Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

La Gran Recesión diez años después

Por: | 19 de septiembre de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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Un empleado de Lehman Brothers abandona la sede el 15 de septiembre de 2008. / AFP

 

En estos días se cumplieron diez años del colapso de Lehmann Brothers, el gigante de la banca de inversión cuya bancarrota dio inicio a la crisis financiera más profunda de las últimas décadas. ¿Cómo se debe marcar esa efemérides? ¿Hay motivos para la satisfacción? ¿Para el pánico? ¿Para el escepticismo?

Hay reacciones para todos los gustos. Si hace diez años el temor era que se repitiera la Gran Depresión de los años 30, cosa que algunos creían, podemos darnos por satisfechos. La economía mundial no sufrió la devastación de aquella vez, con todo y el colapso de casi todos los regímenes democráticos de la época y la destrucción de los consensos políticos más básicos. No. Algunos países en los últimos diez años han sufrido más que en los años 30, pero no es esa la norma. Y aunque hay nubarrones políticos en el horizonte, no se asemejan a las sombras siniestras del periodo de entreguerras.

Pero si bien se evitaron los peores escenarios, lo que sí ocurrió no fue para nada trivial. Millones de personas desempleadas, millones de hogares que perdieron sus activos, inversiones que fueron a alimentar burbujas inmobiliarias de escaso valor social mientras que otras necesidades se siguieron sin atender, y un largo etcétera.

Pero, curiosamente, a diez años de la Gran Recesión, buena parte de los consensos de política económica siguen incólumes, con algunos pequeños cambios en el margen. Así lo indican, por ejemplo, las reacciones de los gobiernos ante la alarma generalizada de aquellos días. En retrospectiva, podemos decir que la Gran Recesión fue el producto de dos shocks combinados. Por una parte, el estallido de una burbuja inmobiliaria en algunas economías de tamaño apreciable, sobre todo Estados Unidos, pero también, por supuesto, España, y, por otra parte, el colapso de los mercados de deuda, en buena medida inducido por el hecho de que la burbuja inmobiliaria se había financiado con instrumentos que se encontraban dispersos en todo el sistema bancario mundial. No es fácil saber cuál de los dos shocks pesó más.

En todo caso, la reacción de las economías desarrolladas fue asimétrica: muchos recursos se dirigieron a restablecer la solidez de las instituciones financieras y, en cambio, muy poco se destinó a recuperar la demanda agregada deprimida por la pérdida de activos de los hogares. Para ponerlo más crudamente, rescates y recortes. Rescates para los bancos, recortes para los hogares.

Esa fórmula caldeó el ambiente político en muchos países, especialmente en los del Mediterráneo. Pero no se ve ningún intento por evitarla cuando (y el día esté lejano) se produzca un nuevo estallido.

Ha habido medidas para estabilizar un poco el sistema financiero. Tanto en Estados Unidos como en Europa se han introducido algunas regulaciones (o, mejor dicho, reintroducido) para evitar la proliferación de instrumentos de deuda incomprensibles. Se han aumentado un poco los requerimientos de capital. Y poco más. En los días álgidos de la Gran Recesión se hablaba de, por ejemplo, achicar los bancos para evitar que uno de ellos pudiera generar un riesgo sistémico. Esa agenda parece haberse archivado.

En cambio, las herramientas que se necesitarían para una respuesta fiscal más vigorosa siguen aún en la etapa de los nobles propósitos. En el caso europeo, tal vez el más dramático, un paso fundamental sería el de crear más estabilizadores automáticos de alcance continental para evitar que, como hace diez años, países vulnerables tengan que entrar en una espiral destructiva de recortes y ataques especulativos contra su deuda. Para eso se necesitaría cierta integración fiscal o por lo menos cierta mutualización de las deudas europeas.

Para hacer aún más inquietante el panorama, uno de los legados de la Gran Recesión ha sido un mundo de tasas de interés muy bajas. Esto no tiene por qué ser malo en sí. Pero sí quiere decir que, en caso de que llegara a haber una nueva crisis, los bancos centrales no tendrían a mano el recurso de bajar dichas tasas para estimular la economía. Esto no es un problema insoluble. En dichas circunstancias hay otros recursos como, por ejemplo, una agresiva política de gasto público o de expansión de la base monetaria. El problema es que van en contra de las ortodoxias que se habían ya enquistado desde antes de la Gran Recesión y que, a juzgar por todos los indicios, siguen vivas después de que los eventos han demostrado que había que repensarlas.

No es de extrañar que todos los pronosticadores estén ahora dedicados a buscar la nueva burbuja. En este momento, sin embargo, no parece haber ninguna tan descomunal y tan potencialmente destructiva como la de hace diez años. De modo que no parece haber razones para temer un nuevo colapso a corto plazo. Eso es, sin duda, una buena noticia. Pero, la mala noticia es que, estos diez años no han servido para generar nuevos consensos y nuevas voluntades políticas para reaccionar de manera distinta, ante un evento similar. Aunque conocemos la historia, parece que estamos condenándonos a repetirla.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

CARLOS CARNERO (*)

 

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El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Parlamento Europeo. / EFE

 

Me gusta definir a la UE como una unión de valores para garantizar derechos.

Y la decisión del Parlamento Europeo de invitar al Consejo a constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores de la UE es la mejor constatación de que esa definición se atiene a la realidad.

Muchos consideran equivocadamente que la UE es un club de países en el que lo esencial es repartir fondos presupuestarios y en el que lo normal es no tomar decisiones sobre temas complicados.

Olvidan, en bastantes casos deliberadamente, que la UE, por el contrario, es ante todo una democracia supranacional en la que funciona la división de poderes gracias a un marco constitucional (llamado todavía Tratado) que ya quisieran por lo avanzado de sus contenidos algunos Estados miembros.

En esa democracia supranacional (la primera de la historia), ir contra los valores que organizan la convivencia en paz y libertad -es decir, ir contra su ciudadanía- no es gratis.

Como hace unos meses hizo la Comisión Europea con la Polonia de Kaczynski, la Eurocámara ha ejercido ahora su derecho de propuesta motivada (que pueden ejercer ambas instituciones o un tercio de los Estados miembros) para que se active el Artículo 7 del Tratado de la UE.

Lo ha hecho por una amplísima mayoría (formada por socialistas, muchos conservadores, liberales, verdes, izquierda unitaria), como suele ocurrir habitualmente con sus decisiones, aunque esta vez el Partido Popular Europeo ha dudado hasta el último minuto, dando ‘libertad de voto’ (sería mejor decir que no estableciendo ninguna orientación indicativa de voto, por lo que diré más abajo sobre los eurodiputados). De hecho, parte de sus delegaciones no han votado a favor de la resolución adoptada, por diversas razones.

Pero entre las expuestas hay una especialmente equivocada: la utilizada por el PP español al afirmar “no queremos apoyar a Orbán, pero tampoco queremos que el Parlamento, el más político de los órganos, se convierta en un Tribunal de Justicia de los Estados miembros”.

El Parlamento Europeo –que, por cierto, no es un órgano, sino una institución de la UE: la diferencia es notable- no es un Tribunal, claro está, y, por ello, según el Tratado, no sentencia, sino que, en una primera fase, propone constatar al Consejo, con su aprobación previa, si existe el riesgo de violación grave de los valores de la Unión por un Estado. En una etapa posterior, el PE aprueba la constatación de la existencia de tal violación antes de que lo haga el Consejo.

Cumple así una función política esencial como la única institución europea elegida directamente por la ciudadanía: la de defender en Hungría los valores en que se basan sus derechos. Lo mismo que la Comisión, al haber activado la alarma con Polonia, ejerce a conciencia su papel de guardiana de los Tratados y del interés comunitario.

En pura lógica, al ser todavía la UE una construcción jurídica basada en un Tratado internacional, es a la institución intergubernamental por excelencia, el Consejo –en diferentes fases y con diferentes mayorías-, a quien le corresponde tomar finalmente una decisión.

Finalmente, el Estado concernido, si se le suspenden algunos derechos (como el de voto en el Consejo), siempre podrá acudir al Tribunal de Justicia de la UE.

Si esto no es una democracia bastante perfecta, se le parece mucho, la verdad. De forma que seguir hablando de déficit democrático europeo empieza a estar un poco fuera de lugar.

Cada partido político europeo y cada partido nacional miembro de los mismos pueden tomar la decisión que estimen oportuna en votaciones como la que nos ocupa. No digamos ya los eurodiputados, que no están sometidos a ningún tipo de mandato imperativo.

Pero los ciudadanos también tienen el derecho de interpretar la decisión adoptada y el voto emitido (o incluso el no voto, algo poco comprensible para un diputado, pues sería como un corredor que se sube a la bicicleta y se niega a dar pedales para que nadie sepa si piensa ir hacia delante o hacia atrás, aunque pueda sospecharse que preferiría esto último).

En el caso de la votación del Parlamento Europeo, justificar con argumentos tan poco convincentes como los del PP español el no apoyar (tres de sus miembros incluso han votado en contra) la aplicación del Artículo 7 del Tratado de la UE a la Hungría de Orbán (amigo del alma de Matteo Salvini y líder de un partido que incomprensiblemente todavía forma parte de la familia conservadora) no funciona, es un error en un partido europeísta.

Y, sobre todo, es un nubarrón sobre la firmeza de algunas formaciones cuando los europeístas tengan que hacer frente en común a la extrema derecha tras las dificilísimas elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Un nubarrón demasiado negro y preocupante, que suena demasiado a apaciguamiento.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Violencia política y polifacética

Por: | 12 de septiembre de 2018

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

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Una mujer sostiene una pancarta durante una marcha contra la violencia de género. / EFE

 

El empleo de la violencia es una estrategia condenable y, aun así, milenaria. Quien la utiliza conoce su función para modificar comportamientos. Cuando los castigos corporales a la infancia estaban tolerados, se consideraba un recurso más en la educación. La violencia es poderosa porque no tiene límites en cuanto a su alcance y sus espacios de actuación; pero detengámonos en uno concreto: la violencia política contra las mujeres, pudiendo extraerse algunas conclusiones de interés.

La primera aproximación mental conduce a pensar en violencia física ejercida contra las mujeres que se dedican, de una u otra manera, a la política. Somos capaces de imaginar, y lo que es peor, recordar, casos concretos en que determinadas personas han sido y son víctimas de una represión brutal o de actos contra su integridad personal. Estas circunstancias llevan aparejadas de siempre una derivada especialmente terrible contra las mujeres, como es la práctica de la violación como un rasgo distintivo de esta violencia, que pone de manifiesto una práctica miserable contra el cuerpo y la mente de las mujeres, y que además conlleva estragos colaterales, muy dignos de tener en cuenta: como es la humillación personal y familiar, y la proyección del temor incluso sobre aquellas mujeres que no la han sufrido, ya que opera como una amenaza colectiva constante.

Esa doble función atemorizadora de la violencia, es decir dañar (e incluso matar) a una persona y/o a sus familiares (caso especial, son los hijos), pero a la vez que el hecho sirva de ejemplo para otros casos que se animen a deponer su actitud o a dejar su actividad, resulta muy patente. La violencia física o su amenaza (acrecentada con algún ejemplo concreto) en el ámbito de la política y ejercida contra las mujeres, se desarrolla a través del crimen o de la desaparición. Pero existen otros tipos de violencia política, no sólo contra las mujeres, pero también, como puede ser la prisión por motivos ideológicos o el exilio.

Esas historias, algunas de verdadero terror, la mayoría de las veces evocan distintos y lejanos lugares; pero la reflexión continúa con el siguiente interrogante: ¿En las sociedades democráticas, donde los derechos de ciudadanía están garantizados, y por tanto es difícil que se trate de ‘disuadir’ la actividad política de las mujeres a través de métodos expeditivos, en estos escenarios, no existe pues, violencia política contra las mujeres?

Lo cierto es que la vacilación dura poco; sí, claro que existe violencia política contra las mujeres. Habría dos dimensiones a tener en cuenta: una primera sería la individual, por tanto, la ejercida contra mujeres concretas con el ánimo de desanimarlas en su senda política y, de paso, como aviso a navegantes. En esta dimensión fundamentalmente está el acoso sexual, mucho más extendido de lo que pudiera parecer. Sirva como ejemplo el movimiento MeToo en el ámbito de la industria del cine, pero no es un caso aislado.

Quizá la estrategia más extendida como botón de muestra de esta dimensión sea el sexismo. Habría mucho que reflexionar sobre este concepto, que a pesar de todo sigue resultando resbaladizo, porque aún sus fronteras no están bien delimitadas, de forma que todavía sus prácticas están situadas en el uso y la costumbre, y su denuncia muchas veces es tildada como exageración. Ser imperceptible no lo hace inocuo. Pero sin duda, su ejercicio es el más habitual como forma de violencia contra las mujeres políticas, según numerosos testimonios de quienes lo han sufrido o lo sufren.

Un problema político de todos

La segunda dimensión sería la colectiva; aunque se padezca personalmente, su raíz tiene que ver con el universo colectivo, y sus valores y sus prejuicios compartidos. Se trata de violencia política contra las mujeres, porque se ejerce sobre ellas por ser más vulnerables, al ser consideradas subordinadas por un patrón social de dominación. La violencia de género es un exponente conspicuo. Es violencia física, psicológica, económica, familiar que, si bien ha existido siempre, afortunadamente está ya en la lógica de que es un problema político de todos.

Pero habría más manifestaciones que a veces pasan desapercibidas como vinculadas a esta dimensión, pero sí pertenecen, como la trata de mujeres, con su agravante: la trata de mujeres inmigrantes, donde la vulnerabilidad y la sumisión es doble; el maltrato, en el sentido de no atender adecuadamente a refugiadas (y refugiados); o la prioridad de educación e incluso de alimentación de los niños sobre las niñas.

Repasando la actualidad de estos días, es difícil mirar para otro lado sobre estas cuestiones. Una de ellas, es el caso de la niña india que ha sido rechazada por sus adoptantes por tener una edad superior a la consignada, en un país donde la ración alimenticia de las niñas les aleja de nuestros estándares; y otra es el caso de los bebés robados. La tragedia que supone este asunto se acerca también al sufrimiento infligido a la mujer como eslabón más débil; según parece los niños y las niñas eran arrebatados tanto a madres solteras como a madres con escasos recursos, ya que constituían victimas más fáciles.

La violencia, o su amenaza, siempre está ahí como un recurso en las relaciones de poder que, por su propia naturaleza, son asimétricas. La intención está tanto en modificar un comportamiento como en preservar la inmovilidad, y que no se vea menoscabado un statu quo. Es una constante; por eso, aunque a veces soñemos con que se ha producido un avance civilizatorio que la excluye, no es verdad; por ello, mientras tanto, debemos seguir empeñados en observarla, conocerla, criticarla e intentar erradicarla.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

Fin del cambio de hora, ¿y después qué?

Por: | 10 de septiembre de 2018

ANSGAR SEYFFERTH (*)

 

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Con su propuesta de suprimir el cambio de hora, la Comisión Europea ha abierto un debate de consecuencias aún inciertas. En caso de seguir adelante, cada uno de los estados miembros de la Unión tendrá que decidir con qué horario se queda durante todo el año, lo cual como veremos más adelante podría poner en un aprieto a España, abriendo un conflicto territorial. Además, en España este debate se mezcla, frecuentemente de forma un tanto confusa, con otras cuestiones, como el huso horario al que debería pertenecer España y la racionalización de los horarios.

Repasemos brevemente la situación actual: en la Unión Europea conviven tres husos horarios, el occidental (o de Greenwich; GMT), el central (adelantado en una hora frente a Greenwich; GMT+1) y el oriental (adelantado otra hora más; GMT+2). Desde que entre los últimos domingos de marzo y de octubre el reloj se adelanta una hora (1974 en el caso de España), durante siete meses del año los horarios en los tres husos pasan a ser, respectivamente, GMT+1, GMT+2 y GMT+3. Referente a España, con la excepción de las Islas Canarias, que –como Portugal, el Reino Unido e Irlanda– pertenecen al huso occidental (GMT en invierno y GMT+1 en verano), el resto del país pertenece a pesar de su ubicación geográfica al huso central (GMT+1 en invierno y GMT+2 en verano), desde que Franco alineó en 1940 la hora con la de sus aliados alemanes. En los últimos años ha cobrado fuerza la reivindicación de una vuelta a al huso occidental.

Pues bien, si sigue adelante la abolición del cambio de hora, algunos países –seguramente la mayoría– se quedarán con su actual hora de verano durante todo el año, y otros con la de invierno. En consecuencia, se redibujarían las franjas horarias del mapa de arriba. Si por ejemplo España se queda con su actual hora de invierno (GMT+1), mientras todos los demás países de su entorno extienden su actual hora de verano a todo el año, España dejaría de compartir hora con Europa Central y volvería a tener la misma hora que Portugal, el Reino Unido e Irlanda. Pero es importante aclarar que no sería España quien habría cambiado de huso, sino todos los demás, porque la hora original de cada huso, que hasta la introducción del cambio de hora se aplicaba durante todo el año, es la de invierno, no la de verano. España volvería a la situación vigente hasta 1974 (GMT+1 durante todo el año), mientras los demás países tendrían una hora más que entonces.

En el ejemplo anterior, el cambio de hora en la frontera hispano-lusa simplemente se sustituiría por un cambio en la frontera franco-hispana. Y si también Francia decidiera quedarse con su actual hora de invierno, este límite se situaría algo más en el Este aún. ¿Pero qué pasa si España, por su ritmo de vida y la importancia de su sector turístico y gastronómico, no quiere prescindir de sus anocheceres estivales tan tardíos y decide quedarse con su actual hora de verano (GMT+2), mientras Francia se queda con la de invierno (GMT+1), para evitar amaneceres excesivamente tardíos durante los cortos y frecuentemente oscuros días de invierno sobre todo en el norte del país, preocupada de que podrían aumentar los accidentes de tráfico y restar productividad a su industria? Sería una situación antinatural, de dos países vecinos donde el más occidental, con una hora solar más tardía, tendría una hora oficial más adelantada que el país más oriental. Los husos horarios dejarían de ser franjas y se entremezclarían, con Francia compartiendo hora con Portugal, y España con Alemania. Para evitar semejante despropósito uno de los dos países (o ambos) tendría que rectificar.

Se trata de un mero ejemplo hipotético, para evidenciar la necesidad de una coordinación entre los países europeos (no solo los de la Unión) en la elección de sus horarios. Hasta que no tengamos un acuerdo razonable sobre el nuevo mapa horario, sería temerario seguir adelante con la supresión del cambio de hora. Pero este acuerdo podría ser más complicado de lo que parece, dado que hasta dentro de algunos países puede haber importantes discrepancias, presumiblemente sobre todo en España. Posiblemente nos daremos cuenta de que no estamos tan mal con el actual cambio de hora y que es más fácil decir que no nos gusta por los inconvenientes que nos pueda causar dos veces al año, que encontrar una alternativa que no levante ampollas. Veamos qué soluciones se perfilan para España.

Una opción, muy en línea con su posición geográfica y que parece contar con bastante apoyo político, es la de adoptar en todo el país, inclusive las Islas Canarias, la hora GMT+1 (nuestra actual hora de invierno, salvo en Canarias donde es la de verano). Así no solo tendríamos una única hora nacional, sino también ibérica, si como es previsible Portugal opta por su actual hora de verano.

Sin embargo, al suponer anocheceres estivales una hora más tempranos en la España peninsular y en las Islas Baleares, debido a la supresión del adelanto del reloj de marzo a octubre, sería seguramente un cambio impopular, dado el aprecio que solemos tener a las largas tardes de luz, que coinciden con nuestro habitual tiempo de ocio. Sobre todo en el turístico Levante, con los anocheceres más tempranos del país, cabría esperar una resistencia feroz contra la hora GMT+1, que hasta podría reavivar el conflicto catalán. También el Parlament Balear aprobó en 2016 por unanimidad una declaración institucional en la que pidió al Gobierno central mantener la hora de verano (GMT+2) durante todo el año en el archipiélago, una propuesta a la que se unió posteriormente la Comunidad Valenciana. Entonces era una reivindicación meramente simbólica e irrealizable dado que el cambio de hora era obligatorio en la Unión Europea, pero que si efectivamente llega a suprimirse puede aspirar a ser una solución alternativa –y ya no solo para Baleares y Valencia.

Accediendo a la adopción de la actual hora de verano (GMT+2), el Gobierno podría evitar un probable conflicto con estas regiones orientales y todos conservaríamos nuestras tan apreciadas largas tardes de luz, que en invierno hasta se prolongarían en una hora al suprimirse el retraso del reloj de octubre a marzo. Pero de la misma forma también se retrasarían los amaneceres invernales, hasta pasadas las 9 horas a principios de enero en todo el territorio nacional, algo que actualmente en Europa solo sucede en latitudes mucho más septentrionales, como Escandinavia. Pero mientras que ahí es inevitable por la corta duración de los días invernales, en España sería consecuencia de la hora elegida, la más adelantada frente a su posición geográfica de toda Europa. Cuanto más nos desplazamos al oeste, más se acentuaría este fenómeno, hasta llegar a amaneceres pasadas las 10 horas en Galicia a principios del año –algo que puede ser ventajoso para recuperarse la mañana de Año Nuevo de los excesos de Nochevieja, pero que en circunstancias normales parece un disparate.

Por tanto, aunque la hora GMT+2 puede ser muy popular y ventajosa para una parte de España y favorecer el turismo, no parece viable para las zonas más occidentales durante todo el año. En caso de optar por ella como hora permanente, convendría asumir que al menos las Islas Canarias y Galicia se quedasen con la hora GMT+1, coincidiendo (seguramente) con Portugal. Si bien este doble huso se perfila a priori como un inconveniente frente a la opción descrita anteriormente (GMT+1 para todo el territorio nacional), no debería descartarse de antemano, sobre todo si la opción GMT+1 acaba derivando en un conflicto territorial. No tendría por qué suponer una complicación insalvable para España, donde ahora mismo también conviven dos husos horarios. Cuando se indica la hora en la radio, a la famosa coletilla "una hora menos en Canarias" solo habría que añadir "y Galicia”.

Geográficamente tendría mucho sentido, ya que Galicia pasaría a formar conjuntamente con Portugal una zona horaria común para la franja más occidental de la península ibérica. El inconveniente de un cambio de hora en la frontera oriental de Galicia que lo separa del resto de España se vería compensado por la desaparición del cambio en la frontera meridional con Portugal. Tampoco debería interpretarse como una muestra de incapacidad de ponerse de acuerdo, sino más bien como la consecuencia de la considerable extensión Este–Oeste del país: el anochecer a finales de junio y el amanecer a principios de enero se producen más de una hora antes en Mahón (Menorca, Baleares) que en La Coruña (Galicia).

En cualquier caso, dada la complejidad de la cuestión, abordada con mayor profundidad aquí, no deberíamos complicarla más aun entremezclándolo con otros asuntos, como la conciliación laboral o la productividad, asuntos que no mejorarán con un mero cambio de nuestra hora oficial. Mezclar estos asuntos, como ocurre con frecuencia bajo el término genérico de ‘racionalización de los horarios’, solo añade confusión, muy palpable en el debate público.

De la misma forma tampoco parece razonable plantear el asunto en clave ideológica: una cosa es el origen franquista del actual horario español y otra cosa es la cuestión meramente práctica de qué horario es el que más nos conviene hoy en día. Regresar a la hora abolida por Franco -es decir, la de Greenwich (GMT) en la España peninsular y Baleares–, implicaría retrasar el reloj en dos horas frente a nuestra actual hora de verano, o, que es lo mismo, una hora frente a nuestra actual hora de invierno, dejando por ejemplo a Barcelona con unos anocheceres entre las 16:20 (a principio de diciembre) y las 19:30 (a finales de junio) aproximadamente. ¿De verdad queremos eso? Cuesta creerlo y da la impresión que algunos que lo piden no son conscientes de ello, y en realidad se refieren a la hora GMT+1 (que como ya aclaramos anteriormente es precisamente la hora ‘alemana’ adoptada por Franco, por mucho que ahora Alemania pretende sustituirla por la hora GMT+2).

 

 (*) Ansgar Seyfferth es director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science

Brexit, mercados y estados

Por: | 06 de septiembre de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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Un funcionario se lleva una bandera británica de la Comisión Europea en Bruselas. / REUTERS

 

Como ya nos hemos acostumbrado a que vuelvan escenas del pasado, no es del todo sorprendente que en las últimas semanas el Gobierno inglés haya estado considerando seriamente la posibilidad de almacenar comida y medicinas en caso de que ocurra lo peor tras el Brexit. Ese tipo de cosas eran comunes en tiempos más rústicos, pero hasta hace poco parecían impensables en una de las economías más avanzadas del mundo en el siglo XXI.

Sin entrar a pronunciarnos sobre los beneficios o desastres del Brexit y sus posibles escenarios, este evento es un muy buen recordatorio de que ciertos debates académicos de vieja data al final tienen relevancia en la vida práctica de los ciudadanos. El comercio internacional genera aumentos en la eficiencia de las economías. De eso no hay mucha duda. A fin de cuentas, mientras más competencia exista en la producción de cualquier bien, será más fácil conseguir dicho bien al menor costo posible. Ya desde el siglo XIX economistas como Bastiat habían explicado este raciocinio. Así las cosas, todo país debería simplemente dedicarse a reducir sus aranceles y negarse a tener vínculos comerciales exclusivos o preferentes con otros países. Debería dejar que a sus puertos lleguen los bienes más baratos, vengan de donde vengan.

Pero en la práctica las cosas no son tan sencillas. Algunos economistas consideran que los mercados son mecanismos autónomos que se autorregulan. Quienes eso creen, no tienen ningún problema en aceptar las recomendaciones de Bastiat y sus seguidores contemporáneos. Pero para otros economistas, y en esto están en compañía de politólogos y sociólogos, los mercados son el producto de una serie de delicados diseños institucionales en los que los estados juegan un papel central.

A los puertos británicos llegan todos los días alimentos procedentes de Europa. Tal vez no son los más baratos. Pero sí son los que cumplen con ciertas condiciones fitosanitarias que se han venido pactando durante décadas en la Unión Europea. Gran Bretaña podría, por supuesto, decidir que no quiere saber nada de tales condiciones. Así, si alguien quiere enviar carne con salmonela a los mercados británicos, deberían ser los consumidores los que tomen la decisión de si vale la pena arriesgarse. (¿No les parecía sospechosa esa bandeja de carne en el supermercado a menos de la mitad del precio de la que estaba al lado?).

Pero esa sería una decisión institucional, política. En la actualidad, Gran Bretaña, al igual que muchos otros países modernos, ha tomado la decisión de que la protección de sus consumidores es una labor del Estado y esto a su vez induce una estructura particular de los mercados. Salirse de la Unión Europea implica salirse de esa estructura. Hay otras estructuras, por supuesto. Estados Unidos tiene otros sistemas de regulación sanitaria, o de seguridad, o de calidad, o de tantas otras cosas. Gran Bretaña podría orientarse hacia allá si lo quisiera. O podría crear su propio sistema de regulaciones. (Al fin y al cabo, ya conducen por la izquierda y algunos practican el balconing. Lo de la excentricidad se les da bien…).

Cambios tecnológicos

Ahora bien, debido a una serie de cambios tecnológicos (por ejemplo: bienes cada vez más complejos, cadenas de producción más extendidas) y políticos (por ejemplo: la prioridad en el mundo noratlántico por evitar nuevos conflictos después de 1945), ha habido una tendencia a que las estructuras de regulación de los mercados sean cada vez más transnacionales. Esto ha tenido muchas ventajas ya que permite aprovechar economías de escala en la producción.

Por eso, el libre comercio es, en nuestro tiempo, un problema no solo de mercados sino de Estados. Para que existan mercados funcionales tienen que existir Estados funcionales tanto para la regulación doméstica como para abordar los temas interestatales.

Más allá de los dilemas que esto plantea para Gran Bretaña, también debe ser motivo de reflexión para los demás países. La globalización no debe ser entendida simplemente como un proceso que compete a los mercados. La globalización necesita también de procesos políticos, mientras más transparentes y democráticos mejor, para que se puedan repartir de manera equitativa las ganancias del comercio, de una manera que sea compatible con las necesidades de regulación de los estados participantes.

Mientras llega el día definitivo del Brexit, es un tema que nos debe motivar a pensar y, de pronto, a almacenar whisky y queso stilton. 

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

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Vista del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. / EFE

 

Llegados al políticamente descafeinado mes de agosto, es buen momento para dirigir la vista hacia el evento que marcará el calendario político continental en los próximos meses: las elecciones al parlamento europeo que se celebrarán en mayo de 2019. Así pues, esta novena legislatura europea se dirige progresivamente a su fin (la última sesión parlamentaria será el 18 de abril), la Comisión Juncker se va quedando sin tiempo para más, y los focos van apuntando a la carrera de fondo que culminará en dos tiempos; con la composición de la cámara el 26 de mayo, y la posterior investidura del que será presidente de la Comisión Europea hasta 2024.

Las fechas clave del proceso electoral anotadas por el Parlamento Europeo son las siguientes [1]. Para empezar, el proceso de selección de los Spitzenkandidaten, los candidatos de las diferentes familias políticas europeas a la presidencia de la Comisión, ocurrirá en los últimos meses del año. De hecho, el Partido Popular Europeo ya ha anunciado que elegirá a su candidato en un congreso en Helsinki a principios de noviembre, mientras que el Partido de los Socialistas Europeos anunciará la terna de candidatos el 19 de octubre. A continuación, el pistoletazo de salida al período de campaña electoral oficial está previsto para el mes de marzo, mientras que los debates entre los candidatos a la presidencia tendrán lugar entre abril y mayo.

Ineludiblemente, el proceso electoral estará a su vez marcado por el 29 de marzo, fecha en la que se hará efectiva la desvinculación del Reino Unido a la UE. Una legislatura europea que comenzó con la sombra del fatídico referéndum anunciado por David Cameron acechando, y que quedó en shock cuando un 52% de votantes británicos puso en junio de 2016 a un socio clave en la rampa de salida, terminará con la formalización del Brexit en plena campaña electoral. A tiempo para que el debate se centre en la Europa que viene, y no en la que decidió dejar el país gobernado (a duras penas) por la conservadora Theresa May. Si la novena legislatura será recordada por el Brexit y la crisis del sistema de asilo migratorio, la décima deberá hacer méritos para generar una unión políticamente efectiva que pueda tanto ofrecer una solución real a los refugiados, como contrarrestar el auge de los populismos nacionalistas xenófobos, entre otros frentes abiertos.

'Spitzenkandidaten': ¿sí o no?

 No son pocas las voces que critican la novedad de las últimas elecciones de 2014, donde se estipuló que el nuevo presidente de la Comisión Europea debería ser el candidato común de la lista más votada. Los mayores detractores del nuevo encaje institucional son el Consejo Europeo y los euroescépticos. Varios de los jefes de Estado que forman el Consejo ansían volver al antiguo encaje, en el cual decidían el presidente de la Comisión tras rondas de negociaciones, resultando en la designación de un presidente con pocos enemigos, pero también con menor poder y legitimidad al no haber sido votado por los ciudadanos europeos (en su lugar ‘recibiendo’ el puesto de los primeros ministros, presidentas y cancilleres a los que debía su presidencia). Por su parte, los euroescépticos no presentaron candidato común en 2014 ya que esto supondría, según su juicio, legitimar una visión federalista e integradora de Europa.

Mientras esta reforma electoral e institucional no es vinculante formalmente, ya que tanto el Parlamento como el Consejo tienen que ratificar al candidato, sí que constituye un importante enlace directo entre los votantes y el presidente de la Comisión, y mucho se tendrían que torcer las cosas para que las instituciones vayan en contra de los resultados electorales. De hecho, el Parlamento ha expresado por activa y por pasiva que no permitirá la investidura de un presidente que no sea cabeza de lista, respondiendo tajantemente a los miembros del Consejo que apuntan que no respetarán el proceso.

Por otro lado, otras de las voces críticas argumentan que, si bien los Spitzenkandidaten supusieron un paso en la dirección correcta en cuanto a europeizar las elecciones y legitimar al presidente de la Comisión, este paso se queda corto de cara a tener unas elecciones ‘verdaderamente’ europeas, como claman tantos europeístas, Macron incluido. El siguiente paso, así pues, serían reformas institucionales tales que la competición de listas transnacionales en las elecciones, siendo elegida la candidata de la lista transnacional más votada, en vez del candidato de la familia política europea con más votos. En cualquier caso, los ejes centrales de desacuerdo son el nivel de europeización de la política parlamentaria y los encajes institucionales que decantan la balanza entre integración y soberanía nacional. 

A pesar de las dudas que existen acerca de esta medida, introducida también para dar mayor visibilidad y coherencia interestatal a los diferentes proyectos europeos en liza a través de un candidato común, y a pesar de que el nivel de interés popular que generaron los debates televisados no satisfizo las ambiciones de los europeístas, parece ser que el proceso electoral dará cierta continuidad al modelo de 2014. Si finalmente, sale adelante esta segunda oportunidad a la iniciativa, varios actores (partidos políticos domésticos y sus familias europeas, medios de comunicación, sociedad civil) tendrán que realizar un esfuerzo para que realmente se consiga el interés público deseado. Antes de llegar a ese punto, será interesante ver quienes lideran las candidaturas de las diferentes familias políticas europeas, más aún teniendo en cuenta que estas elecciones contarán con las primeras listas transnacionales de su historia, ya confirmada Primavera Europea, asociada al movimiento paneuropeo DiEM25 (no confundir con la coalición española del mismo nombre que participó en las últimas elecciones europeas, uniendo a Equo y Compromís, entre otros), y a la espera de ver como se desarrolla el proyecto de Macron junto a Ciudadanos.

Debates electorales y la importancia de la mediatización del contenido programático

Uno de los mayores quebraderos de cabeza con los que se topó el intento de europeizar las elecciones de 2014 a través de los candidatos comunes fueron los debates televisados. Se celebraron un total de diez debates figurando a diferentes candidatos, de los cuales la mitad enfrentaron únicamente a Juncker (PPE) y Martin Schulz (PSE), y solo uno contó con los cinco cabezas de lista. Tres de los debates fueron en francés, dos en alemán y los restantes cinco en inglés. Estos debates no fueron seguidos en España, mientras que los debates entre los cabezas de lista de los diferentes partidos nacionales dejaron índices de audiencia decepcionantes [2].  

Así pues, es esencial que los medios de comunicación recojan los puntos programáticos de los diferentes candidatos, y que se dé lugar a un verdadero debate sobre asuntos europeos. Los partidos políticos domésticos también deben abandonar la mala costumbre de centrar el debate en asuntos puramente nacionales y cálculos electoralistas para que el intercambio de información e ideas se centre en los diferentes proyectos paneuropeos que competirán, ya sea a través de candidatos comunes o de listas transnacionales.

 Triple cita electoral simultánea: ¿Positivo o negativo?

La coincidencia de las europeas con las municipales y autonómicas en nuestro país el domingo 26 de mayo (la última vez que ocurrió fue en 1999) es, por lo tanto, un arma de doble filo. Por un lado, puede incentivar a los partidos a perder de vista Europa para centrarse en mensajes nacionales, pero también puede situar asuntos europeos en las  agendas domésticas con una facilidad mucho mayor que si las elecciones no coincidieran. A la vez, si tenemos en cuenta que la participación en las municipales y autonómicas suele estar alrededor de un 65%, mientras que la participación en las últimas europeas se situó en un pobre 44%, lo normal sería que la participación española en estas europeas sea notablemente mayor de lo habitual.

Una mayor participación ciudadana es indudablemente algo que celebrar; sin embargo, si los ciudadanos depositan su voto para las europeas sin conocimiento de los diferentes programas y dependiendo de lo que voten en los comicios municipales o autonómicos, habrá menos que celebrar. No hay que restar la importancia que tienen la política local y regional, pero de ninguna manera se puede perder de vista que el proyecto europeo se juega mucho en estas elecciones.

[1] http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/

[2]https://www.20minutos.es/noticia/2143600/0/infimo-seguimiento/debates-televisivos/elecciones-europeas/

 

(*) Mateo Peyrouzet es investigador de la Fundación Alternativas

La nueva Constitución cubana debate sobre el Estado de Derecho

Por: | 20 de agosto de 2018

DIEGO LÓPEZ GARRIDO (*)

 

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Sesión del Parlamento Cubano. / STR (AFP)

 

El Proyecto de Constitución de la República de Cuba que se acaba de lanzar a discusión popular no es una mera reforma constitucional. Es un texto completo alternativo, distinto aunque no opuesto,  al que se aprobó en 1976, que fue  reformado luego puntualmente en varias ocasiones hasta 2002.

Es verdad que el Proyecto mantiene, como no podría ser de otra forma, lo que llamaríamos ‘principios constitucionales’ del régimen nacido con la revolución castrista: liderazgo del partido único, modelo económico de control estatal de los medios de producción esenciales (aunque admitiendo formas de propiedad privada); y las conocidas como conquistas de la revolución, esto es, educación , sanidad y servicios sociales universales y gratuitos, que le han proporcionado a Cuba una indiscutible estabilidad política. Sin embargo, el nuevo texto, de 224 artículos, dos disposiciones especiales, trece transitorias y dos finales, es técnicamente bastante  correcto y, sobre todo, propone algo absolutamente novedoso en el sistema legal de Cuba: la pretensión de establecer un  Estado de Derecho basado en la supremacía de la Constitución  ( arts. 1 y 7).

No sabemos lo que deparará a Cuba la nueva Constitución, pero el esfuerzo por empezar la era postcastrista con el rule of law y el ‘debido proceso’ es un paso relevante. El Proyecto que hemos conocido intenta salir de un sistema en el que la Constitución era una Carta meramente política, sin carácter vinculante, sin merecer el nombre de una verdadera Constitución, a integrar a Cuba en el mundo del constitucionalismo formal.

A lo largo del proyecto encontramos constantes apelaciones a términos o fórmulas que nos resultan familiares a los europeos: “La Constitución es la norma suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla”. (art. 7); la República de Cuba “sostiene su voluntad de observar de manera estricta los principios y normas que conforman el Derecho Internacional… y los demás principios proclamados en la Carta de Naciones Unidas”; “El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera”(art. 28); “La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización”(art. 30); “Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso” (art. 48, que también  desarrolla las garantías procesales esenciales en un Estado de Derecho); ”Las personas tienen derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de sus derechos “ (art.94); “Los magistrados y jueces… son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Asimismo son inamovibles…” (art, 147). Hay un atisbo de estructuración de las fuentes del derecho, si bien el art.102 otorga a la Asamblea Nacional del Poder Popular una extraña potestad de interpretar la Constitución y las leyes, “general  y obligatoria”, “en caso necesario”.

Vemos una afirmación en el Proyecto que sorprende por la apertura de Cuba a un sistema jurídico supranacional. En  los  arts. 16 c. y 18 se apuesta por una “integración y colaboración con los países de América Latina y del  Caribe” y, en esa línea, se permite “atribuir a entidades supranacionales el ejercicio de las facultades requeridas para ello”. Es sin duda una orientación que quiere romper con el aislamiento o aislacionismo político y jurídico.

Es cierto que no basta con estas proclamaciones para convertir a Cuba en un modelo de democracia liberal con separación de poderes y pluralismo político.  No lo pretenden los dirigentes cubanos. Es también cierto que hay un desequilibrio entre los derechos que se enuncian (aparece la libertad de prensa tímidamente, se reconoce la relación homosexual, entre muchos otros derechos que se reconocen en los artículos 39 a 95) y la ausencia de controles jurisdiccionales de constitucionalidad (por supuesto, no hay un Tribunal Constitucional). Pero el paso positivo que este texto aporta hacia el  respeto al derecho es indudable. La historia de Europa lo demuestra. Lo primero fue el Estado de Derecho. Luego llego lo demás.

 

(*) Diego Lopez Garrido es miembro del Patronato de la Fundación Alternativas

Doñana o el futuro y el pasado de España en la UE

Por: | 15 de agosto de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

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Pedro Sánchez y Angela Merkel, en Doñana. / F. CALVO (EFE)

 

Una de las más extravagantes críticas que se han formulado este verano a la política europea del Ejecutivo español ha sido la de buscar acuerdos bilaterales con Alemania en vez de tratar de conseguirlos en el nivel comunitario. Puede que tal reproche se termine haciendo cada vez que el presidente del Gobierno se reúna con uno de sus pares importantes de la UE, lo que no haría sino ahondar en lo disparatado del reproche de la oposición.

Durante muchos años, los Gobiernos de Aznar vieron a la Unión Europea como un marco político en el que la influencia de España debía basarse en su capacidad para bloquear decisiones. De ahí su empeño en conseguir mantener el ‘peso’ de nuestro país en las instituciones comunitarias a través de sus votos en el Consejo de la UE, de forma que estuviera en condiciones aritméticas, junto con otros, de impedir que se adoptaran decisiones lesivas para los intereses nacionales.    

Esa concepción partía de situar a Alemania y a Francia como competidores objetivos de España, una suerte de amigos/enemigos de los que había que recelar casi por principio. De esa forma, nuestro país se convirtió en un actor incómodo en la UE, siempre dispuesto a decir que no en lugar de defender sus intereses en positivo –como sí había hecho Felipe González-,  haciéndolos coincidir con los de la Unión. Solo de esa segunda manera, por ejemplo, fue posible poner en marcha las políticas de cohesión, la euromediterránea y la eurolatinoamericana.

El punto culminante de la política europea del aznarismo fue el intento de división de la UE con la ‘Carta de los Ocho’ con motivo de la Guerra de Irak, que no solo fracasó, sino que dejó muy tocada a España en la UE hasta el retorno del PSOE al Gobierno en 2004.

¿Significa la crítica del PP a la cumbre Merkel-Sánchez en Doñana una vuelta de la derecha española a su desconfianza hacia Alemania y Francia? ¿Volverá a decir lo mismo cuando el presidente del Gobierno español se reúna con Macron? ¿Hasta qué punto la evidente satisfacción de Aznar con la elección de Pablo Casado puede empezar a sentirse en la política europea del primer partido de la oposición?

El tiempo va a responder a esas preguntas, pero convendría advertir de algunas cuestiones relevantes si las respuestas a los mismos son afirmativas –lo que sería algo más que preocupante-.

La primera es que buscar aliados en la UE de hoy en día más allá de Berlín y París es necesario y positivo siempre y cuando sea para sumar a una alianza proactiva entre Alemania, Francia y España, nítidamente beneficiosa para nuestro país y que, afortunadamente, ha sido restablecida con celeridad tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. Lo que sería un despropósito es buscar coincidencias con gobiernos que poco tienen que ver con una concepción europeísta de las cosas, idea que es difícil alejar de las intenciones de la derecha española a la vista del inquietante discurso de su nuevo líder sobre las migraciones y el asilo.

La segunda es que la única forma de conseguir que la UE siga profundizando su integración, adopte políticas eficaces frente a los complejos problemas que tiene que resolver y resista el desafío populista que anida en demasiados de sus gobiernos nacionales es fortalecer la confluencia entre  Berlín, París y Madrid. Sea para aprobar decisiones en el Consejo y el Parlamento Europeo, poner en marcha cooperaciones reforzadas o incluso promover reformas de índole constitucional (o sea, del Tratado en vigor), ese trío es imprescindible para conformar alianzas más amplias. Y no digamos, por cierto, para que el próximo Marco Financiero Plurianual sea lo mejor posible para España.

En concreto, y volviendo a la curiosa crítica al encuentro de Doñana, quien la hace debería ser consciente de que no habrá soluciones europeas al reto migratorio sin Alemania ni Francia y su poder político y financiero, es decir, tratando de empezar la casa por el tejado. Europa vive momentos de incertidumbre de los que, como siempre, puede salir avanzando.

Más de cien circunscripciones que registraron una mayoría a favor del Brexit han cambiado de opinión, según un serio estudio publicado por The Observer, lo que podría influir en el voto final de los Comunes y variar la postura de Corbyn contra un replanteamiento del abandono de la UE por el Reino Unido. El propio Erdogan está comprobando la soledad de tener que enfrentarse a Trump al mismo tiempo que ha debilitado sus lazos con Bruselas. ¿Por qué traigo a colación estos casos?

Porque la fuerza de la Europa que protege –en definición de Macron- puede sentirse con fuerza dentro y fuera de la UE en una coyuntura complicada a poco que los grandes países europeístas, como Alemania, Francia y España, sean capaces de acertar en los próximos meses, construyendo una hegemonía ante el grupo euroescéptico que ha ido creciendo en tamaño y audacia  (o demagogia, como se prefiera) en los últimos tiempos. Si lo consiguen, las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 serán un éxito porque la ciudadanía tendrá un punto de referencia para votar de forma progresista frente a los falsos y peligrosos reclamos del populismo y el antieuropeísmo.

En ese marco, la reunión Merkel-Sánchez se dirige hacia el futuro más próximo. Y las críticas de la oposición a la misma, hacia el pasado.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Plataformas digitales: Diálogo sobre el diálogo

Por: | 10 de agosto de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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El servicio de Uber se contrata a través de una aplicación móvil.

 

Una vez más Barcelona y Madrid han sido testigos de conflictos laborales en torno a las plataformas digitales, en particular Uber y Cabify. No es la primera vez ni será la última. Si en algo hay consenso entre todos los actores de estos conflictos es en que la tecnología de estas plataformas vino para quedarse. La única solución es adaptarse al cambio. ¿Pero cómo? Ahí comienzan las diferencias y, por lo visto, tomará mucho tiempo para que se llegue a una solución. Por eso, es fácil pronosticar que seguirá habiendo conflictos en torno a estos temas.

Los cambios tecnológicos siempre llegan de repente y por eso es normal que todos los afectados tarden en reaccionar. Además, las instituciones encargadas de liderar las reacciones están siempre diseñadas para mantener ciertas inercias, razón por la cual es normal que su primera reacción sea la de actuar como si nada, o casi nada, hubiera cambiado o, por lo menos, introducir la menor cantidad posible de modificaciones. Con la irrupción de las plataformas digitales estamos viendo este mismo fenómeno una vez más.

El problema va mucho más allá de Uber. De hecho, sigue siendo un misterio la rentabilidad de esta empresa y no falta quien le pronostique una pronta desaparición. Incluso, hay quienes ven en el horizonte la llegada de los coches sin conductor que terminarían por dejar a Uber en la obsolescencia. Pero aún si Uber desapareciera mañana, las plataformas digitales que permiten ajustar en tiempo real la oferta y la demanda de servicios han penetrado en muchísimos otros sectores.

Esto tiene profundas implicaciones. Una empresa es, en últimas, un sistema de contratos diseñado para repartir los riesgos y beneficios entre empleadores y empleados, incluidos muy prominentemente los riesgos resultantes del desajuste entre oferta y demanda. Por eso, las plataformas digitales tienen el potencial de transformar profundamente la relación laboral. Los conductores de Uber, los repartidores de Deliveroo, los traductores de Mechanical Turk, ¿son empleados o trabajadores por cuenta propia? De la respuesta que se dé a esta pregunta dependerá quién asume los riesgos económicos y ocupacionales, quién es responsable del ahorro pensional o de garantizar condiciones de trabajo dignas y dónde se resuelven los diferendos que puedan surgir entre trabajadores y empresas.

Hasta el momento tanto el Estado como los sindicatos (y en cierto modo la academia también) han reaccionado buscando la manera de incorporar estas innovaciones tecnológicas dentro del marco regulatorio existente. Pero no es fácil y hay razones para dudar de que sea posible. Los trabajadores de plataformas digitales operan de una manera bastante dispersa lo que hace muy difícil que los mecanismos habituales utilizados por los sindicatos para organizar a los trabajadores funcionen en este caso. Aún si se lograran los umbrales necesarios de organización, no está claro el marco legal dentro del cual se llevaría a cabo el supuesto diálogo social.

Cooperativas

Ante tantas dificultades, hay actores que han optado por otros modelos organizativos. Hay varios ejemplos de plataformas digitales creadas por trabajadores a manera de cooperativas que buscan competir con las más grandes. Pero, por supuesto, estas iniciativas también tienen muchas dificultades. Al fin y al cabo, detrás de un Uber o un Deliveroo están grandes inversionistas mientras que una cooperativa de “riders” difícilmente tiene capital semilla. Estas barreras podrían mitigarse con cierta inversión pública. Al fin y al cabo, muchas ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, han apostado recientemente por estimular la formación de cooperativas.

¿Es mejor extender el sistema tradicional de diálogo social a las nuevas plataformas o sería mejor priorizar la formación de plataformas cooperativas que den nuevas garantías de derechos laborales a sus miembros? Imposible responder esta pregunta en abstracto. Muy seguramente, cada una de estas opciones (y otras más) va a ser explorada cosechando éxitos y fracasos. Pero lo que esto deja en claro es que cada una de estas opciones corresponde a un enfoque distinto del estado del bienestar. El primer enfoque está sustentado sobre las estructuras sindicales ya conocidas, en el que el empleo es la fuente de derechos, mientras que el segundo depende más de un tipo de inversión pública que en lugar de “proteger al empleo” busca “proteger al trabajador” mediante medidas de soporte del ingreso desvinculadas de la relación laboral.

Todos los participantes en las plataformas digitales dicen estar a favor del diálogo social y, sin duda, muchos lo dicen con sinceridad. Pero para que dicho diálogo arranque en serio será necesario tener un diálogo sobre las premisas y objetivos de dicho diálogo.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Vuelve la diplomacia cultural

Por: | 06 de agosto de 2018

INMACULADA BALLESTEROS (*)

 

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Sede del Instituto Cervantes en Madrid.

 

La toma de posesión del nuevo Gobierno hizo crecer las expectativas de muchos sobre algunos temas, entre ellos la cultura. Siguen siendo numerosos los asuntos pendientes sobre la mesa, y el nuevo ministro ya los ha repasado casi todos en su intervención ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado doce de julio. Manteniendo una línea realista y pragmática, parece que el nuevo responsable de Cultura quisiera desinflar los sueños de los que queremos que por fin se tomen en serio las demandas de este sector que trabaja a diario para que entendamos y mostremos lo que somos como sociedad.

Uno de los temas que sin duda ha vuelto con fuerza es el de la diplomacia cultural. Este es uno de aquellos que debería estar siempre en la lista de asuntos de Estado, de manera que los sucesivos cambios en el Ejecutivo no afectaran a la toma de decisiones. Por el contrario, durante los últimos años ha habido un flagrante descuido de las acciones encaminadas a la proyección de nuestros creadores más allá de nuestras fronteras. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de cooperación cultural, que tal y como venimos recogiendo en el Informe sobre el estado de la Cultura[1] de la Fundación Alternativas, redujeron su presupuesto un setenta por ciento, provocando la desaparición  muchas iniciativas exitosas. Por otro lado, está el continuo debate de la gestión de la diplomacia cultural. Hay quien opina que al tratarse de diplomacia pública debería ser asumida por los profesionales del ramo. En todo caso, en los últimos años se ha demostrado que esa estrategia no ha dado muchos frutos. Es notorio que la política exterior del anterior gabinete ha desdibujado la influencia de España en la escena internacional.

Se podría aducir falta de estrategia o previsión. La cuestión es que en los últimos meses estamos escuchando desde el MAEC una voz más coordinada y ajustada a lo que la mayoría espera de la acción exterior de nuestro país. En este marco es donde los nuevos responsables de cultura empiezan a hablar de diplomacia cultural. Lo hizo el ministro en su intervención ante la Comisión del Congreso, aludiendo al Plan de Acción Cultural Exterior de 2011. En esos años nuestro país podía contar ante las legaciones extranjeras la importancia que se le daba a la cultura en la acción exterior, por su aporte al Producto Nacional Bruto, pero también como substancial complemento  a la diplomacia tradicional que se ejerce de gobierno a gobierno. La diferencia en materia de cultura es que las relaciones se establecen entre personas, más allá de los intereses políticos y económicos. Los vínculos culturales que se crean entre las sociedades civiles de los distintos países son mucho más fuertes porque se basan en valores universales compartidos.

Por ese motivo es determinante que sean profesionales de la cultura los que estén a cargo de estas estrategias. Este es el caso, por ejemplo, del nuevo responsable del Instituto Cervantes, un intelectual reconocido que podrá relacionarse con sus pares en cualquier parte del mundo, porque hablarán el mismo idioma, ese que trasciende los intereses partidistas y busca profundizar en la esencia del hombre como habitante de este mundo.

Más allá de eso, la acción cultural exterior debe coordinarse para alcanzar la eficacia y eficiencia deseadas y evitar duplicidades inútiles. Por eso nació el Plan Nacional de Acción Cultural, que además era una herramienta para dar a conocer la riqueza y diversidad de España y las distintas realidades culturales que la componen. En este marco se deberán orientar las acciones de los organismos con competencias en la materia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E). En la mente de todos están aquellos logros para la cultura como fueron la creación del Instituto Cervantes en 1991, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992, o la importante aportación de España a la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO en 2003, y a la Carta Cultural Iberoamericana en 2010. Está por ver si llegaremos a conseguir triunfos de ese calibre, pero la recuperación de la acción coordinada en materia de cultura exterior ya es un motivo de confianza en el nuevo ejecutivo.

[1] http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2018-espana-y-el-espacio-cultural-iberoamericano

 

(*) Inmaculada Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

El País

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