España, inaudible en Bruselas

CARLOS CARNERO (*)

 

Monumento al euro ante la sede del BCE. / MARTIN LEISSL/BLOOMBERG

 

Para la Unión Europea, quedarse parada no es una opción.

La demostración más clara ha sido la crisis de 2008, que llegó cuando la UE se daba por satisfecha con la Unión Económica y Monetaria que había dado a luz al euro.

Frente a las dramáticas consecuencias de esa crisis, la Unión tuvo que tomar medidas de calado sobre la marcha, como quien avanza por una calle mientras los edificios caen a su alrededor.

Casi todas esas medidas han demostrado su necesidad en tiempo real, a pesar de las voces que clamaban contra su adopción o incluso las consideraban directamente ilegales. Los ejemplos de la Unión Bancaria (todavía incompleta) y de la compra de deuda pública y privada por el Banco Central Europeo son fehacientes.

Pero nadie garantiza que nuevas crisis, incluso más devastadoras, no estén a la vuelta de la esquina.

¿Vamos a volver a correr entre cascotes para adoptar las decisiones imprescindibles para completar la Unión Económica? Sería profundamente irresponsable.

A la Unión Económica le faltan un Tesoro, los eurobonos, un presupuesto suficiente para la eurozona, un Fondo Monetario, un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, ampliar al mandato del Banco Central para que pueda actuar como la Reserva Federal de los Estados Unidos, un salario mínimo y un subsidio complementario de desempleo, un ministro del Euro y otros instrumentos.

Lo sabemos los europeístas y también quienes no lo son tanto, por razones de pura eficacia.

Aprobar las decisiones correspondientes para culminar la Unión Económica no será cosa de un día ni será sencillo. Pero tomar esas dificultades lógicas como una imposibilidad manifiesta sería un grave error.

Por eso se entiende muy poco que, cuando es preciso que los países más interesados den esos pasos (por ser los más golpeados por la crisis hasta niveles difícilmente soportables en consecuencias sociales), el Gobierno de España haya enviado a Bruselas una propuesta carente de ambición sobre el desarrollo de la Unión Económica.

Abjurando de documentos anteriores –tanto de Presidencia como del Ministerio de Economía-, el Ejecutivo abandona casi todas las medidas arriba apuntadas, que además gozan de un amplio apoyo político y social en el país.

Con esa nueva postura, España hace un flaco favor a la profundización de la Unión Europea y, sobre todo, a sí misma.

¿Se hace para contentar a Alemania cuando el Gobierno de Coalición, con el SPD dentro, puede abrir un poco su mano? ¿Se olvida que al frente del Elíseo hay un europeísta convencido? ¿Se quiere bailar el agua a los países reticentes a todo avance, que nunca nos perdonarán el pecado original de ser mediterráneos?

El error de fondo del Gobierno español subraya al tiempo un enorme defecto de forma: que decisiones tan relevantes se aprueben sin debate parlamentario antes de que tengan lugar las reuniones del Consejo Europeo a las que van dirigidas. ¿No seríamos más fuertes negociando posiciones nacionales en vez de fijar unilateralmente posturas institucionales de parte, o sea, del Ejecutivo?

Sea como sea, si no se remedia, España volverá a esconderse en la discusión sobre el futuro europeo. Y eso puede hacerse por incomparecencia –como ha ocurrido muchas veces en los últimos cinco años- o por silencio de facto con posiciones inaudibles, como ahora, con unas propuestas inaudibles por pacatas. Confundirse con el paisaje no es buena cosa en Bruselas.

Algo que va exactamente en dirección opuesta a la recuperación del pulso europeísta de la ciudadanía española que muestran las encuestas.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

En la trastienda del Día del Libro: el autor y sus derechos

MANUEL RICO (*)

 

 

El Día del Libro, que se acompaña con la entrega del Premio Cervantes, siempre tiene algo de momento de recapitulación sobre el estado de nuestras letras y sobre el papel del escritor en la sociedad. Aunque su celebración, cada año, tiene rasgos muy similares, es preciso subrayar que desde enero de 2013 se acompaña de una preocupación creciente entre los autores: la dificultad de seguir creando pasada la edad de jubilación por incompatibilidad entre la percepción de los derechos de autor y la pensión. Ese hecho, que parece en vías de solución, afecta a muchos escritores, la mayoría poco conocidos, pero afecta también, de forma muy singular a autores que incluso ostentan el premio Cervantes (pienso en Antonio Gamoneda, en José Manuel Caballero Bonald), que son referente de una lengua que hablan casi 500 millones de habitantes en el mundo  en los que, en sintonía con la llamada ‘marca España’ se deposita una parte de ese prestigio exterior del país y la lengua del autor de El Quijote y a la vez se cuestiona, de facto, que puedan seguir creando de modo remunerado si mantienen la pensión de jubilación.

Esa circunstancia, que ha dominado la actualidad cultural en estos años (a ello ha ayudado la existencia de escritores sancionados) y que se ha abordado en varias ocasiones por la Fundación Alternativas en su Foro de Industrias Culturales, no puede, sin embargo, hacernos olvidar algunos de los grandes problemas que, en nuestra necesaria homologación con los países más avanzados de la Unión europea, tiene la cultura española en relación con los derechos de autor  y su condición de bien inalienable de los creadores.  Más allá de las posibles carencias de la relación entre autores y editores, hay un problema de largo alcance:  me refiero a la piratería, un fenómeno equiparable al robo que a veces se intenta trivializar apelando al carácter social de la cultura.

La lucha contra ese mal es responsabilidad del Gobierno. Sobre todo, cuando la Ley de la Propiedad Intelectual garantiza el carácter de bien patrimonial de una obra literaria y la obligación de su retribución económica (al fin y al cabo es fruto de un trabajo). ¿Qué falta? Medidas administrativas eficaces y determinación política para aplicarlas. Si bien es cierto que en términos generales se han mejorado ligeramente los resultados de la lucha contra la piratería, no es menos cierto que el sector del libro sigue siendo castigado brutalmente  por esta práctica. Para que se hagan una idea: por cada ejemplar vendido en 2017 se consumieron ilegalmente tres. Y, según el último observatorio de la piratería, EL 24 % de los internautas se descargaron de forma ilegal libros en internet en ese año, es decir, un 9 % más que en 2016.  Si a ello añadimos que están computados 419 millones de accesos ilegales (un 12 por ciento más que en 2016) a espacios de descargas gratuitas de obras con derechos, el problema es de unas dimensiones gigantescas.

De otro lado, sigue sin una solución satisfactoria el pago de los derechos por préstamo bibliotecario, con una inadecuada trasposición de la Directiva Europea correspondiente, dejando los ingresos para los autores en menos que testimoniales, y hay problemas de fondo que estamos abordando junto a otras entidades autorales europeas:  el pago de derechos el libro de segunda mano, la falta de remuneración a las entidades de gestión por la edición y venta de las obras de dominio público y, de manera especial, la categorización errática, en la Ley del IRPF, de los derechos de autor como ‘rendimientos del trabajo’ o ‘actividades económicas’ cuando, a mi juicio, son un bien patrimonial cuya explotación se cede a terceros.

Al otro lado de los tenderetes con libros en nuestras calles, del rito del libro y la rosa y de eventos como La Noche de los Libros, subsisten, como auténticos desafíos colectivos, estos problemas que, sobre todo, afectan a quien está en el origen de toda la industria del libro: el autor.

 

(*) Manuel Rico es escritor y crítico literario. Desde mayo de 2015 preside la Asociación Colegial de Escritores de España

Los Presupuestos Generales se olvidan una vez más del cambio climático

DANIEL LEGUINA (*)

 

Cristóbal Montoro y Ana Pastor durante la presentación de los Presupuestos Generales.

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó recientemente el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. La partida destinada a la lucha contra el cambio climático se reduce en un 21% -pasando de los 27 a los 21 millones de euros-, y se suma al recorte del 45,64% de 2017. También descienden otras remesas relacionadas con el medio ambiente, como actuaciones en la costa (-5,0%) y calidad del agua (-3,2%). Los datos son, sin duda, muy preocupantes.

Mientras Francia, Alemania o Portugal, por citar algunos ejemplos cercanos, redoblan sus esfuerzos contra el calentamiento global, el Ejecutivo de Rajoy vuelve a mirar para otro lado ante un problema que pone en juego el futuro del país.

Nadie discute que las pensiones, la educación o la sanidad deben ser cuestiones de primer orden, pero dejar de lado la sostenibilidad es inconsciente y muy temerario. Estos presupuestos no son los adecuados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como España se comprometió con la firma del Acuerdo de París para impulsar la transición energética y sentar las bases de un nuevo modelo productivo descarbonizado.

Por el contrario, aumenta el gasto en industria y energía -5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio anterior-. Los sectores que más emisiones generan en España son la electricidad y el transporte, seguidos de la industria. El problema es que no existen propósitos ambiciosos para reducir la contaminación, y la Administración se limita a intentar cumplir con lo que dicta Europa, aunque tarde.

Asimismo, en los Presupuestos se priorizan las inversiones en defensa y armamento -más de 8.000 millones con un aumento del 6,9%, lo que supone un 2,3% de los Presupuestos Generales y un 0,92% del PIB-, infraestructuras ferroviarias -3.727 millones, un 22% más-, nuevas carreteras -2.078 millones, un 8,6% más-, puertos -807 millones, y aeropuertos -705 millones-. Estas inversiones tendrán un impacto muy negativo en el medio ambiente ya que el transporte es un gran generador de emisiones.

Una vez más, Rajoy y su equipo se pliegan a las exigencias y presiones de los grandes lobbies de la construcción y la energía en España -Unesa, Foro Nuclear, Carbounión ACS, OHL, entre otros-, que no quieren saber demasiado de la transición energética mientras sus activos sigan al alza con el modelo actual.

Más producción con menos emisiones

Las emisiones de las más de mil empresas españolas -del sector eléctrico e industrial- incluidas en el sistema europeo de comercio de derechos de CO2 se dispararon más de un 10% en 2017 respecto al ejercicio anterior. Estas empresas provocan el 40% de la contaminación nacional, y expulsaron el pasado año 136 millones de toneladas de CO2. Estos números se deben al aumento de la producción, pero las empresas responsables se centran únicamente en esto último y lo venden como una buena noticia. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para asegurar una mayor eficiencia en el uso de recursos y de energía por unidad de PIB, para lograr más producción con menos emisiones.

La contaminación ambiental provoca gases de efecto invernadero -responsables del cambio climático- y muertes prematuras, costes de hospitalización, días de trabajo perdidos, problemas de salud, daños a edificios y disminución de las cosechas, entre otros aspectos. Todo esto procede de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la alimentación insostenible -producción agrícola, ganadería intensiva y excesivo consumo de carne-.

Científicos de todo el mundo lo llevan advirtiendo décadas: hasta que la lucha contra el cambio climático no se convierta en una prioridad social y política la Humanidad seguirá arriesgando su futuro. Y aquí, en España, país especialmente vulnerable y con una desertización en aumento -el 80% del territorio está en riesgo de aridez extrema en este siglo-, parece que políticos y empresarios no se quieren dar por enterados y no se toman en serio un problema crucial cuyos daños ambientales y económicos serán catastróficos si no se pone remedio urgente.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

En el Día de la Atención Primaria, una reflexión y una coda

LUIS PALOMO (*)

 

Una consulta en un Centro de Atención Primaria de Sant Adrià del Besòs. / ALBERT GARCIA

 

El 12 de abril se celebra el Día de la Atención Primaria y este año hace cuarenta de la conferencia de Alma-Ata, hecho que está en el origen de su implantación y desarrollo en España. Menudearán los análisis para sumarse a estas celebraciones porque, además, la Atención Primaria no pasa por sus mejores momentos. Sufre las consecuencias de los recortes, que se manifiestan, entre otras cosas, en la pérdida de la universalidad para colectivos vulnerables (emigrantes); en la implantación de los copagos farmacéuticos, que han afectado, sobre todo, a pensionistas y desempleados; en la reducción progresiva de su financiación y, como consecuencia, en pérdidas de puestos de trabajo, en la no reposición de las bajas, en incrementos de personal subempleado y precario, en el deterioro de los edificios y del equipamiento, etc.

A todo ello hay que sumar deficiencias crónicas que no se han subsanado como, por ejemplo, las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas; la no inclusión de las clases dirigentes, especialmente del mutualismo administrativo (MUFACE); la ausencia de su cuerpo de conocimientos en la enseñanza universitaria y, en términos más generales, el creciente hospitalocentrismo, la sobremedicalización de la sociedad y la utilización demagógica de las promesas asistenciales por parte de los políticos.

A pesar de estos inconvenientes, que han llevado a gran parte de los profesionales desde la frustración al nihilismo, y a pesar de la escasa presencia de la participación comunitaria, la Atención Primaria española aporta fuertes ventajas administrativas, como racionalizar la oferta asistencial; compartir la historia clínica; ampliar el horario asistencial; los centros de salud son más accesibles; hay posibilidad de programar la asistencia; se han introducido criterios de gestión en algunos procesos asistenciales; se evalúa la calidad; se contemplan mecanismos de incentivación, han mejorado los sistemas de información, etc.

Además, la Atención Primaria española sigue contando con el aprecio de la población y, a nivel internacional, es considerada una atención primaria prestigiosa y fuerte en los análisis comparativos, al mismo nivel que las mejores consideradas de Europa: Reino Unido, países nórdicos, Portugal, etc. En la práctica, el éxito de la Atención Primaria parece debido, en gran medida, a un sobreesfuerzo de los profesionales (pese a su elevada temporalidad y bajo nivel salarial en comparación con otros países europeos), lo cual ha permitido compensar los defectos del sistema, las deficiencias estructurales y la ausencia de liderazgo en los niveles de gestión y de organización profesional. Dicho esfuerzo se sostiene por la vocación de esos profesionales de dedicación al enfermo, a pesar de todas las dificultades.

Equidad, prestigio, universalidad

Para que la Atención Primaria siga contribuyendo a la mejora de los indicadores de salud, es necesario que el sistema sanitario supere los obstáculos específicos a la atención equitativa y atienda las necesidades de salud de las poblaciones desfavorecidas, y esto requiere planificación centrada en la equidad con herramientas efectivas y prácticas, y la evaluación del impacto en salud de las medidas favorecedoras de equidad. En los momentos actuales de crisis económica, la actividad de los servicios de salud debe intentar disminuir las desigualdades sociales injustas, y no contribuir a crear nuevas desigualdades (servicios diferenciados para ricos y pobres, vía privatizaciones y copagos, por ejemplo).

Es necesario retirar el RDL 16/2012, porque es una barrera al acceso universal a la asistencia sanitaria para la población más necesitada, fundamentalmente inmigrantes en situación irregular; o para ciudadanos europeos sin recursos que viven en España, o para padres, madres, abuelos y abuelas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupamiento familiar. Cinco años después de la entrada en vigor del RDL, eran 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas.

Otra medida de legitimación social y política del sistema sanitario consiste en incluir los derechos a la protección a la salud y a la asistencia sanitaria en el Capítulo II del Título primero en una futura reforma de la Constitución y en integrar todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único basado en la condición de ciudadanía española, suprimiendo a los efectos sanitarios las mutualidades de funcionarios y los sistemas de protección existentes para otros profesionales específicos.

Respecto a las demandas de los profesionales, cuando estos abandonan el nihilismo y la cultura de la queja, los profesionales más motivados reclaman: 1/ más financiación; 2/ más autonomía organizativa en los centros de salud para adecuar su estructura, su funcionamiento y sus prestaciones a las capacidades disponibles y a las características de la población; 3/ cambios normativos que favorezcan la flexibilidad organizativa y la dotación de personal; 4/ más acceso a pruebas diagnósticas y más capacidad resolutiva; 5/ más facilidades en la coordinación con el hospital y con los servicios sociales; 6/ mejoras en los sistemas de información para evaluar discrecionalmente actividad, calidad y resultados; 7/ incentivación de la persecución de la excelencia; 8/ acuerdos con la administración transparentes y revisables, basados en criterios de calidad de la actividad y de los resultados en salud; 9/ estímulos a la formación continuada y a la investigación; y 10/ favorecer la participación efectiva de la comunidad.

En el documento de la Fundación Alternativas ‘La Atención Primaria española: Situación actual y perspectivas cuarenta años después de Alma-Ata’, concluimos, entre otras cosas, que el modelo organizativo de la Atención Primaria no ha logrado exprimir todas sus posibilidades debido a los corsés propios del conjunto de la Administración pública, especialmente la contratación y gestión del personal; al decrecimiento de la financiación; al abandono de la gestión propia a favor de las gerencias unitarias y hospitalarias; y al descuido del conjunto de la Atención Primaria por parte de los gestores (abandono de la participación social y profesional, falta de estímulos, desprecio hacia la enfermería, etc.), a pesar de lo cual pensamos que la Atención Primaria española, en cuanto nivel asistencial bien definido, por su buena contribución a los indicadores de salud, a la satisfacción de la población y al ajuste de los costes sanitarios, hoy por hoy no tiene una alternativa organizativa global mejor.

 

(*) Luis Palomo es doctor en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Las guerras comerciales de Trump: ¿y si hay un accidente?

VICENTE PALACIO (*)

 

Donald Trump, durante una comparecencia en el Despacho Oval. / EVAN VUCCI (AP)

 

¿Por qué Donald Trump ganó las elecciones a la Presidencia de EEUU? Porque supo echar a la cabeza de las élites políticas y económicas toda la basura que había acumulado EEUU desde el fin de la Guerra Fría. Y mucha de esa basura tenía que ver con las defraudadas expectativas del libre comercio.

Es tal la fuerza del personaje, que a veces nos olvidamos que Trump no inventó el proteccionismo; por el contrario, él es su consecuencia. Cuando entró de lleno en política, en la etapa final de Barack Obama, los mega-acuerdos comerciales estaban bajo sospecha; el TTIP con Europa ya estaba muerto, y el TPP con el Pacífico no convencía a muchos, a derecha e izquierda. Era simplemente cuestión de tiempo que el viento de la ira de los perdedores de la globalización enterrase el libre comercio global. Lo nuevo es que, con Trump, hemos pasado de las legendarias Hawley-Smoot (ley de Aranceles de 1930) y la política del beggar your neighbour (fastidia a tu vecino) del periodo de entre-guerras, a otra variante diferente: el neighbour harassment (acosa a tu vecino). El objetivo principal es que tu vecino mueva ficha, por las buenas o por las malas.

Este presidente es el caos y la incertidumbre continuos: los que mejor lo saben son quienes trabajan (y los que ya no) con él en la Casa Blanca. Una máquina andante de subvertir reglas dentro y fuera de EEUU. Ahora bien, el caos tiene también una capacidad re-ordenadora, sobre todo si se lleva adelante de una manera deliberada, como es el caso. Cunde una sospecha: ¿Y si los episodios del superávit chino/Xi Jin Ping; de Corea del Norte/ Líder Supremo, Kim Jong-un, y ahora Guta-Al Assad; o las salidas de tiesto con el Acuerdo del Clima de París, o el Pacto nuclear con Irán, fueran en realidad partes de una estrategia negociadora bien calculada, y ésta a su vez la Gran Estrategia que le faltaba a EEUU? Pues eso significaría que este presidente sería el más listo de la Historia.

Pero dejemos eso para la nueva Ciencia de la Trumpología (a la que tanto se dedican los mismos expertos denostados por Trump). Lo que está claro es que el caos avanza, y de forma peligrosa. En Europa estamos asumiendo esta nueva Guerra Fría según la cual Moscú ya no es el único villano, sino que hay otros más, dependiendo del momento y del asunto. En realidad, Putin y Trump se refuerzan mutuamente de cara a sus electorados internos, y hay mucho de pantomima en sus represalias mutuas. Al mismo tiempo, se supone que los dirigentes chinos reaccionarán en positivo para compensar a su contraparte estadounidense, aumentando el consumo e importaciones de Norteamérica (en lugar de reducir las exportaciones), o invirtiendo más en EEUU. Pero: ¿y si eso no ocurre? ¿Y si los mercados se vuelven locos un día de estos? Casi sin darnos cuenta, estamos jugando otra vez a lo mismo del pasado: a que el gran accidente no ocurrirá, que nadie detonará una Gran Represalia capaz de hacer volar por los aires el sistema internacional entero.

En realidad, Trump no espera ganar económicamente la guerra comercial con China, Mexico, Europa, ni Rusia. Por definición nadie puede ganar una guerra en la era de la interdependencia. Incluso Trump sabe que no tiene razón en muchos aspectos, que los discursos planos aquí no sirven, que los costes/ganancias conciernen a muchos sectores diversos de la economía, se trasladan desde el empleo o la producción a la inversión y de un sector a otro. Lo que Trump espera de todo esto es ganar la guerra política; dentro de EEUU con las elecciones ‘mid-term’ de noviembre de 2018, y fuera de EEUU ganando prestigio como el único que “habla claro” a las otras potencias. Es verdad que China o Europa pueden apuntar sus represalias de tarifas a productos agrícolas e industriales de los estados y sectores pro-Trump, para debilitarle: Beijing ya ha anuncia aranceles pro valor de 50.000 millones de dólares. Pero es cierto también que las represalias chinas o europeas pueden servir de coartada a Trump para reforzar su victimismo populista.

No sabemos qué va a pasar, pero sí que estamos en un cambio de época donde se dirime el reordenamiento del poder mundial. Como muestra un reciente memorando elaborado para la Fundación Alternativas por el profesor Álex Muns, existen muchos elementos en juego en el enfrentamiento de EEUU con China, el NAFTA, o los europeos, como para saber si la tensión subirá más peldaños o se quedará ahí. Del proteccionismo, se sabe por qué y cómo empieza, pero menos de cómo se puede reducir la escalada, y menos aún cómo acaba. De momento estamos ya a las puertas de segunda oleada de subidas tarifarias a China, que afectarían a bienes de consumo importados de China en telecomunicaciones o informática, por valor de hasta 150.000 millones de dólares. En EEUU y Europa se empieza a hablar de sangre, sudor y lágrimas. Vuelven acordes de una vieja música; la melodía y la letra son nuevas.

 

(*) Vicente Palacio es director del Obervatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas 

(Inter)nacionalizar Facebook o un asunto crucial de política cultural

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN (*)

 

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una charla en San Francisco. (AFP) 

 

En menos de una década las empresas del sector digital han pasado a liderar la economía global. Y este dato subraya la constatación de un cambio de enorme relevancia en la geopolítica mundial, que afecta directamente al gobierno de los países y del mundo: El universo digital es el presente y el único futuro. La convivencia democrática en nuestras comunidades se configura en torno a él, como espacio de comunicación, intercambio y participación y como entorno determinante en los cambios en los comportamientos sociales, además de como conductor de la producción y distribución de la riqueza. Y las leyes que pretendan garantizar la convivencia del fenómeno con la profundización democrática no han sido aún siquiera imaginadas.

 Los datos vertiginosos del crecimiento de estas compañías, aquellas que unos llaman del capitalismo de plataforma, exhiben su nada disimulada voluntad de dominio y su capacidad para las integraciones horizontales y verticales de negocio (ahora mismo, la evolución diaria del caso Cambridge Analytica/Facebook y sus posibles efectos en las políticas de derechos ciudadanos en Europa y el mundo, o el caso de la adquisición de Whole Foods y de otras muchas empresas por Amazon y sus consecuencias imaginables para el mercado del comercio de alimentos, por ejemplo, son dos de las numerosas señales evidentes). También nos muestran la fase actual de desarrollo de las industrias del conocimiento, el entretenimiento y el consumo y su convergencia en torno a estos grandes grupos (desde Microsoft a Google, Amazon, Über o Airbnb), en una fase en la que el conocimiento de miles de millones de datos de usuarios y su privatización a través del big data, la minería de datos y demás aprovechamientos se ha convertido en el valor principal del negocio y está resultando en casos flagrantes de cartelización o incluso de monopolio en muchos países (Google tiene control sobre más del 86% de las búsquedas en el mundo y casi el 33% del negocio de la publicidad digital).

A este dominio brutal se une la sistemática y planeada privatización de Internet, un final de la neutralidad de la red empujado por los intereses de los transportistas de señal y discutido en los tribunales por plataformas y Estados federales, que tendrá lugar este próximo 23 de abril, si nadie lo remedia. Ello significará entre otras cosas que los proveedores podrán ofrecer sus productos en una red de dos velocidades, reservando para el acceso rápido sus productos premium y acabando con la velocidad única de acceso.

 Estos datos son solo algunas de las múltiples evidencias que alertan de un peligro inminente para la salud de las democracias establecidas. Si la lucha contra los monopolios fue hasta ahora un factor determinante de las políticas a favor de la pluralidad y la diversidad, la rápida evolución de las condiciones del mercado y la privatización y comercialización masivas de los miles de millones de datos personales suponen un cambio de paradigma que no se resuelve con declaraciones bienintencionadas de neutralidad de la red y normas de protección de la intimidad propias de la esfera pública analógica pasada, Y reclaman respuestas políticas complejas que no pueden resolverse en debates superficiales.

Hablamos pues de política digital y de derechos de la ciudadanía. De las políticas de la cultura y la comunicación y de las políticas para las industrias del sector. Porque ambos campos de la acción de gobierno, cultura e industria, han quedado ya absoluta e inextricablemente vinculados en el tiempo digital.

Hace unos meses, en un artículo en the Guardian, y tiempo antes en su libro Platform Capitalism, el experto en economía digital y profesor del King´s College de Londres Nick Srnicek proponía, en forma de provocación meditada, la (inter)nacionalización de las grandes compañías que se apropian y comercian con esos datos: Google, Facebook, Amazon... dado el peligro para las garantías de ciudadanía digital que suponen ya esas conversiones masivas de nuestros datos personales en mercancía, que después vuelve sobre nosotros, transformada en invasiones publicitarias y guiada por estrategias de manipulación neurocomunicativas.

Si la política cultural que algunos defendemos es una herramienta más de cambio social, acompañando al resto de las políticas de distribución y acceso al conocimiento en una sola estrategia, este tema tan crucial no debe quedar fuera de la agenda prioritaria del debate cultural. Porque determinar la futura esfera pública de la cultura requiere ahora interesar a los Estados en un asunto que, al parecer, a pesar de la agitación resultante de las noticias sobre la manipulación masiva de datos, no es percibido todavía siquiera en la dimensión que ya ha adquirido. Ni en su importancia en la vida de la totalidad de la ciudadanía y en la defensa de sus futuros –e inciertos- derechos digitales.

 

(*) Jorge Fernández León es experto en políticas culturales

Mujer y ciencia

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Dos científicas trabajan en un laboratorio. JOE GIDDENS/PA (GETTY)

 

Los últimos acontecimientos -porque que hay que llamarlos por ese nombre- que han ocurrido en torno a la reivindicación de la igualdad de género, y que han culminado de forma conspicua el 8 de marzo, han supuesto un impulso notable en el objetivo marcado en pos de la visibilidad de la mujer, como un paso fundamental en el camino para la igualdad. Si no se ve a las mujeres y no se les reconoce, poco se puede aspirar a homologación alguna.

No es momento de repasar los jalones de este camino en los últimos meses que han posibilitado ese impulso, desde los movimientos #Me too, Time’s Up, etc, que han coadyuvado notablemente al empeño. Pero de forma detallada, hay que detenerse en uno de esos peldaños, que seguro merece una atención aparte por su especificidad: se trata de la celebración el día 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que desde hace dos años decretaron las Naciones Unidas.

Es un axioma irrebatible que la contribución de las mujeres en el ámbito científico ha sido silenciado; las mujeres científicas han sido borradas muchas veces de los mapas de su comunidad profesional, y su desaparición ha supuesto una falta de reconocimiento, y por tanto de ingratitud a millones de horas de trabajo concienzudo como el que exige el método científico y, en definitiva, de falta a la verdad, lo que nos lleva a un quebrantamiento moral grave.

La institución del 11 de febrero busca resarcir a las mujeres científicas de ese olvido doloso, y fomentar la vocación futura de otras mujeres a través del establecimiento de referentes, ya que a día de hoy se puede hablar, en ese sentido, de un campo casi yermo.

Las campañas en pro de esa visibilidad son dignas de encomio, pero llama la atención cómo ese movimiento de restitución da la impresión de dejarse parte por el camino. La clave está en la identificación casi única entre ciencia y ciencias experimentales, las conocidas como ‘duras’, aunque no es momento este para entrar en el debate de si unas y otras líneas de investigación son o no son ciencia. De entrada, es plantear un debate excluyente; las ciencias se discriminan por su objeto, comparten nombre por su método, aunque este tenga que ajustarse a aquel.

En definitiva, el slogan ‘las chicas son de ciencias’, que se ha utilizado en el requerimiento del que se viene hablando, marca de forma clara para el público en general esta señalización. Pareciese que sólo hay mujeres científicas en el campo de las ciencias de la naturaleza, pero es notorio que otras mujeres desarrollan sus investigaciones con la seriedad y el rigor propio del método científico; por tanto, también existen mujeres juristas, pedagogas, sociólogas, politólogas, geógrafas, historiadoras, economistas, antropólogas, etc.

Si hemos convenido en reivindicar la visibilidad de las mujeres en el campo de la ciencia, habrá que ser generosos y amplios de mente; esta metodología es la que nos hará conseguir nuestro objetivo común.

 

(*) Paloma Román Marugán en profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid