Bárcenas, el memorioso

           

    El comisario José Luis Olivera, a la izquierda. 

 

        

Luis Bárcenas y su letrado en agosto de 2012, Alfonso Trallero.

   

   Luis Bárcenas, como Funes el memorioso, el personaje del cuento de Jorge Luis Borges, recupera poco a poco con precisión los detalles. Comparte con Funes el retiro y la vida en la sombra. Pero mientras Funes necesita un año para recordar algunos días, Bárcenas no tiene problemas para el recuerdo; en cambio supedita la difusión de los mismos a su estrategia procesal.

   En un cuaderno de papel cuadriculado, Luis Bárcenas va escribiendo en la cárcel de Soto del Real escenas que desarrollan algunos aspectos de la contabilidad B cuya llevanza estaba a cargo de él mismo y de Álvaro Lapuerta. 

   Antes de las pasadas Navidades, algunas de esas escenas estaban listas.

   En una de ellas, Bárcenas relata cuáles fueron las razones para que su abogado, Alfonso Trallero, se aviniera a escribir el 27 de agosto de 2012 una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ex senador y ex diputado del PP por Palencia. A espaldas del juez instructor Pablo Ruz.

Gallardón saca a España del rincón...

   

 

             

     José María Aznar ya lo hizo una vez.

    Ahora es el turno de Alberto Ruiz-Gallardón.

    Aznar explicó al presidente George W, Bush, en su rancho de Crawford, Texas, el 22 de febrero de 2003, al asegurarle el apoyo de España a la inminente invasión de Irak, la importancia del giro que estaba dando.

   "Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años", le dijo.

internacional.elpais.com/internacional/2007/09/25/actualidad/1190671217_850215.html

  Así sacó Aznar a España del rincón de la historia en la que se encontraba en 2003.

 Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, está en lo mismo.

 Ha logrado que esta semana, tras la visita de Mariano Rajoy a la Casa Blanca, el periódico más importante de Estados Unidos, The New York Times, dedique un editorial al anteproyecto de ley del aborto.

 "El alarmante debate sobre el aborto en España".

http://www.nytimes.com/2014/01/18/opinion/spains-alarming-abortion-debate.html?partner=rss&emc=rss&_r=0

   "Si la ley sale adelante, España se convertirá en el primer miembro de la Unión Europea que da marcha atrás respecto a una tendencia que dura décadas de aborto seguro y legal", señala.

  "El debate se está desarrollando más allá de España. Alberto Ruiz-Gallardón, el principal arquitecto del anteproyecto y ministro de Justicia, se ha comprometido a llevar su cruzada anti-aborto al Parlamento Europeo y romper "el mito de la superioridad moral de la izquierda." Jean-Marie Le Pen, el ex jefe del partido de extrema derecha Frente Nacional de Francia, ha elogiado el proyecto de ley española. Ambas partes están luchando para ganar escaños en las elecciones de mayo para el Parlamento Europeo, lo que garantiza que el tema va a jugar un papel central".

   ¡Lo ha conseguido! 

   ¡Ha salido en un editorial de The New York Times!

   Miren ustedes la influencia del ministro Gallardón.

   Ah! pero espere usted un momento, dirán en el PP. 

   Todo este ruido es para no hablar de la recuperación económica....

   ¿Y que nos dice de la recuperación económica señor periodista?

  Ajá.

  Pues esto: Moody's, la agencia de calificación norteamericana, que ha descrito un cuadro con tendencia de riesgos a la baja para España esta semana, acaba de dar a conocer la noticia: sube el rating de Irlanda, país que ha sido rescatado hasta hace un mes, desde el bono basura a la nota Baa3 con perspectiva "positiva".

  Pero, ¡si es la misma calificación que la del Reino de España!

  La nota, sí.

  ¿Y qué perspectiva tiene España?

   La de España fue mejorada hace un par de meses. Su perspectiva ha pasado de "negativa" a "estable".

  Y esta semana el ministro Luis de Guindos ha pedido a las agencias que se jueguen un poco más el tipo  y eleven la calificación y/o la perspectiva.

 Porque la Baa3 con perspectiva estable "casa mal" con la recuperación que vende el Gobierno de Rajoy, parafraseando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

  Porque, claro, España, que solo sufrió un rescate, perdón, que solo obtuvo asistencia de 41.000 millones de euros para salvar a Bankia y otras entidades financieras, está por debajo de la nueva perspectiva "positiva" de Irlanda.

 Y si ya sabíamos que España no es Uganda...acabamos de saber que tampoco es... Irlanda.

 La prima de riesgo que paga Irlanda por colocar su bono a diez años es de 142,50 puntos básicos y su nueva perspectiva es "positiva". Mientras, la prima del bono español a diez años ha cerrado a 196,50 puntos básicos.

 

D de deflación

             

   Pier Carlo Padoan, economista jefe de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las 34 naciones más desarrolladas del mundo, sigue los pasos a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Central Europeo (BCE), explica Padoan, debe mantener una extrema vigilancia sobre la amenaza deflacionista.

   Aunque la deflación, una caída del nivel general de precios de bienes y servicios de la Eurozona, no es una amenaza inminente, Padoan advierte: "Si no hay un despegue vigoroso del crecimiento y los niveles de precios caen, tienes que ser más cuidadoso".

   En una entrevista con The Wall Street Journal, el economista jefe de la OCDE recuerda lo devastador que es la deflación para los gobiernos, las familias y las empresas endeudadas.

   Un periodo largo de caída de precios (deflación) aumenta el valor efectivo de la deuda. 

   Según apunta el economista jefe de la OCDE, Mario Draghi, presidente del BCE, debería adoptar el mismo slogan que en su día, en julio de 2012, lanzó para garantizar la integridad del euro: "hacer lo que sea necesario" también para combatir la deflación.

   Padoan admite que calibrar cuando comienza un periodo de deflación (actualmente hay presiones deflacionistas en la Eurozona, con algunos países en los que los precios caen y otros en los que suben de manera muy limitada) es siempre muy difícil. No solo hay que acertar con la caída del nivel general de precios sino con el comportamiento de los consumidores. Es la experiencia de Japón. Cuando las familias y empresas empiezan a aplazar sus compras con la esperanza de que los bienes y servicios van a ser más baratos (caída sucesiva de precios) más adelante, la trampa deflacionista es muy difícil de combatir.

   Para Padoan, el BCE tendría que estar alerta para seguir, si se confirma el peligro de deflación, la senda de los bancos centrales de Estados Unidos, de Japón y de Inglaterra, que inyectan cuantiosa liquidez en los mercados. También, señala, se puede aplicar una tasa negativa a los depósitos que mantienen los bancos de la Eurozona en el BCE, es decir cobrarles por aparcar el dinero allí, a fin de que estas entidades se vean obligadas a prestar en sus respectivos países a empresas y familias. 

  En la Eurozona, los precios se situaron en diciembre en una tasa interanual  del 0,8%.

  En España, la inflación ha sido en 2013, según el Índice de Precios al Consumo que ha anunciado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), del 0,3%, en un contexto de caída de los ingresos de las familias y de un endeudamiento muy elevado tanto de familias como empresas y Administraciones Públicas.

 

El triunfo de Gestha

 

           

    ¿Quién propuso primero que comparecieran los peritos de Hacienda ante el juez Castro?

  Pues, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Los dirigentes del sindicato denunciaron hace casi un mes que si bien el juez Castro había solicitado a los peritos que calculasen el posible delito fiscal cometido a través de la sociedad Aizoon, compartida a partes iguales por Iñaki Urdangariín y la infanta Cristina, sin los presuntos gastos irregulares, los informes incluyeron... esos gastos irregulares.

  En danza están tres facturas por importe de 69.900 euros. Esto es importante porque determinaría el delito fiscal o su inexistencia. Ya que si se descuentan, como han hecho los inspectores de Hacienda que trabajan en el caso, no se llegaría a la cuota defraudatoria anual, que debe ser superior a 120.000 euros. 

   Para aclarar este punto, el sindicato sostenía que para aclarar esto se debía citar a los peritos que han elaborado el informe. Así se podría preguntar por qué habían aceptado en su último informe unas facturas que anteriormente habían rechazado. A ojos de Gestha el último informe dejaba mucho que desear.

  El fiscal Pedro Horrach incluyó a mediados de diciembre, en un escrito al juez, la petición de abrir diligencias contra el responsable de Gestha por acusar a los inspectores de Hacienda que ejercitan el auxilio judicial en el caso Nóos de manipular los datos.

  Mira por dónde, ahora ha sido el fiscal Horrach quien ha tomado la iniciativa de pedir al juez Castro la comparecencia de los inspectores antes de la declaración de la infanta Cristina y el juez Castro quien les ha citado para el 25 de enero próximo.  

  La pregunta es: ¿cuál es el alcance estratégico de la petición del fiscal Horrach?

 O mejor: ¿pedirá Horrach después que los peritos ratifiquen sus informes ante el juez la anulación de la imputación de la infanta Cristina?

  En otros términos, ¿puede ser esta iniciativa un intento final de evitar la declaración de la infanta?

   

 

¡Es la deflación, estúpido!

   

            

    

   Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha pronunciado la palabra maldita: deflación.

   Es el nuevo fantasma que recorre el mundo desarrollado.

  Es la primera vez que de forma tan clara y sin ambages, el FMI alza la voz. Detrás de los bastidores se advierten los esfuerzos del economista jefe del FMI urgiendo a la directora gerente. De francés a francesa. De Olivier Blanchard a Christine Lagarde. La deflación -que no desinflación- puede bloquear la débil recuperación mundial.

   Lagarde tiene una "gran esperanza".

  "Que 2014 sea un año trascendental, el año en el que los `siete años débiles´, económicamente hablando, se deslicen hacia ´los siete años fuertes´". Lagarde evoca tímidamente, sin llegar a utilizar las mismas palabras, el libro del Génesis y el sueño del faraón en el cual siete vacas flacas se comen a siete vacas gordas. Las primeras representan, según la interpretación de José, siete años de penurias y las segundas siete años de prosperidad. 

   Ahora bien, vayamos a la realidad.

Estrategias y estratagemas

 

            
   

     ¿Cambio forzado de la estrategia en el caso de la infanta Cristina?

     Sí.

    Un rosarino, es decir, una persona oriunda de la ciudad de Rosario, Argentina, que, claro, no es Messi, define la estrategia jurídica como la "ordenación de los medios para lograr el objetivo general de Derecho perseguido" y la táctica jurídica como "los medios específicos para el cumplimiento de esa estrategia"- (Ver La estrategia jurídica. Una deuda del derecho actual)

http://www.centrodefilosofia.org.ar/Estrategia/ESTRATEGIA%20JURIDICA2.pdf

   Si se aplica esta descripción del jurista Miguel Ángel Ciuro Caldani, representante de la doctrina jurídica llamada trialista, a la defensa penal de la infanta Cristina, se podría ver el giro estratégico. Esa defensa ha dispuesto de manera diferente uno de los medios específicos para lograr su objetivo general, que es la exculpación.

  El medio específico sería la declaración ante el juez.

 Hasta ahora, el "medio específico" lo era todo. A tal punto que tanto la Casa del Rey como la defensa penal habían consagrado una especie de derecho soberano de la infanta a no declarar.

  Un reflejo de ello fue la reacción del letrado de la infanta Cristina a pie de los tribunales, Jesús María Silva, quien llegó a ironizar (matizando un día después) sobre la citación del juez Castro. 

  "Ya que tantas ganas hay de oírla, pues que lo cuente. Es una posibilidad que no descarto", dijo el martes, día 7 de enero, nada más conocer el auto de imputación de la infanta y su citación para el 8 de marzo.

   Si se echa la moviola hacia atrás la broma del letrado aparece en un contexto preciso.

Lesmes, todo bajo control

                            


                      
             

 

            

 

     

   Magistrado Dimitry Berberoff 

   

   El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha sorprendido a los vocales con sus personalísimos nombramientos.

  La designación de la nueva directora de Comunicación, Cristina Ónega, es una atribución del presidente, según la nueva ley vigente. Pero, algunos vocales se preguntan por qué Lesmes dejó de informar, por cortesía, al pleno. Se trata de la directora de Comunicación del organismo, no del presidente.

  Lesmes comentó en el primer pleno tras su nombramiento, a preguntas de algunos vocales sobre quién ejercería de portavoz del CGPJ, que estaba pensando en introducir un cambio. En lugar de que un vocal fuera el portavoz del Consejo, como hasta ahora, pensaba en contratar a un periodista de reconocida trayectoria para que hablara a los medios de comunicación en nombre del CGPJ.

 Lo siguiente fueron rumores. Lesmes, según algunos de esos rumores, mantuvo negociaciones con el conocido periodista Fernando Ónega, quien, según fuentes consultadas, habría puesto unas condiciones que el presidente del CGPJ no estaba en situación de satisfacer.

  A continuación, surgió la idea de Cristina Ónega, una periodista que ha realizado una cobertura sistemática de la información judicial durante largos años. Ahora se trataba, para ella, de situarse al otro lado del mostrador. Ónega era hasta las últimas horas jefa de la sección Nacional de los Servicios Informativos de Televisión Española.

  Lesmes, pues, usó su atribución para esta designación pero nada informó ni a la Permanente ni al Pleno. No tenía que hacerlo...y decidió no hacerlo. Pero los vocales, y entre ellos quienes le apoyan sin fisuras, están algo molestos.

  Y no solo por este nombramiento.

  El magistrado Ángel Juanes ya es vicepresidente del Tribunal Supremo, a propuesta de Lesmes, refrendada por unanimidad en el pleno del CGPJ. Pero tampoco tuvo la deferencia de anunciar quién era su candidato a vicepresidente con antelación, ni a la sala de Gobierno del Tribunal Supremo, ni a los vocales del CGPJ. Lo hizo cuando prácticamente el nombre de Juanes salta a las ondas.

  Y hay más. Lesmes acaba de nombrar al magistrado Dimitry Berberoff, que es letrado en el Tribunal Supremo, y que es de la especialidad de Lesmes, como jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo.

 Ha sido Berberoff letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

  Berberoff ocupa, pues, el puesto del magistrado Jacobo López Barja de Quiroga.

  Eso sí, Juanes ha decidido hacer un fichaje de confianza en el Tribunal Supremo para tener bajo control la comunicación.

  Por ello, nombrará a la periodista Maite Cunchillos, especializada en información jurídica, directora de comunicación del Tribunal Supremo. La periodista es responsable de comunicación de la Audiencia Nacional desde 2004, año en que puso en marcha el primer gabinete de prensa de dicha institución.

  Juanes ha trabajado con ella durante más de cuatro años y medio, desde su llegada a la presidencia de la Audiencia Nacional en abril de 2009.

 

 

Esperando a... Teresa

              

  Gerardo Martínez Tristán jura como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

    El pleno de las nueve secciones de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (cincuenta magistrados) ha resuelto. 

   El magistrado Miguel Ángel Vegas Valiente, nuevo presidente de la Sala, ha presidido el pleno habida cuenta de la salida en comisión de servicios del promotor de este pleno: el magistrado Gerardo Martínez Tristán, flamante vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de su órgano más importante, la Comisión Permanente.  La mano derecha del nuevo presidente, Carlos Lesmes,

   Este pleno, en efecto, fue el resultado de una gran maniobra que, mira por dónde, terminó por catapultar a Martínez Tristán al CGPJ, donde ya había, años atrás, ejercido de letrado.

   Ganó el puesto de vocal y miembro de la Comisión Permanente pero... ¡ha perdido el Pleno! 

   Los mismos magistrados que paralizaron cautelarmente la privatización-externalización (sección tercera) resolverán el recurso de la Comunidad de Madrid contra su decisión.

  Se intentó hurtarles esa competencia para favorecer a la Comunidad de Madrid.

  Pero no ha podido ser.

 El tema estrella del Pleno era la suspensión cautelar de la privatización, bajo la fórmula de externalización, de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, que promueve el gobierno madrileño.

 La sección tercera de esta sala dictó un auto (bajo la presidencia de Fátima Arana Azpitarte y los integrantes de la sección Pilar Maldonado Muñoz, Margarita Pazos Pita y Rafael María Estévez Pendás) el 11 de septiembre de 2013 que paralizó el proceso de privatización-externalización hasta que dicha sección entrara al problema de fondo, a saber las posibles irregularidades de la privatización proyectada. La sección estimó que debía aceptar la suspensión cautelar porque de lo contrario, si el proceso de privatización se consumaba, el recurso interpuesto quedaba vaciado de contenido.

 La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que presentó el recurso, también solicitaba que esa suspensión tuviera vigencia hasta que se sustancie una querella criminal en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, por un lado, y el recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Constitucional.

  Pero la sección tercera desestimó estas exigencias, y admitió solo la suspensión cautelar.

  Fue el auto del escándalo. Y de las grandes maniobras.

 La Comunidad de Madrid presentó un recurso de reposición contra esta resolución de la sección tercera. Pero aquí comenzaba esta historia.

  Casi un mes más tarde, el 9 de octubre, otra sección, la octava, dictó otra resolución sobre un recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras contra la privatización-externalización.

  La sección octava está presidida por la magistrada Inés Huerta Garicano y de la misma forma parte Miguel Ángel Vegas Valiente, quien, según se ha apuntado, es, por su antigüedad, el nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sustitución de Martínez Tristán.

  En dicho auto, la sala octava desestimaba el recurso de Comisiones Obreras-

  La creación de una apariencia de discrepancia le permitió a Martínez Tristán justificar la convocatoria de un pleno para unificar criterios. Apariencia porque eran recursos por temas básicamente diferentes. Por lo que Martínez Tristán forzó la presunta contradicción entre dos secciones de la Sala.

   El 11 de octubre, sin pérdida de tiempo, decidió confiar a un pleno de todas las secciones la decisión. La fecha se mantuvo en reserva.

  La primera baja colateral, por así decir, de esta convocatoria, fue la sección tercera.

  Porque Martínez Tristán quitaba la competencia sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid ante la sección para dársela al pleno.

  Ya entonces Martínez Tristán e Inés Huerta Garicano estaban, en paralelo, en otras carreras.

 Martínez Tristán, como finalmente se concretaría, quería ser vocal y hombre destacado, por su experiencia anterior, en el nuevo CGPJ de Carlos Lesmes; Huerta Garicano, aspira a la sala tercera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo.

  El Partido Socialista de Madrid presentó una recusación contra Martínez Tristán antes de la celebración del pleno que reservadamente fue citado para el 31 de octubre de 2013.

  Sin embargo, el presidente no transmitió información a los magistrados de la sala sobre este incidente de recusación. Martínez Tristán consideró inexistente este incidente. A tal punto lo ignoró que se disponía a celebrar igualmente el pleno sin que se resolviera, a favor o en contra, la recusación.

  El pleno del 31 de octubre fue una asamblea de magistrados enfadados. Exigieron a Martínez Tristán que informara, antes de pasar al tema de fondo, es decir, la privatización-externalización, si era cierto que estaba recusado.

  Finalmente, a regañadientes, admitió que, en efecto, había una recusación. 

   El pleno, por una mayoría abrumadora (sólo cuatro magistrados, entre ellos Inés Huerta Garicano, votaron a favor de entrar en la materia con independencia del incidente de recusación), estimó que el asunto se abordara una vez resuelta la recusación.

   La recusación, como era previsible, no prosperó. Las causas invocadas (el hecho de que Martínez Tristán esté casado con la consejera de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha y de que fuera candidato del Partido Popular a vocal de CGPJ) están fuera de los requisitos previstos en la ley.

  Pero el hecho más relevante era que Martínez Tristán quitaba la competencia a la sección tercera para resolver el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid para que se desbloqueara la privatización-externalización. Esto era lo grave de la maniobra.

  Con todo, la aceleración en el proceso de constitución del nuevo CGPJ precipitó la elección de Martínez Tristán como vocal. Y, poco después, al ser elegido para integrar la Comisión Permanente, su sustitución por el magistrado más antiguo: Miguel Ángel Vegas Valiente.

  Es una sustitución muy breve. Porque Vegas Valiente está a punto de jubilarse.

 El próximo 19 de enero, pues, asume la magistrada que le sustituirá. Se trata de una magistrada independiente. Teresa Delgado Velasco, de la sección sexta.

  Está casada con el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

  Antes de la resolución, que se acaba de adoptar, había dos alternativas.

  La más sencilla, a la que según fuentes jurídicas, se avendría el presidente Miguel Ángel Vegas Valiente, sería dejar en manos de la sección tercera el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid para desatascar la privatización-externalización de los seis hospitales.

  Este desenlace ha tenido lugar después de un debate en el que han intervenido varios magistrados. En alguna de esas exposiciones, según fuentes dignas de crédito, quedó claro que no había contradicción real entre las decisiones de la sección tercera y la octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo porque loi que se debatía era diferente.

  Vamos, que se inventó una contradicción para convocar el pleno con la idea de darle la razón a la Comunidad de Madrid y desbloquear la privatización-externalización.

 Esta decisión decepcionará a la Comunidad de Madrid.

 Difífcilmente, la sección tercera variará su criterio sobre la suspensión cautelar del proceso de privatización-externalización hasta entrar en el tema de fondo, el de la legalidad o ilegalidad del concurso para adjudicar los seis hospitales.

  Pero es que, al devolverse ahora la competencia a quien correspondía, la sección tercera, el margen para futuras maniobras será más difícil.

 Porque, y esta es la nueva pieza del puzle, a partir del 19 de enero, como hemos apuntado, ya estará en la presidencia la magistrada Teresa Delgado.

 La segunda alternativa consistía en que el pleno de los magistrados ratificase la decisión ya adoptada por la sección tercera y desestimase el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid. Hubiera sido el tiro por la culata para la maniobra urdida.

 Ha triunfado, pues, la más sencilla. La sección tercera recupera la competencia que pretendía hurtarle Martínez Tristán.

 Martínez Tristán puede decir que lo intentó...pero que no pudo conseguirlo.

 Aunque nada tiene que ver, esta historia evoca otra.

  Quizá Ruiz-Gallardón, el ministro que dio el visto bueno al nombramiento de Martínez Tristán en el CGPJ, pase por trance parecido, en relación con el anteproyecto de ley del aborto.

  Lo intentó...pero no pudo lograrlo.

España desbanca a Grecia...

                     

        

   

   Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, acaba de dar a conocer las cifras de desempleo del mes de noviembre.

  La tasa, depurada de efectos estacionales, se mantiene en el récord del 12,1% en la Eurozona. Son 19.241.000 personas, 452.000 parados más que en noviembre de 2013.

  España sigue anclada en una tasa del 26,7%, mismo dato del mes de octubre.

  El último dato de Grecia corresponde a septiembre: 27,4%. Si se toma la cifra de paro de septiembre de Eurostat para España, 26,7, Grecia sigue encabezando la liga en la Eurozona. 

  Pero he aquí que la noticia es otra: el desempleo juvenil. En este gráfico está reflejada la fotografía.

     
  

    Los datos de los últimos dos años arrojaban una tasa más alta en paro juvenil (las personas comprendidas entre 15 y 24 años), respecto de la población laboral (los que tienen y no tienen empleo) de dicha edad, por parte de Grecia.

  Grecia registraba una tasa del 58,0% en el mes de agosto de 2013, seguida por España con un 56%.

 El último dato, de hoy miércoles 8 de enero de 2014, es que España desbanca a Grecia.

 La tasa que da Eurostat de paro juvenil para Grecia en el mes de septiembre, último dato conocido, es del 54,8%. El dato de paro juvenil de España en septiembre ha sido del 56,5%.

  Los datos de Grecia siempre se dan con un retraso de dos meses.

  Por tanto, mes a mes, en tiempo real, por así decir, la comparación no puede ser homogénea.

   El último dato para España dado a conocer por Eurostat hoy sobre paro juvenil en noviembre de 2013 es una tasa del 57,7%, tras alcanzar el 57,4% en octubre de 2013.

  

"Dación de cuenta" sobre el juez Silva

    

Manuel Moix, fiscal jefe del TSJ de Madrid

 

    En el orden del día de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrada el martes 7 de febrero figuraba un punto de interés.

   "Dación de cuenta" sobre el auto enviado el pasado 9 de diciembre al CGPJ por el juez Jesús Gavilán López, de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la situación del juez Elpidio Silva, el juez del caso Blesa. 

  Sobre este punto ha informado el nuevo secretario general del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Terrero.

   Vayamos al meollo del asunto.

 El magistrado Gavilán es el instructor de una querella presentada por el representante del Ministerio Público, el fiscal jefe del TSJ de Madrid, Manuel Moix, contra el juez Silva, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, por presuntos delitos prevaricación, retardo malicioso de la administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual.

  El pasado 9 de diciembre, el magistrado Gavilán dictó el auto que es conocido como auto de acomodación. Hasta ese momento se seguían diligencias previas de investigación. Y en las mismas se tomó declaración en calidad de imputado al juez Silva.

   La citada resolución coincide con el final de la instrucción de una causa. Todo el material está a disposición de las partes personadas. El auto debe describir los hechos punibles y la identificación de las personas a las que se imputan. Cuando esta resolución es firme, las partes pasan a solicitar, si así lo determinan, la apertura de juicio oral. Este auto de apertura de juicio oral no es recurrible.  

   Por tanto, el auto del juez Gavilán es la última resolución que los imputados podían recurrir en el procedimiento abreviado.

  El magistrado Gavilán, al terminar su auto de acomodación, señala lo siguiente:

  "2) Se declara formalmente imputado al querellado D. Elpidio José Silva Pacheco, de un delito continuado de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia, y contra la libertad individual, previstos en los artículos 446.3, 449.3 y 530 del Código Penal".

 Y

 "4) Póngase en conocimiento del Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial,  a los efectos del artículo 362 ss. y cc., de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por conducto del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

  El artículo 362 plantea la "suspensión provisional" de un magistrado "durante la tramitación de un expediente judicial o disciplinario".   

   El juez Silva prestó declaración en calidad de imputado ante el juez Gavilán. Por tanto, la "declaración formal" de imputado no es más que un recurso utilizado en el auto.

  ¿Con qué fin?

   Para hacer "encajar" la suspensión provisional en las exigencias de la ley.

  El artículo 382 de la Ley Orgánica sobre suspensión de Jueces y Magistrados dice que la mencionada suspensión tendrá lugar, entre otros, en el caso siguiente:

   "1.º Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

   Ahora bien, el auto del magistrado Gavilán no era firme, porque, como se ha apuntado, podía ser recurrido. Y, sin embargo, el magistrado lo envió al CGPJ. El auto ha sido recurrido.

   Lo importante: hasta ahora, aunque la ley no lo dice explícitamente, existía el acuerdo de ejecutar la suspensión provisional de un juez cuando se decreta la apertura del juicio oral. Esta es la resolución que se interpreta conforme al espíritu y letra del artículo 382, número 1, de la Ley Orgánica.

  Esto es, cuando el juez decide a través de una resolución sentar a un magistrado en el banquillo. Así ha ocurrido en los recientes casos del juez Baltasar Garzón, en mayo de 2010, y de la juez Coro Cillán, en abril de 2013.

   En su reunióndel martes 7, la Comisión Permanente del CGPJ no adoptó ninguna medida en relación con Elpidio Silva. Solamente fue informada (dación de cuenta) de que se había recibido el auto de acomodación o de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado dictado por el magistrado Gavilán.

   Pero hay mucha, demasiada, prisa. Por algo se empieza...