Felipe VI y su discurso

          

 

    Juan Carlos I empezó ya en las Navidades de 2011 a convivir con el fantasma de Iñaki Urdangarín. Por aquellas fechas, el juez José Castro, entonces de la mano del fiscal Pedro Horrach, había decidido hacia el fin de semana del 17 y 18 de diciembre levantar el secreto del sumario del caso Nóos y citar en el juzgado a Iñaki Urdangarín para prestar declaración en calidad de imputado el 6 de febrero de 2012.

   El lunes, día 19 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy pronunciaba su discurso de investidura en las Cortes. Y el miércoles 21, anunciaba su Gobierno. 

 Se aprestaba Castro a anunciar la citación en vísperas del discurso tradicional de Nochebuena del 24 de diciembre de 2011 a las nueve en punto de la noche.

  Por aquellos días, el fiscal general del Estado saliente, Cándido Conde-Pumpido, esperaba a su sucesor. Ya sonaba el nombre de Eduardo Torres-Dulce como el candidato que propondría el flamante ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero todavía habría que esperar unos días.

  Fue en este contexto que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que sigue en estos momentos en el mismo puesto, supo por Horrach que el juez Castro se aprestaba a citar como imputado a Iñaki Urdangarín para el 6 de febrero.

  Se hicieron gestiones inmediatamente para que el anuncio de la convocatoria se aplazara, habida cuenta de que el rey Juan Carlos tenía que dirigir su mensaje navideño de Nochebuena.

  El juez Castro accedió a este gesto, ya que en realidad estaba citando a Urdangarín para mes y medio más tarde, pero con el ánimo de anunciar la citación inmediatamente después del discurso.

  En su discurso de Nochebuena, Juan Carlos habló de la ejemplaridad de las personalidades institucionales y pronunció la frase: "La justicia es igual para todos".

 Pero este año 2011 había otro problema.

  Se iniciaba la X legislatura, tras las elecciones del 20-N.

 Eso quería decir una cosa: la celebración de la sesión conjunta del Congreso y el Senado el 27 de diciembre de 2011 en el Palacio de las Cortes con la presencia de los reyes y de los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. Y sobre todo, el discurso del rey.

  Castro aplazó entonces el anuncio y notificación de la citación de Urdangarín, yerno del rey, para después del acto.

  Todo permitió a la Casa del Rey establecer en aquellas horas un cordón sanitario respecto de Iñaki Urdangarín, con explicaciones a los medios de comunicación, en el sentido de que el yerno del rey no había seguido las indicaciones respecto a abandonar sus negocios.

  En su discurso ante las Cortes, Juan Carlos pidió el 27 de diciembre a los diputados y senadores que ayudasen a recuperar el prestigio de las instituciones. Todos se pusieron de pie y aclamaron con prolongadísimos aplausos al monarca. Era, en rigor, una forma de hacer piña, clase política y monarquía, ante los hechos de la corrupción que les había salpicado.

  La campaña de la Casa del Rey continuó en paralelo a los fastos de la X legislatura. La Casa del Rey hacía públicas sus cuentas el 28 de diciembre. Se aclaraba: Urdangarin no había percibido ingreso alguno procedente de esta institución.

  El mismo día 27, por la tarde el ministro Ruiz-Gallardón filtró el secreto a voces. Eduardo Torres-Dulce sería el nuevo fiscal general del Estado.

 Pero, como hemos apuntado, las gestiones hechas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para que Castro aplazase el anuncio sobre Urdangarín ya habían conseguido su propósito: ganar un tiempo precioso de demarcación.

 El juez Castro hizo la notificación el 29 de diciembre de 2011. Se levantaba el secreto sumarial, Iñaki Urdangarín estaba imputado y debía comparecer el 6 de febrero.

  Bien.

  El discurso de esta Nochebuena coincide con el auto de apetura de juicio oral en el cual el juez Castro acusa, por petición de dos acusaciones populares (contra la posición del fiscal y de la Abogacía del Estado), a la infanta Cristina, en razón de dos delitos fiscales (cooperación necesaria), castigados con cuatro años de cárcel cada uno, amén de considerarla partícipe a título lucrativo ( artículo 212 Código Penal) por valor de 587.413 euros.

 Aunque el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir por definición, el fiscal Horrach anticipó que si el juez Castro enfocaba el auto sobre la doctrina Botín -que considera no legitimida a la acusación popular para abrir juicio oral en solitario, sin el fiscal o el Abogado del Estado- presentaría algún tipo de recurso. La defensa de la infanta ya ha anunciado que elevará recurso de apelación.

  Ello permite decir, al menos formalmente, que la batala jurídica contra la acusación todavía no se ha cerrado. Los próximos pasos serán un recurso ante el propio juez Castro que éste seguramente inadmitirá y a continuación un recurso de queja ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma. (He aquí una guía)

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/inguna-imputación-ha-sido-tan-profusamente-fundamentada-cosa-distinta-es-que-lo-haya-sido-a-gusto-de.html

   Todo esto nos remite al discurso de Felipe VI.

   En la película, El discurso del rey, 2010, el director británico Tom Hopper incluye un diálogo revelador entre el rey Jorge V, (foto que abre estada entrada al blog) intepretado por el actor Michael Gambon, y su hijo, el príncipe Alberto, Bertie, interpretado por Colin Firth: 

Bertie, en presencia de su padre el rey, vuelve a tartamudear de modo continuado, su respiración es superficial, sus músculos exhiben espasmos. El rey se dirige a su hijo.

  Rey Jorge V: Muestrales quién está a cargo. Si no lo haces, este invento diabólico [la radio] lo cambiará todo. En el pasado, todo lo que un rey tenía que hacer es mostrarse razonable en uniforme y no caerse de su caballo. Ahora hay que arrastrarse gorra en mano hasta el interior de la casa de la gente que huele a col hervida y hablar amablemente con ella. Nos vemos reducidos a la más vil, a lo más bajo, de todas las criaturas, nos hemos convertido en actores. No me eches una mirada de sufrida derrota. ¡Se trata de una crisis de familia!

  Bertie: Papá, no somos una familia, somos una empresa.

  Rey Jorge V: ¡Somos la más antigua, la más exitosa corporación del mundo y estar sentados en el trono es nuestro negocio! Pero en cualquier momento podemos perder el trabajo.

  No es fácil que Juan Carlos I haya dejado de ver esta película de 2010 y haya saboreado esta escena antes de su abdicación, el 2 de junio de 2014, después de anunciar en su discurso de Nochebuena de 2013 que pretendía continuar.

  Lo cierto es que su decisión de cambiar (abdicar) para que todo siga igual (la monarquía) ha sido exitosa. Hoy Felipe VI goza de simpatía.

  La extraordinaria confesión de Jorge V, a saber, nos hemos convertido en actores, reinamos pero no gobernamos, no supone que el campo de las maniobras se ha reducido a cero.

  Juan Carlos ha usado el arma nuclear de la abdicación.

 Pero entre no hacer nada o mirar hacia otro lado y las decisiones más extremas hay un abánico de posibilidades.

  El Rey Felipe VI no va a incluir en su discurso, por ejemplo, una frase así: "Como ha dicho ya mi padre en su discurso de Nochebuena de 2011, la ejemplaridad debe imponerse y todos somos iguales ante la justicia. Esto es lo que acabamos todos de vivir, precisamente, con la decisión del juez Castro de sentar en el banquillo a mi hermana, la infanta Cristina. Quiero deciros que ella estará a la altura y adoptará las medidas pertinentes, como hacen algunos políticos cuando les llega la hora decisiva".

  No, claro.

  Pero puede, en relación a la corrupción, hacer una referencia general a que en España rige el Estado de Derecho.

  Y eso sí, en materia económica, no va a decir aquello de que la crisis ya es historia, Rajoy dixit. 

  Pero puede decir que ya se advierte la luz del túnel, que España está creciendo en 2014 y que dicho crecimiento será más fuerte en 2015, al tiempo que hacer referencia a la elevadísima tasa de paro reinante (un 24% de la población activa a 30 de septiembre de 2014 o 5.427.700 personas) y que la mayoría de la gente, en el séptimo año de la crisis, lo pasa muy, muy mal.

  El discurso, como todo el mundo sabe, ya está grabado, precisamente, se pronunció el mismo día en que el juez Castro dictó su auto de apertura de juicio oral.

  En Inglaterra, a finales de los años treinta, Bertie no tuvo esa posibilidad. Era en directo. No se podía, técnicamente, grabar para retransmitir más tarde.

 

  

 

   

La infanta, a por la tercera vuelta

          

 

   La batalla jurídico-política no ha terminado. El fiscal Pedro Horrach anticipó la semana pasada que contemplaba, caso de que el juez José Castro se explayase sobre la legitimidad de las acusaciones populares para sentar a la infanta en el banquillo (auto de apertura de juicio oral), presentar un recurso pese a que el auto es por definición irrecurrible. 

   El juez Castro dedica alrededor de 60 páginas de 150 que contiene el auto a fundamentar la legitimidad de la acusación popular para sentar, en solitario, sin la compañía del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, a la infanta en el banquillo de los acusados.

  Poco después de conocer la resolución, casi sin leerla, Miquel Roca ha anunciado su decisión: recurrirán el auto en apelación.

  Ya con ocasión de la imputación de la infanta Cristina, Horrach marcó la orientación en un informe clandestino, vamos reservado, de fecha miércoles 8 de enero de 2014, para que la defensa de la infanta no la recurriese y acudiera a declarar "voluntariamente", una voluntariedad sobre la que no deja de ironizar el juez en su resolución.

   Ahora, Horrach y la defensa de la infanta preparan su recurso de apelación.

  Ya habíamos advertido en estas páginas sobre la posibilidad de preparar algún tipo de recurso. Una alternativa era la nulidad.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/la-infanta-a-por-la-segunda-vuelta.html

  Pero Horrach y la defensa irán a través de un recurso de apelación.

  Aquellos que lean esto dirán: ¡pero si el auto de apertura de juicio oral solo se puede recurrir caso de que te denieguen la apertura de juicio oral!

   Así es.

  Pero hay autos y autos.

  Normalmente, el auto de apertura de juicio oral es la pieza menos jurídica, en cuanto a razonamientos, del procedimiento abreviado.

  Quiere decirse con ello que en la mayoría de los autos de apertura de juicio oral el juez instructor hace las veces, en un alto porcentaje, de notario de lo que solicitan las partes personadas, en este caso las acusaciones.

 Los razonamientos jurídicos han tenido su expresión en el auto anterior, es decir, el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El auto de conclusión. El último que se puede recurrir.

  Pero he aquí que el juez Castro dedica una gran cantidad, más de un de tercio de su escrito, a fundamentar la jurisprudencia para legitimar la capacidad de la acusación popular (son dos en este caso) para lograr la apertura de juicio oral cuando ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado acusan.

 El juez le ha dado la vuelta a la doctrina Botín y la ha dejado en presunta. Vamos, que cuestiona hasta su mera existencia como tal.

 Tanto le da la vuelta que en lugar de tomar como referencia la sentencia de 2007 fija el liderazgo en los votos particulares, algunos de los cuales ya hemos tenido ocasión de comentar en este blog.

  El juez no aplica ninguna doctrina. Ni la de Botín ni la de Atutxa.

 Afirma que la acusación popular está legitimada para lograr la apertura de juicio oral en solitario.

  Pero al hacer la historia de las posiciones del Tribunal Supremo le recuerda a uno el guirigay que ha sido la doctrina Botín primero y la doctrina Atutxa, apenas unas semanas más tarde, a primeros de 2008.

  Y mira por dónde, el ponente-organizador de ese guirigay ha sido nada más...ni nada menos que Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, quien por nada del mundo podía dejar que el expresidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, se librase del delito de desobediencia aun a riesgo de hacer un estropicio en la resolución que dos  sobre Botín.

  La doctrina Botín sufrió así una vía de aguas. (Aquí la sentencia sobre Atutxa y los votos particulares de seis magistrados)

 Descargar 20080416elpepunac_1_Pes_PDF-4

  Resumiendo: al desestimar el sobreseimiento de la infanta que pide Horrach (e indirectamente, sin hacer referencia al sobreseimiento que pedía la defensa de la infanta en un escrito-trampa posterior a la presentación de su recurso al auto de conclusión), el juez Castro ha tenido que dedicar el auto de apertura de juicio oral prácticamente a la doctrina Botín.

  Por ello, se puede decir que el auto de apertura de juicio oral es un auto mixto. Por un lado, Castro hace de notario de las acusaciones a la manera del auto de apertura de juicio oral clásico; y, por el otro, tiene que desarrollar una teoría jurídica sobre la doctrina Botín.

Sánchez Melgar y Hacienda somos todos

 Y esta teoría Castro es la que van a intentar combatir Horrach y la defensa, planteando que la jurisprudencia de la doctrina Botín es imperativa. Que lo que vale es la sentencia de 2007, no los votos particulares perdedores. Por cierto, muy brillantes, empezando por el de Luciano Varela y terminando por el de Julián Sánchez Melgar, que invoca el slogan de Hacienda somos todos, para rechazar la doctrina Botín, una idea que el juez Castro acoge en su auto de apertura de juicio oral. (He aquí la sentencia  del 17 de diciembre de 2007 y los siete votos particulares)

http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-del-tribunal-supremo-sala-de-lo-penal-de-17-diciembre-2007-caso-botin-cesiones-credito

  La vía no será la nulidad, el recurso de nulidad, según parece.

  La vía será la apelación.

  El juez ya ha dejado saber en sus declaraciones que rechazará ese recurso de apelación por ser el auto irrecurrible. Pero, entonces, irán en queja a la Audiencia Provincial de Palma, sección segunda.

  Horrach y la defensa tienen información. Ya Horrach lo demostró en su escrito secreto y clandestino del 8 de enero de 2014 antes citado.

  Hay un párrafo que a mi particularmente no deja de llamarme la atención desde el 7 de noviembre. He aquí el auto de la Audiencia.

   Los magistrados recuerdan la "dificultad que supone el que a la luz de la doctrina aplicable y vinculante, el juez instructor pueda acordar la apertura de juicio oral respecto de las acusaciones por delito fiscal contra la Infanta y Ana Tejeiro [esposa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín] si tal acusación la verifica en solitario una acusación popular, ya que en tal caso la legitimación únicamente correspondería al perjudicado directamente por el delito: la Agencia Tributaria, pues la legitimación de las acusaciones populares en estas situaciones de actuación en solitario como pàrte acusadora del proceso queda restringida a la protección y tutela de bienes jurídicos colectivos o difusos -criterio este que se sigue para evitar un uso hipertrofiado del ejercicio de la acción penal por los particulares no víctimas o perjudicados si bien comprendemos que en este caso y a diferencia del que examina la sentencia de 2007 [Botín] existe un matiz o aspecto a considerar (que a priori no tendría por qué afectar a la hora de observar el principio acusatorio) en cuanto a lo allí decidido y resuelto, cual es que el Ministerio Fiscal y la acusación particular piensan ejercer la acusación de delito fiscal (aunque no lo atribuyen a la Infanta)".

   Para los magistrados la doctrina es "aplicable" y "vinculante".

  Para el juez Castro, no.

  Pero lo relevante es este párrafo:

  "Si bien comprendemos que en este caso y a diferencia del que examina la sentencia de 2007 [Botín] existe un matiz o aspecto a considerar (que a priori no tendría por qué afectar a la hora de observar el principio acusatorio)".

   Es decir: hay una diferencia (aqui el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado acusan por delito fiscal a otras personas pero no a la infanta, en las cesiones de crédito de Botín no se acusaba a nadie), pero atención "a priori  no tendría por qué afectar a la hora de observar el principio acusatorio".

 Es decir, si no afecta al principio acusatorio... debería observarse la doctrina Botín.

Esta presentación ambigua (hay un matiz...pero no afectaría) está indicando la existencia de posiciones divergentes en la sección segunda de la Audiencia de Palma, resuelta, como suele ocurrir, con un párrafo que, para evitar la ruptura de unanimidad, contiene una enunciación contradictoria.

 Horrach tiene buen olfato y va a explotar esas posiciones. Silva y Roca le siguen.

 Habrá que ver si esta ingeniería jurídica que vamos a conocer en torno a un auto que por definición no es recurrible se abre paso. 

    He aquí, estimados lectoras y lectores, la tercera vuelta que se vislumbra.

    Por último, ya va siendo hora de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ponga orden en el guirigay de las pseudodoctrinas Botín y Atutxa.

   De una vez por todas. 

   

  

 

 

 

 

Pujol i Soley, caso cerrado en Liechtenstein

            

 

  El juez del Tribunal de Justicia del Principado de Liechtenstein, Michael Jehle, decidió, según ha confirmado EL PAÍS, archivar la investigación sobre posible blanqueo de dinero del ex presidente del gobierno catalán Jordi Pujol i Soley.

  El juez no ha encontrado, tras consultar con las entidades financieras del Principado, cuentas bancarias de Pujol i Soley. El ex presidente ya había negado, el pasado 22 de octubre, tener cuentas en el Principado.

  La existencia de esta investigación ha trascendido a mediados de octubre pasado por filtraciones del Ministerio del Interior español. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró a TVE el pasado 13 de octubre que existía una investigación.

 Después de filtrar Interior la información a la prensa, Fernández Díaz pretendía haber "confirmado" la noticia. "He hecho una llamada telefónica esta misma mañana para confirmar la información", explicó. "Forma parte de la cooperación policial y judicial internacional", dijo.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/10/la-foto-2.html

 El 21 de octubre pasado, trascendía una comunicación electrónica de Interpol del 8 de octubre, filtrada a los medios. La agencia informaba al juzgado número 31 de Barcelona, donde se investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol, que un juzgado de Liechtenstein había iniciado diligencias sobre la existencia de cuentas bancarias de Pujol i Soley.

 Interpol Madrid trasladaba una solicitud de Interpol Vaduz en la que se pedía datos de filiación y antecedentes de Pujol i Soley por parte del juez de Liechtenstein al juzgado 31, a raíz de "las diligencias criminales abiertas por el Tribunal de Justicia del Principado con el número 14 UR.2014.405". Las diligencias respondían a la "sospecha de blanqueo de dinero".

   Con todo, el origen de la investigación o los promotores de la misma, no ha trascendido hasta ahora.

  El pasado 22 de octubre, el juez Jehle, en una conversación con este diario, prefirió omitir el nombre de los promotores de las diligencias. “Si la investigación da resultados ya aparecerá el promotor”, dijo, enigmático, Jehle.

   Tras varias comunicaciones con este periódico, el fiscal general de Liechtenstein, Robert Wallner (en la foto que abre esta entrada), contestó a EL PAÍS quién había instado la investigación del juez Jehle.

   “Mi Oficina, la Oficina del Fiscal General, ha solicitado al juez instructor  que asumiera la investigación”, escribió en un correo electrónico Wallner a este periódico, el 24 de octubre.

  La confirmación del origen de las dilgencias por iniciativa del Ministerio Público del Principado hace verosímil, según fuentes jurídicas consultadas en Liechtenstein, el hecho de que la investigación surgió por petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Liechtenstein, un organismo administrativo que mantiene relaciones con la entidad homóloga española Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracción Monetarias), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad,

 La UIF, que dirige Daniel Thelesklaf (foto abajo), no puede, según la ley que regula sus actuaciones, instar directamente a un juez a abrir investigaciones. Debe hacerlo a través del Ministerio Público de Liechtenstein.

  Ayer, el director adjunto o número dos de la UIL de Liechtenstein, Michael Schöb, optó en conversación  telefónica con este periódico por guardar silencio. “Nosotros no podemos emitir opinión alguna sobre esta investigación. Corresponde al juez Jehle tratar el asunto”, dijo.

   La UIL se había dirigido al Sepblac, el 10 de septiembre de 2014, a partir de informaciones recogidas en medios de comunicación donde se mencionaba presuntas cuentas bancarias de Jordi Pujol i Soley, Pujol Ferrusola y Artur Mas, y sobre la empresa Brantridge Establishment, utilizada en operaciones de Pujol Ferrusola, para recabar datos oficiales y judiciales.

                  

 El Ministerio del Interior filtró a la prensa el contenido de dicha comunicación pero las informaciones omitieron el hecho relevante de que la UIL se refería a informaciones recogidas en "medios de comunicación". Es decir: datos públicos.

 El Sepblac, que dirige Juan Manuel Vega (foto a la izquierda), aprovechó la circunstancia para dar un salto y pedir más datos. El 17 de septiembre escribió a la UIL: “Cualquier información que puedan dar sobre Brantridge Establisment, como la identidad de sus propietarios, cualquier nexo entre Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol (...) sería muy apreciada”.

 Fuentes jurídicas señalan que estas comunicaciones parecían buscar titulares de prensa de cara al referéndum convocado por el Gobierno catalán del 9 de noviembre de 2014.

  La juez titular del juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, acaba de dar cuenta esta misma semana de que ha resuelto, según auto del 11 de diciembre, cursar una comisión rogatoria a Liechtenstein para solicitar que el juez Jehle aporte datos en relación a un posible delito de blanqueo de capitales de "Jordi Pujol i Soley o algunos de los demás imputados en esta causa" (diligencias número 14 UR.2014.405).

  Asimismo, solicita que "se hagan gestiones oportunas ante las entidades financieras radicadas en dicho país a fin de determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de los imputados Jordi Pujol i Soley, Marta Ferrusola Llados, Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola y Pere Pujol Ferrusola, o en los que estos figuren como apoderados o autorizados o presenten un vínculo jurídico de cualquier naturaleza".

  La decisión de cerrar el caso supone un anticipo de respuesta en relación con Jordi Pujol i Soley.

 La investigación instada por el Ministerio Público de Liechtenstein canalizó el interés de las autoridades españolas, vía el Sepblac y la UIL, por conocer si Pujol i Soley tenía cuentas bancarias en el Principado.

  En otros términos, las diligencias han sido resultado de una petición de España y no de la apreciación o hallazgo de indicios de  manera independiente por parte de las autoridades de Liechtenstein, como el Ministerio de Interior, a través de las filtraciones a los medios de comunicación, intentó presentar.

 Las filtraciones se aceleraron en los meses previos al referéndum del 9 de noviembre de 2014 y pretendían aprovechar la credibilidad obtenida por la información, confirmada, sobre la existencia de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), con ingresos de 3,4 en diciembre de 2010, realizados por la esposa de Pujol, y los hijos Pere, Oleguer, Marta y Jordi, así como la declaración de Jordi Pujol i Soley el 25 de julio de 2014, en la que desvelaba la fortuna oculta de la familia en el extranjero. 

 El archivo de las diligencias se suma al desmentido de la Union de Banques Suisses (UBS) sobre la existencia de una presunta cuenta bancaria a nombre del actual alcalde de Barcelona, Xavier Trías, una información filtrada también por el Ministerio del Interior.

  El banco suizo, a petición de Trías, informó que el número de la cuenta, difundido por Interior, ni siquiera reflejaba la correlación númerica de la UBS, siendo una falsificación completa.

 Habida cuenta de que el Ministerio del Interior también filtró que Trías había transferido fondos (12,9 millones de euros) de la cuenta en UBS, inexistente, a bancos de Andorra, el alcalde ha solicitado a las entidades financieras una aclaración sobre si posee cuentas bancarias en el Principado. Las entidades se han negado.

 Por ello, Trías ha utilizado la vía constitucional para que las entidades financieras andorranas se vean obligadas judicialmente a informar sobre si existen dichas cuentas  en el Principado.

  Se han interpuesto demandas individuales contra cada entidad (AndBank, Banca Privada de Andorra, Sabadell Andorra, Banca Mora, Credit Andorra) porque el derecho al honor se ve perjudicado por el mantenimiento del secreto bancario. Las demandas podrían estar resueltas a primeros de 2015.

 

   

  

  

   

   

    

   

   

 

 

  

Decapitación disfrazada

                 

     El Gobierno ha procedido a decapitar al fiscal General Eduardo Torres-Dulce.

     Como por la ley de 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno no puede cesar al Fiscal General del Estado con el argumento de que no le gusta, ha pactado que entregue su cabeza.

   Ya dijimos aquí que este era el curso de acción a raíz del último de los episodios: la querella contra Artur Más a raíz de la consulta del 9-N.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/se-busca-fiscal-general-del-estado.html

   El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comenzó hace tres semanas la búsqueda de un candidato para ocupar el cargo de Torres-Dulce.

   Por esta razón, la salida se aplazó unos días.

   No se va Torres-Dulce en defensa de la independencia judicial frente a las reiteradas intervenciones del Gobierno de Rajoy.

   El Gobierno le ha destituido de facto.

   Como hemos señalado, el desencadenante del cese encubierto ha sido la gestión de la querella contra Artur Mas por parte de Torres-Dulce.

   La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, anticipó en un programa de televisión que la querella estaba prácticamente elaborada en la Fiscalía General del Estado y consideró que se tenía  "bases sólidas".

  El entonces fiscal general del Estado reaccionó con irritación.

 Podía presentarla desde Madrid pero prefirió que fuera la Fiscalía del TSJ de Cataluña la que analizara la situación y decidiera en consecuencia. Sin embargo, dicha fiscalía rechazó la idea de presentar una querella en la que, según sus miembros, no había indicios de delito. Torres-Dulce, después de esta negativa, consultó a la Junta de Fiscales de Sala y envió la querella desde Madrid.

   Pero no ha sido el único punto.

  Uno de los enfrentamientos más recientes giró en torno a Gürtel.

  El pasado 26 de noviembre, tras conocerse el auto del juez Ruz sobre la conclusión de la pieza separada Gürtel 1999-2005, a Torres-Dulce  se le preguntó si compartía la calificación del juez y las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, respecto a declarar partícipe a título lucrativo a la entonces ministra Ana Mato.

   El entonces fiscal general del Estado contestó que, en efecto, compartía esa calificación. Porque dicha calificación fue la conclusión a la que llegaron las dos fiscales y el juez.

   La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al referirse al asunto el 2 de diciembre pasado, explicó que la resolución del juez Ruz "no es de recibo" y añadió que la figura de partícipe a título lucrativo, que Ruz aplica a Mato y también al PP, era un asunto "cogido por los pelos".

  La decisión de destituir/decapitar, con el consentimiento del afectado, a Torres-Dulce ha tenido lugar a pesar de los esfuerzos del fiscal de plegarse a importantes presiones gubernamentales y del PP. Este fue notoriamente el caso del cese de Martín Rodríguez Sol, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un amigo de Torres-Dulce, por llevar adelante la investigación sobre una operación encubierta del Ministerio de Interior en torno a un borrador de la UDEF sobre asuntos de corrupción en Cataluña, de noviembre de 2012.

  Finalmente, unas declaraciones de Rodríguez Sol sobre la necesidad de buscar un encaje para un eventual referéndum catalán llevó a su destitución en marzo de 2013 por Torres-Dulce, pese a ser éste último padrino de uno de los hijos de Rodríguez Sol.

  Hay que situar el desenlace de la salida de Torres-Dulce también en el marco de la llamada Operación Ruz, a saber, la decisión de Carlos Lesmes, aprobada por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el pasado 9 de diciembre, de sacar a concurso la plaza que ocupa en comisión el juez Ruz y afectar así la marcha del proceso de instrucción del caso Gürtel.

 La decisión condiciona la independencia judicial de Ruz porque está pendiente el auto de apertura de juicio oral, previsto para mediados de marzo de 2015, sobre la pieza separada 1999-2005, y hay muchas diligencias en curso sobre varias piezas separadas adicionales, entre ellas nada menos que la contabilidad B del PP o los llamados Papeles de Bárcenas que exigían, como mínimo, la prórroga, absolutamente legal, de la comisión de servicios hasta su vencimiento de dos años, el 24 de junio de 2015.

Protesta de los magistrados del Supremo  

Pero la situación de Torres-Dulce no es la única.

 Uno de los magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, anunció el pasado martes, día 16, en un pleno convocado a instancias, disfrazadas claro está, del Gobierno para tratar el tema del descuento de condenas de presos etarras, que iba a dirigir una carta al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que fuese entregada al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

  Según explicó, quería manifestar su rechazo por las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que insinuaba un posible delito de prevaricación por parte de los magistrados  de la Audiencia Nacional. Señaló que los que quisieran poodían adherirse a su carta. Ninguno de los magistrados se refirió a su anuncio.

  Pero esta mañana, la carta anunciada a título personal fue acogida de manera activa por los magistrados que comenzaron a firmarla esta mañana. Acusan, con lenguaje medido pero sin disimulo, al ministro del Interior de poner en solfa la independencia judicial.

Descargar Carta TS

  Trece son los magistrados que la han firmado. Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral no han firmado; el magistrado Carlos Granados, emerito, estaba ausente hoy. Y tanto el anterior presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, emérito, como Perfecto Andrés, emérito, también se adhirieron.

  Se dirigen a Manuel Marchena en relación a las declaraciones del ministro en las cuales, el pasado 10 de diciembre, consideraba "lamentable" la resolución de la Audiencia Nacional (sección primera de lo Penal) sobre el mecanismo de descuento de condena de presos etarras en aplicación precisamente de una sentencia del Supremo de marzo pasado, en la que fue ponente el magistrado Miguel Colmenero.

    El ministro llega a insinuar que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.

  Los trece magistrados firmantes (Varela, Maza, Colmenero, Giménez, Ferrer, Conde-Pumpido, Berdugo, Soriano, Palomo, Jorge Barreiro, Saavedra, Monterde y Andrés) no se limitan a denunciar pasivamente las afirmaciones de Fernández Díaz sino que piden a Marchena que informe a Lesmes sobre la "desazón" que sienten por las manifestaciones del ministro.

 "Pues bien, quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna al respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos a la Presidencia de esa Sala Segunda [Marchena], que haga saber al Presidente del Tribunal Supremo [Lesmes] nuestra desazón por tales manifestaciones. Asi como que interese  del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de éste la reracción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denpara que haga saber al presidente del Gobierno recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos", señalan los trece firmantes.

   No se recuerda entre los magistrados una carta parecida en la que se plantea una exigencia como la de planteada en el escrito, en el sentido de que el presidente del Gobierno actúe "institucionalmente" para frenar a un ministro.

   Lesmes, ¿considerará apropiadas las declaraciones de Fernández Díaz que cuestionan las resoluciones, conforme a Derecho, de los magistrados de la Audiencia Nacional, habiendo estos actuado a su vez en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo pasado?  

   ¿Se excusará Fernández Díaz?

  ¿Hacia qué lado mirará Rajoy?

 

Ruz, una y no más, Santo Tomás

 

   Nadie es más consciente que un juez de los riesgos de nulidad de las actuaciones, nadie sabe apreciar y sopesar mejor que el juez esos riesgos.

   Y, según fuentes conocedoras de la situación del juez Pablo Ruz, nadie sabe, nadie es más consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso Gürtel. Si siempre estaban latentes, ahora más que nunca.

   Veamos.

   En su carta al presidente del CGPJ, siete vocales (en la foto, en el sentido de las agujas del reloj, Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo) plantean el riesgo que podría suponer, parafresando a Lesmes, "aprovechar indebidamente las prerrogativas" de la Comisión Permanente en detrimento del Pleno, para la seguridad del procedimiento, en esta ocasión, el caso Gürtel.

   "Pues no cabe duda de que la decisión sobre la continuidad o no del referido magistrado en el destino para el que fue nombrado en comisión de servicios, podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo. Sería por tanto de una gran irresponsabilidad que este asunto se valorara y decidiera por un órgano que podría ser declarado incompetente, riesgo que nunca existiría de llevarse, como exige el artículo 599.1.4 de la ley Órganica del Poder Judicial, a su sede propia que es el Pleno del este Consejo".

  Descargar Carta

 Bien.

  Después del "aprovechamiento indebido de las prerrogativas", Lesmes dixit en Canarias, con la aprobación de la propuesta de sacar la plaza que ocupa Ruz a concurso, prorrogarle sin que lo pidiese y ofrecerle ser juez de apoyo del juez en comisión de servicios que, tras el concurso, se hará cargo del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en marzo próximo, los siete vocales tienen la posibilidad de ganar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

   ¿Por qué?

    Porque se ha demostrado que la decisión es discrecional y que no cabía una sola opción. En la comisión permanente, Álvaro Cuesta propuso, en aplicación del artículo 355 bis de la LOPJ, prorrogar seis meses la comisión de servicios a Ruz, hasta el 24 de junio de 2015. Ganó Lesmes por 4 a 1.

  Pero ahora los siete vocales ya tienen un poderoso argumento en apoyo de su posición. 

Riesgos de caso Naseiro bis

  La presentación de este recurso está dictada por la necesidad de proteger la instrucción de Gürtel, de evitar que pueda convertirse en una especie de caso Naseiro II, el caso de financiación ilegal del PP archivado en 1990 porque las pruebas, según el Supremo, habían sido obtenidas de forma ilícita.

  Los siete vocales esperan la respuesta de Lesmes a la carta. Pero es evidente que el presidente del CGPJ esgrimirá el hecho de que ya se ha adoptado una resolución sobre Ruz. Es decir, no hay nada que debatir en el Pleno del día 18 respecto a este asunto. 

  La decisión de presentar recurso no es fácil. Porque supone la guerra.

  Pero el riesgo para la seguridad jurídica es muy importante.

  Porque Lesmes, para disfrazar su estocada al juez Ruz, dice que éste podrá, antes del 31 de marzo próximo, optar a ser juez de apoyo del magistrado que haya ganado el concurso.

   A diferencia del pasado, la LOPJ incluye un artículo que regula las relaciones entre juez titular y juez de apoyo. 

  Es el artículo 216 bis 2 de la LOPJ.

  El apartado cuarto señala que el juez titular asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral.

  Bien.

  Ahora, los servicios de Lesmes dicen que el presidente del CGPJ quiere dictar orden ejecutiva para que en el caso de Ruz la ley se incumpla.

  Sí, queridos lectoras y lectores, como acaban de leer. 

  Bueno, digamos, que... se haga una excepción. Por aquello de que hecha la ley, hecha la trampa.

  Esta sería la manera de salvar, cree Lesmes, el gran tema del juez predeterminado por ley, que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución

   1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

    2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.

Bien.

   Pero una orden ejecutiva de Lesmes, por más importante que él es, no puede cumplir con el precepto constitucional del juez predeterminado por ley.

    Este juez es el juez que la ley manda. Y en el caso de la relación de los jueces titulares y los jueces de apoyo es el artículo 216 de la LOPJ.

   Por tanto, cada paso que da Lesmes nos hunde más en la inseguridad jurídica, algo que no le preocupa demasiado como se acaba de ver con la anulación del nombramiento del letrado Álvaro Domínguez por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a propuesta de Lesmes. En este nombramiento se eliminó de la terna a personas con mayor valía y antecedentes profesionales que los seleccionados.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/la-estocada-de-lesmes.html

   Decíamos al comenzar que no hay nadie más conciente que el propio juez instructor de los riesgos que puede suponer una nulidad de las actuaciones.

   Por esta razón, según fuentes consultadas, el juez Ruz seguirá, según la prórroga resuelta, hasta el 31 de marzo de 2015.

           

   

  Pero, como dice el refrán, una y no más Santo Tomás.  

  En román paladino: nos dicen que Ruz no tiene intención de pedir ser juez de apoyo del juez que llegue al juzgado en marzo de 2015.

  Porque, según estas fuentes, el juez no quiere poner en peligro la legalidad de la instrucción, dar pie a la nulidad de actuaciones por violación del principio constitucional del derecho al juez predeterminado por ley que desde ese momento quedará perfilado por el artículo 216 bis ya apuntado.

  Si este es el desenlace, Lesmes y sus servicios podrán decir que ha sido culpa de Ruz, que es él quien no ha querido seguir. Que se le han dado todas las oportunidades, pero él ha preferido no optar por la plaza. Lesmes es un jugador y parece estar informado sobre la psicología de los protagonistas.

  Todo lo que se pueda avanzar en los procedimientos pendientes, desde las tres piezas que forman el puzle Gürtel, una de las cuales la 1999-2005 ya está pendiente de los escritos de acusación y de defensa, y de los casos de Jordi Pujol Ferrusola o Barça-Neymar-Rosell, para tomar solo algunos de los distintos  casos de relevancia, se intentará. Tres meses no dan mucho de sí porque siempre hay incidentes procesales o hechos que requieren diligencias.

  La comisión rogatoria enviada a Andorra, por ejemplo, para obtener datos de Pujol Ferrusola y cinco empresas, está vista para sentencia. Y es probable que la juez Ángels Moreno Aguirre dicte su resolución en  los próximos días.

  Bien.

  Pero, ¿estaba Ruz preparado para pasar por este laberinto kafkiano preparado por Lesmes?

  Lo estaba. Por información y por carácter.

  Las fuentes señalan que después de llegar José Ramón Navarro a la presidencia de la Audiencia Nacional a primeros de mayo de 2014, el juez Ruz percibió el nuevo sesgo de la situación, los flamantes efluvios anunciadores de lo que vendría.

  No debía, se le llegó a sugerir, solicitar más prórrogas después de la concedida el 24 de junio de 2014 por su "excelente comportamiento". Esa sería la última prórroga. Pese a que el artículo 350.1 de la LOPJ  establece un periodo máximo de dos años, que, en su caso, vencía en junio de 2015.

  También hubo alguna velada sugerencia de que debía cuidar su actuación respecto a María Dolores de Cospedal ya que el juez tenía bajo la lupa la presunta comisión de 200.000 euros ingresada, según Luis Bárcenas, por el  PP de Castilla La Mancha en 2007, según reza un recibí firmado por el gerente José Ángel Cañas.

          

   Con todo, el pasado 24 de noviembre, dos días antes de dar a conocer su auto de conclusión de Gürtel 1999-2005, Ruz preguntó hasta diez veces por Cospedal en la declaración de José Manuel Molina, alcalde de Toledo en el momento de la presunta mordida pagada por la empresa Sufi (Sacyr) por la adjudicación de un contrato de limpieza. 

   Cospedal acusó el golpe en su crítica al juez, no en su nombre, sino en el del PP y de Ana Mato, al afirmar, el martes 2 de diciembre, cuando ya era un hecho el cerco de Lesmes sobre Ruz, que el auto del 26 de noviembre  "no es de recibo", al tiempo que calificaba como "cogido por los pelos" aplicarles la figura de partícipe a título lucrativo artículo 212 del Código Penal en el caso Gürtel.

    Esto es, pues, lo que hay, lo que pinta el paisaje después de la batalla en la Comisión Permanente del martes 9 de diciembre de 2014. 

 

 

 

La estocada de Lesmes

       

           

 

  Desde el presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pasando por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hasta el presidente del Consejo General General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, todos ellos, han pronunciado  estos días  pasados su nombre: el juez Ruz.

   Nueve días después de la renuncia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, a consecuencia del auto del juez del 26 de noviembre, Lesmes anunciaba el viernes 5 que la Comisión Permanente del CGPJ sacaba la plaza del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la que ocupa Ruz en comisión de servicios, a concurso junto con otras. Y en la reunión de este martes, día 9, se aprobaba la propuesta.

   Nadie ha explicado la razón legal para semejante decisión.

   Quizá porque no existe. El artículo 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite extender hasta dos años la comisión de servicios de un juez. Y por mucho que gentes más numerosas, pero menos concientes, insisten en que Ruz está desde el mes de junio de 2010 en el juzgado el hecho importante es que se le concedió en junio de 2013 una nueva comisión de servicios cuyo límite temporal máximo era el 24 de junio de 2015.

 Y es posible que nadie intente explicar esa razón porque la respuesta, como ha dicho un antiguo magistrado a este cronista, es obvia: al PP Ruz le resulta incontrolable. Y punto.

  Lesmes le ha dado una estocada importante. Los taurinos no se resistirían a definir la situación: le ha limado los cuernos.

   Es hasta cierto punto ocioso entrar en el laberinto construido por el equipo de Lesmes, con el apoyo siempre entusiasta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

   Pero se puede decir alguna cosa.

   Lesmes ha confiscado el derecho de Ruz a pedir la renovación para cumplir sus últimos seis meses.

   El juez estaba todavía en plazo para hacerlo. En junio pasado, Ruz pidió la prórroga pocos días antes de la fecha del 24 de junio.

   Pero Lesmes se le ha adelantado. Le ha dado la "prórroga automática" hasta el 31 de marzo de 2015, cuando se supone que llegará el nuevo magistrado en comisión de servicios, ya que la plaza sigue siendo "propiedad" del magistrado en servicios especiales Miguel Carmona. 

    Por tanto, Ruz ya no tiene que pedir nada.

   Para adornar la estocada, Lesmes le ha dado a Ruz la "opción" de solicitar ser juez de apoyo del juez en comisión de servicios que se haga cargo. 

   Pero esta presunta oferta supone orillar la nuevas normales legales. Antes la división de trabajo entre jueces titulares (aunque en comisión de servicio) y jueces de apoyo no estaban regladas.

  Hoy sí. 

 Según estipula el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado central de instrucción número 5 tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, mientras que si finalmente Ruz pide ser juez de apoyo tendrá que hacerse cargo de "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral.   

  Por tanto, el nuevo juez tendrá algo que decir. Ya con ocasión de ganar la plaza, el magistrado Miguel Carmona, manifestó en julio de 2013 su desagrado tras conocer la nueva comisión de servicios de Ruz y escuchar que éste seguiría instruyendo los asuntos importantes. El que saca la plaza, aunque sea en comisión de servicios, es dueño del juzgado. Y si como se piensa seguramente va a presentarse algún magistrado de ocho trienios de experiencia, es decir 24 años, es prematuro conjeturar.

   Habrá que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo él. Hay que oír a la sala de gobierno y luego resolver. No  está nada decidido sobre Ruz.

    Esta frase puede parecer mía. Pero no lo es.

   ¿Saben de quién es?  De Lesmes.  Son declaraciones a El Diario.es del sábado 6 de diciembre, publicadas al día siguiente de anunciar como hecho consumado que la plaza que ocupa Ruz salía a concurso.

   Por tanto, parafraseando a Lesmes, "habrá que verlo".

  Costes, haberlos haylos

   Lesmes se había asegurado hasta último momento el apoyo de los dos vocales miembros de la Comisión Permanente para consumar la operación, la juez María del Mar Cabrejas y el ex diputado del PSOE, Álvaro Cuesta.

   A tal punto que la operación mediática precipitada el viernes 5 de diciembre, por la tarde, contó con la colaboración inestimable de la juez Cabrejas. La idea era "vender" a los medios que la solución era insospechable, que no se trataba de coartar a Ruz y que se le permitiría terminar la instrucción del caso Gürtel. Y la venta fue eficaz.

   Pero el sábado 6, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, denunció las presiones del Gobierno de Rajoy para apartar a Ruz. Acto seguido solicitó que Cabrejas y Cuesta votaran en contra de la propuesta de Lesmes.

  Cabrejas expresó enseguida que no estaba de acuerdo. Contempló una posible abstención. Pero, en realidad, lo que le pedía el cuerpo era seguir apoyando a Lesmes.

  Cuesta se decantó finalmente por votar en contra. Propuso en la reunión una alternativa: la renovación del mandato de seis meses de Ruz entre el 24 de diciembre de 2014 y el 24 de junio de 2015 conforme al artículo 355 bis que el propio Lesmes invoca, mira por dónde, para sacar la plaza a concurso.

  Evitar eso, precisamente, era el objetivo de Lesmes. Cortocircuitar a Ruz.  

   Lesmes consiguió el apoyo de Cabrejas, que abandonó a quienes le habían encumbrado en el CGPJ, y se unió a los tres votos conservadores (Lesmes, Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández)  para terminar el partido 4 a 1.

  Si a esta división se suma la petición de siete vocales del Pleno de que fuese el Pleno y no la Comisión Permanente el encargado de resolver una cuestión de carácter discrecional conferida por el artículo 599.1.4 precisamente al Pleno, observamos que el caso Ruz ha dejado huella. 

  Cinco de los siete vocales (en realidad los siete están de acuerdo pero no se les pudo consultar en el momento) han anunciado que estudian un posible recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Comisión Permanente sobre Ruz y están a la espera de la respuesta de Lesmes a su petición del viernes 5.

   Hay que ver si llegarán tan lejos. Porque tienen muchas poibilidades de ganar sobre todo después de que la Comisión Permanente debatiera y aprobase la Operación Ruz.

    ¿Por qué?

   Porque se ha confirmado lo que la carta dirigida a Lesmes por los siete vocales adviertía el viernes 5. Y es que la "propuesta" de sacar la plaza que ocupa Ruz en comisión de servicios a concurso suponía una decisión discrecional sujeta a valoraciones y alternativas.

  La prueba: que Álvaro Cuesta, mirmbro de la Comisión Permanente, propuso aplicar el arttículo 355 bis y prorrogar seis meses la comisión de servicios de Ruz hasta junio de 2015. Y que hubiera sido sometido a votación en la que uno de los miembros, Cuesta, votó en contra de Lesmes.

  Puede parecer un asunto baladí. Pero Lesmes no gana para sustos con la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, máxime cuando acaba de conocer que se ha anulado el nombramiento de un letrado, Álvaro Domínguez, por ser considerado fraudulento, al excluirse a aspirantes con más valía. Hay que recordar que es el primer revés en materia de nombramientos y data de los primeros que hizo nada más llegar, en enero de 2014, Lesmes.

   Puede haber otros reveses marchando ya que Lesmes es un adicto a sustraer temas al Pleno para resolver con su grupo de amigos, ahora ampliado a Cabrejas, en la Comisión Permanente.

  La clarificación de la situación de Cabrejas, por otra parte, aflora una situación que ya era evidente. La luna de miel en el interior de la Comisión Permanente parece haber tocado a su fin.

 ¿Qué hará el juez Ruz?

  Por de pronto, ya no puede pedir la prórroga. Ha sido prorrogado forzosamente. Nadie le ha pedido opinión. Rajoy, Catalá y Lesmes pronuncian su nombre. Pero nadie cuenta con su parecer.

   Ruz tiene por delante dictar el auto de apertura de juicio oral en la pieza separada Gürtel 1999-2005. Ha dado treinta días (diez más que lo establecido legalmente) al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares. Las defensas exigirán a continuación un plazo similar. Nos vamos a finales de febrero primeros de marzo. Además están los recursos al auto del 26 de noviembre.

  Hasta bien avanzado el mes de marzo Ruz no podrá dictar el auto de apertura de juicio oral. Luego elevará la pieza a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección segunda, la cual recabará los medios de prueba y procederá a señalar fecha del juicio oral, a cinco meses vista, habida cuenta de que es una causa con preso (Luis Bárcenas) Esto es: último trimestre de 2015. 

  En enero, febrero y marzo, Ruz, pues, podrá trabajar en las otras dos piezas pendientes de Gürtel, entre ellas los Papeles de Bárcenas o la contabilidad B del PP.

  Con todo, Ruz tiene pendientes diligencias en otras investigaciones: Barça-Neymar-Rosell y Jordi Pujol Ferrusola.

   Fuentes consultadas señalan que Ruz no tirará la toalla tras las maniobras del CGPJ y los ataques del PP y que, contra el presunto desánimo que lo embargaría, cosa que han transmitido a Lesmes algunas fuentes de la Audiencia Nacional, manifiesta sentirse con fuerza para terminar su trabajo.

   Da la impresión, según estas fuentes, de que Ruz ha decidido tomar al pie de la letra lo que se ha dicho en el CGPJ y exprimir el limón hasta la última gota. 

 

 

 

   

   

 

Ruz ante el palo y la zanahoria de Lesmes

   

   

 

 La plaza en la que el juez Pablo Ruz cumplía comisión de servicios desde junio de 2013 y cuya duración, según el artículo 350 de la ley Orgánica del Poder Judicial, podía extenderse hasta junio de 2015, ha sido incluída en lo que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha presentado como un "macroconcurso".

    La nota de prensa del CGPJ, difundida el pasado viernes, día 5 de diciembre, por la tarde, ha creado la sensación de hecho consumado cuando es un asunto que será sometido a aprobación en la reunión de la Comisión Permanente de este martes, día 9 de diciembre.

  Pero Lesmes contaba para hacer el anuncio de prensa con los dos votos de los vocales conservadores (Gerardo Martínez Tristán y José Manuel Fernández) y el de los dos progresistas (María del Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta). El sexto voto, el de Mercè Pigem, se ha extinguido con su dimisión.

  El tema central era si se incluía o no las plazas donde se cumplen comisiones de servicios en este concurso. Por ejemplo: la del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  Lesmes estaba decidido a incluirla y así se lo informó, en privado, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace más ahora más de un mes.

  El Gobierno contaba con la información de que Ruz "no seguiría".

  Pero la campaña de prensa precipitada el viernes pasado para coincidir con el fin de semana y el festivo del lunes en Madrid ha sido un aspecto importante de la estrategia de Lesmes.

  Lo que ha vendido es que Ruz "continúa", que se le ha prorrogado automáticamente. Que aquí no ha pasado nada. Se le prórroga la comisión hasta marzo de 2015, cuando previsiblemente llegará el nuevo magistrado que salga triunfante en el concurso.

  Por tanto, tenemos la siguiente ingeniería, que miembros del sector progresista incluso se han vanagloriado, en privado, de haber urdido: llegará en marzo un nuevo juez suplente al que Ruz, "si quiere", podrá pedir continuar en calidad de juez de apoyo para terminar de instruir las causas pendientes.

  Da la casualidad que una de esas causas es Gürtel. Ruz ya ha concluido la pieza separada Gürtel 1999-2005. 

  El juez Ruz, mira por dónde, ha puesto en práctica lo que el Gobierno presenta ahora como la panacea, la instrucción de piezas separadas para no alargar las investigaciones, un método sobre el que, por otra parte, la Sala Segunda ya se ha pronunciado en diversas ocasiones (ver sentencia del caso Hacienda del 30 de diciembre de 2013 en la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, y la posición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con los ERE de Andalucía). 

  Ruz comenzó a preparar estas piezas en julio pasado.

  Bien.

  Pero el juez tiene pendiente dictar en esta pieza Gürtel 1999-2005 que acaba de concluir, el auto de apertura de juicio oral una vez que el Ministerio Fiscal y las acusaciones eleven sus escritos, a primeros de enero de 2015, y que las defensas se pronuncien. Dicho auto podría ser dictado durante el mes de enero. 

  Y en relación al caso Gürtel le quedan dos piezas: la llamada pieza principal (en la que se incluyen presuntos casos de corrupción en la sociedad Aena, y en los ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Alcalá de Henares de la Comunidad de Madrid); y la pieza llamada Papeles de Bárcenas o lo que el juez y la Fiscalía Anticorrupción, basados en los informes de la UDEF, llaman la contabilidad B del Partido Popular, de la que brotaron sobresueldos, donaciones, comisiones, y pagos en negro al rehabilitar la sede central del PP en la calle Génova de Madrid.

  No es, además, la única causa que lleva Ruz. Entre otras, investiga presuntos delitos de Jordi Pujol Ferrusola y la operación Barça-Neymar-Rosell.

  La pregunta elemental, sencilla e ingenua, que el ministro Catalá (dos intervenciones en una semana sobre el asunto, el martes 2 y el viernes 5 de diciembre), Lesmes y sus especialistas en spin no responden es ¿por qué tienen que sacar la plaza a concurso? ¿cuál es el imperativo legal? ¿qué ley se incumple no sacándola?

  En el Reino Unido y en Estados Unido se conoce como spin doctors a los asesores de prensa que presentan las resoluciones o los hechos con un sesgo predeterminado. Viene del verbo to spin. Dar un sesgo. En las relaciones con la prensa: manipular.

  Pues eso, los spin doctors de Lesmes no responden a esa pregunta...porque no pueden. Si el ministro Catalá no puede. Si Lesmes no puede. Tampoco sus asesores de comunicación.

  El 24 de junio de 2013, al renovar el mandato de Ruz por otros seis meses, Lesmes y la comisión le dieron la siguiente calificación: "Excelente rendimiento del magistrado comisionado". 

  El acuerdo se puede buscar en la web del CGPJ, en el apartado de acuerdos de la comisión permanente.

   Ruz no podrá, obvio es, terminar de instruir las piezas separadas pendientes en el caso Gürtel, cuya instrucción la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar antes de judicializarlo en la Audiencia Nacional.

 Un juez, Baltasar Garzón, que envió el 2 de marzo de 2009 la primera comisión rogatoria a Suiza en relación a Francisco Correa, Bárcenas y otros, y que gracias a ella conocemos, entre otras cosas, la fortuna oculta del extesorero nacional del PP, que llegó hasta 48 millones de euros (7.600 millones de pesetas), ya ha sido condenado por prevaricación e inhabilitado por este caso.

   Solo esta y otras circunstancias deberían haber aconsejado al PP y al Gobierno de Rajoy a mantener una exquisita conducta frente a la justicia.

  No ha sido así. Los ataques más recientes al juez a raíz de la pieza separada Gürtel 1999-2005 son solo un ejemplo.

  Para no hablar de la larga decena de demandas civiles de dirigentes del PP contra periodistas de EL PAÍS - ganadas todas ellas por el diario- en razón de haber publicado el 31 de enero de 2013 lo que los dirigentes del PP despreciativamente tildaban como simples fotocopias: los Papeles de Bárcenas.

 Pero ni el ministro Catalá, ni el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo han cuidado ni siquiera las apariencias.

  Y el tema de las apariencias es relevante.

  En 1923, el juez Hewart dictó en el Reino Unido una sentencia en un recurso de revisión judicial  que anulaba un fallo por un tema de aparente parcialidad, una sentencia que dio la vuelta al mundo judicial bajo la forma de un aforismo desde entonces. 

  "No es simplemente de cierta importancia, sino que es de una importancia fundamental el que no solo se imparta justicia, sino que se debe ver manifiesta e indudablemente que se ha impartido justicia".

  Y esta idea es también válida cuando hablamos de la política judicial.

  No es, pues, simplemente de cierta importancia que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Lesmes haya sacado la plaza del juzgado en el que el juez Ruz podía cumplir su comisión de servicios hasta el 24 de junio de 2015 (artículo 350 LOPJ) sino que es fundamental esto: que se vea manifiesta e indudablemente el respeto a la independencia judicial.

   Y el test de Lord Hewart, tanto la ingeniería aplicada como la operación de prensa precipitada la tarde del viernes 5, tras las las dos comparecencias, el martes 2 y el mismo viernes 5, del ministro de Justicia, Rafael Catalá, no lo pasan. 

Flor de Lis

   Ignoro si el seudónimo utilizado por un lector o lectora, vaya usted a saber, tiene que ver con Los tres mosqueteros, la novela en la que Alejandro Dumas nos cuenta que la flor de lis era el sello a fuego con que los verdugos de Francia marcaban a los delincuentes con hierro candente como castigo, lo que equivalía a una especie de prontuario de por vida como indeseables, como ocurrió con la esposa de Athos, Milady, que también fue marcada.

   Pero en todo caso, me parece muy sugerente lo que escribe sobre la situación del juez Ruz, a raíz de la Operación Ruz desencadenada por Lesmes con el apoyo de Catalá.

   Querido Ernesto:

  La posición del magistrado juez Ruz, es un imposible metafísico. En apenas dos o tres meses no puede acabar seriamente, las instrucciones judiciales y además la posibilidad de cometer errores de bulto se multiplican por la premura del tiempo. Y además, sinceramente, no creo un plato de gusto para Ruz, ser una especie de "segundón" de otro juez nuevo que llegaría en marzo. Acabaría Ruz siendo una especie de "secretario judicial" del nuevo juez. Y encima, cuando terminara su trabajo, el premio sería, volver a Móstoles con el lastre de haberse generado enemigos poderosos que le amargarían su promoción como juez en lo que le resta de vida. Para Ruz y (su familia, no lo olvidemos) todo serían incovenientes y ninguna ventaja. 

Publicado por: Flor de Lys | 05/12/2014 18:26:31

  Lesmes, con la ingeniería que alardeaban el pasado viernes 5 los presuntamente progresistas de la comisión permanente, ha conseguido meter a Ruz en una situación kafkiana. 

   Ruz, que es juez suplente (eso significa estar en comisión de servicios), debe esperar hasta el mes de marzo, fecha en la que previsiblemente llegará al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un nuevo magistrado...¡suplente!

   Nuestros spin doctors deberían decirlo. Sí, por qué se saca a concurso la plaza que solo puede ser cubierta con una comisión de servicios. No se concursa para ser juez titular.

  ¿Por qué? Elemental mi querido Watson: porque el dueño del juzgado, el magistrado titular Miguel Carmona, está en misión especial en Londres, según pactó en 2013 con el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.     

   Por tanto, Lesmes crea la siguiente situación: "su" concurso situará a un juez suplente sobre otro juez suplente y éste deberá, si quiere, pedirle al nuevo suplente que le nombre juez de apoyo, es decir, suplente, para llevar los casos que venía instruyendo hasta ahora.

   Por eso, Flor de Lys (firma con y) apunta: "No creo [que sea] un plato de gusto para Ruz, ser una especie de "segundón" de otro juez nuevo que llegaría en marzo. Acabaría Ruz siendo una especie de "secretario judicial" del nuevo juez". 

  Que, como acabamos de precisar, será suplente, es decir, en comisión de servicios.

   Pero, otra vez nos vamos a topar con el juez Hewart.

   Ruz acaba de dictar su auto de conclusión en la pieza Gürtel 1999-2005.

    El auto de conclusión del 26 de noviembre pasado señala en la página 122, lo siguiente:

  "De esta forma, consta indiciariamente acreditada (sin perjuicio de los hechos que resultan instruidos al efecto en la Pieza Separada de las presentes Diligencias Previas denominada “Informe UDEF-BLA 22.510/13”) la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política Partido Popular (PP) -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009-, junto con el imputado Álvaro De Lapuerta Quintero (quien fuera tesorero del Partido Popular hasta el año 2008) de una contabilidad paralela o “Caja B” –denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido Partido político entre los años 1990 a 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: a) al pago de gastos generados en campañas electorales; b) al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político".

   Y en la página 133 y 134, al describir las actividades del imputado Bárcenas, señala:

   "En lo que respecta a su actividad vinculada al cargo de Gerente del Partido Popular, cargo ejercido entre 1990 y junio de 2008 (siendo elegido en ese mes Tesorero de la formación política), y por lo que se refiere a la llevanza por Luis Bárcenas Gutiérrez, en connivencia con el imputado Álvaro De Lapuerta Quintero (quien desempeñó las funciones de Tesorero del Partido entre 1993 y 2008), de la contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos (hechos no obstante que en cuanto a su completa significación resultan objeto de la Pieza Separada “Informe UDEF-BLA 22.510/13”), de acuerdo con lo hasta ahora actuado, Luis BÁRCENAS procedió a incorporar a su patrimonio recursos económicos del PARTIDO POPULAR cuya administración tenía encomendada como Gerente, contando para ello con la connivencia del Sr. Lapuerta Quintero en el ejercicio de sus funciones como Tesorero". 

   Estos hechos se refieren a la pieza Papeles de Bárcenas o contabilidad B del PP que el juez Ruz ya tiene avanzada y que debía terminar de aquí hasta terminar su mandato, en junio de 2015.

    Bien.

   

   Después de conocer este auto, Lesmes, con el apoyo de Catalá, anuncia que la plaza donde este juez cumple su comisión de servicios sale a concurso.

   

  Precisamente, cuando más necesario era demostrar el respeto a la independencia del juez, en este momento se saca la plaza (que como hemos apuntado no puede ser cubierta más que como comisión de servicios).

   

  Pero, además, ¿qué le están diciendo, objetivamente, Lesmes y la comisión permanente, caso de que se apruebe la propuesta, a Ruz?

 

  Según cómo lo hagas en estos tres meses vamos a ver, de querer seguir, si te concedemos una nueva comisión de servicios de apoyo al nuevo juez. Que, como hemos dicho, no será titular sino suplente como lo es Ruz.   

  Esta es la aplicación de aquella promesa que hizo Lesmes al declarar, el pasado mes de marzo,  y más tarde, ante la indignación general, matizar, sobre el CGPJ lo siguiente:

 "Se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria". 

 

  Con el palo, Lesmes saca la plaza a concurso y le arrebata así a Ruz la posibilidad de pedir la renovación (estaba en plazo todavía para hacerlo) por seis meses hasta el 24 de junio de 2015; y le pone la zanahoria para el caso de que pida ser juez de apoyo de un juez de apoyo cuando éste llegue en marzo al juzgado central de instrucción número 5.

 

 Porque, claro, esa comisión de servicios deberá ser aprobada...por Lesmes. Perdón, por la Comisión Permanente del CGPJ.

 

 ¿Esta es la independencia judicial que Lesmes y sus apoyos estiman debe ser la función del máximo órgano del poder judicial, el que gobierna a los jueces?

   

Siete vocales piden debatir en el Pleno  

   La Operación Ruz es tan evidente que siete vocales (Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo) han presentado a las 14,34 del pasado viernes, 5 de diciembre, un escrito en la secretaría de Lesmes.

Descargar Carta

  Solicitan al presidente que la propuesta de incluir la comisión de servicios de Ruz en el macroconcurso "no se incluya en el orden del día de la comisión permanente [del martes 9 de diciembre] y que se incorpore al de la sesión del pleno del Consejo que se convocará para el 18 de diciembre".      

                        

 

En el sentido de las agujas del reloj: Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo.  

 

La razón que esgrimen es simple. 

La situación de Ruz no es una cuestión que "deba resolverse de forma unívoca ni mucho menos automática, ya que permite diversas opciones"; señalan que "implica un margen claro de apreciación y discrecionalidad".

  Y esto ya está contemplado por el artículo 599.1.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que confía al Pleno del CGPJ y no a la comisión permanente "todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún márgen de discrecionalidad o apreciación de méritos".

   Los vocales señalan que la situación del juez Ruz "está directamente vinculada a la imagen de la Justicia y a la confianza de los ciudadanos en ella por lo que debemos asegurar que será adoptada con las máximas garantías. Estas son poderosas razones que aconsejan que sea debatida y adoptada por el Pleno de este órgano constitucional".

  Los peticionantes plantean otro tema sugerente, cual es el riesgo que la aventura que quiere consumar Lesmes supone.

  Y es la seguridad jurídica.

  "Pues no cabe duda de que la decisión sobre la continuidad o no del referido magistrado en el destino para el que fue nombrado en comisión de servicios, podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo. Sería por tanto de una gran irresponsabilidad que este asunto se valorara y decidiera por un órgano que podría ser declarado incompetente, riesgo que nunca existiría de llevarse, como exige el artículo 599.1.4 de la ley Órganica del Poder Judicial, a su sede propia que es el Pleno del este Consejo".

  ¿Qué va a hacer el presidente del CGPJ con esta petición?

  Lesmes piensa, según ha explicado en la Cámara legislativa canaria a finales de septiembre, que “las irregularidades y la corrupción anidan en la oscuridad y la penumbra mientras que la transparencia corta en seco cualquier intento de aprovechamiento indebido de las prerrogativas".

   Eso es: el aprovechamiento indebido de las prerrogativas.

  Es lo que estiman siete vocales del CGPJ que han sido elegidos con el respaldo de los tres partidos que, además del PP, están presentes en el órgano: PSOE, IU y PNV. Hay 14 vocales que, sin ser de la Comisión Permanente, forman parte del Pleno, de los cuales la mitad, 7, firman la carta.  Los otros 7 han sido elegidos con apoyo del PP,

  Hay otros dos vocales que son miembros de la Comisión Permanente elegidos con el respaldo del PSOE (Cabrejas y Cuesta); y otros dos que lo han sido con los votos del PP (Martínez Tristán y Fernández). Y está Lesmes (respaldo PP) y ya no está Mercè Pigem (CiU).

  ¿Seguirá adelante Lesmes en las próximas horas con la aprobación del concurso que incluye la plaza donde Ruz ejerce su comisión de servicios y responderá a los siete vocales que el asunto ya ha sido resuelto por la Comisión Permanente?

   Se dirá: si se debate en el Pleno del día 18, Lesmes ganará porque tiene mayoría.

   Es posible. Pero en tal caso, solo votarán a favor los miembros del CGPJ elegidos con respaldo del PP.  No secundarán la operación los miembros que tienen el respaldo del PSOE, IU y PNV.

  Es decir el PP consumará en el CGPJ la operación contra un juez que está concluyendo la investigación ...sobre el PP.

 El enfado de Grande-Marlaska

  No es un secreto que el actual CGPJ, a diferencia del pasado, está integrado por un magistrado de la Audiencia Nacional. Se trata del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska. Conoce muy bien lo que es ser juez en comisión de servicios. Lo fue precisamente en el juzgado central de instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón estaba en excedencia, en Nueva York.

   Su actividad en la Audiencia Nacional le ha permitido seguir en primera línea el partido Lesmes vs. Ruz. Grande-Marlaska ha podido transmitir el estado de ánimo del juez Ruz, con quien mantiene buenas relaciones, al presidente del CGPJ. Ha hecho de puente, según señalan fuentes jurídicas, aportando información a uno y otro.

Los jueces Pablo Ruz y Fernando Grande-Marlaska  

   

  Grande-Marlaska, que apoya a Lesmes, se muestra crítico con los siete vocales que piden tratar el asunto Ruz en el Pleno del 18 de diciembre.

  El magistrado y vocal del CGPJ, ha tenido que enterarse por los medios de comunicación de la carta elevada al presidente y estima que es una conducta desleal con los restantes vocales que desconocían la misiva.

  Pero: ¿de quién es esta responsabilidad?

  Hemos apuntado que el escrito se presenta el viernes 5 a las 14,34 en la secretaría de Lesmes. 

 ¿Por qué el presidente no trasladó la petición al resto de vocales del CGPJ?

  Lesmes lanza su comunicado con el que parece consumar la Operación Ruz precisamente después de conocer el escrito de los siete vocales.

  La prueba: el comunicado sobre el macroconcurso se da a conocer varias horas después de la entrada del citado escrito.

  Lesmes pretende matar dos pájaros de un tiro: aprovechar el fin de semana y el festivo del lunes que coge a los medios en un momento bajo de su capacidad de reacción y, simultáneamente, denegar por tardía la solicitud de los siete vocales.

  El orden del día, sostiene la secretaría de Lesmes, ya estaba confeccionado. Y además si la Comisión Permanente de este martes 9 de diciembre aprueba la propuesta muerto el perro se acabó la rabia. Ya no hay nada que debatir en el Pleno del 18, un pleno que va cargado de temas conflictivos. Por ejemplo: la renovación, o no, de la composición de miembros de la Comisión Permanente cuyo mandato vence precisamente estos días. Lesmes se había comprometido, precisamente, a cambiar anualmente a los miembros de la Comisión, una idea que parece ser, a estas alturas, anticuada.

  En el momento en que los siete vocales presentan su escrito no existía orden del día. 

 

           

 

Nos resta antes de terminar abordar la situación en la Comisión Permanente.

  En la foto que hemos incluido, se ve en primer plano a María del Mar Cabrejas y, enfrente a Álvaro Cuesta. Ambos han sido elegidos con respaldo del PSOE. 

  Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, amigo personal de Lesmes, podía haber sido un consejero impagable para el presidente del CGPJ y del Supremo. Problema: Lesmes sabía lo que se hacía. 

  No forma parte ni de la Comisión Permanente ni del Pleno, pero conoce la historia desde sus inicios. En mayo y junio de 2013 impulsó como presidente de la Audiencia Nacional la nueva comisión de servicios para el juez Ruz. La Sala de Gobierno de la Audiencia solicitó esa nueva comisión nada más ganar la plaza en concurso el magistrado Miguel Carmona, a finales de mayo de 2013.

  Y en los últimos meses, según fuentes jurídicas, animó al juez Ruz a pedir la renovación.

 Si algunos medios de comunicación han "comprado", en medio de la dinámica que desencadenaron los servicios de Lesmes el pasado viernes 5 de diciembre, la ingeniería de la "prórroga automática" ha sido por las explicaciones que el sector progresista de la comisión permanente ofreció sobre la propuesta de sacar la plaza del juzgado número 5 a concurso.

  Sin embargo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado el sábado 6, en el Congreso, en conversación con los periodistas, las "presiones para apartar a Ruz". Y expresó su confianza en que el CGPJ decida de manera autónoma e independiente la continuidad de Ruz para concluir su tarea. "Mientras el Gobierno alardea de querer luchar contra la corrupción, trata de apartar a Ruz del caso más importante de corrupción", dijo.

   Las últimas informaciones señalan que la denuncia no es simplemente retórica. Tanto Sánchez como el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, han transmitido a los dos vocales miembros de la Comisión Permanente del CGPJ su posición de que es necesario votar contra la propuesta de Lesmes de sacar a concurso la plaza del juzgado número 5.  

  Terminamos parafraseando a Lord Hewart en la cuestión del Pleno.

  No es simplemente de cierta importancia, sino que es de una importancia fundamental el que no solo se adopte la decisión que corresponda respecto al Pleno, sino que se vea manifiesta e indudablemente que se ha hecho de manera transparente, justa y conforme a las reglas de juego imperantes en el órgano de los jueces.

  Ni más. Ni menos.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Ruz, marchando

       

 

    Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) y del Tribunal Supremo, tenía previsto llevar el asunto de los concursos para cubrir 38 plazas de jueces a la reunión de la comisión permanente del pasado martes, día 2 de diciembre. Pero el viernes anterior, 28, el día en que Lesmes exigió la dimisión de la vocal Mercè Pigem, al dar conocer el orden del día, quedó claro que la iniciativa se posponía.

   Pero he aquí que en lugar de tratar el tema de los concursos en la comisión permanente, tuvimos la oortunidad de escuchar el mismo día, el pasado martes 2, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien explicó que el CGPJ resolvería sobre los concursos y, en relación a Ruz, dijo que no entendía por qué razón se iba a criticar al Gobierno si no se le renovase la comisión de servicios.

   Todo el tema es un asunto de "provisión de puestos", resumió.

   Pues bien, el ministro ha explicado el viernes 5 de diciembre, otra vez en relación al juez Ruz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, los siguiente: "Lo razonable es que las plazas vacantes se cubran a la mayor celeridad posible".

  Bien.

  Lesmes explicó ya hace tiempo a Catalá que no se renovaría la comisión de servicios de Ruz. El periodo máximo de la comisión en curso que comenzó en junio de 2013 puede prorrogarse, según la ley, cada seis meses, hasta junio de 2015.

  Catalá habla de cubrir la "vacante".

  El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es Miguel Carmona. El magistrado, que se jubila en 2016, ganó la plaza cuando dejaba el puesto de vocal del CGPJ, pero al incorporarse al juzgado número 5 recibió, como diría Mario Puzo, una oferta que no podía rechazar: magistrado de enlace en Londres.

  El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no deseaba a un progresista, que en aquellos días de julio de 2013 vociferaba sus intenciones de ejercer de juez titular, vamos, dueño del juzgado, en las importantes causas abiertas, entre ellas Gürtel, tras conocer que la comisión permanente del CGPJ, presidida por Gonzalo Moliner, había concedido una nueva comisión de servicios al juez Ruz. El magistrado llevaba en el juzgado número 5 en junio de 2010, donde recaló en comisión de servicios al ser inhabilitado Baltasar Garzón, el primer juez instructor de Gürtel.

  La plaza de Londres como la de Washington para magistrados de enlace nunca se habían cubierto. Y la verdad es que en una situación de austeridad presupuestaria ha llamado la atención la oferta de Ruiz-Gallardón en 2013.

  Carmona, pues, marchó a Londres.

  Por tanto, cuando Catalá habla de vacante parece deslizar que aquí se va a cubrir la plaza con un juez titular. Pues, no. La plaza tiene titular.

  Por tanto, lo que siempre se debate en este caso es una comisión de servicios.

  Pero es que esa comisión de servicios en curso no está agotada. La ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 350, plantea que se puede conceder hasta por dos años, renovándose cada seis meses, bajo estricto control de la Audiencia Nacional y tras informe de la inspección del CGPJ.

  La última vez que se renovaron los seis meses, la comisión permanente del CGPJ, presidida por Lesmes, concedió una porróga en función del "excelente rendimiento del magistrado comisionado". Esto es: Ruz

 Por tanto, las afirmaciones de Catalá orillan el problema. Que debería ser tratado de manera estrictamente legal y respetar el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero 2011 y la ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 355 bis que se invoca...para mejor manipularlo.

  Esta historia me remite a un asunto que no carece de interés.

  El ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, tenía grandes expectativas, según él por afirmaciones que había manifestado Mariano Rajoy, en la sustitución de las dos fiscales que comenzaron las investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción desde la primera hora, antes aún de que el juez Baltasar Garzón se hiciese cargo: Concha Sabadell y Miriam Segura.

 Los SMS intercambiados entre Rajoy y Bárcenas, antes y después de conocerse la fortuna del ex tesorero del PP en Suiza, hasta marzo de 2013, sugieren alguna clave. Por ejemplo, un SMS  que el presidente del Gobierno le envía el 10 de abril de 2012 dice así: Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo.

 ¿A qué se refiere Rajoy?

 La situación procesal de Bárcenas acaba de cambiar en aquellos días del SMS.

 Porque el 14 de marzo de 2012 la sala de lo Penal de Audiencia Nacional, sección cuarta, anula la exculpación de Bárcenas, dictada por el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 1 de septiembre de 2011, cuando... ¡ya había perdido la competencia del caso!

  Bárcenas está muy inquieto por las dos fiscales.

  Sus contactos con el Gobierno, aparte de los mensajes de Rajoy, se mantienen vivos.

 Consigue el apoyo de María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confíe a uno de sus policías dilectos, el comisario José Luis Olivera, que acaba de abandonar la UDEF para ser nombrado a continuación director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), una labor delicada.

  Se trata de mantener un encuentro, en septiembre de 2012, con Alfonso Trallero, abogado de Bárcenas, en el pub cafetería Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo. Olivera, acompañado de un compañero, acude a la cita.

  A principios de junio de 2013, Bárcenas hace llegar a través de un intermediario el original de los papeles publicados por EL PAÍS el 31 de enero 2013 a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. E

 En el encuentro, la persona enviada exhibe el original sobre el cual Cospedal manifiesta no tener duda sobre su veracidad formal, pero cuestiona la veracidad del contenido. Se menciona el tema de apartar a las dos fiscales que llevan la investigación y, según el intermediario, Cospedal señala que no hay nada que hacer porque Ruiz-Gallardón lo rechaza de plano.

 Refresco esta historia porque después de su estrepitosa caída, el ex ministro de Justicia ha estimado, en algunas conversaciones privadas, que el tema de Luis Bárcenas y las dos fiscales tuvo un coste grande para él.

  En resumen: después de algunas vacilaciones parece haber llegado la hora de terminar con la instrucción de Ruz. Precisamente cuando está por abordar la recta final de Gürtel y en especial la contabilidad B del PP, los sobresueldos, donativos y pagos en negro de las obras del arquitecto Urquijo, que ya suman 1,7 millones de euros, tras los nuevos datos aportados por el registro del cuartel general del PP en la calle de Génova.

Fraude de ley

   El pasado 15 de octubre, el juez Ruz advirtió lo que se aproximaba. Ese día la intranet del CGPJ llevaba este mensaje:

Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente [del CGPJ] celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El juez Ruz concluyó entonces, tras leer este texto, que la plaza que ocupa en comisión de servicios sería sacada a concurso.

  Pero analicemos.

  El artículo citado de la ley Orgánica, el 355 bis, establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

  Los llamados "mecanismos ordinarios de provisión" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

  Pero, atención, también se prevé ahora, en el 355 bis, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

  Con todo, lo que Catalá y Lesmes ocultan es lo siguiente: el artículo 355 bis no plantea concursos o sustituciones en la Audiencia Nacional. Este organismo no aparece enumerado entre las instituciones que se citan en el 355 bis.

  Para nada. Tiene su razón de ser. Porque se refiere a jueces, que al quedar agotadas sus comisiones de servicios, quedan adscritos a órganos colegiados. Es decir: a los Tribunales Superiores de Justicia. En la Audiencia Nacional estamos hablando de órganos unipersonales, juzgados que tienen un juez a su frente.

  ¿A quién se le puede ocurrir fomentar bicefalias cuando hay experiencias nefastas sobre ello?

 Un ejemplo ha sido el del juez Miguel Moreiras y el juez Manuel García-Castellón, en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional número 3, en el caso Banesto, que terminó, metafóricamente hablando, a los golpes. Y desembocó en la creación del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional. El que hoy ocupa el juez Eloy Velasco.

 Lo que hace Lesmes, con el respaldo de Catalá, es manipular el 355 bis.

  El verdadero objetivo, por tanto, es acabar con Ruz.

  La cláusula prevista por Lesmes junto con el concurso es que se prorrogue a Ruz hasta que llegue el nuevo juez en marzo próximo.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/carlos-lesmes-y-su-grupo-de-vocales-dentro-de-la-comision-permanente-del-consejo-general-del-poder-judicial-cgpj-han.html

  Esto permitiría atosigar al juez y hacer muy difícil la terminación de las dos piezas pendientes en el caso Gürtel de aquí a marzo próximo.

 Y a partir de que haya un nuevo magistrado a cargo, "si quiere" Ruz podría solicitar  su permanencia como segundo juez. Lesmes demuestra que cuando quiere es capaz de llegar a la perversión. Porque, además, sabe que Ruz es juez titular de un juzgado, el número 4 de Móstoles, cuya plaza ganó en 2013.   

   Si ya en el caso de Mercè Pigem, Lesmes asumió que él es el CGPJ y él es la comisión permanente, en esta ocasión siete miembros del pleno del CGPJ (Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Victoria Cinto y Pilar Sepúlveda) acaban de pedir por carta que la comisión de servicios de Ruz sea debatida en el pleno del próximo día 18 de diciembre.

   ¿Les dará Lesmes este gusto? ¿No encontrará alguna ingeniería doméstica para denegarlo?

   La independencia judicial está en juego. Y es el pleno el que no puede mirar hacia otro lado.                                                                                                                                                                      

   A todo esto, Lesmes ha actuado a espaldas de la reunión formal de la comisión permanente al anunciar este viernes día 5 la liquidación de la comisión de servicios de Ruz y el concurso en el juzgado número 5.

  ¿Qué harán la magistrada María del Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta, miembros del sector progresista, en la comisión permanente del próximo martes, dia 9?

  ¿Aceptarán la ingeniería jurídica diseñada por Lesmes, a saber, dejar a Ruz -¿cómo se iba a dejar acéfalo el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Naciona?- hasta que llegue el nuevo juez?

   Pues, abróchense, lectoras y lectores, los cinturones.

  Cabrejas y Cuesta anticipan...¡que votarán a favor de la propuesta de Lesmes!

  ¿Quién nos diría que iríamos a toparnos tan pronto con una ...Grosse Koalition?

  Incluso, según fuentes, se arrogan haber dado con la ingeniería jurídica para calzar la liquidación de Pablo Ruz.

 ¡Tres meses miserables!

  Solo nos queda esperar que alguien se justifique con este pretexto: ¡Es que Ruz no ha pedido la prórroga! 

 

  

 

 

 

Carlos Salomón Lesmes

        
 

   

   Carlos Lesmes y su grupo de vocales afines dentro de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han decidido sacar a concurso 38 plazas, entre ellas la comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacion que cumple el juez Pablo Ruz.

  Esta decisión, que la fracción de vocales conservadores propondrá en la reunión prevista para el próximo martes, día 9 de diciembre, será complementada con la prórroga de la actividad del juez Ruz para que pueda terminar algunas de las causas en estado avanzado de instrucción.

  El juez tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral en la pieza 1999-2005 del caso Gürtel y tiene pendientes dos piezas separadas de dicha investigación: Aena, Arganda del Rey, Boadilla del Monte y otras; y, sobre todo, la pieza sobre los Papeles de Bárcenas o la llamada contabilidad B del Partido Popular.

  El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha mantenido durante la última semana diversos contactos con vistas a incluir la decisión sobre el concurso y la situación del juez Ruz en el orden del día de la comisión permanente del próximo martes, cuyo contenido se conocerá hoy, viernes.

 Fuentes consultadas señalan que la Audiencia Nacional ha hecho llegar a Lesmes, a comienzo de esta misma semana, su posición favorable a prorrogar el trabajo del juez Ruz para que pueda terminar de algunos de sus casos, Gürtel entre ellos.

 He informado el pasado lunes que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional adoptó en su reunión del pasado 26 de noviembre un acuerdo para proponer, en su condición de superior jerárquico de Ruz, la renovación de su mandato.

 http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/la-audiencia-pide-renovar-la-comisión-del-juzgado-5.html

  Pero la Sala de Gobierno, que preside el magistrado Jose Manuel Navarro, no adoptó el mencionado acuerdo.

  Sin embargo, Navarro, de manera informal, según fuentes consultadas, ha trasladado a Lesmes el punto de vista de la Audiencia Nacional: es conveniente que Ruz termine su trabajo y para ello sería necesario concederle la prórroga.

  El mandato máximo de las comisiones de servicios es de dos años (artículo 350.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial). Por tanto, la actual comisión de Ruz, iniciada en junio de 2013, puede vencer en su plazo máximo el 24 de junio de 2015.

  Lesmes había anunciado en privado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes jurídicas, que Ruz no continuaría en su comisión de servicios más allá del 24 de diciembre, cuando vence el período de seis meses renovado el pasado 24 de junio.

  Las comisiones se prorrogan cada seis meses. Catalá, precisamente, insinuó el pasado martes que la comisión de servicios de Ruz podría salir a concurso y que ello debía decidirlo el CGPJ.  

   http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/lesmes-y-catalá-tienen-un-problema.html

  A pesar del empeño de Lesmes y de la fracción conservadora de la comisión permanente del CGPJ, no existen razones legales para sacar a concurso ahora la comisión de servicios que desarrolla el juez Ruz.

  El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Miguel Carmona, se encuentra en servicios especiales (Londres) y se jubila en 2016. Hasta entonces el juzgado tendrá un juez en comisión de servicios.

            

 Reunión de la comisión permanente: Lesmes, Martínez Tristán, Fernández, Cabrejas, Pigem (dimitida) y Cuesta. 

   

  En los contactos individuales que ha mantenido Lesmes, con la Audiencia Nacional y con miembros de la fracción progresista de la comisión permanente, ha quedado patente que una decisión de dejar que venza la comisión de servicios de Ruz el 24 de diciembre sería interpretada como una maniobra de apartarle de la investigación pendiente en Gürtel. Una ataque en toda regla a la independencia judicial. 

  Por otra parte, la convocatoria del concurso en estas fechas supone que los candidatos a cubrir la comisión de servicios tendrán que presentarse en el mes de enero próximo y el concurso se resolvería en febrero,

  En todo caso, el nuevo juez no podrá asumir hasta primeros de marzo próximo.

  Mientras tanto, ¿quién quedará a cargo del juzgado número 5?

  Habrá que recibir los escritos de acusación en la pieza Gürtel 1999-2005 y  tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto del juez Ruz del 26 de noviembre que concluye las diligencias previas por parte de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

 Por todo ello, la propuesta de Lesmes contempla ahora, después de los contactos apuntados, sacar la comisión de servicios a concurso y conceder a Ruz la última prórroga. ¡Pero no completa!

  Es la solución aparentemente salomónica de Lesmes. No abandona su decisión de sacar la comisión de servicios a concurso, pero da un paso atrás respecto a prescindir de Ruz ahora mismo, antes del fin de la instrucción de las piezas pendientes del caso Gürtel.

                    

 

   

 

 

 

   

 

 

  Lo lógico: si el Gobierno se apresta a aprobar por ley un límite de seis meses para la instrucción de los llamados sumarios sencillos, ¿no sería de sentido común, además de estrictamente legal, renovar por seis meses la comisión de servicios de Ruz hasta el 24 de junio de 2015?
  Además, ¿no deberá tener lugar un traspaso de las causas y una puesta al día de la situación en el juzgado para que se haga cargo el nuevo juez en comisión de servicios que llegue en marzo a la Audiencia Nacional? ¿Qué sentido tendría prorrogar el mandato de Ruz por tres meses solamente, una de las fórmulas estudiadas?

  En principio, Lesmes y su fracción quieren proponer adoptar un acuerdo para sacar las comisiones de servicios a concurso y en el texto de la convocatoria incluir una cláusula en la que se señala que las comisiones de servicio quedan prorrogadas hasta que se cubran las plazas.

  Pablo Ruz tiene que dar su conformidad, según el artículo 350.2 de la LOPJ, a la solución que finalmente se arbitre.

  El juez no ha solicitado todavía la renovación de su mandato.

  Pero está dentro del plazo para hacerlo. Con anterioridad, en junio pasado, presentó su solicitud a pocos días del vencimiento de la comisión.

   No obstante, si se aprueba la fórmula de Lesmes, a saber, si se establece en la convocatoria del concurso que las comisiones de servicios quedan prorrogadas hasta la llegada del nuevo magistrado, Ruz ni siquiera tendría que solicitar prórroga.

   En realidad, tampoco se trata de un paso atrás real de Lesmes. Porque la decisión de convocar a concurso dejaba sin resolver el problema: alguien tenía que quedarse a cargo del juzgado hasta la resolución del concurso y la entrada del nuevo juez.

 Operación atosigar

 Si Lesmes consigue imponer su propuesta, Ruz tendrá solamente tres meses, hasta el mes de marzo, fecha previsible para la llegada del nuevo magistrado en comisión de servicios, para terminar de instruir las dos piezas que restan de Gürtel.

 Esto supone atosigar a Ruz. Y, claro, tendrá consecuencias sobre la instrucción pendiente. 

 Porque, claro, Ruz tiene otros casos de gran importancia, comisiones rogatorias pendientes, en  varios países, entre ellos la comisión de Andorra solicitada en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, y también es requerido para cubrir guardias e intercambiar turno con el juzgado central de instrucción número 1 del juez Santiago Pedraz.

  Por tanto, la presión que Lesmes y su grupo van a meter sobre Ruz va a ser intensa. Le están preparando las peores condiciones de trabajo que se pueden ofrecer. 

  Si Ruz abre juicio oral digamos durante el mes de enero en la pieza separada 1999-2005, el sumario pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que también es vocal del CGPJ, para el señalamiento del juicio oral, que es como se denomina la fijación de la fecha.

  Fuentes de la Audiencia señalan que una vez elevada una causa, la Sala está señalando fecha de juicio para cinco meses. Por tanto, existen posibilidades de que el juicio oral Gürtel 1999-2005 pueda celebrarse en julio o en septiembre de 2015.

   Con las otras dos piezas -la principal de Aena, Arganda del Rey, Boadilla, Alcalá de Henares, y la de los Papeles de Bárcenas - ya no resulta fácil predecir las fechas de juicio. 

   Porque se requiere concluir la instrucción.

   Fuentes judiciales estiman que se podrían concluir en seis meses.

  Este sería el periodo por el que se podría prorrogar la comisión de servicios de Ruz dentro de la legalidad vigente.

  Pero Lesmes quiere a Ruz fuera inmediatamente...cuando llegue el nuevo magistrado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es decir, si todo se cumple rapidamente (publicación en el BOE, convocatoria, petición de plaza, resolución del concurso, publicación en el BOE y toma de posesión) eso ocurrirá hacia finales de marzo de 2015. 

   

 

 

Lesmes y Catalá tienen un problema

     

 

    María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, ha salido un poco antes del ministro Rafael Catalá, pero en sintonía. Ha demostrado que ya no le tiene miedo al juez Ruz, al que acusa de hacer un auto de conclusión de Gürtel 1999-2005 que "no es de recibo". El artículo 122 del Código Penal invocado  por el juez para definir la posición del PP (y de Ana Mato) como partícipes a título lucrativo, "está cogido por los pelos",

  Y ha señalado, en relación al juez Ruz y al juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional número 5, lo siguiente: "El juez tiene que ser el que corresponda legalmente...La investigación [caso Gürtel] no está a la mitad, está prácticamente terminada".

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/entrevistas/entrevista-maria-dolores-de-cospedal-en-ar_2_1901580008.html

  Rafael Catalá, por su parte, ha dicho que este es un tema que va a resolver el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que tiene que ver con los concursos que están previstos.

  No se le ha movido un pelo cuando dijo que no entendía por qué se iba a criticar al Gobierno si se llamase a concurso para cubrir la comisión de servicios del juez Ruz en el juzgado número 5 cuando es un asunto de "provisión de puestos".

 La verdad: Lesmes ha informado a Catalá hace ya tiempo que no se renovará a Ruz el mandato de comisión de servicios, que tiene como máximo el plazo de dos años (artículo 350.2 Ley Orgánica del Poder Judicial). Iniciada la actual comisión de servicios de Ruz en junio de 2013 puede durar, legalmente, hasta junio de 2015.

  En todo caso, conviene aclarar que cualquier renovación no supone entregar la plaza a un nuevo titular. Porque el titular es el juez Miguel Carmona, actualmente en en servicios especiales (magistrado de enlace en Londres) y se jubila en 2016.

  Por tanto, hablamos de dos alternativas: una prórroga de la comisión de servicios de Ruz hasta junio de 2015 o conceder una comisión de servicios a otro juez, si no se renueva la de Ruz, vía concurso. En ambos casos, se trata de una comisión de servicios. 

   Hay dos formas de conseguir el objetivo. 

  La primera es la brutal.

 Que Ruz solicite la renovación por otros seis meses a partir del 24 de diciembre próximo. Y que la comisión permanente del CGPJ resuelva, el martes 9 de diciembre, por ejemplo, sacar la comisión de servicios a concurso.

  Es decir: que la comisión permanente rechace, por esta vía, la petición de Ruz.

  La segunda, que busca Lesmes, consiste en la vía diplomática: que, simplemente, Ruz no solicite la renovación por otros seis meses.

  Esos seis meses permitirían terminar de instruir las dos piezas pendientes de Gürtel. Y la más relevante: la contabilidad B, los llamados Papeles de Bárcenas.

  Pero, como apunta Cospedal, Gürtel está "prácticamente terminada"

  Utiliza perversamente el auto de conclusión de la pieza separada 1999-2005 contra el propio juez Ruz.

  La táctica de Lesmes consiste, pues, en que Ruz no pida la renovación.

  Para ello tiene informes que han llegado a la comisión permanente y que hablan de cierto "desánimo" del juez Ruz.

 Lesmes sabe que Ruz no hará nada para desencadenar una batalla política entre conservadores y progresistas en el  seno del CGPJ.

  Por tanto, el mensaje de Catalá, lo sepa o no, cumple un papel: es el mensaje de que el presidente del CGPJ ya tiene una decisión. Y es que sacará la comisión de servicios a concurso.

  El envoltorio es simple: quiere darle más oportunidades a los jueces. ¿Qué de malo hay en ello?

¿Y quién se queda al frente hasta que llegue el nuevo juez?  

Pero Lesmes y Catalá tienen un problema.

  El último plazo renovado de la comisión de servicios de Ruz -por exhibir un comportamiento profesional "excelente", según el acuerdo de 24 de junio de 2014- vence el 24 de diciembre próximo.

  Si se saca, a su vencimiento, la comisión de servicios a concurso, los candidatos tendrán plazo en el mes de enero para presentarse. Pero no será hasta bien entrado febrero cuando se resuelva el concurso. Luego, el nuevo juez en comisión de servicios no podrá entrar en funciones hasta finales de febrero o primeros de marzo.

  ¿Quién se quedará al frente del juzgado?

  Tendrá que ser Ruz.

 ¿O piensan dejar el juzgado de Gürtel, Pujol Ferrusola, Barça-Neymar, entre muchos otros casos. descabezado?

  Pues habrá que resolver alguna prórroga para Ruz.

  Bien.

 Ruz ha dado plazo, el pasado miércoles 26, de treinta días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que presenten escrito de acusación en el caso de la pieza separada Gürtel 1999-2005.

 Los recursos contra el auto de conclusión no tienen efectos suspensivos.

 Por tanto, los escritos tendrán que ser presentados al juez antes de finales de diciembre.

 ¿Quién va a recibir estos escritos?

 ¿Quién se ocupará de dictar el auto de apertura de juicio oral en esta pieza separada 1999-2005?

 ¿Quién tomará en cuenta lo que diga la sección cuarta de la sala de lo Penal sobre los recursos contra el auto de 26 de noviembre del juez Ruz, el último que se puede recurrir?

  En fin, está claro que estos problemas no serán un obstáculo para Carlos Lesmes, llegados al punto en el que estamos, después de las declaraciones de Catalá, quien ha aflorado la información que el presidente del CGPJ ya le había transmitido en privado.

  El mensaje de Catalá no sorprenderá al juez Ruz. Ya sabe que no le quieren. Y si es así -y así es- no presentará solicitud de renovación.

  Hasta ayer, según la versión oficial de la Audiencia Nacional, no la había presentado.