Trías, número falso y cuenta inexistente

                                                          

 

  La Unión de Bancos Suizos (UBS) ha extendido, el viernes 31 de octubre, un certificado a los abogados del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, en el que asegura que el primer edil de la Ciudad Condal nunca ha tenido cuenta bancaria en dicha entidad. El periodo legal de conservación de datos es de diez años.

  Agrega que el número de la cuenta UBS difundido en España no se corresponde con la numeración de la entidad.
   

  Es decir, se trata de un número falso, de una simulación.

  Los abogados del bufete Baudoin Dunant, de Ginebra, se pusieron en contacto con la consejera jurídica de UBS de Ginebra, Nathalie Fontanet.

  Se trataba de aclarar que Trías no tenía cuenta ni depósito en la entidad.

 La primera reacción de UBS había sido fría. Los bancos suizos no suelen dar explicaciones sobre sus cuentas salvo en ciertos casos. Por ejemplo, cuando se trata de una persona imputada o acusada en un procedimiento judicial.

    Pero el hecho de que se publicase el número de la cuenta, el miércoles 28, en el diario El Mundo, llevó a UBS a reconsiderar su posición inicial.

  Porque ahora se pedía al banco suizo que confirmaran si la titularidad de la cuenta  Nº 7651162-3445.954 correspondía a Trías. Y de saber si Trías tenía otras cuentas en dicha entidad.

   Los abogados suizos aportaron el número a través de un fax el día 29 de octubre.

  Ello permitió conseguir rapidamente el certificado. La cuenta era falsa.

  "A todos los efectos a los que podría ser de utilidad, les precisamos que el número de  relación bancaria ya citado no se corresponde con el formato de los números de cuenta en UBS AG", dice el certificado.

 Pero aparte de esta falsedad, los consejeros juridicos Nathalie Fontanet y Vladimir Papakonstantinou señalan que "no tenemos en nuestros libros de activos ninguno a nombre de Xavier Trías Vidal Llobatera, nacido el 5 de agosto de 1946, en calidad de titular".

  La definición de activos bancarios se usa como sinónimo de cuentas bancarias, pero supera ampliamente a una cuenta corriente bancaria: incluye las cuentas a la vista, las libretas de ahorro, los depósitos, las carteras de valores, y los bienes que pueden estar depositados en cajas de seguridad.

 Aclara  el certificado que la búsqueda de datos se ha hecho sobre un periodo de 10 años, conforme a lo que establece la ley, en las sedes de Zurich y Basilea, así como en las agencias de todo el territorio nacional.

 Según la información difundida por fuentes policiales nunca identificadas, Trías cerró dicha cuenta después de transferir 12,9 millones de euros a una entidad financiera de Andorra en febrero de 2013, a raíz de las noticias sobre cuentas de la familia Pujol y de Artur Mas en Suiza, en el banco Lombard Odier, emanadas también de ciertos sectores policiales inconfesables.

  Trías desmintió la noticia y, mientras esperaba la respuesta de UBS,  presentó una querella criminal contra el citado diario  y seis entidades de Andorra, a las que también ha solicitado certificación ya que se sostenía que los 12,9 millones de euros están ahora escondidos en entidades financieras andorranas. Estas últimas todavía no han extendido su certificación.

   El ministro del Interior y la resistencia de Trías

  El ministro del Interior, Jorge Fernandez Díaz, salió al ruedo y defendió, en conversaciones reservadas con medios de comunicación, la existencia de la cuenta en UBS poco después que Trías desmintiera la noticia. (En la foto Jorge Fernández Díaz y Xavier Trías)

  El ministro explicó que la información iba a misa y que procedía de Suiza. Era la primera vez, y por boca del ministro, que se identificaba el presunto origen preciso de la noticia. Suiza. El ministro intentaba así debilitar el alcance del desmentido del alcalde de Barcelona.

  La información sobre la supuesta cuenta de Trías en UBS forma parte de un conjunto de dossieres que sectores del Ministerio del Interior y de la Policía vienen difundiendo en medios de comunicación siempre de manera extraoficial.

  Las cuentas de Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Mireia, Oleguer, Jordi hijo y Pere) en la Banca Privada de Andorra, por valor de 3,4 millones de euros, y la declaración del expresident Pujol del 25 de julio sobre los fondos guardados en el extranjero, dan credibilidad per se a noticias similares.
 

 Pero en esta ocasión, la de Xavier Trías, el Ministro del Interior en persona, tras conocer el desmentido inicial de Trías, se puso en contacto con medios de comunicación para persuadirles de que no dieran crédito al alcalde de Barcelona porque la cuenta de UBS de 12,9 millones de euros era una realidad.

  El bufete que se ha ocupado estos días del caso Trías es diferente del despacho ginebrino Ducrest-Heggli, que se encargó, en febrero de 2013, de solicitar al banco Lombard Odier un certificado parecido en relación con informaciones procedentes también de fuentes policiales, según las cuales Jordi Pujol i Soley, Jordi Pujol Ferrusola y Artur Mas poseían cuentas en dicha entidad.

  Lombard Odier certificó el 14 de febrero que se trataba de un bulo. Que no poseían cuenta ni depósitos bancarios. En aquella ocasión, dos certificados distintos - uno para los Pujol y otro para Mas- de la entidad señalaban que ninguno de los tres poseía poderes, cuentas bancarias, depósitos, derechos económicos o eran beneficiarios (ayant droit economique), en los diez años hasta la fecha apuntada.

  Fuentes próximas al alcalde señalan ahora que la celeridad en la emisión del certificado que han solicitado a la UBS ha permitido puntualizar que Trías carece de cuentas bancarias.

  "Pero es un certificado mejorable", dijo el abogado del alcalde, Xavier Melero. "Necesitábamos una puntualización inmediata".

  La UBS concedió esta certificación amparándose en algunas cláusulas de su protocolo interno sobre vulneración del secreto bancario. Aunque se refiere al periodo de conservación legal de datos (10 años), los informes policiales sostenían que Trías había hecho la transferencia de 12,9 millones de euros a Andorra el 13 de febrero de 2013. Por tanto, la certificación de UBS cubre con creces los plazos. 

  La implicación personal del ministro Fernández Díaz ya había llevado al alcalde de Barcelona a pedir la comparecencia de los responsables policiales, en particular del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para explicar los hechos, a saber, para informar qué investigación se seguía en el momento de la publicación de la cuenta fantasma que dio lugar a la querella.

  Ahora Trías ha solicitado públicamente la dimisión del ministro. El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, ha sugerido a Trías  abrir una actuación en Cataluña sobre este asunto.

  Ya el martes por la noche, a la espera de la respuesta de UBS, Xavier Trías me explicó en una conversación telefónica que no iba a retroceder.

  "Otra cosa es estar pringado. Y yo no estoy pringado", anticipó.

  Fuentes consultadas señalan que dentro del Ministerio del Interior existen diferencias importantes sobre el alcance de la fabricación o asunción de informes de tercera clase, dossieres de desacreditación, y su utilización a través de medios de comunicación.

  Javier Chicote, periodista que investiga asuntos de corrupción en el diario Abc, ha explicado que la información sobre la cuenta fantasma de Xavier Trías había caído en sus manos, pero una indagación sobre la veracidad de la misma le llevó a no publicarla. Fuentes de Interior le advirtieron que si publicaba lo haría bajo su cuenta y riesgo.

   Pero no ha sido esa la posición de la cúpula, formada por el ministro del Interior, Fernández Díaz, y su brazo derecho, el director adjunto operativo, el DAO, Eugenio Pino. 

  (En la foto aparecen el director general de la Policía, Ignacio Cosidó junto a Fernandez Díaz y al director adjunto operativo Eurgenio Pino).

                                     

                                                

 

   

   

 

  Ambos parecen estimar que la corrupción es el eslabón más débil del proceso soberanista catalán y que todo vale para desacreditar a sus líderes.

   Cuadros medios de la UDEF intentan profundizar las investigaciones sobre corrupción de la familia Pujol al tiempo que critican la campaña de sus jefes en permanente contacto con medios de comunicación.

  La cuenta de Trías ha sido "comercializada" en el mercado de noticias de escándalo y corrupción de Madrid desde mediados de septiembre pasado. Además de Trías se mencionaban presuntas cuentas del ex conseller en cap del gobierno del tripartito, Josep Lluis Carod-Rovira, siempre con el ánimo de ensuciar y desacreditar.

Aznar o el que busca encuentra

          

 

             

               

     

     

 

 

   

 

 

 

   José María Aznar, después de intentar ser, en 2008, el representante de la división de armamentos de la empresa española Einsa para los mercados de Libia y Argelia, operación que no salió adelante, suscribió en 2010 con Befesa, filial de la empresa industrial de tecnología Abengoa, un contrato para vender desaladoras al gobierno de Muamar al-Gadafi. Según el contrato de 8 de septiembre de 2010, publicado por eldiario.es, Aznar percibiría una comisión del 1% por todos los contratos hasta la cifra de 250 millones de euros y de un 0,5% a partir de dicha cantidad.

  Befesa proyectaba una operación de venta de cuatro desaladoras por un total de 950 millones de euros, lo que representaría para la intermediación de Aznar 6 millones de euros.

  Abengoa y su filial Befesa ya tenían amarrado el contrato en términos generales a través de un mou (memorándum of understanding) de julio de 2010 para tres desaladoras.

  Sin embargo, el contrato de Aznar es de septiembre de 2010.

  ¿Es que ya había hecho gestiones el expresidente de Gobierno con Muamar al-Gadafi antes de esa fecha que el documento del 8 de septiembre de 2010 no menciona?

 ¿Es que ambas partes Befesa y Aznar acordaron omitir referencias a cualquier gestión directa con al-Gadafi que pudo realizar el expresidente para firmar el mou de julio de 2010?

 ¿O simplemente la contratación de Aznar fue planteada para la fase de desarrollo de las plantas propiamente dicha?

  Aznar cobró un anticipo de 100.000 euros a la firma del citado contrato, pero a los siete meses de gestiones un hecho afectó el cumplimiento de la operación: la intervención militar de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, en Libia, el 19 de marzo de 2011. 

   Aznar, que acompañó a George W. Bush y a Tony Blair en la promoción y respaldo a la guerra de marzo de 2003 en Irak, se opuso, en cambio, a la intervención militar contra Gadafi.

  En esos precisos momentos, Gadafi era cliente de Aznar, quien negociaba en nombre de Befesa.

  En efecto, el expresidente del Gobierno español habló sobre el tema en la Universidad de Columbia, Nueva York, el viernes día 15 de abril de 2011.

   Según explicó, Gadafi apoya "los esfuerzos del mundo occidental contra el terrorismo después de haber financiado el terrorismo". Aznar dijo que Gadafi "era un desastre". Pero la invasión de Irak, en 2003, cambió las cosas: "Se puso a pensar: 'si hay cambio de régimen en Irak, a lo mejor habrá cambio de régimen aquí, lo que quiere decir que me cambiarán a mí. Y decidió eliminar y abandonar todos los programas de armas nucleares, biológicas y químicas. Y lo abandona completamente". 

  La intervención militar contra Gadafi, advirtió Aznar, "corre el riesgo de montar un buen lío".

  Parte de ese lío, pues, fue que Aznar perdía el contrato de Befesa. Seis millones de euros, caso de concretarse, como parecía, la venta de las cuatro desaladoras, se le escapaban de las manos.

   En su libro Retratos y Perfiles (Editorial Planeta, 2005), José María Aznar dedica seis páginas a la figura de Muammar al-Gadafi. Y en el album de fotos, que incluye a las personas retratadas literariamente, posan juntos durante la visita que el entonces presidente del Gobierno español realizó, en septiembre de 2003 a Trípoli.

  El comentario que aparece debajo de la fotografía es el siguiente: "En el año 2001 Gadafi tuvo la ocasión de demostrar que, por muy ideologizado que estuviera su discurso y su regimen, y por mucho que le apasione el aparato escenográfico, sigue siendo un hombre pragmático. De ahí su condena rotunda de los ataques del 11 de septiembre. Estoy convencido de que Gadafi se dio cuenta aquel mismo día de que el mundo había cambiado y que también el tenía que cambiar". 

 Cuenta Aznar en su retrato de Gadafi que "entre el año 2000 y el 2003, y mientras se va desarrollando un proceso interno de reflexión en Libia, yo recibía periódicamente enviados especiales de Gadafi con los que trabajabamos en dos ámbitos, el de las relaciones bilaterales entre España y Libia y el de las relaciones del regimen libio con la Unión Europea y Estados Unidos".

 Aznar parece ser contundente: "A Gadafi le planteé con toda claridad la necesidad de terminar los programas de armamento nuclear".

  Tras la invasión de Irak, recuerda Aznar, "los contactos entre el Gobierno español y Libia se intensificaron". En diciembre de 2003, Libia reconoció que poseía armas químicas y biológicas, evoca el expresidente del Gobierno español, aunque fía al futuro si la destrucción de ese arsenal tendría lugar o se trataba de un giro "meramente oportunista".

  Ya en los últimos párrafos de su descripción, Aznar señala, sobre sus vivencias con Gadafi, esto: "Yo no comparto casi ninguna de sus ideas, pero tuve la impresión de estar ante un dirigente que había comprendido cuál era el rumbo que había tomado el mundo". 

   Gadafi obsequió a Aznar con un caballo. "Me explicó que el caballo se llamaba Rayo del Líder, con mayúsculas...A los tres días de volver a Madrid, anunciaron la llegada de un vuelo fletado desde Trípoli para traer el famoso caballo, que ahora se encuentra en una dependencia de la Guardia Civil. Le agradecí el gesto, pero lo que me importa de verdad es que continúe la linea ya iniciada". (En la foto que abre esta entrada aparecen los dos dirigentes junto a Rayo del Líder)

   No es que Aznar dijera a lo Rick Blaine (interpretado por Humphrey Bogart) al capitán Louis Renault (Claude Rains) al final de Casablanca:

  -Louis, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad.

  Pero, si seguimos los pasos siguientes... Se non è vero, è ben trovato.

  En diciembre de 2007, Gadafi realiza una visita oficial al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Se traslada el dictador libio a Sevilla con un séquito de 350 personas. Ha reservado 80 habitaciones para 150 personas en el hotel-hacienda La Boticaria, en Alcalá de Guadaira (foto). Las otras 200 personas de la delegación se alojan en varios hoteles de la capital andaluza: Barceló Renacimiento, Alfonso XIII y Tryp Macarena.

  Gadafi tiene prevista una reunión y cena con Rodríguez Zapatero el domingo 16 diciembre de 2007, el inicio de su visita oficial.

   Pero el mismo día de su llegada, el sábado 15 de diciembre, Gadafi tendrá un encuentro privado.

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  Ha invitado a cenar a José María Aznar y a su esposa. Ana Botella, a Sevilla.

  El propietario de La Boticaria, José Antonio Sáenz, explica: "Gadafi y Aznar cenarán esta misma noche cordero, aunque el animal será sacrificado y cocinado según el estilo musulmán por los sirvientes del líder libio, que ha instalado también una barbacoa en la conocida jaima levantada en el interior de los jardines de la hacienda".

    Ahora, retrospectivamente, se puede saber que Aznar no daba puntada sin hilo.

   ¿Por qué?

   Según los emails intercambiados por el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, con la empresa Einsa, publicados por el diario Infolibre, Aznar hacía gestiones, en 2008, para  representar a la división de armamentos de  Einsa en dos mercados de gran interés para la citada compañía: Argelia y Libia.

   

 

 

   Dos países en los que según escribía el consejero delegado de Einsa, Pedro Rodríguez Pla, a Aznar, el 3 de octubre de 2008, "está todo por hacer".

   El círculo era completo: Aznar había nombrado en 1996 a su amiguito del alma en la presidencia de Caja Madrid; Blesa era consejero de Einsa (1991-1997); Einsa obtuvo decenas de contratos con el Gobierno Aznar.  Y, ya fuera del Gobierno, en 2008, Blesa, presidente de Caja Madrid, gestiona para Aznar la representación de Einsa para Argelia y Libia.

   ¿Cuando comenzó a tener contactos Aznar con Einsa?

   Al parecer, en 2006. Es decir, antes de su encuentro privado de diciembre de 2007 con Gadafi en Sevilla.

    En un comunicado, Aznar ha señalado que no concluyó ningún contrato o encargo de Einsa, que recibiera retribución o participara en comercio de material de armamento.

    Aznar, pues, es transparente.

   Claro, se le había olvidado añadir: he sustituido de ramo, en lugar de armamentos vendo desaladoras.

   La trama Blesa-Einsa-Aznar-Gadafi, sabemos ahora, fue sustituída por otra mucho más prometedora: la de Aznar-Abengoa-Gadafi.

     Resumamos.

   

    Nicolas Sarkozy obtuvo una presunta financiación de 50 millones de euros de Gadafi durante su campaña electoral de 2007, un asunto que investiga la justicia francesa; Tony Blair negoció con Gadafi en nombre de J.P Morgan para cerrar un acuerdo entre la Autoridad Libia de Inversiones y el oligarca ruso Oleg Deripaska; y Aznar, después de intentarlo en el mercado de armamentos, consiguió intermediar en la venta de cuatro desaladoras de Befesa al líder libio.

   

    La guerra y el asesinato de Gadafi, mira por dónde, se cargaron el magnífico negocio.

 

   ¿No están doblando las campanas por una depuración en el think tank o el púlpito de las prédicas del Partido Popular? 

   Es decir: en la cúpula de FAES.

Perdonazos

             

             

 

   

 

 

   

  

 

   

 

 

    En su última novela, La Fiesta de la insignificancia, Milan Kundera nos habla de aquellos personas que están condenadas, según una lógica implacable, a pedir perdón toda su vida.

    A los que el novelista llama perdonazos.

   Esta palabra me la han evocado Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy cuando piden perdón.

   Para jugar con las palabras de Kundera, diría que estos perdones son insignificantes.

   Pero, no creáis queridos lectores y queridas lectoras, que la insignificancia es algo menor.

  Lo dice el escritor checo afincado en París: "La insignificancia amigo mío, es la esencia de la existencia. Está con nosotros en todas partes y en todo momento...Pero no se trata tan sólo de reconocerla, hay que amar la insignificancia, hay que aprender a amarla...".

   El pasado domingo, en Murcia, esta es la opinión que Mariano Rajoy daba a sus conmilitones. 

   "Unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España", dijo en referencia velada a la corrupción. Es la metáfora de la manzana podrida dicha de manera menos, por así decir, literaria.

  "Unas pocas cosas".

  Esas "pocas cosas", mejor dicho, haber despreciado la corrupción unas horas antes de la Operación Púnica, toda una torpeza, es lo que ha llevado, menos de cuarenta y ocho horas después, a Rajoy a revisar sus palabras y dejar saber a los ciudadanos, a través del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que el presidente del Gobierno "sufre extraordinariamente" por todo lo que está ocurriendo.

 Unas palabras que han servido de introducción a su comparecencia en el Senado. Rajoy ha dicho: "Entiendo y comparto el hartazgo de los ciudadanos", y ha pedido "disculpas a todos los españoles".

   Rajoy da este paso después de que Esperanza Aguirre se anticipase convocando una rueda de prensa para pedir "perdón" por haber confiado en Francisco Granados.

  El caso de Esperanza Aguirre debería ser estudiado en las carreras de Políticas de nuestras universidades.

 Pretende, casi sin ambages, capitalizar los casos de corrupción (Gürtel y ahora Púnica) a favor de su renovada carrera hacia la alcaldía de Madrid.

  La presidenta del PP de Madrid estima que al pedir perdón conecta con los ciudadanos. Es sensible a lo que ellos piensan. Quiere ser el portavoz de esos ciudadanos.

  Problema: tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han desestimado las denuncias de corrupción sistémica en el PP. Han desestimado una gran parte de los hallazgos de la investigación del juez Pablo Ruz en Madrid y del juez José Ceres en Valencia.

  No son tramas de corrupción del PP. Son (o eran) tramas contra el PP.

  Ese negacionismo en lugar de desalentar a los corruptos les ha hecho sentirse inmunes.

  Recordemos.

  A finales de febrero o primeros de marzo de 2005, el secretario del PP de Madrid, Francisco Granados, presentó una querella criminal, con el respaldo de Esperanza Aguirre, contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por su decisión de enviar a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre la adjudicación presuntamente irregular de dos parcelas en Majadahonda para edificación de viviendas.

  La querella contra el fiscal general, por delitos de prevaricación y otros,  pasó a informe del teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, quien señaló "la absoluta falta de fundamento para imputar un delito de prevaricación" a quien se había limitado a enviar una denuncia de actividades presuntamente ilícitas a la Fiscalía Anticorrupción. La querella habia sido presentada con gran alarde en las puertas del Tribunal Supremo.

  Y cuando fue desestimada, a mediados de febrero, Granados insistió con un recurso de súplica, que también fue rechazado..

   El concejal de Planificación Urbana, José Luis Peñas, y el de Medio Ambiente, Juan José Moreno, del Ayuntamiento de Mahadahonda, decidieron grabar a Francisco Correa y otros secuaces de su banda, a partir de  febrero de 2006, después de presentar un informe en la madrileña calle de Génova, primera planta, a Esperanza Aguirre sobre diversas irregularidades. 

   La grabación fue el último recurso.

  Fueron esas cintas con dieciocho horas de grabaciones a lo largo de veinte meses las que Peñas y su letrado, Ángel Galindo, depositaron sobre la mesa de la UDEF, en Canillas, el 7 de noviembre de 2007. Fue este acto de denuncia lo que permitió comenzar la investigación de la trama del PP - portavoz Alfonso Alonso, dixit, el 24 de agosto de 2013 - conocida como Gürtel.

   Ni el caso Naseiro, que salvó al PP a raíz de pruebas obtenidas de manera irregular, según el Tribunal Supremo, ni más tarde el caso Filesa, que afectó al PSOE, hicieron escarmentar al PP, que creyó haber perfeccionado su maquinaria de financiación, a la luz de lo que vemos en la contabilidad B y en las declaraciones de Luis Bárcenas ante el juez Ruz.

  Y la financiación irregular y el enriquecimiento ilícito van de la mano.

  Los sobresueldos en sobre, caso papeles de Bárcenas, y en tarjeta, caso Black, son dos caras de la misma moneda.

   Y el caso Púnica, ahora, no resulta una anomalía. La actividad de los que han venido o están en política para forrarse (la "codicia personal" invocada por Rajoy) es complementaria con la conductas que violan la ley de financiación de los partidos políticos y operan con dinero negro.

      

   

Andorra pide datos decisivos a Ruz

 

                      

   

                    

 

 

 

   

 

   

 

 

 La juez de la Batllia de Andorra, Ángels Moreno, encargada de tramitar la comisión rogatoria enviada por el juez Pablo Ruz sobre las cuentas bacnarias de Jordi Pujol Ferrusola, su ex esposa Mercè Gironés y sus empresas ha cursado a la Audiencia Nacional una nueva solicitud de datos.

  Esta vez es una petición crucial. "Por ser necesarias para la resolución del incidente de oposición efectuado en el marco de la causa que tramita la resolución de la comisión rogatoria que me entregó su tribunal". 

   El incidente de oposición es el recurso presentado por los abogados Joan Miquel Rastagneres y Cristóbal Martell, letrados de Jordi Pujol Ferrusola, contra la entrega de datos a España, el pasado 26 de septiembre. 

 La juez afirma que una vez recibidos estos datos "decidirá inmediatamente" sobre la petición de auxilio judicial solicitada por España. El juez Ruz ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición y espera su respuesta para enviar a Andorra.

   La comisión rogatoria andorrana, pues, entra en su recta final.

  La juez Moreno pide a Ruz que aclare "si en el procedimiento judicial figura un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria. En caso afirmativo certifique la fecha de la aportación en autos de la información y de su origen".

   Agrega "si consta en su procedimiento alguna información policial relativa a la existencia y contenido de este documento y/o existencia de datos bancarios en el Principado de Andorra en general o en Banca Privada de Andorra en particular. En caso afirmativo, certifique la fecha de aportación en autos de la información y de su origen".

   Y, en tercer lugar, dice la juez Moreno "teniendo en cuenta que la comunicación pública del Sr. Jordi Pujol Soley no hacía referencia a ningún país concreto ni a ninguna entidad bancaria concreta, quieran esclarecer si esta información procede de la prensa escrita o si ya constaba en autos con anteroridad por otro medio".

    La juez añade: "De otra parte, os informo que una vez recibida la información solicitada, se dará conocimiento a las partes acordando un plazo de cinco días naturales de alegaciones y se dictará inmediatamente la resolución del incidente dando respuesta a todas las peticiones efectuadas por las partes".

    La juez Moreno toca el punto más sensible de la comisión rogatoria. Porque en su escrito de 28 de julio pasado, al pedir la comisión, la fiscal Belén Suárez señalaba que se había enterado por los medios de comunicación de la existencia de fondos en Andorra.

  En otro juzgado de Andorra a cargo de la juez Canòlic Mingorance se sigue, precisamente, una denuncia penal de la defensa de Pujol Ferrusola por presunta violación del secreto profesional y el secreto bancario del código penal de Andorra a raíz de la filtración de las cuentas bancarias en BPA el pasado 7 de julio a un medio de comunicación de Madrid, el diario El Mundo.

 La defensa de Pujol Ferrusola al oponerse a la entrega de datos por parte de la juez Moreno pide, subsidiariamente, que no decida transmitirlos hasta que concluya la investigación sobre la mencionada filtración.

  La defensa de Pujol Ferrusola sostiene que esta filtración ha supuesto viciar el origen de la comisión rogatoria del juez Ruz.

 Por ello, la juez Moreno quiere saber si existía  o no información de las cuentas bancarias en el procedimiento judicial español.

  El juez Ruz ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que aporte su respuesta. Dicha  respuesta parece estar condicionada por el reconocimiento de la teniente fiscal Belén Suárez en el sentido de que tomó conocimiento por la prensa de las cuentas bancarias de Marta Ferrusola y sus cuatro hijos en Andorra. 

  La teniente fiscal, en efecto, en su escrito de 28 de julio pasado, sostenía: "Habiendo tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la carta publicada por el Sr. Jordi Pujol Soley (se adjunta copia) de la existencia de fondos en Andorra que, según manifiesta pertenecen a sus hijos y a su cónyugue -Marta Ferrusola- entre los que se encuentro el imputado en nuestro procedimiento Jordi Pujol Ferrusola; que esos fondos se encuentran en la Banca Privada de Andorra, y que parte de esos fondos han sido objeto de regularización por alguno de sus hijos en fecha reciente, lo que también se conoce porque ha sido publicado por la prensa...".

   Problema: que, como afirma en su carta la juez Moreno, el ex president Jordi Pujol no habla de Andorra ni de cuentas en la Banca Privada de Andorra.

  Por tanto, ¿está dicho material o no en el sumario que se sigue en el juzgado número 5?

  La redacción de la teniente fiscal deja claro que no. Le atribuye al expresident Pujol cosas que no ha dicho en su declaración de 25 de julio.

  Y la juez, ante la cual actúa como parte la defensa de la familia Pujol, ya lo sabe. Como también conoce que las cuentas de BPA aparecieron en el citado medio de comunicación el 7 de julio.

Por tanto, la comisión rogatoria está ante una prueba decisiva.      

   

  La lucha contra la corrupción exige el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, máxime cuando se requiere la cooperación jurídica internacional.

  La conducta de ciertos estamentos policiales en España, aledaños al ministro Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pone precisamente en peligro esa lucha contra la corrupción al utilizar prácticas inconfesables y sacar provecho político.

  No es este el único punto en cuestión aunque ahora parece decisivo. Tampoco está aclarado que los delitos que se imputan a Pujol Ferrusola sean distintos a los de fraude fiscal (evasión) y asociado con ello blanqueo de capitales. Ambos delitos no son de doble incriminación España-Andorra porque en el Principado no son delitos.

  En cambio no se ha acreditado la existencia de delitos de corrupción, los que podrían, en efecto, conseguir el envío de los datos. Tampoco el último auto del juez Ruz de esta semana, 22 de octubre, menciona el tema de la corrupción (cohecho, comisiones ilegales u otros).

 Ampliación de la rogatoria y bloqueo de cuentas

   La solicitud de la juez Moreno se ha cruzado en el camino de la petición del juez Ruz de que se amplíe la comisión rogatoria pendiente de resolución.

  El juez, en su auto de fecha 22 de octubre, siguiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, señala que el 4 de agosto de 2014, después de acordarse enviar la ya citada comisión rogatoria, Pujol Ferrusola  "ha dispuesto de la cantidad de 2.435.000 euros depositada en la Banca Privada de Andorra a favor de la sociedad mejicana Anzuelos Soluciones".

  El juez solicita datos sobre esa cuenta bancaria y "considerando que el imputado ha negado ser titular de cuentas bancarias fuera de España dispuso de unos fondos de  una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra, interesa que se proceda al bloqueo de los fondos que hubiera en esa cuenta y en las demás que se hubieran identificado a resultas de la anterior comisión rogatoria por considerar que el origen de los mismos pudieran estar vinculados a los delitos que son objeto de investigación en este procedimiento".

  

Por qué Verdú no usó la Black

               

               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  El fiscal Alejandro Luzón y el juez Fernando Andreu, por este orden, han citado en la declaración de Rodigo Rato el nombre de una de las cuatro personas (tres de Caja Madrid y una de Bankia) que no hicieron uso de la tarjeta Black: el consejero delegado Francisco Verdú. 

  Rato explica que la única persona no procedente desde Caja Madrid al nuevo banco, Bankia, a la que ofreció la tarjeta Black fue Francisco Verdú Pons.

  Pero Verdú no utilizó nunca la tarjeta.

  ¿Por qué?

   El fiscal: "Hay un consejero, el señor Verdú Pons que no utilizó la tarjeta. ¿Sabe usted por qué?"

  Rodrigo Rato: "...Efectivamente, no la utilizó, no procedía de Caja Madrid, pero siendo el consejero delegado me pareció que si él quería utilizar este instrumento de pago que en ningún caso suponía un aumento de sus condiciones contractuales..."

  El fiscal: "¿Por qué no la utilizó?"

  RR: "No lo sé, nunca le pregunté, no hablé con él..."

  En la parte final de la declaración, vuelve el tema de Verdú, ya que Rato habla de la tarjeta de crédito Black como un instrumento de pago/instrumento de cobro de las retribuciones.

 El juez: "¿Sabe por qué el señor Verdú renunció a su retribución?"

 RR: "El señor Verdú no renunció a su retribución. Que yo sepa renunció a su tarjeta...Pero eso no es renun...él tenía un salario que no iba a cambiar por la utilización de la tarjeta. Lo que podía hacer era disponer de una liquidez en una periodificación que decidiera él. Pero nada más, no podía cambiar su salario".

   Rodrigo Rato se desliza en esta secuencia hacia cierta contradicción.

   Al fiscal Luzón le explica primero que aunque no venía de Caja Madrid "si él quería"  la tarjeta, pues, le pareció bien que disfrutara de ella.

   Bien.

  Alguien tuvo que hablar con Verdú, ¿no?

  ¿Quién fichó a Verdú después de que José Ignacio Goirigolzarri dijera dos veces que no?

   Pues Rato.

   El sentido común es que al pactar la retribución de 1,7 millones de euros anuales y una cantidad variable garantizado en el primer año que no podía superar el 60% de la retribución total, Rato le hablase de la famosa tarjeta.

  Sin embargo, la respuesta de Rato es que no ha hablado con Verdú, que nunca le preguntó por qué no utilizaba la tarjeta.

  Pero al juez Rato le dice que Verdú en todo caso "renunció a su tarjeta".

  Bien.

  ¿No es más cierto que al ofrecerle Rato la tarjeta y explicar las condiciones de uso de la Black el flamante consejero delegado Francisco Verdú le dijo que no la quería?

  ¿No es más cierto que el tipo de tarjeta que le estaba ofreciendo le provocaba a Verdú rechazo habida cuenta de su experiencia de más de veinte años en el sector bancario?

  ¿No es más cierto que incluso Verdú le desaconsejó a Rodrigo Rato que la usara caso de que lo estuviera haciendo, como así era?

  El fiscal y el juez saben que Verdú es un testigo de cargo. Y el FROB que, después de recibir el informe de Bankia lo remite a la Fiscalía Anticorrupción, también.

  Y, en su momento, va a ser  llamado a declarar en calidad de testigo.

   Francisco Verdú trabaja en Miami como asesor de la constructora ACS.    

     

J.A. Sánchez vuelve a la escena del crimen

 

                 

 

                        

 

             

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   El Partido Popular lo hace realidad. José Antonio Sánchez será el nuevo presidente de la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) con los votos exclusivos del PP. Su nombramiento se inscribe, mira por dónde, en lo que sería la neolengua de George Orwell adaptada a la España de hoy: la política de regeneración de Mariano Rajoy; Soraya Sáenz de Santamaría ha perdido su feudo en RTVE y el aparato del PP parece sentirse compensado.

  No tiene, por ejemplo, la menor importancia que Sánchez haya sido director general de RTVE cuando tras el atentado del 11 de marzo, la televisión pública emitió el sábado 13 de marzo, jornada de reflexión previa a las elecciones generales del día siguiente domingo, 14 de marzo, la  película Asesinato en febrero para ilustrar a  millones de españoles sobre la autoría de ETA que pregonaba José María Aznar.

  Carece de importancia, además, que José Antonio Sánchez haya cobrado del PP, según figuraba en los papeles de Bárcenas correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995.
   

  Recuerdo una pequeña historia.

 Al día siguiente de las elecciones, el lunes 15 de marzo de 2004, o quizá fuera el martes 16, llamé a Elías Querejeta, guionista y productor de Asesinato en febrero, para conocer su versión de los hechos.

  El viernes 12 de marzo de 2014, Telemadrid la había emitido por la noche. Y el sábado 13 lo hacía TVE. Para cubrir a todos los públicos, faltaba más.

  La película narra el asesinato del dirigente del partido Socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díaz Elorza, por la banda terrorista ETA el 22 de febrero de 2000.

  Un portavoz de TVE había explicado el día 15 de marzo que se había tomado la decisión de pasar Asesinato en febrero el sábado 12 como "homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 11-M, como un gesto de alegato contra el terrorismo".

  Añadía: "Y esta era la película que estaba disponible".

   Elías Querejeta, pues, se encontraba en su oficina aquella mañana y me atendió no sin desconcierto. Me explicó que estaba muy cabreado. El guión de esta película era su primer guión en solitario. Elías se había puesto en contacto con Nati, la viuda de  Fernando Buesa, y con los padres de Jorge Díaz Elorza, para comentar lo que había ocurrido.

  Sabía que iban a emitir la película porque le habían llamado de Televisión Española. Aunque no conocía la fecha.

  "Son siniestros", me dijo. "Jamás hubiera pensado en semejante manipulación en unos momentos tan tremendos. Mira que hay que tener sangre fría".

  Le pregunté quién le había llamado. Me pidió unos segundos.  Habló en voz alta con una de sus colaboradoras. "Llamaron del departamento de producción de TVE", dijo.  Insistí. Había sido una mujer. Se llamaba Eva. No recordaban el apellido. Preguntaba si Elías Querejeta Producciones Cinematográficas S.L. daba su autorización para que TVE cediera a Telemadrid su permiso para hacer un pase.

  Querejeta creía que TVE no lo necesitaba. Pero tras hacer una consulta con su equipo, les autorizó. No sabía, me dijo, que pensaban pasarla el mismo viernes, día 12 de marzo. Tampoco le dijeron que TVE haría lo mismo el sábado 13 de marzo, víspera de las elecciones del 14-M.

   En aquellas horas, contra lo que sostenía Aznar, ya se daba por hecho de que ETA nada tenía que ver con el 11-M y las pruebas se acumulaban en el sentido de que la masacre era obra del terrorismo fundamentalista islámico. Los indicios habían comenzado a detectarse enseguida, en medio del negacionismo desesperado del gobierno de Aznar, que representaba muy mal el actor del momento: el ministro Ángel Acebes.

 Por eso, la decisión política de pasar la película el viernes 12 y el sábado 13 en dos medios audiovisuales, Telemadrid y TVE, controlados por el partido en el Gobierno, el PP, era y sigue siendo una prueba de cargo sobre la manipulación masiva de la opinión pública. Si esa política fuera a juzgarse algún día en algún tribunal, los pases de Asesinato en febrero serían una prueba de peso.

 Nunca se pudo conocer cuál fue la cadena de mando que llevó finalmente a la decisión de pasar la película. Cada una de las personas implicadas en RTVE y en el Gobierno de Aznar guardó silencio.

  El martes 16 de marzo de 2004, el Comité de Informativos de TVE pidió la dimisión de Alfredo Urdaci, director de Informativos, y del director general, José Antonio Sanchez, al considerarlos responsables de manipular la información sobre el 11-M.

  El Comité citaba el tratamiento que Urdaci había dado al atentado, la ocultación el mismo jueves de las declaraciones del líder de Batasuna, Arnaldo Otegui, en las que negaba la participación de ETA y las de Josep Lluís Carod-Rovira, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, en las que condenaba el atentado. Igualmente, se retrasaron las palabras de solidaridad de Pasqual Maragall y Juan José Ibarretxe.

  El Comité añadía que los informativos del viernes 12 de marzo no dieron credibilidad a la llamada de ETA en la que negaba su implicación en la matanza y que se desestimó el comunicado de un presunto portavoz militar de Al Qaeda reivindicando el atentado, sobre el cual el ministro Ácebes informó ese mismo viernes después de la detención de tres ciudadanos marroquíes y tres indios en Madrid.

   Ese viernes 12 de marzo, a las once de la noche, el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, insistió en la autoría de ETA y en ese momento "se dieron instrucciones al corresponsal en Londres" para que no entrevistara al director del periódico Al Quds Al Arabi, receptor de la misiva del grupo islamista.

  Por otra parte, informaba el Comité, el sábado 13, los trabajadores del Canal 24 Horas amenazaron con un plante cuando se les prohibió dar unas declaraciones del dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras que en el Telediario de las tres de la tarde se había dado la palabra a cuatro ministros.

  También en la jornada de reflexión se cortó la conexión con la rueda de prensa de Ángel Acebes cuando comenzaron las preguntas comprometidas. Igualmente se ignoró la presencia del líder de Izquierda Unida Gaspar Llamazares en el entierro de las víctimas en Alcalá de Henares.

 Ya el domingo, se eliminaron de las informaciones los pitidos y protestas que hubieron de soportar Mariano Rajoy y José María Aznar cuando acudieron a votar.

  El Comité abordaba también el tema de la película.

  "Además, TVE-1 emitió en varias ocasiones un reportaje de Informe semanal sobre víctimas de ETA, realizado en febrero de 1998, sin ningún rótulo aclaratorio sobre la fecha de producción. El sábado se programó sin previo aviso la película Asesinato en febrero, sobre el atentado contra Fernando Buesa", decía.

  Como he señalado, todos los esfuerzos, en los años siguientes, para saber qué pasó, cómo se tomó la decisión de pasar Asesinato en febrero en Telemadrid y en TVE han chocado con el silencio. Tanto José Antonio Sánchez como Manuel Soriano, director general de Radio Televisión de Madrid en aquella época, y más tarde, hasta julio de 2013, presidente, mantuvieron la omertà.

   Soriano dio, a raíz de una intervención mía, la siguiente explicación en una carta a EL PAÍS, el 23 de septiembre de 2004:

  La dirección pidió al departamento correspondiente, cuyos responsables llevan años en la casa, la selección de una película sobre terrorismo nacional o internacional. Se descartó un documental sobre el comando Madrid de ETA y se eligió el filme de Elías Querejeta. Se tuvo en cuenta que era una historia humana sobre la superación del trauma del asesinato de un ser querido y su lenguaje cinematográfico. Quien diga que a 24 horas de los atentados, cuando programamos la película, conocía el origen de los autores sólo tiene dos explicaciones: o tenía información sospechosamente privilegiada o miente con intencionalidad política. El hecho de que TVE emitiera también Asesinato en febrero, en la noche del sábado 13, lo que provocó protestas, podrán explicarlo el anterior director general de RTVE y el actual director de TVE, pero absolutamente nadie podrá sostener que Telemadrid participara en esa decisión.

   Bien.

  Pero esta exhortación de Soriano al ex director general de RTVE, es decir a José Antonio Sánchez, no tuvo nunca eco.

  Vayamos ahora al tema de los papeles de Bárcenas.

 Mientras los presuntos perceptores de los sobresueldos de Luis Bárcenas, empezando por Mariano Rajoy, han negado la existencia de los mismos y han rechazado haber cobrado, José Antonio Sánchez, al comparecer en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, el pasado 8 de octubre, admitió haber cobrado: "No tengo ni idea de eso. Sí es cierto que hace veinte años, cuando trabajaba en una empresa privada, podía compatibilizar ese trabajo con otros para el PP. El director de esa empresa me autorizó a ello", explicó en referencia al Abc y a su director de entonces, Luis María Anson.

 En la contabilidad B de Bárcenas correspondiente a los años 1994 y 1995 J.A. Sánchez figura como perceptor de dos entregas de 400.000 pesetas (2.400 euros) en 1994 y de una tercera de 300.000 (1.800 euros) en 1995, cuando trabajaba en Abc.

  Sánchez, pues, compatibilizó, según sus propias palabras, el trabajo de periodista con otros trabajos para el PP. 

  Bien.

 A sus lectores y lectoras, ni él ni su diario, claro, les aclararon nunca que también trabajaba para el PP mientras publicaba sus artículos e informaciones como cronista parlamentario.

 Y tampoco informó de ello cuando fue nombrado director general de RTVE y, más tarde, director general de Radiotelevisión de Madrid.

  Pero la contabilidad B del PP, que diría don Pablo Ruz, sí, el juez del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, obliga a la transparencia. Ya no hay más remedio.

   ¡Ay Elías, qué no daría yo por conocer tu frase ante una paella en Samm sobre el retorno de J.A.Sánchez a la escena del crimen!

 

Por qué Verdú no usó la Black, según Rato

          

 

  Hay algunas escenas, por así decir, de la declaración de Rodrigo Rato del jueves 16 de octubre que son impagables, porque muestran su manera de defenderse y la actitud del juez Fernando Andreu.  

  Una de ellas corresponde a cuando Rato es preguntado por el consejero delegado, Francisco Verdú, que no hizo uso de su tarjeta Black (Verdú aparece en la foto con Rato). 

  Verdú fue fichado por Rato como número dos, consejero delegado, el 20 de mayo de 2011. Venía del sector. Cuando recibió la oferta era vicepresidente de Banca March. De hecho se puede decir que Verdú ocupó el puesto que Rato le había ofrecido a José Ignacio Goirigolzarri en dos ocasiones, sin éxito.

   Antes de levantar el telón sobre la escena que vamos a narrar unas palabras sobre el consejero delegado que contrató Rato.  

  Verdú, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alicante y MBA por la Universidad de Chicago, exhibía una experiencia profesional de más de treinta años en banca comercial y había vivido en primera persona en el grupo Banco de Vizcaya-BBV, la integración de las entidades que formaron el grupo Argentaria (Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Local).

    Esa fue, precisamente, la cualidad que destacó Rato sobre su nuevo fichaje. "A lo largo de su dilatada experiencia en algunas de las principales entidades bancarias españolas, Francisco Verdú ha demostrado una extraordinaria capacidad para integrar equipos y redes bancarias y un rigor ejemplar en la gestión de riesgos", dijo el entonces presidente de Bankia. 

  Bien.

  El contrato de Verdú incluía un sueldo fijo anual de 1,7 millones de euros y un variable garantizado en su primer año que no podía superar el 60% de la retribución total.

  Verdú, por tanto, ganaba bastante menos, un 40% menos, que su jefe.

  Rato percibía 2,34 millones de euros.

  Bien.

  Vayamos a la escena.

  El fiscal Alejandro Luzón pregunta: Hay un consejero, el señor Verdú Pons que no utilizó la tarjeta. ¿Sabe usted por qué?

  Rodrigo Rato: ...Efectivamente, no la utilizó, no procedía de Caja Madrid, pero siendo el consejero delegado me pareció que si él quería utilizar este instrumento de pago que en ningún caso suponía un aumento de sus condiciones contractuales...

   Por qué no la utilizó, insistió Luzón.

   No lo sé, nunca le pregunté, no hablé con él...

   Más tarde, el juez insistió. Ya que Rato hablaba todo el tiempo de la tarjeta como retribución, el juez inquirió:

  -¿Sabe por qué el señor Verdú renunció a su retribución?

   Rato dijo que el señor Verdú no renunció a su retribución.

   -Que yo sepa renunció a su tarjeta...Pero eso no es renun...él tenía un salario que no iba a cambiar por la utilización de la tarjeta. Lo que podía hacer era disponer de una liquidez en una periodificación que decidiera él. Pero nada más, no podía cambiar su salario.

 

 

 

                                       *                          *                            *                                

 

   Rodrigo Rato comenzó su declaración con una explicación elaborada de antemano: las tarjetas Black no eran una retribución como tal sino un instrumento de pago de la retribución (luego se contradiría y afirmaría que sí era una retribución).

   Al escuchar, nada más comenzar, la teoría del instrumento de pago, el juez Andreu hizo esta observación de modo incisivo:

    -Es decir: que si usted tenía una retribución de 100 y con la tarjeta disponía de 25, la retribución que recibía era de 125.

   -No, no lo entiendo así.

   -Si gasta los 25 sí, dijo el juez.

  - ¿Quién controlaba las tarjetas?

  -Supongo que el departamento de tarjetas..

  -El señor Sánchez Barcoj nos dijo que usted..

  -No

   -Nos ha dicho presidencia textualmente.

  El fiscal buscó en vano la respùesta a la pregunta de cajón: ¿quien es el responsable de que los gastos de la tarjeta Black no se trataran como retribuciones (no se hiciera el certificado de haberes, retenciones, no se incluyera en el informe anual de gobierno corporativo) ya que no habia habido una instrucción de Rato para que se hiciera como se debía hacer?¿ 

   Rato explicó que "todo esto" lo sabía ahora, desde julio de 2014.

   "Yo supuse que se eran retribuciones..."

   Rato insistía una y otra vez con que una tarjeta de crédito es un instrumento transparente.

   En cierto momento, el fiscal se cansa:

   "Vamos a ver señor Rato, a eso vamos. No era tan transparente señor Rato en cuanto al tratamiento [fiscal] ni en cuanto a la contabilización... Por eso mi pregunta partiendo de que usted no lo sabía es ¿quién era el responsable de darle ese tratamiento?".

  Rato se va por las ramas..."Vamos a ver. Una organización como esta, un banco, incluso Caja Madrid, con 180.000 millones de activos y 23.000 personas, tiene usted un departamento de personal, de medios, fiscal por donde estas cosas tienen que pasar. Yo no soy un experto en organización, no soy un experto contable, pero...".

   El fiscal interrumpe: "Pero usted debe saber quién se ocupa de qué ámbito en la caja que usted presidía..."

  Rato: Hombre sí.. señor fiscal si usted me pregunta en este momento quien es el responsable de cómo se contabilizan los cheques de comida no sabría decirle específicamente quién. Supongo que es algo que está entre el departamento de personal y el fiscal y el de medios. Estas organizaciones están llenas de comités...

  Pero durante varias ocasiones Rato intenta ponerse un escudo: ¿qué decía la inspección de Hacienda? ¿Qué ponían en las actas levantadas?

   Pero a Luzón esto no es lo relevante ahora. Lo que quiere saber es sencillamente: ¿"Por qué se ha hecho así?"

                                 *                                   *                              *

   

   Como a lo largo de toda la declaración, Rato insistió una y otra vez que no sabía cómo se contabilizaban las cosas y que para ello había diferentes comisiones y órganos, el juez, casi a modo de epitafio, antes de terminar, aseveró:

   -Según usted, durante toda su presidencia no se preocupaba por estas cosas y  todos los órganos de la entidad le ocultaron la información y le engañaron...

    Rato insistió en que no sabía, su no me consta particular.

    Y el juez concluyó la declaración así:

    -Yo tampoco.

 

                              *                                   *                                            *

           

                                                 

                                                        Blesa y la "inercia"

      Miguel Blesa (ganó en sueldos 20 millones de euros entre 2003 y enero 2010, de los cuales 3,6 millones corresponden a 2010, incluyendo variables y una indemnización al dejar Caja Madrid) sostuvo desde el principio hasta el final de su declaración, el 16 de octubre, que las tarjetas Black era un complemento de retribución.

   Su letrado, Carlos Aguilar, para explicar el origen de las tarjetas, se remitió al acuerdo del 24 de mayo de 1988 del consejo de administración de Caja Madrid, durante la presidencia de Jaime Terceiro. El letrado lo leyó en voz alta.

  Dicho acuerdo introduce junto con el uso de las tarjetas para gastos de representación un punto en el cual se habilita al presidente para resolver sobre la naturaleza y límite de las tarjetas. Era potestad del presidente.

    Blesa explicó, después de la lectura, que "por inercia" sencillamente siguió con esta práctica.  

    Fuentes consultadas apuntan que Blesa negó ser la persona, el creador, de las Black.

    ¿Quién si no él fue el autor intelectual?

    Se apunta el nombre de Enrique de la Torre Martínez, el que fuera mano derecha de Blesa, ex secretario del consejo de administración de Caja Madrid.

   Es el hombre que intercambia sus puntos de vista sobre las Black en los correos cruzados con Blesa y sobre las preguntas de un miembro del consejo de administración, Jesús Pedroche, que pedía el listado de los movimientos de su tarjeta. Era el 5 de noviembre de 2007.

    Enrique de la Torre Martínez ingresó en Caja Madrid en 1996, año en el que José María Aznar encumbró en la presidencia a Miguel Blesa. Abandonó la entidad en julio 2009, tras pactar con Blesa una indemnización por cese, bonus, incentivos a largo plazo y prestaciones post empleo (pensiones) de 4,77 millones de euros.

  De la Torre Martínez no está imputado en ninguna de las operaciones que se investigan en el caso Caja Madrid-Bankia.

     

    

¿Se resistirá Rajoy a anticipar la EPA?

           

 

  El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Bañez, ya tienen por costumbre anticipar los datos de afiliación, empleo y paro, sobre todo cuando son buenos o ilustrativos de la recuperación. En sus últimos tweets Rajoy vuelve a garantizar la recuperación, pero todavía no avanza en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2014, que el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer, según la agenda, el próximo jueves, día  23 de octubre.

   Pues, los datos que ha ido conociendo el presidente del Gobierno, datos de los que ha dispuesto el Ministerio de Economía, indican que la EPA del tercer trimestre serán buenos, tanto en términos de empleo (ocupación) como de reducción del paro.

  Las fuentes enfatizan que serán "muy buenos".

   El pasado año, la EPA del tercer trimestre arrojó un aumento de la ocupación de 39.500 personas y, caída de población activa mediante de 33.000 personas, el desempleo sufrió una disminución de 72.800 personas.

   La pregunta lógica es: si esos han sido los resultados con una economía que salía de la recesión creciendo a una tasa intertrimestral del 0,1% como la del año pasado en el tercer trimestre, ahora, con un PIB que aumenta a una tasa intertrimestral del 0,5% (llegó al 0,6% en el segundo trimestre de este año, ¿qué sesgo pueden mostrar los datos de empleo y paro en julio, agosto y septiembre de 2014?

  Algo importante ya sabemos sobre el tercer trimestre.

  Y se refiere a la afiliación a la Seguridad Social: en julio ha registrado un aumento de 62.108 personas; en agosto tuvo lugar una pérdida de afiliaciones de 97.582 personas y en septiembre, una excepción para este mes, un incremento de 12.182.

  La EPA del tercer trimestre arroja en los últimos una caída desigual del número de activos, es decir, de aquellas personas de la población en edad de trabajar y que están trabajando produciendo bienes y servicios y de las personas que están en paro pero buscan un empleo.

    Por tanto, la evolución de la población activa es un dato muy importante en la EPA. Siempre hay que ver cuánto cae el paro por incremento de la ocupación (creación de puestos de trabajo) y por efecto desánimo y abandono (disminución de la población activa).

   El test Rajoy indica que ante la existencia de buenos datos (sin entrar, por supuesto, a rascar en las tripas de las estadísticas), el Gobierno, a través del presidente o de alguno de los ministros del ramo, siempre ha echado de mano de manera anticipada. Claro que siempre hay una excepción a la regla...

    En todo caso, la fecha señalada en el calendario del INE es el jueves 23 de octubre.

Rato en su laberinto de balbuceos

              

 

      

  En una declaración judicial en calidad de imputado se puede hacer mejor o peor.

 Pero difícilmente se comprende que una persona que ha pretendido ser el rey Midas de la economía española en su calidad de vicepresidente del Gobierno de José María Aznar durante dos legislaturas - y todos los que influyen así se lo han reconocido -, luego ha saltado a Washington para ser director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y más tarde llega a la presidencia de Caja Madrid y finalmente a la de Bankia, preste una declaración de balbuceos ante el juez.

    Pues eso, ni más ni menos, ha sido la declaración de Rodrigo Rato ante el juez Andreu.

   El nudo gordiano de la declaración sobre las tarjetas Black era el artículo 24 de la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid de 2003.

    Según la versión de este artículo vigente hasta el 1 de enero de 2012 (versión que reproduce el juez Andreu en el auto del pasado jueves, día 16 de octubre), titulado Retribuciones de los miembros de los Órganos de Gobierno, "en el ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones..."

   La nueva redacción, de 14 de enero de 2014, del artículo 24.2 es la siguiente: "El ejercicio de las funciones de los miembros de los Órganos de Gobierno de las cajas de ahorros diferentes de los Consejeros Generales en la Asamblea de las Cajas podrá ser retribuido en cuyo caso no podrán percibir dietas por asistencia y desplazamiento..."

    El fiscal Alejandro Luzón fue el primero en preguntarle a Rato por las tarjetas y si conocía el artículo 24.

    El ex presidente de Bankia dijo que las tarjetas formaban parte de su retribución. Insistió en este punto.  En relación al artículo 24 dijo con poca firmeza que lo conocía, pero en todo caso, para él siempre había sido claro que las tarjetas formaban parte de su retribución. También señaló que creía que los gastos de la tarjeta se le descontarían de su nómina.

   La ratonera estaba servida.

  El fiscal le hizo ver que lo que Rato llamaba con tanto énfasis retribuciones no había sido sujeto de retenciones fiscales para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

   Entonces, en sus balbuceos, Rato dijo algo así como:

  "Ah, entonces no lo habrán contabilizado como retribución..."

   Aquí en este punto el juez Fernando Andreu y el fiscal Alejandro Luzón ya no iban a soltar a la presa. Le tenían cogido. El juez insistió. Y se produjo una situación en la cual el imputado se dio cuenta de que había metido la pata.

   Estamos hablando del presidente de Caja Madrid primero y el de Bankia después y no de un empleado.

  La pregunta es: ¿que pasó? ¿por qué Rodrigo Rato, a quien defiende un penalista de la talla de Ignacio Ayala, socio de Horacio Oliva, acudió tan entregado a su declaración?

    A continuación, la otra duda lógica es: ¿podía haber dicho otra cosa?

   Formalmente, sí.

   Rato podía haber invocado el artículo 64 bis de la ley de Cajas de Madrid vigente desde el 1 de enro de 2009.

   He aquí:

  "Artículo 64 bis Comisiones de Retribuciones y Nombramientos y Comisión de Inversiones. Composición y reglas de funcionamiento.

1. El Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros constituirá en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos, que tendrá la función, por un lado, de informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo y velar por la observancia de dicha política y, por otro, de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General. La Comisión estará formada por un máximo de cinco personas, que serán designadas por la Asamblea de entre los miembros del Consejo de Administración que tengan la consideración de Consejeros Generales. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos será establecido por los Estatutos de la Caja y su propio reglamento interno, que podrán atribuir las funciones previstas a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos respectivamente, a las que les resultará de aplicación el presente apartado, salvo en lo relativo a su número de miembros que será en ese caso de tres para cada una de ellas".

  Pero Rato no hizo referencia alguna a este artículo.

 ¿Por qué?

 ¿Acaso porque las Black o, vamos, algo parecido a ellas, no pasaron por la Comisión de Retribuciones?

  Porque era esta la que, según hemos citado, "debía informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo y velar por la observancia de dicha política y, por otro, de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General".

  Si la Comisión de Retribuciones hubiera aprobado las Black, o algo con un suberfugio parecido, la inspección del Banco de España hubiera tenido que analizar esta política de retribuciones.

  Este asunto puede parecer baladí, pero hay que tener en cuenta la sentencia de 2006 del Tribunal Supremo cuyo ponente fue el magistrado Julián Sánchez Melgar. La Sala Segunda consideró que no había delito alguno en el pago que hizo el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, con cargo al nuevo BSCH, a José María Amusátegui (43,75 millones de euros) y a Ángel Corcóstegui (108,1 millones de euros), en 2002, como gratificación (bonus) por la fusión entre el Santander y el Banco Central Hispano (BCH).

    En la sentencia se apuntaba que "en materia de retribuciones, premios o gratificaciones a directivos de sociedades con implantación internacional, y otros tipos de profesionales de alta cualificación social (en los que han de incluirse comunicadores, artistas o deportistas), el mercado es el que fija sus altísimas retribuciones, cuyas cifras estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación social, y son producto de los beneficios que reportan a las empresas a las que dedican sus esfuerzos profesionales. 

  Y enfatizaba: "Los acuerdos que se produzcan en este restringido ámbito, se rigen por la absoluta libertad de mercado, con tal de que tales pactos contractuales se instrumentalicen en cláusulas que sean conocidas y aprobadas por los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles en donde se conciertan, y sean adecuadamente fiscalizadas por los órganos de control –internos o públicos-, y desde luego, aprobados por la junta general de accionistas, como máximo órgano de gobierno de toda sociedad. En definitiva, transparencia y aprobación social son elementos que impedirán la actuación del derecho penal en materia de retribuciones a directivos".

     Apúntese: "Con tal de que tales pactos contractuales se instrumentalicen en cláusulas que sean conocidas y aprobadas por los órganos de gobierno..."

   Casi como pidiendo disculpas, la sentencia decía: "En suma, en esta materia (como en muchas otras), lo ético, lo lícito y lo punible son puntos concéntricos de todo enjuiciamiento criminal. El Tribunal penal no puede traspasar los límites del círculo más pequeño, cualquiera que sea su opinión personal al respecto". 

   Volvamos a Rato.

   Fuentes consultadas aseguran saber que cuando Bankia se puso en contacto con Rato, en junio pasado, para reclamarle 54.837,12 euros cargados con la tarjeta de crédito a Bankia, se le dijo que no debía preocuparse, que no pasaría nada, lo que llevó al expresidente de abonar el dinero y dejar pendientes 44.200 euros cargados a Caja Madrid.

  

 

 

 

El prestidigitador

       

Artur Mas cree que ha  cumplido. Nos había dicho por activa y por pasiva que era astuto. Y nos ha salido... prestidigitador.

  Para él, nos reconoce de facto ahora, el referéndum era a "doble vuelta". Suspendida la primera vuelta, por así decir, esto es, el referéndum de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9/11, el plan B -que existía, sí- consiste en organizar un sucedáneo de referéndum.

   Pero es el mismo perro con distinto collar.

   Misma fecha. Mismas preguntas. No es vinculante.

  ¡Como tampoco lo era el que está suspendido desde el 29/9! 

   Eso sí: en locales de la Generalitat.

   ¿Y qué?

  El cálculo de Mas es que si Rajoy va al Tribunal Constitucional por fraude de ley, desobediencia, y usurpación camuflada de funciones, y consigue impedir la consulta bis él, Mas, volverá a explotar el victimismo.

  Por segunda vez.

  Mas ha dicho que él no se equivoca de adversario. Que su adversario es el Estado español.

  Pero una cosa es lo que dice y otra lo que hace.

  Lo que de verdad está haciendo Mas deja ver que su adversario es Esquerra Republicana de Catalunya, solo ERC y nadie más que ERC.

  Oriol Junqueras, líder de ERC, estaba ejerciendo sobre Mas y sobre CiU presión para que hicieran desobediencia civil y se  celebrase el referéndum suspendido.

   Al menos esa era la posición de boquilla.
  Mas ha ideado la fórmula para neutralizar esa presión. Y es el sucedáneo de referéndum.

Sucedáneo

   Con este sucedáneo pretende Mas inutilizar el arma -la desobediencia civil- y demostrar que no está dispuesto a permanecer cruzado de brazos el 9/11.

  Lo de menos es para Mas que el sucedáneo carezca de las propiedades del referéndum original. Como ha dicho, esta consulta no es definitiva. Y tampoco el referéndum suspendido era definitivo.

  Quiere demostrar, ante las acusaciones de ERC, que él está decidido a poner las urnas. Que no le tiene miedo a las urnas y a que la gente vote. 

 Y todo esto lo pone en escena intentando retomar la iniciativa de manos de ERC: al amparo del lanzamiento de la consulta bis plantea el horizonte de elecciones autonómicas de carácter plebiscitario con lista soberanista única.

  Se entiende, claro, que bajo su presidencia, esto es, bajo su aspiración a volver a presidir la Generalitat.

   Mas, por tanto, tiene como referencia no a Rajoy, como afirma, sino a Junqueras. Casi se podría decir que a Rajoy le mira por el rabillo del ojo. Pero lo que le preocupa es que ERC no capitalice, como esta fuerza espera, el fracaso del referéndum. Mas espera detener la hemorragia que sufre CiU con esta nueva maniobra que coge con el pie cambiado a ERC y por esta vía preparar las mejores condiciones para convocar elecciones.

  Todo esto podría ser un espectáculo de prestidigitación muy entretenido pero no lo es. Sobre todo por las condiciones de crisis profunda -económico-social e institucional- que atraviesa la España realmente existente.

  Y porque después del primer fraude al que se ha sometido a los ciudadanos de Cataluña, con toda la pompa histórica de la firma del decreto de convocatoria del referéndum e 28 de septirmbre de 2014 en el Palau de la Generalitat, ahora viene el segundo fraude, esta vez más prosaico y sin pompa.

  Pero fraude al fin.