Pensiones en peligro

(*) OCTAVIO GRANADO

 

Protesta de pensionistas en Bilbao (EFE).

 

Una marea de pensionistas indignados recorre y recorrerá este fin de semana las calles españolas para exigir una revalorización de sus pensiones que sea real y no cosmética. Naturalmente, los medios de comunicación más conservadores, argumentando precisamente con la mala situación económica del sistema, que tiene el mayor déficit de los sistemas de la Unión Europea y de los países en los que existe una contabilidad separada de los gastos de pensiones del mundo, justifican la imposibilidad de una revalorización real.

En este sentido, tal vez merezca la pena conocer cuál ha sido la acción del Gobierno de Mariano Rajoy durante su gestión, muy diferente no ya de los gobiernos del PSOE, sino de la propia gestión de José María Aznar al frente de las cuentas públicas. En esta gestión hay un punto positivo en el haber, la financiación de los complementos a mínimo de pensión al 100% por el Estado, por cierto generando remanentes sin gastar durante todos los ejercicios, como consecuencia de la mejora de la contributividad del sistema durante los últimos años, del fallecimiento de pensionistas perceptores, y de la no revalorización. Pero hay una infinidad de puntos negativos:

- Durante estos últimos seis años, el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y otras bonificaciones al empleo, lo que ha importado y sigue importando más de 1.500 millones de euros.

- Ha dejado de cotizar por los cuidadores familiares de atención a la dependencia, lo que ha disminuido los ingresos más de 1.000 millones de euros.

- Ha intentado que la cotización de las empleadas de hogar volviera a recaer sobre las propias empleadas, para disuadir de los pagos. Aunque no lo ha conseguido salvo parcialmente, el Sistema Especial de Empleadas de Hogar pierde cotizantes e ingresos desde la última reforma.

- Intentó impedir que los trabajadores despedidos suscribieran convenios para mantener sus bases de cotización. Sólo la amenaza de una movilización masiva de afectados particularmente indignados frenó la norma ya en vigor de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- Disminuyó la cotización de los desempleados que habían agotado sus prestaciones, limitando el inicio (de 52 a 55 años), la base (del 125% al 100% del SMI) y estableciendo incompatibilidades de renta familiar más duras, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos para el sistema que ha llegado en 2017 a los 3.000 millones de euros.

- La reforma laboral disminuyó los salarios, y la congelación del salario mínimo interprofesional se ha trasladado años a las bases mínimas de la cotización, aunque no hubiera imperativo legal. No se modificó la legislación para conseguir que la base mínima de cotización subiera de forma diferente, especialmente para los contratos temporales: ¿Les parece razonable una cotización proporcional a la jornada por contratos de media hora? ¿No sería razonable establecer un sistema de cotización que penalizara realmente los contratos de duración inferior a las cinco jornadas, imputando de verdad todos los festivos, las vacaciones y las pagas extraordinarias a la base, y estableciendo una base mínima diaria de cotización? Pero hemos preferido dejar caer los ingresos en la misma proporción que los salarios, y así destruir la solvencia financiera del sistema.

Entre lo amagado y lo golpeado, el Gobierno  ha conseguido mantener durante todo el periodo, salvo el año pasado, los ingresos por cuotas por debajo de los de 2011. Y todo esto fruto de decisiones políticas con forma normativa. Así, el Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales han sido desvalijados y no existen las reservas previstas para paliar las consecuencias de la jubilación del baby boom en puertas. Baby boom que verá agravadas sus consecuencias con la previsible evolución al alza de la esperanza de vida fruto de las nuevas investigaciones sanitarias.  Y ahora, según el PP y todos los voceros que justificaron estas medidas, los irresponsables son los pensionistas, por supuesto, y los partidos de la oposición, cómo no, por pedir que no se les culpabilice de todo esto, que por cierto no ha merecido asunción de responsabilidad política alguna.

Todas estas medidas han disminuido ingresos. Pero luego están las que generan desigualdades. Algunos académicos especializados en justificar las decisiones gubernativas nos recuerdan todos los días que el sistema no se ideó para redistribuir las rentas, pero redistribuir las rentas es exactamente lo que ha hecho este Gobierno con sus decisiones, eso sí, aumentando la desigualdad social. Podíamos haber establecido complementos a mínimo para los jubilados que mantienen o ayudan a descendientes en desempleo, pero preferimos acabar todos los años con remanente de gasto en esta partida; obligamos a los pensionistas a pagar los fármacos, y establecemos deducciones para los mayores de 80 años que hacen la declaración del IRPF, un 15% del total de pensionistas, en vez de permitirles directamente deducir los gastos de farmacia a todos. Podíamos haber establecido ayudas para madres sin ingresos, pero hemos preferido incrementar las pensiones de las jubiladas a los 65 que han tenido hijos, naturalmente  si cobran pensiones más altas; si perciben pensiones mínimas sus complementos absorberán la mejora y no tendrá efectos reales. Redistribuimos la renta, pero al contrario de lo que hacía legendariamente Robin Hood.

Y ahora, tenemos por enésima vez que volver a recordar que los cambios hacia un sistema de capitalización son imposibles e indeseables, porque supondrían un gasto de transición de tres veces el PIB. Pero también que con los cambios hacia un sistema de cuentas nacionales y sin un periodo previo de elevación de todas las aportaciones inferiores a la media que se realizan en el sistema español (autónomos, agrarios, empleadas de hogar, sistemas especiales de artistas, del tomate, trabajadores con coeficientes reductores de la edad de jubilación, etc), habría cinco millones de los actuales cotizantes con pensiones de miseria.

Porque la discusión esencial de toda esta triste historia no es, con todo lo que nos haya conmovido la indignación del colectivo, cuánto suben las pensiones. Sino cómo financiamos mejor los ingresos de la Seguridad Social, ya que sin esa mejor financiación nos vemos abocados al desastre. Podemos justificar que la reducción de los salarios era necesaria para su reparto en forma de mayor empleo. Podemos alertar que las posibles figuras tributarias que se creen para financiar la Seguridad Social deben consolidar el sistema y no crear nuevos agravios futuros. Podemos ser prudentes incrementando las cotizaciones, e intentar hacer recaer el incremento sobre quienes utilizan el sistema en fraude de ley. Pero sobre todo, podíamos haber mantenido las cotizaciones de los empleadores en los porcentajes de 2011. En ese año, en España fueron del 10,7% del PIB y en la UE el 10,6. Los últimos datos de Eurostat recogen que en España este porcentaje ha bajado del 10%, mientras que en Europa ha subido por encima del 10,7%. Puede justificarse que para crear empleo los salarios han debido bajar, pero con un mayor crecimiento del empleo, del PIB, de la economía. ¿Por qué los empresarios españoles deben pagar cada vez menos en relación con los europeos? Pero ahora es tiempo de descalificar alternativas, hasta que el Gobierno y la derecha económica elaboren un índice de revalorización que cumpla el único objetivo relevante que les importa: gastar menos. Nuestro objetivo debería ser ingresar más y mejor.

 

(*) Octavio Granado es ex secretario de Estado de Seguridad Social (2004-11)