Los Presupuestos Generales se olvidan una vez más del cambio climático

DANIEL LEGUINA (*)

 

Cristóbal Montoro y Ana Pastor durante la presentación de los Presupuestos Generales.

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó recientemente el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. La partida destinada a la lucha contra el cambio climático se reduce en un 21% -pasando de los 27 a los 21 millones de euros-, y se suma al recorte del 45,64% de 2017. También descienden otras remesas relacionadas con el medio ambiente, como actuaciones en la costa (-5,0%) y calidad del agua (-3,2%). Los datos son, sin duda, muy preocupantes.

Mientras Francia, Alemania o Portugal, por citar algunos ejemplos cercanos, redoblan sus esfuerzos contra el calentamiento global, el Ejecutivo de Rajoy vuelve a mirar para otro lado ante un problema que pone en juego el futuro del país.

Nadie discute que las pensiones, la educación o la sanidad deben ser cuestiones de primer orden, pero dejar de lado la sostenibilidad es inconsciente y muy temerario. Estos presupuestos no son los adecuados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como España se comprometió con la firma del Acuerdo de París para impulsar la transición energética y sentar las bases de un nuevo modelo productivo descarbonizado.

Por el contrario, aumenta el gasto en industria y energía -5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio anterior-. Los sectores que más emisiones generan en España son la electricidad y el transporte, seguidos de la industria. El problema es que no existen propósitos ambiciosos para reducir la contaminación, y la Administración se limita a intentar cumplir con lo que dicta Europa, aunque tarde.

Asimismo, en los Presupuestos se priorizan las inversiones en defensa y armamento -más de 8.000 millones con un aumento del 6,9%, lo que supone un 2,3% de los Presupuestos Generales y un 0,92% del PIB-, infraestructuras ferroviarias -3.727 millones, un 22% más-, nuevas carreteras -2.078 millones, un 8,6% más-, puertos -807 millones, y aeropuertos -705 millones-. Estas inversiones tendrán un impacto muy negativo en el medio ambiente ya que el transporte es un gran generador de emisiones.

Una vez más, Rajoy y su equipo se pliegan a las exigencias y presiones de los grandes lobbies de la construcción y la energía en España -Unesa, Foro Nuclear, Carbounión ACS, OHL, entre otros-, que no quieren saber demasiado de la transición energética mientras sus activos sigan al alza con el modelo actual.

Más producción con menos emisiones

Las emisiones de las más de mil empresas españolas -del sector eléctrico e industrial- incluidas en el sistema europeo de comercio de derechos de CO2 se dispararon más de un 10% en 2017 respecto al ejercicio anterior. Estas empresas provocan el 40% de la contaminación nacional, y expulsaron el pasado año 136 millones de toneladas de CO2. Estos números se deben al aumento de la producción, pero las empresas responsables se centran únicamente en esto último y lo venden como una buena noticia. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para asegurar una mayor eficiencia en el uso de recursos y de energía por unidad de PIB, para lograr más producción con menos emisiones.

La contaminación ambiental provoca gases de efecto invernadero -responsables del cambio climático- y muertes prematuras, costes de hospitalización, días de trabajo perdidos, problemas de salud, daños a edificios y disminución de las cosechas, entre otros aspectos. Todo esto procede de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la alimentación insostenible -producción agrícola, ganadería intensiva y excesivo consumo de carne-.

Científicos de todo el mundo lo llevan advirtiendo décadas: hasta que la lucha contra el cambio climático no se convierta en una prioridad social y política la Humanidad seguirá arriesgando su futuro. Y aquí, en España, país especialmente vulnerable y con una desertización en aumento -el 80% del territorio está en riesgo de aridez extrema en este siglo-, parece que políticos y empresarios no se quieren dar por enterados y no se toman en serio un problema crucial cuyos daños ambientales y económicos serán catastróficos si no se pone remedio urgente.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas