Bankia, testigo de cargo

                                    

 

     

 

    Si no hay petición de nuevas diligencias, esta mañana, lunes 5 de septiembre, declara ante el juez Fernando Andreu el último testigo en el caso Bankia. Se trata de José Antonio Casaus, el inspector responsable (cabecera en la jerga interna del Banco de España) primero en Caja Madrid, desde 2009, y, más tarde, responsable, a partir del 3 de diciembre de 2010, del grupo BFA (Banco Financiero y Ahorro) -resultado de la unión de siete cajas de ahorro-, de la salida posterior a Bolsa de Bankia en julio de 2011 y, finalmente, la persona que estuvo a cargo del seguimiento de la reformulación de las cuentas a finales de mayo de 2012.

   Casaus declara, a partir de las 9.00 horas, en calidad de testigo del fiscal Alejandro Luzón y de la acusación popular que representa el abogado Andrés Herzog (Confederación Intersindical de Crédito). Aunque ya prestó declaración el 21 de julio de 2014, Herzog fue el primero que propuso su vuelta a la Audiencia Nacional el pasado 8 de junio. Y en escrito con fecha 30 de junio, lo hizo el fiscal Luzón. El juez, al admitir esta prueba, el pasado 6 de julio, se la atribuye en exclusiva al fiscal.

  En efecto, Casaus, por tanto, es testigo de la acusación. No figura, por ejemplo, entre los testigos del Banco de España que ha propuesto en esta oportunidad lo que podríamos llamar la defensa, es decir, Francisco Celma, el socio auditor de Deloitte, firma encargada de auditoría externa de Caja Madrid en su día y de Bankia más tarde. Tanto Celma como Deloitte son investigados.

  Como en la película Witness of the prosecution (titulada Testigo de cargo en España), basada en la novela de Agatha Christie (en la  imagen se ve a los actores Charles Laughton y Marlene Dietrich), la declaración de Casaus puede ser muy relevante, por lo que se podría hablar de un testigo de cargo.

   Los dos peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets, cuestionan el estado de salud de las siete entidades que dieron nacimiento a BFA primero y que, más tarde, salieron bajo el nombre de Bankia a Bolsa, en base precisamente a los informes de seguimiento del equipo del cual era cabecera Casaus.

   Uno de sus superiores en la época de salida a Bolsa de Bankia, Pedro Comín, jefe de grupo en aquellos días y actualmente director general adjunto de Supervisión del Banco de España, ha puesto a su vez en cuestión la enfermedad - salida a bolsa de un grupo virtualmente quebrado- que diagnosticaron los inspectores Sánchez y Busquets en su papel de peritos judiciales.

  Cuando Casaus declaró por primera vez, en julio de 2014, la investigación del caso estaba en pañales.

 En su escrito de 8 de junio, Herzog recordaba que Casaus había declarado en relación a un informe de inspección sobre Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010.

"Pero lo cierto es que más allá de ese concreto informe sobre el que fue preguntado, el señor Casaus ha sido durante muchos años inspector “cabecera” del Grupo BFA-Bankia y los informes de seguimiento en los que intervino son citados profusamente en los nuevos informes de los peritos judiciales, Victor Sánchez y Antonio Busquets. Eso por no mencionar la infinidad de diligencias practicadas y documentos incorporados a las actuaciones desde hace dos años (cuando declaró Casaus) que aconsejan que se le reciba de nuevo declaración en calidad de testigo, pues se trata del inspector que ha sido clave durante todo el desarrollo de la operación de Bankia... Es evidente que no hay mejor persona (si atendemos a su independencia de criterio y al conocimiento en la práctica de los problemas y la realidad contable de la entidad) para aclarar y despejar algunas de las sospechas de índole técnico, contable y financiero, que se han querido sembrar sobre la competencia y buen hacer de los peritos judiciales las representaciones de los investigados".

   Fuentes que siguieron en su día la elaboración de los informes del equipo de inspectores del Banco de España señalan que Casaus era muy crítico tanto con los planes de fusión de las siete cajas de ahorro como con la salida a Bolsa y la posterior reformulación de las cuentas. Eso se podría rastrear y confirmar en los correos electrónicos intercambiados en su día entre el cabecera Casaus y los inspectores que participaban en los trabajos de supervisión de 2010 y 2011.

  Pero también en informes de seguimiento en los que se analiza la  reformulación de las cuentas -un asunto clave en relación a determinar si los 22.420 millones de euros de ayudas de capital directas canalizadas por el Estado se han ajustado a la realidad-, unos informes correspondientes al ejercicio 2012 que todavía no se han incorporado a la causa, que han sido solicitados por Herzog, petición sobre la que el juez Andreu tiene pendiente pronunciarse.

  Las cifras de saneamiento han resucitado en la investigación a raíz de las declaraciones dispares de altos cargos del Banco de España a finales de julio pasado. El juez Andreu pudo escuchar que cifras de saneamientos de 13.000 millones, más otros 3.000 millones adicionales, como afirmaciones según las cuales, el auditor Deloitte hubiera estado dispuesto a estampar su firma debajo de un saneamiento de 9.000 millones de euros. En todos los casos, se trata de cifras muy alejadas de los 22.420 millones de ayudas directas inyectadas por el Estado, según las cuentas de Bankia, al nacionalizar la entidad en mayo de 2012.  

  El testigo Casaus ha ascendido con posterioridad a jefe de equipo en su carrera dentro del Banco de España. Y los altos cargos de la entidad han defendido a capa y espada su política de fusiones de cajas de ahorro y la promoción de las salidas a Bolsa. En particular en el caso de Bankia, han reafirmado la existencia de las enigmáticas provisiones específicas pendientes de asignar, bautizadas como pepas, en referencia a los 6.913 millones de euros que figuran en el folleto de salida a Bolsa de Bankia como un colchón aplicar a saneamiento de  créditos dañados.

   Los peritos judiciales, los también inspectores Sánchez y Busquets, señalan en sus informes que dichos provisiones no han existido y que su mención en el folleto ha sido una añagaza comercial para tranquilizar a los inversores potenciales.

  Más allá del debate contable sobre estas provisiones ¿acaso no hay una manera de comprobar su existencia? La hay. Se trata de verificar el asiento contable anotado en los libros diarios de Bankia.

¡Elemental!

                                                                           

                                                                    Dos      

 

  José Antonio Casaus, el inspector más importante de Caja Madrid, el holding BFA y Bankia declaró ayer, lunes 5 de septiembre, por espacio de casi dos horas ante el juez Fernando Andreu en calidad de testigo, culminando el ciclo de declaraciones de altos cargos del Banco de España. En la última semana de julio comparecieron como testigos Mariano Herrera, director general de Supervisión; Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión; Julio Durán, director de Estabilidad Financiera y Resolución; Pedro González, inspección IV; Jerónimo Martínez Tello, ex director general de Supervisión y actualmente adjunto; y Pedro Bravo, inspector.

  Señaló Casaus a preguntas de Herzog: “Advertimos a nuestros jefes que Bankia era inviable. Era una máquina de perder dinero, y la salida a Bolsa no solucionaría los problemas. Es más, advertimos que acabaría siendo nacionalizada”.

  Casaus lleva más de veinte años en el Banco de España. Ha confirmado que en varios correos electrónicos advirtió a sus jefes de la situación. Su testimonio lo convierte en testigo de cargo, tanto contra Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, y la firma Deloitte, que fue el supervisor externo y presuntamente independiente de las cuentas de Bankia y anteriormente de Caja Madrid, como contra el Banco de España, cuyos directivos han intentado justificar la salida a Bolsa en sus testimonios de finales de julio pasado.

   El juez, a petición del fiscal Alejandro Luzón, ha rechazado hasta ahora imputar (investigar según la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal) a la cúpula del Banco de España. Fernando Restoy, que fue vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al aprobarse el folleto de salida a Bolsa de Bankia no ha sido llamado a prestar declaración. Su entonces jefe, Julio Segura, sí compareció en calidad de testigo. Estoy renunció al cargo de subgobernador del Banco de España precisamente al terminar de declarar los directores generales de la entidad en julio pasado.

  Según explicó Casaus, a preguntas de Herzog, el primero en interrogar por haberle propuesto como testigo antes que nadie, la rentabilidad de Bankia era “cero”. La tendencia, explicó, era negativa. No había dinero, “ni un solo euro", según dijo, para sanear créditos dañados. Casaus no solo apuntó que la entidad era “inviable” sino precisó que la salida a Bolsa no resolvería –como al parecer pretendía la cúpula del Banco de España- los problemas sino que acabaría siendo nacionalizada.

  El que fuera cabecera de la inspección en Caja Madrid, y más tarde, en diciembre de 2010 cabecera también del Grupo BFA (Banco Financiero y Ahorro), resultado de la integración de siete cajas de ahorro, y finalmente el responsable en el momento de la salida a Bolsa, julio de 2011, y durante reformulación de las cuentas (mayo de 2012), señaló que a marzo abril de 2011 Bankia había llegado a “un punto de no retorno”, que la gobernanza de la institución requería mayor credibilidad y honradez, y que la viabilidad estaba en cuestión.

    Casaus se entrevistó en esas fechas con Rodrigo Rato, presidente de Bankia, según relató, y reflejó en un informe trimestral de seguimiento, y apuntó  que el hombre fuerte de la entidad por aquellas fechas estaba de acuerdo con el diagnóstico de los inspectores. 

   El entonces "cabecera" de los inspectores reportaba a los jefes de grupo. Primero fue Javier del Río. Y más tarde, durante la operación de salida a Bolsa, Pedro Comín.

   Según apuntó, faltaban provisiones (dinero que se separa para cubrir pérdidas por créditos impagados) por valor de 16.000 millones. En el momento de fusionarse las siete cajas que dieron nacimiento a BFA, el patrimonio era algo superior a 15.000 millones. Ergo: estaba quebrado... antes de salir a Bolsa con la marca Bankia.

 Sobre la fase anterior a la salida a Bolsa, Casaus señaló que las valoraciones hechas por la empresa Analistas Financieros Internacionales (AFI) para llevar a cabo la integración de las siete cajas de ahorro no reflejaban la realidad. “El papel –señaló a preguntas de Herzog- lo aguanta todo”.

   Preguntado por Herzog sobre el significado d lo que acababa de decir, señaló que las estimaciones eran muy optimistas. Deloitte, la empresa auditora, ha sido sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), entre otras cosas, precisamente por no hacer las comprobaciones de los valores aportados por AFI.

  Casaus admitió que había una partida de crédito promotor de 20.000 millones de euro que no devengaba intereses y que debía estar clasificado como dudoso. Sin embargo, no era así.

  El fiscal Alejandro Luzón, que se adhirió a la petición de declaración testifical de Casaus por parte de Herzog, indagó sobre las presuntas provisiones genéricas pendientes de asignación, las denominadas pepas, que según el folleto de salida a Bolsa de Bankia, aprobado por la CNMV, ascendían a 6.913 millones. Estas provisiones, según los peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets, en realidad no existían. Los directivos del Banco de España presentaron estas provisiones como el colchón que permitía cubrir pérdidas por insolvencias. 

  Casaus dijo que no opinaría sobre temas contables, y apuntó que esa información la había proporcionado Bankia en su día. No sabía, señaló, dónde habían sido contabilizadas esas provisiones pendientes de asignar ni si estaban debidamente reflejadas. 

  El fiscal Luzón, que ha creído la versión de los directivos del Banco de España, y que según fuentes jurídicas quiere cerrar el caso de la salida a Bolsa sin acusar, buscaba una afirmación rotunda de Casaus sobre la existencia real de dichas provisiones, que los peritos judiciales han negado. 

  Pero Casaus, que dijo haber leído un resumen de ocho páginas del primer dictamen de los peritos, de diciembre de 2014, no pudo ni quiso satisfacer la ansiedad del fiscal. En cierto momento, Luzón preguntó de manera vehemente, cómo era posible que no supiera donde estaban contabilizadas dichas provisiones y si estaban reflejadas correctamente, y si no se verificaba la información que transmitía Bankia,  Casaus explicó que, además, esas provisiones carecían de trascendencia económica. Esta falta de trascendencia es lo que se subrayaba, por otra parte, en un informe de la dirección general de Regulación dirigido al Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB).

  El juez, que no hizo preguntas durante la declaración, salió en ayuda del inspector frente al fiscal, señalando que debía contestar sobre lo que conocía. Casaus dijo que si el fiscal pretendía que hiciera un peritaje, él estaba en condiciones de realizarlo. Pero el juez dijo que estaba allí como testigo y que no se le requería para hacer peritajes.

  José Antonio Casaus se ha convertido, sin versiones rocambolescas, como la de Christine (Marlene Dietrich) por ejemplo, en la película de Billy Wilder ya mencionada, en testigo de cargo de las versiones contradictorias de los altos directivos del Banco de España.

 

  De su declaración sale ahora una idea más acabada sobre la crisis bancaria en España.

 

  La expansión de crédito y la burbuja inmobiliaria provocaron unos daños en el sistema financiero que las cúpulas del Banco de España -entre 2003 y 2008- no quisieron frenar. Y cuando la burbuja española se pinchó como reflejo de la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos -la llamada Gran Recesión- la cúpula dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordoñez ensayó una serie de fusiones -el llamado Sistema Institucional de Protección (SIP)- y su colofón, la salida a Bolsa, una huída hacia adelante para ganar tiempo  con la convicción de que se trataría de una crisis coyuntural de corta duración. Los costes en términos de ayudas globales, no solo la inyección de capital (unos 53.000 millones de euros), superan los 200.000 millones de euros.  

   

    Esa política de encubrimiento se pudo advertir en la declaración de los altos cargos del Banco de España ante el juez, según se ha citado, el pasado mes de julio. La estrategia  aplicada en Bankia fue en realidad una parte de la que habían llevado adelante con el resto de las cajas de ahorro.

   

   En varios países los grandes costes cargados a presupuestos generales del Estado llevaron a la creación de comisiones parlamentarias de investigación, empezando por el Congreso de EE.UU. 

    

     Pero  no en España.

   

    Spain is different.