Un Estado fallido a las puertas de Europa

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Mohamed Taher Siala, ministro de Exteriores libio, durante su visita a Madrid. / J.E.A.

 

Desde la derrota y muerte de Muamar el Gadafi, en octubre de 2011, en Libia reina el caos, no existe ningún poder que controle todo el territorio, ni mucho menos a las diferentes milicias armadas o katibas que solo obedecen a la voluntad de sus líderes, sin contar con los grupos terroristas de obediencia al Estado Islámico o a Al Qaeda en el Magreb Islámico que, a pesar de su decadencia, aun cometen atentados y se mueven libremente, especialmente en el sur. Al igual que pasó en Irak, la intervención occidental derribó a un dictador, pero no había un plan sólido, acordado con las fuerzas políticas locales, para el día después. Y el futuro de estos países, complejos y  de escasa tradición democrática, no se improvisa.

La consecuencia fue una nueva guerra civil de todos contra todos en 2014-2015, y el resultado final un Estado fallido con dos Gobiernos, ya que un tercero, el llamado Gobierno de Salvación Nacional de Jalifa Ghwell, surgido de una escisión del Congreso Nacional General (GNC), el resucitado Parlamento libio originalmente elegido en 2012, ha desaparecido prácticamente. El poder está dividido actualmente entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), con sede en Trípoli desde el 30 de marzo de 2016 cuyo ‘consejo presidencial’ está dirigido por Fayez al Serraj, que nació de la firma del Acuerdo Político Libio (LPA), con la mediación de Naciones Unidas (NNUU) en diciembre de 2015 precisamente para unificar políticamente el país, y el Gobierno de Abdulá al Thinni, con sede en la ciudad oriental de Bayda, que cuenta con el soporte de la Cámara de representantes de Tobruk, también en el este del país. NNUU y la mayoría de la comunidad internacional solo reconocen como poder ejecutivo al GNA pero reconocen la legitimidad de la Cámara de Tobruk como poder legislativo. Estas dos instituciones deberían ponerse de acuerdo pero hasta ahora han sido incapaces de hacerlo.

El día 17 de septiembre, Mohamed Taher Siala, ministro de Asuntos Exteriores del GNA, visitó España invitado por su homólogo español. En el marco de su agenda en Madrid, mantuvo un encuentro en Casa Árabe con un grupo reducido de políticos, empresarios, académicos y miembros de think tanks, en el que explicó la situación y perspectivas de su país desde el punto de vista de su Gobierno.

Según el ministro, los problemas de Libia vienen del exterior. A pesar de la mezcla entre población árabe y amazig (bereber) y de algunas corrientes musulmanas minoritarias, el país no ha tenido nunca tensiones étnicas ni religiosas, aunque tampoco una tradición democrática. A raíz de la caída de Gadafi muchos países intervinieron directa o indirectamente en defensa de intereses en ocasiones contrapuestos como Egipto, Emiratos, Qatar y algunos países europeos. Mucho armamento quedó fuera de control y se constituyeron un gran número de milicias, algunas de las cuales son simplemente mafias que buscan beneficio económico.

Criticó al Consejo de Seguridad de NNUU del que dijo que está inactivo en el tema libio, aunque elogió por su trabajo a Ghassan Salame, el actual representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para Libia, uno de cuyos predecesores fue el español Bernardino León.

En lo que se refiere a la situación política, el ministro dijo que existe ya un borrador de Constitución, pero que no han sido capaces de reunir al Congreso (se refiere al de Trípoli) con quórum suficiente para debatirlo. No cree que se vayan a celebrar elecciones en diciembre, tal como estaba previsto en el Acuerdo Político Libio que dio lugar al GNA, ya que no se dan las condiciones. Estas condiciones deberían ser, en su opinión, que los ciudadanos puedan ejercer realmente su derecho a voto y se alcance una participación razonable, que todas las partes se avengan previamente a aceptar los resultados, y que exista suficiente seguridad, es decir, que las milicias armadas estén bajo control.

Su prioridad actual es la economía, pues piensa que si la economía se normaliza la política le seguirá. La producción de petróleo que bajó de 1,6 millones de barriles diarios antes de la guerra a apenas 150.000 ha superado ya de nuevo el millón y seguirá aumentando. Libia tiene las mayores reservas de petróleo de África y se trata además de un petróleo muy ligero y fácil de extraer, pero necesita el concurso de empresas extranjeras. Para impulsar definitivamente la economía es necesario unificar las instituciones y eliminar las duplicidades, ya que coexisten todavía dos compañías públicas de hidrocarburos y dos bancos centrales, incluso el de Tobruk está empezando a emitir su propia moneda.

La inseguridad retrae además las inversiones extranjeras, aunque algunos países como Turquía han empezado ya a normalizar su presencia. Para alcanzar un nivel razonable de seguridad explicó la necesidad de crear un ejército regular profesional que sustituya a las milicias, y que obedezca a la autoridad del GNA, ya que lo más parecido que existe ahora el llamado Ejército Nacional Libio del general Jalifa Haftar, que solo tiene relación –aunque conflictiva- con la Asamblea de Tobruk.

En relación con la cuestión de las migraciones, el ministro resaltó que el fenómeno migratorio se ha producido siempre en la historia y que Libia está soportando una gran presión, ya que actualmente hay 700.000 personas en tránsito en su país, que desean llegar a Europa, a los que hay que acoger y alimentar. Cree que para reducir el flujo migratorio la Operación Sofía de la UE no es la solución, sino que ésta pasa por desarrollar los países africanos de los que proceden los migrantes, securizar las fronteras terrestres con medios electrónicos, algo que ya está haciendo Libia, y llegar a acuerdos con los países de origen para repatriar a los que no tienen derecho a asilo. En todos estos aspectos la UE puede ayudar mucho.

Hace años, había trabajo en Libia para más de dos millones de trabajadores extranjeros, pero no es el caso actualmente debido a la destrucción provocada por las guerras civiles. Aunque no es un país pobre, ya que la renta de los hidrocarburos debería ser suficiente para mantener a su relativamente reducida población, necesitan en estos momentos enormes inversiones para reconstruir el país, principalmente las infraestructuras que están en muy mal estado, en el transporte aéreo, y también en otros campos como la pesca o la agricultura, ya que en estos momentos es necesario importar la mayor parte de los alimentos. Por todo ello, un amplio acuerdo con la UE en el ámbito comercial y de inversiones es imprescindible para el futuro del país.

Es evidente que la UE tiene una responsabilidad insoslayable en Libia. En primer lugar  porque es en parte responsable del caos actual. Muchos Gobiernos europeos apoyaron a Gadafi, a pesar de sus actividades terroristas internacionales y de la represión sobre su pueblo, a cambio de su petróleo y su control de la emigración, y participaron luego en su caída cuando su crueldad se hizo insostenible, provocando una destrucción que aún no se ha recuperado. Además, la inestabilidad del país, a pocos centenares de kilómetros de las costas europeas, representa uno de los principales problemas de seguridad actuales para Europa, en términos de incertidumbre en el suministro energético y tráficos ilegales de todo tipo, especialmente de personas.

El drama de la emigración en el Mediterráneo, causa de tantas muertes evitables, tiene su foco principal en Libia, y se ve agravado por la actitud irresponsable del Gobierno de extrema derecha de Italia que intenta llegar a acuerdos bilaterales con Trípoli y Tobruk para detener el flujo migratorio, al margen del acuerdo marco de la UE que tampoco satisface al GNA. Los países europeos no pueden ser ajenos o indiferentes a la emergencia humanitaria de centenares de miles de refugiados y migrantes viviendo en Libia en condiciones infrahumanas a la espera de llegar a Europa o morir en el intento.

Ya es hora de poner seriamente el problema libio encima de la mesa del Consejo Europeo, para acordar y poner en práctica las medidas de ayuda a la reconstrucción política, económica y de seguridad que ayuden a normalizar el país, incluyendo un entorno digno para la población en tránsito que actualmente está allí bloqueada, y para ejercer la presión necesaria para que las partes se pongan de acuerdo. No será fácil, por supuesto, pero hay que hacerlo. Por razones prácticas, de interés propio, y también por razones humanitarias, a las que ninguna persona mínimamente decente puede ser ajena.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas