Las razones de Ana Mato

      

 

  ¿Qué palabras pondría Quino en un imaginario bocadillo que sale de la mente de Mafalda al saber que Ana Mato ya no es más ministra de Sanidad?

   A ver.

  Lo primero que desearía leer son las páginas del auto del juez Ruz, en el que se menciona a Jesús Sepúlveda y a su esposa, en los años locos de la Gürtel.

  Aunque Rajoy ha dicho que el juez se limita a citarla al final de la resolución, es más cierto que son diecisiete las páginas dedicadas a Sepúlveda y a Mato, con unos grandes cuadros donde aparecen viajes y regalos de la trama.

  Luego Mafalda se preguntaría qué es eso de partícipe en un delito a título lucrativo, eso que Rajoy parece decirnos que no es nada malo porque Ana Mato, como dice el artículo 122 del Código Penal, ignoraba que los regalos tuvieran origen delictivo.

  Pero he aquí que al leer el artículo completo, se toparía con esta definición: "El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".

  Mafalda diría: ¿Y le parece poca cosa al presidente del Gobierno?

  Porque, por alguna razón la ha convencido de que era mejor dejar el cargo.

  Pero, ¿podía ignorar Ana Mato todo sobre los regalos? El que fuera su marido, Jesús Sepúlveda, era uno de los primeros amigos del alma de Francisco Correa. Y ella dirigió campañas electorales del PP.

  Quizá la respuesta sea que aunque esa ignorancia es poco verosímil, el artículo 122 es el lazo que ha permitido a Ruz y a las fiscales dejar constancia de que no se han tragado la historieta.

  Pero también hay que tener en cuenta otra cosa.

  Y es el asunto siguiente: ¿Qué implicaba para el juez Ruz plantearse su imputación?

  La respuesta es de orden procesal. Ana Mato era ministra y es diputada. Por tanto, una causa que le afecte debe tramitarse en el Tribunal Supremo. El juez Ruz hubiese tenido que elevar al Supremo una exposición razonada para que fuera este tribunal el que hiciera la investigación.

 Pero el juez, y las dos fiscales, Concha Sabadell y Concha Nicolás, encontraron otra fórmula.

 Podían incluir a Ana Mato como partícipe a título lucrativo. Es decir: usufructuó dádivas (regalos, viajes) producto de una actividad ilícita. Es lo que pide el fiscal Horrach para la infanta Cristina en el caso Nóos.

 Esto suena a la Capone.

 Bueno a la manera que utilizaron los federales para trincar al enémigo público número uno en Chicago.

 No tenían pruebas para cogerle por sus asesinatos.

 Lo cogieron porque dos tesoreros de Capone cantaron la gallina sobre su conducta de evasión fiscal.

 Y ya llegamos al final.

 Ana Mato ha convivido con indicios de la trama Gürtel e informes policiales sobre los regalos desde hace mucho tiempo ya. Incluso desde antes de ser nombrada ministra.

 Y como ministra de Sanidad, desde los recortes sociales hasta la crisis del ébola, no lo ha hecho bien. Ahí está su mala valoración en los sondeos aunque no sea un excepción en este Gobierno..

 Mafalda sacaria, a través de uno de sus bocadillos, las siguientes conclusiones.

 Resulta que ha dejado de ser ministra de Sanidad por unas razones (las dádivas) que, en realidad, debieron haber impedido, por prudencia, su acceso al Gobierno.

 Y no ha dimitido por las razones que justificarían su salida.

 Es decir, su mala gestión.

 En realidad, no sabemos sus razones ni las que llevaron a Rajoy a persuadirla en La Moncloa sobre la necesidad de abandonar el gobierno. Las podemos imaginar sin esfuerzo.

 ¡Culpa del juez Ruz por escoger la fecha de su auto de conclusión de la pieza Gürtel 1999-2005!

 ¡El día antes de la comparecencia de Rajoy para proponer un plan anticorrupción!

 ¿Cómo acudir al Congreso con Ana Mato como ministra de Sanidad sentada en el banco azul?

 

 

 

El juez Ruz, punto...y seguido

               

 

   

 

 

  El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un  partido, el PP, a título lucrativo. 

  Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.

  Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.

  El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

   Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

  Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.

  Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos". 

  Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.

  Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.

  Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.

  Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.

  He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

  Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.

  Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.

  Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

  Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

   El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.

Un juez en comisión de servicios

  Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

  Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

   Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

   Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

   ¿Cuál es la situación de Ruz?

   La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

  Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

  La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

  Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

  Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.

  El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.

   He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

  Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

  Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

    Bien.

   Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

  En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

   La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

   A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre: 

 Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

  Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

  Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

  Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

   En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

  No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

  Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

   No parece, por tanto, la solución indicada.

   Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".  

   El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

   Este auto, como decimos, es recurrible.

   Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

   Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

  Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

  Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

  Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

  Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

  La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

  Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.

  Punto...y seguido.

La 'conexión Nicolás'

          

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El pasado sábado 6 de septiembre, el abogado Cristóbal Martell, que lleva los asuntos de Jordi Pujol i Soley, Jordi Pujol Ferrusola y los otros miembros de la familia, recibe en su teléfono móvil una llamada. 

  -Cristóbal, soy Juan Munguira, asesor internacional de la CNMV, no me conoces, te llamo por amigos comunes de Canarias. Necesito verte por un tema urgente. Estoy por viajar a Estados Unidos y tendría que ser mañana.

   Martell, nacido en Canarias, afincado en Barcelona, decide recibirle.

  Al día siguiente, domingo 7 de septiembre, Munguira se presenta en el hotel Majestic, donde ha propuesto la cita Martell ya que su despacho en la Torre de Bárcelona está cerrado fuera del horario de trabajo. 

   Pero no viene solo.

  En la terraza-ático del Majestic acude en compañía de un joven de 20 años. Éste lleva un cartapacio en la mano. Martell no tiene que esforzarse demasiado. El jóven exhibe lo que parece ser un sello del Palacio de la Moncloa.

   La voz cantante no corresponde a Munguira, que ha sido quien ha hecho el contacto.

   Martell está intrigado.

   El pequeño Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, explica que representa a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

  Que están interesados, dice, en rebajar la presión sobre los Pujol, y que quieren reencauzar las relaciones con Cataluña, necesitan información comprometida sobre escándalos de Esquerra Republicana de Cataluña.  Menciona que Jordi Pujol Ferrusola va a prestar declaración ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional en algo más de una semana, el 15 de septiembre de 2014.

  Martell escucha, atónito, varias veces mencionar a la vicepresidenta del Gobierno.

  El abogado les dice que no puede aportar ninguna información sobre lo que le están pidiendo -escándalos de ERC- y se despiden.

  El pequeño Nicolás no pierde el tiempo en Barcelona.

  Ha conseguido, a través de un empresario y un concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona, llegar a Oriol Pujol, ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, imputado por delitos de soborno y tráfico de influencias en el caso ITV.

 El encuentro será en el hotel Majestic. El pequeño Nicolás le explica que necesita información sobre escándalos de ERC. Y menciona varias veces que colabora con la vicepresidenta del Gobierno.

  -Una persona tan joven como tú trabajando para la vicepresidenta - dijo Oriol Pujol.

  -Eso precisamente es lo que ella está buscando. Gente que no esté quemada...

  Su versión: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era incapaz de obtener información fidedigna sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña, por estar inmerso, según dijo, en peleas internas. Agregó que la vicepresidenta del Gobierno, de quien depende el servicio de inteligencia, utilizaba ahora otras vías para conseguir datos de interés, apelando a personas que no estaban contaminadas. Señaló que la vicepresidenta quería rebajar la tensión sobre la familia Pujol. Le ofreció un encuentro con Soraya Sáenz de Santamaría. Mencionó que tenía relaciones directas con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y que dicha organización podría moderar sus denuncias contra Oriol Pujol. El pequeño Nicolás, asimismo, le pidió dinero para hacer estas gestiones.

  Deslizó, también, que se quedaría a dormir en Barcelona, en casa de su amigo Javier de la Rosa, el financiero convicto.

  Con De la Rosa, el pequeño Nicolás no solo guarda parecido físico (ver foto publicada en la portada de EL PAÍS, el día de la detención del ex financiero catalán, en octubre de 1994). También su manera de acercarse a personas relevantes y a periodistas.

 

 

 

             

 

   Su estilo, por ejemplo, de usar el name dropping, la práctica de dejar caer nombres de gente importante e insinuar directa o indirectamente la posibilidad de obtener favores y/o información al tiempo que aludir a dossieres.

  El encuentro acaba en una posible nueva cita.

  Tras la declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante el juez Pablo Ruz, el 15 de septiembre, el pequeño Nicolás concierta una nueva cita con Oriol Pujol en el hotel Claris, en la calle de Pau Claris. Sería la semana siguiente.

  Ni el juez ni la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, solicitaron medida cautelar alguna contra Pujol Ferrusola. Con todos los informes de la UDEF y la propaganda oficial sobre esta comparecencia y el carácter presuntamente decisivo de la misma, la ausencia de medidas sorprendió al gran público, habida cuenta de la repercusión mediática de las noticias policiales previas.

  La UDEF difunde, tras la comparecencia, que está descontenta con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción por no solicitar ni prisión ni medida alguna, como retirada de su pasaporte y obligación a presentarse ante el juzgado periódicamente. 

   El pequeño Nicolás, después de la declaración de Pujol Ferrusola, llama a Cristóbal Martell.

  -Has visto, Cristóbal, qué bien ha ido, ¿no? Ninguna medida cautelar... Ya te dije que se quería bajar la presión...

   Y es lo mismo que le explica en su segundo y último encuentro a Oriol Pujol.

  -Has visto, ¿no?, lo que te había anticipado. La vice quiere bajar la tensión. No se han impuesto medidas cautelares contra tu hermano.

   A todo esto, ¿qué papel juega en toda esta trama Juan Munguira, abogado, vocal asesor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha trabajado en asesoramiento de la OCDE y el Banco Mundial?

 Munguira llegó a la CNMV con la ex presidenta Pilar Valiente y Antonio Alonso Ureba, secretario del consejo de administración de la CNMV.

   El nombre de Munguira saltó a la prensa y a la Audiencia Nacional a raíz del escándalo de la sociedad gestora de carteras, Gescartera, en 2001, una estafa que hizo desaparecer el equivalente de 8.300 millones de pesetas (50 millones de euros), con más de 4.000 clientes afectados.

 Munguira, amigo del ex cantante Jaime Morey, recomendó la entrada de su hija, Laura Morey, en Gescartera, donde trabajó en prácticas, para más tarde convertirse en novia del propietario Antonio Camacho.

 Junto con Pilar Valiente, Luis Ramallo, Munguira y otros directivos de la CNMV recibieron regalos de Camacho.

  Juan Munguira no ha contestado a los mensajes enviados a su teléfono móvil para conocer su versión sobre los hechos que le llevaron a Barcelona el 7 de septiembre junto con el pequeño Nicolás.

  Quizá Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, que conoce a ambos, a Nicolás y a Munguira, pueda conocer la versión de labios de su asesor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

San Artur

           

 

   "El PP está en camino de convertir a Artur Mas en un santo. No se me ocurre ya ninguna idea para reconducir las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de Rajoy. Llegados a este punto uno no puede imaginar cuál sería el camino".

  Esto piensa y dice un alto cargo institucional de Convergencia i Unió.   

  La querella que se apresta a presentar la Fiscalía ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en principio por presuntos delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones, tendrá, pues, al menos a juicio de hombres y mujeres de CiU, el efecto de santificar a Mas.

   Bien.

  Eduardo Torres-Dulce ha conseguido el previsible apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para presentar, a través de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, la querella criminal.

 Los votos discrepantes, que cuestionan la existencia de bases jurídicas para una acción penal, también tienen algunas explicaciones personales.

 En el caso de Bartolomé Vargas, por ejemplo, hay que recordar que durante tres años investigó en la fiscalía del Tribunal Supremo, a finales de los años noventa, la implicación de Josep Piqué cuando era ministro de Industria, 1998, en la condonación de un crédito de ICO a la empresa Ercros, de la cual Piqué había sido presidente.

 Jesús Cardenal, fiscal general del Estado durante el gobierno de Aznar, relevó a Vargas de esta investigación en septiembre de 2001, le cambió de sección y el caso se archivó. 

  El otro voto discrepante ha sido el de Pedro Crespo, ex teniente fiscal y fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Cándido Cónde-Pumpido.

  En la Fiscalía del TSJ de Cataluña se interpreta esta posición disidente también, razones jurídicas aparte, como un gesto de solidaridad de Crespo, que comenzó a ejercer su carrera fiscal en Barcelona, en 1991, antes de pasar, en 1997, a ser delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   La querella, como decíamos, se ha abierto camino.

  La pregunta es: ¿cuáles serán los pasos siguientes?

  La Fiscalía del TSJ de Cataluña presentará el escrito, por orden de Torres-Dulce, en la sala civil y penal del TSJ.

  Esta sala está formada por cinco magistrados y la preside Miguel Ángel Gimeno (foto que abre esta entrada), que es, a su vez, el presidente de todo el TSJ de Cataluña.

  El acuerdo para nombrar a Gimeno se remonta a octubre de 2010, cuando se pactó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presidía Carlos Dívar.

   Fue el mismo pleno que resolvió nombrar a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

  Las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, llevadas a cabo por los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, llegaron a un armisticio.

  El PP, preocupado por la marcha del caso Gürtel propuso a Pilar de la Oliva en la Comunidad Valenciana, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Francisco Camps, y los progresistas a Miguel Ángel Gimeno en sustitución de María Eugènia Alegreten Cataluña. La verdad es que, para las expectativas depositadas por el PP, la magistrada De la Oliva se ha comportado con independencia.

  La sala de lo penal y civil del TSJ de Cataluña ya tiene al menos doce denuncias contra Mas procedentes de la inhibición de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavá. Se han pasado a informe del fiscal y se ha formado sala de admisión de tres magistrados.

  Pero en el caso de la querella contra Mas no se necesitará informe del fiscal. Porque es el fiscal jefe de la Fiscalía del TSJ de Cataluña el que elevará la querella.

  Por tanto este trámite queda sin efecto.

  Habrá que determinar si, por la importancia del asunto, será el pleno de cinco magistrados de la sala civil y penal el que asumirá estudiar y decidir sobre la admisión a trámite.

   La querella llegará con la oposición de la Fiscalía del TSJC pero con el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, la cúspide de la carrera fiscal. Es verdad que representa, esencialmente, a los fiscales importantes de las instituciones de Madrid. 

  Pero, ¿puede inadmitir la querella la sala de lo civil y penal?

  Teóricamente puede, claro.

   Pero sería un golpe tremendo para los promotores, Torres-Dulce y la Junta de Fiscales de Sala.

   Supondría ahondar en la crisis catalana.

  Sería, para el Gobierno y para el  sector duro del PP, la prueba de que la justicia en Cataluña ya ha optado por la independencia. De que se ha independizado.

   Y, claro, la simple admisión a trámite de la querella sería un acontecimiento de gran repercusión.

  Porque Mas, junto a la vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau, serán llamadas a prestar declaración en calidad de imputados por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

    Se dirá que tenemos ya un antecedente y aquí no ha pasado nada.  

    Me refiero al caso del lehendakari Juan José Ibarretxe por sus conversaciones con Batasuna a raíz de la querella interpuesta por el Foro de Ermua, el 27 de abril de 2006. En la querella se  denunciaba las conversaciones de paz entre Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

    Pero era una querella del Foro de Ermua. No de la Fiscalía General del Estado.

   

                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 En cambio, la repercusión internacional de una declaración de Mas como imputado serían muy distintas. Tendrían gran impacto, habida cuenta de todo lo que ya ha ocurrido hasta ahora.

  Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC y de la sala de lo civil y penal, se ha pronunciado ante el referéndum en 2013.

 Consideraba "francamente complicado" celebrar una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, "porque la Constitución española habla de lo que habla, de la unidad".

  El magistrado estimaba que "hablamos de la consulta por la independencia, no de una consulta, y esto es algo difícil que se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta lo que dice la Constitución sobre la unidad". Sólo veía una posibilidad de llevarla a cabo y es con la implicación y participación del todos los españoles: "Otra cosa es que la consulta sea a nivel del Estado".

   Pero incluso cuando se pudiera hacer la consulta por la autodeterminación de Catalunya y esta contase con el acuerdo de Generalitat y Estado, Gimeno dejó en claro que el resultado "no tendría efectos jurídicos". "Haríamos la consulta, nos encontraríamos con la respuesta pero, ¿cuál sería la implicación? No tendría efectos jurídicos sino políticos, por lo tanto seguiría siendo una discusión política".

   Pero una cosa son sus apreciaciones generales sobre el asunto del referéndum y la consulta, y otra cosa es el contenido penal de la acción del 9-N.

   Las derivaciones políticas de la instrucción de esta querella no serían menores.

  La santificación de Mas, como ha dicho el alto cargo institucional y dirigente de CiU que hemos citado, replantearía el tema del referéndum y de la consulta en otros términos: a favor de Mas o contra Mas. 

   Y, en estas condiciones, la convocatoria de las elecciones autonómicas, que está por definir, asumiría un nuevo perfil.

   ¿Seguiría resistiéndose Oriol Junqueras a una lista conjunta de Esquerra Republicana de Catalunya con CiU y las otras fuerzas independentistas?

   La criminalización del caso, a través de la querella, supone un nuevo salto cualitativo del conflicto. Y coloca a Mas todavía más , si cabe, en el centro de la escena.

   Mas irá a más.

El fracaso de Torres-Dulce y su modelo

Foto: Luis Sevillano

    La gente se pregunta: ¿Es que Eduardo Torres-Dulce quiere hacer el último servicio al Gobierno de Rajoy con la presentación de la querella contra Artur Mas antes de dejar su puesto?

   Y la respuesta es: no. El fiscal general del Estado quería presentar la querella desde el primer momento. Por ello la secretaría técnica hizo un borrador.

  ¿Cuál era la hoja de ruta exacta de Torres-Dulce?

  En lugar de hacer un ejercicio de autoridad en un órgano jerárquico como es el Ministerio Fiscal, Torres- Dulce, que carece de lo que los franceses llaman "le physique du rôle", las caracteristicas del personaje, lo hizo a su estilo.

Asaeteado por Alicia Sánchez-Camacho, quien reveló la primicia de que la Fiscalia General del Estado ya tenía preparada la querella criminal por varios delitos -malversación, desobediencia, prevaricación y cohecho-, Torres-Dulce se mantuvo, empero, fiel a su plan original.

Ese plan consistía en que la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña presentara la querella. Por ello citó al fiscal jefe José María Romero de Tejada y al teniente fiscal, Francisco Bañeres, a Madrid, para confiarles la querella.

El pasado viernes 14 de noviembre, en Burgos, reiteró que la fiscalía del TSJC era la encargada de la querella e insinuó que no pasaba nada si se dejaba de presentar ya que el TSJC se vería abocado a debatir el asunto por las denuncias contra Mas por el 9-N en diversos pueblos de Cataluña.

Torres-Dulce tenía información errónea sobre la junta de fiscales del TSJC. O se negó a reconocer la realidad.

Sabía, o debía intuir, que no contaría con el apoyo del hombre con más peso en la fiscalía del TSJC: el fiscal Martín Rodríguez Sol. Torres -Dulce le había nombrado fiscal jefe del TSJC y se vio obligado a destituirle en 2013.

 Por dos asuntos: el célebre borrador de la UDEF, sin firma, difundido en noviembre de 2012, días antes de las elecciones autonómicas catalanas, sobre Mas y Jordi Pujol. Rodriguez Sol quiso investigar a fondo dicho borrador.

 Y segundo, y no por ello menos importante, a raíz de unas declaraciones del entonces fiscal jefe sobre la necesidad de buscar un encaje legal y constitucional al deseo de los catalanes de votar.

 Con todo el dolor en el alma -Torres-Dulce es padrino de un hijo de Rodiguez Sol-, el fiscal general del Estado cesó al fiscal jefe del TSJC.

 Por tanto, Torres-Dulce se embarcó, la semana pasada, en un viaje a ninguna parte cuando confió el destino de la querella, en la que creía, antes del 9-N y ahora, a la fiscalía del TSJC.

 Tenia cierta idea de cómo conducir al Ministerio Fiscal. Y fracasó. Él y su modelo. Si quería presentar la querella, como así era, tenía otro curso de acción a su alcance: ordenar el lunes 10 al fiscal jefe del TSJC que lo hiciera. Sin debates en la junta de fiscales del TSJC.

 En tal caso, no habria lugar a ningún conflicto. Se trataba de un ordeno y mando.

 La jerarquía así lo permite. Pero optó por lo que podríamos llamar un modelo autogestionario. Ahora Torres-Dulce, al discrepar la fiscalía del TSJC e invocar el artículo 27 del Estatuto, oirá a la junta de fiscales de sala.

 Aunque no es vinculante lo que opine la junta, es probable que Torres-Dulce obtenga su respaldo. O, en todo caso, le dejarán manos libres. Y presentará la querella por el delito de desobediencia y otros. Que, todo hay que decirlo, llegará muy debilitada al TSJC, que debatirá su admisión a trámite.

  El fiscal Pedro Horrach ha explicado, en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena Ser, que todo esto demuestra la autonomía del Ministerio Fiscal. Pero aquí el problema no es la autonomía. Aquí lo que se ha visto con el fracaso del modelo y estilo de Torres-Dulce es que no existe la autonomía de las fiscalías del los TSJ respecto a la Fiscalía General del Estado. Que la autoridad es la autoridad. Que hay una persona que debe cortar el bacalao.

 El Gobierno de Rajoy siempre echa las culpas a los demás de lo que es su propia inoperancia.

 En este caso se trata de responsabilizar al Tribunal Constitucional por no requerir a Mas en persona para que se abstuviera de desobedecer, como si el gobierno catalán no estuviera personado en la causa del referéndum y lo desconociera. Y también de descargar el peso en el fiscal general del Estado, que será el gran pagano por la crisis institucional aflorada con la respuesta o no respuesta al 9-N.

 El Gobierno y su delegada en Cataluña miraron, simplemente, hacia otro lado después de obtener la suspensión de la consulta bis. Mas no acató y el gobierno no hizo nada para que acatara.

Transparencia, ¿parcial o completa?

          

    

  José Antonio Monago declaró ayer en Madrid: "Quién me ataca a mi, ataca a Extremadura". Esto nos suena, ¿no? Quién atacaba a Jordi Pujol y su familia atacaba a Cataluña. Los asesores del presidente extremeño seguramente conocen esa circunstancia y a pesar de ello han decidido identificar a Monago con Extremadura.

  A partir de esta identificación el caso Monago ha dado un salto cualitativo.   

  Se trata de llegar al fondo. Y el fondo no es otro que toda la verdad.

 El presidente extremeño ha esgrimido como carta de triunfo un documento del Senado.

  El secretario general del Senado, Manuel Cavero Gómez, "certifica: que conforme que conforme a los datos que obran en la Secretaría General del Senado, en el periodo comprendido entre el día 3 de mayo de 2009 y el día 9 de noviembre de 2010 se abonaron, con cargo al Presupuesto del Senado, un total de dieciséis desplazamientos en avión, con origen en la Península y destino en las Islas Canarias, del Excmo. Sr. D. José Antonio Monago Terraza, Senador designado por la Comunidad Autónoma de Extremadura para la IX Legislatura.

Y para que conste a solicitud del interesado, expido la presente certificación en el Palacio de Senado a doce de noviembre de dos mil catorce".

  En esta descripción, como es evidente, no se mencionan las fechas de los "desplazamientos".

  Se supone, asimismo, que aparte de esos desplazamientos "con origen en la Península y destino en las Islas Canarias" el Senado habrá pagado también los desplazamientos con origen en las Islas Canarias y destino en la Península, parafraseando la certificación. En otros términos: 16 desplazamientos a Canarias y 16 desplazamientos de allí a la Península.

 ¿Por qué razón no se da cuenta en el documento de las fechas en que tuvieron lugar los llamados desplazamientos?

  Porque Monago no lo pidió.

  El director de comunicación del presidente de Extremadura, Juan Rodríguez, me explicó este lunes, día 17 de noviembre, que como la noticia sobre el asunto hablaba de 32 viajes se había pedido al Senado información sobre los viajes realizados.

 A la pregunta sobre si se había solicitado al Senado la fecha de cada uno de los viajes, la respuesta es que no. Rodríguez añadió que el equipo de Monago ha podido, por su cuenta, reconstruir viaje por viaje, de acuerdo con las actividades del PP.

 Explicó que si el hecho de que fueran actividades del partido lleva a que "se decida que no vale" pues entonces se plantearía "sufragarlos". Y añadió que "hay viajes del Senado y Congreso que los parlamentarios utilizan para su actividad partidista".

  Monago ha presentado la certificación como la prueba de que el Senado confirmaba que sus viajes eran viajes de "trabajo".

  Como se puede apreciar en el lenguaje utilizado por el Senado no se habla de "viajes de trabajo" sino, simplemente, de "desplazamientos".

  Este afán de hacerle decir al secretario general del Senado algo que no dice indica que Monago no quedó del todo satisfecho con la palabra "desplazamientos".

  ¿Por qué son relevantes la fechas de cada uno de los viajes?

 Porque es la manera de conocer qué actividades relacionadas con su cargo de senador pudo cumplir Monago en Canarias.

  Con todo, la explicación de Rodríguez ya indica que la reconstrucción que ha hecho el equipo de Monago va por las actividades del PP.

  Y no por el Senado.

  Pero las fechas permitirían, además, conocer el alcance de una información que introdujo por su propia cuenta Monago en sus explicaciones: los pagos de viajes hechos con una tarjeta Visa personal.

  Conocer todos estos detalles no es incompatible con la defensa de Monago en los tribunales y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

  Monago mismo lo reconoce de hecho cuando decide lanzar su caso al tribunal de la opinión pública.

  No otra cosa son sus múltiples comparecencias desde el viernes pasado, tras obtener la certificación del Senado. 

  Con todo, ha aprovechado las comparecencias para lanzar su candidatura a las elecciones de mayo de 2015, aunque nadie del Gobierno del PP le ha acompañado en Madrid este lunes 17, como suele ser costumbre cuando visita la capital para hablar en público un presidente de Comunidad Autónoma 

  La avasallante conducta de Monago en este caso, después de sus titubeos y contradicciones iniciales, recuerda a la de Esperanza Aguirre - que sí  acudió a escucharle al hotel Palace de Madrid -, al estallar la Operación Púnica, cuando la Guardia Civil detuvo al que fuera su brazo derecho en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

  El paralelismo consiste en esto: Aguirre aprovecha la citada operación para lanzar una campaña contra la corrupción y parece erigirse en la zarina anticorrupción del PP, hearings ensayados mediante; Monago cabalga sobre el incidente de los viajes a Canarias con cargo al Senado (para desarrollar presuntas actividades que siguen sin estar acreditadas) y propulsa su candidatura.

  A la luz de lo que ha dicho, el lema de su campaña podría ser Monago es Extremadura.

  El striptease o revelación o transparencia debe ser completa. 

  ¿Por qué?

  Porque todos somos mayores y sabemos lo que es una verdad parcial...

  Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿sigue siendo el asunto de los viajes del entonces senador José Antonio Monago un asunto privado como para que el Senado desvele solo por petición del interesado las fechas en que tuvieron lugar?

   O, planteado por el presidente como un asunto de Estado, es decir, de Comunidad Autónoma, a saber, que el que ataca a Monago en la cuestión de los viajes está atacando a Extremadura, ¿no debería el Senado proceder a efectuar un full disclosure, una revelación completa, aportando la fecha de cada uno de los viajes en cuestión?

 ¿No sería la mejor manera de evitar que su certificación sea usada como patente de corso? 

  El criterio, en el punto en que nos encontramos, ¿no debería ser acabar con toda sombra de duda?

  La respuesta: sí.
    

 

  

 

Caruana: "La trampa de la deuda acecha"

              

 

            

              

 

 

  Jaime Caruana fue nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) el 21 de noviembre de 2008, dos meses después la caída de Lehman Brothers, hace ahora seis años, y asumió las funciones el 1 de abril de 2009. El banco que coordina actividades y elabora la regulación de capital de las entidades bancarias, llamado banco de los bancos centrales, fue creado en mayo de 1930 por impulso de Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y Hjalmar Schacht, entonces presidente del banco central alemán, el Reichbank, y más tarde ministro de Economía de Adolf Hitler.

   Lleva cinco años y medio Caruana como director general del BPI. Un periodo algo inferior a sus seis años al frente del Banco de España, como gobernador.

   Las dos vidas de Jaime Caruana, como gobernador y como director general del BPI, presentan un contraste que tiene interés. Durante su gestión en el Banco de España se ha gestado la burbuja inmobiliaria que, ciertamente, al estallar ha provocado una recesión de balance (derivada sobre todo del endeudamiento privado). 

  Sin embargo, no se conoce reflexión autocrítica sobre esta experiencia de Caruana. Mientras, su actividad en el BPI destaca por alertar al mundo de los riesgos de la burbuja de activos que provocan las políticas de relajación monetaria de los principales bancos centrales.

  La burbuja en España, que el contribuyó a inflar con la política crediticia, parece haberle sido de gran experiencia para su vida profesional

  Ya desde 2005, según me ha explicado William White, y publiqué en el libro Indecentes, crónica de un atraco perfecto, el BPI advertía sobre los riesgos de una crisis económica de gran magnitud. En su informe anual del 25 de junio de 2007, el banco vuelve a insistir.

  El informe hablaba de riesgos de una crisis al estilo de 1929. "Virtualmente nadie predijo la Gran Depresión de los años treinta, o la crisis de Japón y el sudeste de Asia a principios y finales de los años noventa. De hecho cada recesión ha estado precedida por un periodo de crecimiento exuberante no inflacionista suficiente como para que los comentaristas sugieran que una nueva Nueva Era ha llegado", decía el informe elaborado por el departamento económico y monetario que entonces dirigía el consejero económico William White.

   Caruana, pues, continúa una tradición que podríamos definir como la de pepito grillo, que canta aquellas verdades que los principales líderes, incluídos a los gobernadores de bancos centrales que se sientan en  su consejo de administración, no desean escuchar.

   Hace pocos días, el 1 de noviembre de 2014, el director general del BPI explicó en Pekín que "la secuencia de ciclos de [boom] auge y caída [depresión] puede minar la fuerza de la economía global". Y advirtió: "Las políticas - fiscales , monetarias y prudenciales - que no se orientan lo suficiente contra la acumulación de los auges financieros y relajan de forma agresiva y persistente contra el riesgo de la caída corren el riesgo de afianzar la inestabilidad y debilidad crónica: las municiones de esta política se erosionan progresivamente, mientras que los niveles de deuda no se ajustan. Una trampa de la deuda acecha".

  En los últimos años, según hemos apuntado, Caruana insiste sobre los riesgos que amenazan una recuperación anémica de la economía internacional, carente de inversiones, y sobre el carácter de la crisis, una recesión de balance - concepto popularizado por el economista japonés de origen taiwanés Rickard Koo - provocada por los desequilibrios. Unos desequilibrios que son el producto de montañas de deuda pública y privada.

  Esta semana, la web del BPI, ha hecho público el discurso pronunciado por Caruana en Pekín a primeros de noviembre, en una conferencia del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), donde ha lanzado la advertencia sobre la trampa de la deuda.

El sobreendeudamiento  

Caruana nos habla de la deuda y de sus tres consecuencias.    

  "La acumulación de desequilibrios financieros implica el riesgo de futuras crisis financieras, un sector financiero dañado y [una situación de] sobreendeudamiento", señala.

   He aquí la secuencia, según Caruana.

  En primer lugar, "el apalancamiento [endeudamiento] que se acumula durante el boom [euforia]  debilita la posición financiera, lo que reduce la capacidad de los prestatarios de devolver los créditos y [debilita] su resistencia a los shocks. Esta vulnerabilidad, a su vez, aumenta las pérdidas de los acreedores, amplifica las respuestas de los miembros del mercado y contribuye a generar dinámicas en el mercado que son abruptas y no lineales".

  La descripción aborda casos concretos.

  "Unas caídas relativamente pequeñas en los precios de los activos puede forzar a los prestatarios a recortar sus actividades, y en algunos casos a suspender el pago o reestructurar el pago de sus deudas, lo que es costoso para los prestamistas y una losa para las finanzas de los deudores. Hemos visto este tipo de efecto muy recientemente en respuesta a la brusca caída de los precios de la vivienda en países como Estados Unidos, España e Irlanda..."

  El segundo de los problemas, subraya Caruana, es que "la acumulación de deuda fomenta una mala asignación de los recursos reales" de la economía.

  Apunta: "El PIB y el crecimiento del crédito en los años del boom anteriores a la crisis no estaban repartidos de manera equilibrada. Estaban concentrados desproporcionadamente en sectores específicos. Por ejemplo, en países como España e Irlanda, el crecimiento en los años del boom ha estado propulsado por el sector de la construcción y el financiero".

     Caruana prosigue: "El apalancamiento puede distorsionar el proceso de decisiones de inversión, y ofrece incentivos para colocar los recursos en proyectos que prometen beneficios rápidos, beneficios cuantificables en lugar de asociaciones de largo plazo con recompensa menos cierta pero potencialmente más valiosa. Estos incentivos son más fuertes cuando el apalancamiento resulta más barato".

   ¿Y, entonces, qué pasa?

  "La consecuencia entre esta asociación entre acumulación de deuda y mala asignación de los recursos es importante".

  ¿Por qué?

  "Cuando el boom [o burbuja] pincha, los sectores hinchados tienen que encogerse. Revivir el crecimiento en este tipo de recesión requiere flexibilidad y capacidad de la economía para reasignar los recursos más eficientemente desde sectores menos productivos a más productivos".

   Y aquí llegamos al final, el tercer problema.

  "Los booms financieros enmascaran deficiencias en la economía real".

  ¿Por qué?

 "Los booms de crédito actúan como una cortina de humo. Tienden a enmascarar las malas asignaciones de recursos, haciendo difícil detectar y prevenir estas malas asignaciones a tiempo. Los tiempos de boom también tienden a ocultar otras formas más morosas de deterioro del crecimiento real potencial....Lo que parece fantásticamente armonioso en el camino hacia arriba [euforia] gracias al efecto favorecedor del  boom basado en el crédito, se convierte en cacofonía y en fragmentación en el camino hacia abajo [crisis, recesión]. http://www.bis.org/speeches/sp141114.pdf

    Bien.

   El boom y la burbuja en España

  La descripción, que se ajusta a lo que ha pasado en España, parece hecha por un académico extranjero o un economista desde su laboratorio.

  Pero este Jaime Caruana, ¿no es la misma persona que después de ser director general del Tesoro pasó a ser director general del Banco de España a cargo de la supervisión y más tarde gobernador del Banco de España, desde julio de 2000 a julio de 2006? Han sido gobernador cuatro años con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y sus vicepresidentes, Rodrigo Rato, y Mariano Rajoy (2000-2003), y dos años largos con José Luis Rodríguez Zapatero y su vicepresidente, Pedro Solbes, para pasar luego por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como director del departamento monetario de mercado de capitales.

  Caruana personifica, en cierto modo, la continuidad de la política en las dos administraciones.

  Su apreciación de los precios de la vivienda en la etapa de formación de la burbuja no pasa de una sobrevaloración, derivada de la fuerte demanda.

  El 18 de junio de 2003, en el Congreso de los Diputados, explica lo que pasa en el sector inmobiliario.

 "El Banco de España considera que en estos momentos no tenemos una burbuja inmobiliaria...Lo que pensamos es que esta sobrevaloración podría perfectamente ajustarse sin necesidad de que hubiese el pinchazo de una burbuja, es decir, ajustes muy rápidos de precio. Con unos crecimientos más modestos tanto en el endeudamiento como en el precio de la vivienda se podría hacer el ajuste a valores más próximos a lo que se podría considerar el equilibrio".

 En septiembre de 2003, cuatro economistas del servicio de estudios del Banco de España (Juan Ayuso, Jorge Martínez, Luis. A Maza y Fernando Restoy) escriben en el Boletín Económico sobre una sobrevaloración de precios. La palabra boom como sinónimo de burbuja o euforia, estaba en aquellos años, cuando se hinchaba, prohibida. (Restoy es el actual subgobernador del Banco de España).

  "Entre 1997 y 2002, el precio medio de las viviendas tasas en España creció un 78% en términos acumulados, y la última información oficial disponible, correspondiente al primer trimestre de 2003 (una tasa interanual de expansión del 17,5%), no muestra signos de que dicho crecimiento se esté moderando, a pesar de la desaceleración cíclica de la economía". Según los autores, "la magnitud de la consiguiente sobrevaloración podría oscilar, dependiendo del enfoque y el modelo considerado, entre un 8 % y un 20%".

  Los economistas creen que la evolución de los precios será "previsiblemente gradual", pero ponen una cautela: "No obstante, cuanto más tiempo transcurra sin que esa convergencia se inicie, mayor será, lógicamente, el riesgo de que el ajuste necesario termine produciéndose de una manera más brusca de lo deseable". 

  Esta afirmación, a seis meses de las elecciones de marzo de 2004, periodo de larga precampaña electoral, inquieta al vicepresidente, Rodrigo Rato, quien con su equipo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, niega la existencia de la burbuja inmobiliaria. Rato pude explicaciones a Caruana.

 

 

  

  Luis de Guindos, Caruana y Luis Ángel Rojo.

 

  Dos años más tarde, el 17 de noviembre de 2005, en un seminario organizado por el Banco de México, en la capital azteca, Caruana da su versión: "Los precios de la vivienda en España, si bien están sobrevalorados, no implican necesariamente que se viva en una burbuja".

  Y el 16 de mayo de 2006, en su penúltimo discurso nos habla del sistema financiero español: "La posición de las instituciones financieras parece lo suficientemente sólida como para afrontar una corrección de los desequilibrios globales, incluso si esta viniera acompañada de un deterioro de las condiciones financieras y un aumento moderado de la volatilidad".

 La denuncia de Juan Manuel Quintero 

 Al escuchar estas palabras, el entonces presidente de la Asociación de Inspectores en Entidades de Crédito del Banco de España (AIECA), Juan Manuel Quintero, escribe una carta al ministro de Economía, el vicepresidente Solbes.  

   "En nuestra opinión - que en cuestiones de supervisión financiera entendemos cualificada, pues no somos nosotros los recién llegados a esta compleja labor técnica - ni todos los riesgos están tan controlados como afirma el gobernador, ni es probable que las consecuencias sean tan limitadas como él propone, si finalmente, alguno de los mencionados riesgos latentes llega a materializarse".

  Continúa Quintero: "Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador".

  Subraya especialmente "la pasiva actitud adoptada por los órganos recrtores del Banco de España - con el gobernador a la cabeza - ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana".

  La larga carta advierte que "esta institución, durante los seis años de mandato del actual gobernador, ha optado por mantener una actitud de pasiva complacencia que está en el origen de los desequilibrios que hoy denuncia el señor Caruana en sus intervenciones".

http://es.slideshare.net/Garcivalle/informe-inspectores-banco-de-espaa-2005

  Se avecina en unos días la salida de Caruana y la entrada de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el nuevo gobernador.

  Solbes guarda la carta en un cajón. Según Rodríguez Zapatero, nunca le informó sobre su existencia.

  Bien.

  El 15 de junio de 2006, Caruana pronuncia su discurso de despedida.

  "Es importante resaltar que el comportamiento que se viene observando en estos últimos años en los principales indicadores de actividad, rentabilidad, y solvencia del conjunto de las entidades de crédito nacionales, está ayudando a mitigar los riesgos de naturaleza financiera que inciden sobre la evolución de nuestra economía en el medio plazo. Las entidades están, así, en condiciones de absorber el posible impacto de perturbaciones como las señaladas [cambios del precio de la vivienda y de los tipos de interés] sin que se vea afectada su capacidad para asegurar la financiación del crecimiento económico".

   El consejo de administración del BPI, que preside el gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, está formado por los siguientes miembros: Mark Carney (Banco de Inglaterra), Agustín Carstens (México) Luc Coene (BCE), Jon Cunliffe (Inglaterra), Andreas Dombret (Bundesbank), Mario Draghi (BCE), William C Dudley (Reserva Federal, EE.UU), Stefan Ingves (Banco de Suecia),Thomas Jordan (Banco de Suiza), Klaas Knot (Banco de Holanda) Haruhiko Kuroda( Banco de Japón) Ann Le Lorier (Banco de Francia) Stephen S Poloz (Banco de Canadá), Raghuram Rajan (Banco de India), Jan Smets (Banco Nacional de Bélgica),Alexandre Tombini (Banco Central de Brasil), Ignazio Visco (Banco de Italia) Jens Weidmann (Bundesbank), Janet Yellen (Reserva Federal de EE.UU), Zhou Xiaochuan (Banco de China). 

  Aunque España no tiene representante en el consejo de administración del BPI, el gobernador del Banco de España participa en las reuniones mensuales de los lunes que se celebran en Basilea.

  Desde 2005, como apuntamos, los economistas Claudio Borio y William White ya advertían sobre los riesgos de una crisis. 

  Caruana participaba en dichas reuniones. Pero no parece haber asociado nunca esa crisis con la formación de la burbuja inmobiliaria en España en aquellos años.

  Miguel Ángel Fernández Ordoñez, crítico cuando ejercía con el PSOE la oposición a Rato y a Caruana, precisamente por inflar la burbuja inmobiliaria, tampoco hace caso de Juan Manuel Quintero y los inspectores. Y continúa lo que defino en Indecentes como la política de homicidio negligente del Banco de España.

   Volvamos a Caruana, director general del BPI.

  En su disertación ante un público financiero, en Pekín, Caruana desliza su disculpa: "Los booms de crédito actúan como una cortina de humo. Tienden a enmascarar las malas asignaciones de recursos, haciendo difícil detectar y prevenir estas malas asignaciones a tiempo" .

   Si nos retrotraemos a su época de gobernador del Banco de España, podríamos rehacer el párrafo: Los booms de crédito que yo he considerado básicamente sanos y que defendí una y otra vez ante las críticas enmascaraban malas asignaciones de recursos, y, además, como dice Alan Greenspan, pinchar una burbuja es peor que dejar que siga su curso.

   Lo dice descarnadamente Caruana en su discurso.

  "Lo que parece fantásticamente armonioso en el camino hacia arriba [eurforia] gracias al efecto favorecedor del  boom basado en el crédito, se convierte en cacofonía y en fragmentación en el camino hacia abajo".

   Lo que le parecía fantásticamente armonioso en la formación del boom quedó como legado para su sucesor Fernández Ordoñez a quien también le pareció fantásticamente armonioso...

  

   

    

 

 

Se busca fiscal general del Estado

          

  

  El Gobierno nombró a Eduardo Torres-Dulce y aunque no puede remover, estatutariamente, a un fiscal general del Estado si éste le ha dejado de gustar, por así decir, Torres-Dulce no pondrá obstáculo alguno en el caso de que Mariano Rajoy le haga ver que desea a otra persona en su lugar.

  Y La Moncloa y el Ministerio de Justicia no están a gusto con Torres-Dulce.

  Ya en junio pasado, al quedar vacante la plaza del magistrado Enrique López en el Tribunal Constitucional, Torres-Dulce hizo gestiones discretas para postularse. Fuentes fidedignas señalan que no contó con el respaldo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La plaza fue ocupada por Antonio Narváez, entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, una persona de la máxima confianza de Torres-Dulce.

  Este interés de Torres-Dulce mostró a un fiscal general del Estado descontento con el puesto.

  Aparte de otros desencuentros, que haberlos haylos, lo que podría llamarse la crisis de la respuesta a la segunda consulta en Cataluña ha situado a Torres-Dulce en la rampa de salida.

  En esa crisis hay que destacar dos momentos.

  El primero es la tarde-noche de marras, el domingo 9.

  La afirmación de Artur Mas (Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo y mi gobierno) exigía, según fuentes del Gobierno y del PP, una respuesta del fiscal general del Estado el mismo día. 

  Torres-Dulce acudió al cine el domingo 9. Y cuando se estableció contacto con él, explicó que las cosas se debían hacer con templanza.

  El ministro de Justicia, Rafael Catalá, improvisó, micrófono atado con celo mediante, una comparecencia al concluir la consulta, el domingo 9.

  El segundo punto ha sido la querella contra Artur Mas.

 La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, anunció en televisión, el martes 11 de noviembre, que ya estaba lista una querella para ser presentada de manera inminente por varios delitos, que enumeró. Y aclaró que la misma tenía "bases jurídicas muy sólidas".

  Estaba bien informada sobre los planes.

 Pero el fiscal general del Estado se ha sentido ultrajado por la desmesurada intervención política del partido en el Gobierno.

 Rajoy intentó templar gaitas en su comparecencia forzada, antes de viajar a Australia.

 Acto seguido, para gesticular un poco, Torres-Dulce convocó al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada y a su número dos, Francisco Bañeres, al despacho de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny para hablar de la querella. 

  Pero después de las deliberaciones confió la querella, a través de una nota insignificante, a la fiscalía del TSJC.

  La idea de que un asunto de Estado como la consulta catalana se deje en manos de la fiscalía del TSJC revela la distancia que ha asumido Torres-Dulce.

  Porque una cosa es que la querella se presente en el TSJC pero otra que la respuesta jurídica a una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional sea "exportada" íntegramente a Cataluña.

  La querella, por otra parte, ha perdido fuelle a medida que han pasado los días.

  De hecho, la Fiscalía General del Estado se ha difuminado en este asunto.

  Da la impresión de que a la querella entre todos, la Fiscalía General del Estado y la fiscalía del TSJC, la mataron, y ella sola se murió...

 Pero, atención, no se debe dar por hecho que la querella, sobre todo por desobediencia, ha sido abandonada...  

 El PP la exige.

 En resumen: el Gobierno quiere otro fiscal general y Torres-Dulce estaría encantado de dejar su puesto. Lo que se está urdiendo es un relevo compartido. Ordenado.

  Sería, dicho relevo, la admisión de que las cosas no se han hecho bien, un guiño de complicidad del Gobierno con el PP, que el partido echa en falta. 

  Y aunque el tema que envuelve, o precipitaría, la salida de Torres-Dulce es la crisis catalana, hay otras conductas que irritan al PP.

 Por ejemplo: cuando el fiscal general del Estado explica que la investigación abierta el Tribunal Supremo sobre la participación de  Manuel Chaves y José Antonio Griñan en el escándalo de corrupción de los ERE de Andalucía no supone, de momento, que estén "imputados".

  El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido al PSOE que se actúe ya mismo provocando la renuncia de los aforados cuya conducta comenzará a ser investigada. Moreno estima que el Supremo ha dado un "paso casi definitivo" para sentarles en el banquillo.

  Bien.

  Para dar salida a Torres-Dulce hay que dar con la persona indicada.

  Ha habido contactos con el magistrado Fernando Grande-Marlaska, presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP.

  Pero, según fuentes consultadas, a estas alturas la idea de Grande-Marlaska podría haber ha sido aparcada.

  El Ministerio de Justicia y La Moncloa sondean a otras personas.

 Según el Estatuto vigente, el mandato para el fiscal general del Estado es de cuatro años. Pero si se produce la vacante, aquella persona que ocupe la plaza por un periodo menor a dos años podrá optar a un mandato completo de cuatro años.

  En otros términos, la persona que sustituya a Torres-Dulce, si el Gobierno así lo quiere, podría contar con que, si el PP gana las próximas elecciones, sería elegida por cuatro años completos.

  Habrá que esperar, pues, al regreso de Rajoy de Australia.

 El nombramiento de fiscal general del Estado se hace a propuesta del presidente del Gobierno. Primero,   el Gobierno solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un dictamen sobre la idoneidad de la persona escogida.

  Con dicho dictamen, el candidato comparece ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados. Y después de esta comparecencia, el consejo de ministros aprueba el nombramiento.

     

   

Los "imputados provisionales"

                     
               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  La sala del Tribunal Supremo encargada de ver el caso de corrupción de los ERE de Andalucía, siguiendo la recomendación de la Fiscalía de dicho tribunal, ha abierto causa contra los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera,  Gaspar Zarrías (diputados), José Antonio Griñan y María del Mar Moreno (senadores) para investigar su participación en los hechos que instruye la juez Mercedes Alaya en Sevilla.

  La sala, presidida por el flamante presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha nombrado juez instructor a al magistrado Alberto Jorge Barreiro (foto que abre esta entrada).

   Algunos de los aforados han anticipado su decisión de declarar voluntariamente ante el magistrado instructor.  

  ¿Es posible?

  Sí. la práctica del Tribunal Supremo así lo indica. El artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la declaración voluntaria sin tener que solicitarse previamente al Congreso o Senado el desafuero o suplicatorio para que los aforados presten declaración.

 ¿En calidad de qué, de testigos o de imputados?

 El Tribunal Supremo al imputar un delito a un aforado tiene que pasar por un trámite previo: solicitar a las cámaras el suplicatorio.

  Pero este trámite no lo hace hasta que los elementos indiciarios o primeros indicios, generales, se consolidan.

 ¿Entonces?

 Pues el Supremo te pone una figura especial: Imputado provisional.

 Te llama a declarar en calidad de imputado provisional, asistido por letrado.

 El desconocimiento de esto, o vaya a saber usted, ha llevado a una gran metedura de pata de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y siguiéndole, según fuentes fidedignas, a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

 ¿Por qué?

 Porque al acudir a declarar, los aforados lo harán como imputados provisionales para que puedan defenderse.

¿Deben, pues, entregar el escaño?

 No parece lógico.

 Sin embargo, Susana Díaz, bajo la recomendación viva de Pedro Sánchez, ha dicho que cualquier persona imputada debe hacer entrega de su escaño.

Lo sensato es que una persona dedicada a la actividad política se aparte una vez que se abre juicio oral contra ella.

 Pepe Blanco, por ejemplo, ex secretario de Organización del PSOE, fue investigado en el Tribunal Supremo pero no entregó su escaño a menos que se abriera juicio oral contra él.

 No se abrió. El Tribunal Supremo no pidió el suplicatorio. La sala aceptó un recurso de Blanco contra la petición de suplicatorio del magistrado instructor. Y archivó la investigación.

 El senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino declararon ante el Supremo en calidad de imputados provisionales. Cuando se pidió el suplicatorio ambos tardaron diez meses en renunciar a sus escaños; y la instrucción pasó del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 ¿Cuándo suspende el CGPJ a un juez en su actividad jurisdiccional?

 Cuando se abre juicio oral contra él.

 El magistrado Alberto Jorge Barreiro abrió juicio oral contra Baltasar Garzón por el asunto de la intervención de las conversaciones en prisión de varios presos de la trama corrupta Gürtel. Pues, en ese momento, cuando el auto resultó ser firme, el CGPJ suspendió la actividad de Garzón como juez.

  Si los jueces consideran el momento procesal de apertura de juicio oral para uno de los suyos como el instante clave, ¿no habría que aplicar este criterio con los políticos?

    

 

  La afirmación de Susana Díaz, que ahora el Partido Popular intenta volver contra ella, empero, no contaba con la figura de imputado provisional del Tribunal Supremo. O si contaba, es difícil entender lo que ha prometido.

   Ha sido un error.

  ¿Por qué un aforado no va a poder defenderse primero dentro de la jurisdicción a que da derecho su fuero?

  ¿Nos cargamos el fuero de los parlamentarios?

 Porque si los aforados en el caso de los ERE entregan su escaño ipso facto sus casos pasan a la justicia ordinaria, es decir, a la juez Alaya.

  Susana Díaz ha cometido un error al definir, frívolamente, la operación limpieza.

  Los  aforados pueden declarar en calidad de imputados provisionales y cuando el juez Alberto Jorge Barreiro resuelva sobre su imputación definitiva y, decida por tanto, solicitar el suplicatorio a las cámaras, los aforados deberían entregar su escaño. Hay que aclarar también que la petición de suplicatorio puede ser recurrida. A todo esto, incluso cuando se sigue este proceso existe la posibilidad de que no se abra juicio oral contra el aforado imputado.

   En su auto sobre la instrucción de la causa de los aforados del ERE, la sala de magistrados del Supremo señala: "Si como consecuencia de las diligencias de investigación el investigador aprecia indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a esta sala a los efectos de la solicitud del suplicatorio, conforme al artículo 71.2 de la Constitución, con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar".

    La secuencia es: declaración como imputado provisional, investigación y si cabe petición de suplicatorio para proceder a la inculpación formal.

   El PP, que presiona sobre Susana Díaz, debería hacer memoria.

 

  No necesita ir muy lejos. Fue en julio de 2009. Bárcenas declaró voluntariamente en calidad de imputado provisional.

  El magistrado instructor de la presunta participación de los aforados nacionales en el caso Gürtel, Francisco Monterde, propuso a la sala, tras la declaración de Bárcenas y de Merino, solicitar sus suplicatorios al Senado y al Congreso de los Diputados, respectivamente. Y la sala los solicitó.

  Fue a finales de julio de 2009.

  El Congreso y el Senado votaron a favor de los suplicatorios en septiembre de 2009.

  Ambos renunciaron a sus respectivos escaños a primeros de abril de 2010.

  No pongamos, pues, el carro delante de los caballos. 

La película del fiscal general

 

             

   

 

  El Gobierno quería que el domingo 9, al caer la noche, saliera a responder a Artur Mas el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
   

  ¿Quién mejor que el fiscal general del Estado para dar la réplica a la declaración de Artur Mas?.

   "Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable, que me miren a mí". 

   Pero no pudo ser.
   

   Porque hubo un desencuentro en Madrid.

   Y se tuvo que improvisar la salida al ruedo del ministro de Justicia, Rafael Catalá.   

  Una improvisación que resultó tan evidente como que hubo dificultades hasta con el sonido.¡Hubo que pegar con celo el micrófono!

 ¿Qué pasó?
 

 Fuentes fidedignas aseguran que Torres-Dulce estaba entregado la tarde del domingo 9 de noviembre a lo que es su gran y pública afición, la que compite siempre con el resto de sus actividades: el cine. 

 Estaba disfrutando de una película en un cine de Madrid.

 No sabemos si estaba en la sala que proyectaba la película "Perdida'. Pero, sí, estaba disfrutando del séptimo arte.
  

  Y cuando dieron con él, mostró calma y aplomo.

  El tema de Artur Mas habia que estudiarlo sin prisa y ya se reuniria con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, José María Romero de Tejada, para analizar la respuesta a Artur Mas.

 Además, había otro asunto que solo los iniciados conocen. Pero Torres-Dulce, por la Fiscalía del Tribunal Supremo, sí se lo sabe: había, en esos momentos, domingo por la noche, pendiente en el Tribunal Supremo una querella de UPyD, con dos ampliaciones, contra Artur Mas y otros altos cargos de la Generalitat por delitos de usurpación de funciones, desobediencia, malversación y otros.

  ¿Qué importancia tiene?

  Pues que hay algo que se llama litispendencia.

  Seguramente la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, no lo ha tenido en cuenta.

         

 

 

 

 

 

 

 

    Pero cuando un asunto está en la jursidicción de un tribunal, es decir, cuando tenemos un litigio pendiente, no se puede empezar otro por los mismos asuntos en otro tribunal. 

  Sin embargo, el PP no podía esperar. Alicia Sánchez-Camacho estimaba que sin una querella criminal contra Mas, ella quedaba a los pies de los caballos.

  Por ello, con el ánimo de apretar a Torres-Dulce haciendo público lo que su información privilegiada le aportaba, la presidenta del PP catalán lanzó la bomba en El programa de Ana Rosa el martes pasado.

  "La querella tiene unas bases jurídicas muy sólidas", dijo.

  Torres-Dulce ya viene siendo objeto de múltiples presiones del PP.

  Hace meses, había intentado dejar su puesto y pasar al Tribunal Constitucional para ocupar la plaza vacante de Enrique López. Pero el ministro Ruiz-Gallardón no le apoyó. Su segundo, en cambio, accedió a dicha vacante.

  Ahora bien, se ha rumoreado en los últimas días la posibilidad de que el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, podía ser el posible sustituto del fiscal general aficionado al cine.

 Pero Alicia Sánchez-Camacho ha salvado, paradójicamente, a Torres-Dulce. Al menos de momento.

  Y Rajoy se ha visto obligado, para disipar las dudas sobre las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, a defender al fiscal general del Estado.

Le ha citado en señal de respaldo.

 No parece que la dimisión de Torres-Dulce esté ahora a la orden del día.

 Oiga, y de la litispendencia, ¿qué?

 Ya no existe.

 ¿Cómo?

  Sí. 

 La sala de admisión de la querella de UPyD, ampliada dos veces, ha sido desestimada el miércoles, día 12 de noviembre.

 Ya no existe, pues, pleito pendiente en el Tribunal Supremo.

 La querella tiene, pues, el camino abierto.

 Rajoy en su comparecencia forzada, antes de viajar a Australia, ha descrito los hechos, y ha apuntado que ignora lo que hará el fiscal general del Estado (ni él ni Federico Trillo admitirían, a la luz de la experiencia que la oposición ha representado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, este argumento).

 Y, vaya, que no sabía lo que había declarado Alicia Sánchez-Camacho sobre la querella.

 Sí, como leen. ¿Se le puede creer? Pues no.

 Son estas afirmaciones, precisamente, las que hacen de cáscara de plátano sobre la que trastabilla la credibilidad de esa solemnización de lo obvio de Rajoy sobre la consulta catalana, por mejor o peor interpretada que resulte.

  La querella criminal contra Mas que Rajoy "le debe" a su electorado y al ala dura de su partido sería un gran cheque en blanco a favor de Mas.

 Los teóricos de las conspiraciones pueden incluso llegar a pensar que Rajoy es tan maquiavélico que le está haciendo un gran favor concientemente a Mas para debilitar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

  Pero no es así.

 En todo caso sería por default.

 No está claro, si se estudian las declaraciones de Rajoy, que él quiera esa querella.

Pero veamos: un Mas imputado por desobediencia sería la realización de un sueño. Oriol Junqueras ha invocado antes del referéndum auténtico a Martin Luther King.

  ¿Necesitará Mas a ERC si le imputan?

  Y, en caso de que siga, al menos públicamente, hablando de la lista única: ¿le negará Junqueras a un Mas imputado por desobediencia una lista de Unidad Nacional de Catalunya?

 Caso de que, en efecto, Romero de Tejada presente la querella.