Ruz concluye... y debe seguir

           

 

             

 

    El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros - y de un  partido, el PP, a título lucrativo. 

  Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades ilícitas.

  Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente.  

  El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

   Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013. En el auto de conclusión, Ruz anticipa la existencia de la contabilidad B del PP.

  Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos". Pero este es otro capítulo que todavía queda pendiente.

  Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir en relación con su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa, en el cobro de comisiones. Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, aparecen en esta parte de la investigación en relación con las operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza, como la compraventa simulada de obras de arte en Argentina.

  He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

  Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Más tarde complementada por el  magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010, a raíz de la advertencia de las autoridades policiales helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA de Luis Bárcenas, una persona que por su condición de senador del PP figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

  Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Un juez en comisión de servicios

  Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

  Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

   Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

   Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

   ¿Cuál es la situación de Ruz?

   La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

  Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

  La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

  Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

  Por tanto, el límite último es el 17 de junio de 2015.

  El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz (en la foto, Lesmes preside, junto con los magistrados Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, el exdiputado Álvaro Cuesta,  la magistrada María del Mar Cabrejas, y la  abogada y exdiputada Mercè Pigem, a los que se une en esta ocasión, en Galicia, el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes).

  He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

  Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

  Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

    Bien.

   Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

  En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

   La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

   A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre: 

 Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

  Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

  Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

  Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

   En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

  No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

  Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

   No parece, por tanto, la solución indicada.

   Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".  

   El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

   Este auto, como decimos, es recurrible.

   Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

   Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

  Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

  Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

  Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

  Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

  La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

A Mas...lo que es de Mas

              

 

              

 

  Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que Artur Mas entre en el Palacio de la Moncloa y se siente a hablar con Mariano Rajoy. No sabemos si el presidente del Gobierno le esperará a la entrada o si  evitará dicho gesto de hospitalidad. Tampoco sabemos si Mas agradecerá a Rajoy haber sido el jefe de campaña de facto de la consulta soberanista, pero podemos asumir que lo piensa. ¿Van a negociar?, y ¿qué van a negociar?

   Mas ha sido formalmente coherente. Dijo que el 9-N se votaría y que al mismo tiempo no haría un referéndum fuera de la legalidad. Cuando el Tribunal Constitucional impidió el referéndum formalmente legal, Mas lo aceptó y puso en marcha su plan B: la consulta participativa.

  Rajoy fue incoherente. Dijo que la consulta no era un referéndum pero finalmente, a última hora, volvió al Tribunal Constitucional y obtuvo la suspensión de la consulta.

  Pero esta vez, a diferencia de la primera, Mas no retrocedió.

  Queda claro, pues, que el referéndum no se celebró porque en primerísimo lugar  Mas aceptó la decisión del TC. Y que la consulta se ha celebrado porque Mas no aceptó la segunda suspensión. Y que Rajoy decidió no impedir.

  Lo dijo en el fragor del 9-N: "Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable, que me miren a mí". 

  Esto debía llevar, según dicen en el Gobierno, al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a salir esa misma noche del 9-N a anunciar una  querella criminal contra Mas.  

   Volvamos a Rajoy.

   Su incoherencia ha consistido en obtener la suspensión de la consulta y acto seguido no impedir su celebración.

   Si pides la suspensión tienes que actuar en consecuencia. Tu labor como Gobierno también es aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional. Le has metido en el baile solo para abandonarlo después de decirte que está dispuesto a ser tu pareja y que ha empezado a sonar la música.  

   Rajoy, pues, insta a la suspensión pour la galerie, es decir, para calmar a sus votantes. Pero no tiene la menor intención de aplicarla. No está dispuesto a romper los huevos para hacer la tortilla.

  Pero también hace de jefe de facto de campaña de la consulta. Porque se ha dedicado a lanzar advertencias ya desde el sábado 8. Rajoy en el acto del PP sobre Estabilidad y buen gobierno en Cáceres,  señaló que "se le podrá llamar como se quiera, pero ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada que se le parezca, no produce efecto alguno".

   Y propone a Artur Mas "recuperar la cordura" a partir del 9-N.

  El mismo día de la consulta, durante el mediodía, La Moncloa inundó de mensajes a los medios de comunicación. La consulta, decian, es un ejercicio de "irresponsabilidad" por parte de la Generalitat que se ha llevado a cabo "sin garantías" democráticas y que es completamente "inútil" a cualquier efecto.

 Todo ello al tiempo que la Fiscalía gesticulaba.

  Pero, a todo esto, ¿presentó una denuncia la delegada del Gobierno en Cataluña?

  Pues no.

  El juez que deniega las medidas propuestas por UPyD señala, precisamente, que el Tribunal Constitucional no se ha dirigido a la jurisdicción ordinaria para pedir auxilio a fin de de asegurar que la consulta no se celebrara. No ha hecho, en efecto, exhorto alguno.

  Pero la responsabilidad es del Gobierno.

 ¿O ahora los platos rotos los pagará Torres-Dulce?

 ¿Por qué?

  Le acusan, según hemos apuntado, de no querer salir el domingo por la noche y anunciar una querella criminal contra Artur Mas. 

 ¿Será cierto, pues, que uno de sus posibles destinos es Washington, como magistrado de enlace, y que se contempla sustituirle por Fernando Grande-Marlaska, presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del CGPJ?

 Porque los rumores, que ya suenan desde hace semanas, se han disparado en las últimas horas. Torres-Dulce ya quiso saltar al Tribunal Constitucional para cubrir la plaza vacante de Enrique López, pero no pudo ser.

 ¿Será el chivo expiatorio de Rajoy?

 ¿Pagará él la factura?

 Pero, sobre todo, durante la jornada del 9-N, La Moncloa hacía las veces de maestro de escuela refiriéndose al alumno problemático tras escuchar que Mas asumía la responsabilidad de lo que pasaba en Cataluña.

  Esta conducta "no beneficia a las relaciones en el futuro", dijeron las fuentes, en alusión al tiempo post-consulta.

 El broche de oro ha sido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras finalizar la consulta. Ahora se afirma que tuvo que saltar al ruedo porque Torres-Dulce se negó a hacerlo con una querella contra Mas.

  "El proceso participativo celebrado es un "simulacro inútil y estéril" dijo Catalá.

  El ministro explicó que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para "exacerbar la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas".

  Llegados a este punto, ¿no hubiera sido más conveniente -y coherente con su política de laissez faire- una nota de La Moncloa en la que se dijera que aun restando toda validez a la consulta el Gobierno había seguido la marcha de la jornada y que nada de lo que ocurre en España le es ajeno?

  El prestidigitador, Artur Mas el astut, ha ganado esta batalla, tanto al Gobierno de Rajoy como también a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apoyándose en la ilusión democrática de los catalanes. La foto de Mas con los medios de comunicación, hablando en catalán, español, inglés y francés, contrastaba con la de Oriol Junqueras sentado como voluntario durante toda la jornada en  la mesa de Sant Vicenç dels Horts. 

 Y cabalgando a horcajadas de ella, expresada en una a consulta sui generis y una participación igualmente sui generis del orden del 36%  sobre un censo de casi 6,3 millones, vendrá a La Moncloa.

   ¿Para negociar?

   ¿Qué se puede negociar?

   He aquí el problema: ¿La tercera vía de la reforma constitucional para ir hacia un Estado federal?

   Para que esta fórmula algebraica tenga recorrido haría falta definir sus términos. Y, sin duda, uno de esos términos es el pacto fiscal. Que es como se alude al concierto para Cataluña que tienen el País Vasco y Navarra.

   Se equivocan quienes creen que Mas buscaba la foto del 9-N; la foto, eso sí, la buscará en La Moncloa.

   Las ilusiones democráticas funcionan, sobre todo en una etapa de depresión económica y social histórica de España, coincidente con la corrupción y el desprestigio de los grandes partidos políticos.

   Por eso, Mas insiste otra vez en la reivindicación del referéndum auténtico. Que para él pasa por una convocatoria de elecciones autonómicas...siempre y cuando consiga una lista única con ERC. Si no saca adelante esta lista única, pues, intentará seguir ganando tiempo.

 

   

La infanta a por la segunda vuelta

        

     

     La defensa de la infanta Cristina ha perdido la primera vuelta: el recurso contra el auto de conclusión del sumario del juez José Castro. Ha conseguido quitar el delito de blanqueo de capitales pero la infanta Cristina sigue imputada por dos delitos fiscales.

   Ahora bien, la segunda vuelta, el ballotage, por así decir, de esta batalla, es la próxima movida:  el auto de apertura de juicio oral.

  Y tanto Miquel Roca como Jesús María Silva han enseñado las uñas.

 "Veremos qué calificación jurídica hace el juez instructor cuando abra juicio oral, y si ve que hay alguna acusación legitimada para ir contra la infanta", ha explicado Roca con Silva a su lado. "Se abre una fase para ver el sentido de las acusaciones, si se limitan a la acusación popular ésta no estaría legitimada para seguir adelante", añadió.

  Llamaba la atención que en su recurso contra el auto de conclusión del sumario del juez José Castro, Silva no mencionara este tema (legitimación) de la doctrina Botín.

    En el comentario sobre el recurso, señalé: "Silva se ha dado el lujo de no invocar este argumento. Quizá porque sabe que en la Audiencia de Palma hay criterio formado, ya que en su auto de 7 de mayo parecía inclinarse por la doctrina Atutxa (existencia de un interés general). O quizá sea por la reciente confirmación de la sentencia del Supremo frente el recurso de amparo de Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco. O porque se lo reserva para los próximos pasos procesales".

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/07/magistrados-jiménez-gómez-reino-y-de-la-serna-pedro-de-la-audiencia-de-palma-el-recurso-de-apelación-de.html

     Pues enigma resuelto.

    Se ha reservado la carta.

    Bien.

   Silva esperaba ganar con sus argumentos y, claro, con la ayuda de la defensa reforzada que supone la posición de la troika: Fiscalía Anticorrupción, Abogado del Estado y la Agencia Tributaria.

    Prefería pues una victoria limpia sin apelar al arma procesal.

    Una vez derrotados sus argumentos, Silva y Roca se preparan para usar el arma.

    Cuando compruebe lo que ya sabe de antemano, a saber, que la acusación popular (Manos Limpias) pide sentar en el banquillo a la infanta Cristina (auto de apertura de juicio oral), actuará.

   Reconstruyamos los escenarios.

   El auto que confirma la imputación por dos delitos fiscales de la infanta Cristina solo se puede recurrir ante la misma sección segunda de la Audiencia de Palma en súplica.

  Pero un recurso de súplica no es un nuevo recurso para plantear, por ejemplo, el tema de la doctrina Botin. Y además, la sección segunda ya dice al finalizar el auto que este tema, señalado tangencialmente por el fiscal Pedro Horrach en su escrito, es facultad del juez que tiene atribuido dictar el auto de apertura de juicio oral.

  De modo que sin plantearlo en su recurso, Silva ha obtenido respuesta, lo que seguramente le debe haber reafirmado en su decisión de no haber invocado este asunto.

 Ahora, si no se presenta un recurso de súplica ante la Audiencia, el juez Castro dará un plazo de diez días (máximo veinte) a las partes personadas para que eleven las calificaciones jurídicas. Es aquí donde se solicita al juez la apertura al juicio oral.

   Silva volverá a pedir el sobreseimiento de la infanta.

  Ahora bien, el auto de apertura de juicio oral no es una resolución recurrible.

  La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana vuelve a reafirmarlo al desestimar el 17 de abril de 2014 un llamado recurso de "apelación-nulidad".

  "En el supuesto sometido a nuestra consideración la resolución recurrida es el auto de apertura de juicio oral, que resulta irrecurrible. La propia resolución [auto de apertura de juicio oral] reitera que contra la misma no cabe recurso alguno...y sin perjuicio de la facultad de reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas". Y añade: "Por lo que de conformidad con el art. 240 LOPJ podrá acudir a los “medios que establezcan las leyes procesales” y que la parte podrá valorar, pero sin que quepa promover un recurso de apelación para defender dicha nulidad cuando no está legalmente prevenido para la resolución dictada".

http://www.diarioinformacion.com/elementosWeb/gestionCajas/INF/File/alperibarco.pdf 

   Esto es: uno, la infanta debería el primer día del juicio oral, en las cuestiones previas, elevar al tribunal la petición de aplicar la doctrina Botín; plantear este asunto como "incidente de nulidad" ante el juez Castro    

   Con todo, el tema es discutible. 

  Pero, en todo caso, la vía del incidente de nulidad existe. 

  Esa nulidad estaría representada porque las acusaciones populares, según la doctrina Botín, no pueden conseguir abrir, en solitario, juicio oral cuando el que se considera perjudicado (en este caso el Abogado del Estado en representación de Hacienda) se abstiene de acusar y tampoco lo hace el Ministerio Fiscal.

  Es decir:  la acusación popular carecería de legitimación.

  Y ya sabemos que ni el fiscal ni el Abogado del Estado van a acusar. 

  Por tanto, Silva está preparado.

  La hipótesis de que el juez Castro se va olvidar de la infanta Cristina cuando la acusación popular le pida que abra juicio oral contra ella no parece probable.

                 

   Porque, para tal viaje no necesitaba Castro las alforjas que tuvo que cargar al imputarla en el auto de conclusión de las diligencias.

  ¿Dirá, tras recibir las calificaciones, que por imperativo jurisprudencial no puede abrir juicio oral contra la infanta?

  ¿Se contentará con culpar a otros: a la Fiscalía y a Hacienda, por no acusar; a la sección segunda de la Audiencia por quitar el delito de blanqueo de capitales; al Tribunal Supremo, por su jurisprudencia sobre el caso Botín?

   Y, por tanto, que no ha podido llegar más lejos tras haberlo intentado todo.

  Pero, bueno, ahí está como hipótesis que el juez no abra juicio oral contra la infanta.

  Si se abre juicio oral contra ella, Silva va a "recurrir", es decir, por la vía de un recurso de apelación-nulidad o vía el "incidente de nulidad" ante el juzgado contra el auto de apertura de juicio oral.

  En su auto de 7 de mayo de 2013, que los magistrados evocan en su resolución sobre los recursos, se decía:

 "Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la imputación del Juez Instructor ha contado con el apoyo de la acusación popular, representación que a lo largo de la causa ha mostrado y manifestado una actitud favorable a instar la imputación de la Infanta Doña Cristina y dicha acusación, atendida la naturaleza de los hechos y delitos investigados (excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria representada en la causa por la Abogacía del Estado), gozaría de legitimación para en su caso llegado el momento ejercer la acción penal contra la Infanta apelante.

 Al respecto constatamos con la existencia de una doctrina jurisprudencial que interpreta el Art. 782 de la ley procesal que se encuentra desarrollada, y explicada, en las Sentencias del Tribunal Supremo 1045/2007 y 54/2008 y en la 693/2009, de 20 de enero, a las que nos remitimos. Esa doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción en los términos anteriormente señalados. La doctrina jurisprudencial en interpretación del Art. 782 es la siguiente: en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular, cuando el Ministerio fiscal y la acusación particular han interesado el sobreseimiento de la causa, (STS 1045/2007), doctrina que se complementa al añadir que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral (STS 54/2008).

    ¿Sigue pensando lo mismo la sección segunda?

   Sobre delitos fiscales, venía a sostener, la acusación popular no está legitimada para lograr en exclusiva la apertura de juicio oral.

  ¿Es que la anulación de la imputación por blanqueo de capitales cambia ahora las cosas?  

  Porque en mayo de 2013, como hemos apuntado, los magistrados se referían a varios delitos imputados por el juez Castro a la infanta. Señalaban que para unos delitos (cómplice en blanqueo, delitos contra la administración, y otros), se aplicaba la doctrina Atutxa y para otros (delitos fiscales) la doctrina Botín.

   La única pista es lo que dicen en el nuevo auto.

  Los magistrados recuerdan la "dificultad que supone el que a la luz de la doctrina aplicable y vinculante, el juez instructor pueda acordar la apertura de juicio oral respecto de las acusaciones por delito fiscal contra la Infanta y Ana Tejeiro [esposa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín] si tal acusación la verifica en solitario una acusación popular, ya que en tal caso la legitimación únicamente correspondería al perjudicado directamente por el delito: la Agencia Tributaria, pues la legitimación de las acusaciones populares en estas situaciones de actuación en solitario como pàrte acusadora del proceso queda restringida a la protección y tutela de bienes jurídicos colectivos o difusos -criterio este que se sigue para evitar un uso hipertrofiado del ejercicio de la acción penal por los particulares no víctimas o perjudicados si bien comprendemos que en este caso y a diferencia del que examina la sentencia de 2007 [Botín] existe un matiz o aspecto a considerar (que a priori no tendría por qué afectar a la hora de observar el principio acusatorio) en cuanto a lo allí decidido y resuelto, cual es que el Ministerio Fiscal y la acusación particular piensan ejercer la acusación de delito fiscal (aunque no lo atribuyen a la Infanta)".

   Da la impresión de que aquí, ya sin blanqueo, los magistrados ven difícil legitimar a la acusación popular para acusar en solitario por delitos fiscales.

    El "matiz" que diferencia este caso con el de Botín, vienen a decir, no cambia, "a priori", el punto esencial de esa doctrina, a saber, que la acusación, en el caso que nos ocupa, no está legitimida para sentar por si sola a la infanta en el banquillo.

   Los magistrados han eliminado el blanqueo, que es, en esta interpretación, el único por el que podía la acusación popular pedir juicio oral contra la infanta, y dejan el asunto del delito fiscal en manos del juez Castro para que deniegue la apertura del juicio oral en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo: doctrina Botín.

   Le han puesto el balón en el punto de penalti.

   Claro que si el juez persiste y abre juicio oral por petición de la acusación popular, la defensa de la infanta recurrirá en nulidad por vulneración del principio acusatorio. Y serán, finalmente, los tres magistrados de la sección segunda quienes, con la pelota nuevamente en su campo, tendrán que resolver.

  En el caso de plantear el incidente de nulidad, si el juez Castro lo rechaza, el auto sería irrecurrible (artículo 240 y 241 de ley Orgánica del Poder Judicial) por lo que se abriría la via de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   Cabría preguntarse si en otra situación social, con casos como el del tercer grado de Jaume Matas, las tajetas Black de Caja Madrid-Bankia o la Operación Púnica, para tomar algunos de los últimos escándalos de corrupción, la sección segunda no habría anulado la imputación de la infanta Cristina también por los delitos fiscales.

  Y hay que subrayar el hecho de que el impacto de la situación procesal de la infanta ha cambiado políticamente hablando. Porque el rey Juan Carlos I ha abdicado. 

  Para no dejarnos ninguna de las otras salidas que puedan evitar la presencia en juicio de la infanta como acusada queda todavía otra: la sentencia de conformidad.

   Hasta el últmo minuto, incluso el mismo día del inicio del juicio oral, se puede pactar la conformidad para evitar el juicio. Y la prisión.

   Pagando, sí. 

 

"Tienes que mentir"

               

 

  Mientras Jean-Claude Juncker exigía, como presidente del Eurogrupo, a los países despilfarradores de Europa del Sur, austeridad fiscal y reducción de salarios como respuesta a la Gran Recesión iniciada en 2008, pactaba al mismo tiempo con trescientas empresas multinacionales su residencia en Luxemburgo a cambio de rebajar el tipo de impuesto de sociedades del 29% al 1% efectivo o, incluso, menos del 1%.

¿No habíamos quedado en que este país ya no era un paraíso fiscal? 

 ¡Hala, además de la Gran Recesión y la tasa de paro estilo Gran Depresión provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, sobre todo en países como España, y la fuga de capitales, Juncker nos hacía dumping, atrayendo a las empresas para que se movieran a Luxemburgo e invirtieran desde allí en España y los otros países despìlfarradores de la periferia europea!

 Y a todo esto, Irlanda, con un impuesto de sociedades del 12,5% estaba sentada en el banquillo.

  La verdad es que Juncker, que ha sido ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo, alternativamente, durante 22 años, ofreció a todo el mundo su verdadero rostro el 20 de abril de 2011 en una conferencia organizada en Bruselas sobre gobernanza por el Movimiento Europeo, una entidad que promueve a integración europea (ver video en inglés que abre esta entrada). 

   Según explica el presidente del Eurogrupo desde 2005, las políticas económicas de la Eurozona solo pueden ser coordinadas en "oscuros cuartos secretos" para prevenir movimientos en los mercados financieros. Juncker dice sin ambages:

   -Cuando las cosas se ponen serias, tienes que mentir.   

  Literal.

  "Estoy preparado para que me insulten por ser insuficientemente democrático, pero quiero ser serio", añade. "Si indicamos posibles decisiones, estamos alimentando la especulación en los mercados financieros y dejamos tirados en la miseria sobre todo a la gente que estamos intentando defender...Estoy a favor de debates oscuros y secretos".

 Ya en esta conferencia, Juncker se muestra escéptico con las medidas impuestas por Alemania y aceptadas por Francia: el compacto fiscal, la coordinación punitiva del ajuste del déficit fiscal.

 Pocas semanas después de esta conferencia, los medios de comunicación tienen la prueba.

 He aquí el hecho. Son las seis de la tarde del viernes 6 de mayo de 2011. La revista digital alemana Spiegel Online informa que los ministros de Finanzas de la Eurozona celebran una reunión secreta de emergencia en Luxemburgo para analizar la posible salida de Grecia de la Eurozona. 

 Los periodistas de varios medios de comunicación se movilizan. Localizan enseguida a Guy Schuller, portavoz del primer ministro de Luxemburgo.

  ¿Se está desarrollando como informa el Spiegel Online una reunión de emergencia en Luxemburgo o va a tener lugar esa noche dicho cónclave sobre una posible retirada de Grecia de la Eurozona?,  le preguntan.

  Schuller, que conoce la versión de la publicación alemana, ya tiene instrucciones de decir "no". En sus conversaciones telefónicas e intercambios de mensajes con dos periodistas del diario The Wall Street Journal y la agencia Dow Jones, el portavoz asegura que no se ha convocado ninguna reunión.

  Pero la reunión se celebra, al parecer para abordar temas de la crisis, aunque no exactamente la salida de Grecia del euro.

  "¿Por qué mintió?", le pregunta el lunes 9 de mayo de 2011 el Journal al portavoz. Según la versión de la que se hace eco dicho diario, Schuller afirma: "Me han dicho que dijera que no había reunión. Teníamos ciertas necesidades".

  ¿Como cuáles? "Wall Street [la Bolsa de Nueva York] estaba abierta en ese momento [las seis de la tarde hora europea equivalía al mediodía de Nueva York]". El euro, a raíz de la información del Spiegel Online, que habría exagerado la importancia de la reunión, estaba cayendo. "Había una buena razón para negar que la reunión se estaba celebrando. Fue autodefensa".

 http://blogs.wsj.com/brussels/2011/05/09/luxembourg-lies-on-secret-meeting/

El 'estrangulamiento' de Guindos

Juncker es más célebre en España también por una imagen que captan las cámaras el 12 de marzo de 2012.

 Se ve al entonces presidente del Eurogrupo cuando se acerca al ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de comenzar la reunión del Eurogrupo donde está previsto analizar los objetivos de déficit público de España de 2012, el primer ejercicio de Mariano Rajoy.

   Le coge Juncker a Guindos por el cuello con las dos manos y le aprieta simulando un estrangulamiento. La broma termina cuando se funden en un abrazo.

          

 

 

  Pero la salida de humor de Juncker refleja fricciones entre España y la Comisión Europea.

  La escena descrita ocurre el 12 de marzo de 2012.

 Diez días antes, el 2 de marzo, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sin informar previamente a sus colegas del Consejo Europeo, dice en la rueda de prensa posterior que el objetivo de déficit público para el año 2012 será del 5,8% del PIB.

  Rajoy, ante la pregunta de si ya ha informado a sus pares en el Consejo, responde que "no" y que "no tengo por qué hacerlo", que es "una decisión soberana de los españoles" y que "a la Comisión se lo contaré en abril, como a todos los demás". 

   El 12 de marzo, después del "estrangulamiento" ficticio, la soberanía de los españoles, parafraseando a Rajoy, conoce un recorte en la citada reunión del Eurogrupo.

   Juncker, al informar en rueda de prensa sobre las decisiones del Eurogrupo, señala:

   - El objetivo de déficit del 5,8% para 2012 ha muerto.

   La reunión ha aprobado un déficit más duro, con cinco décimas menos. El  5,3% del PIB.

   Pero las palabras se las lleva el viento. Porque el déficit público asciende, a 31 de diciembre de 2012, al 10,6% del PIB, el doble del 5,3% comprometido.

  Que el déficit se va a disparar no será un secreto para Juncker.

   Bankia está en el centro de la escena financiera internacional. Todas las alarmas han sonado en abril y  primeros de mayo de 2012 por la gestión que hace el Gobierno de Rajoy. En Washington (Fondo Monetario Internacional), en Berlín (Gobierno alemán), en Francfort (Banco Central Europeo), y en Bruselas (Comisión Europea). La renuncia forzada de Rodrigo Rato a la presidencia de la entidad y las diferentes cantidades que se barajan en días sucesivos para su ingente saneamiento precipitan el rescate bancario.

   El 9 de junio de 2012 es el Eurogrupo quien se anticipa y pone a disposición de España una línea de crédito de 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero español. El 25 de junio el ministro De Guindos envia, en nombre del Gobierno, la carta de solicitud de ayuda a Juncker, en calidad de presidente del Eurogrupo.

   En resumen: mientras aprieta a España desde el Eurogrupo ofrece una rebaja de impuestos espectacular a las multinacionales radicarse en Luxemburgo.

   ¿Cómo se puede seguir en el puesto después de esta conducta?

   Si hay  alguien que pueda hacerlo ese es Juncker, un hombre de sólida formación católica. 

   Pero, claro, quedará tocado.

   ¡Un estupendo bautismo de fuego como presidente de la Comisión Europea!

   He aquí una saga brillante: Rodrigo Rato, ex vicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) imputado en el caso Caja Madrid Bankia y en su pieza separada de las tarjetas Black e investigado por el asunto de la contratación del banco de inversiones Lazard; Christine Lagarde, ex ministra de Economía y directora gerente del FMI, imputada en el caso Tapie-Adidas en Francia; y ahora Juncker, que no está imputado por nada, pero que ha engañado a placer. Eso sin olvidar al ex director gerente del FMI y candidato in pectore, frustrado, a las presidenciales francesas, Dominique Straus-Kahn.

  

 

Cazachorizos o el "2014" de Orwell

 

                                           

 La cruzada de Esperanza Aguirre contra la corrupción evoca a George Orwell, quien bastante antes de escribir su libro 1984, publicado en junio de 1949, explicó lo que ocurría cuando desaparece la verdad.

 "Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de la verdad objetiva está desapareciendo del mundo.... El objetivo implícito de esta manera de pensar es un mundo de pesadilla en el que el Conductor o alguna pandilla gobernante controla no sólo el futuro sino el pasado. Si el conductor dice que tal o cual acontecimiento nunca ocurrió, pues es lo mismo que si efectivamente nunca hubiese ocurrido. Y si dice que dos y dos son cinco... pues bueno, serán cinco". 

   El 16 de junio de 1949, en su respuesta a una carta del sindicato United Automobile Workers of America, Orwell, explicó: "Mi novela Mil novecientos ochenta y cuatro no es un ataque al socialismo o al Partido Laborista británico. No creo que el tipo de sociedad que describo llegará necesariamente, pero lo que sí creo (si se tiene en cuenta que el libro es una sátira) es que puede ocurrir algo parecido".

  "Puede ocurrir algo parecido", dice modestamente, poco después de la publicación.

   Todo esto viene a cuenta de la nueva zarina anticorrupción.

   

 

 

 

 

   Esperanza Aguirre, parece que con el acuerdo de Mariano Rajoy, presenta su experiencia personal como la mejor credencial para impulsar la regeneración de esta sociedad.

   Salió en tromba el lunes día 27 de octubre, nada más conocer la Operación Púnica, para pedir perdón por haber elegido a Francisco Granados. Siguió con una propuesta de medidas "urgentes" contra la corrupción. 

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/rajoy-aguirre-marear-la-perdiz.html

    Y, al día siguiente de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijera que el PP ya lo había hecho todo y que no podía hacer más en la lucha contra la corrupción, Esperanza Aguirre discrepó en el El programa de Ana Rosa, en una entrevista con la periodista Ana Rosa Quintana.

  Sí se puede hacer más contra la corrupción.

  Ha reconocido que la justicia es lenta pero inexorable.

  Pero, al mismo tiempo, dejó caer: "En el PP hay un tesorero que tiene 40 millones en Suiza y no sé por qué seguimos con este asunto".

  ¿De verdad no sabe?

  ¿Y la contabilidad B?

  Ah. Es un problema de la codicia del señor Bárcenas.

  Bien.

  Fichada como cazatalentos por Seeliger y Conde, Esperanza Aguirre es ahora la cazachorizos del PP.

   Espérese usted un minuto.

   Esperanza Aguirre ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid entre noviembre de 2003 y septiembre de 2012. Y es presidenta del PP de Madrid, desde noviembre de 2004,en sustitución de una persona que figuraba cobrando en negro (cosa que ha admitido) en los papeles de Bárcenas, Pío García Escudero.

  El próximo 27 de noviembre cumplirá diez años, una década, se dice pronto, con el timón de Madrid en sus manos.

  Pero la verdad es que en este periodo de ejercicio del poder Esperanza Aguirre ha actuado más como cazachorizos en el sentido de elegir a un elenco de colaboradores que han sido cazados, no precisamente por ella, sino por la acción de la justicia.

   Veamos.

                                                               I           

  En el caso Gürtel, tenemos a Alberto López Viejo, persona de máxima cercanía a la Presidenta, coordinaba a diario y se encargaba de todos los actos de Esperanza Aguirre tanto para el PP como los de Presidencia de la Comunidad. 

   López Viejo es nombrado en 1999 concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Ambiental del Ayuntamiento de Madrid por el primer edil, José María Álvarez del Manzano. Ya entonces le rozan varios escándalos. Pero Esperanza Aguirre cuenta con él. Obtiene el acta de diputado en la Asamblea de Madrid en 2003. Y en 2004 es nombrado viceconsejero de Presidencia en el gobierno de la Comunidad para pasar a ser en 2007 Consejero de Deportes. En febrero de 2009, al aflorar su nombre en la investigación de Gürtel, Esperanza Aguirre le destituye.

   En Majadahonda, en la primera escena, por así decir, del crimen de Gürtel, tenemos al alcalde Guillerno Ortega Alonso. Después de una polémica compraventa de parcelas es castigado por Esperanza Aguirre, y pasa a ser gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, con un incremento de remuneración considerable. Ha sido miembro del comité ejecutivo del PP de Madrid y responsable de acción electoral.

    No lejos de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid estaba Alfonso Bosch Tejedor, miembro del gabinete de Presidencia del Gobierno con José María Aznar, gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar a través del gabinete municipal, en coordinación con Antonio Cámara Eguinoa, jefe de gabinete de Aznar hasta 2004). Antonio Cámara Eguinoa trabaja posteriormente para Francisco Correa en la empresa Special Events.  Años más tarde es recolocado por Miguel Blesa en Caja Madrid, siendo titular de una tarjeta Black.

 Arturo González Panero es otro de los personajes (en la foto junto la Presidenta y a Jesús Sepúlveda)  Alcalde de Boadilla del Monte desde 2000, se enfrentaba ya en un juzgado de Móstoles a una querella por malversación de fondos públicos y prevaricación,  González Panero es nombrado por Esperanza Aguirre miembro de su comité ejecutivo en el año 2005. Posteriormente, se le designa miembro del Consejo Superior de Deportes presidido por la Infanta Pilar de Borbón.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Este hombre, al que llaman El Albondiguilla, ha sido uno de los alcaldes decisivos en la lucha interna entre el PP de Madrid (sector Alberto Ruiz-Gallardón) representado por Manuel Cobo, y Esperanza Aguirre, reyerta a la que aludirá Mariano Rajoy parafraseando un par de veces al Conde Romanones (¡Joder qué tropa!). 

 

  Porque, a raíz de esos enfrentamientos el vicealcalde Cobo denunció, a la salida de los tribunales, a primeros de febrero de 2010, "la gestapillo que se montó en Madrid".

 

                   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  En todos y cada uno de los actos de relevancia del PP de Esperanza Aguirre contó con la presencia de Arturo González Panero. Ha alabado la gestión de González Panero, incluso se han reunido multitud de veces para tratar en el despacho de la Presidenta operaciones urbanísticas que con el tiempo han resultado ser graves casos de corrupción (compra del Palacio del Infante Luis de Borbón al Conde de Bañares, Enrique Rúspoli). 

 

   Será Francisco Granados quien, junto con la plana mayor del PP de Madrid, inaugure la nueva sede del PP en Boadilla, alabando en ese acto la honradez de Arturo González Panero y del PP de Boadilla.

 

   En Arganda, contamos con Benjamín Martín Vasco, diputado del PP, primer teniente de alcalde de dicha localidad, consejero delegado de la sociedad municipal de Fomento.

   

   Esperanza Aguirre le nombra presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid. 

   

  También en Arganda y en Boadilla del Monte tenemos a Tomás Martín Morales, concejal del PP en Getafe entre 1995 y 1999, y  consejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda en Boadilla del Monte y desde 2008 en Arganda. Hombre clave de la trama Gürtel con la doble condición de trabajar en la administración y simultáneamente para la trama. Es el presunto autor de los pliegos de la visita del Papa a Valencia, y es presunto autor del amaño del concurso de 34 locales y 200 plazas de aparcamiento por 75 años a una empresa de la trama en la que él se ocultaba con el 25% de las acciones. 

   

  Considerado por la investigación uno de los hombres más peligrosos de la trama.

   

   Sin salir de Arganda, está Ginés López, alcalde y miembro del comité ejecutivo del PP de Madrid. Apoya a la presidenta frente al candidato gallardonista Manuel Cobo. 

 

  Llegamos a Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, quien apoya también a Esperanza Aguirre en su lucha contra Manuel Cobo. Ex senador del PP por Murcia y responsable de acción electoral nacional de PP y de las campañas de Aznar y Rajoy junto a su mujer Ana Mato. Ha sido alcalde de Pozuelo de Alarcón, presidente del Partido Popular de Pozuelo de Alarcón y miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. 

 

     

 

 

 

    

 

   

  En la zona noroeste de Madrid, tenemos a José Galeote Rodríguez, padre de Gerardo, Ricardo y Sandra Galeote Quecedo.  Apoyan estratégicamente a Esperanza Aguirre.  Galeote Rodríguez introduce a Francisco Correa Sánchez en el ayuntamiento de Boadilla.

 

                                                             II

 

  Sin agotar la lista de implicados en Gürtel, podemos pasar a la Operación Púnica. 

 

 Aquí está Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco, cuñado de David Marjaliza, testaferro de Francisco Granados. 

 

   También José Moreno, ex Alcalde de Valdemoro, actual diputado del PP, como parte de la candidatura de Esperanza Aguirre. Hombre de máxima confianza de Francisco Granados.

 

   Y, claro, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid desde 2004, es decir, prácticamente desde que Esperanza Aguirre es nombrada presidenta del partido. Ambos llevan juntitos de la mano el PP en Madrid.

         

 

         

 

 

   Es consejero desde noviembre de 2003 cuando abandona la alcaldía de Valdemoro.  Será nombrado Presidente de la Comisión del Tamayazo, ocupa la cartera de la consejería de Infraestructuras y Transportes, y más tarde Esperanza Aguirre le designa consejero de Presidencia, Justicia e Interior, con categoría de vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid. 

   

  Una de las empresas bajo su control, Waiter Music, WM, se convierte en la proveedora oficial de actos y eventos para el PP ante la caída de las empresas de Francisco Correa. WM ocupa desde la entrada de Francisco Granados el sitio que antes ocupaba Special Events. Lo que convierte a Granados en un personaje de mayor peso interno en el partido. 

   

  Su relación estrecha con el empresario David Marjaliza le lleva indirectamente, con el paso del tiempo, a seguir muy de cerca al secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, por sus contrataciones y adjudicaciones en Parla cuando es el alcalde del consistorio.

 
  En una de las grabaciones, correspondientes a 2006, aportadas por el exconcejal José Luis Peñas en 2009 al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hay una conversación donde un conseguidor, Raúl Calvo, que trabaja puntualmente para la empresa de construcción Dyco, informa a Juan José Moreno, ex concejal de Medio Ambiente de Majadahonda, que Marjaliza "es el tapao de Paco [Granados]".

 

  Alejandro Utrilla Palombi, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

 El alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (en la foto junto a Esperanza Aguirre) es una de las apuestas personales de la Presidenta que provoca la ruptura del PP en esta localidad, con abandono masivo de la militancia histórica.

 

     

 

    El cabeza de lista en las elecciones de mayo de 2007, Julio Henche, es convocado a Madrid cincuenta y pocos días antes de los comicios. El vicepresidente Ignacio González, acompañado por Borja Sarasola, le pide, en una comida, que incorpore a Juárez a la lista por expreso deseo de la Presidenta.

 

 Juárez le explicará a Henche su amistad con Francisco Álvarez-Cascos. Pero Henche se niega y junto con gran parte de los candidatos se retira. El PP pierde las elecciones. Pero Juárez se hace con la alcaldía en 2011.

 

  Esperanza Aguirre ha puesto a Collado Villalba en el mapa. Y la cena de Navidades del 2013 que organiza el PP en este municipio cuenta con un invitado de honor. Mariano Rajoy anuncia en el acto que Juárez volverá a ganar las elecciones en mayo de 2015.

 

  Volvemos a Valdemoro.

 

  El alcalde José Boza, hombre bajo  control del secretario general Francisco Granados.  La importancia de la agrupación de Valdemoro es incuestionable puesto que su sede es utilizada como lugar de reuniones de coordinación del PP en el Sureste de Madrid, misma zona de influencia de la trama Púnica junto con la mancomunidad de municipios del Sureste.  

 

                                                              III

  Y, como nota a pie de página, está Beltrán Gutiérrez Moliner.

            

   Gerente regional del PP de Madrid, ha sido titular de una tarjeta Black de Caja Madrid.

  Beltrán Gutiérrez Moliner ha acompañado a Esperanza Aguirre cuando la presidenta del PP de Madrid prestó declaración en Plaza de Castilla (ambos en la foto) por el incidente de tráfico, presunto delito de desobediencia, en la Gran Vía Madrileña, en abril de 2014.

   Pero Gutiérrez Beltrán aparece también en conversaciones grabadas a Francisco Correa en relación a una comisión de 12 millones de euros.

   Y, según fuentes consultadas, ha asistido a Esperanza Aguirre en su declaración por escrito ante el funcionario judicial que acudió en nombre del juez Ruz a su despacho de la calle de Génova, el pasado 17 de diciembre de 2013.

                                                            IV

¿Entienden el lector y la lectora por qué la cruzada anticorrupción de Esperanza Aguirre evoca a George Orwell?

   2014 es el equivalente de 1984.

  La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza.

Rajoy-Aguirre o marear la perdiz

         

 

    Mariano Rajoy fue el primero. Su gran instrumento contra la corrupción: la creación de 112 plazas de magistrados y 167 de jueces de adscripción territorial y 2 jueces en la Audiencia Nacional.

   Problema: no es una medida nueva. El decreto que propone Rajoy regulariza la situación realmente existente.

   ¿Cómo?

   Sí: los jueces trabajan en sus funciones desde hace tiempo.

   Por tanto, Rajoy no propone aumentar el número de jueces.

   Pero la desesperada necesidad de dar la imagen de que se hace algo contra la corrupción lleva a esta puesta en escena.

   Le ha seguido Esperanza Aguirre, quien en base a su experiencia con sus colaboradores, caso Gürtel, y, ahora mismo, en el caso Púnica, reconoce que "algunos" ciudadanos podrán pensar que no es la "más indicada para proponer medidas anticorrupción" después de lo que han hecho algunas personas nombradas por ella.

  Pues, no. Se siente, precisamente por lo que le ha pasado, autorizada.

  De los errores se aprende.

  Esperanza propone "seis medidas drásticas, rápidas y eficaces".

  La primera es "facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados".

  Pero, vamos a ver, ¿no sabe Esperanza Aguirre que los jueces pueden hacerlo? ¿No conoce los artículos 502, 503, 504 y 505, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

  Siempre que una parte personada en la causa así lo pida -ministerio Fiscal, acusaciones particulares y populares-, el juez de instrucción puede hacerlo cuando concurran motivos para ello.

  Entonces, ¿qué nos está vendiendo la presidenta del PP de Madrid? 

 La segunda propuesta es la de "reducir el tiempo de las instrucciones de las causas judiciales abiertas por corrupción" con "un año prorrogable a seis meses más en los casos más complejos".

   Así, pues, reducir por decreto las instrucciones.

   Mediante un ucase, vamos. Parece mentira que haya sido ministra y presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿O es que quiere pasar por encima de los delitos con instrucciones exprés?

   Las otras iniciativas "urgentes" de Esperanza Aguirre se refieren a una nueva Ley Electoral, la práctica a las "audiencias" para la designación de candidatos y la "transparencia de las cuentas".

    Vamos, propuestas domingueras, de actos públicos en día domingo, es decir, ideas que, como en el caso de una nueva ley electoral, no van a pasar del papel por la nula voluntad de aprobarlas.

   No está claro, por tanto, qué es lo que asegura haber aprendido Esperanza Aguirre después de convivir con chorizos mañana, tarde y noche, durante largos años, en la Comunidad de Madrid.

  Seamos serios y dejemos de lanzar frívolamente ideas que desprestigian todavía más a los políticos que las sueltan, más, por supuesto, de lo que ya lo están, si cabe, ahora mismo.

  Cuando este país, mejor dicho, los Gobiernos de este país, quieren aprobar algo, lo hacen sin vacilar. Sin complejos.

  ¿Ejemplos?

  Por orden de aparición. La reforma del artículo 135 de la Constitución para limitar el déficit público, en línea con Alemania.

  Esta reforma fue pactada en 48 horas, en agosto de 2011, entre José Luis Rordríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

  Sigamos. El Gobierno de Rajoy cambió de un plumazo la ley de jurisdicción universal bajo las amenazas del gobierno de China.

  Y más. El aforamiento exprés diseñado por el Gobierno para el ya abdicado rey Juan Carlos I.

  Estos ejemplos muestran que la celeridad no es obstáculo cuando se quiere.

  La primera medida a adoptar de inmediato es la de considerar la financiación iegal de los partidos políticos como delito.

   Porque no existe este delito.

  Sí, después de la que caído con el fallido caso Naseiro y el caso Filesa. Y ahora Gürtel y Bárcenas.

  La segunda es la de introducir la figura de enriquecimiento injustificado. Siempre han existido reticencias a adoptar esta figura, que existe en otros países, por entender que supone cuestionar la idea de  presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba, pero tal como están las cosas parece aconsejable.

  La tercera es duplicar el número de jueces en la Audiencia Nacional de los actuales seis a doce. Y junto con ello especializar a los magistrados, para que no tengan que instruir simultáneamente casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, y terrorismo.

  Como en otros países, véase Francia, hay casos en los cuales no basta un solo magistrado para instruir una gran causa. Todas terminan siendo macrocausas. Véase Gürtel. La investigación comienza en la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2008, se judicializa en la Audiencia Nacional en febrero de 2009 y todavía estamos por saber cuándo va a acabar.

  No hace falta mencionar casos como Pallerols, ERE de Andalucía, Urdangarín, Hacienda o Fórum Filatélico-Afinsa.  

  Al mismo tiempo se trata de crear en cada Comunidad Autónoma uno o dos, según las necesidades, juzgados especializados en instruir casos de corrupción; es decir, Juzgados Anticorrupción.

   Y en cuarto término, cambiar la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

             

 

   Veamos.

  Había un proyecto que Rajoy heredó de Rodríguez Zapatero. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, empero, creó una comisión, quizá con el sueño de resucitar el Ministerio de Gracia y Justicia de Manuel Alonso Martínez, para elaborar un nuevo Código Procesal Penal y confió la presidencia al magistrado Manuel Marchena.

  Pero, tanto el proyecto heredado como el elaborado por la comisión Marchena se guardaron en un cajón. El ministro Catalá ha calificado, nada más asumir, la mejora del funcionamiento de la justicia penal como uno de sus objetivos fundamentales.

  Bien.

 Buena parte de la labor del Ministerio de Justicia desde el comienzo de la actual legislatura debería haberse centrado en el tema de aportar los recursos necesarios para luchar contra una corrupción que a estas alturas ya hay que calificar como sistémica.

  Porque mientras se están instruyendo causas importantes, al mismo tiempo se sigue robando.

 Aquellos que roban consideran que la justicia es inocua e ineficaz y que nunca caerá sobre ellos. Los ladrones del siglo XXI son plenamente conscientes de que se persiguen sus crímenes con una ley del siglo XIX.

  Y los que roban se apoyan también en otra cosa muy importante: la negación de la evidencia por parte de aquellos dirigentes de partidos que son el blanco de las investigaciones. Negación de la evidencia combinada con ataques directos o indirectos que estos partidos dirigen a los jueces de instrucción. 

  La actividad del Ministerio de Justicia durante esta legislatura ha estado guiada por una cierta idea de la corrupción.

  La idea de que corrupción son "algunas cosas", que se trata de "unas pocas cosas", según explicara Rajoy el domingo 26 de octubre, en vísperas de la Operación Púnica, en Murcia, región precisamente en la cual, mira por dónde, iban a ser detenidos, en unas pocas horas, cuatro cargos políticos.

   Esa cierta idea se corresponde con un hecho objetivo y subjetivo: el partido en el Gobierno, el PP, es investigado desde hace seis años por el caso Gürtel (en agosto de 2008 comienza la investigación en la Fiscalía Anticorrupción), un caso que el presidente del Gobierno ha calificado, cuando era líder de la oposición, como "una trama contra el PP".

   Por tanto, la aproximación del PP al tema de la corrupción, tanto como principal partido de la oposición como partido de Gobierno, ha sido defensiva. O ha sido víctima de un juez justiciero, o es que algunos de sus miembros han sido ovejas negras, es decir, hechos de corrupción producto de acciones individuales o el resultado de la codicia.

  Todo menos una lacra sistémica.