La 'caja negra' de los avales

         

Eduardo Madina conversa con Susana Díaz.

 

       

  Madina y Pedro Sánchez.

 

  El contenido de la caja negra de los avales de los candidatos a secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es interesante al menos por dos motivos. El primero: permite confirmar retrospectivamente lo que ha ocurrido a partir de la medianoche del 25 al 26 de mayo de 2014, tras la pérdida de casi 2,6 millones de votos. El segundo: despliega el paisaje ante la elección del 13 de julio próximo. Entre uno y otro hay vasos comunicantes que, por el momento, no están en el debate.

  En relación al primer punto, ha quedado claro el apoyo vital de Susana Díaz y el partido que dirige, el PSOE de Andalucía, a Pedro Sánchez. Y, al tiempo, claro, su firme y activa voluntad de lograr la derrota de Eduardo Madina. Nada tiene de pecaminoso. Es absolutamente legítimo. Sobre gustos no hay nada escrito.

 Pero esta opción de Susana Díaz y el PSOE andaluz tiene, como todo, una explicación. O varias.

 Sin embargo, hay una principal. Y es la conducta de Eduardo Madina.

 En lo que hemos llamado la tercera vigilia de APR, Alfredo Pérez Rubalcaba, las horas que van de las 12 de la noche a las 3 de la mañana del 26 de mayo, el secretario general del PSOE, ante la vehemente posición de Susana Díaz expresada en conversaciones telefónicas, respaldada por otros dirigentes históricos, por así decir, entrega las primarias abiertas y decide convocar un congreso extraordinario para elegir primero secretario general.

 Madina denuncia inmediatamente esta marcha atrás de APR. La discusión en la ejecutiva federal del 26 de mayo es a cara de perro. Madina modifica su oposición y retoma un acuerdo de la conferencia política de 2013 por el cual la elección de secretario general debe hacerse con un nuevo criterio: un militante un voto. Para ello se acuerda en dicha conferencia que el congreso, como es preceptivo, apruebe la nueva metodología.

  Pero ya no estamos, el 26 de mayo, en una situación de normalidad. Ahora es la crisis. El criterio de Madina es que en esta nueva situación, donde se viola el acuerdo de primarias abiertas primero, congreso después, hay que anticipar la manera de elegir al secretario general ya pactada en la conferencia política a la imprevista inminente elección.

  En la tarde del 26, Rubalcaba hace un gesto bonapartista. A la entrega  de las primarias abiertas que ha realizado en la madrugada bajo la presión de Susana Díaz, añade, en lo que es una manera de equilibrar el peso del poder, el apoyo a la aplicación inmediata de la fórmula para que voten los militantes del PSOE. El bonapartismo de Rubalcaba supone colocarse por encima de las facciones en lucha.

  Este reequilibrio lejos de resolver pacíficamente la situación termina agravándola. Susana Díaz hace ver que está dispuesta a lanzar sus legiones para hacerse con la secretaría general. Y, detrás de los bastidores, personajes del PSOE intentan persuadir a Madina de que es necesario, frente a la crisis, evitar el enfrentamiento con la secretaria general de la organización territorial más importante, el PSOE andaluz.

 Eduardo Madina se mantiene en sus trece. Algunos dicen: titubea. Sí, en efecto, titubea, duda, no sabe por momentos qué es lo mejor. El peso del aparato del PSOE, ahora canalizado en parte a través de Pepe Blanco y Antonio Hernando, es todavía mucho peso. Los dirigentes que actúan como hombres buenos (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero) le llaman a la responsabilidad.

  Con todo, resiste.

  Es que, dicen algunos dirigentes, Susana Díaz tiene que vender en Andalucía su entrada en Madrid. Y necesita mostrar que no tiene opción. Es decir: que es la llamada de todo el PSOE la que la convoca. Si tiene que competir con otra candidatura, ya no es lo mismo; es que ya es una decisión donde tiene opción.

  Otros dirigentes apuntan: ni así se podía vender. Susana Díaz no ha pasado por las urnas. La situación de Andalucía requiere mucha atención. Hay que ganar las elecciones autonómicas. Sobre todo necesita dedicación, además, cuando se está por modificar el sistema de financiación autonómica; Andalucía necesita el liderazgo territorial de Susana Díaz con dedicación plena, que represente ahora las aspiraciones territoriales desde allí. No desde Madrid.

  Pero la obcecación de Madina, su carácter esquivo (estos son los apelativos que el aparato usa contra él), hacen naufragar la entrada triunfal de Susana Díaz, que tiene a mano un argumento impecable: la prioridad es Andalucía.

  En este contexto, cobra fuerza Pedro Sánchez, la candidatura solitaria de un aparente corredor de fondo. La renuncia de Susana Díaz a su propia candidatura para hacerse con el control de la secretaría general del  PSOE no supone la renuncia a dejar el PSOE con Madina en el timón. Y Pedro Sánchez se convierte así en la opción que respaldará Susana Díaz y el PSOE andaluz frente a Madina. Con toda su fuerza, como ahora vemos.

 Esto no habla mal de Pedro Sánchez. No es un estigma para él. Pero sí revela parte del milagro de su meteórico ascenso durante estas semanas.

 Los colaboradores de Sánchez dicen que Madina es un hombre de Rubalcaba, que ya desde su lanzamiento, es una operación de Rubalcaba.

  Que Madina tenga el apoyo de Elena Valenciano, como lo tiene, no es la prueba de esa operación. Todos los indicios realmente existentes desmienten la versión de que Madina es una pieza que ha movido Rubalcaba. 

  Los hombres de Madina sostienen que Sánchez es una especie de consejero delegado in pectore de la presidenta de Andalucía.

   Que Sánchez sea la carta a la que apuesta Susana Díaz ya es un hecho. Que haya contado con la ayuda de Pepe Blanco y Antonio Hernando y sus muchachos es una realidad. 

   A partir de los avales, ¿hay partido?

   La gente de Sánchez dice que no, que es la crónica de una victoria anunciada.

   Los que acompañan a Madina sostienen que de ninguna manera. Que los avales son el resultado de los aparatos que se movilizan. Y que si la gente se moviliza a la hora de votar, los avales pueden quedarse en papel mojado. Que, en fin, puedes sacar más avales (sobre todo si están concentrados en una región) y perder la primarias.

  Para ello debería haber una movilización de los militantes. Y, de momento, no se advierte.

  Porque todo lo que ha ocurrido y ocurre detrás de los bastidores no es conocido por los militantes. Hemos dicho que entre la fase que se cierra con la marcha atrás de Susana Díaz y el paisaje actual hay vasos comunicantes. Si Madina no se hubiera plantado, si se hubiera avenido a integrarse en el plan de Susana Díaz, nada de lo que estamos viendo hubiese ocurrido, se habría consumado un plebiscito, no una elección. Pedro Sánchez, por ejemplo, hubiera tenido el recorrido que podemos ver a estas horas.

   Para movilizar a los militantes de todas las regiones hay que contar lo que pasa. El conocimiento de la caja negra de los avales ayuda. Pero no es suficiente.

   

 

  

 

  

  

¿Luis de Guindos vs. Pierre Moscovici?

                

Luis de Guindos y Pierre Moscovici, ex ministro francés de Finanzas.

   

   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asumido oficialmente que su Gobierno propone para un puesto de nueva creación - el del presidente profesional del Eurogrupo, los 17 países de la zona euro, un cargo a tiempo completo - al actual ministro Luis de Guindos.

  "Me gustaría que tuviera responsabilidades importantes", dijo Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Europeo que designó a Jean-Claude Juncker como el candidato para presidir la Comisión Europea. Según dijo Rajoy, los líderes europeos tienen una buena opinión de De Guindos. 

  "Pero no es cuestión de entrar ahora en temas que hoy mismo no están planteados. Cuando lo estén, ya hablaremos del asunto", ha concluido.

   Bien, algo es algo. Rajoy admite que le gustaría que De Guindos tenga "responsabilidades importantes".

   El puesto del presidente del Eurogrupo lo cubrían hasta ahora los ministros de Finanzas de la zona euro. Pero la idea es crear un puesto profesional. La persona que ejerza sus funciones lo hará en dedicación exclusiva. Y, por tanto, ya no será un ministro.

   Tras el acuerdo para que Juncker sea presidente de la Comisión Euripea, pendiente del voto en el Parlamento Europeo, ha empezado el cambio de cromos para cubrir los puestos en la Unión Europea y las vacantes en la futura Comisión, a partir de septiembre próximo.

  Al parecer, la primer ministra danesa, la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt, podría sustituir a Herman Van Rompuy, en el cargo de la presidencia de la Unión Europea.

   El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Oli Rehn, ¿por quién va a ser sustituido?

 El periódico italiano Corriere della Sera informa el 24 de junio pasado que el candidato con más posibilidades es... otro finlandés. El primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, que acaba de dejar su cargo, suena como el favorito para sustituir a su compatriota Rehn.

   Finlandia ha formado con Holanda y Alemania una troika de ortodoxia económica extrema dentro de la Eurozona.

   Según el citado diario, en el asunto del puesto de nueva creación, el del presidente del Eurogrupo, "Francia obtendría la presidencia del Eurogrupo para el ex ministro socialista Pierre Moscovici", quien fue cesado por el primer ministro Manuel Valls, a primeros de abril pasado. Pero Moscovici tiene todo el apoyo del presidente francés, François Hollande.

  Si un halcón neoliberal como Katainen es el nuevo comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, en la misma linea de Rehn, la idea de que Moscovici, un socialdemócrata, pueda ser presidente del Eurogrupo a tiempo completo, parece tener sentido. Eso supone que el deseo de Rajoy de ver a De Guindos "con responsabilidades importantes" no se vería hecho realidad.

  Problema: Moscovici ha dicho públicamente que la comisaría de Asuntos Económicos y Monetarios debería ejercer, al tiempo, la presidencia del Eurogrupo.

  Esto es lo que viene proponiendo Moscovici desde julio de 2013. La idea de una suerte de ministro de Economía de la zona euro.

  "Es necesario que la zona euro sea mucho más visible. Que no solo se vea a 17 ministros que se reúnen una noche. La pregunta que se plantea es saber si este ministro debe ser únicamente presidente del Eurogrupo o si debe ser también el comisario de asuntos económicos. Yo creo que debe ser también el comisario de asuntos económicos. Pienso que esto crea una fuerte sinergia. Hay que apovechar las próximas elecciones europeas [25 de mayo de 2014] para hacer esta reforma de gobierno de la zona euro", explicó en un encuentro económico del Círculo de Economistas, en Aix-en-Provence.

                   

 Jiri Katainen, ex primer ministro de Finlandia.

   El diario Financial Times, nada dice, en su edición del 25 de junio, sobre Katainen, pero señala que el turno de España puede haber finalmente llegado para ocupar la presidencia del Eurogrupo.

  "Muchos arguyen que elegir a un nuevo presidente del eurogrupo de un país que ha navegado exitosamente sobre un programa de rescate de la Unión Europea enviaría un importante mensaje. Miembro del gobierno español de centro-derecha, De Guindos es algo así como un tecnócrata, que trabajó varios años en Lehman Brothers y Price Waterhouse antes de ser ministro. Muchos funcionarios dicen que su nombramiento para sustituir a Jeroen Dijsselbloem [actual ministro holandés, presidente del Eurogrupo] está casi asegurado".

   El periódico también menciona para este puesto la candidatura de Moscovici. Pero advierte que Moscovici podría ser candidato a comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y recuerda que su idea de fusionar esa comisaría con la nueva presidencia del Eurogrupo no tiene muchos apoyos.

  En principio, se estimaba que el cargo de presidente del Eurogrupo será creado durante el próximo otoño. Por tanto, Rajoy debería tener un esquema previsto para el caso de que Luis de Guindos abandone el Gobierno y se traslade a Bruselas.

  Y ese esquema pasa por mantener la misma estructura actual de gobierno y sustituir al ministro de Economía por otra persona o fusionar los ministerios y volver a un superministerio de Economía y Hacienda para lo que queda de legislatura.

   

Horrach pide paralizar las acusaciones

             

 

   El fiscal Pedro Horrach tenía su recurso de apelación de 63 páginas listo, a falta de introducir algunos detalles del auto de transformación del juez José Castro. Por tanto, poseía información sobre lo que proyectaba hacer el juez en relación con la infanta Cristina, es decir, mantener su imputación.

   Este detalle tiene su importancia política.

  Porque ya con ocasión de la declaración de la infanta Cristina, en febrero pasado, la orientación de Horrach resultó decisiva.

   Fueron sus recomendaciones, plasmadas en un escrito interno, según revelaron los periodistas Luis Rendueles y Daniel Montero en la revista Interviú, las que llegaron a través de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, a las manos de Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey.

  Y esos consejos, basados lógicamente en información reservada, sirvieron para decidir que la infanta  debía prestar declaración como imputada sin presentar recurso contra la imputación ante la sección segunda de la Audiencia de Palma de Mallorca.

  Uno de los argumentos utilizados por Horrach fue, precisamente, que el recurso no prosperaría en la Audiencia y que era mejor evitar el jarro de agua fría de una desestimación. Y sacar partido, en cambio, de la decisión de declarar "voluntariamente".

   Así se hizo.

 Ahora, como hemos apuntado aquí estos días, el juez Castro no tiene obligación de suspender el procedimiento por los recursos que se presenten, entre ellos el del fiscal Horrach, ante la Audiencia.

   En  su auto, el juez ha dado veinte días a las partes personadas para presentar sus escritos de acusación  o sobreseimiento.

  Eso supone que los escritos serán conocidos antes, con sus efectos mediáticos, que la resolución de los magistrados  de la Audiencia (Diego Jesús Gómez-Reino, presidente y ponente; Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna) sobre los recursos.

  Por eso, perro viejo, Horrach hace la siguiente petición en el último párrafo de su recurso: "Interesar por último la suspensión del trámite para emitir escrito de acusación hasta la resolución del presente recurso por la Audiencia Provincial al poder condicionar la decisión de la Sala [sección segunda] el contenido de los recursos de conclusiones provisionales de las partes".

  ¿Qué quiere decir?

  Esto: cuando las dos  acusaciones populares presentes en la causa eleven sus escritos solicitarán la apertura de juicio oral contra la infanta Cristina por delitos fiscales y blanqueo de capitales.

  Ello supondrá titulares en los medios de comunicación.

  No en vano, Horrach señala en su solicitud que ello podría influir en los tres magistrados de la Audiencia.

   Porque está por ver si la sección segunda ha empezado siquiera a deliberar sobre los recursos.

   La ley, repetimos, no concede efectos suspensivos al recurso contra el auto de tranformación.

   Por tanto, el juez Castro ha dado el plazo (20 días por la extensión de la causa, en lugar de los diez días normales).

   Y las partes personadas están obligadas a cumplir el plazo. Según se cuenten sábados como días hábiles o no, el plazo vencería el 20 o 23 de julio.

   El recurso de apelación del fiscal Horrach está dirigido a la Audiencia, vía el juzgado de Castro, por lo que se entiende que debería ser la Audiencia la que deberia dictar la medida cautelar de suspensión del plazo de veinte días para presentar los escritos de acusación.

   Ello permitiría, pues. dar más tiempo a la sección segunda para resolver los recursos, sin  el ruido mediático que provoquen los escritos de acusación. Al tiempo, aunque el fiscal no lo dice, por economía procesal, el fallo de la Audiencia permitirá saber, en el caso de la infanta Cristina, si sigue imputada o no.

  Si por el contrario se mantiene el plazo y se presentan escritos de acusación pidiendo sentarla en el banquillo y la Audiencia revoca esa imputación, los citados escritos deberán modificarse a continuación para quitar la solicitud.

20 días para pedir el banquillo

          

 

     

    El juez Castro ha dado a todas las partes personadas el plazo para presentar escrito de acusación. Aquí es donde se dirime el banquillo.

    En su parte dispositiva, el punto número 9 dice que da traspaso a todas las partes "a fin de que en el plazo común de 20 días, a que se eleva el habitual de diez en atención a la extensión de la causa, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que sólo excepcionalmente puedan solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideran imprescindibles para formular acusación".

   En esta fase del procedimiento, llamada intermedia, se trata de días hábiles. El 20 o 23 de julio, según se cuenten los sábados o no, por tanto, las acusaciones y defensas deben presentar sus escritos.

 Virgina López Negrete, que representa a la acusación popular del sindicato Manos Limpias, ya ha anunciado que pedirá la apertura de juicio oral contra la infanta Cristina, por los delitos fiscales en la empresa Aizoon y banqueo de capitales.

  Aunque teóricamente el plazo empieza a contar desde que el juez entrega a las partes personadas copia de la causa, es lo cierto que el juzgado ha dado cumplido traslado de todas las actuaciones hasta ahora. Por tanto, las partes personadas tienen, por así decir, los papeles necesarios para elevar sus escritos de acusación.  

  Esto supone que los escritos de acusación serán elevados al juez antes de que la sección segunda de la Audiencia de Palma de Mallorca pueda resolver los recursos que presentarán el fiscal Horrach y las defensas de casi todos los acusados contra el auto de transformación. Esos recursos de apelación pueden ser presentados directamente sin pasar por el recurso de reforma ante el propio juez. El juzgado de Castro es el encargado de elevarlos a la Audiencia.

   Por tanto, la cuenta atrás para el auto de apertura de juicio oral, allí donde el juez se limita a transcribir lo que le piden las acusaciones, sin entrar en valoraciones jurídicas, ya ha comenzado desde hoy miércoles 25 de junio de 2014.

  Si la Audiencia de Palma no resuelve con celeridad extraordinaria, los escritos de acusación serán elevados antes del auto de los tres magistrados de la sección segunda sobre los recursos del fiscal Horrach y las defensas de los imputados.

  En ese caso, el juez Castro puede dictar, teóricamente, el auto de apertura de juicio oral antes de la decisión de la Audiencia. Este auto ya no es recurrible.

  Fuentes jurídicas señalan que sería lógico dilucidar el punto de vista de la Audiencia sobre los recursos antes de dictar el auto de apertura de juicio oral.

  Porque hay cuestiones de jurisprudencia, entre ellas la aplicación de las doctrinas Botín y Atutxa, cuya importancia para sentar a la infanta Cristina en el banquillo (abrir juicio oral contra ella) es decisiva ya que solo las acusaciones populares en solitario lo solicitarán. Y ello contra la posición del fiscal Horrach y la Abogada del Estado, María Dolores Ripoll.

   Si la Audiencia anula la imputación de la infanta Cristina contenida en el auto de transformación, aquellas acusaciones que lo hayan solicitado deberán modificar su escrito de acusación, quitando dicha petición..

 

  

Los plazos del juez Castro

               

   Otros tiempos. El fiscal Pedro Horrach, a la izquierda, y el juez José Castro.

       

   La resolución judicial que hará pública el juez José Castro, llamada auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, es la última que puede ser recurrida por las partes personadas, ante el propio magistrado y, en apelación, ante la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

    La siguiente, el verdadero auto de banquillo, por así decir, es el auto de apertura de juicio oral, y ya no es recurrible.

   Bien.

   El recurso contra el auto de transformación carece, según la ley, de efectos suspensivos.

  ¿Y eso que es?

  Pues que el juez Castro no está obligado a esperar a que la Audiencia resuelva las dos decenas de recursos que van a presentarse, esto es, no tiene que esperar a que el auto de transformación sea firme, a fin de pasar al Fiscal y a todas las partes personadas copia de la causa para que presenten sus escritos de calificación provisional.

  En el auto de transformación, después de narrar los hechos presuntamente delictivos y enumerar a las personas imputadas, el juez debe dar 10 días (o pueden ser 20) a las partes para elevar su calificación y señalar si plantean apertura de juicio oral (el famoso banquillo), el sobreseimiento o archivo.

  Si cumple con los requerimientos legales, pues, el juez pediría a las partes esa calificación sin esperar a la Audiencia.

  Pero a veces los jueces prefieren en procedimientos importantes que afectan a nunerosos imputados esperar a que las Audiencias resuelvan primero.

  ¿Por qué?

  Porque las pretensiones de las acusaciones pueden quedar en papel mojado si la Audiencia estima favorablemente, total o parcialmente, los recursos de los imputados.

  Todo esto nos lleva a la infanta Cristina.

   Si el juez Castro, como parece, mantiene su imputación de la infanta Cristina -insistimos: aquí y ahora no se debate el banquillo- y la de los más de veinte imputados en el caso Nóos, las defensas tendrán cinco días para ir directamente en apelación, sin pasar por el recurso de reforma ante el propio juez, a la Audiencia para ganar rapidez.

  Eso supone que si el juez dicta el auto de transformación en las próximas horas los recursos podrían llegar a la Audiencia de Palma al cabo de cinco días hábiles, a mediados de la semana próxima.

  La sección segunda podría resolver, a toda máquina, los recursos a finales de julio. Aunque es una tarea difícil.

  Pero si el juez no suspende los plazos para la calificación, antes de conocer el fallo de la Audiencia ya tendríamos los escritos de acusación.

 La acusación popular de Manos Limpias, por ejemplo, pedirá la apertura de juicio oral contra la infanta Cristina por delitos fiscales, a través de su sociedad al cincuenta por ciento con su marido, Aizoon, y blanqueo de capitales.

 Por tanto, tendríamos un autentico guirigay.

 Porque antes del auto de la Audiencia que dicten los tres magistrados de la sección segunda de Palma (Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, presidente y ponente; Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna Pedro) se avanzaría en las calificaciones. Y esas calificaciones pueden tener que se modificadas después del auto de la Audiencia sobre los recursos.

 Fuentes jurídicas señalan que el juez Castro ha sopesado estas circunstancias y se inclinaría por esperar, como ya ha hecho con anterioridad, a la resolución de los recursos por parte de la Audiencia antes de abrir la fase de calificación.

¿Sentará el juez a Cristina en el banquillo?

 

       

 

  La pregunta es pertinente, por enésima vez, porque estamos en el umbral de los dos últimos pasos procesales del juez José Castro en el caso Urdangarín: el auto de conclusión de la investigación (técnicamente llamado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado) y el auto de apertura de juicio oral.

    http://blogs.elpais.com/analitica/2014/03/los-pasos-del-juez-castro.html

  El juez Castro ha esperado el final de la saga de la abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI para dar a conocer su resolución.

  No es la primera vez que muestra esta actitud de "cortesía". Ya en diciembre de 2011, tenía decidido hacer público el auto por el cual anunciaba que Iñaki Urdangarín era citado a declarar como imputado en el caso Nóos en febrero de 2012. Quería hacerlo público antes del discurso de Nochebuena del rey Juan Carlos, pero accedió a aplazarlo unos días a sugerencia del fiscal Pedro Horrach, quien le transmitió la recomendación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid de postergar el anuncio hasta después del 24 de diciembre.

  Tras el discurso de Nochebuena, cuando ya estaba dispuesto a dar a conocer su decisión, volvió a ser sensible a la petición de aplazarla hasta después de que el rey pronunciara su discurso de apertura de la nueva legislatura el 27 de diciembre de 2011. Castro convocó finalmente a Urdangarín en calidad de imputado el 29 de diciembre para el mes de febrero de 2012.

  La resolución que el juez prepara para el miércoles, día 25 de junio, es el auto que resume toda la investigación realizada, lo que supone nombrar a las personas imputadas y los hechos. El juez puede quitar a algunas de esas personas o mantenerlas imputadas. Por ejemplo, a la infanta Cristina.

  No se debe olvidar que, siguiendo la estrategia trazada por Horrach la Casa del Rey resolvió junto con los abogados Miquel Roca y José María Silva, no recurrir la imputación de la infanta. Por esta razón acudió a declarar ante el juez el 8 de febrero pasado, sin poner a prueba en este punto a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

  La infanta Cristina, por tanto, sigue imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales.

  Si el juez Castro la mantiene en el auto de transformación, ¿quiere ello decir que la ha sentado en el banquillo?

  No.

  Porque el auto de conclusión no es un auto de "acusación". 

 Según el Tribunal Constitucional "cuando el Instructor adopta la decisión de seguir el proceso como procedimiento abreviado, no se limita sólo a constatar la inexistencia de otras diligencias relevantes para la instrucción, sino que realiza una valoración jurídica tanto de los hechos como sobre la imputación subjetiva de los mismos. Dicho de otro modo, cuando el Juez adopta la decisión de continuar el proceso -art. 789.5, regla cuarta- también rechaza (implícitamente) la procedencia de las otras resoluciones del art. 789.5 LECR. y, de modo especial, el archivo o sobreseimiento de las actuaciones". (Sentencia 15 de noviembre de 1990)

   El auto de transformación es recurrible en recurso de reforma y/o subsidiario de apelación; en éste último caso ante la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, encargada de los recursos en el caso.

  Ya sabemos que el fiscal Pedro Horrach y con toda probabilidad la abogada del Estado, Dolores Ripoll, además de la defensa de la infanta Cristina, van a recurrir esta imputación si el juez Castro decide mantenerla en el auto de transformación. Tanto la imputación por delito fiscal como por blanqueo de capitales.

 Porque estiman que de acuerdo con los informes de la Agencia Tributaria la infanta Cristina no habría llegado, a través de Aizoon, a los 120.000 euros anuales de cuota defraudada que constituye delito fiscal (a partir de la reforma de 2003). Tampoco advierten cooperación con los delitos fiscales de su esposo. 

  El siguiente paso procesal, después de la transformación, es el traslado al fiscal Horrach y a las partes acusadoras para que eleven su calificación provisional de los hechos y abocarse al auto de apertura de juicio oral.

  Aquí es donde se juega, teóricamente, por así decir, el banquillo.

  Pero antes está la Audiencia de Palma, como hemos dicho.

 Aunque el recurso contra el auto de transformación no tiene efectos suspensivos, la idea es que una causa tan relevante, el juez Castro no abordará el auto de apertura de juicio oral hasta que la Audiencia de Palma resuelva los recursos y de firmeza a la resolución. Por tanto, la imputación de la infanta puede o no ser confirmada por los jueces de la sección segunda de la Audiencia.

   Y la decisión que adopten es muy importante. Veamos.

   En general, si las acusaciones populares solicitan la apertura de juicio oral contra una persona, el juez debe dictar el auto de apertura de juicio oral.

   Pero en el delito fiscal la jurisprudencia (doctrina Botín) establece que en un caso de interés particular, si los directamente perjudicados por dicho delito (Abogado del Estado, en nombre de Hacienda) y el Fiscal no piden la apertura de juicio oral, el juez debe abstenerse. No puede acusar contando con la posición favorable de las acusaciones populares en solitario.

  Dicha doctrina se remonta a 2007. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente del Banco Santander no podía ser acusado por una única acusación popular cuando ésta no era perjudicada directa. Se trataba del caso de las cesiones de crédito donde estaban acusados Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes.

  Más tarde, en 2008, el Tribunal Supremo introdujo una matización (doctrina Atutxa), al legitimar a las acusaciones populares para conseguir la apertura de juicio oral cuando se trata del interés general, de delitos que afectan a intereses colectivos y difusos como son el tráfico de influencias, el fraude a la administración o la malversación de caudales públicos. Esta legitimación parte del hecho de que en estos casos no esté personada una acusación particular.

   Pero a la infanta Cristina se la ha imputado, hasta ahora, por delito fiscal y blanqueo de capitales.

   Si bien la doctrina Botín impide sentar a la infanta en el banquillo por delito fiscal cuando el Fiscal y la Abogacía del Estado no acusan, ¿también es una barrera para hacerlo por blanqueo de capitales a través de la sociedad Aizoon, como ha sostenido hasta ahora el juez?

  Parecería que en este punto del blanqueo podría aplicarse la doctrina Atutxa. Pero, atención, en esta causa sí tenemos personada una acusación particular (la Abogacía del Estado).

   El fiscal Horrach sostiene que para cometer el delito de blanqueo era necesario que la infanta Cristina conociera el origen ilícito del dinero de Aizoon (artículo 301.1 del Código Penal). Y, además, arguye que los fondos canalizados a través de dicha sociedad eran honorarios "legítimos" de Urdangarín "por ser miembro del Consejo de Administración o asesor de entidades mercantiles".

   Resumamos.

   Puede ser que todo esto sea resuelto en la Audiencia de Palma al verse los recursos contra el auto de transformación.

    Si es así, llegaríamos al momento de dictar el auto de apertura de juicio oral con el panorama  jurídico-penal despejado. A la hora de redactar dicho auto, el juez Castro ya sabría a qué atenerse.

  Sería, pues, la Audiencia la que aclare la íncógnita sobre la jurisprudencia de los casos Botín y Atutxa y su aplicación en el caso Urdangarín.

  

EL CGPJ renueva el mandato del juez Ruz

         

         

   

   El próximo martes, día 24 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogará por seis meses la comisión de servicios del juez Pablo Ruz, instructor entre otros de casos como Gürtel, los papeles de Bárcenas y Barça-Neymar, al frente del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  En efecto, fuentes jurídicas consultadas, indican que el tema se ha incluido en el orden del día de la reunión de la Comisión Permanente del martes 24, habida cuenta de que el jueves 26, fecha en la que vence la comisión de servicios de Ruz aprobada en diciembre de 2013, el CGPJ ha convocado un pleno ordinario para debatir el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

  La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado la solicitud de que Ruz siga en el juzgado número 5 hace ya diez días y cursó su petición al CGPJ. A continuación, los Servicios de Inspección del CGPJ emitieron su informe preceptivo. Favorable.

  El juez Ruz es actualmente titular del juzgado número 4 de Móstoles, pero lleva como juez de apoyo en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional desde junio de 2010, tras la inicial suspensión en el mes de mayo de dicho año (y posterior inhabilitación) del magistrado Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel.

  La plaza fue luego adjudicada por concurso, realizado el 17 de abril de 2012, al magistrado Miguel Carmona, entonces vocal del CGPJ, quien tras pactar con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, marchó a Londres en diciembre pasado para ejercer la función de magistrado de enlace con las autoridades británicas.

 El pasado 26 de diciembre, en su primera reunión, la flamante Comisión Permanente con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes al frente aprobó por unanimidad otorgar una nueva comisión de servicios a Ruz por un periodo de seis meses.

 La decisión no consistió, pues, en una prórroga de la comisión de servicios iniciada en el juzgado número 5 en junio de 2010. Porque según la ley Orgánica del Poder Judicial vigente, las comisiones de servicio y las adscripciones de apoyo se hacen por un plazo máximo de seis meses que se puede renovar por otros seis meses o un periodo inferior.

 Los miembros de la Comisión Permanente tuvieron en cuenta el hecho de que el nuevo titular del juzgado, Miguel Carmona, debía asumir sus funciones una vez que cesara el antiguo CGPJ, en el mes de diciembre de 2013. Pero Carmona optó, finalmente, según se ha señalado, por no hacerlo. 

http://blogs.elpais.com/analitica/2013/11/el-pacto-gallardón-carmona.html 

   Por tanto, la Comisión Permanente concedió a Ruz una adscripción de apoyo al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ex novo a partir de diciembre de 2013. Esta primera comisión de apoyo vence el 26 de junio. Y, según ha confirmado EL PAÍS, será renovada por seis meses, hasta diciembre de 2014.

   El juez Ruz ha intentado en estos seis meses, desde diciembre, cerrar al menos una parte de los casos Gürtel y los papeles de Barcenas, o lo que ya ha sido consagrado en diversos autos judiciales e informes de investigación como la contabilidad B del Partido Popular. Pero no ha sido posible.

  La causa Gürtel se encuentra bastante avanzada. Ruz intentará en los seis meses próximos, quizá a través de piezas separadas, concluir la investigación. En los papeles de Bárcenas se ha podido confirmar una gran parte de los asientos contables. Y dentro de ellos, el juez Ruz se ha centrado en aquellas operaciones que no están prescritas. Es el caso de la reforma de la sede donde está el cuartel general del PP en la madrileña calle de Génova con pagos en dinero negro.

   Avanzar hacia el cierre de la investigación en el caso Gürtel es particularmente urgente. Porque son las operaciones investigadas bajo el paraguas de la causa Gürtel las que llevaron al juez Ruz a ordenar el ingreso de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en prisión preventiva. Fue el 27 de junio de 2013, hace ahora prácticamente un año.

  Cierto es que los delitos que se le atribuyen tienen que ver, por ejemplo, con delitos contra la Hacienda pública. Una parte importante del auto de prisión preventiva se fundamenta en las pruebas aportadas por las comisiones rogatorias de las autoridades judiciales de Suiza, que permitieron detectar hasta un total de 48 millones de euros (valores de 2007, luego mermados por estar gran parte de sus inversiones en acciones de empresas cotizadas) en cuentas bancarias (LGT Switzerland, ex Dresdner, y Lombard Odier, Ginebra). 

  Hasta el pasado 6 de junio, el juez Ruz contaba con la autorización expresa (solicitada a Suiza el 2 de abril y concedida el 14 de abril de 2014) de la Oficina Federal de la Justicia (OFJ) para utilizar las pruebas contra Bárcenas y otros imputados.

  Pero un recurso de Bárcenas y de su apoderado Iván Yañez, también imputado, en nombre de la sociedad Tesedul, domiciliada en Uruguay, ha provocado que la sala de apelaciones (Cour de plaintes) del Tribunal Penal Federal ordene la suspensión cautelar (interdicto) de dicha autorización.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/06/iván-yañez-gestor-y-apoderado-de-luis-bárcenas-fiscal-fed.html

  La OFJ no se ha opuesto a la medida provisional de suspensión "con el único objetivo de permitir una correcta administración de justicia, a la espera de la sentencia que será dictada por la sala de apelaciones del Tribunal Penal Federal y que decidirá la cuestión jurídica planteada", según se lee en el mandato judicial.

   Dicha Oficina se ha dirigido el 10 de junio por carta de Guillaume Rousseau a la subdirección general de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia para que transmita "sin demora" al juez Ruz  la decisión de suspensión inmediata.

  El Tribunal helvético deberá examinar ahora el tema del fraude fiscal. Tras escuchar a las dos partes, la Fiscalía y las defensas de los imputados en España, dictará su sentencia (arrêt). Si admite la calificación de fraude fiscal, renovará tanto el permiso de transmisión de pruebas como la autorización para utilizarlas contra los imputados.

   Este asunto enreda la investigación porque las pruebas ya han sido utilizadas para fundamentar delitos fiscales de Bárcenas y otros imputados, sin contar, hasta el 14 de abril de 2014, con permiso expreso de Suiza, como era necesario de acuerdo con la ley federal.

  Fuentes de la Audiencia Nacional quitan recorrido a este problema y apuntan la confianza del juez Ruz y de la Fiscalía Anticorrupción en recuperar la autorización una vez que la justicia suiza admita el concepto de fraude fiscal (escroquerie). Porque apuestan por la Fiscalía helvética. Sin su consentimiento, la OFJ no habría autorizado la transmisión de pruebas y su utilización.

 Hasta ahora el fiscal federal encargado del caso, Sergio Mastroiani, no ha intervenido oficialmente en esta complicación procesal. Pero tendrá que alegar ante la sala de apelaciones.

 El juez Ruz ha enviado en los últimos días, además, nuevas comisiones rogatorias a Suiza, Uruguay y países asiáticos, tras la ruta del dinero que trazan las trasferencias bancarias detectadas en la comisión rogatoria  cumplimentada por las autoridades uruguayas.

   Todo ello ilustra la complejidad de la instrucción sumarial. Y si se tiene en cuenta, además, que el juez Ruz impulsa decenas de investigaciones importantes (la operación de traspaso de Neymar al Fútbol Club Barcelona, entre muchas otras), no resulta difícil entender las dificultades y obstáculos para concluir las diligencias.

  Fuentes jurídicas detectan en el ánimo del juez una determinación incluso de carácter personal para terminar instrucciones sumariales como la de los casos Gürtel y los papeles de Bárcenas durante los seis meses que irán del 26 de junio próximo a finales de diciembre de 2014.

 

  

Casa depurada

             

    Discurso de proclamación del rey Felipe VI, 19 de junio de 2014.

 

    Un día antes de su discurso de proclamación, el príncipe de Asturias, ante la pregunta de si ya tenía preparada su alocución, sonrió en una reacción típica de campechanía juancarlista: "¿Alguna idea?".     

  En su discurso, Felipe VI no ha traspasado la lineas de su padre en el discurso del 22 de noviembre de 1975 respecto al punto crucial de la unidad de España.

  Pero han transcurrido entre ambos discursos casi 39 años.

 Y, sobre todo, aquella apelación de Juan Carlos I a la "unidad del Reinado y del Estado" fue preconstitucional. Tres años más tarde, la Constitución de 1978 introducía, por ejemplo, en su artículo II el término nacionalidades.

   "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

   La palabra nacionalidades fue objeto de debates y varios diputados de la Alianza Popular de Manuel Fraga se abstuvieron o votaron en contra entre otras razones por la introducción de dicha palabra.

   Entonces no había ni amenaza inminente ni referéndum sobre Cataluña sobre la mesa.

   En su discurso, Felipe VI reconoce implícitamente el matiz de lo que supone ser un rey constitucional.

  "Hoy puedo afirmar ante estas Cámaras -y lo celebro- que comienza el reinado de un Rey constitucional. Un Rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de 35 años", señala.

  Y añade: "Un Rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones".

   Todas las referencias a la unidad de España, pues, se mantienen dentro del cuadro del discurso de Juan Carlos I.

   Y, sin embargo, a la pregunta de si Felipe VI podía matizar, avanzar algunos pasos, la respuesta es sí. Porque la Constitución de 1978 es su paraguas.

 Pero cuando la reivindica en este asunto se limita a decir: "Desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer".

  Pues eso, parece que no hay nada que hacer.

  Pero, al tiempo, el nuevo rey insinúa que tampoco parece conformarse o resignarse simplemente con cuadrarse ante la Constitución. 

 Lo dice él mismo: "Pero las exigencias de la Corona no se agotan en el cumplimiento de sus funciones constitucionales".  

  Sugiere, o eso parece, la posibilidad de hacer algo:  "Deseamos, en fin, una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional".

  Y, sin embargo, cuando precisamente podía matizar, ha preferido no ir más allá de la posición tradicional, preconstitucional incluso, sobre el tema de la nación española.

  Felipe VI ha centrado los mensajes, por así decir, más penetrantes, en la renovación de la monarquía. Ha insistido en "una monarquía renovada para un tiempo nuevo".

  En realidad, estamos hablando de una monarquía "depurada". A través de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI asistimos a un proceso de depuración. Y desembocamos en la "renovación".

  Es esto lo que viene a reconocer Felipe VI: "Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".

  La crisis económica y social ocupa su lugar.

  Pero si en medio de la crisis de 1974-75, desencadenada por la cuadruplicación de los precios del petróleo de 1973, el rey puso el dedo en la llaga sin ambages, Felipe VI ha realizado una descripción vaga.  Juan Carlos I dijo: "Hoy queremos proclamar que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos". Ni un español sin trabajo ni, diríamos hoy, trabajos basura o minijobs.

   Felipe VI: "Señorías, quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables. Y tenemos también la obligación de transmitir un mensaje de esperanza -especialmente a los más jóvenes- de que la solución de sus problemas y en particular la obtención de un empleo, sea una prioridad para la sociedad y para el Estado. Sé que todas sus Señorías comparten estas preocupaciones y estos objetivos".

   No hay referencia a la desigualdad social, a la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.

  ¿Qué pasa? ¿Que ello supone arruinar la marca España? ¿Implica contradecir la frágil y tenue, ministro Luis de Guindos dixit, recuperación?

   Se queda corto y escaso también al hablar de Europa, al pintar una Europa teórica, ideal, en abstracto, en la cual la cohesión social se rompe, según han transmitido los ciudadanos europeos, y entre ellos los españoles, en las elecciones del 25 de Mayo de 2014. Los resultados han sido un virtual auto de procesamiento de la austeridad, del paro y de las tendencias deflacionistas, resultado todo ello de una política económica que en lugar de resolver los problemas ha provocado más recesión.

  Si hasta Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), pudo reconocer de facto la noche del 25 de mayo que la desafección hacia los grandes partidos de gobierno era el producto de la política económica. "En toda Europa, la gente está claramente en retirada [respecto a los grandes partidos], quiere respuestas al espinoso problema del crecimiento", dijo en Lisboa.

  Felipe VI parece haber optado por considerar que, en realidad, la tarea que le competía era la de depurar y renovar a la monarquía para garantizar su continuidad. 

  Todo, pues, está preparado.

   Felipe VI ha hecho (referencia al Quijote) y después ha hablado. Es el rey esperanzado.

 Sobre todo a unas semanas de que el juez José Castro dicte su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado en el caso Urdangarín.

  Allí deberá despejar la incógnita sobre si mantiene la imputación de la infanta Cristina o la cancela. Pero aunque la mantenga, el fiscal Pedro Horrach y la Abogacía del Estado la van a recurrir ante la sección segunda de lo penal de la Audiencia de Palma de Mallorca.

  La Audiencia podrá confirmarla o no. Pero lo esencial es que el último paso procesal es el auto de apertura de juicio oral.

  Y en este auto, que no es recurrible, si Horrach y la Abogacía no acusan por delito fiscal, como ya está claro, el juez no podrá acusar a la infanta Cristina, esto es, no podrá sentarla en el banquillo.

 Doctrina Botín obliga.

 

 

 

El discurso del rey

            

Discurso de proclamación de Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975.

 

  No será el discurso del rey Jorge VI el 3 septiembre de 1939, tras la declaración de guerra contra la Alemania nazi, tan estupendamente llevado a la gran pantalla por Tom Hooper, con la magnífica interpretación de Colin Firth y Geoffrey Rush, pero... la expectación de la nación ante las palabras de Felipe VI, tras la abdicación de Juan Carlos I, es importante.

 Y el nuevo rey y sus colaboradores no lo tienen fácil.

 El punto de partida es el final del reinado de Juan Carlos I, cuyo comienzo es, precisamente, el discurso el 22 de noviembre de 1975. Un discurso de unas 1.600 palabras.

 El flamante rey Juan Carlos I y sus asesores lo ponen todo. Desde la "figura excepcional que entra en la historia" y la afirmación de que "Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea", hasta su mensaje claramente dirigido a granjearse el apoyo de las Fuerzas Armadas, "los ejércitos de la nación", un tema de gran relevancia en su alocución. 

  Quizá, entre otras cosas, por este mensaje a los "ejércitos", Juan Carlos I dice que "no sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El Rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones".

  Pero también aborda los temas que hoy día están sobre la mesa.

 La idea de España como "comunidad", de la "unidad del Reino y del Estado", de las "peculiaridades regionales como expresión de la diversidad que constituyen la sagrada realidad de España", están presentes.

 La economía y los derechos sociales.

 "Hoy queremos proclamar que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos".

  Atención, plantea el tema del desempleo y quizá en lo que podríamos llamar un mensaje avant la lettre advierte contra los empleos basura o  los minijobs. 

  Alguien podrá objetar: pero es que ahora estamos en una Gran Crisis. En efecto, y cuando Juan Carlos I pronuncia su discurso sabe lo que se está diciendo: la economía internacional atraviesa por su primera recesión generalizada desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis de 1974-75.

   Y aunque la palabra corrupción está ausente como tal, el control de la justicia sí tiene su lugar.

   "La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional".

  Y la idea de Europa, también.

  Son, como decíamos, unas 1.600 palabras. Es un discurso breve y preciso.

  Pero es claramente el discurso de un rey que no se concibe a sí mismo, en esta etapa, como una figura decorativa sino con funciones ejecutivas.

  Y es precisamente la última exhortación de Juan Carlos I la que de facto se convierte ahora en la puerta de entrada de Felipe VI.

 "Si todos permanecemos unidos habremos ganado el futuro", dice.

  Casi 39 años después de que estas palabras fueran pronunciadas, la convocatoria de un referéndum para el 9 de noviembre de 2014 por el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, cuestiona la permanencia en unidad que recomendaba Juan Carlos I.

  Las expectativas en Cataluña ante el discurso de Felipe VI no son menores.

  Juan Carlos I concluyó su primera visita a Cataluña tras la proclamación con una herejía: pronunciar unas palabras en catalán.

  Es posible que el discurso de Felipe VI se retransmita en las lenguas cooficiales dado que no se trata de una sesión parlamentaria como tal.

 Y aunque la Gran Crisis sea un aspecto central de su discurso, la renovación de la apuesta de su padre por la unidad va estar muy presente.

 Hace 39 años, aquella exhortación se tradujo tres años tarde, en 1978, en la introducción de la palabra "nacionalidades" en el artículo II de la Constitución Española.

  Y, en esta nueva proclamación, en ¿qué se va a traducir?

  

  

Un puzle para Torres-Dulce y Marchena

               

     Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

                        

 

 

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado

 

  La dimisión  de Enrique López (Cacabelos, León, 1963) a su plaza en el Tribunal Constitucional el pasado 2 de junio, tras ser sorprendido el día anterior ebrio y sin casco a los mandos de una motocicleta, deja en manos del Gobierno el nombramiento para ocupar la vacante. Una vacante cuyo mandato tiene una duración de nueve años, de los cuales solo se ha cumplido uno. Quedan, pues, ocho años, hasta 2022.

 Dado que se trata de un nombramiento gubernamental, aquí no se presenta el problema de consensuar con el PSOE y otros partidos políticos.

 Sin embargo, el Gobierno sopesa detenidamente el nombre del sustituto.

 Aunque podría echar mano de aquellos candidatos que ya se consideraron a la hora de nombrar a Enrique López y a Pedro González Trevijano Sánchez, el 7 de junio de 2013, hace ya más de un año, fuentes jurídicas y gubernamentales señalan que se está pensando en un movimiento más estratégico.

  Eduardo Torres-Dulce, (Madrid, 1950), actual fiscal general del Estado, ha sido fiscal en el Tribunal Constitucional durante largos años, tras ser fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante la etapa de Juan Cesáreo Ortiz Úrculo. Su mandato de cuatro años de Fiscal General del Estado vence cuando termina, a finales de 2015, la actual legislatura. Y dado que es el primer fiscal general nombrado bajo la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Gobierno Zapatero, y las Cortes, en 2007, no puede renovar en el cargo. Son cuatro años y punto.

  Por esta razón, la plaza que deja vacante Enrique López es una oportunidad. Fuentes consultadas indican que Torres-Dulce desearía volver al Tribunal Constitucional, esta vez como magistrado. Se trataría, además, de un nombramiento sugerente porque sería un hombre de la carrera fiscal el que entraría al TC. Su pase al TC, por otra parte, le permitiría alargar notablemente su actividad. De acabar prácticamente a finales de 2015, cuando concluye su mandato de Fiscal General, seguiría hasta 2022 en el TC.

  Sin embargo, no es el unico apetito personal que la plaza vacante de Enrique López despìerta. El otro es el de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959). Fiscal de carrera, llegó a Madrid a propuesta del fiscal General del Estado Eligio Hernández, y más tarde, durante el mandato de Jesús Cárdenal, fue nombrado jefe de la secretaría técnica. Luego pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde 2007 es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

  Precisamente, en marzo de 2012, fue nombrado por el Gobierno presidente de la comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se ha rebautizado como el nuevo Código Procesal Penal, una iniciativa que no parece ser en estos momentos una prioridad para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

  Pero, ¿qué necesidades más apremiantes tiene el Gobierno del Partido Popular en el ámbito judicial?

  Su mayoría en el TC está sellada. 

  La presencia de Torres-Dulce en dicho tribunal reforzaría esa mayoría con un hombre procedente de la carrera fiscal con conocimiento de derecho penal, una materia que no brilla precisamente por su presencia  en el TC.

  Marchena, en ese caso, podría sustituir a Torres-Dulce como Fiscal General del Estado.

  Según el Estatuto vigente, si bien el Fiscal General tiene un mandato de cuatro años, no renovable, existe una excepción: cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años sí podría ser renovado por cuatro años.

   He aquí, pues, el rompecabezas que deja Enrique López al salir del Tribunal Constitucional.

  Ahora el ministro de Justicia y la vicepresenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuya debilidad, profesional, por Manuel Marchena no es secreto, tendrán que sentarse a la mesa para armar el puzle.

 Por tanto, si Torres-Dulce sustituye a Enrique López en el TC ahora mismo y Marchena pasa a ser Fiscal General del Estado, éste completaría el mandato del anterior, al que le queda un periodo inferior a dos años. Por tanto, Marchena podría sí ser, a su vencimiento, renovado por cuatro años.

  Esta garantía - de permanecer en el puesto casi 5 años y medio- funcionaría siempre y cuando, claro, volviera a ganar el PP las elecciones generales de finales de 2015. Caso contrario, Marchena regresaría de la Fiscalía General a su puesto de magistrado en la Sala Segunda del TC.

  Fuentes jurídicas señalan que si Marchena se hace cargo de la Fiscalía General del Estado ello supondría hacerlo con el programa de dar un impulso al nuevo Código Procesal Penal, vamos, la renovación de la vetusta ley de Enjuiciamiento Criminal.