(Inter)nacionalizar Facebook o un asunto crucial de política cultural

Por: | 05 de abril de 2018

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN (*)

 

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El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una charla en San Francisco. (AFP) 

 

En menos de una década las empresas del sector digital han pasado a liderar la economía global. Y este dato subraya la constatación de un cambio de enorme relevancia en la geopolítica mundial, que afecta directamente al gobierno de los países y del mundo: El universo digital es el presente y el único futuro. La convivencia democrática en nuestras comunidades se configura en torno a él, como espacio de comunicación, intercambio y participación y como entorno determinante en los cambios en los comportamientos sociales, además de como conductor de la producción y distribución de la riqueza. Y las leyes que pretendan garantizar la convivencia del fenómeno con la profundización democrática no han sido aún siquiera imaginadas.

 Los datos vertiginosos del crecimiento de estas compañías, aquellas que unos llaman del capitalismo de plataforma, exhiben su nada disimulada voluntad de dominio y su capacidad para las integraciones horizontales y verticales de negocio (ahora mismo, la evolución diaria del caso Cambridge Analytica/Facebook y sus posibles efectos en las políticas de derechos ciudadanos en Europa y el mundo, o el caso de la adquisición de Whole Foods y de otras muchas empresas por Amazon y sus consecuencias imaginables para el mercado del comercio de alimentos, por ejemplo, son dos de las numerosas señales evidentes). También nos muestran la fase actual de desarrollo de las industrias del conocimiento, el entretenimiento y el consumo y su convergencia en torno a estos grandes grupos (desde Microsoft a Google, Amazon, Über o Airbnb), en una fase en la que el conocimiento de miles de millones de datos de usuarios y su privatización a través del big data, la minería de datos y demás aprovechamientos se ha convertido en el valor principal del negocio y está resultando en casos flagrantes de cartelización o incluso de monopolio en muchos países (Google tiene control sobre más del 86% de las búsquedas en el mundo y casi el 33% del negocio de la publicidad digital).

A este dominio brutal se une la sistemática y planeada privatización de Internet, un final de la neutralidad de la red empujado por los intereses de los transportistas de señal y discutido en los tribunales por plataformas y Estados federales, que tendrá lugar este próximo 23 de abril, si nadie lo remedia. Ello significará entre otras cosas que los proveedores podrán ofrecer sus productos en una red de dos velocidades, reservando para el acceso rápido sus productos premium y acabando con la velocidad única de acceso.

 Estos datos son solo algunas de las múltiples evidencias que alertan de un peligro inminente para la salud de las democracias establecidas. Si la lucha contra los monopolios fue hasta ahora un factor determinante de las políticas a favor de la pluralidad y la diversidad, la rápida evolución de las condiciones del mercado y la privatización y comercialización masivas de los miles de millones de datos personales suponen un cambio de paradigma que no se resuelve con declaraciones bienintencionadas de neutralidad de la red y normas de protección de la intimidad propias de la esfera pública analógica pasada, Y reclaman respuestas políticas complejas que no pueden resolverse en debates superficiales.

Hablamos pues de política digital y de derechos de la ciudadanía. De las políticas de la cultura y la comunicación y de las políticas para las industrias del sector. Porque ambos campos de la acción de gobierno, cultura e industria, han quedado ya absoluta e inextricablemente vinculados en el tiempo digital.

Hace unos meses, en un artículo en the Guardian, y tiempo antes en su libro Platform Capitalism, el experto en economía digital y profesor del King´s College de Londres Nick Srnicek proponía, en forma de provocación meditada, la (inter)nacionalización de las grandes compañías que se apropian y comercian con esos datos: Google, Facebook, Amazon... dado el peligro para las garantías de ciudadanía digital que suponen ya esas conversiones masivas de nuestros datos personales en mercancía, que después vuelve sobre nosotros, transformada en invasiones publicitarias y guiada por estrategias de manipulación neurocomunicativas.

Si la política cultural que algunos defendemos es una herramienta más de cambio social, acompañando al resto de las políticas de distribución y acceso al conocimiento en una sola estrategia, este tema tan crucial no debe quedar fuera de la agenda prioritaria del debate cultural. Porque determinar la futura esfera pública de la cultura requiere ahora interesar a los Estados en un asunto que, al parecer, a pesar de la agitación resultante de las noticias sobre la manipulación masiva de datos, no es percibido todavía siquiera en la dimensión que ya ha adquirido. Ni en su importancia en la vida de la totalidad de la ciudadanía y en la defensa de sus futuros –e inciertos- derechos digitales.

 

(*) Jorge Fernández León es experto en políticas culturales

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