La euroorden y la unión política europea

CARLOS CARNERO (*)

 

 Vehículo con Puigdemont en su interior, en la prisión de Neumünster. / GTRESONLINE 

 

La Orden Europea de Detención y Entrega representa uno de los principales avances de la UE como espacio de libertad, seguridad y justicia.

Además de por su importancia práctica frente al delito, la relevancia de la Orden viene dada porque pone de manifiesto que los estados miembros de la Unión Europea se reconocen como estados de derecho plenos en los que están garantizadas las libertades fundamentales y funciona la separación de poderes. Es decir, como democracias nacionales equiparables que conforman por primera vez en la historia una democracia supranacional, la UE.

De ahí que en la UE exista un determinado ordenamiento jurídico compartido en cuyo marco es un juez quien invoca una Euroorden dirigiéndose a otro juez. Esto es: quien examina y, en su caso, acuerda la entrega de un procesado no es un gobierno a petición de otro, como ocurría en la extradición teniendo en cuenta muchos factores, incluidos los de índole puramente política.

Llama la atención que muchos comentaristas y responsables políticos no consigan -o no quieran- entender la diferencia y consideren equivocadamente que son los gobiernos los que tienen la palabra sobre la entrega, no los jueces. Seguramente, porque en algunos casos buscan cuestionar la independencia de la justicia y, en ocasiones extremas, negar el carácter de estado de derecho a un país determinado.

Pero son los jueces quienes tienen la palabra a la luz de las leyes en vigor y su interpretación de las mismas lo que puede llevar, en sistemas jurídicos nacionales diversos, a que un detenido sea entregado o no dependiendo dónde se atienda la Euroorden.

Precisamente, considerando la existencia de aquel ordenamiento jurídico europeo y sobre bases conceptuales compartidas, la Presidencia Española de la UE de 2010, siendo Secretario de Estado del Gobierno socialista Diego López Garrido, impulsó con determinación y consiguió finalmente la aprobación en 2011 de la Orden Europea de Protección de Víctimas.

Conviene recordar que una de las aspiraciones de los europeos es construir una unión política federal digna de tal nombre. Y esa unión política federal pasa por construir un estado de derecho europeo en el que instrumentos como la Euroorden son y serán fundamentales.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

La 'tasa YouTube' y la diversidad del audiovisual

Mª TRINIDAD GARCÍA LEIVA Y LUIS A. ALBORNOZ (*)

 

Un usuario utiliza YouTube en una tablet. 

 

A través del decreto 2017-1364, el pasado 20 de septiembre Francia aprobó la entrada en vigor de nuevos impuestos destinados a financiar la producción de obras audiovisuales. Las tasas serán abonadas por las plataformas que ofrezcan películas y series de televisión, gratuitamente o mediante el pago de un abono, estén establecidas en el país o no.  

El impuesto, creado en 1993 a propósito de la comercialización de contenidos audiovisuales en soportes como el VHS y el DVD, se extendió en 2004 a las plataformas de vídeo bajo demanda por abono radicadas en Francia y, en 2013, a todas aquellas plataformas que tuvieran suscriptores en el país. En 2016 el Parlamento francés acordó una nueva extensión de la tasa para aquellas plataformas, establecidas o no en Francia, que ofrezcan gratuitamente producciones audiovisuales a los franceses. Este último es el caso de la conocida como ‘tasa YouTube’, un gravamen del 2% que afecta a los ingresos publicitarios de plataformas como YouTube o Dailymotion. En otras palabras: con la entrada en vigor del nuevo decreto se hacen efectivas las últimas extensiones de esta tasa que será abonada por cualquier operador que ofrezca en Francia un servicio que brinde o permita acceso, gratuito o de pago, a obras audiovisuales, indistintamente de la localización geográfica de sus operaciones. 

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a esta adaptación que persigue integrar a las plataformas audiovisuales en línea al ecosistema francés de financiación de obras audiovisuales nacionales y europeas. La lógica subyacente es simple y se remonta a la creación misma del Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), organismo destinatario de los fondos recaudados: tous les diffuseurs financent la création. 

Este tipo de medidas, sumadas a otras por el estilo ensayadas por Alemania, enfrenta la difícil tarea de repensar en el entorno digital las iniciativas públicas de promoción y/o protección desplegadas con la consolidación de las industrias culturales a lo largo del siglo XX. En un contexto en el que la legitimidad y utilidad de iniciativas como las cuotas de contenidos para garantizar la presencia de un mínimo de obras en salas de cine y televisores son cada vez más cuestionadas, el’ desafío digital’ presenta interrogantes nada fáciles de resolver para la formulación e implementación de políticas públicas. Por ejemplo: ¿cómo se ataja o penaliza la evasión fiscal cuando el objeto del tributo y los sujetos obligados a tributar no pueden ser fácilmente definibles ni explícitamente interpelados por las estructuras jurídico-administrativas existentes? O: ¿qué sentido tiene transformar las cuotas de exhibición en ‘cuotas de catálogo’, a fin de asegurar la presencia de producciones nacionales en plataformas en línea, si integrar un catálogo no garantiza promoción y visibilidad?  

Si bien las redes y dispositivos digitales han dado lugar a un novedoso entorno de producción, circulación y consumo de contenidos culturales desmaterializados, dicho entorno, signado por oportunidades y amenazas -como la multiplicación de contenidos disponibles o la re-intermediación del campo cultural a manos de poderosas plataformas en línea- es un escenario crucial donde hoy se dirime el poder de comunicar y de moldear percepciones acerca de lo social. Lejos de los discursos promocionales de la tecnología digital, los cuales auguraban que esta por sí misma sería fuente de diversidad dejando sin sentido el rol de los Estados como hacedores de políticas culturales, la existencia de un audiovisual en línea diverso no está asegurada.  

Pensar las posibilidades y limitaciones de la actuación de los Estados en clave de diversidad es pues esencial para presentar alternativas y ensayar estrategias. Y pensar el audiovisual en clave de diversidad supone partir de una visión holística sobre el funcionamiento de las industrias culturales. No se trata únicamente de preocuparse por la representación de determinados colectivos en las pantallas o de preguntarse por la concentración empresarial. Se trata también de conocer la composición de la fuerza laboral que produce los contenidos y las prácticas de los ciudadanos que los consumen.   

La diversidad de (y en) las industrias culturales, en definitiva, depende de una multiplicidad de factores. Por lo que es necesario prestar atención, como mínimo, a las fuentes (propietarios, productores y distribuidores de contenidos, así como la fuerza laboral contratada por éstos), a los contenidos ofrecidos (formatos o tipos de programas, colectivos representados, puntos de vista presentes…) y a la exposición de las audiencias a los mismos (cómo se distribuyen los públicos en el conjunto de la oferta y qué consumen los individuos).  Únicamente manteniendo una mirada integral sobre el audiovisual podremos discutir en qué medida una iniciativa como la“tasa Youtube”puede contribuir con la promoción y/o protección de su diversidad.   

 

 * Mª Trinidad García Leiva y Luis A. Albornoz son profesores de la Universidad Carlos III de Madrid donde dirigen el grupo de investigación Diversidad Audiovisual. Han editado los libros colectivos Diversidad e industria audiovisual. El desafío cultural del siglo XXI (FCE, 2017) y El audiovisual en la era digital. Políticas y estrategias para la diversidad (Cátedra, 2017).

 

Que los árboles nos permitan ver el bosque

FRANCIS CABEZOS (*)

 

Árboles talados para abrir espacio al cutivo. / M. LONGARI (AFP)

 

Hoy, como todos los días, venía en el bus de línea hacia Madrid. Soy de los que utiliza el transporte público por aquello de las emisiones y el empleo en el ámbito del transporte de personas. Iba leyendo un libro en formato papel, aún me resisto, quizás equivocadamente, al formato electrónico. Llamadme romántico o atrasado, dado que la revolución digital me pasará por encima. Prefiero el papel, aunque sé que para obtener pasta de celulosa y que yo lea libros hay que talar árboles, pero intento consolarme pensando que con buenos instrumentos de planificación y ordenación de montes y plantaciones, esta actividad es duradera en el tiempo, genera empleo con derechos sociales y laborales y, de otro lado, nos permite extraer menos coltán y que los vertederos de residuos electrónicos del delta del Níger disminuyan en tamaño. ¡Ya no sabe uno qué hacer!

Acabado el libro y con el firme propósito de comprar otro, recordé el último fin de semana en el que, como otros muchos, estuve paseando por el pinar que hay cerca de mi pueblo. Se veían los arroyos crecidos, después de la nieve y las lluvias caídas en los últimos días, y pensé en la estrecha relación que existe entre bosques y agua. Quizá por ello se celebran seguidos los dos días internacionales de ambos elementos, los días 21 y 22 de marzo. Y aprovecho para reflexionar respecto al agua. Deberíamos hacernos mirar aquello de que aún no depuramos el 100% de nuestras aguas residuales, que todavía hay alguno que piensa que el agua de los ríos se ‘tira’ al mar y que lo mejor sería trasvasarla de unas cuencas a otras. El uso posterior de esa agua trasvasada ya nos importa menos.

Durante el paseo pensaba en los restos vegetales producto de las podas, cortas, desbroces y entresacas. Y que si se planificara adecuadamente toda esta actividad, quizá podríamos utilizar estos restos para obtener energía, fabricar compost para parques y jardines y no tendríamos que quemarlos en el monte sin sacar ninguna ventaja. También, no lo puedo evitar, pensaba en la cantidad de personas que pueden trabajar en este sector y las oportunidades que tendrían las pequeñas comunidades rurales. Que ese empleo no tendría por qué tener una alta tasa de temporalidad, una gran rotación, escasa formación y elevadas tasas de accidentalidad. Esto se podría cambiar.

El sector forestal arrastra problemas: individualismo y abandono de muchas propiedades forestales, titularidad de los montes, la poca apertura de los mercados de productos forestales, la escasa inversión pública y privada o el desinterés de la sociedad por el monte. Un desinterés posiblemente provocado por el desconocimiento del potencial del sector, tanto desde un punto de vista económico como del medioambiental y las posibilidades de creación de empleo y reactivación en zonas hoy deprimidas. Revitalizar el sector forestal puede constituir un elemento clave para recuperar y reactivar un mundo rural en franco retroceso en gran parte de nuestra geografía. La ausencia de una auténtica política agrícola, la falta de inversiones y la insuficiencia de servicios públicos en las zonas rurales son algunas de las causas de esta situación.

Ya llegado a Madrid, y después de atravesar distintas localidades, también me recordaba a mí mismo la importancia que tiene llevar a cabo una buena planificación urbanística y el papel protagonista que tienen las entidades locales en ello. Ciudades más humanas y menos automovilísticas, menos hormigón y asfalto y más avenidas arboladas, aceras más anchas con ornamento verde, más parques y jardines para solaz de la gente y con ello contribuir a que respiremos menos óxidos de nitrógeno y que podamos sentarnos con calma en un banco a leer un libro.

 

(*) Francis Cabezos es secretario de Coordinación Sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Pensiones en peligro

(*) OCTAVIO GRANADO

 

Protesta de pensionistas en Bilbao (EFE).

 

Una marea de pensionistas indignados recorre y recorrerá este fin de semana las calles españolas para exigir una revalorización de sus pensiones que sea real y no cosmética. Naturalmente, los medios de comunicación más conservadores, argumentando precisamente con la mala situación económica del sistema, que tiene el mayor déficit de los sistemas de la Unión Europea y de los países en los que existe una contabilidad separada de los gastos de pensiones del mundo, justifican la imposibilidad de una revalorización real.

En este sentido, tal vez merezca la pena conocer cuál ha sido la acción del Gobierno de Mariano Rajoy durante su gestión, muy diferente no ya de los gobiernos del PSOE, sino de la propia gestión de José María Aznar al frente de las cuentas públicas. En esta gestión hay un punto positivo en el haber, la financiación de los complementos a mínimo de pensión al 100% por el Estado, por cierto generando remanentes sin gastar durante todos los ejercicios, como consecuencia de la mejora de la contributividad del sistema durante los últimos años, del fallecimiento de pensionistas perceptores, y de la no revalorización. Pero hay una infinidad de puntos negativos:

- Durante estos últimos seis años, el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y otras bonificaciones al empleo, lo que ha importado y sigue importando más de 1.500 millones de euros.

- Ha dejado de cotizar por los cuidadores familiares de atención a la dependencia, lo que ha disminuido los ingresos más de 1.000 millones de euros.

- Ha intentado que la cotización de las empleadas de hogar volviera a recaer sobre las propias empleadas, para disuadir de los pagos. Aunque no lo ha conseguido salvo parcialmente, el Sistema Especial de Empleadas de Hogar pierde cotizantes e ingresos desde la última reforma.

- Intentó impedir que los trabajadores despedidos suscribieran convenios para mantener sus bases de cotización. Sólo la amenaza de una movilización masiva de afectados particularmente indignados frenó la norma ya en vigor de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- Disminuyó la cotización de los desempleados que habían agotado sus prestaciones, limitando el inicio (de 52 a 55 años), la base (del 125% al 100% del SMI) y estableciendo incompatibilidades de renta familiar más duras, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos para el sistema que ha llegado en 2017 a los 3.000 millones de euros.

- La reforma laboral disminuyó los salarios, y la congelación del salario mínimo interprofesional se ha trasladado años a las bases mínimas de la cotización, aunque no hubiera imperativo legal. No se modificó la legislación para conseguir que la base mínima de cotización subiera de forma diferente, especialmente para los contratos temporales: ¿Les parece razonable una cotización proporcional a la jornada por contratos de media hora? ¿No sería razonable establecer un sistema de cotización que penalizara realmente los contratos de duración inferior a las cinco jornadas, imputando de verdad todos los festivos, las vacaciones y las pagas extraordinarias a la base, y estableciendo una base mínima diaria de cotización? Pero hemos preferido dejar caer los ingresos en la misma proporción que los salarios, y así destruir la solvencia financiera del sistema.

Entre lo amagado y lo golpeado, el Gobierno  ha conseguido mantener durante todo el periodo, salvo el año pasado, los ingresos por cuotas por debajo de los de 2011. Y todo esto fruto de decisiones políticas con forma normativa. Así, el Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales han sido desvalijados y no existen las reservas previstas para paliar las consecuencias de la jubilación del baby boom en puertas. Baby boom que verá agravadas sus consecuencias con la previsible evolución al alza de la esperanza de vida fruto de las nuevas investigaciones sanitarias.  Y ahora, según el PP y todos los voceros que justificaron estas medidas, los irresponsables son los pensionistas, por supuesto, y los partidos de la oposición, cómo no, por pedir que no se les culpabilice de todo esto, que por cierto no ha merecido asunción de responsabilidad política alguna.

Todas estas medidas han disminuido ingresos. Pero luego están las que generan desigualdades. Algunos académicos especializados en justificar las decisiones gubernativas nos recuerdan todos los días que el sistema no se ideó para redistribuir las rentas, pero redistribuir las rentas es exactamente lo que ha hecho este Gobierno con sus decisiones, eso sí, aumentando la desigualdad social. Podíamos haber establecido complementos a mínimo para los jubilados que mantienen o ayudan a descendientes en desempleo, pero preferimos acabar todos los años con remanente de gasto en esta partida; obligamos a los pensionistas a pagar los fármacos, y establecemos deducciones para los mayores de 80 años que hacen la declaración del IRPF, un 15% del total de pensionistas, en vez de permitirles directamente deducir los gastos de farmacia a todos. Podíamos haber establecido ayudas para madres sin ingresos, pero hemos preferido incrementar las pensiones de las jubiladas a los 65 que han tenido hijos, naturalmente  si cobran pensiones más altas; si perciben pensiones mínimas sus complementos absorberán la mejora y no tendrá efectos reales. Redistribuimos la renta, pero al contrario de lo que hacía legendariamente Robin Hood.

Y ahora, tenemos por enésima vez que volver a recordar que los cambios hacia un sistema de capitalización son imposibles e indeseables, porque supondrían un gasto de transición de tres veces el PIB. Pero también que con los cambios hacia un sistema de cuentas nacionales y sin un periodo previo de elevación de todas las aportaciones inferiores a la media que se realizan en el sistema español (autónomos, agrarios, empleadas de hogar, sistemas especiales de artistas, del tomate, trabajadores con coeficientes reductores de la edad de jubilación, etc), habría cinco millones de los actuales cotizantes con pensiones de miseria.

Porque la discusión esencial de toda esta triste historia no es, con todo lo que nos haya conmovido la indignación del colectivo, cuánto suben las pensiones. Sino cómo financiamos mejor los ingresos de la Seguridad Social, ya que sin esa mejor financiación nos vemos abocados al desastre. Podemos justificar que la reducción de los salarios era necesaria para su reparto en forma de mayor empleo. Podemos alertar que las posibles figuras tributarias que se creen para financiar la Seguridad Social deben consolidar el sistema y no crear nuevos agravios futuros. Podemos ser prudentes incrementando las cotizaciones, e intentar hacer recaer el incremento sobre quienes utilizan el sistema en fraude de ley. Pero sobre todo, podíamos haber mantenido las cotizaciones de los empleadores en los porcentajes de 2011. En ese año, en España fueron del 10,7% del PIB y en la UE el 10,6. Los últimos datos de Eurostat recogen que en España este porcentaje ha bajado del 10%, mientras que en Europa ha subido por encima del 10,7%. Puede justificarse que para crear empleo los salarios han debido bajar, pero con un mayor crecimiento del empleo, del PIB, de la economía. ¿Por qué los empresarios españoles deben pagar cada vez menos en relación con los europeos? Pero ahora es tiempo de descalificar alternativas, hasta que el Gobierno y la derecha económica elaboren un índice de revalorización que cumpla el único objetivo relevante que les importa: gastar menos. Nuestro objetivo debería ser ingresar más y mejor.

 

(*) Octavio Granado es ex secretario de Estado de Seguridad Social (2004-11)

Memoria y libertad

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Imagen de uno de los trenes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

 

Temprano levantó la muerte el vuelo... A las 7.35 del 11 de marzo de 2014, diez explosiones en cuatro trenes de cercanías sacudieron Madrid, causando 193 víctimas de 17 nacionalidades, y más de 1.800 heridos de distinta gravedad. Gente pacífica que iba a su trabajo o sus asuntos. Fue, y todavía es, el más sangriento atentado terrorista en Europa, si descontamos el que hizo caer, en 1988, a un avión de la PanAm en la ciudad escocesa de Lockerbie. Han pasado 14 años, pero no olvidamos, ni olvidaremos. Los que hicieron estos atentados, los que han hecho todos los atentados, tenían su odio. Nosotros, tenemos la memoria. Y la libertad.

Pocos días después, el Consejo Europeo instituyó, a propuesta del Parlamento,  el 11 de marzo como el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Desde entonces, ha habido en Europa al menos 30 atentados con víctimas mortales, 416 en total. Ámsterdam, Londres, Toulouse, Bruselas, Copenhague, París, Berlín, Manchester, Barcelona…. Y muchas más, decenas de miles, en todo el mundo –principalmente en países de mayoría musulmana– que tampoco podemos olvidar. Todas las víctimas del terror son igualmente dolorosas para la humanidad y todas merecen nuestra solidaridad.

Hoy es un día para el recuerdo de los que ya no están. También para la atención y el apoyo a muchas víctimas que aún andan por nuestras calles, porque sufrieron atentados o porque perdieron a un ser querido, que es también una forma –dilatada– de la muerte. Y, finalmente, es un día para la reflexión. Nada justifica ni explica la matanza de inocentes, si no es el odio irracional y vengativo. Tal vez debamos preguntarnos qué mundo hemos creado en el que la voz de algunos no se oye, y la de otros solo suena a dinamita y a disparos. Y qué podemos o debemos hacer para que esto acabe, más allá ejercer nuestro derecho a protegernos. Cómo vamos a llegar a ese mundo sin violencia que todos deseamos. Sin ningún tipo de violencia. Ni física, ni económica, ni política, ni social.

No podemos odiar, porque nuestro odio es su victoria. No podemos tener miedo, porque nuestro miedo les estimulará para seguir con su locura asesina. Solo podemos derrotarlos si seguimos con nuestra vida normal, a pesar del dolor. Si les demostramos que su maldad es inútil, que nada van a conseguir matando inocentes. Si nos mostramos firmes, serenos, activos, si somos capaces de sobreponernos, de trabajar para proteger a todos y al mismo tiempo para ayudar a todos a comprenderse mejor, el odio no prevalecerá.

Miles nos han dejado a causa del fanatismo brutal de unos pocos. Descansen en la paz que sus asesinos jamás encontrarán. Hay muchos más que siguen viviendo, con el dolor y la ausencia, heridos en su cuerpo o en su alma ¿Qué podemos deciros? No estáis solos. Os necesitamos. Vuestra memoria es nuestra libertad.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

8 de marzo, el gran día de las mujeres

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Cuatro estudiantes universitarias a favor de la huelga. INMA FLORES

 

La rutina nos tiene más o menos acostumbradas a que todos los años, poco antes de que comience la primavera, el 8 de marzo conmemore el Día Internacional de la Mujer. Lo malo de las repeticiones es que acaban teniendo un componente mecánico que termina adormeciendo las conciencias, con lo que la meta reivindicativa propuesta en esos días señalados pierde eficacia y, a veces, hasta sentido.

En esta ocasión, este 8 de marzo de 2018, sin embargo, intenta ir más allá; con el eco de una iniciativa a nivel global, pretende que el día dedicado a las mujeres se recuerde de forma más gráfica, porque las mujeres van a faltar; está convocada una huelga de cuidados, de consumo, laboral y educativa, para que se pueda comprobar fehacientemente que, sin el concurso de las mujeres, el mundo se para.

Si realmente hubiese una ausencia absoluta por parte de las mujeres de sus quehaceres, trabajos, deberes, compromisos, etc, o como queramos denominar las obligaciones de todo tipo y condición que marcan nuestro día a día, el resultado sería francamente espectacular; cerremos los ojos, y probemos a imaginarlo.

Conscientes y realistas, vamos no obstante a poner nuestro grano de arena en esta huelga, y claro está que se va a notar. Con la ayuda de todas y de todos aquellos que también apoyan el paro porque lo comprenden, lo alientan y, por tanto, se sienten corresponsables de la situación y de su posible transformación; gracias por estar ahí y de ese modo.

La amplitud de esferas donde las mujeres resultan vitales para el sostenimiento de la vida social es de tal magnitud que no se puede ni intentar una enumeración exhaustiva de su alcance y de su contenido. Pero en este punto me gustaría detenerme, en el espacio universitario, donde supuestamente la carrera por la igualdad debía estar más avanzada que en otros ámbitos. Sin embargo, esto no es así; el manifiesto firmado por más de mil doscientas mujeres profesoras e investigadoras universitarias es un documento claro de compromiso con la lucha aún pendiente en pos de la igualdad en un lugar donde pareciese que no hacía falta ni dar estas explicaciones, ni mucho menos aún constatar las situaciones que en ese texto se evidencian.

Brecha salarial, obstáculos mayores para desarrollar una carrera profesional -larga y compleja-, precariedad en el empleo, menor reconocimiento de méritos, mayor invisibilidad, menor financiación de proyectos de investigación; una organización de carácter jerárquico, donde únicamente el 21 % de mujeres pertenecen al escalón más alto, el catedralicio; y contando únicamente con tres rectoras en las universidades públicas. Donde aún hay que recordar que los planes de igualdad requieren de una puesta en marcha efectiva y donde se producen y reproducen situaciones indeseables, que bajo el aspecto que tomen en cada situación (acoso, sexismo, etc) siguen traduciendo la misma piedra de toque: el abuso de posición por aquellos que se sienten más fuertes frente a otras personas, y a quien por tanto no consideran iguales.

Actividad docente

También hay que añadir que poco se puede hacer por mejorar las cosas, cuando no hay un reconocimiento efectivo de la perspectiva de género en la actividad docente; me refiero a su inclusión no sólo como una mirada transversal en los contenidos de las asignaturas, sino también que se incluyan más contenidos específicos en las enseñanzas regladas y propias; de ese modo, seguro que se conseguiría la concesión de importancia a estas materias, que ahora no tienen, porque no son básicas, ni obligatorias, por lo que su desconsideración es patente.

Ampliando algo más el foco, y a la luz reivindicativa de la fecha, también es digna de mención la ausencia casi generalizada, excepto en pocos casos, de mujeres expertas en debates y conferencias sobre temas de su especialización; lo habitual es que todo lo que haya que decir, discutir y concluir esté formulado por hombres; en ese sentido es de aplaudir una iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en  España comprometiéndose y animando a otras instituciones a no volver a organizar seminarios, debates y conferencias sobre sus temas de interés en que todos los intervinientes fuesen hombres.

Volviendo al plano general, hay que comprometerse por una lucha que aún no ha concluido en pos de una igualdad que no acaba de llegar. Desde un punto de vista global, las organizaciones feministas recuerdan que hay que señalarlo en todo lugar y de las formas más diversas porque el mundo es plural y las mujeres formamos parte de todos los mapas.

Siguiendo a AWID –Association for Women’s Rights Development-, tenemos entre manos un tema muy importante; tanto que estamos hablando de derechos humanos y de su necesaria extensión a los seres humanos correspondientes. Y por tanto, también recordamos su consigna: 8 de marzo mujeres en acción; visibilidad de este compromiso desde los pueblos pequeños hasta las organizaciones internacionales de derechos humanos; manifestándonos en la calle, educando en nuestras comunidades, o simplemente en la lucha por la supervivencia.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense

Alemania-Italia: dos consultas bien diferentes

NICOLÁS SARTORIUS (*) 

 

Matteo Renzi vota en un colegio electoral de Florencia. A. BIANCHI (REUTERS)

 

I.- El resultado de la consulta a los militantes del Partido Socialdemócrata alemán(SPD) -2/3 a favor de un gobierno de gran coalición- es una buena noticia para la Unión Europea y quién sabe si también para la izquierda del continente. Un no habría significado la crisis del partido, un gobierno en minoría de la sra. Merkel y, muy probablemente, nuevas elecciones en el corto plazo. En ellas, el SPD habría aparecido como culpable de la inestabilidad del país y quizá habríamos asistido a un crecimiento aún mayor de Alternativa por Alemania (AfD), de extrema derecha. Un riesgo que en un país tan central para la UE como Alemania no se debe correr.

II.- Es cierto que las experiencias últimas de ‘GROKO’ -Grosse Koalitionen”- no han sido buenas para el SPD, que ha caído hasta el 20% de los votos; puede retrasar su necesaria renovación y convierte al AfD en el primer partido de la oposición, con lo que esto significa si las cosas no salen bien. Pero, por otro lado, es una oportunidad si el SPD actúa con inteligencia y audacia. En primer lugar, porque el programa de gobierno contiene un avance en términos europeos y sociales. La batalla estará, por lo tanto, en que ese programa se cumpla o no con diligencia, preferentemente en los dos primeros años de legislatura. La dirección de los ministerios de Asuntos Exteriores y Finanzas en manos del SPD pueden ser, también, determinantes. Desde el punto de vista europeo el tándem Macron-Merkel-SPD debería suponer el avance que la UE necesita imperiosamente. Mejor todavía si contase con el impulso decidido de España e Italia, lo que está por ver, sobre todo en el caso italiano. También puede ser una ocasión para mejorar en temas sociales, tanto dentro de Alemania como para dejar atrás la política de austeridad que se ha venido aplicando en los últimos años y llevar adelante iniciativas que hagan avanzar la Europa social, única manera de derrotar a los populismos y nacionalismos que están corroyendo el cuerpo social europeo. No podemos olvidar que la UE necesita, como el comer, un liderazgo claro ante el Brexit, las tarascadas proteccionistas de Trump y la dirección que han adoptado tanto Rusia como China. Por último, lo más probable es que en las próximas elecciones alemanas la sra. Merkel no sea la cabeza de cartel de la CDU y, en este caso, si se han cumplido las promesas de avances europeos y sociales, el SPD puede tener su oportunidad si es capaz de elegir un buen candidat@ y haber sido capaces de renovar el proyecto durante el trayecto gubernamental. De lo contrario, es decir que fracase la experiencia en los temas sociales y europeos, estaríamos ante un desastre estratégico de consecuencias muy negativas para el futuro de Europa.

III.- Otra cosa bien distinta es lo sucedido en Italia. Las peores previsiones parece que se han confirmado en la práctica. El populista, y hasta hace pocos días ‘antieuropeo’, 5 Estrellas ha ganado las elecciones, sin suficiente mayoría para gobernar en solitario. En la derecha y la extrema derecha, avance de esta última de la mano de la Liga Norte que supera a Forza Italia de Berlusconi, aunque tampoco suman lo bastante, de momento, para formar gobierno. Y retroceso, una vez más, del centro izquierda del Partido Democrático de Renzi, debilitado por la escisión de los Libres e Iguales de D´Alema y Berzzani. Es decir, una situación de gran inestabilidad en la que el juego está entre un partido populista -5 Estrellas- y dos, -cada cual más a la derecha- la Liga Norte y el Forza Italia de Berlusconi. Y una seudo-izquierda muy debilitada que lo más probable pase a la oposición, con o sin Renzi. Lo inquietante es que Italia es la tercera economía del euro y no acaba de encontrar el rumbo estable que sería necesario. Quizá la causa radique en que lleva años con nulo o escaso crecimiento económico, sometida como todos a una política de austeridad cuya responsabilidad se achaca a la UE; con un problema de inmigración agudo ante el que se ha sentido abandonada y dado lugar a todo tipo de xenofobias; una corrupción que no acaba de desaparecer y unas mafias que controlan demasiados negocios. Sin olvidar que es el país de Europa en el que la implosión de los partidos clásicos, que sostenían la República, ha sido más radical. Han desaparecido el PSI, el PCI, la DC, el Liberal, el Republicano y han sido sustituidos por siglas que no expresan ideas, ni proyectos como Forza Italia -eslogan de los que apoyan a la selección italiana de fútbol-; 5 Estrellas, que es difícil saber qué quiere decir; la Liga Norte, hasta hace dos días independentista y anti europea; Fratelli D´Italia, estrofa del himno nacional, etc.  En fin, una situación tan embrollada y peligrosa que hasta se ha pensado que un mal menor podría ser el regreso de Berlusconi -condenado e inhabilitado por delincuente- a través del presidente del Parlamento Europeo, Tajani, que, por lo menos, es claramente europeísta, o incluso hay quien se consuela con que algunos de los partidos populistas, ante el olor del poder, se moderen. A mí solo me tranquiliza pensar que con el resultado alemán se abre la posibilidad de un avance en la construcción europea y que este avance pueda contribuir a encarrilar la situación general. Es de esperar que, por lo menos, España esté a la altura de los retos que se avecinan. 

 

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

La tragedia invisible de la pobreza energética causa 7.000 muertes al año

DANIEL LEGUINA (*)

 

Manifestación contra la pobreza energética. / MASSIMILIANO MINOCRI

 

La pobreza energética afecta en España a una de cada diez personas, unos 4,5 millones en total, según datos del Gobierno. El desempleo y la inestabilidad laboral, el nivel de renta y la presencia de menores a cargo del hogar son las principales causas del problema, pero también las condiciones y antigüedad de la vivienda, su régimen de tenencia, la zona de residencia y el nivel de estudios del sustentador principal.

El perfil de los afectados varía entre familias con bajos ingresos, mayores, jóvenes emancipados y hogares monoparentales con menores, viviendo en alquiler y con bajo nivel de estudios. Pero la falta de recursos no es el único problema, si no también la falta de conocimiento sobre cómo funciona la factura de la energía.

En España, el precio de gas natural y electricidad está muy por encima de la media comunitaria. Según Eurostat, en 2016 el precio del gas natural fue un 123,07% más caro que el promedio de la Unión Europea, mientras que el de la electricidad se situó en un 140,68%. 

Recientemente se celebró en Madrid una marcha bajo el lema ´La energía es un derecho y no un privilegio’, en la que los manifestantes demandaron la aprobación de una ley integral que garantice un consumo mínimo de energía para todos los hogares. Entre las medidas propuestas contra la pobreza energética destaca la reforma del bono social para que sea más efectivo, haga frente a todos los gastos energéticos y cubra a todos los hogares vulnerables.

Los hogares que sufren pobreza energética tienen en estos momentos dos alternativas: reducir su consumo de energía o, directamente, dejar de pagar las facturas. No obstante, estas medidas acarrean consecuencias graves: problemas de salud y mortalidad por bajas temperaturas -lo que se conoce como mortalidad adicional de invierno-, exclusión social y problemas legales por falta de pago. Además, la mayor incidencia de enfermedades por vivir en casas frías genera elevados costes al Sistema Nacional de Salud.

Según el estudio ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’, de la Asociación de Ciencias Ambientales, la pobreza energética causa más muertes que los accidentes de tráfico: el promedio de víctimas en carretera para el periodo 1996-2014 fue de 4.082 al año, mientras que la pobreza energética causa en España unas 7.100 muertes prematuras al año. En algunos inviernos especialmente negativos, como los de 1998-99, 2004-2005 y 2011-2012, la mortalidad asociada a la pobreza energética en España podría haber superado las 10.000 muertes anuales.

Comunidades autónomas

Entre comunidades autónomas, Castilla-La Mancha registra casi un 20% de personas en riesgo de sufrir pobreza energética, mientras que Castilla y León, Murcia, Extremadura y Cantabria alcanzan el 11% de hogares con serios problemas para calentarse en los meses fríos. Canarios, vascos, valencianos, asturianos y gallegos son los españoles que menos problemas tienen para superar los inviernos. Los manchegos son los que más los sufren debido a que se trata de una región históricamente más pobre y la Administración regional cuenta con menos recursos que el resto de comunidades.

España es uno de los países de la UE con mayor riesgo de pobreza energética con un 10,1% en 2016, mientras la media europea estaba en 8,7%. Empero, ciudades como Zaragoza y Barcelona han puesto en marcha iniciativas de asesoramiento para que los ciudadanos reciban ayuda a la hora de decidir qué contratación energética es la más adecuada para su vivienda, y sobre las posibilidades de solicitar el bono social o ayudas similares.

Recientemente, el Parlamento Europeo acordó que este fenómeno tenga una definición común en todo el continente y puso en marcha el Observatorio de Pobreza Energética. Sin duda, es un primer paso, pero queda mucho camino por recorrer y más de 7.000 muertes al año sólo en España es un dato que por sí sólo debería hacer reflexionar mucho a políticos y eléctricas, y a la sociedad en su conjunto.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas