Aguirre: ¿falta o desobediencia?

 

                       

 

    La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid estudia esta mañana dos recursos contra el archivo de las diligencias previas sobre un presunto delito de desobediencia grave que pudo cometer Esperanza Aguirre el pasado 3 de abril de 2014 en la Gran Vía madrileña.

  Tanto la fiscal  Marta A. Jainaga Álvarez como la acusación particular del agente de movilidad lesionado cuestionan el archivo decretado por el juez Carlos Valle. La fiscal estima que se ha cometido una falta mientras que el agente de movilidad argumenta que las pruebas aportadas en la instrucción fundamentan el delito de desobediencia grave.

   El juez Valle consideró en una primera resolución que se trataba de una falta. La decisión fue recorrida ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid. El juez Julian Abad Crespo, en calidad de tribunal unipersonal, dictó un auto el 5 de septiembre de 2004 admitiendo parcialmente la apelación.

    "Los hechos objeto del juicio de faltas deben ser provisionalmente calificados jurídico-penalmente como desobediencia a los agentes de la autoridad. Se trata, por tanto, de una infracción en la que el bien jurídico que se intenta proteger con su tipificación penal es, más que el tradicional principio de autoridad, la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda sociedad organizada tiene de proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y de seguridad pública", señala el auto. 

   Y delimitaba así los hechos que era necesario investigar por parte del juez Valle a través del procedimiento abreviado: "Vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia de los Agentes de Movilidad y los Policías Municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacía los citados Agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como para calificar provisionalmente dicha conducta como delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia del art. 634 del Código Penal. Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad".

   El juez Valle, tras instruir la causa, consideró que no había indicios de desobediencia. La falta, dijo, ya había sido descartada por la Audiencia Provincial al recomendar investigar el delito de desobediencia.

   Tanto la fiscal como la acusación particular explican en sus recursos que la interpretación del juez supone una tergiversación de lo que afirmaba la Audiencia Provincial, de cuyo auto en ningún caso podía deducirse la inexistencia de la falta.

    La magistrada ponente en este caso es María Almudena Álvarez Tejeda. Ahora no se trata de un tribunal unipersonal como el de septiembre de 2014. Es la sección sexta la que decidirá sobre los recursos.

    La cuestión es que tanto la fiscal Jainaga Álvarez como la acusación particular coinciden en la valoración de las declaraciones testificales de los agentes de movilidad y policías municipales que intervinieron en los hechos del 3 de abril de 2014, en contra de las aparentes contradicciones que ha señalado el juez Valle al archivar la causa.

  La fiscal señala en su recurso: "Existe una completa coincidencia en el aspecto nuclear del hecho denunciado que se desprende de los medios de prueba practicados en la instrucción, y en concreto de las testificales de los agentes de movilidad denunciantes y que han sido corroboradas por los agentes de la policía municipal que presenciaron los hechos..."

  Por su parte, en su recurso, el agente de movilidad lesionado, aporta un resumen de las pruebas practicadas durante la instrucción, entre las que destacan las comunicaciones entre agentes de movilidad y la policía municipales durante la persecución del vehículo de Esperanza Aguirre en el trayecto desde la Gran Vía hasta su domicilio en el barrio de Malasaña.

   La defensa de Esperanza Aguirre cuestionó, el pasado año, la capacidad de la acusación popular entonces personada para recurrir. El auto del 5 de septiembre de 2014 rechazó esa pretensión.

   Ahora, tanto la fiscal como la defensa de Esperanza Aguirre argumentan que el agente de movilidad no está habilitado para ejercer la acusación particular en el delito de desobediencia porque se trata de un delito público donde no hay un perjudicado concreto.

   Pero el agente de movilidad, en apoyo de su presencia como acusación particular en el caso, ha aportado partes de lesiones y de bajas emitidos como consecuencia de esa lesión. Aunque el médico forense no ha establecido causalidad entre la caída de la motocicleta provocada por la salida de Esperanza Aguirre del lugar de los hechos, tampoco ha negado la existencia de las mismas.

  Con todo, si se siguiese la doctrina Atutxa del Tribunal Supremo, algo que ya se invocaba en el auto del 5 de septiembre de 2014, la acusación particular podría ser considerada, precisamente por el carácter público del delito, acusación popular.

  Más allá de esta cuestión procesal, la pregunta es si las pruebas aportadas encajan en la definición preliminar del delito de desobediencia grave descrito por el magistrado Julián Abad Crespo en el auto que ordenaba la reapertura de la investigación.

   La sección sexta tiene pues dos opciones: volver a la falta, que se resuelve a través de un juicio rápido, o  consagrar, ahora con las pruebas, el delito de desobediencia.

 En este último caso, dado que las diligencias de investigación están prácticamente concluidas, el instructor debería dictar el auto de transformación y abrir el camino hacia el juicio oral contra Esperanza Aguirre.

La huida de Washington

       

 

   

  El 27 de junio de 2007, tres años después de llegar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un mandato de cinco, Rodrigo Rato anuncia su próxima dimisión. Ha llegado en junio de 2004 por la precipitada salida de Horst Köhler el 4 de marzo anterior. Rato consigue el apoyo de Gordon Brown, que aparte de ser el ministro del Tesoro británico es el presidente del comité monetario y financiero internacional, órgano de gobierno del Fondo; de Nicolas Sarkozy, entonces ministro de Economía de Francia; de George Bush, presidente de Estados Unidos, a petición personal de José María Aznar. Y de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente electo del Gobierno de España.

  En su primer anuncio, Rato, o Rodrigo De Rato, como se le llama en el FMI, dice que se marcha por razones personales. Después matiza: "Responsabilidades y circunstancias familiares, en particular la educación de mis hijos". Su renuncia es efectiva desde el 31 de octubre de 2007.

  Pero, ¿se marcha por razones personales? ¿Hay otros motivos?

 Los rumores y versiones circulan en Washington en aquellos días. Pero las "razones personales" no convencen.

  Poco más de un mes después de su reinserción en España, el 4 de diciembre de 2007, Bruce Wasserstein, presidente del banco de inversión Lazard, anuncia que Rato se incorpora a su estructura internacional a partir del 1 de febrero de 2008, en calidad de director general senior.

  Wasserstein no tiene problema con las puertas giratorias y el tráfico de influencias. Lo dice sin darle vueltas: "Abrir puertas, asesorar grandes fusiones y adquisiciones, aprovechar una agenda llena de políticos, banqueros y empresarios de todo el mundo. Rato aporta abundantes conocimientos en materia económica y relaciones en el sector público y el sector privado por su perfil en altos cargos financieros".

  La relación entre Rato y Lazard es objeto de investigación en las diligencias previas de la Audiencia Nacional. Parece que su patrón en Lazard, Wasserstein, ha acertado al explicar las razones de su contratación. Porque Rato no ve conflicto alguno en encomendar al banco de inversión un contrato para asesorar a Bankia en su salida a Bolsa.

  En este caso Rato no es que aporte "abundantes conocimientos en materia de relaciones en el sector público". Él es el sector público. Él es Bankia.

   Bien.

   El 10 de enero de 2011, cuando Rato lleva un año en Caja Madrid por acuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, en el Gobierno, y Mariano Rajoy, en la oposición, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, publica su dictamen sobre el papel del FMI durante la incubación de la Gran Crisis Financiera iniciada en 2007. El pensamiento endogámico - groupthink -y un régimen de gobierno débil para integrar el trabajo de las diferentes unidades juegan un papel importante en la incapacidad del Fondo para advertir lo que venía.

  El consejero económico del FMI en la época de Rato es el economista indio, hoy presidente del Banco Central de India, Raghuram Rajan. En la conferencia anual 2005 organizada por la Reserva Federal (banco central norteamericano) en Jackson Hole, Rajan expone un diagnóstico sobre la crisis que se avecina. Con pelos y señales. 

  Rajan depende directamente del director gerente. Es decir de Rato. ¿Qué hace Rato con el informe Rajan?  Los auditores que evalúan el comportamiento de la dirección del FMI señalan: "El discurso de Rajan fue publicado en la página web  del FMI, en Internet y Rajan presentó sus opiniones en diversas ocasiones y publicaciones. Pese a la importancia del cargo de consejero económico, no se dio seguimiento a los análisis e inquietudes planteadas por Rajan: sus opiniones no influyeron en el programa de trabajo del FMI ni en los documentos emblemáticos publicados después del discurso de Jackson Hole [agosto 2005]".

   Rato había negado la existencia de la burbuja inmobiliaria en España durante su gestión como vicepresidente y ministro de Economía. Una burbuja que siguió inflándose en la época de Pedro Solbes. Luego, en relación a la burbuja financiera, Rato tuvo una conducta similar en Washington, al frente del FMI.

   Hemos hablado del paso de Rato del FMI. Pero, ¿por qué se marcha?

   Esto nos lleva al comienzo de esta crónica.

  El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho, en su día, en privado: "Hay solo tres personas, aparte de Rato, que conocen el motivo por el cual renunció al FMI. Y son Gordon Brown, Nicolas Sarkozy y...yo".

  Se supone que tuvo en cuenta esas razones al acordar con Rajoy el nombramiento de Rato para presidir Caja Madrid en diciembre de 2010.

La tapadera

     

 

 

   “Todo el mundo lo sabe, nada ha sido sencillo, creo que no hay casi nada que no nos haya pasado, aunque no sé si retirar esta afirmación porque cualquier cosa puede suceder en el futuro”, declaró Mariano Rajoy en Alicante el pasado domingo, sin hacer referencia al innombrable, Rodrigo Rato. Por tanto, a la luz de los pagos a Federico Trillo y a Vicente Martínez Pujalte, ha acertado: tiene que retirar su afirmación.

 Ambos tienen una coartada similar. Han declarado al Congreso tener un bufete y una sociedad, respectivamente. Con esto creen haber cumplido con sus obligaciones. No han engañado a nadie.

   Pero no es tan sencillo. Porque a través de su bufete y sociedad no declaran al Congreso exhaustivamente el detalle de lo que hacen con cada uno de sus clientes. Y los asesoramientos verbales son una forma creativa de presentar su contratación a sueldo de las empresas.

    Vivimos en un sistema económico que tiene nombre: capitalismo. ¿Para qué va a pagar una empresa a un diputado o a un senador? ¿Para escuchar sus inteligentes y agudos consejos? ¿Rentabiliza de esa manera una empresa el dinero que paga?

   Luis Bárcenas ha contado cómo sus donantes llevaban los dineros al PP. Álvaro Lapuerta anotaba sus referencias en una tarjeta y luego llamaba por teléfono o iba a los diferentes ministerios y recomendaba atender a las personas que daban dinero.

   Los señores diputados cobraban sueldos equivalentes a un trabajo asalariado estable a tiempo completo presentado bajo el disfraz de asesorías.

     Federico Trillo ha coordinado estos años la defensa de los imputados en la trama Gürtel, ha presentado en defensa de los ahora acusados querellas por prevaricación contra jueces y ha mancillado el nombre de las dos fiscales que a duras penas se abrieron camino en la ciénaga de Gürtel: Miriam Segura y Concha Sabadell. Ellas no estaban en la trama contra el PP, como sugirió Rajoy en su día, sino que investigaban la trama del PP.

    Vicente Martínez-Pujalte ha sido el bufón solidario y comprensivo con una gran parte de imputados y partícipes a título lucrativo del PP. ¿Por qué no iba a serlo si él mismo se comportaba de la manera que ahora sabemos, si él mismo tenía una conducta que era la repera patatera, que diría el señor Menéndez?

    Diputados cobrando sueldo de empresas. No tiene justificación alguna. El enriquecimiento injustificado es un delito en otros países. En España, no. En nuestro ordenamiento, siempre ha sido visto como una figura penal reñida con la presunción de inocencia. Porque se invierte en este delito la carga de la prueba. Es el imputado/acusado el que tiene que probar la justificación de su enriquecimiento.

    Pero hemos cruzado hace mucho ya el Rubicón. Y es hora de que esta figura se incorpore más pronto que tarde a nuestro Código Penal.

 

      

De perdidos al río

    
   

    

 

   El que avisa no es traidor. No es necesaria ninguna teoría de la conspiración para saber lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia, el pasado 17 de febrero, del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la comisión de Hacienda del Congreso, una comparecencia que hoy repite después del tsunami Rato.

   “No sé si somos conscientes de la magnitud de esta información, de los contrastes y la actuación que la agencia está ya realizando sobre estos contribuyentes [que presentaron el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero tras el modelo 750 de amnistía fiscal], de estas labores de comprobación que hay que realizar sobre este modelo, y de la cantidad de información que se tiene por un procedimiento legal regulado en la Ley 7/2012, que es muy eficaz en la lucha contra el fraude”, explicó.

   Y advirtió: “Tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac. Una vez que se contraste con las actuaciones que pudieran estar haciendo ellos o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos…”

   Menéndez, al ser preguntado aquel día, sobre las filtraciones de informes, señaló a un diputado: “Quisiera que me dijera qué dato, informe o antecedente de la Agencia Tributaria se ha filtrado, porque no conozco ninguno”.

 Ahora, dos meses después, Menéndez ya lo conoce. Un nombre de la lista de 705 se ha filtrado. Nada menos que Rato. Y sobre la base de esa filtración se ha asignado a la Fiscalía de Madrid una operación especial con un juez de guardia, una operación que la Fiscalía Anticorrupción se resistió a acometer. Por una razón muy sencilla: consideró prematuro un informe parecido de la ONIF.

  Este contrato por obra para la Fiscalía de Madrid ha quedado en evidencia. Sus dos objetivos: montar un espectáculo perp walk neoyorquino, el paseíllo a que se somete a los perpetradores, después de su arresto, para que los medios de comunicación inmortalicen el acontecimiento; y, acto seguido, filtrar el contenido de la denuncia de la ONIF.

   Mientras, al imputado in pectore, ni el juez de guardia ni al que le ha tocado la causa por reparto le han visto la cara. Y ya no se la verán. Porque el juez Serrano se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Una operación limpia.

 Por otra parte, la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, según habíamos avanzado, ha dado la instrucción del `caso Rato´a la Fiscalía Anticorrupción.

 La división del trabajo entre Hacienda y Economía, de quien dependen la ONIF y el Sepblac, respectivamente, se ha cumplido a rajatabla tal como anticipó Menéndez. Pero cada uno por su lado y mirándose con recelo.

  El ministro Montoro se ha comportado como solía hacerlo el inspector Jacques Clouseau de la Sûreté francesa en la saga de La Pantera Rosa, cuyo inmenso ego y excentricidad daban la impronta: todas sus investigaciones se hacían con un desorden entre desopilante y caótico para exasperación de su superior, el inspector jefe Dreyfus, a quien se le atraviesan los ojos y termina en un hospicio para homicidas psicóticos.    

   El trasiego al que se ha sometido el dossier Rato durante meses -Agencia Tributaria-ONIF-Sepblac-Fiscalía Anticorrupción-Fiscalía de Madrid- entrañaba el riesgo potencial de que los detalles del informe elaborado le explotaran en la mano al mismísimo Montoro-Clouseau. Un recurso de última hora de control de daños puede ser una de las hipótesis más razonables para interpretar lo que ha ocurrido.

   De perdidos al río.

 

Los paseíllos de Rato y DSK

 

  

 

 

   

 

  Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, resolverá en las próximas horas sobre la investigación del presunto delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de dinero de Rodrigo Rato. Según fuentes judiciales, será la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de la investigación. Por dos razones: por antecedentes y por la relación entre los presuntos delitos de alzamiento de bienes con el caso Bankia, donde se le exige una fianza por responsabilidades civiles de 133 millones de euros. 

   Pero al vicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rato ya nadie le quita lo bailao. El paseíllo de Rato, por asi decir, se parece al perp walk de su sucesor en 2007, el entonces director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, en Nueva York, tras su detención por asalto sexual a una camarera en el hotel Sofitel el 16 de mayo de 2011.

   Veamos la cuestión de los antecedentes que plantea la Fiscalía Anticorrupción. La primera que recibió antes que nadie, ya hace algún tiempo, un informe de la Organización Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) sobre el patrimonio de Rato y los movimientos de sus sociedades en el extranjero fue esta fiscalía. Abrió diligencias, pero no consideró que la información fuese suficiente para ir a un juzgado o simplemente conectar esas diligencias con la causa que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, el caso Bankia.

   La ONIF consultó también, más tarde, con la Fiscalía de Madrid.

   Al ver la semana pasada el espectáculo de los registros y la detención de Rato, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, recordó el informe que le había sometido la ONIF. Fuentes consultadas señalan que el fiscal jefe calificó en privado la operación como "política". A continuación decidió exigir la competencia por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción ya estaba sobre el asunto. Por antecedentes, pero no solo por ellos.

  También porque uno de los temas planteados por la ONIF se refieren al presunto alzamiento de bienes. Y ello está conectado con la fianza por responsabilidad civil en el caso Bankia.

  Algo que llama la atención en la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, es que la denuncia de la ONIF imputa a Rato dos delitos completamente antagónicos: el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes.

  Mientras el primero consiste en aflorar dinero negro y/o de procedencia ilícita el segundo es la ocultación de bienes o fondos a través de un cambio de titularidad o despatrimonialización. Por tanto, la doble acusación llama, como mínimo, la atención.

   La presentación de la denuncia de la ONIF-Agencia Tributaria en la Fiscalía de Madrid no supone una práctica ilegal. Pero es un ardid, cuenta habida de que la Fiscalía Anticorrupción ya había considerado insuficiente la información aportada con anterioridad como base para judicializar el asunto y solicitar medidas cautelares.

   Por otra parte, la operación de registro y detención -que no retención, figura  inexistente- se hizo con un auto del juez de guardia el pasado jueves. Por tanto se podía llevar a Rato ante el magistrado y tomarle declaración.

   Este punto no es baladí.

  Ya en el caso de Oleguer Pujol, hijo del expresidente Pujol, se hizo una entrada y registro en su domicilio y oficinas de varios puntos del país, y se le detuvo durante unas horas, con un despliegue parecido, perros incluidos, el 23 de octubre de 2014. Y seis meses después, el juez Santiago Pedraz no le ha citado para tomarle declaración. Tanto la Constitución, como la ley de Enjuiciamiento Criminal y los pronunciamientos sistemáticos del Tribunal Constitucional son elocuentes: la persona a la que se imputa un delito debe ser oída lo más rápido posible por un un juez.

  La ONIF/Agencia Tributaria ha conseguido las medidas cautelares a caballo de una filtración en la que se sostenía que Rato era una de las 705 personas investigadas por el Sepblac (Servicio de Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

   Con independencia de lo que las fuentes filtradoras buscaban es lo cierto que la misma sirvió para descerrajar la operación, acelerarando la petición de medidas cautelares.

   A esa filtración, además, han seguido otras, como la de extractos del informe presentado por la ONIF a la Fiscalía de Madrid para acometer la operación de entrada, registro y detención.

   Una cosa es el acierto y derecho de los medios de comunicación a la hora de anticiparse y publicar esas informaciones.

   Pero otra cuestión es la política de filtración de las instituciones.

  La instrucción de esta causa, mejor dicho, el duelo ONIF-Rato, se está haciendo en los medios de comunicación. Eso antes de que un juez haya llamado a declarar al presunto imputado. Porque hasta el momento Rato es imputado in pectore. Ningún juez le ha visto el rostro ni explicado todavía los cargos.

  La investigación, al provenir de un cuerpo del Gobierno/Administración, cual es la Agencia Tributaria, cuenta con el conocimiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fue su director, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien anunció en la comisión de Hacienda del Congreso el 17 de febrero pasado que se consultaría con la ONIF la situación de 705 declarantes en la amnistía/reularización y se enviaría la lista al Sepblac para contrastar la existencia de posible blanqueo de capitales.

   Fuentes del Ministerio de Economía reconocen en privado que esa decisión de Montoro sobre los 705, que evoca a los negritos de la novela de Agatha Christie, ha sido un error. Ahora quedan 704. De momento.

  Montoro ha mantenido puntualmente informado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la investigación en curso. Lo que no quiere decir que Rajoy conociera anticipadamente la decisión de registrar y detener a Rato. Fuentes solventes aseguran que no lo sabía.

  Esto nos remite al cuadro de situación. El ministro de Hacienda conocía la existencia de una investigación. Su director, el de la Agencia Tributaria, lo sabía. Pero en el trasiego de datos entre la Agencia Tributaria, la ONIF y el Sepblac, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pierde el control sobre uno de los 705: sobre Rato.

   La acción de la ONIF y la triquiñuela de acudir a la Fiscalía de Madrid, puenteando a Anticorrupción, revela que si bien el  Gobierno de Rajoy mantenía el control sobre el dossier Rato, a través de Hacienda, termina finalmente por perderlo, un claro síntoma de descomposición. 

El espectáculo de la justicia

 

 

   

 

  La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato durante el desarrollo de la acción de la policía aduanera es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada. La Agencia Tributaria ha acudido a la Fiscalía de Madrid (en la foto el fiscal Carlos García-Berro, de la Fiscalía Provincial de Madrid) en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, encargada hasta ahora de la investigación de Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional. Pero quien ha llevado la operación por arriba ha sjdo Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es él quien ha estado en contacto con Madrid y con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal .

   El 17 de febrero de 2015, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, declara ante la comisión de Hacienda del Congreso esto: “Estamos empezando por analizar los indicios, en base de la información que tenemos, de que algunos declaradores presentadores de la declaración tributaria especial pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que se contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar. En concreto, tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac”.

   El director daba un paso más: “Asimismo, una vez que se contraste con las actuaciones que se pudieran estar haciendo por el Sepblac o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos que, desde luego está clarísimo —y es de sentido común—, la declaración tributaria especial no ampara”.

   Lo que no dijo Menéndez es que prácticamente la inmensa mayoría de la “población de los 705 contribuyentes” son políticos, altos funcionarios del Estado, familiares directos de estos. Los activos ocultos y aflorados según Hacienda no se justifican con sus ingresos ordinarios.

   Dos meses después ya tenemos los resultados. La Fiscalía Anticorrupción ha sido puenteada y le ha tocado ser fuerza de choque a la Fiscalía de Madrid. Pero, eso sí, se ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el caso Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional, se hará cargo de la investigación después de la entrada y registro del domicilio y de la detención del ex vicepresidente de los gobiernos de Aznar y ex presidente de Bankia. 

    La denuncia de la Agencia Tributaria está relacionada no con la amnistía fiscal de Montoro, a la que se acogió Rato en 2012, sino con movimientos de sus sociedades en España y en el exterior.

    La operación ha sido espectacular. La pregunta es: ¿se justifica? ¿había indicios de fuga?¿qué evidencias sobre posible destrucción de pruebas se han valorado? ¿por qué no llevar el tema fiscal como un delito conexo a los otros delitos por el que se investiga a Rato en la Audiencia Nacional?

    El fiscal que más sabe sobre Rato y Bankia ya no está en la Fiscalía Anticorrupción. Es Alejandro Luzón y es ahora teniente fiscal de la secretaría técnica de la fiscal General del Estado, vamos, del gabinete de Consuelo Madrigal.

    El Gobierno y la Agencia Tributaria han preferido marginar en este golpe al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en la operación puntual, cuenta habida de que el tema de blanqueo es un tema clásico de corrupción. Ciertas críticas ha pululado contra Salinas y contra el juez Fernando Andreu por su excesiva templanza en la instrucción del caso Bankia.

   El Gobierno de Rajoy intenta ponerse la medalla de la lucha contra la corrupción. Cuando el presidente del Gobierno se refiere a la corrupción subraya que en España la justicia funciona y no duda en apropiarse de las actuaciones de policías y jueces.

    ¿Es el de Rodrigo Rato, el que fuera el pretendido Rey Midas de la economía española y el símbolo del presunto poderío de España en el mundo con su nombramiento, en 2004, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), un caso en el que Rajoy pretende lucir la medalla haciendo tronar el escarmiento con uno de los nuestros?

   El pasado 23 de octubre, el juez Pedraz ordenó la entrada y registro, a petición de la Fiscalía, en el domicilio y oficinas en varios puntos de España de Oleguer Pujol. Los policías acompañados de perros detuvieron durante unas horas al hijo del ex presidente Pujol. Es el día de hoy, seis meses después, que Oleguer Pujol no ha sido llamado a prestar declaración ante el juez.

   ¿Espectáculo de la justicia o justicia de espectáculo? 

Aguallo, los Albertos y Juan Carlos I

   

 

 

   El magistrado Angel Aguallo elaboró el informe, en calidad de letrado del Tribunal Constitucional, que sirvió de borrador a la sentencia que el 20 de febrero de 2008 libró de la pena de tres años y cuatro meses de prisión, impuesta por el Tribunal Supremo, a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a través de una reinterpretación de la doctrina vigente sobre la prescripción.

   Aguallo, que pasó más tarde a ser magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, la contencioso-administrativa, participaba por aquellas fechas junto con Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos, en un comité de gestión de Pernod Ricard España, filial de la multinacional productora y distribuidora de bebidas alcohólicas, vinos y espirituosos. Urdangarín ya había abandonado sus negocios con el Instituto Nóos.

   Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, ex socio de Urdangarín, ha propuesto en su escrito de defensa a Aguallo y a otro miembro del citado comité, el fiscalista Francisco Ortiz, como testigos en el juicio oral del caso Nóos. Torres quiere probar que las facturas que presentó para cobrar por un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) para Pernod Ricard son veraces. La Agencia Tributaria dice que son falsas.

   Diversos correos cruzados entre Urdangarín y Aguallo, registrados en sus cuentas del Constitucional y del Supremo, atestiguan numerosas reuniones a lo largo de meses para evaluar el proyecto de RSC.

   Mientras esto ocurría en Pernod Ricard, el letrado Aguallo preparaba en el Constitucional, en febrero de 2008, un informe para la sentencia en el caso de los Albertos. El letrado, que es experto en fiscalidad mas no en derecho penal, escribía el borrador de la sentencia para que, a su vez, el ponente, el magistrado Pascual Sala, especializado en contencioso-administrativo, hiciera su exposición y redactara la sentencia.

   Todo empieza el 25 de enero de 2001. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por María Luisa Aparicio, Ana María Ferrer y José Antonio Alonso, confirma la estafa, pero absuelve a los empresarios. Considera prescrito el delito. Ambos engañaron en 1987 a sus socios en la negociación de la venta del conjunto de Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en la madrileña Plaza de Castilla. A los socios minoritarios de Urbanor se les ofreció una suscripción preferente sobre los solares a un precio de 150.000 pesetas metro cuadrado. Pero Cortina y Alcocer habían pactado previamente con los vendedores un precio de 231.000 pesetas.

   ¿Cuál es, entonces, el problema? El 6 de enero de 2003, un día antes de finalizar el plazo legal para la prescripción, se presenta una querella por falsedad y estafa contra los dos primos con defectos a subsanar. Ello no resta validez, según la jurisprudencia del Supremo, a la interrupción del plazo de prescripción. Sin embargo, la Audiencia Provincial absuelve a los empresarios por esa razón.

  Los afectados y la Fiscalía recurren. El Tribunal Supremo falla a favor de los recursos y restituye la doctrina vigente: una querella cumple el requisito de la ley cual es “dirigir el procedimiento contra el culpable” e interrumpe los plazos de prescripción del delito.

    Los empresarios son condenados el 14 de marzo de 2003 a tres años y cuatro meses de prisión cada uno. Piden indulto al Gobierno y amparo al Constitucional. El TC admite a trámite el recurso en julio; los primos se salvan de la prisión.

      Y cuando toca mover baza al Constitucional entra en escena Aguallo. En paralelo, los días 20 y 21 de febrero se concreta una comida-reunión donde Aguallo, Urdangarín, Ortíz, y el presidente y director general de Pernod Ricard España, Philippe Coutin, escucharán a Diego Torres.

   El 25 de febrero, en la sobremesa que mantienen en el restaurante Gaztelupe, según fuentes consultadas, Aguallo exhibe su euforia por la sentencia y, ufano, dice que está muy contento porque esa noche ha sido invitado a una cena para celebrarlo con “el señor”, en referencia al rey Juan Carlos. Aguallo hacía gala de su estrecha relación con el monarca, quien, por otro lado,  mantiene una larga amistad con los empresarios Cortina y Alcocer.

    Tres semanas después de la sentencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba, el 12 de marzo de 2008, el acuerdo para “nombrar para esta plaza [sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo] a D. Angel Aguallo Avilés, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Córdoba, y Letrado del Tribunal Constitucional”.

   Fuentes jurídicas señalaron ya entonces que el nombramiento fue precipitado a última hora, desplazando a otro jurista con cualificaciones mayores, reflejo de los lazos que unían a Aguallo con el rey Juan Carlos. El magistrado que pierde será pocos meses después, por sus propios méritos, nombrado para la sala tercera del Tribunal Supremo.

   La sentencia del 20 de febrero de 2008 provoca un terremoto en las instituciones judiciales. A los susurros sobre el vínculo de Aguallo con el Rey, se une la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de presentar batalla. Una reunión plenaria adopta el 26 de febrero un acuerdo. Se acusa al Constitucional de “vaciar de contenido” el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria entrando en terreno del Supremo.

    Los magistrados de la Sala Segunda explican que para determinar si un delito ha prescrito se debe tomar como referencia la fecha en la que es interpuesta una denuncia o querella, no el momento en que un juez la admite a trámite.

   El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, es quien marca el ritmo. En rueda de prensa, explica que discrepa “total, radical y profundamente con la sentencia del Constitucional”, advierte que los empresarios “se quedarán con el dinero”, 50 millones de euros, y concluye que la resolución “no es la más adecuada para defender a las víctimas”.

   El pleno del TC reacciona con una carta dirigida al Gobierno de Zapatero en la que comunica su rechazo e irritación por la comparecencia del fiscal general del Estado y pide medidas.

   La sentencia salva a los Albertos de ir a prisión. Pero el Gobierno reforma el Código Penal en 2010. La presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, como quería el Tribunal Supremo, pero se le pone al juez un plazo de seis meses para resolver si la admite a trámite.

   Ni con la doctrina vigente en 2001 ni con esta nueva norma, coinciden juristas consultados, la sección séptima de la Audiencia de Madrid -formada, entre otros, por magistrados del perfil de José Antonio Alonso, más tarde ministro de los gobiernos de Zapatero, y de Ana María Ferrer, primera mujer que ingresa, en 2014, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- podría haber absuelto por prescripción a Alcocer y a Cortina.

    El magistrado Aguallo, respecto de quien el CGPJ ha solicitado informes por sus vínculos con la empresa Pernod Ricard –incompatibles con el ejercicio de la magistratura- sufre desde hace ya cierto tiempo las secuelas de una enfermedad que afecta su movilidad y el habla, lo que ha motivado bajas reiteradas en su actividad.

Ponente y disidente, siete años después

   Pascual Sala recuerda que la decisión adoptada en 2008 fue “muy polémica, según dijo a éste periódico el expresidente del Tribunal Constitucional.

   “Yo introduje modificaciones en el informe del letrado, que, por lo que recuerdo, solía escribir textos muy largos. Tengo que decir que no le conocía especialmente. Pero, sí, fue un asunto que se discutió mucho”, señaló a preguntas de éste diario.

   El único voto particular el 20 de febrero de 2008 fue el del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional.

   “Me quedé solo. Ya había presentado voto particular en 2005 cuando se introdujeron cambios en el tema de la prescripción. Supuso entrar a legislar en una materia que, según habíamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posición de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, además, beneficiaba a los más sinvergüenzas”.

   Tanto Sala como Rodríguez Arribas no ocultan su sorpresa por los trabajos que pudo realizar el magistrado Aguallo en la empresa Pernod Ricard, según han leído en los medios de comunicación.

 

Un reino `medieval´

               
 

 

   La buena noticia es que con la presentación de los escritos de defensa ya estamos más cerca del juicio oral, uno de los grandes espectáculos mediáticos internacionales cuya fecha de celebración probable se puede anotar para comienzos de 2016.

 La propuesta de citar a 689 testigos por parte de la defensa de Diego Torres es la representación simbólica, u onírica, si se quiere, de ese espectáculo. Ni aquí ni en ningún otro país sería posible. Y la reducción radical de ese número que seguramente resolverá la Audiencia Provincial de Palma no supondrá limitar el derecho de defensa.

    En su escrito, el abogado Manuel González Peeters hace un esfuerzo titánico para justificar la citación de tal número de testigos y aporta un material documental que continúa ilustrando lo que ya ha plasmado a lo largo de la instrucción. A saber, que no puede haber actividades presuntamente delictivas cuando todo lo que se hizo estaba visado y supervisado por la Casa de Su Majestad el Rey. En otros términos, se escuda en la Corona.

   El material que aporta, sobre todo correos electrónicos, muchos de ellos inéditos, indica, ciertamente, que el conocimiento de la Casa del Rey acerca de los movimientos de Iñaki Urdangarín era puntual, y que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que encabeza el palmarés entre los destinatarios, era una especie de comisario político que seguía los detalles más nimios.

   Los personajes se mueven a sus anchas en un reino medieval entre influencias y posesiones. Y esto nos remite al problema central y es, para utilizar una expresión bíblica que viene al caso, el pecado original de todo el tinglado.

   El pecado es éste: desde el punto de partida todo el proyecto de Iñaki Urdangarín solo podía asumir las características que finalmente tuvo. Una empresa de relaciones públicas donde el valor añadido que él aportaba era el de ser consorte de la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos.

    Urdangarín era, al desposar a la infanta, un jugador de balonmano de clase media acomodada. No era ni un hombre de negocios ni tenía fortuna. Carecía de patrimonio para garantizar a la infanta una vida de princesa.

     El rey Juan Carlos, sin embargo, no quería renunciar al deseo de que su hija llevara una vida de princesa y si para conseguirlo había que colaborar con su yerno pues manos a la obra.

    Los correos electrónicos arrojan luz sobre el destino inevitable de la empresa de relaciones públicas, por no decir tráfico de influencias, que montó Urdangarín. Y sobre la mano que le echó el rey Juan Carlos.

    Un correo de fecha 10 de septiembre de 2004, tras una conversación telefónica, deja constancia de ello. Allí, Urdangarín le pide ayuda al rey para hacer gestiones ante algunas personalidades como Bernie Ecclestone, Ernesto Bertarelli, Joseph Blatter, Jacques Rogge.

  Y sobre todo ante Bernard Arnault, propietario del grupo francés de artículos de lujo LVMH, para que participe como patrocinador del Valencia Summit los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004.

    “Quizá con un impulso del Señor, el tiempo no correría tanto y el Sr. Arnaud [sic] decide con rapidez…Si le parece oportuno el tema, quedo a la espera de sus comentarios y plan de acción”.

     Esa mediación tuvo lugar.

    El Rey habló con Joseph Blatter de la FIFA y esté envió a Fedor Radmann; con Bertarelli de la America's Cup, quien despachó al director del su equipo, Patrick Magyar, y a su Director de Relaciones Institucionales, David Gallego. Otro tanto ocurrió con Jacques Rogge del Comité Olímpico Internacional (COI), quien acordó con Juan A. Samaranch que fuese él quien asistiera, y con Ecclestone de Fórmula 1, quien no pudo asistir. Finalmente, el Rey habló con Arnault, quien después de analizar la propuesta de patrocinio decidió aceptar y envió como representantes a su directora de marketing Christine Belanger y a Jaime de Marichalar.

    Bien.

   Vayamos a la propuesta de testigos.

  La defensa de Torres propone, por ejemplo, la declaración del rey Felipe VI, de Juan Carlos I y de Doña Sofía.

  El Rey goza de inviolabilidad. Y los testigos tienen obligación de decir verdad bajo advertencia de que pueden cometer delito de falso testimonio si no lo hacen. Por eso, según el artículo 411 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino quedan exentos de prestar declaración. 

    Pero el artículo 412.2 establece que "los otros miembros de la familia real estarán exentos también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito".

   Por tanto, las declaraciones testificales de Juan Carlos I y de Doña Sofía, los "otros miembros de la familia real", para utilizar la definición de la ley, no parecen estar por encima del juicio oral.

    

Esto es lo que hay...¿y lo que habrá?

       

         

 

 

        

 

 

  El equipo redactor de las ocho páginas del discurso de Rajoy ha usado veintiocho veces, en conjunto, el adjetivo/adverbio mejor y el verbo mejorar.

  Y aquí está todo. Lo que hay y lo que habrá, aunque ello va a depender de los resultados de las autonómicas y municipales del 24-M.

   Este equipo ha cogido la idea con la que termina Ronald Reagan su debate del 28 de octubre de 1980 con Jimmy Carter en televisión. Sí. La famosa pregunta: “¿Are you better off than you were 4 years ago?” (¿Está usted mejor de lo que estaba hace 4 años?)

   ¿Es una comparación exagerada? No. Porque es casi una copia.

    Rajoy se pregunta: “¿Está España mejor o peor que en el año 2012? ¿Los españoles tienen más confianza en el futuro ahora o en 2012? ¿El resto del mundo nos ve mejor ahora o nos veía mejor en 2012? ¿Hacia dónde debe ir el rumbo? ¿Hacia el pasado, que nos trajo la situación que hemos tenido que superar; hacia ninguna parte; o hay que mantener la política de reformas que está funcionando? ¿Se puede dejar esto en manos de quienes destruyeron la economía española para varios años y nos generaron la situación que hemos pasado o en manos de quienes no han gobernado nunca?”.

     Esto es un ensayo general de lo que aspira a ser el guión de Rajoy en el debate de noviembre de 2015.

     Todavía no se atreve a preguntar: ¿Está usted mejor que en 2011? Porque ahora mismo los datos son los que son.

    En paro registrado, Rajoy está 29.000 personas por encima de los 4.422.359 personas anotadas a 31 de diciembre de 2011; la tasa de paro EPA del cuarto trimestre de 2014 está 184.100 personas por encima de la del último trimestre 2011; los afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 16.832.801, es decir, 397.121 personas menos que los 17.229.922 de entonces. En materia de prestación por desempleo, la tasa de cobertura, en el 55,7%, ha caído a su nivel más bajo desde 2001. Y dejemos la deuda pública y la deuda exterior.

    Pero no impacientarse. Esa pregunta más personal se hará en su momento. 

    El doble presidente, del PP y del Gobierno, se apunta todo. Elogia a los barones autonómicos porque “no es tan fácil gobernar cuando no hay un euro”, la “España que nos dejaron en 2011 en muchas CC.AA…”.

   ¿Y no es más cierto que las comunidades donde se disparó el déficit en 2011 eran precisamente las de los presidente a las que Rajoy ha dado las gracias? ¿Y no ocurrió, incluso, que sobre esa desviación  contabilizada inicialmente tuvo lugar otra confirmada más tarde?

  http://politica.elpais.com/politica/2012/05/18/actualidad/1337372031_521155.html  

  Y en materia de corrupción, palabra que el presidente ha pronunciado una sola vez,  para decir que el PP está tan escandalizado como quienes les recriminan por ello, también se apunta la medalla por actuar “con más rigor que nadie” y por lo que hace la “Policía, Guardia Civil, Fiscalía y jueces”.

    Rajoy esta vez ha perfeccionado el plasma. Ha anticipado un resumen del mensaje por audio, en una entrevista en RNE el pasado lunes.

     Su agradecimiento a Cospedal sonó más como una disculpa (“ha tenido que lidiar situaciones complejas y muy difíciles, como todos sabéis”) ante un rostro sombrío de Javier Arenas.

     Su mensaje central: no enredarse, no distraerse.

    Solo le faltó poner un puesto a la salida con anteojeras como las que se ponen a los caballos para que los dirigentes se las lleven y las usen para aumentar su capacidad de concentración.

     http://blogs.elpais.com/analitica/2015/04/las-orejeras-del-presidente.html

 

Las orejeras del presidente

 

 

 

  Mariano Rajoy, timonel previsible, está decidido a mantener el curso. No cree que las “discrepancias”  en el seno del Partido Popular, que haberlas, como las meigas, haylas, deberían llevar a hacer cambios. Rajoy, en este punto, es más aznarista de lo que se cree.

  ¿De quién si no de Aznar es aquella metáfora de la lluvia fina enunciada en su primera legislatura, para definir la necesidad de una acción templada, lenta y moderada, que diría José María Marco?

   Problema: que, a diferencia de la época de Aznar, tiene Rajoy el partido hecho uno zorros. El fuego cruzado entre María Dolores de Cospedal y Javier Arenas no es único. El guirigay montado en Madrid cuando Rajoy bajó el pulgar para cargarse a Ignacio González y lo subió para nombrar a Esperanza Aguirre ha sido todavía más espectacular.

    Cuando hablas con algunos miembros de la dirección del partido en privado es como si asistieses a una sesión de terapia. No entienden cómo han llegado a esta situación con una recuperación macroeconómica que ha convertido a España en la darling de la Troika, perdón, de “las instituciones”, como se llama ahora a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Pero Rajoy sí lo entiende. Cree que llegará un momento, antes de las elecciones generales de finales de 2015, en el que los ciudadanos también terminarán por querer a su política económica como pasa en el exterior.

    Los caballos tienen ojos muy grandes y su vista es poderosa, hacia el frente y a los costados, mucho más que la de los humanos. Su concentración requiere, pues, el uso de anteojeras u orejeras, según se prefiera, para evitar a los insectos o neutralizar la intromisión de sonidos.

  Es lo que sugiere Rajoy para el Partido Popular. Sus dirigentes deberían llevar estas anteojeras y mantener el curso. La lluvia fina de la recuperación económica hará el resto.

  Esta lluvia fina está emparentada con la célebre idea del efecto filtración o trickle-down effect con que se identifica a las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thtacher, a saber, que si los ricos ganan más, para lo cual hay que diseñar políticas en ese sentido, ello terminará favoreciendo a los más necesitados. El economista John Kenneth Galbraith bautizó esta lluvia fina como la teoría del caballo y del gorrión. Si das suficiente granos de avena al caballo, algunos de ellos se filtrarán y alimentarán al gorrión.

    La recuperación económica española es una realidad. Las dos recesiones, que pueden ser perfectamente definidas como una Gran Depresión, han quedado atrás, pero la economía ni ha recuperado toda la producción perdida, ni las cosas volverán a ser lo que aparentemente fueron. Porque las recetas aplicadas han cambiado radicalmente el paisaje. No es que la recuperación todavía no llega a “muchos” sectores de la población. La pregunta es otra más dramática: ¿llegará alguna vez?

    Más de tres años y cuatro meses después, Rajoy sigue, a 31 de marzo de 2015, con un número de parados en el INEM por encima de los que heredó de Zapatero (4.451.939 personas contra 4.442.359), mientras que por el lado del empleo los afiliados a la Seguridad Social, a 31 de marzo, se sitúan en 16.832.801, contra 17.229.922 a 31 de diciembre de 2011.  

   La reforma laboral ha tenido los efectos que buscaba. La precarización, la reducción de los salarios y el incremento de la pobreza han sido consagrados; no son efectos colaterales. 

   Pero si el mercado ha funcionado, por así decir, aumentando las desigualdades preexistentes, lo que lleva a sus verdaderos promotores, la Comisión Europea entre ellos, a sorprenderse, los recortes del Estado de bienestar han completado la faena. Baste echar una ojeada a los datos de protección por desempleo. La tasa de cobertura ha caído al 55,7%, su nivel más bajo desde octubre de 2001, según los datos del Ministerio de Empleo. El número de beneficiarios de algún tipo de prestación se situó en febrero en 2.372.615 personas. Es una disminución del 13,7% con respecto al mismo mes de 2014. Si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados sin ninguna protección es bastante mayor.

   Y no es un problema de cantidad. Es decir, si la tasa de crecimiento es del 2,5% o del 3%, como parece sospechar Rajoy o le explican sus asesores, devotos creyentes del trickle-down effect. Porque la traducción de esos guarismos en términos sociales ya no es lo que era.

  Aún así, esta situación no opera en el vacío. Porque al mismo tiempo, el PP ha estado y sigue estando en el centro de la corrupción. Pero, sobre todo, los ciudadanos perciben que el PP vive en un inquebrantable estado de negación.

   La fórmula incremento de las desigualdades + corrupción + estado de negación es lo que está pasando y… seguirá pasando factura.