El experimento finlandés sobre renta básica universal: un réquiem leve

Por: | 03 de mayo de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Verotoimisto__l1a1577_1663Dos mujeres finlandesas en una oficina de empleo.

 

Hace pocos días el gobierno finlandés anunció que ponía fin a un experimento nacional para evaluar el impacto de la renta básica universal (RBU), cortando la financiación que durante dos años había dedicado al proyecto. Es muy probable que la noticia haga las delicias de los críticos de la RBU ya que, a simple vista, pareciera una demostración palmaria de la falta de viabilidad de esta idea. Pero las cosas no son tan sencillas. En realidad, aunque el fin de este experimento no constituye, obviamente, una gran noticia para los defensores de la RBU, éstos tampoco tienen nada que lamentar.

Para empezar, el experimento finlandés desde el comienzo suscitó recelo por parte de muchos defensores de la RBU. Para entender por qué, es necesario tener en cuenta que hay varias formas de defender la RBU, cada una de ellas con consecuencias distintas sobre lo que se espera de dicha propuesta y la forma correcta de implementarla. En la derecha neoliberal la RBU se suele ver como la manera de reducir la burocracia estatal, monetizando, y en últimas privatizando, prácticamente todos los servicios sociales mientras que se logra cierta redistribución del ingreso. Pero esto, como es de esperar, sienta muy mal a los sectores de izquierda en el campo de la RBU que la ven como un complemento de los servicios sociales básicos más que como un sustituto de los mismos. En el caso finlandés, los ímpetus intelectuales del experimento provenían de una agenda económica cercana al liberalismo ya descrito.

Esto se nota en el diseño del experimento. Para escoger a los sujetos participantes, el experimento se limitó a la población que ya estaba en el paro. Es decir, el único efecto que se podría medir era el efecto de la RBU sobre personas desempleadas lo cual deja sin responder una de las preguntas más difíciles a este respecto, a saber, ¿cuál sería la reacción de personas que tengan empleo al recibir una RBU? ¿Dejarían de trabajar? ¿Mantendrían su empleo? ¿Buscarían otras actividades productivas con menor remuneración? El experimento finlandés no tendrá nada que decir al respecto.

A esto hay que sumar el tamaño de la muestra (2000 individuos) que es mucho más pequeño de lo que se había pensado inicialmente y que reduce notablemente la confiabilidad de los resultados. Por otra parte, el hecho mismo de ser un experimento con una duración limitada (ya era limitada desde el comienzo, antes del abrupto final) hace que muy seguramente los sujetos participantes no modifiquen en mayor cosa su comportamiento como agentes económicos ante la perspectiva de recibir una ganancia que, además de relativamente pequeña, está diseñada para ser efímera.

Por supuesto que será interesante conocer los datos que genere el experimento, si es que parte del recorte que ha sufrido el programa no afecta también al procesamiento de los mismos. Pero de antemano se puede decir que estos datos no van a arrojar mayores luces sobre los dilemas en torno a la RBU.

Este episodio invita a reflexionar sobre los límites de la experimentación como método para guiar las reformas sociales. Históricamente, muchas reformas se han abierto paso sin estudios experimentales previos. Las grandes conquistas sociales del último siglo se obtuvieron, no porque hubieran pasado la prueba de algún experimento, sino porque la sociedad comenzó a percibirlas como derechos básicos innegociables. Así fue, por ejemplo, con el derecho a vacaciones, pensiones o fines de semana. Más aún, esas mismas conquistas se han erosionado en fechas recientes, pero, una vez más, no porque haya evidencias experimentales en su contra sino porque la correlación de fuerzas que las hizo posibles ha ido cambiando.

Si la RBU es, como dicen muchos de sus defensores, la encarnación de un derecho fundamental, el derecho a la subsistencia material, ¿por qué sería necesario evaluar sus efectos mediante un experimento? Los estados del bienestar modernos han aceptado que la sanidad es un derecho fundamental y buscan garantizarlo, o por lo menos esa es la retórica, cueste lo que cueste. Puede haber discusión sobre cuál es la forma más eficiente de garantizar estos derechos. De ahí, por ejemplo, que el NHS británico tenga un sistema de evaluación de los protocolos médicos. Pero el derecho mismo no está en discusión. En esa medida, no está claro que los experimentos de la RBU estén ayudando a generar el tipo de discurso político que sería necesario para impulsarla.

De implantarse, la RBU representaría un cambio profundo en la estructura del estado del bienestar. Por tanto, es comprensible que muchos sectores de la ciudadanía tengan dudas sobre su conveniencia. Incluso entre defensores de la RBU hay dudas sobre varios aspectos. Pero estas dudas no se van a resolver de un día para otro con un simple experimento. Para complicar aún más las cosas, si algo ha quedado claro del debate entre distintos partidarios de la RBU es que ésta, más que un punto de llegada, sería en realidad un punto de partida, sería un cambio en los términos del debate sobre cómo conciliar la igualdad y la libertad en sociedades modernas. Aún si existiera ya la RBU en un país, habría que discutir periódicamente su monto, qué subsidios y transferencias se podrían eliminar y cuáles se deberían mantener, cuáles serían las fuentes de financiación, etc.

Hay más experimentos de RBU en curso. El finlandés era solamente uno de los más visibles, por el hecho de tener alcance nacional, pero, como ya vimos, tenía problemas de diseño desde el comienzo. Otros experimentos locales pueden ser más valiosos y arrojar más luces sobre las preguntas fundamentales en torno a la RBU. Pero en últimas, es probable que si la RBU llega a ser aceptada e implementada, lo sea por el camino que han seguido tantas otras expansiones de los derechos ciudadanos: por la vía de ganar simultáneamente la lucha por el discurso normativo y la lucha por la viabilidad política.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

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