Víctor cumple 100 años

 

                     

 

 

     Existe algo tan inevitablemente poderoso como la muerte. ¡Es la vida! Ch. Chaplin, Candilejas, 1952   

   En diciembre de 2013, el periodista de CNN Chile Tomás Mosciatti, al terminar su entrevista de una hora con Víctor Pey Casado, pregunta:

—Usted ha vivido mucho. ¿Es agnóstico, ateo, cree en algo?

—Claro, naturalmente, usted me está diciendo que me queda poco…, ja, ja, ja. Asumo que queda poco. Soy agnóstico, libre pensador diría…

   Hoy, año y medio más tarde, Víctor Pey cumple 100 años. Nacía el 31 de agosto de 1915 en Madrid de padre catalán, ampurdanés para más señas, y madre vallisoletana; y tras cumplir los dos años vivió en Barcelona. Recuerda que su último domicilio estuvo en la Esquerra de l’Eixample, en la calle de Comte d’Urgell, 153, sexta planta, número 2, esquina con Provença.

   El Rectorado de la  Universidad de Chile, mira por dónde, se apresta a rendir el martes 1 de septiembre un homenaje a Víctor Pey en el centenario de su nacimiento en el que le ofrendará con la medalla de los Derechos Humanos. Su rector pronunciará ¿Quién es este personaje de novela que huyó de Barcelona un 25 de enero de 1939, pasó por el campo de concentración de Perpiñán y se embarcó con su familia en el vapor Winnipeg en Marsella rumbo a Valparaíso, tras ser puesto en la lista discrecional del cónsul chileno en París el poeta Pablo Neruda?

  Ingeniero industrial como su hermano, Pey trabajó para la Generalitat de Cataluña durante la guerra civil española. Marcha con la columna del anarquista Buenaventura Durruti al frente de Huesca, pero a los pocos días es convocado a Barcelona.

   “Josep Tarradellas, consejero de Hacienda nombrado por el president Lluis Companys, sabe que en la fábrica La Hispano Suiza se blindan camiones con planchas de acero. Tarradellas confía en el líder de los trabajadores del metal Eugenio Vallejo Isla. A mí me nombran asesor técnico de la Comisión de Industrias de Guerra de Cataluña”, recuerda Pey.

   Se dedica, sobre todo, a reorientar la utilización de los tornos mecánicos, las fresadoras, prensas de embutir y rectificadoras de las fábricas metalúrgicas para fabricar armas ligeras y municiones. “No solo para el frente catalán. Para toda España”.

   El 25 de enero de 1939, ante la proximidad de la caída de Barcelona, ya no regresan él y su hermano de una gira por la provincia. Cruzan los Pirineos y caen prisioneros. Los trasladan a un campo de prisioneros en Perpiñán. “Allí nos reunimos con mi madre y mi hermana. Ambas pertenecen a la masonería. Y la masonería francesa nos ayuda a escapar. Me marcho a París sin papeles y consigo un trabajo nocturno en la oficina del Gobierno Republicano en el exilio. Leo que Neruda ha sido nombrado cónsul especial para la inmigración española por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Viene a Francia con la  misión de fletar un vapor para trasladar a más de 2.000 refugiados españoles. Pido una entrevista. Me recibe. Se muestra frío, distante. Pero en su libreta subraya una cosa: dos ingenieros españoles”, evoca Pey.

  Y el poeta decide incluirlos en su "cupo" personal, aparte de las cuotas de los partidos políticos.

  Pey crea con su hermano una empresa de ingeniería y tiene éxito en la construcción de edificios y puertos. Conoce a Salvador Allende, líder del partido socialista. Y pronto tendrá ocasión de devolver a Neruda el gesto de incluirle en el Winnipeg.  Cobijar al poeta perseguido en su tierra y a su hormiguita —su esposa la grabadora argentina Delia del Carril— en el apartamento que posee en Santiago. Y organiza, tras unos dos meses, su salida de Chile.

  Compra el diario de mayor tirada de Chile, Clarín, respalda el proyecto de Allende, nuevo presidente de Chile, y le acompaña hasta las últimas horas en el palacio de la Moneda. El 11 de septiembre de 1973 Pey revive el 18 de julio de 1936 en España. Vuelve a salvarse, esta vez gracias a los embajadores de España, Enrique Pérez-Hernández, y Orlando Tovar, de Venezuela, en Santiago.

   Un día de octubre de 1998, Pey vuelve a leer una noticia que atrapa su atención, esta vez en el periódico El Mercurio. El general Pinochet ha cogido un vuelo de LAN Chile a Londres vía Francfort. Envía un correo al abogado Joan Garcés en Madrid, que dirige la acusación popular en la investigación de los desaparecidos bajo la operación Cóndor.  El abogado, que había sido asesor de Allende en el palacio de la Moneda hasta la última hora, lo pone en conocimiento del juez Baltasar Garzón; el juez solicita su arresto para extradición el 16 de octubre de 1998. Lo que parece un sueño se convierte en realidad.

  El último combate de Pey está aún en curso. Ha logrado que el Banco Mundial le reconozca como propietario del diario Clarín confiscado por Pinochet. Pero los Gobiernos de la Concertación no han querido acatar el laudo. Desde 2013, un tribunal estudia el monto de la indemnización, estimado en 100 millones de dólares. Ha legado el 90% del patrimonio de Clarín a la Fundación Salvador Allende, registrada en España.

  Pey habla catalán y recuerda la Cataluña de los años treinta, a la que volvió a ver en 1975. No es nacionalista. Y piensa en voz alta: “La gente está irritada por la crisis y la política de un Gobierno de derecha que mira hacia otro lado. Y muchos ven en la independencia el atajo para terminar con ese Gobierno. Es una ilusión. No creo yo que esa ilusión pueda resolver los problemas reales que aquejan a los ciudadanos”

Pey sueña

"Sí, sueño con frecuencia. Si estoy dormido sobre el lado izquierdo, sueño pesadillas. Frecuentemente ocurre que estoy lejos de mi casa, intentando ir a mi cochecito pero no sé dónde lo he dejado; o no puedo encontrar un teléfono para llamar a mi hija Coral.  En casi en todos mis sueños aparecen mis hermanos, mis hijas. 

 La idea de volver a publicar Clarín la veo como algo a alcanzar, temiendo siempre no llegar a ello.  Veo como lo más probable, casi seguro, que Clarín digital, www.elclarin.cl, lo continúe Coral, apoyada por el  periodista que me secunda, Paul Walder. Fue ella, Coral, quien lo conocía y me lo recomendó.

 En esta época desaparecen periódicos de papel pero no creo que esta tendencia general lleve a la  extinción de la prensa escrita. Me parece que durante muchos años, todavía, habrá gente que lea su diario de papel preferido y lea libros impresos de actualidad, históricos y novelas. Es cierto que los jóvenes prefieren lo digital. Los jóvenes y los que no lo son tanto. Pero no veo a hombres y mujeres adultos, sobre 30 o 40 años, con un tablet o celular, permanentemente pulsando teclas.

  Día a día hay una novedad, un adelanto en lo digital. Ahora, se “digitalizan” letras para formar palabras que integren una idea. En los próximos avances, acaso sea el pensamiento, el que conduzca la acción.

  No, no me manejo bien con lo digital. Llegué tarde. Hago lo elemental. Lo hago fácilmente, pero me cuesta aprender. Es cierto que no me empeño mucho en lograrlo. Como con lo que sé me arreglo bastante bien, no siento la necesidad de aprender más. Veo a Coral y a mi nieta Lara que se manejan mucho mejor que yo. Ellas siguen cursos y – lo fundamental – tienen y tenían menos años que yo.

  Es posible que tanto Catalunya como España me susciten añoranzas, alguna forma de las tantas que con que se presenta la añoranza. En todo caso, ahí, sobre todo en Barcelona, viví la adolescencia, las primeras angustias, los primeros amores.

 No me gustó nada Chile cuando llegué. Pero Chile significaba quizás algo más que la vida: la libertad, la posibilidad de un mañana. Poco a poco, me fui adaptando a Chile y a los chilenos. Sobre todo a las chilenas, por las que desde el principio sentí mucha atracción. Atracción física y atracción sentimental, atracción intelectual.

 América Latina es un conjunto muy variado de naciones, sin denominador común. Buenos Aires, para mí, se lleva las palmas. 

 Ya no volvería a vivir en España. Tengo, es claro, los síntomas de desarraigo. El aroma español en el que viví, que ya no existe, me alienta, alimenta mis añoranzas, pero no mis realidades.

 El golpe de Estado de Pinochet, cómo no, me hizo rememorar el horror de la Guerra Civil española. Muchas veces Allende me preguntó si veía en Chile síntomas similares a los españoles en los días previos al estallido. Alguien le había dicho que él era el Indalecio Prieto de España y Carlos Altamirano el Largo Caballero. Pero esos símiles no reflejan las realidades española y chilena".

   Pey tiene dos hijas, Coral y Natalie, tres nietas, un biznieto y una biznieta.

 

 

 

Política y delito

                           

 

    Poco después de que la Guardia Civil empezara esta mañana su operación de entrada y registro en la Fundación CatDem, de Convergencia Democrática de Cataluña, al vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, le ha faltado tiempo para entrar en el ruedo político preelectoral. Ha preguntado Casado al presidente de la Generalitat y número cuatro de la lista de Junts pel Sí, Artur Mas, si es capaz de "mirar a los ojos a sus ciudadanos sin reconocer que quien robaba a Cataluña eran los gobiernos nacionalistas de Convergencia".

    Y ha ido más lejos. Casado ha exigido a Mas que "explique exactamente si es verdad que hubo comisiones del 3%" y le ha echado en cara "de cometer, por tercera vez en cinco años, la irresponsabilidad de llevar a los catalanes a las urnas". Casado denunció "una lista que es una especie de engendro, en la que no se sabe si el cuatro [Mas] va a ser el que la encabeza o el uno es el que la quiere liderar o es el cinco el que en el fondo manda". En todo caso, señaló que las del 27-S "son unas elecciones en las que quieren dividir a la sociedad catalana".

   La explotación política, la fusión entre política y delito, a dos semanas del 11 de septiembre, fecha de la Diada y del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S, pues, fue instantánea. Desde CDC y de la Generalitat, a su vez, se ha denunciado la operación como un "espectáculo mediático" cuyo objetivo es perjudicar al partido en las próximas elecciones.

  El cruce de diatribas se desarrollaba mientras la Guardia Civil continuaba la operación con una entrada en la sede de Convergencia, en la calle Córcega, para registrar el despacho de Andreu Viloca, tesorero de la citada fundación, y en cuatro ayuntamientos: Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar. Al tiempo, se registraba el domicilio de Daniel Osácar, extesorero de Convergencia, y se intervenían en la sede del partido sus correos electrónicos. Osácar ya está acusado en el caso Palau. La Fiscalía Anticorrupción pide para el extesorero 6 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y falsedad y un año y medio por tráfico de influencias

   La operación ha sido realizada por la Guardia Civil como parte de la investigación que lleva adelante el juzgado de primera instancia e  instrucción número 1 de El Vendrell, Tarragona.

    La información disponible vincula estas entradas y registros, en busca, en ciertos casos, de contratos identificados previamente, a la línea de investigación iniciada en junio de 2014 sobre una operación en la alcaldía de Torredembarra, en Tarragona, y más recientemente, con la detención el pasado 23 de julio de Jordi Sumarroca, exconsejero delegado de la empresa Teyco. En un registro en el domicilio de Sumarroca la Guardia Civil pudo intervenir una serie de notas manuscritas en las que se apuntaría el pago de comisiones del 3% al parecer relacionadas con obras públicas.

   El 3% que en el Parlament el entonces president Pasqual Maragall denunciara en 2005, echándose atrás en pocos minutos tras la respuesta de Mas.

   Ha pasado desde dicho hallazgo de las notas algo menos de un mes. Por tanto, a priori, parece un periodo razonable para hacer averiguaciones y ampliar la investigación, si fuese necesario, con nuevos registros. Fuentes de la Guardia Civil señalan que, en efecto, es lo que ha ocurrido después de contrastar datos del registro en el domicilio de Sumarroca.

   Bien.

   Pero el hecho de que esta operación tenga lugar en el umbral de la campaña de las elecciones autonómicas ha proyectado un contenido político inevitable.

    ¿Inevitable?

    Sí. Porque ya en 2010 y 2012, cuando se aproximaban las elecciones autonómicas celebradas el 28 y 25 de noviembre, respectivamente, los temas penales adquirían el protagonismo.

    Sobre todo, el gran despliegue tuvo lugar en 2012 cuando la deriva soberanista ya era más patente. El 29 de octubre de aquel año, dos superpolicías se desplazan a Barcelona. Son el responsable de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, y el ex responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) y director en aquellos días del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera.

  Ambos citan a los dos fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo para describir lo que será una nueva una "unidad especializada" en investigaciones de asuntos de corrupción. Con todo, la reunión tiene otro objetivo: nuevas diligencias de investigación del caso Palau. Los dos comisarios aseguran tener información de confidentes y denunciantes anónimos que permitía retomar la investigación del presunto enriquecimiento de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, así como de la financiación ilegal del partido.

  Y proponen, al margen del juzgado de Barcelona y del juez Josep María Pijuán que lleva el caso, el registro del domicilio del tesorero de Convergència, Daniel Osácar, y de la sede del partido nacionalista. Los fiscales ven la información muy endeble y consideran la propuesta como una "operación paralela" o "extrajudicial".

    Veinte días más tarde, la Policía filtra a la prensa un presunto informe de la UDEF cuya existencia los propios responsables de la citada entidad niegan. Dicho documento evoca a los fiscales anticorrupción de Barcelona algunos de los comentarios e indicios apuntados por los comisarios De Blas y Olivera en el encuentro del 29 de octubre. En paralelo, Jorge Moragas, director de gabinete de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, insta en aquellos días, el 20 de noviembre de 2012, a una antigua compañera de colegio, María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol i Soley, a dar una entrevista a algún medio de comunicación para contar actividades presuntamente ilícitas de su antiguo amante.

   Casi tres años después de estos hechos, la Guardia Civil ha registrado la sede de la fundación, el despacho del tesorero de la fundación en la sede de CDC, y el domicilio del tesorero Daniel Osacar.

    Esos objetivos de hace tres años se han materializado ahora a partir de pruebas cuya pista se remonta no a aquellos informes de confidentes -entre ellos el único conocido es el financiero convicto Javier de la Rosa - que invocaban Olivera y De Blas. No. Se trata de la investigación de junio de 2014 en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. Y sobre todo del registro en el domicilio de Sumarroca, el pasado mes de julio.

   Pero tanto la operación extrajudicial propuesta en octubre de 2012 como el borrador de la UDEF y la investigación inútil sobre su origen, así como las gestiones de Moragas, ampliamente publicitadas, junto con el antecedente de las conversaciones entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez, grabadas en julio de 2010, en el restaurante La Camarga, crearon un estado de alarma entre los ciudadanos sobre la existencia de guerras sucias paralelas, ajustes de cuentas y, sobre todo, utilización de los servicios de seguridad para fines políticos desde la cúpula del Ministerio del Interior.

    Que operaciones como la de la Guardia Civil, con autorización judicial, tengan una proyección política en una situación como la actual en Cataluña es algo natural.

     Estas operaciones son conocidas de antemano por el Gobierno.

    Precisamente, tras la incursión de los policías ya citada en Cataluña en octubre y noviembre de 2012, pero por motivos distintos, tuvo lugar un interesante debate en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el 12 de diciembre de 2012.

    La historia arranca de una circular en la que, con fecha 19 de abril de 2012, se decía lo siguiente: "Se recuerda a todas las unidades que por orden del teniente general Director Adjunto Operativo se debe remitir antes de las once horas de cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en explotación la semana siguiente indicando los siguientes extremos: nombre de operación y unidad participantes; concepto de la operación y fecha previsible; número previsible de detenidos e implicados; registro de inmuebles que se prevea practicar; posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros sedes oficiales. Asimismo también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que encontrándose en fase de operación, presenten novedades relevantes. Significándose que el incumplimiento de los referidos plazos y formas establecidos se entenderá, en todo caso, como OMITIDOS". Firmado: el teniente coronel jefe de Operaciones, Francisco J. Sualdea Martín.

     Habida cuenta que esta orden no existía hasta entonces y del hecho de que estamentos de la Guardia Civil expresaron sus críticas a la circular, la diputada Ana Oramas, del grupo mixto, leyó el texto, considerándolo un tema, según dijo, "gravísimo", y preguntó por esta circular.

    Fernández de Mesa dijo: "Las órdenes de las operaciones son las que son y las conoce naturalmente el mando de operaciones, el director adjunto operativo... ¡Claro que las conocen! Las conocen para saber qué operaciones se van a explotar durante la semana. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Cuando se van a enterar? ¿El mismo día que se producen? La cadena de mando tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene establecido para los siguientes episodios que se van a explotar de semana en semana..."

      Bien.

      Está por ver qué indicios y pruebas salen de los registros. Pero llama la atención que Casado no sepa o no recuerde lo que ocurrió un 20 de diciembre de 2013. No hace mucho pues. Durante catorce horas una comisión judicial enviada por el juez Pablo Ruz a la sede del PP en Génova 13, precisamente por el incumplimiento de dicho partido a cumplimentar lo que se le pedía, entró con pagos en negro de las obras de rehabilitación por valor de 800.000 euros, según consta en la contabilidad B o Papeles de Bárcenas, y salió con pruebas para elevar a 1,5 millones esos pagos en B, según consta en los autos de transformación  y de apertura de juicio oral dictados por los jueces Pablo Ruz y José de la Mata, respectivamente. 

   

 

      

  

 

 

El `autorrescate´compartido

 

                  

 

     En su entrevista con Aimar Bretos (en la foto), el nuevo hombre fuerte de la comunicación del Partido Popular dio una interesante visión de la historia de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa tras la victoria del PP en las elecciones del 20-N-2011. Según explicó, cuando llegaron al Gobierno "nos encontramos un memorándum de rescate en los cajones". Pablo Casado se refiere "a la carta del señor Trichet", la misiva que el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dirigieron el 5 de agosto de 2011 al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Allí Trichet fijaba las condiciones para comprar deuda pública española en plena ofensiva especulativa y estampida en los mercados secundarios de deuda de la prima de riesgo (diferencia entre lo que paga España por el bono público a diez años y lo que abona Alemania).

   Casado ha vuelto a repetir la mitología de Montoro y de Rajoy, pero esta vez, sin percatarse, en el fragor de la larga precampaña electoral, ha ido más lejos. La carta de Trichet, según su versión, es el memorándum del rescate.

   Bien.

  La carta de Trichet era la continuación de otras exigencias que ya habían impuesto  el BCE y la Comisión Europea. Sobre todo, el programa de ajuste que llevó Zapatero al Congreso de los Diputados, para sorpresa de su propio partido, el 12 de mayo de 2010. Ese programa consiste en diez medidas. En cabeza la reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y congelación en 2011; reducción en un 15% de los sueldos de los miembros del Gobierno; congelación en 2011 de la revalorización de las pensiones de más de 5 millones de ciudadanos, excluyendo  las contributivas y las mínimas; eliminación del régimen transitorio de la jubilación parcial; eliminación del "cheque bebé" de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011; adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración estandarizada de los tratamientos; reducción de la inversión pública en 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011; resolución en seis meses de las solicitudes para dependencia eliminándose la retroactividad; ahorro de 1.200 millones de euros en CCAA y Ayuntamientos y reducción de la ayuda al desarrollo entre 2010 y 2011 en 600 millones.

    Quedaban pendiente, entre otras, medidas como el cambio de la edad de jubilación, de 65 a 67 años, y la ampliación del plazo del cálculo de la pensión de 15 a 25 años, aprobados más tarde, en 2011, con la oposición del PP.

  En lugar de convocar elecciones, Zapatero abjuró de su programa y aplicó las medidas impuestas. En julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno anticipó las elecciones, tras la derrota de las autonómicas y municipales, al 20 de noviembre de 2011 y confirmó que no sería candidato del PSOE.

   Pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para contener la especulación en los mercados financieros, ya que además de España, el euro como tal atravesaba lo que se llamó una fase de redenominación. Los inversores diferenciaban, por así decir, el euro español, griego e italiano, respecto del euro alemán y del euro de los países del norte de Europa.

     En agosto de 2011, la ofensiva de los mercados se recrudeció. Y entonces Trichet exprimió más a Zapatero, que ya había acometido varias reformas laborales, para que diera un paso adelante con una reforma más radical de las relaciones laborales en España: un cambio en la negociación colectiva, eliminación cláusula indexación salarial, un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido, eliminación prohibición de concatenación de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo, una consolidación fiscal del 0,5% del PIB. Fuera de la carta quedaron otras iniciativas más duras: eliminación sin atenuantes de la indexación salarial, creación de un contrato juvenil sin derechos y la liberalización de horarios comerciales. 

   La entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y Zapatero decidieron aprobar la mayor parte de las medidas exigidas en la carta firmada por Trichet y Fernández Ordoñez.

    Rajoy se enteró en agosto de 2011 de la existencia de dicha carta cuando Zapatero propuso reformar la Constitución para introducir la regla de oro de limitación del déficit, tal como pidieron Merkel y Sarkozy en París días antes. Rajoy apoyó esa reforma pero intentó sacar partido de la carta. Preguntó a Zapatero en el Congreso por ella, sin obtener respuesta.

   Rajoy intentó conseguir el texto, cinco folios, y para ello encargó a su equipo que llamase a sus contactos en el BCE. Un miembro de su equipo, que forma parte del Gobierno, llamó por teléfono a José Manuel González Páramo, miembro del consejo ejecutivo del BCE, y le urgió a aportar una copia del texto. González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA y miembro de su consejo de administración desde 2013, se negó a ello. Fuentes solventes recuerdan que al narrar estos hechos en privado, González Páramo explicó que se vio obligado por la situación violenta creada a colgar el teléfono a un miembro comisionado por Rajoy para persuadirle de que debía entregar copia de la misiva. El PP la obtuvo a través de otra persona. El entonces ministro de Economía en la sombra, Luis de Guindos, es informado del contenido.

    Pero, establecidos los hechos, ahora volvamos a la entrevista de Aimar Bretos a Pablo Casado. Desde luego, la carta de Trichet-Fernández Ordóñez no era un memorándum de rescate como tal. Otra carta parecida -y con la recomendación de reforma de la Constitución, no incluida en la carta a Zapatero- había sido enviada al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el mismo día.

   Pero la versión propagandística de Casado es sugerente.

  Veamos por qué.

  Rajoy, tras su victoria electoral, ¿qué hace?.

  El 30 de noviembre de 2011 cita en la séptima planta de la calle Génova uno a uno a Cándido Méndez, secretario general de UGT; a Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, y a Juan Rosell, presidente de la CEOE.

  Explica que la reforma laboral es el objetivo prioritario del gobierno que se dispone a formar. Enumera punto por punto las medidas que va a introducir. Y dice:

  -Nos piden que cambiemos la indexación salarial. En una carta de Trichet a Zapatero se plantea el tema de los salarios, la reforma de la negociación colectiva para dar primacía a los convenios de empresa, y otras medida. Esa carta no me la ha dado Zapatero. La hemos conseguido por nuestros propios medios. El hecho es que queremos que España esté entre los principales países del euro y para ello es necesario cumplir con el Plan de Estabilidad. Y la reforma laboral es el tema de referencia.

  El jueves 9 de marzo, en la reunión del Eurogrupo, el ministro Luis de Guindos le da la primicia al entonces presidente, Olli Rehn. Se le acerca por detrás y le dice al oído.

   -Mañana vamos a aprobar...la reforma del mercado laboral. Veréis que va a ser extremadamente, extremadamente agresiva.

    Rehn asiente con la cabeza.

    -Usted ya sabe -insiste Guindos. -Va a tener un montón de flexibilidad en la negociación colectiva, reducimos los pagos por indemnización de despido, ya verá, es una modificación real...

      -Okay, eso sería estupendo. Muy bien -dice Rehn.

 

                       

 

    Todo esto nos conduce otra vez a Casado.

    Aunque formalmente la carta de Trichet ni las medidas aprobadas el 12 de mayo de 2010 no sean un memorándum de entendimiento suponen un programa impuesto en el contexto de la crisis del euro de 2010 y 2011.

   Pero si es así, la conclusión es evidente: Zapatero inicia el autorrescate y Rajoy lo consuma a partir de 2012. Ambos coinciden en reivindicar que han salvado a España del rescate. Los dos han asumido  medidas de rescate impuestas por el BCE, la CE y el gobierno de Ángela Merkel, medidas que por tratarse de un país como España, la cuarta economía de la Eurozona, no podían ser idénticas a las de Portugal, Irlanda y Grecia.

   Y ello sin mencionar el rescate bancario a raíz de la pésima gestión gubernamental de la crisis de Bankia que llevó a la crítica pública en mayo de 2012 del presidente del BCE, Mario Draghi.

   La caricatura que ha dibujado Pablo Casado echando toda la culpa a Zapatero supone, paradójicamente, reconocer la participación activa, sin complejos, de Rajoy en la ejecución de las medidas que Trichet exigía a Zapatero en su carta del 5 de agosto de 2011 y que el PP aplicó desde su investidura el 21 de diciembre de 2011.

 ¿Qué mejor prueba del autorrescate compartido que la decisión de Rajoy de llevar adelante como su propio programa la carta dirigida por Trichet-Fernández Ordoñez a Zapatero, quien, como hemos señalado, había iniciado el ajuste el 12 de mayo de 2010? 

 

 

Derecha e Izquierda, según Levin & Levy

   
                   

   

 

   Hace ahora dos años, la estrella refulgente del pensamiento neoconservador actual de Estados Unidos, Yuval Levin, publicó su libro The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left (El gran debate: Edmund Burke, Thomas Paine, y el nacimiento de Derecha e Izquierda), libro que no tiene, hasta el momento, traducción al español. Levin es editor de la revista National Interest y ha sido asesor del presidente George W. Bush durante su paso por la Casa Blanca y miembro del staff del partido Republicano en el Congreso. Hace unos días, Andrea Levy, flamante vicesecretaria de Programas y Estudios en el nuevo organigrama de Mariano Rajoy aprobado tras el varapalo de las elecciones del 24-M, recomendó la lectura del libro de Yuval Levin en estos días de verano.

   Levy estima que "se trata de un repaso histórico, político y filosófico a muchos de los temas que a día de hoy siguen siendo de vigente actualidad y es de obligada lectura para todo aquel que quiera conocer los orígenes de la dicotomía izquierda/derecha a través de los planteamientos de dos históricos como Thomas Paine y Edmund Burke". A su juicio no es un ensayo que se limita a hablar de historia; explica cómo el pensamiento conservador y progresista clásico ha contribuido a dar forma a los debates que dividen actualmente la sociedad a nivel ideológico.

   El libro de Levin, 37 años, apareció en 2013, tras la reelección de Obama. Por tanto nueve años después del año en que Levy se afilió, en  2004, al PP. Según ella misma cuenta, llegó al partido "de casualidad". En la primera carrera que cursó, antes de Derecho, la de Relaciones Internacionales y Protocolo, "obtuve una beca para trabajar como asesora de un conseller socialista de la Generalitat. Estuve dos años como técnica en el departamento de Agricultura y allí empecé a sentir atracción por la política.  Me vi con mi tutora para estudiar hacia qué partido tenía mayor sensibilidad. Analizamos diferentes opciones y al final fue el PP. Fui a la calle Urgell llamé a la puerta y dije:

  -Hola quiero afiliarme. 

  Por tanto el libro de Yuval Levin parece haberle permitido profundizar en la identidad de la opción que abrazó hace ahora once años y en la que recientemente ha escalado posiciones.

   Graduado por la privada American University y con un doctorado del Comité de Pensamiento Social de la Universidad de Chicago, Levin presenta los argumentos que enfrentaron al filósofo y político liberal-conservador Edmund Burke (Irlanda,1720 -Reino Unido, 1797) y  al intelectual y filósofo radical Thomas Paine (Reino Unido, 1737-Estados Unidos, 1809), uno de los padres fundadores de los EE.UU., en dos terrenos transversales: el individuo y la historia.

    Para Paine las personas, antes del advenimiento de las instituciones, han sido iguales y autónomas. La creación de los gobiernos y órganos de poder solo han sido un paso para lograr aquello que no sería posible conseguir como simples individuos. Esto es: la libertad y la seguridad. Si estas instituciones no sirven para garantizar esos objetivos, Paine no duda en caracterizarlas como injustas y justifica la lucha por el cambio. De ahí, pues, el apoyo entusiasta que presta primero a la Revolución Norteamericana, tras emigrar a las colonias británicas en 1774, y a la Revolución Francesa en 1789, en la que respalda la lucha contra la monarquía hereditaria como régimen. Si Paine es optimista y cree en la razón y en la igualdad de los individuos, Burke subraya que la emoción es una parte fundamental e indeleble de la naturaleza humana y que los seres humanos no son autónomos, individuos iguales, como estima Paine, sino criaturas sociales, definidos por lazos de nacimiento y no de elección.

   Voilà. Igualdad humana y modelos de sociedad. En este sentido burkeano se define Mariano Rajoy. Lo hace  en su artículo de 1983 en el Faro de Vigo, donde afirma: "Ya en épocas remotas –existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo- se afirmaba como verdad indiscutible, que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente –era un hecho objetivo que los hijos de “buena estirpe”, superaban a los demás- han sido confirmados más adelante por la ciencia: desde que Mendel formulara sus famosas “Leyes” nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no sólo desde el momento del nacimiento sino desde el propio de la fecundación".

    Burke, pues, sostiene que los individuos tienen necesidad de la sociedad para lograr su bienestar. La misión de los gobiernos no es proteger a los individuos sino a la sociedad. Por ello, la estabilidad pasa por la institución. Burke ve en los principios hereditarios y en la monarquía, según explica Levin en El Gran Debate, instituciones intergeneracionales que suponen una solución al desafío de arbitrar acuerdos que les sobrevivirán. Burke, en este contexto, era también reformista. Ahora bien, nunca apoyó la independencia de Irlanda ni la abolición de la esclavitud o la revolución norteamericana. Por tanto, cuando estalla la Revolución Francesa se erige en su gran crítico y advierte sobre su contagio al Reino Unido.

    Levin manifiesta su deseo de arrojar luz, a través de Burke y Paine, sobre la política actual. Sobre la izquierda y la derecha. Y Andrea Levy así parece entenderlo. 

    Sin embargo, el libro evita deliberadamente abordar la realidad política realmente existente del partido Republicano, a saber, el peso dominante de una de sus fracciones más extremas y de sus propuestas, a las que ciertamente Levin parece oponer una pretendida moderación burkeana. Nos referimos, por supuesto, al Tea Party. La confusión que se deriva es tal que la moderación propuesta llevaría a Levin, de ser coherente, a golpear, ahora, la puerta del partido Demócrata... antes que la del Republicano.

   En cuanto a la realidad política que, según se desprende de la recomendación de Andrea Levy, la obra de Levin iluminaría en España, la suerte que se corre no parece mejor que la que se ha apuntado para la política norteamericana. El Partido Popular no ha necesitado un Tea Party, por ejemplo, para llevar adelante posiciones emparentadas con ese sector durante los últimos treinta años en temas de gran impacto social.

   Se opuso a la ley de plazos que despenalizó el aborto en 1985; en 2010, votó en contra de la reforma sobre la ley del aborto en 2010, movilizó a amplios sectores contra ella, presentó un recurso de inconstitucionalidad y prometió una nueva ley, curiosamente desde la defensa de la ley de plazos que había impugnado con fuerza previamente, pero finalmente retiró su proyecto de ley por razones electorales; votó en contra de la ley de matrimonio homosexual y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la misma... pero no la derogó contando con la mayoría suficiente para hacerlo.

    Sus convicciones neoliberales eran tales que el PP votó en contra, por razones de oportunidad política, del aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años en 2011 y de la ampliación del cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, pero el 12 de febrero de 2012, cuarenta y cinco días después de asumir el Gobierno, presentó dichas medidas, en un escrito del entonces secretario general del Tesoro, Inigo Fernández de Mesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como "una reforma para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el largo plazo".

    Será difícil que Burke y Paine, como sugiere Andrea Levy, ayuden a perfilar la identidad política actual. Quién sabe si en medio de la corrupción que afecta al partido en el Gobierno el debate ideológico pueda servir de válvula de escape. O si Levy aspira, como Levin, a moderar a su partido apelando a Burke. Pero es improbable que lo consiga mientras dure la resistencia numantina a llamar al pan, pan, y al vino, vino.  

    En cuanto a la izquierda, ¿qué?. ¿Nos arroja Paine luz sobre su identidad presente? Digamos solamente que el gobierno socialdemócrata de José Luis Rodríguez Zapatero inició el ajuste coyuntural (recortes sociales) el 12 de mayo de 2010 y estructural (reforma del artículo 135 de la Constitución Española en agosto de 2011 para introducir la regla de oro de limitación del déficit) una semana después que lo solicitaron Merkel y Sarkozy en su reunión de París y por carta a Herman Van Rompuy). Y que Podemos respalda el tercer rescate de Grecia después de que Alexis Tsipras abjurara, como Zapatero en mayo de 2010, de su programa. Y días después de que un referéndum votase anticipadamente, por mayoría del 61,31 %, contra unas medidas que Syriza, mira por dónde, asumiría como propias días después.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por encima de las reglas de juego

              

 

 

    Parece que Jorge Fernández Díaz ha hecho regresar de las vacaciones a gran parte de su equipo para preparar su comparecencia. Y todo para decir esto: Rodrigo Rato me ha llamado, está preocupado por las amenazas que le llegan desde las redes sociales y teme que en esta situación se le quiten los escoltas. Le he explicado cuál es nuestra política.

    Ni dos ni una hora, según asegura el ministro que duró el encuentro, se necesitaba para agotar este asunto el 29 de julio. ¿Esto, las amenazas, es "todo" lo que le pasa a Rato, según declaró a este periódico? ¿O "todo lo que le pasa" se refiere a los hechos por los que está imputado (Bankia, tarjetas Black y presuntos delitos fiscales y de blanqueo con sus empresas), amén de su decisión de acogerse, previa llamada telefónica al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la amnistía fiscal de 2012?

   Da la impresión de que Rato, según reconoce, mantiene relación con varios dirigentes del PP, con quienes habla sobre sus avatares. Javier Arenas es uno de ellos; el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, es otro. Y la lista no se acaba. Además mantiene relación con dirigentes amigos de otras formaciones. Como Unió.

    Bien.

   El problema es que Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior. Y de él dependen la Policía y la Guardia Civil. Y uno de los órganos de investigación de este último cuerpo, la UCO, investiga a Rato por orden del juzgado número 31 de Madrid.

   Fernández Díaz ha hecho de inspector Clouseau de La Pantera Rosa, la saga de Blake Edwards, y se ha enredado de cabo a rabo. Primero nos dijo que había puesto condiciones a Rato: no se podía hablar en la reunión de su situación procesal. Dijo también que la Policía no investigaba a Rato y en su improvisación hasta se inventó un organismo inexistente que seguía el rastro del ex vicepresidente imputado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Agencia Tributaria. No hay tal cosa. En todo caso la señora Valdecasas debería instruir al ministro. Se llama nada menos que ONIF, la Organización Nacional de Investigación del Fraude, uno de los sabuesos más conocidos de la AT.

                 

   

 

  Pero si el tema era la seguridad personal, ¿para qué poner condición alguna? ¿Para qué establecer que no se hablaría de la situación procesal de Rato?

  Es una patraña. Que no duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio, que se dice. Porque Rato se cargó el argumento en sus declaraciones. Es de sentido común que en sus contactos el ex vicepresidente hable de sus imputaciones. Que otra cosa más importante puede pasarle.

  Fernández Díaz y Rajoy están en sintonía. Según el ministro, el presidente de Gobierno se enteró por los medios de comunicación del encuentro. Una vez publicada la noticia, dice el ministro, fue él quien llamó a Rajoy. El presidente ni siquiera tuvo la iniciativa.

    Bien.

    Todo esto excita la memoria.

  Érase una vez un gobierno socialista en el cual su presidente recibió al abogado de dos chantajistas.

 El 19 de septiembre de 1995, tras una investigación de varios meses, EL PAÍS publicó una información bajo mi firma en portada -no en páginas interiores- en relación con el chantaje al que estaba sometido el gobierno de Felipe González con el material secreto del CESID sobre la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Más de 1.200 microfichas habían sido sustraídas por el coronel Juan Alberto Perote; éste y el entonces banquero, ex presidente de Banesto, Mario Conde, habían hecho un pacto de control sobre el material. Una parte del mismo fue filtrándose con cuentagotas a la prensa para presionar al Gobierno. 

   El periódico informó que el abogado de Mario Conde, el extinto Jesús Santaella, había sido conducido a La Moncloa por el entonces ministro Juan Alberto Belloch el 23 de junio de 1995, y que por cuenta de Conde y de Perote, a quienes representaba, proponía una negociación. El banquero quería cobrar 14.000 millones de euros por su desalojo de Banesto y Perote buscaba su exoneración/rehabilitación. González justificó la reunión en La Moncloa con el argumento de que todo gobierno debe velar por la seguridad nacional. Hay que apuntar que las microfichas llevaban robadas desde 1991. La información se titulaba: "Conde chantajea al Gobierno desde hace meses con material sustraído del Cesid".

    La negociación fue un viaje a ninguna parte.

   Pero a raíz de nuestra información de portada y de la intervención  de personalidades como Adolfo Suárez y Luis María Anson, quienes ratificaron detalles de la misma, todos los partidos pidieron la comparecencia de González. El presidente lo hizo el 8 de noviembre de 1995.

    Tras la explicación de González -a saber, la obligación del gobierno de garantizar la seguridad del Estado- habló José María Aznar. 

    "Estábamos acostumbrados a oírle decir que cualquier circunstancia, cualquier escándalo que afecte a su Gobierno se enteraba el señor González por la prensa", ironizó. Acto seguido dijo algunas cosas que, pese a las diferencias con el caso que nos ocupa, resulta útil recordar ahora mismo. 

   Destacó que la reunión en La Moncloa era una "iniciativa tan asombrosa como que el presidente del Gobierno de España reciba en su despacho al abogado de unos particulares incursos en causas penales... Señorías, ni un aventurero de la especulación [Conde] ni un funcionario desleal [Perote] pudieron soñar nunca en llegar tan arriba, ni el decoro de la Presidencia del Gobierno de España debió nunca bajar tan abajo". Aznar dijo que al mencionar "la seguridad del Estado se busca la más digna de las coartadas".

    Y subrayaba: "A la vez se permite cuestionar, naturalmente, incluso acusar de criterios partidistas a quienes cuestionan sus actos". Para el líder de la oposición se trataba del "trapicheo con dos presuntos delincuentes".   

    Pero Aznar dijo algunas cosas más que son pertinentes ahora mismo.

   La reunión, señalaba, "no es un episodio aislado sino una muestra elocuente de toda una época y de todo un estilo de gobierno. Un estilo de gobierno basado en la confusión deliberada de lo público y lo privado, entre la permanencia de una institución y la contingencia de la persona que la encarna, entre la objetividad y la neutralidad propia de los órganos del Estado y la parcialidad de los titulares que circunstancial e interinamente la desempeñan".

  La conclusión no podía ser más precisa: "Es decir, un estilo de Gobierno en el que el poder se interpreta como una licencia para situarse por encima o al margen de las reglas de juego".

  También podemos decir que el encuentro Fernández Díaz, respaldado aparentemente solo a posteriori por Rajoy "no es un hecho aislado sino una muestra elocuente de toda una época y de todo un estilo de gobierno".

         

 

 

    Sí, en efecto.

   Hemos informado en estas páginas el 20 y 21 de enero de 2014 que Fernández Díaz facilitó el encuentro entre el comisario José Luis Olivera (izquierda en la foto), ex jefe de la UDEF, con el abogado Alfonso Trallero, en los primeros días de septiembre de 2012, una operación que comenzó semanas antes con una carta dirigida al director de la Policía, Ignacio Cosidó, para que la UDEF modificara los informes sobre Luis Bárcenas. Todo a espaldas del juez Pablo Ruz, quien censuró la carta en uno de sus autos, prohibiendo diligencias, sin saber en ese momento del encuentro auspiciado por Fernández Díaz, por una parte, y María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por el otro, entre el letrado de Bárcenas y Olivera y otro jefe policial, en un pub de Madrid, el Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo.

   Cuando me dirigí al entonces jefe de prensa del ministro, me señaló, después de consultar, que Fernández Díaz prefería no opinar sobre el asunto, que debía entender la materia escabrosa del asunto.

    Bien.

    Pero hubo otras gestiones. Muchas. Y, además, la comunicación vía SMS entre Rajoy y Bárcenas no se vio afectada en lo más mínimo después de la publicación de la primera cuenta suiza de 22 millones de euros en el LGT Bank de Ginebra. Tampoco más tarde, después que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, la contabilidad B o la caja de dinero negro del PP que gestionaban Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

    Por tanto, si bien Rajoy no conocía el encuentro entre Rato y Fernández Díaz - siempre que creamos al ministro- la conducta del presidente de Gobierno respecto a Bárcenas -hasta que el extesorero rompió todo compromiso con el presidente y con el partido - no era precisamente un buen ejemplo.

   Pero aquí entra Rafael Hernando, que ha mantenido contactos con Rato y que defiende lo que ha hecho Fernández Díaz. Y dice: "Bárcenas y Rato no son comparables". El extesorero es el demonio.

   Bien.

   El recurso de Hernando no resiste esta pregunta: Si no son comparables, ¿por qué Rajoy mantuvo la relación con Bárcenas a pesar de la cuenta suiza? Si no son comparables, ¿Por qué Rajoy mantuvo ese vínculo, como prueban los SMS (los ya conocidos y otros pendientes de salir), tras conocerse los papeles o Contabilidad B del PP?

   Más coherente ha sido Fernández Díaz que ha aportado su ayuda, con el respaldo de Rajoy, cuando Bárcenas lo pidió y también lo ha hecho ahora reuniéndose por razones que van más allá de la seguridad personal con Rato.

    Las explicaciones de Fernández Díaz han avivado todavía más el fuego dentro del colectivo de la Guardia Civil, cuya asociación había solicitado su dimisión. Ahora se han resentido por el hecho de que el ministro dice prestar atención a la protección de Rato pero, aseguran las fuentes, da la espalda a algunos agentes que han pedido protección aportando pruebas más contundentes de los riesgos que corren.