En la trastienda del Día del Libro: el autor y sus derechos

MANUEL RICO (*)

 

 

El Día del Libro, que se acompaña con la entrega del Premio Cervantes, siempre tiene algo de momento de recapitulación sobre el estado de nuestras letras y sobre el papel del escritor en la sociedad. Aunque su celebración, cada año, tiene rasgos muy similares, es preciso subrayar que desde enero de 2013 se acompaña de una preocupación creciente entre los autores: la dificultad de seguir creando pasada la edad de jubilación por incompatibilidad entre la percepción de los derechos de autor y la pensión. Ese hecho, que parece en vías de solución, afecta a muchos escritores, la mayoría poco conocidos, pero afecta también, de forma muy singular a autores que incluso ostentan el premio Cervantes (pienso en Antonio Gamoneda, en José Manuel Caballero Bonald), que son referente de una lengua que hablan casi 500 millones de habitantes en el mundo  en los que, en sintonía con la llamada ‘marca España’ se deposita una parte de ese prestigio exterior del país y la lengua del autor de El Quijote y a la vez se cuestiona, de facto, que puedan seguir creando de modo remunerado si mantienen la pensión de jubilación.

Esa circunstancia, que ha dominado la actualidad cultural en estos años (a ello ha ayudado la existencia de escritores sancionados) y que se ha abordado en varias ocasiones por la Fundación Alternativas en su Foro de Industrias Culturales, no puede, sin embargo, hacernos olvidar algunos de los grandes problemas que, en nuestra necesaria homologación con los países más avanzados de la Unión europea, tiene la cultura española en relación con los derechos de autor  y su condición de bien inalienable de los creadores.  Más allá de las posibles carencias de la relación entre autores y editores, hay un problema de largo alcance:  me refiero a la piratería, un fenómeno equiparable al robo que a veces se intenta trivializar apelando al carácter social de la cultura.

La lucha contra ese mal es responsabilidad del Gobierno. Sobre todo, cuando la Ley de la Propiedad Intelectual garantiza el carácter de bien patrimonial de una obra literaria y la obligación de su retribución económica (al fin y al cabo es fruto de un trabajo). ¿Qué falta? Medidas administrativas eficaces y determinación política para aplicarlas. Si bien es cierto que en términos generales se han mejorado ligeramente los resultados de la lucha contra la piratería, no es menos cierto que el sector del libro sigue siendo castigado brutalmente  por esta práctica. Para que se hagan una idea: por cada ejemplar vendido en 2017 se consumieron ilegalmente tres. Y, según el último observatorio de la piratería, EL 24 % de los internautas se descargaron de forma ilegal libros en internet en ese año, es decir, un 9 % más que en 2016.  Si a ello añadimos que están computados 419 millones de accesos ilegales (un 12 por ciento más que en 2016) a espacios de descargas gratuitas de obras con derechos, el problema es de unas dimensiones gigantescas.

De otro lado, sigue sin una solución satisfactoria el pago de los derechos por préstamo bibliotecario, con una inadecuada trasposición de la Directiva Europea correspondiente, dejando los ingresos para los autores en menos que testimoniales, y hay problemas de fondo que estamos abordando junto a otras entidades autorales europeas:  el pago de derechos el libro de segunda mano, la falta de remuneración a las entidades de gestión por la edición y venta de las obras de dominio público y, de manera especial, la categorización errática, en la Ley del IRPF, de los derechos de autor como ‘rendimientos del trabajo’ o ‘actividades económicas’ cuando, a mi juicio, son un bien patrimonial cuya explotación se cede a terceros.

Al otro lado de los tenderetes con libros en nuestras calles, del rito del libro y la rosa y de eventos como La Noche de los Libros, subsisten, como auténticos desafíos colectivos, estos problemas que, sobre todo, afectan a quien está en el origen de toda la industria del libro: el autor.

 

(*) Manuel Rico es escritor y crítico literario. Desde mayo de 2015 preside la Asociación Colegial de Escritores de España

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