lado, está más o menos claro que la política es una actividad de procedimiento prácticamente universal en el tiempo y en el espacio; y que desarrolla una función socialmente valiosa, sin la que sería difícil seguir manteniendo las sociedades en las que vivimos, al menos con el aspecto que tienen. Luego, si esto es así, cómo es posible que haya tanta dificultad en definirla, y en que lleguemos a un acuerdo que nos permita, al menos, no vituperar lo ignorado.

La política está estrechamente ligada al tratamiento del conflicto humano, y desde luego es una aportación definitiva. Pero la palabra ‘conflicto’ suele evocar tensión y problemas; por todo ello, la política aparece cercana a estos escenarios, pero su presencia en ellos es una ayuda, un paliativo y una mejora, y por esa razón hay que reivindicarla.

Dando vueltas a lo perplejo del asunto, se deben ir sacando  conclusiones; no hay nada como ir siguiendo el hilo, o atando cabos para buscar una explicación. En primer lugar, es evidente que la política es una actividad envuelta en intereses; y aquí es donde hay una novedad con respecto a la tónica general    ya que se constata que alrededor de la política existen algunos intereses cuyo objetivo preciso es no definirla nunca; se trata de sectores que encuentran mayor utilidad al moverse en la confusión que en la claridad.

También se asiste dentro de esa ceremonia de la confusión a la utilización de sinónimos equívocos que no solo conducen a su escondite, sino también a una visión muy peyorativa que es una losa casi imposible de levantar, bastante generalizada por todo el mundo.

Pero ya está bien, hay que hacer el esfuerzo; hay que aparcar un momento los intereses propios, que a veces son simplemente el rechazo o la zancadilla al otro; hay que tener unas miras más amplias. Es cierto que la política, casi por su propia naturaleza, no puede albergar la unanimidad; pero sí puede fabricar consensos, y estos son vitales para seguir conviviendo en razonable armonía.

Toma de decisiones

Igualmente es manifiesto, y casi por su misma naturaleza, que la política es una actividad ambivalente; la posición de cada uno en la sociedad, y en las otras esferas en que esta se subdivide, marcan ineludiblemente el punto de mira y la perspectiva, pero estas circunstancias son asumibles y deben servir de base para una actuación política inteligente que trate de equilibrar posiciones a través de una toma de decisiones ajustada a cada escenario.

Se trata de un deber social: reivindicar y apoyar la creatividad política para salir de situaciones de tensión que todos conocemos; incluso algunas exageradamente prolongadas en el tiempo. Pero quizá no lleguemos a la salida política, que exige imaginación, esfuerzo y diálogo, porque o no sabemos de qué se trata, o porque si los demás no lo saben, mejor para mí; o porque unos cuantos sí andan en el juego pero otros no, o porque otra vez nos han alcanzado las siguientes elecciones; y quizá porque tampoco ha habido una pedagogía adecuada de explicación de las distintas posibilidades.

De este modo nos conducimos a una situación, casi tan confusa como la descrita, en la que los políticos no hacen política aunque adopten ese nombre; además se les conoce como decisores, aunque no toman decisión política alguna. Y ni siquiera establecen un diálogo para saber, no ya lo que pretende el antagonista, sino, muy importante, qué quieren los ciudadanos a los que administran.

Siempre se ha dicho que el valor de las cosas viene definido por la escasez; cuantas menos existencias hay de algo, más sube su valor; será por eso que la política es una actividad cara y, por tanto, no entra dentro de nuestras posibilidades.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense

¿Quién gana y por qué con el acuerdo de coalición en Alemania?

CARLOS CARNERO (*)

 

Merkel y Shultz a su llegada a la sede de las negociaciones para formar gobierno. / EFE

 

Sería un error analizar el acuerdo de coalición entre la CDU-CSU y el SPD como un mal menor para evitar otro mayor: el desgobierno de Alemania. Por el contrario, el enfoque adecuado sería considerarlo como el bien mayor, la mejor conclusión imaginable del proceso abierto tras las elecciones de septiembre de 2017 porque hace que ganen los alemanes, el SPD y la Unión Europea al mismo tiempo. ¿Por qué?

Ganan los alemanes porque el contenido del acuerdo da estabilidad al país, escora hacia políticas y presupuestos más avanzados que en la última legislatura la acción de gobierno y permite a los grandes partidos democráticos demostrar que la demagogia de la ultraderecha es eso, una demagogia nutrida de circunstancias coyunturales (la crisis de los refugiados) y estructurales (el retroceso en la igualdad y el bienestar) que pueden y deben afrontarse a lo largo de los cuatro años en mejores condiciones que las del último mandato.

Gana el SPD porque consigue introducir propuestas nítidamente progresistas respaldadas por compromisos presupuestarios cuantificados, estará en condiciones de demostrar –aún más si cabe- su capacidad de gestión de lo público a favor de las grandes mayorías trabajadoras, asumirá el liderazgo de un renovado protagonismo alemán en el presente y el futuro de la UE y, además, tendrá carteras clave para visibilizar todo lo dicho: desde Exteriores a Finanzas, nada menos.

Gana Europa –seguramente la que más- porque las instituciones comunitarias y el presidente Macron contarán con el más poderoso de los aliados (Alemania) para continuar la profundización política (me atrevo a decir que en un cierto sentido federal), el gran adalid de la austeridad durante la crisis (Berlín) acepta el fin del ciclo hegemonizado por ese concepto, el mayor contribuyente neto (la República Federal) aumentará su aportación al presupuesto comunitario en un momento clave (cuando sabemos que la salida del Reino Unido reducirá lo ingresos en cerca de 11.000 millones de euros y comienzan a discutirse las grandes líneas del próximo Marco Financiero Plurianual) y, sobre todo y ante todo, cuando el unilateralismo de Donald Trump requiere una UE más fuerte y decidida, tendremos la oportunidad de construirla con propuestas como las que figuran en el contrato de coalición: un marco para un salario mínimo europeo, la introducción de una “sustancial” tasa sobre las transacciones financieras, fondos específicos para la estabilización económica y la convergencia social o la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad en un fondo monetario europeo.

Que la reeditada Gran Coalición entraña también riesgos no puede negarlo nadie: si fracasa, se llevará por delante a sus protagonistas. Pero cabe preguntarse si no lo habría hecho también una repetición electoral de resultados inciertos o un Gobierno en minoría de la CDU-CSU, situaciones ambas en las que la inestabilidad se habría convertido en el mejor argumento de la extrema derecha para avanzar. Todo ello sin olvidar que en democracia arriesgar es consustancial a la acción política y, desde luego, asumir la responsabilidad histórica forma parte de la identidad de partidos como el SPD, que encima y sin duda hubiera sido culpabilizado del bloqueo político.

Ahora todo queda sometido al criterio de los 463.000 afiliados del SPD, que deberán pronunciarse sobre el acuerdo de coalición. Las vidas cotidianas de 500 millones de habitantes de la actual UE serán de alguna manera afectadas por el voto de esos militantes: nunca tantos dependieron tanto de tan pocos… El artífice socialdemócrata del pacto, Martin Schulz -protagonista de un giro de 180 grados desde las elecciones hasta la firma del texto-, ha dado un paso honesto (a quienes hemos coincidido con él en el Parlamento Europeo eso no nos produce sorpresa) e inteligente al anunciar su abandono de la presidencia del partido e incluso su renuncia a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores en el futuro gobierno. Su sucesora al frente de la Willy Brandt Haus será Andrea Nahles, durante mucho tiempo considerada una representante del ala izquierda del partido y favorable a reeditar la Gran Coalición, lo que sirve para enviar un mensaje que debilita el argumentario de los oponentes internos del pacto.

Al parecer, la decisión de la militancia se conocerá, tras un sano e intenso debate democrático -del que los socialdemócratas pueden sentirse orgullosos y que probablemente arroje unos resultados muy ajustados-, el 4 de marzo, la misma fecha en que tendrán lugar las elecciones generales en Italia.

Para Europa será un día en el que contener la respiración. Imaginen los escenarios posibles y comiencen a coger aire. Esperemos que a eso de las 22:00 los europeístas podamos respirar tranquilos y esperanzados.

Por cierto: intentar comparar situaciones y procesos políticos en países tan diferentes como Alemania y España es como mezclar churras con merinas. Y quienes mejor lo saben son quienes lo hacen.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas