Paco & Rita y la `conspiración´

    

    

    El Gobierno del Partido Popular ha reaccionado. Sí. El tsunami de noticias judiciales sobre casos de corrupción ha llevado al partido y al gobierno a diseñar una línea de demarcación defensiva: Valencia. 

   Todo comenzó el lunes 22. El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, sale al ruedo a propósito de una información de la Cadena Ser, según la cual "fuentes de la investigación" señalan que "declaraciones de testigos que permanecen bajo secreto de sumario y las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent avalan sus sospechas en este sentido. Aseveran que Francisco Camps operaba como "recaudador" de dinero negro en el PP valenciano, obtenido mediante el pago de mordidas por parte de empresarios que resultaban adjudicatarios de los concursos públicos amañados en distintas consejerías de la Generalitat valenciana en el periodo 2003-2011".

  Es la investigación llamada Operación Taula.

   El periodista Miguel Ángel Campos señala en su crónica, fechada a las ocho de la mañana del lunes 22, que la cadena se ha puesto en contacto con el expresidente Camps, quien "desmiente de forma categórica la información que califica de absurda" ya que "nunca ha recaudado ni organizado nada ilegal".

   El mismo día lunes, la Guardia Civil detiene al exalcalde Alfonso Grau, diligencia al margen de la Operación Taula, relacionada con un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos que lleva el juzgado de instrucción número 19. 

   Camps convoca a la prensa el mismo lunes en el hotel Valencia. Niega la financiación ilegal y haber sido recaudador. Dedica gran parte de su intervención a defender a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá, a Alfonso Rus y a Grau, al tiempo que ataca a las demás fuerzas políticas. Señala que se siente indefenso ante las investigaciones que se "filtran" de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  Y señala con el dedo su objetivo:

           

 

     -Me veo obligado a pedir al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que investigue quién ha roto el secreto de sumario y que en 24 horas desvele qué agente ha sido la fuente del periodista, que me diga qué agente me acusa de estar en el eje de la trama de blanqueo y por qué.

   Camps es hábil. Porque la información aludida no menciona a dichas fuentes. No se habla ni de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cargo de las indagaciones, ni de la Fiscalía Anticorrupción.  Miembros de ambas instituciones actúan junto al titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez. Camps pondrá también una denuncia judicial sobre estas informaciones.

  Al día siguiente, martes 23, trasciende que el juez Gómez ha solicitado al Senado que  certifique sobre la condición de aforada de Rita Barberá. El paso confirma las informaciones que circulan desde hace días sobre una exposición razonada que está elaborando el juez Gómez dirigida al Tribunal Supremo para que se haga cargo de la instrucción de los presuntos delitos que pudiesen afectar a la exalcaldesa y actual senadora. En el Senado, el vicepresidente primero de la mesa del Senado, Pedro Sanz, ex presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aclara que corresponde al Supremo responder al juez Gómez.

  Pero este mismo día 23 tienen lugar dos acontecimientos que enlazan con la comparecencia de Camps. El primero es la irrupción en el asunto del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien aprovecha la detención de Grau para ir más lejos:

 

         

    -No somos el único partido con casos de corrupción y lo que es llamativo es que los únicos casos que salgan en estos momentos tan sensibles son los que afectan al PP. [es decir: cuando hay negociaciones para formar Gobierno].

   El hombre de quien depende orgánicamente la Guardia Civil refuerza así el mensaje lanzado por Camps en su rueda de prensa acerca de las filtraciones. El ministro tiene que saber que la Operación Taula estaba lista antes del 20 de diciembre de 2015, pero ha sido pospuesta precisamente por las elecciones. ¿Qué quiere ahora? ¿Que las diligencias pendientes se aplacen hasta después de la investidura? 

  El otro hecho que ocurre este martes, día 23, es una conversación entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la senadora Rita Barberá.

  La senadora se queja de que muchos dirigentes del PP están contribuyendo con sus comentarios sobre ella a que la bola de nieve aumente. Aunque no les menciona por su nombre, según fuentes consultadas, se refiere Pablo Casado, Andrea Levy, Esperanza Aguirre, Fernando Martínez Maíllo, Alberto Fabra, Rafael Hernando, Alfonso Alonso...

   Rajoy, según esta versión, pide a Rita que comparezca ante los medios de comunicación y diga lo que le está diciendo a él por teléfono. Que es inocente. Es la manera de satisfacer las exigencias dentro del PP. Rita se compromete a ello.

   El miércoles 24, Rajoy explica a la periodista Susanna Griso, en una entrevista al programa Espejo Público, Antena 3, que ha hablado con Rita.

  -He hablado con ella y dice que es inocente...Vamos a esperar acontecimientos. Es muy difícil tomar decisiones sobre personas cuando el sumario es secreto.

   "Vamos a esperar acontecimientos".

   El mismo miércoles, las cuatro asociaciones de jueces se pronuncian sobre las palabras de Fernández Díaz. La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente aluden en un comunicado conjunto a las "veladas insinuaciones sin fundamento dirigidas a confundir a la opinión publica y crear un estado de alarma y desconfianza hacia las instituciones y tribunales". Aunque omiten nombrar al ministro, califican sus afirmaciones como un "intento de lesionar la independencia judicial".

  También el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se pronuncia contra las declaraciones del ministro. Señala que resulta "vergonzoso que el ministro del Interior, en vez de defender sus actuaciones, ponga en tela de juicio la imparcialidad de estos profesionales del servicio público. Lo que no puede quedar duda es que tanto investigadores, como jueces y fiscales no hacen más que cumplir con su obligación".

  La Unión Progresista de Fiscales señala: "Hay que ser muy manipulador para decir que hay jueces que supeditan sus decisiones a un determinado momento político".

   Quien no se pronuncia es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ni se cursa una petición a la Comisión Permanente para examinar las palabras del ministro, cuenta habida de que no es el primer conflicto provocado por sus manifestaciones.

    En diciembre de 2014, trece magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo firmaron una petición al presidente, Manuel Marchena, para que diera cuenta al Gobierno de Rajoy sobre el malestar generado por una declaración de Fernández Díaz en las que calificaba como lamentables las excarcelaciones de miembros de ETA que habían cumplido condena de conformidad con el llamado "acuerdo marco europeo", que autoriza acumular en España las penas cumplidas en otros países.

  Ningún juez ha solicitado amparo al CGPJ a raíz de las palabras del ministro. Pero según fuentes judiciales es lógico que sea así.

   "Nadie va a picar. Si pides amparo alguien puede retorcer la situación, apuntar que el ministro no se ha referido a nadie y que si te das por aludido por algo será, y concluir por esta vía que no eres imparcial", apuntó una fuente consultada.

     Y ya estamos en jueves y llegan los acontecimientos esperados por Rajoy.

        

    Rita Barberá convoca rueda de prensa. Como ya ha pasado con Camps, la senadora cree que un ataque, muy tardío pero ataque al fin, es la mejor defensa. Niega todas las acusaciones de financiación ilegal. Y ataca a todos los partidos políticos por tener casos de corrupción. Se refiere a aquellos que dentro de su partido la han urgido a adoptar alguna decisión sobre su futuro, a quienes pide "templanza y sosiego"

   Esta tarde del 24 de febrero, falta un eslabón en la cadena de defensa que le han diseñado a Rajoy. La Fiscalía Provincial de Valencia difunde un comunicado en relación con una información del diario El Mundo del día 11 de febrero según la cual la Fiscalía Anticorrupción veía "indicios para presentar una querella contra la senadora en el caso Ritaleaks, 400 facturas de gastos sin justificar en la Alcaldía de Valencia".

   Trece días más tarde, pues, la Fiscalía Provincial se refiere al caso Ritaleaks, ya que "estima procedente aclarar ciertos puntos". El comunicado precisa que "el procedimiento en cuestión se encuentra en fase de Diligencias de Investigación Penal (DIP) de esta Fiscalía Provincial, pendiente de la práctica de diligencias acordadas. Será al término de [las mismas] cuando, como es procedente, se tome la decisión oportuna".

   Y en respuesta a las afirmaciones sobre filtraciones: "Es incierto que se haya hecho afirmación alguna por parte de esta Fiscalía acerca de que se vaya a presentar querella contra Rita Barberá por las razones anteriormente expuestas".

    Fuentes consultadas señalan que Camps, Rita, Fernández Díaz y Rajoy ganan con este muro algo de tiempo. Solo eso.

  Han conseguido tres cosas en "momentos sensibles", parafraseando a Fernández Díaz. La primera es cerrar filas en el PP. Rita por fin "ha dado la cara". Segunda, en la Guardia Civil se ha advertido internamente una sensación de control y contención más fuerte. Eso que Rita decía en un mensaje telefónico (¨Cuidado con lo que decís¨), dirigido al móvil de la presidenta del PP en la región, Isabel Bonig, parece que se aplica también a los investigadores. Y tercero, la Fiscalía ha aportado su granito de arena a los que protestan por indefensión: el inusual y breve comunicado de la tarde del jueves 24.

    Esta estrategia puede desviar el foco de atención sobre Valencia durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Y se basa, además, en el hecho de que de ahora en adelante la diligencia más relevante que tiene el juez Gómez, con el respaldo de los fiscales y el equipo de la UCO, es la elaboración de la exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de la instrucción de la causa contra Barberá.

    Una vez que se eleve la exposición, la Sala de Admisión, que preside el presidente de la Sala Segunda, Marchena, pasará a informe del fiscal del Supremo la petición. Solo más tarde, a la vista de dicho informe, se resolverá, si cabe, designar instructor y formar sala de magistrados, iniciándose las diligencias. Una de ellas podría ser ofrecer, antes de solicitar el suplicatorio al Senado, que Barberá declare voluntariamente (artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).     

  Largo, pues, me lo fiáis. 

 

 

 

 

  

 

 

¡Es el dividendo, estúpido!

   

 

   Pedro Sánchez y Albert Rivera saben que la Kleine Koalition, la pequeña coalición, que han sellado es simplemente eso.

 Que ni un Partido Popular, jaqueado por corrupciones sistémicas, ni un Podemos (y sus confluencias), que ha apostado tan fuerte por un gobierno de coalición, y ni qué decir tiene, con las expectativas puestas en la vicepresidencia, van a facilitar con una abstención que se conviertan en gobierno.

 La partida de póquer, en todo caso, busca arrinconar a ambos en la misma posición: el no a la investidura de Pedro Sánchez equivale a precipitar la convocatoria de nuevas elecciones, a hacerse responsable de ellas.

  Mariano Rajoy apostó por una rebelión dentro del PSOE contra Pedro Sánchez a la que se debía dar tiempo para madurar. Así, rechazó la primera oferta del rey Felipe para que formase gobierno y pretendió que en la segunda ronda de contactos el Rey no se lo encomendara todavía a Sánchez. La decisión de hacerlo dio lugar a la irritación de Rajoy y del PP con la Casa del Rey.

  Del mismo modo, ahora Sánchez y Rivera apuestan a que la crisis que supura el PP (Rajoy pide a su equipo que no se deje llevar por la histeria de la corrupción), por un lado, y al deseo de acabar con el ciclo del PP por parte de las bases de Podemos, por el otro, provoquen una situación en la que alguno de ellos se abstenga y facilite así la formación de un gobierno débil, pero gobierno al fin.

  La división del trabajo es evidente.

 Rivera trabaja sobre el PP vendiendo la ciudadanización del PSOE y Sánchez se ocupa de vender hacia Podemos la pesoización de Ciudadanos.

  El diario norteamericano The Wall Street Journal advertía en un editorial la semana pasada que los escándalos de corrupción del PP han debilitado al partido. Pero señalaba que "todavía hay una oportunidad para un gobierno de centro derecha, dirigido por el PP y Ciudadanos, que tiene un programa económico liberal y una agenda de reformas. Es improbable que Ciudadanos una su suerte y reputación intachable con un PP dirigido por Rajoy". Y sugería: "El precio de preservar las reformas económicas de Rajoy podría muy bien ser su futuro político". 

  Pero la corrupción sistémica del PP se ha llevado por delante esa alternativa. Ahora Rivera intentará hacer de broker ante Rajoy para hacerle ver que buena parte de su acervo de reformas continuará. Que Ciudadanos es la garantía de ello.

  Sánchez, que ya se había negado a derogar la reforma laboral al comienzo de su campaña, rectificó, y ahora con el argumento de que ha tenido que ceder, vuelve a la posición inicial, contraria a la derogación, aunque defiende el restablecimiento de la negociación colectiva por encima de los convenios de empresa que tanto efecto ha tenido en la depreciación de los salarios. El anuncio de impuesto a las grandes fortunas es una propuesta de estudio de cómo se ha aplicado en otros países y no se trata, a pesar de lo que se insinúa, de una medida ya acordada. El PSOE ha aceptado subir el salario mínimo interprofesional un 1% cuando había hecho campaña por una subida escalonada del 60% neto, el equivalente a casi 1.125 euros. La ley de Seguridad Ciudadana, asimismo, no será derogada. 

   Pero no se trata de un programa sino de un borrador de intenciones de carácter teórico general. El eslabón más débil de la cadena, por así decir, no recibe tratamiento más allá de la abstracta defensa de la unidad de España.

  Porque: ¿qué haremos con Cataluña?

  Pero el propósito es la foto. La idea es que esta realidad virtual produce dividendos. El juego es que el vértigo a provocar nuevas elecciones finalmente puede conseguir, como en Cataluña in extremis, una salida inesperada durante lo que podríamos llamar la prórroga, los dos meses que siguen al fracaso de la primera investidura.

    No parece que las voces tímidas que insinúan en el PP la posibilidad de una abstención lleguen a imponerse. Y aunque en Podemos existen amplios sectores para los cuales la prioridad es acabar con el gobierno del PP (más vale pájaro en mano...) y asegurar que vaya a la oposición, no es esta la orientación de Pablo Iglesias e Inigo Errejón.    

   Y si, en efecto, no se llega a formar gobierno, los dos partidos positivos apuestan por acudir a las elecciones de 26-J en mejores condiciones de las que salieron el 20-D al tiempo que los negativos, el PP y Podemos, según este análisis, llegarán peor.

   En el caso del PSOE, para disfrutar de esos dividendos Sánchez tendrá que sobrevivir primero a las fuerzas que querrán aprovechar el fracaso de su investidura para abrir una nueva fase con la candidatura de Susana Díaz. No deja de ser curioso que el PSOE andaluz haya empezado a torpedear el flamante pacto casi exclusivamente por el asunto de la supresión de las diputaciones, que siendo relevante en la región, ni de lejos constituye uno de los grandes problemas nacionales.

      

 

   

   

   

  

 

 

 

 

La orgía de los 'púnicos'

             

¿Por qué no acudir a la Biblia para definir la Orgía de los Púnicos?

En el Evangelio según San Mateo (en la imagen, fotograma de la película del mismo nombre, de Pier Paolo Pasolini), leemos:

21.12. Entró Jesús en el Templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el Templo; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas.

21.13. Y les dijo: Está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos!

El juez Eloy Velasco, un magistrado conservador que fue director de Justicia de la Generalitat Valenciana bajo los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, entre 1995 y 2003, ha ordenado una vez más, el pasado 8 de febrero, levantar parcialmente el secreto de las actuaciones para una parte significativa del sumario de la Operación Púnica.

Una operación así llamada en honor a Francisco Granados, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ex senador y ex secretario general del PP madrileño. Porque uno de los oficiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva el peso de la investigación, decidió bautizar las pesquisas con el nombre Punica Granatum, denominación en latín del árbol granado.

Bien.

Velasco, empero, ha decidido mantener un mes más el secreto sobre la declaración de David Marjaliza, el empresario que tras salir en prisión bajo fianza, en diciembre pasado, explicó:

- Una vez que te pillan hay que colaborar con la Justicia.

Es lo que había hecho a partir de abril de 2015. Durante tres jornadas de junio de 2015, los días 18, 19 y 25, Marjaliza cantó la gallina y descifró una de las agendas de Granados. Casi doce horas de grabación. El libro de bitácora de los guardias civiles asignados al caso, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Velasco.

Esa declaración sigue siendo secreta para todos menos para Marjaliza y el equipo de investigación. Contiene la descodificación de las claves secretas de lo que podría llamarse la Orgía de los Púnicos. De los cuadros de Tapiès, Barceló, Millares, de las 185 estilógráficas y las cuatro esculturas escondidas en una rue de Ginebra, a las 18 cuentas bancarias que Granados, su socio Marjaliza y sus santas esposas poseían en Suiza.

El presunto uso de la caja de empresas como Canal de Isabel II y la Agencia Informática (ICM) para pagar facturas por servicios de imagen política de Ignacio González, consejero de Cultura, vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid, amén de presidente del Canal de Isabel II y desde 2011 secretario general del PP de Madrid, y otros políticos, supone haber considerado la caja de empresas públicas como propias.

Con todo, la investigación en el Canal de Isabel II está lejos de haber llegado, según fuentes judiciales, a los asuntos más sabrosos, como contratos de publicidad presuntamente amañados.

La red de Granados y de Marjaliza, primero desde Valdemoro, y desde la capital después, ha tejido una trama delictiva cuyos tentáculos penetran en el PP y las empresas públicas de tal manera que ya es difícil distinguir la trama respecto del partido.  

         

Esta red es paralela y simultánea a la de Gürtel de Francisco Correa, que supera los límites de Madrid, para proyectarse a diferentes territorios, desde la Comunidad Valenciana hasta Jerez de la Frontera.

Y en paralelo a la gestión de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, como los tesoreros de las donaciones negras de empresas y los dineros negros distribuidos entre la cúpula del partido, habida cuenta de que era necesario compensar lo que esa cúpula "renunciaba" a ganar en el sector privado de la actividad económica para "servir a España".

Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y de que "lo hacían todos", pagar en negro también la rehabilitación de su sede central en la calle Génova 13.

Obras sobre la que, dicho sea solo de paso, un juez, el juez José Castro, de Palma de Mallorca, ha dirigido en las últimas horas una providencia por la cual exige a la "Presidencia del Partido Popular" explicaciones sobre las obras de la primera planta de Génova, la planta del PP de Madrid. Tanto el pagador, Javier López Madrid, consejero de OHL, como el receptor, Beltrán Gutiérrez Moliner, ex gerente del PP de Madrid, han sido imputados en calidad de investigados el pasado lunes, tras el registro del jueves 11.

Lo que las 35 anotaciones a nombre de Rajoy en la caja de sobresueldos de Bárcenas no habían conseguido durante la instrucción y los pagos en negro de 1,5 millones de euros por las obras de rehabilitación no habían logrado -exigir al presidente del partido que posee todos los poderes de administración- lo acaba de hacer el juez Castro. Un juez que no tiene que cuidarse ante el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para garantizar que le renueve su mandato.

Se comprende, pues, a Esperanza Aguirre.

Todos sabíamos desde el 8 de febrero que el secreto parcial de las actuaciones, y con ello la liberación de miles de páginas de informes y declaraciones judiciales, inundaría como un tsunami las páginas de periódicos, la ondas de la radio y la televisión de un momento a otro.

Se comprende, pues, que Esperanza Aguirre decidiera antes del tsunami anunciar el pasado domingo su renuncia a presidir el PP de Madrid, un puesto al que ya había anticipado su renuncia a la reelección el pasado mes de junio. Ella guardaba para sí misma, además, la carta de dimisión de Ignacio González, redactada en secreto un mes antes.

Que en medio de esta orgía de los púnicos el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como parte de su contrainvestidura extravagante, haya ofrecido desde Bruselas, desde la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y sus colaboradores desde Génova, vicepresidencias al PSOE y a Ciudadanos, a cambio del apoyo que necesita para ser presidente de un futuro Gobierno, parece un chiste de humor negro. Mientras, informa a su ídolo David Cameron sobre su "premonición" de lo que va probablemente va a ocurrir en España: repetición de elecciones el 26 de junio. Se lo dice a unos y a otros- Para que quede claro que no se trata de un micrófono indiscreto el que capta sus palabras.

Ya no puede, si bien se mira, ofrecer más que una cosa.

El último cartucho

 

                                 

 

   Esperanza Aguirre anticipa su salida. En junio de 2015 anunció que no se presentaría a la reelección en el congreso del Partido Popular de Madrid. Hace un mes Ignacio González, que estaba missing pero seguía siendo secretario general del partido, le entregó su carta de dimisión con la fecha que Esperanza resolviera. Debían conocerla solamente ambos porque nada trascendió. Se ha hecho pública hoy. Es que el secretario general cubre el puesto cuando no hay presidenta. Por tanto, los dos por el precio de una rueda de prensa única.

  Esperanza Aguirre seguía con su versión sobre las responsabilidades políticas hasta su última comparecencia, el pasado viernes, en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué dimitir? De quinientos nombramientos sólo dos me han salido rana.  Se puede decir que estos dos, por lo que ha salido de la Operación Púnica, para no hablar de Gürtel, y lo que va a seguir saliendo, valen por los otros cuatrocientos noventa y ocho.

   Lo de los dos que le han salido rana, en alusión a Francisco Granados y a Alberto López Viejo, es una manera de presentar la realidad. Hay otras. Por ejemplo, enumerar a los encausados.

    Y aquí, hay más ranas, muchas más que dos.  

    La lista sería la siguiente: Francisco Granados, Salvador Victoria,  Lucía Figar, José Miguel Moreno Torres, Isabel Gallego, Agustín Juárez, Alejandro Utrilla Palombi, Mario Utrilla Palombi José Carlos Boza (Púnica) Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Arturo González Panero, Ginés López, César Tomás Martín Morales (Gürtel) José María de Federico, José Ignacio Fernández Rubio, Miguel Ángel Santamaría.

   Asimismo, se investiga (sin imputación formal) a Beltrán Gutiérrez y se mantienen las diligencias sobre la compra del ático del expresidente Ignacio González en la urbanización Guadalmina, Marbella.

   Pero la pregunta es: ¿qué ha pasado en las últimas cuarenta y ocho horas?

  Fuentes del partido señalan que Esperanza dice que el registro ordenado por el juez Eloy Velasco al invocar la presunta financiación ilegal del PP ha dado un salto respecto a lo conocido hasta ahora, sea ello veraz o no. Y que ella se ve obligada, dicen esas fuentes, a asumir que no ha ejercido la vigilancia como debía.

   ¿Es verdad?

   ¿Es la primera vez que el juez Velasco apunta a esa financiación ilegal?

  No.

  El 7 de agosto de 2015, tras conocer que el juez Velasco había preguntado a algunos imputados por la posible financiación ilegal del PP de Madrid, Esperanza dijo a los medios de comunicación.

  -Estoy alucinada...que el juez diga que hay financiación ilegal del PP. Tenemos que estudiar nuestra personación en el sumario...-dijo ante las cámaras de televisión.

   Por tanto, ya sabemos que no es la primera vez que se plantea este tema.

  Pero, además, en su rueda de prensa del pasado jueves, a raíz del registro de la Guardia Civil en la primera planta de la calle de Génova, Esperanza informó que se habían producido otros registros.

  Pero el del pasado jueves le rozaba. Porque tuvo lugar en el despacho y en el ordenador del ex gerente del PP de Madrid y actual  empleado suyo en el partido, Beltrán Gutiérrez Moliner. 

   Gutiérrez Moliner es un estrecho colaborador de Aguirre. Su nombre aparecía ya en las grabaciones sobre la trama Gürtel que abrieron las investigaciones en la UDEF y en la Fiscalía Anticorrupción, en 2008, más tarde colaboró con Aguirre en la respuesta por escrito, casi cuarenta y ocho folios, a trescientas preguntas que le envió a Génova el juez Pablo Ruz sobre dicha trama.Y, cómo no, se hizo famoso después por disponer de una tarjeta black de Caja Madrid. El hecho causó una disputa entre María Dolores de Cospedal, que le cesó como gerente del PP de Madrid, y Aguirre, que le volvió a contratar como empleado suyo.

   Y ahora, en este último registro, la Guardia Civil ha buscado pruebas concretas del pago de comisiones por parte de Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de administración de su constructora OHL, a Gutiérrez Moliner. 

   Beltrán, pues, era su lazarillo (en la imagen la acompaña a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla por el incidente de su huida en abril de 2014 de los agentes de movilidad en la Gran Vía madrileña).

                          

 

      El juez Velasco y la Guardia Civil cuentan con la colaboración activa de David Marjaliza, el socio de Francisco Granados en la trama de la Púnica. Empresario pragmático, ha dicho lo que está haciendo tras obtener su libertad después de un año de cárcel. "Una vez que te pillan hay que colaborar con la justicia". Marjarliza declaró durante tres días en junio de 2015 ante el juez. Sus doce horas de declaración estaban bajo secreto sumarial...y el juez acaba de prorrogar otro mes ese secreto.

   En otros términos, el juez y la Guardia Civil tienen en la declaración de Marjaliza su hoja de ruta.

   Por tanto, el del jueves pasado no fue, como informó Esperanza, el primer registro...ni será, según fuentes judiciales, el último. Y además de Púnica, en Madrid está pendiente de aflorar otra gran operación: el Canal de Isabel II.

  También existen indicios de que pueden haber más dimisiones. Isabel Gallego, que continuaba como jefa de prensa de Esperanza, seguramente seguirá sus pasos.

  Pero hay otra clave en la anticipación de la salida de Esperanza de la presidencia del PP de Madrid.

  Y es el intento de gastar su último cartucho en el blanco del presidente de Gobierno en funciones y presidente del PP: Mariano Rajoy. Si ella argumenta para renunciar a la presidencia del PP de Madrid la responsabilidad in vigilando -algo que siempre había rechazado hasta ahora-, lo mismo vale para Rajoy, presidente del PP nacional. Esperanza ha visto como Cristina Cifuentes ha ido ganando posiciones y ello sólo se consigue, razonan dirigentes próximos a ella, con el apoyo de Rajoy.

     Por ello, en el día de Sant Valentín, el último cartucho, al menos de su etapa como presidenta del PP de Madrid, tiene en Rajoy su destinatario en un momento crucial. Esperanza ha disparado a Rajoy y a su contrainvestidura, y se mantendrá activa como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid.

  

   

 

 

 

 

 

Investiduras paralelas

    ¿Cuántas investiduras están en marcha?

    Una oficial y otra paralela.

    En efecto. A juzgar por los movimientos del presidente del Gobierno en funciones y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, su decisión de permanecer en la "reserva" tras informar en dos entrevistas con el rey Felipe VI su imposibilidad de formar Gobierno, no supone su parálisis a la espera de los resultados de la votación de la investidura "oficial", por así decir, que el Rey ha confiado, al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

   En las últimas horas, mientras Sánchez realiza sus contactos, Rajoy también hace los suyos. La bisagra entre ambas negociaciones es Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que oficia de broker. Rivera negocia con uno y con otro una partida simultánea.

  Problema: que Rajoy y su gobierno en funciones se confunden con el PP. Que Rajoy y el PP están usurpando el gobierno en funciones y lo han convertido en una plataforma para sus propios fines.

  El contenido del Gobierno en funciones del PP se parece más a una trinchera que a un órgano del cual se dice, desde una ley aprobada por el gobierno del PP, en noviembre de 1997, que "facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

  Pues eso, el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno.

 Veamos la secuencia de los hechos sobre este "normal desarrollo".

 El Rey le confía a Rajoy la formación del Gobierno, pero el presidente del PP declina y se reserva para otro momento. Acto seguido, en el umbral de la segunda ronda de consultas, Rajoy declara desde Córdoba que la mayoría del PP en el Senado bloqueará lo que considere disparates aprobados en un futuro Congreso. Dispara, pues, sobre el "normal desarrollo del proceso".

 Tras conocer, en una segunda entrevista, que Rajoy no está en condiciones de encarar la formación del Gobierno, el Rey confía la labor a Sánchez. Es el 2 de febrero. El mismo día 2, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, informa en Roma a sus homólogos en Bruselas que "España podría abandonar la coalición contra el Estado Islámico". Su argumento: que Podemos se ha negado a firmar el pacto antiyihadista con PP, PSOE y Ciudadanos, y, por tanto, su posible aterrizaje en el Gobierno con el PSOE supone un peligro.

 Dos días más tarde, el jueves día 4, mientras Sánchez ya ha comenzado a negociar con Ciudadanos, aprovechando un mensaje que le envía Rivera, el presidente del PP llama por teléfono al líder de Ciudadanos y acuerdan "mantener las vías de diálogo y la unidad ante el desafío de los partidos independentistas". Grandes titulares.

 El 6 de febrero, Rajoy vuelve a la carga. En la reunión del PP en Cataluña, Rajoy declara que Pedro Sánchez tiene que definirse por el bien de España y le urge a entrar por la vía de la sensatez y advierte contra una alianza del PSOE y Podemos.

A todo esto, ¿quién es el que ha declinado la oferta de formar Gobierno? Y ¿quién es el que tiene confiada la tarea?

Será el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, el que ponga la guinda. Aprovecha dos cosas. Primero, informaciones según las cuales la banda terrorista ETA está barajando su disolución aprovechando las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca en 2016, y segundo, las ondas mediáticas que provoca la detención en Madrid de los dos titiriteros por presunta apología del terrorismo. Y resucita a la banda terrorista. Denuncia la agenda oculta tras las negociaciones de investidura de Sánchez y "revela" que ETA espera como agua de mayo un gobierno de coalición de PSOE, Podemos, Izquierda Unida apoyado por el PNV.

 "Así de claro", explica el ministro.

 El tema de los titiriteros, asimismo, lanza a varios ministros a la palestra para apuntar por elevación contra un presunto pacto para formar un gobierno de izquierdas.

 Y, ahora, en vísperas de su reunión con Pedro Sánchez, el presidente del PP se reúne con Rivera y llegan al gran acuerdo nacional de solicitar a Bruselas la flexibilización de los objetivos de déficit fiscal. Después de exhibir el déficit fiscal como su carta de credibilidad durante la campaña electoral del 20-D, ahora Rajoy parece dispuesto a abjurar y acordar una flexibilización.

 ¿No sabe con quien se juega los cuartos? Por si se le había olvidado, horas después de conocer sus presuntas intenciones, el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, a quien en Estados Unidos, juego de palabras mediante, llaman DieselBum, por su manía de echar gasolina allí donde hay una crisis, como demostró en la crisis de Chipre (marzo 2013), ya le ha contestado. Ni hablar, que cuando hay una situación tan volátil como la actual hay que mantener el curso. Aviso para todos.

 Estas negociaciones de la investidura "paralela" reflejan un cuestionamiento implícito, por la vía de los hechos, de la decisión adoptada por el Rey en el sentido de no esperar a una tercera ronda de consultas para confiar la formación del Gobierno. Rajoy no preveía esa decisión para la segunda ronda. Y la noticia de que el Rey ha encargado las negociaciones para formar gobierno a Sánchez le coge con el pie cambiado.

 Rajoy tenía expectativas en el factor tiempo. Porque permitía madurar la disidencia contra Sánchez en el PSOE, por un lado, y aprovechar las presiones, intensísimas, del establishment y de Bruselas, sobre los socialistas, por el otro. El encargo del Rey corta en seco la procesión interna dentro del PSOE y le permite a Sánchez remontar desde una posición anterior erosionada. Sectores del PP no dudan en señalar a Felipe VI como el hombre que al menos de momento le ha arrojado a Sánchez un salvavidas.

 El gobierno en funciones, cuya función debería ser neutral, se ha convertido en una atalaya del PP, desde la cual intenta desdibujar las negociaciones de Sánchez -con independencia de que puedan ser un viaje a ninguna parte - para su provecho partidista.

 Toda esta actividad de Rajoy se solapa con el tsunami de la corrupción que ya ha dejado grogui al PP en la Comunidad Valenciana y ahora continúa con una nueva fase de la Operación Púnica en Madrid.

 No es esto. No es esto. El gobierno en funciones no es esto.

B, sala de despiece

                                  

 

      El 16 de septiembre de 2015, dos días antes del estreno de B La película, el periodista Carles Francino entrevistaba en su programa La Ventana al crítico de cine Carlos Boyero.

       -Está muy bien interpretada. El tipo que hace de Bárcenas... -dijo Boyero.

      -Es Pedro Casablanc, ya lo hizo en el teatro - precisó Francino.

     -Sí, porque es una adaptación de una obra de Alberto San Juan. Repito es un experimento que a mi me...Cuando acaba me quedo como perplejo. Ya te digo, es la cámara en una sala pasando de plano a contraplano, pero yo estuve pegado toda la película y alucinado. La ciénaga debe de ser inmensa...Todo el mundo estaba en la movida...-concluyó Boyero.

    El "experimento" -Boyero dixit- ha llegado a la gala número treinta de los Goya 2016 con la nominación de Pedro Casablanc, Bárcenas, a mejor actor protagonista; de Manolo Solo, que interpreta al juez Pablo Ruz, como mejor actor de reparto; y, finalmente, con la nominación al mejor guión adaptado, trabajo del director David Ilundain y de Jordi Casanovas.    

  Rara es la vez, por no decir nunca, que una película española de cine político actual, en tiempo real podríamos decir, opte a estas nominaciones.

   Para no ir más lejos, la vigencia y las ramificaciones del caso Bárcenas han llevado esta misma semana, el miércoles 3 de febrero, al extesorero ante la juez Rosa María Freire, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, para declarar como testigo. Esta vez en el caso de la destrucción de los discos duros de dos ordenadores perpetrada en la sede del PP. También han declarado como imputada la actual tesorera, Carmen Navarro; Javier Barrero, informático del partido, y otros.

   En el fotograma que abre esta entrada, precisamente, Casablanc-Bárcenas entrega al juez Ruz, el 15 de julio de 2013, durante su declaración-confesión en la Audiencia Nacional, el pendrive que contiene los ejercicios faltantes en la contabilidad manuscrita publicada por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, es decir, los años 1993, 1994 y 1995.

   En su primer encuentro con el juez Ruz por esta causa, la pieza separada de los llamados Papeles de Bárcenas, el 22 de marzo de 2013, el extesorero se había negado a declarar. En aquellos días, Bárcenas actuaba de acuerdo con el PP y negaba ser el autor del manuscrito o caja B del PP.

   El extesorero del PP explica este 15 de julio de 2013 a Ruz, pues, que ha volcado al dispositivo los datos que figuraban en su ordenador personal, un Toshiba, que el PP no le quiso devolver. El juez, días después, a petición de la defensa de Bárcenas, solicita al PP que aporte ese y otro ordenador de Bárcenas. El partido entrega ambos pero aclara que los discos duros han sido destruidos. 

  Precisamente, el pasado jueves, día 4 de febrero, el PP ha sido llamado a declarar esta próxima semana, el 12, como imputado por presunto delito de daño informático y encubrimiento.

    Tal como explicaba Boyero en septiembre pasado estamos ante una película. No es lo que, sin ánimo de infravalorar, podría llamarse teatro filmado. Esto es cine. O si se quiere,se trata de la adaptación cinematográfica de una obra teatral, la que dirigió San Juan en el Teatro del Barrio. Al que la obra vuelve los fines de semana del próximo mes de abril.

    El director David Ilundain localiza el metraje completo en una sola sala. Y la sucesión de planos y contraplanos funcionan como un imán que aferra al espectador a la butaca. El diálogo es la reproducción literal de tramos de la declaración que prestó Bárcenas ante el juez con la participación del fiscal Antonio Romeral, las acusaciones populares y la defensa.

   Y, como decimos, funciona. Hay intriga, hay socarronería -quizá un punto menor a la que suele emanar del Bárcenas real - y desprende lo que se exige de una película de no ficción de este genero: perplejidad y alucinación. Es una catarsis.

    Casablanc no imita a Bárcenas. Lo interpreta. Se aproxima al timbre de su voz, haciéndolo más grave para presentarlo acorde con lo que podríamos llamar el physique du rôle -expresión francesa que define al tiempo el aspecto exterior y el interior de una personalidad-, del extesorero.

  La inspiración de Casablanc abreva en fuentes públicas: las idas y venidas de Bárcenas entre su casa y los juzgados, las declaraciones ante las televisiones, la salida de prisión, todo el material que ha hecho del extesorero un personaje familiar. La velocidad con la que habla es algo mayor a la del extesorero. Pero su ritmo se corresponde con la vehemencia. Casablanc ha construido un Bárcenas de carne y hueso.  

    Más difícil lo tenía Manolo Solo. Porque interpreta a un juez, Pablo Ruz, que se prodiga muy poco. En algún paseíllo desde la Audiencia Nacional a una cafetería cercana.

   El actor, empero, intuye la personalidad discreta, cuidadosa, de un juez que tiene 37 años en el momento de la declaración, y que depende para seguir instruyendo la causa de la renovación de mandato que cada seis meses hace una politizada comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ. Su presidente, Carlos Lesmes, se lo quiere  quitar de en medio, objetivo que finalmente conseguirá en diciembre de 2014.

   El Ruz de Manolo Solo, como el Bárcenas de Casablanc, capta muy bien al juez (en la imagen Ilundain junto a Solo-Ruz) 

                          

      

   

   Casablanc-Bárcenas es el encargado de tirar la bomba en el juzgado y Solo-Ruz el que, no menos perplejo que Boyero como crítico-espectador, tiene la obligación de extraer las consecuencias.

   El resultado es una película de acción dentro de las paredes de una sola habitación. Son ochenta minutos que condensan cinco horas de confesión.

   Pues eso, una sala de despiece de las prácticas del Partido Popular.  

    Las consecuencias de B La película siguen tan vigentes que al anunciar a los nominados al premio de mejor actor protagonista, el telediario de TVE anunciaba a los actores Luis Tosar, por El desconocido, a Asier Etxeandia, por La Novia, a Ricardo Darín, por Truman, y a Pedro Casablanc... sin mencionar la película.

 

 

Operación investidura

                           

    

  Dice Wikipedia: El kabuki (歌舞伎) es una forma de teatro tradicional que se caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores. Da la sensación, precisamente, de que la política española está asumiendo algunos de estos maquillajes (en la imagen una de las obras clásicas Yoshitsune y los mil cerezos), aunque difícilmente pueda calificarse de "drama estilizado".

   Mariano Rajoy estaba desde la noche del 20 de diciembre a merced del PSOE. Y Pedro Sánchez sostuvo desde la primera hora, con el Comité Federal, que no iba a apoyar ni a abstenerse con Rajoy y con el PP. En otros términos, ya podía el PP apartar a Rajoy que el PSOE no iba a apoyarle, ni activa ni pasivamente. Ni sí, ni abstención.

  Rajoy renunció, por tanto, a la primera oferta que le hizo el rey Felipe por no contar con los apoyos para garantizarse la investidura. En la segunda ronda, Sánchez expresó al Rey su disposición a dar el paso al frente si Rajoy volvía a renunciar. En esta ocasión, Rajoy no tuvo que declinar. El Rey, contando con la disposición de Sánchez, escuchó después a Rajoy, quien le explicó que seguía sin reunir las condiciones para ir a una investidura.

  Por tanto, con la disposición de Sánchez y la indisposición, por así decir, de Rajoy, el Rey encargó al secretario general del PSOE la formación del gobierno.

  ¿Quiere ello decir que Sánchez reúne los apoyos necesarios para sacar adelante un gobierno?

  No. Pero a diferencia de Rajoy ha decidido dar el paso al frente.

  ¿Qué posibilidades tiene de conseguirlo?

  Muy pocas. Y ya no hablemos de un gobierno con un programa claro y la estabilidad necesaria para gobernar.

  ¿Por qué?

  El PP va a votar en contra. Porque incluso en el improbable escenario de un gobierno de coalición del PSOE con Ciudadanos o un respaldo de esta fuerza a la investidura de Sánchez, 130 escaños entre ambos, el voto en contra del PP y de Podemos provocará el naufragio. O es que Podemos ¿se va a abstener? Altamente improbable aunque coincida en el no con el PP.  En la mesa del Parlamento acaban de coincidir para recortar los plazos de negociación de Sánchez incluso cuando no se trata de una decisión vinculante. 

  ¿Por qué poner delante a Ciudadanos en el calendario de alianzas de Sánchez? Porque él lo ha querido así. Toda la presión del Comité Federal ha conseguido ciudadanizar a un Sánchez sobre el cual Susana Díaz, por un lado, y los barones, por el otro, albergaban grandes sospechas. ¿De qué? De un pacto con Podemos. Algunos dicen que Sánchez encargó sigilosamente un papel con una serie de propuestas para negociar con Podemos. Tampoco es para rasgarse las vestiduras. Pero este Sánchez podemizado es el que levantó todas las alarmas.

  La presión del Comité Federal ha contado con un aliado para enderezar a Sánchez: el clarinazo de Pablo Iglesias el 22 de enero, mientras Sánchez departía con el Rey, con la propuesta de gobierno de coalición -la Operación Sonrisa del Destino -, a través de la cual el líder de Podemos se autopostulaba como vicepresidente.

   Sánchez estimó desde el viernes 22 que la idea de un gobierno de izquierda entre PSOE, Podemos y IU-Unidad Popular, es decir, 161 escaños, debía dar paso a un gobierno de cambio y reformista con base en el PSOE y Ciudadanos. Sánchez, que a horcajadas de Podemos se ha lanzado a la investidura, le ha dejado para el final de la ronda de consultas.

   A partir de ello, y con ayuda del mandato real, Sánchez ha logrado calmar a las fieras de su partido. Susana Díaz  considera ahora que "el Rey y Sánchez han hecho lo correcto". Y como en diálogo satisfecho consigo misma, ha dicho: "Ahora tengo que dejar que los compañeros trabajen".

   La labor de Sánchez con la aritmética imposible que ha dejado el 20-D es doble. Aprovechar la Operación Investidura para asegurar su liderazgo en el partido y al tiempo mejorar la posición electoral del PSOE, posición cuya vulnerabilidad se desprende de la encuesta del CIS ya superada de fechas, dado el vértigo que provocan los acontecimientos diarios en este país, pero no por ello menos sugerente.

   Sánchez cuenta con el deterioro de la imagen de Rajoy y del PP en su difícil gestión de la investidura y con otro aliado en la marea de la corrupción que amenaza con convertirse en un tsunami si ya no lo es, por lo menos, en la Comunidad Valenciana, donde el 20-D el PP resultó ser la fuerza política más votada. El partido está en vías de desagregación en una región que desde hace más de dos décadas se ha configurado como su columna vertebral.

  Rajoy y el PP están, pues, en el lado oscuro. 

 La reacción ante el escándalo de blanqueo y presunta financiación ilegal en la Comunidad Valenciana ha seguido el patrón de conducta de Rajoy durante todos los casos anteriores. En el terreno de la política judicial un hecho ha pasado casi de puntillas.

   Y es que con la que cae en la la citada Comunidad, el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha intentado sacar adelante en el pleno del CGPJ, del pasado día 28 de enero, el nombramiento de Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, para el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sustitución de Pilar de la Oliva, magistrada conservadora pero al parecer demasiado independiente.

   Magro Servet ha sido elegido senador del PP en las elecciones de 1996 por la provincia de Alicante y actuó como secretario primero de la comisión de Justicia del Senado. Lesmes no lo consiguió: una alianza de votos progresistas y conservadores descolgados apoyó a Pilar de la Oliva. Con el panorama actual en la Comunidad Valenciana, ¿se imaginan un ex senador del PP al frente del TSJ de la Comunidad, que juzga a los aforados?

    Bien.

   Volvamos a Sánchez, quien frente al lado oscuro se sitúa a sí mismo y al PSOE en el lado luminoso.

   Si la negociación es difícil, la sesión de investidura puede ser una pesadilla. Porque sin los apoyos, Sánchez se verá sometido a los sablazos cruzados de todos los partidos. Será una sesión catártica. Tendrá que salir vivo. El PSOE acusará a Podemos de frustrar un gobierno del cambio; Podemos al PSOE de abortar un gobierno de izquierda.

   Y si Sánchez consigue mejorar la posición relativa del PSOE como resultado de esta travesía todavía tendrá que firmar una paz duradera con Susana Díaz para volver a ser el candidato en las elecciones.

    Estamos en campaña electoral. Las negociaciones y la investidura son, como tales, fases de esa campaña, de las cuales cada uno espera salir en las mejores condiciones y con argumentos para la nueva confrontación en las urnas.

  Y, mientras, la cadena amenaza con romperse, como siempre, por el eslabón más débil: el renovado ímpetu del proceso independentista en Cataluña. Que ya ha arrancado ayer un "acuerdo de unidad frente a los secesionistas" entre Mariano Rajoy y Albert Rivera.

   Un pacto verbal fraguado, tras un mensaje de Rivera al presidente del Gobierno en funciones en la que proponía un acuerdo PP-PSOE-C's, el mismo día en que dio comienzo la negociación entre ambos para la investidura. Rajoy lo cogió al vuelo al margen de Sánchez y llamó por teléfono a Rivera en busca del titular. Así se las gastan. Todos contra todos.

   

   

   

   

      

    

     

    

 

 

¿Qué he hecho yo para merecer esto?

Hay un ejercicio que puede tener interés para conocer por lo que está pasando Mariano Rajoy (en la imagen con Jorge Moragas). Si entras a la web del Palacio de la Moncloa te encuentras con cuatro párrafos que se supone transmiten lo esencial de su comparecencia después de la reunión de 45 minutos que mantuvo con el rey Felipe. Esos cuatro párrafos, en efecto, los ha apuntado el presidente del Gobierno en funciones. Pero, ¿cuál es la historia? Que no reflejan la realidad, completa, de su rueda de prensa.

En estos párrafos se pinta al hombre de sentido común. Al presidente del Gobierno en funciones. El hombre se presenta a la rueda de prensa con cara de decir "qué he hecho yo para merecer esto". Está perplejo.

"Ha reiterado su propuesta de un Ejecutivo presidido por el partido más votado y apoyado en las tres fuerzas políticas que están de acuerdo en los temas fundamentales, los que más importan al conjunto de los españoles: la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, nuestra posición en Europa, el euro y la lucha contra el terrorismo", dice el texto de la web.

Pero ni éste ni los otros tres párrafos transmiten la tensión de la comparecencia. Esa tensión es visible cuando Rajoy ataca a la otra coalición, la del PSOE, a la que se presenta como competidora con la suya. Se trata del presidente del Partido Popular que habla desde La Moncloa. Tenemos, pues, al otro Rajoy.

Es una comparecencia concebida como el prólogo de una nueva campaña electoral. Pedro Sánchez y el PSOE son los malos de la película. No quieren hablar conmigo. Me ignoran.

Rajoy confiesa no tener los apoyos ahora para formar esa coalición con el PSOE y Ciudadanos y se dedica, pues, a arremeter contra el PSOE. Los periodistas le arrancan la información de que esta segunda vez, el Rey no le ha encomendado la formación del Gobierno.

Da la sensación de que no entiende lo que pasa. Ha olvidado cómo ha gobernado durante cuatro años y quiere seguir haciéndolo igual, ahora con un 28% de los votos. No dejará de ser candidato del PP, asegura, en una posible investidura posterior. Será, afirma sin fisuras, cabeza de cartel si hay unas nuevas elecciones. Niega con igual rotundidad que su partido vaya a abstenerse si Sánchez consiguiese presentar una coalición -lo que he llamado Pequeña Gran Coalición- entre PSOE y Ciudadanos. Estos dos partidos son maravillosos para apoyarle a él como presidente del Gobierno, pero no para gobernar sin el PP.

Cuando se le pregunta por los plazos en los que podría acometer Pedro Sánchez la investidura, contesta, despreciativamente, que podrían ser meses, vaya usted a saber con gente como el PSOE y Podemos. No son como nosotros, viene a sugerir.

¿Qué ha hecho Rajoy desde el 20-D aparte de disponer de tiempo libre como ha dicho a Carles Perez, el falso Puigdemont? ¿No se disponía a hacer una oferta que el PSOE no podría rechazar? ¿Dónde está esa oferta? ¿Qué reforma constitucional? ¿Qué hacer en relación con Cataluña? ¿Qué política económica? ¿Qué reforma electoral?

Más de lo mismo.

Su mentor, el hombre que le nombró, José María Aznar, se abocó a conseguir en 1996 la investidura con 156 escaños y tardó 53 días en obtener el respaldo de Jordi Pujol i Soley y de Xabier Arzalluz. En el día 63 fue investido presidente del Gobierno.

Rajoy rechaza el ofrecimiento del Rey, sin intentarlo, en la primera ronda; luego, en el umbral de la segunda ronda de consultas del Rey  dice que el problema es Sánchez por su alianza con Podemos y declara desde la junta directiva del PP, en Córdoba, que su partido frenará con la mayoría absoluta de que goza en el Senado (merced a una ley electoral que le ha permitido obtenerla con un 28% de los votos) los "disparates" de un futuro gobierno, en alusión a una coalición de izquierdas. 

Si se pregunta qué he hecho yo para merecer esto, como su rostro evoca, una mirada a vuelo de pájaro sobre su legislatura le daría las respuestas.

Rajoy se sitúa en la reserva.

Está en su derecho... si su partido se lo consiente. Pero ya que confiesa su falta de capacidad para obtener los apoyos necesarios, que deje a los demás, democrática y constitucionalmente, hacer el intento. Que solo se trata de eso: un intento.

Como suele decir su conmilitona Esperanza Aguirre, tranquilidad y buenos alimentos.

La Infanta y los 'sastres' del Supremo

 

                          

     

 

   

 

   

 

   

  ¿Sabrá la Infanta cómo llegó al banquillo del caso Nóos y por qué seguirá en él hasta el final del juicio oral? Seguro que le sonarán los nombres de Emilio Botín, el extinto presidente del Banco Santander, y de Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. Pero el conocimiento superficial no agota el asunto.

  Las magistradas Rocío Martín, Samantha Romero, presidenta y ponente, y Eleonor Moyà (de izquierda a derecha, en la imagen), que forman el tribunal del caso Nóos en la Audiencia de Palma, han resuelto que debe seguir en el banquillo por ser presunta cooperadora necesaria en dos delitos fiscales tras interpretar las sentencias de ambos casos y concluir que los delitos fiscales entran dentro de la lógica de la doctrina Atutxa. 

   Esto es: que la acusación popular puede llevar a la infanta Cristina al banquillo en solitario  aunque el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, que en el caso Nóos representa a Hacienda, no presenten acusación contra ella.

   Pero son los hechos que hay detrás de los nombres los que merece la pena reconstruir. 

    He aquí, pues, la historia.

   En noviembre de 2006, el presidente del Banco Santander es juzgado por delitos fiscales (comercialización del producto financiero llamado cesiones de crédito). La Fiscalía y el Abogado del Estado no le acusan. Sólo lo hace, tardíamente, una acusación popular.

   El tribunal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Javier Gómez Bermúdez aborda al empezar el juicio oral las cuestiones previas. La defensa del banquero y otros ejecutivos pide el sobreseimiento. El tribunal acepta la petición y archiva la causa. El juicio no se celebra.

    ¿Por qué? El tribunal interpreta literalmente el artículo 782.1 de la ley de Enjuiciamento Criminal. Si la Fiscalía y el Abogado del Estado piden el sobreseimiento el juez instructor, en este caso la magistrada Teresa Palacios, debía concederlo. El acusado, pues, no puede ser llevado a juicio.

   La acusación popular recurre. El 3 de diciembre de 2007, un pleno jurisdiccional de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, convocado a raíz de la división de opiniones, vota a favor de confirmar la absolución de Botín. El ponente, Julian Sánchez Melgar, partidario de condenarle, deja la ponencia. La asume el magistrado Enrique Bacigalupo.

  Conclusión: la acusación popular en solitario no basta para sentar en el banquillo a un acusado. Es lo que dice literalmente la ley. "Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa...lo acordara el juez", se lee en la ley citada. La mención a la acusación popular brilla por su ausencia.

  Forman mayoría, con matices, 8 magistrados, contra 6.

  El precedente dura poco. La sala segunda de lo Penal del Supremo tiene que resolver, en paralelo al caso Botín, un recurso contra la sentencia absolutoria del expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, acusado de un delito de desobediencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En este caso, el Ministerio Fiscal no había acusado a Atutxa; sí lo hace la acusación popular de Manos Limpias.

   Ante la división de criterios, el 17 de diciembre de 2007 se resuelve convocar para el 21 de enero de 2008 un pleno jurisdiccional sobre el recurso de casación presentado por la acusación popular de Manos Limpias contra la sentencia.

   La defensa de Atutxa pide que se aplique la doctrina Botín y se confirme la absolución. La Fiscalía respalda a Atutxa. El ponente, Carlos Granados, que ha apoyado dicha doctrina, es coherente: propone al tribunal su aplicación.

    Flash back

   El caso Atutxa viene de 2003. Tiene alto voltaje político. Tras ser ilegalizada Batasuna por la sala 61 del Tribunal Supremo, se ordena disolver el grupo parlamentario Socialista Abertzaleak. Atutxa, miembro del Partido Nacionalista Vasco, invoca el fuero para no hacerlo. Los escaños son  "propiedad" de los diputados, no del partido político.

   La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado elabora una querella contra él por desobediencia.

  El fiscal Manuel Marchena es miembro de la secretaría técnica del Fiscal General del Estado Jesús Cardenal. El 21 de junio de 2003 se presenta la querella en el TSJ del País Vasco; cuatro días más tarde, Marchena es ascendido a fiscal jefe de “la técnica”, como se la conoce.

  La tramitación de esta querella provoca una intensa actividad. En aquella época, el juez Enrique López es portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2003 a 2008 tendrá que explicar en repetidas ocasiones el procedimiento contra Atutxa y las incidencias procesales en el propio CGPJ. (En la imagen, Marchena segundo por la izquierda; López segundo desde la derecha, ambos en la Fundación Wolters Kluwer)

                                

 

 

 

 

 

   Flash forward

  Estamos a 21 de enero de 2008. La mayoría del tribunal que ve el recurso de casación contra la absolución de Atutxa no apoya, como propone el magistrado Granados, aplicar la doctrina Botín. Marchena es magistrado de la sala de lo Penal del Supremo desde marzo de 2007. Es él, que quiere convertir la sentencia absolutoria en condenatoria, quién sustituye a Granados como ponente en el caso Atutxa.

   No se abstiene por haber participado en la elaboración de la querella contra el presidente del Parlamento vasco en 2003, origen de la causa que ahora juzga.

  También Marchena viene de apoyar la doctrina Botín y su voto concurrente con la mayoría, es decir, de respaldo, incluye diversas observaciones. Ninguna de ellas apunta, ni de lejos, a lo que Marchena va a proponer. Un giro copernicano en treinta días.

  En este pleno de la sala segunda de lo Penal del Supremo no participa Bacigalupo, ponente de la doctrina Botín, habida cuenta de que se ha aceptado su abstención por haber participado en la sala del 61 donde se han originado los hechos que se van a juzgar en el caso Atutxa. Tampoco forma parte del pleno el magistrado José Manuel Maza, por haber sido recusado en otro recurso vinculado con el caso. Maza, a su vez, se había opuesto a la mayoría en el caso Botín.

  Marchena, nuevo ponente en el caso Atutxa, hace una obra de ingeniería jurídica. Empieza por la conclusión: Atutxa no debe salir vivo. Sanciona la defunción de la flamante doctrina Botín. La desobediencia de Atutxa, nos dice, formaría parte de delitos “que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”. Aunque la Fiscalía no le haya acusado y como en el delito de desobediencia no hay acusación particular (directamente perjudicados), aquí basta, sentencia Marchena, con la acusación popular en solitario para sentarle en el banquillo.

  Marchena repesca el apoyo de tres magistrados que votaron contra la doctrina Botín y forma una mayoría de 8 contra 4.

  Esta sentencia ad hominem sume la jurisprudencia del Supremo en un caos. Va de precedente (overruling) en precedente en apenas un mes. La doctrina Botín, más allá de su acierto o error, según se mire, no puede, pues, consolidarse como tal porque la sala de lo Penal, dividida, vota de manera transversal en los dos casos, con magistrados que cambian de bando, algunos de los cuales ven en el caso Atutxa una oportunidad para replantear, ahora desde la nueva mayoría, su oposición a la doctrina Botín.

   La defensa de Atutxa recurre en amparo al Tribunal Constitucional. El ponente del caso, Pablo Pérez Tremps, propone en mayo de 2013, conceder el amparo y absolver a Atutxa de inhabilitación y multa. Pero la mayoría, a las puertas de un reforzamiento del sector conservador con la inminente renovación  del TC, no le apoya. La causa queda paralizada. Ya lleva cinco años en el citado tribunal.

  En noviembre de 2013, Pablo Pérez Tremps es sustituido como ponente por... Enrique López, que ha sido nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional a primeros de junio. A pesar de haber intervenido desde el CGPJ como portavoz en la explicación pública de la querella contra Atutxa, López rechaza abstenerse (en la imagen, López jura su nuevo cargo)

      

   

    Su ponencia, asumida por la mayoría, deniega el amparo y confirma la sentencia elaborada por Marchena en el Supremo. El abogado del expresidente del Parlamento vasco, Alberto Figueroa, espera el desenlace de su recurso, admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y realizadas ya las alegaciones.

 La división del trabajo objetiva entre Marchena en el Supremo y López en el Constitucional ha funcionado. 

  Su sentencia ad hominem sume al Supremo en un caos. Pero ello no impide, faltaba más, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, impulse la candidatura de Marchena, en septiembre de 2014, a la presidencia de la sala de lo Penal del Supremo y sea ungido por la mayoría conservadora. (En la imagen, Marchena saluda a Lesmes al asumir la presidencia).

            

 

   La doctrina Botín, más allá de la interpretación acertada o equivocada, justa o arbitraria, según se mire, de la ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede, tras la sentencia del caso Atutxa, consolidarse como jurisprudencia.

   El nuevo traje a medida confeccionado por Marchena para llevar hasta el final la querella criminal por desobediencia, elaborada en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado en 2003 contra el expresidente del Parlamento vasco, termina convirtiéndose en el patrón para encajar a la Infanta al banquillo primero y para su permanencia en él ahora.

    Pero resulta más que probable que Marchena, ahora como presidente de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tenga que lidiar con este toro nuevamente.

  El juicio oral del caso Nóos terminará previsiblemente en junio próximo. El tribunal que preside la magistrada Samantha Romero tendrá que valorar la prueba y decidir sobre la participación de cada uno de los acusados en las operaciones presuntamente delictivas.

  La sentencia de la infanta Cristina, pues, irá a la segunda segunda de lo Penal a través del recurso de casación. Si es absuelta de los delitos, la acusación popular (Manos Limpias, como en el caso Atutxa) recurrirá. Si es declarada culpable, lo harán la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su defensa. Tanto por el tema procesal de la doctrina Botín como por los de fondo, esto es, su participación en los delitos fiscales.

   Una cosa es segura: el juicio no tendrá que repetirse. Si el Supremo estimase de aplicación la doctrina Botín, tanto la infanta, como Ana María Tejeiro, esposa del acusado Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, serían absueltas.

  Pero el magistrado Marchena, ahora presidente de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tendrá que dar, llegado el caso, otra vuelta de  tuerca de ingeniería jurídica ante una sala de lo Penal equilibrada entre magistrados partidarios de ambas "doctrinas".