Preocupación social y paralización política

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

El Congreso de los Diputados durante una sesión plenaria. / ULY MARTÍN

 

La instauración democrática de 1978 fue percibida como el inicio de una nueva etapa en la historia de España. Tras décadas de espera por fin el país contaba con un marco constitucional y se extendía el convencimiento de que esta vez sí se había encontrado la vía para superar el diferencial de desarrollo que nos alejaba de Europa.

Nunca estuvo más cerca el objetivo de ‘Europa como solución’, que pareció materializarse con el ingreso de España en las Comunidades Europeas; colmando un anhelo secular y la inserción en un tiempo nuevo.

Y, en efecto, los fondos comunitarios y la acción reformista de los gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa del siglo pasado parecían confirmar el giro histórico. Se inició un proceso de convergencia con los Estados de nuestro entorno y el nivel de bienestar español se fue acercando paulatinamente a los de los de los países europeos más desarrollados.

Pero la crisis económica iniciada en 2008 paralizó e incluso revirtió esta tendencia. Si al comienzo de la crisis la riqueza nacional se situaba en el índice 107, superando la media comunitaria, en 2017 este índice ha descendido sensiblemente y ahora se sitúa en 92, es decir, por debajo de la media comunitaria. Esto significa que la riqueza per cápita respecto de la media de la UE ha vuelto a niveles de la segunda mitad de los años noventa. De esta manera, la certeza de progreso sentida desde 1978 se ha ido evaporando poco a poco.

Si se consideran datos referentes al consumo individual per cápita, los datos recientes son aún peores; ponen de relieve importantes dificultades económicas para los ciudadanos; y explican su percepción negativa de la situación económica. No obstante, esta percepción negativa alcanza mayores cotas aún con respecto a la situación política.

Desde 1978 la opinión pública española ha mitificado la Constitución, y ha llegado incluso a sacralizarla, cada vez con mayor frecuencia e intensidad en ciertos sectores políticos. Sin embargo, la crisis territorial cuestiona la operatividad del título VIII, las instituciones del Estado están fuertemente cuestionadas y las demandas sociales desbordan el título I sobre los derechos y libertades fundamentales.

Por todo ello, se extiende la sensación entre la ciudadanía de que la Constitución ha dejado de ser el instrumento jurídico válido para una nueva realidad social.

Insatisfacción ciudadana

Como resultado de esta doble crisis, según revelan los últimos datos del CIS, el 76,2% de los encuestados considera mala o muy mala la situación política, mientras que el 54,7% considera mala o muy mala la situación económica. La gestión del gobierno del PP es considerada mala o muy mala por el 59,3%, mientras que la del PSOE en la oposición supone el 60,3%. Aquellos a los que el Presidente del Gobierno no ofrece ninguna o poca confianza son el 78,6% de los encuestados, que llegan al 83,0% en el caso del líder del PSOE. Para completar esta visión, el 34,7% de los encuestados manifiesta no tener simpatía por ningún partido.

Ciertamente, en la evolución de los dos últimos años, la percepción económica ha mejorado, pero la política ha empeorado sensiblemente; y de esta manera la satisfacción económica como elemento que condiciona y orienta las opiniones de los ciudadanos de forma prioritaria ha entrado en indudable crisis.

Todos los datos indican que los ciudadanos perciben cada vez con mayor preocupación la paralización política y la acumulación de problemas que continúan sin resolverse cuando estamos llegando al ecuador de la Legislatura: el descrédito de las instituciones, el encaje territorial de Cataluña, la financiación territorial, la quiebra del sistema de Seguridad Social, las dudas sobre la acción de la justicia, el incremento de la desigualad, el acelerado despoblamiento de un buen número de provincias, la desindustrialización, la dependencia económica del turismo, etc. Todos ellos problemas presentes al inicio de la Legislatura, no abordados, y sin demasiadas expectativas de abordarse en el futuro próximo ante la previsible inestabilidad parlamentaria.

Respuesta Insatisfactoria

Pudiera decirse que la sociedad española aprecia su orfandad en momentos complejos. Además, en un momento en el que los datos del CIS apuntan que la sociedad española se percibe como más bien poco igualitaria (65,5%), poco desarrollada económicamente (56,0%) o poco innovadora (55,4%).

Mientras en el exterior la Unión Europa ha perdido su condición de guía y los Estados vecinos han dejado de ser un espejo fiable a imitar, y la globalización y la crisis de los Estados ha interrumpido las agendas de bienestar que habían conocido los países europeos en las últimas décadas; en el orden interno la política española muestra preocupantes síntomas de desorientación y de estancamiento.

Los partidos políticos no logran ofrecer propuestas ilusionantes y creíbles a la sociedad y diseñan estrategias y se enzarzan en conflictos que poco o nada interesan a los ciudadanos. En el debate entre partidos el argumentario sustituye a la idea y el eslogan ocupa el lugar del discurso reflexivo.

Y este vacío es más llamativo cuando volvemos la vista hacia atrás. Desde la Ilustración del siglo XVIII y sobre todo desde finales del siglo XIX a partir de la obra de autores como Joaquín Costa o Macías Picavea, la idea de que España necesitaba un programa de reformas profundas se instaló en el pensamiento político español como una tendencia asumida por individuos y grupos sociales preocupados por la situación del momento y por el futuro colectivo de España.

La insatisfacción y la autocrítica, muy arraigadas en el pensamiento colectivo en los últimos dos siglos, han caracterizado el pensamiento político español. Las insuficiencias del régimen de la Restauración, la pérdida de los restos del sistema colonial de 1898 y la persistencia del retraso económico y cultural de España ciertamente crearon un ambiente de pesimismo colectivo, pero que también sirvió como incentivo para el despliegue de una profusa actividad intelectual en la que los pensadores y críticos propugnaron programas de modernización, con reformas pendientes dirigidas a superar el marasmo histórico y acabar con lo que muchos pensadores consideraban una anomalía en el contexto europeo.

Posteriormente, en la Segunda República se produjo una reacción, impulsada por los intelectuales, para cambiar este devenir histórico, como Tuñón de Lara explicó al abordar los orígenes intelectuales de la Segunda República. Es más, incluso el pensamiento totalitario español de los años treinta y el posterior régimen franquista en cierto modo también asumió la necesidad de abordar los problemas seculares de nuestra realidad social, aunque fuera desde una perspectiva autoritaria y en el marco de un gobierno unipersonal.

Por el contrario, en el momento actual, el pensamiento crítico y reflexivo, y el análisis fundado en la solidez científica que conocimos en el pasado, apenas logra abrirse camino. Los intelectuales parecen haber abandonado su compromiso con el programa reformista y cuesta encontrar aportaciones sólidas que alumbren proyectos de interés real para la ciudadanía. Esto supone una penosa quiebra con la tradición del pensamiento en nuestra historia contemporánea.

Es así como en la España actual, esfumado el modelo europeo, ya no se reconoce ese componente regeneracionista que activó la acción política desde hace décadas. A los actores políticos les corresponde ofrecer propuestas, pero corresponde a la tarea intelectual identificar problemas, propiciar debates y aportar ideas para el futuro político colectivo.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme

FRANCISCA SAUQUILLO (*)

 

 

La celebración del 24 de mayo como Día Internacional de la Mujeres por la Paz y el Desarme comenzó a principios de los años 80, impulsada por grupos de mujeres pacifistas europeas y estadounidenses contra la OTAN y la carrera armamentística y nuclear.

Desde la celebración del I Congreso Mundial de Mujeres en La Haya, el 15 abril de 1915, el rol de las mujeres como agentes activos y visibles en la construcción de paz en el mundo ha sido imparable, aunque también ha quedado relegado en numerosas ocasiones. Los años 80 fueron de gran relevancia para los movimientos pacifistas, en los que las mujeres lideraron importantes iniciativas y movilizaciones contra las políticas armamentísticas y nucleares. En este contexto se creó la Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, entre las que se encontraba Maj Britt Theorin -quien fuera embajadora de Suecia por el Desarme y presidenta de la Comisión de Naciones Unidas sobre armas nucleares en esa década-, con la que contribuimos a potenciar el imprescindible papel de las mujeres en el desarme y la paz.

Hoy, en 2018, tenemos todavía muy recientes las imágenes del 8 de marzo, donde millones de mujeres de todo el planeta salimos a las calles para exigir una sociedad que nos visibilice, nos dé nuestro sitio, nos incluya, no nos violente, nos permita vivir en paz. Con referentes como Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Wangari Maathai, algunos nombres de la larga lista de mujeres y colectivos que a lo largo de la historia han luchado por una sociedad más justa y pacífica para todas y todos. Hay que recordar también a figuras como Berta Cáceres, asesinada en 2016, que nunca abandonó la lucha por los derechos indígenas y medioambientales, denunciando asesinatos y amenazas de activistas en su país; a Malala Yousafzai, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su defensa de la educación como pilar de la sociedad y el avance igualitario, y a Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakel Karman, galardonadas en 2011 "por su lucha no violenta por la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz".

La creciente militarización y los innumerables conflictos y guerras están caracterizando estos primeros años del siglo XXI, y el papel de las mujeres, la mitad de la población del planeta, resulta crucial para luchar contra las violencias y sus profundas consecuencias. El enfoque de género en la gestión de las emergencias y conflictos es también fundamental. Si bien, y de forma indudable, toda la población sufre los estragos de la violencia, el impacto que esta ejerce es distinto en mujeres y hombres, niñas y niños. La violencia sexual, los abusos y la explotación a los que muchas mujeres y niñas son sometidas durante y tras el conflicto, la perpetuación o incremento de roles sociales discriminatorios, el papel secundario al que se ven relegadas y la feminización de la pobreza son elementos que tienen que tratarse de forma intrínseca tanto en los primeros momentos de emergencia y respuesta humanitaria como posteriormente en todos los procesos de construcción de paz.

 

(*) Francisca Sauquillo es presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

Proteger el medioambiente y luchar contra el cambio climático como política de empleo en España

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

Vista de una planta solar en España. / EFE

 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar un aumento de la temperatura media mundial de más de 2ºC es necesario para asegurar que no tendremos que vivir en condiciones climáticas extremas, que afectarán a nuestra economía, a nuestra salud y a nuestra alimentación, especialmente en España. Se trata de evitar un futuro con menos agua y sequías más frecuentes y con más olas de calor y más duraderas y que tendrá lugar más a menudo.

Ahora tenemos más certeza de que estas medidas, además de ser imprescindibles, tendrán un impacto neto positivo en el empleo. Según el nuevo Informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ‘Sostenibilidad Medioambiental con Empleo’ (OIT, 2018) se crearán 24 millones de nuevos empleos en 2030 sólo en el sector de la energía, gracias a la producción y uso de energías renovables, el crecimiento de vehículos eléctricos y el aumento de eficiencia energética en los edificios, entre otras medidas.

En España, el potencial de creación de empleo es importante. La rehabilitación de viviendas, la mejora de la gestión de residuos, la producción de energías renovables, la mejora del transporte público y la transición ecológica de la industria podría crear hasta 2 millones de empleos verdes. Sin embargo, se están dando muy pocos pasos para que esta cifra se haga realidad en el corto o medio plazo, lo que deja pocas razones para el optimismo.

En el resto del mundo la situación es diferente. Las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) son que en 2017 se crearon 500.000 nuevos empleos en el sector de las renovables y por primera el sector emplea a más de 10 millones de personas en el mundo. No todos los países se benefician de esta creación de empleo de igual forma. El 70% de estos puestos de trabajo se concentran en 6 países: China, Brasil, Estados Unidos, India, Alemania y Japón. Aún más concentrados están los empleos vinculados a la fabricación de tecnología renovable. El 80% del total se encuentra en Asia (IRENA, 2018). España ha ido perdiendo posiciones gradualmente en los últimos años y ha pasado de puestos de cabeza al quinto lugar dentro de los países de la Unión Europea, detrás de Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia y delante de Italia.

El impacto positivo en creación de empleo de la sostenibilidad se extiende a otros sectores como el de la agricultura, donde la transición a prácticas ecológicas y a la agricultura de conservación podría aumentar el número de personas que trabajan en el sector y reduciría los riesgos ocupacionales derivados del uso de químicos como fertilizantes y fitosanitarios. El impacto en la salud de todos se multiplicaría gracias al consumo de alimentos mucho más saludables.

Por otra parte, un cambio de perspectiva en el modelo económico actual de extraer, usar y tirar hacia un modelo circular en el que prime la reutilización y el reciclaje, dará empleo a 6 millones más de personas. El modelo actual de crecimiento económico que consiste en gran medida en la extracción de recursos, la fabricación de nuevos productos, su consumo y la generación de residuos deja de tener validez y viabilidad en un contexto de escasez de recursos y limitada capacidad del ecosistema para absorber estos desechos. Este modelo no tiene más opciones que el cambio radical. Producimos y tiramos casi dos veces más de lo que la biosfera puede regenerar y absorber. Entre 2000 y 2012 las emisiones responsables del cambio climático han crecido un 33% globalmente y la extracción de materiales ha aumento un 62%. En España en 2017 las emisiones de GEI crecieron un 7,4% -el cuarto país europeo donde más crecieron-, alejándonos una vez más del desacoplamiento económico-ambiental.

Todas estas medidas también supondrán pérdidas de empleo en los sectores más contaminantes, que están llamados a desaparecer o a adaptarse y producir en condiciones de sostenibilidad. El sector de la energía será de nuevo el protagonista. Se espera que desaparezcan 6 millones de puestos de trabajo en el sector de la producción y consumo de combustibles fósiles, lo que incluye no sólo el carbón, el petróleo o el gas, también la producción y uso de vehículos de combustión interna.

La buena noticia es que sabemos la receta para que esta transición se desarrolle en condiciones de justicia social, de igualdad de género y mejora de la calidad del empleo para todos. Los ingredientes incluyen:

- Apostar por las políticas climáticas y energéticas que favorezcan la creación de empleo, especialmente entre las mujeres ya que, por el momento, los nuevos empleos verdes se están creando en sectores altamente masculinizados (energía, construcción, fabricación, ingeniería).

- El diálogo social y la participación de los afectados en la toma de decisiones. Este elemento ha sido fundamental en las cuencas mineras de Francia o Alemania donde se ha dado una transición exitosa con creación de empleo en otros sectores económicos. También podemos aprender de los contratos de transición ecológica que se han firmado en regiones francesas que han acordado objetivos ambientales ambiciosos y requieren de apoyo institucional para lograrlos.

- Refuerzo de las políticas de adaptación, especialmente entre las regiones y sectores más vulnerables. Dos sectores prioritarios son turismo y agricultura, altamente afectados por su dependencia de los recursos naturales y la estabilidad climática. En España estos dos sectores suponen un 14% del PIB y el 17% del empleo. Sin embargo, y a pesar de esta gran vulnerabilidad, la partida correspondiente a la adaptación al cambio climático se ha reducido un 20% este año.

- Refuerzo de las políticas de protección social, que constituyen la primera línea de protección contra los efectos adversos derivados del cambio climático y la degradación del medio ambiente local.

- Políticas de empleo que incluyan programa de formación profesional con contenidos de sostenibilidad ambiental.

- Mejorar la calidad del empleo de los sectores verdes: mejores salarios, asegurar que se cumplen los derechos laborales y en general, reducir la precariedad, especialmente entre los jóvenes, es indispensable para asegurar que el futuro no sólo es sostenible en términos ambientales, sino también en términos sociales.

- Una reforma tributaria con tintes ambientales ayudará a que se haga realidad la transición hacia una economía verde y facilitará la creación de empleo. España continúa a la cola en tributación ambiental en Europa, a pesar de que se calcula que un paquete fiscal verde recaudaría unos trece mil millones de euros aproximadamente, lo que supondría un 1,2% de nuestro PIB.

Si en España ya sabemos la receta de creación de empleo verde y además tenemos el potencial para hacerlo, ¿por qué seguimos sin actuar?

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Lo que pasa en Italia y Cataluña reclama una España activa en Europa

CARLOS CARNERO (*)

 

Quim Torra sale del Parlament tras ser investido president. / ALBERT GARCÍA

 

Si un hipotético desacuerdo final entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte no lo impide, provocando unas nuevas elecciones generales, Italia tendrá un presidente del Consejo de Ministros sustentado en una mayoría y al frente de un Gobierno con componentes claramente antieuropeos, xenófobos e intolerantes. Será, sin duda, una malísima noticia para un país fundador de la Unión Europea y también lo será para esta: por mucho que los partidos coaligados hayan eliminado de su Contrato la salida del euro que figuraba en su primer borrador (y que debería acarrear el abandono de la UE porque, salvo excepción, la entrada en la moneda única es obligatoria como perspectiva y una vez materializada no podría tener marcha atrás), que Roma esté en tales manos no puede generar más que graves problemas y una profunda inestabilidad.

Al mismo tiempo, en España hemos pasado a tener el dudoso honor de sumarnos a la lista de países comunitarios que tienen en el poder a antieuropeos, xenófobos e intolerantes, de la que forman parte Hungría y Polonia (ambas a su manera, claro está). Sí, ciertamente Cataluña no es un estado independiente miembro de la Unión Europea, sino una comunidad autónoma de uno de los estados que la forman. Pero tampoco podemos engañarnos no queriendo ver la relevancia política de esa nacionalidad, su peso económico, su presupuesto y, sobre todo, las enormes competencias transferidas en virtud de la Constitución de 1978. Quim Torra y su pensamiento están en la misma onda de quienes militan en la Liga Norte y en otros muchos partidos nacionalistas y de derecha extrema europeos.

Los dos hechos son negativos para la UE pero, simultáneamente, obligan a España a salir de su actual pasividad en Bruselas, asumiendo un papel protagonista por la cuenta que le trae, si no es ya por una convicción europeísta que parece flaquear en quien encabeza al Gobierno y en buena parte de sus ministros más allá del plano declarativo.

Por un lado, si Italia, con un gobierno populista, empieza a comportarse como un estado gamberro en la UE, España tendría que estar en condiciones de asumir el liderazgo de los países del Sur comunitario en la defensa de los intereses compartidos que les unen y, en particular, de aquellas políticas y estrategias que permitan salir de la crisis fuera del círculo vicioso de la austeridad por la austeridad, y fortalecer la política de cohesión y la Asociación Euromediterránea, entre otras. Además, París y Berlín estarían obligados a mirar a Madrid como el aliado fundamental en el Sur de la Unión, toda vez que Roma haya roto la baraja, dando más peso a la posición de España en el proceso de decisiones europeo.

Por otro lado, España es clave como ejemplo europeo para hacer prevalecer la democracia y el marco constitucional frente al independentismo extremista. Hacerle fracasar en Cataluña con la ley y la política en la mano sería una excelente vacuna para quienes, en otros países de la Unión, se identifican con los propósitos de los separatistas en esa comunidad. En esa dirección, nuestro país habría de ser extraordinariamente activo en Europa explicando la defensa que las instituciones y la sociedad españolas están haciendo de nuestra soberanía y nuestras libertades ante los nacionalistas radicales. Y con igual determinación España debería estar a la cabeza de promover la unión política federal como el gran proyecto de futuro ante quienes desean volver a conceptos medievales de pueblos elegidos y levantar nuevas fronteras donde han ido desapareciendo para bien.

Los problemas también pueden transformarse en oportunidades. La previsible situación italiana y la conocida situación en Cataluña demandan de nuestro país pensar en ese sentido. Para lo que es imprescindible que España vuelva a ser clave en la UE con una política de estado proactiva, a favor de la profundización europea y acordada entre los grandes partidos constitucionales y europeístas. Sería bueno para España y para Europa.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Naturaleza muerta del mercado laboral

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Cola ante una oficina de empleo de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

 

Como los cincuentenarios siempre dan para pensar, en estos días ha habido una cosecha de reflexiones sobre los ‘eventos de Mayo’ en París de 1968. El 68 ha pasado a la historia, al menos en la percepción popular, como un año de convulsiones, e incluso de revoluciones. Los debates recientes han servido como correctivo recordándonos que, en buena medida, los cambios que se anunciaban resultaron más bien limitados. Al otro lado del mundo, en California, los estudiantes de Berkeley también lanzaron enormes protestas... en el mismo estado que había elegido a Nixon de presidente y a Reagan de gobernador. Y es así como, en el mundo aparentemente esotérico de la teoría macroeconómica, el 68 es recordado más bien por un evento muy alejado del lanzamiento de adoquines y, en cambio, más cercano al clima político de Nixon y de Reagan: el discurso presidencial de Milton Friedman ante la Asociación Americana de Economistas, posiblemente el más importante de su género en la ya centenaria historia de dicha institución.

Hasta ese momento, la ortodoxia entre macroeconomistas estaba encarnada en la ‘curva de Philips’, resultado de observaciones empíricas que venía a decir que las autoridades de política económica de un país tenían que enfrentar un dilema entre inflación y desempleo. En su breve discurso, Friedman formuló una crítica a esta visión que terminó por volverse, ella misma, una nueva ortodoxia. Según Friedman, el dilema entre inflación y desempleo era en cierto modo un espejismo de corto plazo: en la medida en que los agentes económicos adaptaran sus expectativas a la inflación, la relación entre ésta y el desempleo desaparecería. Por tanto, las autoridades económicas no deberían utilizar la política monetaria para combatir el desempleo ya que los beneficios de dicho intento serían efímeros y, en cambio, dejarían secuelas inflacionarias persistentes, crecientes e incluso, en el extremo, explosivas. Según esta visión, los mercados laborales tienen una ‘tasa natural de desempleo’ o, más exacta y cacofónicamente, una ‘tasa de desempleo no-aceleradora de la inflación’ (NAIRU en inglés). Intentos de quedar por debajo de dicha tasa aceleran el ritmo de la inflación.

Milton Friedman, no cabe duda, era un economista libertario, enemigo acérrimo de las políticas intervencionistas de signo keynesiano. Pero muchas veces la influencia de sus tesis no venía tanto de su contenido sustantivo sino del clima intelectual que se generaba en torno a ellas. Así, por ejemplo, el concepto de NAIRU no necesariamente tenía que ser entendido como una ley de hierro de corte neoliberal. Incluso un keynesiano a carta cabal como Joseph Stiglitz lo considera una guía valiosa para entender la interacción entre los fenómenos inflacionarios y el mercado laboral.

Al fin y al cabo, a la base de la NAIRU hay algunas ideas que no son controversiales. Si la demanda privada de trabajo excede a la oferta, es de esperar que los salarios competitivos suban y que, por lo menos en algunos sectores de la economía, esta alza se traduzca en aumentos en los precios, es decir, en inflación. Pero más allá de este consenso de mínimos empiezan las dudas, dudas que se han agudizado en los últimos años.

En primer lugar, aunque conceptualmente puede tener sentido pensar en que existe una tasa de desempleo consistente con un equilibrio en el mercado laboral, en la práctica las cosas son más difíciles. Siempre va a haber personas desempleadas por razones que no tienen nada que ver con la política económica. Los mercados laborales no son tan perfectos como para que todo individuo que salga hoy a buscar trabajo al salario de mercado lo encuentre inmediatamente. Por eso los economistas hablan de cierto ‘desempleo friccional’, es decir, el desempleo que se debe a la ‘fricción’ del mercado, al hecho de que pequeñas fallas en los flujos de información puedan resultar en que, por un breve lapso, algunas personas estén desempleadas.

Problemas empíricos

Pero, al igual que en física, la ‘fricción’ del mercado laboral presenta problemas empíricos porque no es un fenómeno que se pueda observar directamente. Nunca sabemos exactamente por qué alguien está desempleado de modo que nunca sabemos cuántos desempleados corresponden a la ‘tasa friccional’ y cuántos, en cambio, están desempleados como resultado de una caída en la demanda agregada. Como resultado, ha sido muy difícil tener estimativos precisos de la NAIRU. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de desempleo de los últimos meses ha sido del 4%, muy por debajo de algunos de los estimativos de la NAIRU que la ubicaban en torno al 6%. Y, sin embargo, la inflación no se está acelerando.

Por otra parte, si algo ha quedado claro en los últimos años tras la crisis financiera del 2008 es que a veces el miedo a la inflación puede resultar desmedido. Históricamente los bancos centrales en economía de funcionamiento razonable han sido capaces de poner freno a brotes inflacionarios mediante alzas en tasas de interés en un tiempo relativamente rápido. De modo que, en caso de producirse la tan temida aceleración de la inflación, habría opciones de política para atajarla. Así las cosas, ¿no sería mejor abandonar los temores y, más bien, persistir en la reducción del desempleo más allá de lo que hasta ahora se ha considerado prudente?

Como el debate se está aún reabriendo, hay muchas lagunas en el estado del conocimiento. Por ejemplo, aún no está claro cuáles son los mecanismos que transmiten los costos laborales al resto de la economía, o cuáles son los determinantes estructurales del desempleo, o por qué cambia la NAIRU (que ya casi nadie considera una magnitud fija en el tiempo). Pero es un debate que es necesario seguir ya que tiene implicaciones para la política macroeconómica, en particular, para saber qué es posible esperar de ella.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Bajo una misma bandera

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Jean Monnet y Robert Schuman, dos de los fundadores de la Unión Europea.

 

Desde hace 33 años, la Unión Europea celebra lo que podríamos llamar la fiesta nacional europea el 9 de mayo, en conmemoración de la llamada Declaración Schuman, una propuesta elaborada por Jean Monnet y presentada ese mismo día, en 1950, por el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, que es considerada como el arranque del proceso de unidad europea, y que se concretaría un año después en la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primera institución comunitaria.

Europa empezaba a construirse políticamente sobre los escombros, aún humeantes, de la segunda guerra mundial. Hoy, sesenta y ocho años después, la UE engloba (todavía) veintiocho países europeos, entre los cuales está garantizada la libre circulación de mercancías, de trabajadores, de servicios y de capitales. Veintidós de estos países han suprimido prácticamente sus fronteras (Schengen) y  diecinueve tienen la misma moneda (euro). El sistema jurídico y político europeo, basado en los  valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos,  se ha extendido desde la mera cooperación económica hacia ámbitos políticos, como la política exterior y de seguridad, o los asuntos de Interior y Justicia, y abarca ahora todos los aspectos de la vida pública con una clara vocación supranacional e integradora.

Y sobre todo, se ha consolidado, de forma probablemente irreversible, la paz entre sus miembros, que era el primer objetivo de Shuman, Monnet y otros fundadores como Adenauer y De Gasperi. En 2012, la UE recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos en Europa. A pesar de que la violencia no se ha erradicado del todo en el continente (Balcanes, Ucrania), nunca Europa había sido tan libre, tan próspera, tan solidaria, ni tan segura. Bajo una bandera común se ha creado un espacio político que es sin duda, para una mayoría, el mejor lugar del mundo para vivir.

No obstante, la UE no vive actualmente sus mejores momentos. Por primera vez un Estado miembro, Reino Unido, abandona el proyecto común y es una pérdida considerable. La gran recesión vivida en la última década ha dejado huellas profundas en la cohesión social, haciendo tambalearse el Estado de bienestar, que es un signo distintivo de las sociedades europeas, y arrojando a un gran número de trabajadores al desempleo, la precariedad, o la pobreza, incrementando su desconfianza hacia la capacidad de las instituciones europeas. Se ha profundizado la brecha entre el norte, acreedor, y el sur, deudor, afectando incluso -de forma negativa- a la percepción de unos europeos sobre otros.

El terrorismo sigue golpeando a nuestros ciudadanos y causando víctimas inocentes. El problema migratorio no está resuelto y es posible que se agudice si no somos capaces de promover el desarrollo en los países vecinos. Todos estos factores juntos han provocado en muchos europeos una sensación de inseguridad, de incertidumbre y de miedo al futuro, alimentando el oportunismo de los partidos populistas, que han prosperado por todo el continente y especialmente en los países del este, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y haciendo del antieuropeismo y el regreso a las fronteras nacionales una de sus más rentables demagogias.

Pero los que creemos en Europa no nos vamos a rendir tan fácilmente. Y somos mayoría. Para nosotros, Europa es más que un espacio económico o político. Es un sueño. Un sueño de paz y  progreso que queremos hacer realidad, que merece nuestros esfuerzos, aunque haya enormes dificultades. Europa no es solo importante para los europeos, es importante para el mundo. Nuestro modelo social -con todos sus defectos- no existe en ninguna otra parte, y es, no obstante el que acabará implantándose en todo el mundo porque es el más justo y el más eficaz. La acción exterior de la UE como potencia civil, basada en la paz y el desarrollo solidario -a pesar de las acciones bélicas de algunos de sus miembros-, es una aportación indispensable a las relaciones internacionales por contraste con otras potencias partidarias de resolver los problemas con intervenciones militares. Somos el experimento político más avanzado del mundo y estamos obligados moralmente a llevarlo a buen fin. No podemos decir: ya hemos llegado.

Se cumplen justamente ahora 50 años de los sucesos de mayo del 68 en París. Uno de los eslóganes más conocidos de la revuelta fue: ‘Sed realistas: pedid lo imposible’. Es una bella propuesta, salvo que no se trata de pedir, sino de hacer. En el camino de la construcción de la unidad europea nadie nos va a regalar nada. Por el contrario, hay muchos actores políticos a los que no les gusta nada la idea, dentro y fuera de las fronteras europeas. Demasiada unidad para algunos, que si pierden su discurso nacionalista lo pierden todo. Demasiada solidaridad para ciertos egoísmos, nacionales o de clase. Demasiada competencia para otros, que prefieren un mundo unipolar. Los pasos que demos costarán trabajo, como han costado los que se han dado hasta ahora. Pero valdrá la pena.

Seamos realistas: hagamos lo imposible posible. Construyamos una Europa unida, fuerte, libre, justa, abierta, solidaria, una democracia social avanzada que sea un verdadero ejemplo para todo el mundo. Articulemos un modelo de integración que prefigure la patria mundial única que algún día abrazará a toda la Humanidad. Seamos ambiciosos. Nunca han conseguido nada los tímidos ni  los timoratos. Hagamos que la bandera azul con estrellas doradas sea ya para siempre, dentro y fuera de nuestras fronteras, la bandera de la paz.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Australia es una oportunidad para España

(*) MELISSA CONLEY TYLER Y JULIA BERGIN

 

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, en una rueda de prensa.

 

En la misma semana en que la UE anunció una mejora en sus relaciones comerciales con México, que un primer ministro australiano visite Europa para hablar de las perspectivas de un acuerdo comercial entre la UE y Australia es una medida valiente. Vale la pena promocionarse pensando en los beneficios.

¿Por qué un Tratado de Libre Comercio con Australia?

Como destacó el primer ministro Malcolm Turnbull durante su visita, la UE tiene importantes relaciones comerciales y de inversión con Australia. El comercio bidireccional de bienes y servicios suma más de 95 mil millones de dólares, lo que convierte a Australia en el segundo socio comercial más importante de la UE, detrás de China y por delante de Estados Unidos y Japón.

Australia y la UE comparten muchos puntos de vista sobre política comercial y el sistema de comercio multilateral. Tienen muy buenas relaciones basadas en valores compartidos de democracia y derechos humanos, con el Acuerdo de Asociación UE-Australia recientemente ratificado. La integración económica de Australia con Asia, la región de más rápido crecimiento en el mundo, lo convierte en un socio estratégico fundamental para Europa.

Sin embargo, la UE todavía no tiene un acuerdo de libre comercio con Australia y, como resultado, la economía de la UE se ve perjudicada por condiciones menos favorables para el comercio y la inversión, incluidos los servicios. A menudo se pasa por alto, pero la UE es, con mucho, el mayor exportador mundial de comercio de servicios: representa más del 25% de las exportaciones mundiales. Por lo tanto, asuntos como el reconocimiento mutuo en calificaciones profesionales y la movilidad laboral para trabajadores calificados pueden tener un impacto significativo.

Además de beneficiar a las empresas europeas, se prevé que el acuerdo de libre comercio beneficie también a los consumidores. El mercado europeo, con 500 millones de consumidores, presenta enormes oportunidades para que las empresas australianas exporten bienes y servicios de alta calidad. Esto aumenta la gama de productos para la UE y reduce el costo de esos bienes a través de una mayor competencia, y también permite a las industrias nacionales enviar sus productos al exterior.

En septiembre de 2017, la UE publicó los resultados de un estudio de alcance sobre el acuerdo de libre comercio UE-Australia con resultados que demuestran que podría haber grandes ventajas bilaterales. Posteriormente, en su discurso más reciente sobre el Estado de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que Australia será uno de los primeros objetivos de la UE en lo que se refiere a acuerdos comerciales. Si las negociaciones continúan según lo previsto, el comercio se desligará de los asuntos de inversión, lo que significa que se podrá llegar a acuerdos más rápidamente.

En el lado australiano, los principales partidos políticos apoyan firmemente un acuerdo de libre comercio. En un momento en que un ex campeón del libre comercio, Estados Unidos, amenaza con guerras comerciales, es una gran oportunidad para que Australia y Europa busquen la apertura comercial.

Oportunidades para España

El acuerdo de libre comercio propuesto abrirá oportunidades comerciales entre Australia y España, dos países que ya disfrutan de una relación comercial saludable. Es comprensible que el comercio de España se centre en Europa, pero también existe un gran potencial para expandirse a los mercados de Asia-Pacífico. Australia puede ser un socio comercial y de inversión atractivo para las empresas españolas.

 Un área donde los vínculos comerciales crecen rápidamente es en la industria de la defensa. España ya ha construido una parte importante de la flota naval australiana. El buque de guerra más sofisticado de Australia, el HMAS Hobart, recibió el encargo en septiembre de proporcionar defensa aérea a la flota naval australiana tanto desde aeronaves como desde misiles. El barco, junto con dos destructores, fue diseñado por la empresa española Navantia.

Navantia también ha construido los dos buques más grandes con los que Australia haya operado jamás -equipados con helipuerto y con capacidad para 1000 soldados-, y ya han sido utilizados para misiones de ayuda en desastres en el Pacífico. La compañía construirá dos buques auxiliares de engrasado y reabastecimiento para la Armada australiana inspirados en el SPS Cantabria de 19.800 toneladas de la Armada española. Asimismo, Navantia ha sido preseleccionada para diseñar y ayudar a construir nueve fragatas para Australia, un proyecto de 30 mil millones de dólares.

Pero las oportunidades comerciales españolas no se limitan a la defensa. España ya tiene una gran influencia en la construcción y las energías renovables en Australia. Sorrovial y Acciona dominan el desarrollo de las infraestructuras viales y ferroviarias. El compromiso de España con las energías renovables ofrece experiencia en energía solar, térmica y eólica. Australia tiene un gran interés en desarrollar fuentes de energía alternativas y España puede contribuir notablemente en el proceso. Se trata de inversiones significativas para la economía de Australia y muy importantes para el desarrollo de la inversión española en el país. Y no olvidemos que los primeros tranvías que circularán por la capital australiana serán de fabricación española.

En el pasado, los vínculos comerciales entre Australia y España pudieron haber pasado desapercibidos: existía una brecha de conocimiento entre ambos países. Pero los tiempos están cambiando rápidamente. Aprovechar nuevas oportunidades nos ayudará a darnos cuenta del potencial que existe en la relación España-Australia. Hasta dónde se extenderá la colaboración dependerá de las ambiciones en ambos lados.

 

(*) Melissa Conley Tyler es directora ejecutiva del Instituto Australiano de Asuntos Internacionales y líder del equipo del Foro de Liderazgo UE-Australia, y Julia Bergin es ex investigadora del Instituto Australiano de Asuntos Internacionales

El experimento finlandés sobre renta básica universal: un réquiem leve

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

Dos mujeres finlandesas en una oficina de empleo.

 

Hace pocos días el gobierno finlandés anunció que ponía fin a un experimento nacional para evaluar el impacto de la renta básica universal (RBU), cortando la financiación que durante dos años había dedicado al proyecto. Es muy probable que la noticia haga las delicias de los críticos de la RBU ya que, a simple vista, pareciera una demostración palmaria de la falta de viabilidad de esta idea. Pero las cosas no son tan sencillas. En realidad, aunque el fin de este experimento no constituye, obviamente, una gran noticia para los defensores de la RBU, éstos tampoco tienen nada que lamentar.

Para empezar, el experimento finlandés desde el comienzo suscitó recelo por parte de muchos defensores de la RBU. Para entender por qué, es necesario tener en cuenta que hay varias formas de defender la RBU, cada una de ellas con consecuencias distintas sobre lo que se espera de dicha propuesta y la forma correcta de implementarla. En la derecha neoliberal la RBU se suele ver como la manera de reducir la burocracia estatal, monetizando, y en últimas privatizando, prácticamente todos los servicios sociales mientras que se logra cierta redistribución del ingreso. Pero esto, como es de esperar, sienta muy mal a los sectores de izquierda en el campo de la RBU que la ven como un complemento de los servicios sociales básicos más que como un sustituto de los mismos. En el caso finlandés, los ímpetus intelectuales del experimento provenían de una agenda económica cercana al liberalismo ya descrito.

Esto se nota en el diseño del experimento. Para escoger a los sujetos participantes, el experimento se limitó a la población que ya estaba en el paro. Es decir, el único efecto que se podría medir era el efecto de la RBU sobre personas desempleadas lo cual deja sin responder una de las preguntas más difíciles a este respecto, a saber, ¿cuál sería la reacción de personas que tengan empleo al recibir una RBU? ¿Dejarían de trabajar? ¿Mantendrían su empleo? ¿Buscarían otras actividades productivas con menor remuneración? El experimento finlandés no tendrá nada que decir al respecto.

A esto hay que sumar el tamaño de la muestra (2000 individuos) que es mucho más pequeño de lo que se había pensado inicialmente y que reduce notablemente la confiabilidad de los resultados. Por otra parte, el hecho mismo de ser un experimento con una duración limitada (ya era limitada desde el comienzo, antes del abrupto final) hace que muy seguramente los sujetos participantes no modifiquen en mayor cosa su comportamiento como agentes económicos ante la perspectiva de recibir una ganancia que, además de relativamente pequeña, está diseñada para ser efímera.

Por supuesto que será interesante conocer los datos que genere el experimento, si es que parte del recorte que ha sufrido el programa no afecta también al procesamiento de los mismos. Pero de antemano se puede decir que estos datos no van a arrojar mayores luces sobre los dilemas en torno a la RBU.

Este episodio invita a reflexionar sobre los límites de la experimentación como método para guiar las reformas sociales. Históricamente, muchas reformas se han abierto paso sin estudios experimentales previos. Las grandes conquistas sociales del último siglo se obtuvieron, no porque hubieran pasado la prueba de algún experimento, sino porque la sociedad comenzó a percibirlas como derechos básicos innegociables. Así fue, por ejemplo, con el derecho a vacaciones, pensiones o fines de semana. Más aún, esas mismas conquistas se han erosionado en fechas recientes, pero, una vez más, no porque haya evidencias experimentales en su contra sino porque la correlación de fuerzas que las hizo posibles ha ido cambiando.

Si la RBU es, como dicen muchos de sus defensores, la encarnación de un derecho fundamental, el derecho a la subsistencia material, ¿por qué sería necesario evaluar sus efectos mediante un experimento? Los estados del bienestar modernos han aceptado que la sanidad es un derecho fundamental y buscan garantizarlo, o por lo menos esa es la retórica, cueste lo que cueste. Puede haber discusión sobre cuál es la forma más eficiente de garantizar estos derechos. De ahí, por ejemplo, que el NHS británico tenga un sistema de evaluación de los protocolos médicos. Pero el derecho mismo no está en discusión. En esa medida, no está claro que los experimentos de la RBU estén ayudando a generar el tipo de discurso político que sería necesario para impulsarla.

De implantarse, la RBU representaría un cambio profundo en la estructura del estado del bienestar. Por tanto, es comprensible que muchos sectores de la ciudadanía tengan dudas sobre su conveniencia. Incluso entre defensores de la RBU hay dudas sobre varios aspectos. Pero estas dudas no se van a resolver de un día para otro con un simple experimento. Para complicar aún más las cosas, si algo ha quedado claro del debate entre distintos partidarios de la RBU es que ésta, más que un punto de llegada, sería en realidad un punto de partida, sería un cambio en los términos del debate sobre cómo conciliar la igualdad y la libertad en sociedades modernas. Aún si existiera ya la RBU en un país, habría que discutir periódicamente su monto, qué subsidios y transferencias se podrían eliminar y cuáles se deberían mantener, cuáles serían las fuentes de financiación, etc.

Hay más experimentos de RBU en curso. El finlandés era solamente uno de los más visibles, por el hecho de tener alcance nacional, pero, como ya vimos, tenía problemas de diseño desde el comienzo. Otros experimentos locales pueden ser más valiosos y arrojar más luces sobre las preguntas fundamentales en torno a la RBU. Pero en últimas, es probable que si la RBU llega a ser aceptada e implementada, lo sea por el camino que han seguido tantas otras expansiones de los derechos ciudadanos: por la vía de ganar simultáneamente la lucha por el discurso normativo y la lucha por la viabilidad política.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid