Por encima de la melé

                  

 

 

   Más allá de las technicalities estatutarias, más allá de si los que quieren destituir a Pedro Sánchez van a acudir o no -fantasma de secesión-escisión- a la reunión del Comité Federal de este sábado 1 de octubre -porque el remanente de la Ejecutiva Federal, reunida esta mañana, lo ha citado para este sábado con el fin de convocar un Congreso Extraordinario en noviembre- echemos una ojeada por encima de la melé, para usar una figura del rugby que puede reflejar la batalla cuerpo a cuerpo en el PSOE, y avizorar el destino que le espera sea cual sea el resultado inmediato.

    La batalla se desarrolla al borde del abismo. Tanto si Pedro Sánchez logra conservar su cargo como si sus críticos consiguen desplazarle, ese abismo no quedará atrás. Seguirá delante.

  En la hipótesis de que Sánchez lograse continuar, que el Comité Federal (sin el sector que quiere destituirle o lo considera ya apartado) convoque, de acuerdo con los estatutos, un Congreso Extraordinario Federal en noviembre, y después de todo esto él salga victorioso, su propuesta de formar un gobierno alternativo carece de recorrido.

  Los contactos con Podemos y Ciudadanos son un viaje a ninguna parte. Y los tanteos sotto voce con la vieja Convergencia Democrática de Cataluña, que haberlos, haylos, ya no dan para más a partir de la declaración institucional de Carles Puigdemont según la cual pretende convocar en la segunda mitad de septiembre de 2017 un referéndum de independencia con o sin acuerdo del gobierno de Madrid. "La oferta no caduca, pero no paraliza", dijo ayer el president.

   En rigor, la aspiración de Sánchez es ir a las elecciones del 18 de diciembre como candidato del PSOE con el slogan de no es no. Es decir, intentar rentabilidad su oposición al PP.

  Pero, claro, iría a elecciones con el PSOE quebrado. Con un PSOE en proceso de secesión/escisión. No hay Comité Federal ni Congreso Federal Extraordinario que logre cicatrizar unas heridas que no dejarán de sangrar por largo tiempo. Por tanto, esta hipótesis descrita fríamente aboca al PSOE al abismo.

    Si, finalmente, los barones territoriales liderados por Susana Díaz y los servicios que pueda prestar el presidente de Asturias, Javier Fernández, un hombre que en su día se negó a participar en las primarias del PSOE pero que ahora podría jugar un papel transitoriamente relevante, boicotea el Comité Federal del sábado y se hace con la maquinaria del poder, el programa es... evitar las elecciones del 18 de diciembre. Y para ello no hay otra: rendirse con ciertas condiciones y negociarlas para la investidura de Mariano Rajoy.

   El impacto sobre las bases del partido, después de la sangre y energía derramadas, por así decir, en la batalla fratricida, sería tremendo.

    ¿Y todo esto para terminar facilitando la investidura de Rajoy?

     Por tanto, el abismo está ahí.

   Al menos, estiman los críticos, habrán evitado un nuevo desastre electoral tan pronto como el 18 de diciembre; Rajoy será un presidente zombie, cuyo desgaste continuará por efecto de los procedimientos judiciales; y, en minoría, estará a merced de unas fuerzas de oposición que podrían dar cuenta del gobierno del PP en las circunstancias que elijan y el paso del tiempo les permitirá reconstruir el partido. 

    El abismo tiene un nombre: convertir al PSOE en el PASOK heleno.

    

    

     

 

 

 

 

La abstención se abre paso

                                

 

 

       La mañana del miércoles 27 de septiembre, 8.30 hora de Madrid, momento en el que se difundieron las declaraciones de Felipe Gonzalez a la periodista Pepa Bueno, ha sido lo que en la jerga militar se llamaría el Día D, y ocho o nueve horas horas más tarde sería la hora H+9, aproximadamente, el momento en el que Antonio Pradas, dirigente del PSOE andaluz, llegó a la sede del PSOE con las 17 dimisiones de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Estas 17 bajas se suman a otros tres vacantes sin cubrir para llegar a 20 miembros sobre 38 que hubo en su día.

    El objetivo: forzar la renuncia de Pedro Sánchez y el nombramiento de una Comisión Gestora. Las dimisiones reales materialmente hablando son 17. No es la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva Federal reales de 35. Pero los estatutos estipulan que cuando haya mayoría de bajas no cubiertas respecto al número de miembros de la Ejecutiva Federal, se citará al Comité Federal para que a su vez convoque a un Congreso Extraordinario que elegirá una nueva Comisión Ejecutiva Federal.

    Tampoco los estatutos prevén para el PSOE el nombramiento de una Comisión Gestora como ha sido, más recientemente, el caso de Madrid, decisión que adoptó la Comisión Ejecutiva Federal. Las gestoras sí están contempladas para los partidos regionales.

   Pero la dirección de Sánchez ha aceptado las 17 dimisiones más las 3 bajas, por así decir, autoadjudicadas, como una mayoría de vacantes. Por tanto, la Ejecutiva Federal pasa a estar en funciones y se propone convocar un Comité Federal, el que en las circunstancias de mayoría de bajas producida, tiene que convocar a su vez un Congreso Federal Extraordinario. Sánchez ha citado para hoy jueves a esa ejecutiva nacional...sin los 17 dimisionarios.

    El objetivo de las dimisiones, como se ha apuntado, era el nombramiento de una Comisión Gestora, pero he aquí que es el Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, al que correspondería en todo caso la elección de una Comisión Gestora, cosa que, por otra parte, tampoco prevén los estatutos, y en las circunstancias en que la actual Ejecutiva Federal ha quedado minoritaria, los estatutos obligan en realidad a convocar un Congreso Federal Extraordinario. La Comisión Gestora no está ni se la espera, estatutariamente hablando.

   Además, la dimisión de los 17 miembros plantea un problema y es que ellos forman parte del Comité Federal como miembros de la ejecutiva.

   En otros términos, si dejas de ser miembro de la Ejecutiva Federal, ¿cómo vas a seguir siendo miembro del Comité Federal? Esto importa a efecto de contar las fuerzas con las que cuenta cada facción. Según la dirección actual, los miembros de la ejecutiva que han dimitido ya no forman parte del Comité Federal.

     Por tanto, Sánchez ha dado, al aceptarlas, la vuelta a las dimisiones.

   El Comité Federal del sábado 1 de octubre queda en el aire aunque no se haya desconvocado formalmente. Ese Comité Federal tenía en el orden del día la convocatoria del 39 Congreso Ordinario. Será la Ejecutiva Federal de hoy jueves la que tendrá que convocar a otro Comité Federal para que éste, a su vez, acuerde el Congreso Federal Extraordinario. 

    En otros términos, Sanchez viene a decir: queriáis cargaros el Congreso Federal y resulta que con las dimisiones y mi aceptación de ellas y de la situación, estatutariamente hablando, estamos abocados a un Congreso Extraordinario.

    Pero no es menos cierto que la movida de las dimisiones han impedido debatir en el Comité Federal del sábado 1, ya superado por la nueva realidad, según hemos apuntado, el tema central:  el cambio del no a Rajoy por el de la abstención.

  Felipe González, que ya había propuesto a título personal la abstención del PSOE si no se lograba formar gobierno, narró desde Santiago de Chile, en una entrevista grabada horas antes, que el 29 de junio de 2016, tres días después de las segundas elecciones generales del día 26, Pedro Sánchez le llamó para mantener una reunión. Fuentes consultadas aseguran que el ex presidente invitó al secretario general a su casa. Allí conversaron sobre la situación poselectoral. González ya había propiciado una abstención para que gobernara el PP tras las elecciones del 20-D si el PSOE no era capaz de formar gobierno.

   Según reveló González a Pepa Bueno, Sánchez le explicó en esa reunión del 29 de junio que el PSOE votaría no a Mariano Rajoy en la primera votación y que se abstendría en la segunda votación. También le apuntó Sánchez que no pensaba intentar la formación de un gobierno alternativo.

      "Me siento engañado", dijo el expresidente en la Cadena SER.

     González en ningún momento ha dicho que Sánchez le prometiera nada. Y, según diversas fuentes, incluyendo a este cronista, Sánchez contemplaba el escenario descrito por Felipe González caso de que Rajoy sumara 170 escaños. El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha dado entender que esas eran las ideas que se manejaban en aquellos días.

     Sánchez no volvió a mantener reuniones con González desde ese momento, tan solo el intercambio de mensajes por teléfono, según ha explicado el ex presidente.

      Las declaraciones de Felipe González y el hecho de que ha manifestado sentirse "dolido", sensación que González ha explicado en estos meses a algunas personas próximas, apuntan a mostrar que Sánchez no es un líder fiable. Que un día dice una cosa y al otro hace otra. Este asunto de la fiabilidad es importante en un momento en el que el actual secretario general del partido proponía un debate sobre la investidura e invitaba a los partidarios callados de la abstención a dar un paso al frente, entre ellos a Susana Díaz, la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE de Andalucía, a través de elecciones primarias a la secretaría general el 23 de octubre y Congreso Federal Ordinario el 2,3, y 4 de octubre.  

    En rigor, tal como hemos puesto de relieve en estas páginas, el Congreso Federal Ordinario propuesto por Sánchez, de celebrarse, no debatiría nada porque para esas fechas las Cortes ya estarían disueltas (30 de octubre de 2016). Las elecciones del 18 de diciembre serían una realidad.

   La oposición de los barones autonómicos a Pedro Sánchez, como ha señalado también González, subrayan los peores resultados electorales de la historia obtenidos en las sucesivas contiendas como un tema fundamental. Señalan que Sánchez se niega a admitir estos malos resultados. El último episodio han sido las elecciones vascas y gallegas. El líder del PSOE ha eludido pronunciarse con claridad sobre los retrocesos experimentados.

    La entrada en escena de Felipe González y su revelación sobre lo que Sánchez le comentó el 29 de junio de 2016 indican que, en efecto, el tema central que corroe al PSOE, el ser o no ser, es la abstención ante un gobierno presidido por Rajoy, asunto que ha sido tabú, en público, para los barones autonómicos -con la excepción de Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura- y cuya única alternativa real -descartada la posibilidad de un gobierno presidido por Sánchez- son las elecciones el 18 de diciembre.

   Pedro Sánchez ha insistido en hacer contactos para formar ese gobierno, pero se trata de un gesto de cara a la galería. En realidad, quiere ir a elecciones el 18 de diciembre porque cree que su campaña del no es no a Rajoy y al PP le permitiría recuperar terreno ante Podemos.

    González, precisamente, en su entrevista, subraya que la preocupación de Sánchez es cómo ganar a Podemos y la de Podemos cómo ganar al PSOE, siendo que el tema es derrotar al PP.

   La repetición, por segunda vez, de elecciones ha movilizado el pánico entre amplios dirigentes y barones autonómicos. La destitución de Sánchez y evitar la repetición de elecciones van estrechamente unidos.

    Los movimientos de las últimas horas tienen que despejar importantes incógnitas, aparte de la suerte de Sánchez. El Comité Federal tendrá que adoptar una posición ante una segunda investidura de Rajoy, es decir, por ejemplo, cambiar el no para asumir la abstención, al tiempo que convocar un Congreso Extraordinario.

    De salir adelante, la Comisión Gestora ideada por los barones autonómicos -que la dirección actual cuestiona como fórmula antiestatutaria-, para el que se apunta como candidato  para presidirla a Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias y secretario general de los socialistas asturianos, debería dirigir al grupo parlamentario socialista la orden para abstenerse en la votación de una segunda investidura de Rajoy. El Comité Federal podría delegar, según los abstencionistas, por así decir, en la Comisión Gestora - cuestionada como fórmula por la actual dirección- las tareas políticas urgentes.

   La abstención quiere abrirse paso. Pero los obstáculos estatutarios están ahí.

  Para mañana se espera, tras la intervención de Felipe González, la de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido muy crítico con Sánchez en comidas, cenas y reuniones, y que, al parecer, ha decidido manifestarse ante las cámaras de televisión.

La`milonga´del Congreso

                          

 

 

      

    Los miembros del Comité Federal del PSOE recibieron ayer por la tarde dos documentos. En el primero se les convoca para la reunión del sábado 1 de octubre. La carta, firmada por el secretario de Organización y Acción Electoral, César Luena, pone esto: “1. Informe del Secretario General, 2. Ratificación del acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal en relación con la Celebración del 39º Congreso Federal ordinario, 3. Varios”.

     La realidad es que la Comisión Ejecutiva Federal no pudo aprobar dicho acuerdo porque... no se reunió ayer; en cambio, lo hizo un cuerpo más restringido, integrado por los secretarios de áreas, llamado Comisión Permanente (en la imagen, la comisión permanente reunida el lunes).

    Como lo normal antes de cada reunión del Comité Federal es que lo haga la Comisión Ejecutiva Nacional, y esta vez no fue convocada, se informó de que dicha decisión estaba debidamente fundada en una interpretación de los estatutos.

   Bien.

   Pero en su rueda de prensa de presentación del acuerdo, Pedro Sánchez ha hecho referencia varias veces a que era la Comisión Ejecutiva Nacional la que había adoptado la decisión sobre convocatoria de elecciones primarias y Congreso Federal.

 En la carta se señala en el punto dos citado “ratificación del acuerdo” por el que se propone celebrar el Congreso. Se trata de aprobar, o no, la propuesta. El orden del día delata una intencionalidad. Y es que el Comité Federal se limite...a “ratificar”.

  El segundo documento contiene una serie de puntualizaciones y un  calendario: “Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal por el que se propone al Comité Federal fijar la fecha y lugar de celebración del 39º Congreso Federal Ordinario”. 

  Se establece, entre otros puntos, agenda: “recogida de avales entre el 2 y 11 de octubre; remisión de la ponencia-marco el 12 de octubre; jornada de votación, 23 de octubre; congresos provinciales/insulares, 2-5 de noviembre; Congreso Federal, 2,3 y 4 de diciembre”.

    Sánchez explicó el lunes a los medios de comunicación que no se plantea asumir responsabilidades –por ejemplo, presentar su dimisión- si la propuesta de primarias y congreso es rechazada por el Comité Federal. No se lo plantea, dijo, porque, nadie impedirá que el plan salga adelante. Otra posibilidad, que no ha mencionado, es que si su posición es rechazada, se someta a la mayoría.

   Ayer, en una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER, avanzó un paso más. Dijo que no se plantea dimitir en el caso de que la mayoría del Comité Federal se niegue a ratificar su plan.

    Pero la cuestión del calendario tiene interés.

   El secretario general ha explicado que está confeccionado para permitir que si ganan los partidarios de la abstención del PSOE ante una investidura de Mariano Rajoy esta posición pueda llevarse a la práctica. Más difícil, aclaró, lo tendría él con los tiempos, porque si vuelve a ser elegido en la secretaría general intentará formar un gobierno alternativo, pero, no obstante, dijo que dedicaría sus esfuerzos a ello.

    Lo que no encaja en este calendario, si se toma la palabra de que el Congreso Federal es fundamental para debatir las dos alternativas sugeridas por Sánchez, es su afirmación según la cual habría tiempo suficiente para votar a favor de la abstención en una sesión de investidura.

   Porque el plazo para una nueva investidura vence el 30 de octubre, fecha de disolución de las Cortes. Y es que, según el calendario, el Congreso Federal no va a debatir las propuestas de los presuntos e hipotéticos rivales hasta el 2,3 y 4 de diciembre. Insistimos: es Sánchez el que enfatiza en su argumentación, precisamente, que el Congreso debe debatir, aprobar una posición y salir con una sola voz. 

    Pero, se puede objetar, el 23 de octubre el secretario general ya habrá sido elegido y tanto si es abstencionista (a favor de la investidura de Rajoy) como si es negacionista (no a Rajoy y a favor de intentar formar gobierno alternativo) podrá actuar en consecuencia. Por ejemplo, el líder abstencionista podría dirigirse al rey Felipe VI y anunciarle la intención de respaldar a Rajoy,  llamar a líder del PP y negociar las condiciones, y dirigirse al grupo parlamentario socialista para transmitir la orden de voto en la investidura.

    ¿Qué ocurre con estas objeciones?

   Que pasan por alto dos derivadas: primero, el Congreso no debatiría nada, por celebrarse en los primeros días de diciembre apuntados; segundo, el secretario general, (salvo en el caso de Pedro Sánchez que es secretario general con mandato de congreso a congreso), no es consagrado como tal hasta que el Congreso lo proclama. Si se trata de Sánchez, como se apunta, podría hacer las gestiones apuntadas, pero no si el que gana es la candidata o candidato rival.

   Por tanto, carecería de autoridad para hacer las cosas que se supone debería hacer: pedir audiencia al Rey, hablar con el PP y dirigirse al grupo parlamentario socialista. Estos argumentos valen solo para los abstencionistas.

    Tanto hablar de la necesidad del Congreso Federal para realizar el debate...siendo que, convocado para el 2,3 y 4 de diciembre, se va a celebrar cuando ya no tendrá nada que resolver.

   El pescado, en efecto, estará todo vendido.

   

Rita Barberá estrena abogado

                               

 

 

     Rita Barberá se ha personado en la causa abierta (blanqueo de capitales, pieza separada de la llamada Operación Taula que afecta al Partido Popular de la Comunidad Valenciana) contra ella por el Tribunal Supremo. El abogado y ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, letrado de David Marjaliza, uno de los cabecillas de la Operación Púnica en Madrid, y ex abogado de Francisco Correa, se ha hecho cargo de la defensa de la senadora. Choclán ya ha presentado el  escrito  a través del cual la senadora es parte en la causa.

      La elección de Choclán, experto en delitos económicos, indica dos cosas: la primera, que los asesores de Barberá han optado por un perfil técnico; la segunda, en la citada línea técnica de defensa, que la senadora no va a recusar al que será magistrado instructor, Cándido Conde-Pumpido. 

     El magistrado fue objeto de un ataque por parte de la diputada Celia Villalobos, quien cuestionó su imparcialidad el pasado 14 de septiembre, nada más conocerse el auto de la sala de admisión del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda de dicho tribunal. 

    "¿Con el señor Conde-Pumpido? Yo me iría rápido, a toda leche.  Y como confío en los jueces, pero no en Conde Pumpido, espero que lo consiga resolver ella”. Villalobos dijo que Barberá es una persona “profundamente honesta”, y ha defendido que en dos décadas al frente del Ayuntamiento de Valencia “nadie ha podido demostrar nada” contra ella. Por contra, la diputada del PP ha considerado que Conde-Pumpido “no ha sido nunca” imparcial, y que, por ello, tampoco lo será en la causa contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del PP en el consistorio de Valencia.

     La conducta de la diputada fue recibida por los magistrados de la Sala Segunda con preocupación por considerarse  interferencia de un miembro del poder legislativo en el poder judicial.

    El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dio cuenta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del malestar de la Sala Segunda por las declaraciones de Villalobos. La comunicación tuvo lugar a través de una llamada telefónica el viernes 16, dos días después de las declaraciones de la diputada.

   Nombrado instructor en el auto de incoación de diligencias, el magistrado se hará cargo de la causa una vez que la citada resolución adquiera firmeza. No consta que el auto haya sido recurrido en súplica ante la misma sala de admisión del Tribunal Supremo. 

   La sala de admisión también ha recibido, según fuentes jurídicas, la solicitud de personación del partido Socialista Obrero Español (PSOE) como acusación popular.   

   La instrucción de la causa, por tanto, tardará todavía unos días en echar a andar. Fuentes jurídicas señalan que una vez analizado el material, el instructor, como ya viene siendo habitual, echará mano del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual, al igual que ocurre con personas no aforadas, se informará inmediatamente a un diputado o un senador los cuales podrán ejercitar su defensa "sin perjuicio en el artículo 71.2 y 71.3 de la Constitución Española".

    Esto es: 71.2) durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, 71.3) no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva y en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    La primera parte ya está cumplimentada. Rita Barberá ha sido informada a través del auto de incoación de diligencias notificado en Valencia. Según se ha apuntado, su letrado, José Antonio Choclán, ya ha presentado escrito de personación.

    Por tanto, una de las primeras diligencias será la declaración de Barberá como investigada, asistida de letrado, una diligencia que tiene carácter voluntario ya que tendrá lugar sin solicitarse, previamente, su suplicatorio al Senado. La senadora anunció su disposición a prestar declaración en un comunicado tras conocer que se abrieron diligencias contra ella.

    Precisamente, la declaración voluntaria es una diligencia que permite al instructor valorar si es necesario solicitar en su momento el suplicatorio a la Cámara, en este caso al Senado.

 

El mandato... del ja, ja, ja

                             

 

      ¿Se atreverá Pedro Sánchez a mantener su idea de pedir el sábado 1 de octubre un mandato al Comité Federal para negociar con Podemos y Ciudadanos una alternativa de Gobierno?

     "Lo hará. Ha ido demasiado lejos para rectificar. Su lógica personal no es racional", respondió uno de los barones a la pregunta formulada anoche cuando se confirmaban los resultados de Galicia y Euskadi.

    ¿Pero es que no corre el riesgo de que el Comité Federal se ría a cacajadas como si se tratase de un chiste?

    "Eso ni se le pasa por la cabeza", dijo a la segunda pregunta el mismo barón. "Su prioridad es orgánica, personal", añadió. Es decir: primarias y congreso. Del amago del viernes pasado al anuncio.

   Y, sin embargo, los resultados del Partido Socialista de Galicia, cuya lista fue confeccionada en gran parte por la comisión ejecutiva de Pedro Sánchez, y del Partido Socialista de Euskadi, convierten lo que ya era una quimera -un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos- en un chiste. 

     Pero, si esa alternativa inexistente es un chiste, a la luz de los resultados obtenidos por el PP en Galicia, la otra también lo es.

     ¿Cuál es la otra?

     La que ha esbozado en los últimos días Susana Díaz, la lideresa andaluza.

     A saber, algo así como esto: que el PP nombre un candidato distinto a Mariano Rajoy y que el PP y el PSOE se sienten a negociar un acuerdo de investidura sobre la base de cinco condiciones socialistas (reforma de la reforma laboral, reforma constitucional, reforma de la reforma educativa, pacto anticorrupción y nueva ley electoral).

    Pero ¿no sería un brindis al sol pedir que Rajoy sea apartado como cabeza de gobierno?  

   Porque el PP ha revalidado la mayoría absoluta, incluso con más votos, en Galicia, después de que Rajoy pasara de 123 escaños en las elecciones generales de diciembre, a 137 en las de junio.

   Pues eso, se trataría de un brindis al sol, simplemente para cosechar el no del PP y acudir, así, con esa negativa, a las elecciones generales.

    ¿Y con Pedro Sánchez como candidato?

     No es difícil, pues, pensar que, finalmente, el debate sobre la abstención, con Rajoy como candidato a la investidura, ahora sí se pondrá sobre la mesa.

    Precisamente para evitar las terceras elecciones y el riesgo de pasokisación.

    Alberto Nuñez Feijóo ha ganado por tercera vez y ha conservado la mayoría absoluta. La victoria del PP se ha producido tanto en las grandes ciudades como en el campo.

    Feijó ha mostrado que en Galicia impera, por así decir, el unipartidismo. Esto es: un gran partido y una constelación de fuerzas menores a su alrededor.

     ¿Es extrapolable este unipartidismo virtual a unas elecciones generales el 18 de diciembre?

    El solo hecho de que pueda plantearse este interrogante (más allá de las respuestas que se elijan) da una idea de la profunda mutación política que se está produciendo en España en año y medio.

   Una mutación que iba en una dirección, la explosión del bipartidismo, y que se da la vuelta hacia otra: la reparación de los daños provocados por la fractura de la derecha y su pérdida de votos.

   Esa reparación en el taller de las elecciones ya comenzó el 26 de junio. Los resultados de Galicia y Euskadi catapultan a un PP con el motor rectificado. Por tanto, una recuperación de votos y escaños, digamos a nivel de lo que obtuvo José María Aznar en 1996 (156 escaños), puede ser una hipótesis realista.

   Ni que decir tiene que esa rectificación amenaza con convertir al partido de Albert Rivera en un Centro Democrático y Social (CDS), el partido en el que terminó sus últimos días políticos Adolfo Suárez, para no mencionar más recientemente la experiencia tan fresca todavía de Unión Progreso y Democracia (UPyD), la evaporación en tiempo récord.

   ¿Y qué efecto puede tener sobre el ciclo político abierto tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015?

   Como impacto de este ciclo, el PSOE gobierna, con apoyo de Podemos y Ciudadanos, en siete comunidades autonómicas, y forma parte de otros dos gobiernos (Canarias y Cantabria).

    Los cambios que se están operando pueden dejar esta situación de poder desfasada antes de lo que pueda sospecharse.

     

La juez Freire y el PP

                                           
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

     

   

 

 

   La juez Rosa María Freire dictó el pasado 20 de septiembre un auto en el que rechaza admitir a trámite el incidente de recusación presentado por los investigados Partido Popular y José Manuel Moreno en la causa de destrucción del disco duro del ordenador que usaba el ex tesorero Luis Bárcenas. Según reza en la parte dispositiva, cabía recurso de reforma contra dicha resolución.

  El PP ha presentado nuevo escrito con fecha 22 de septiembre alegando nueva causa de recusación en el propio auto de la juez Freire y pide que se tramite el incidente por pieza separada, se eleve a la Audiencia Provincial y que otro juzgado, al que por turno corresponda, se haga cargo del juzgado 32 mientras se tramite la recusación.

   La juez Freire tenía los preceptos legales y constitucionales de su lado para inadmitir el incidente de recusación al ser presentado, según ha argumentado, fuera de plazo. 

   Pero aún así, hubiera sido lógico que tramitara el incidente de recusación ante la sección correspondiente de la Audiencia Provincial, la cuarta, a fin de nombrar magistrada o magistrado para instruir el incidente. Ya en el trámite, la juez Freire tendría oportunidad para alegar los mismos argumentos que aporta en su auto de rechazo a la recusación. Y sería la Audiencia, a propuesta del instructor o instructora, la que resolviera el incidente.

    Esto hubiera permitido que la resolución del conflicto, por más artificioso o fabricado que sea, quede en manos de un tercero, otro órgano, la sección de la Audiencia Provincial. En otros términos, no es juez la recusada, acusada de falta de imparcialidad, la que debe resolver sobre su propia recusación.

    Aunque se puede inadmitir una recusación a trámite por las razones que invoca la juez Freire, ¿qué problema existía para que fuese un tercero el órgano encargado de adoptar la decisión tras oír todos los argumentos?

    Máxime cuando la instrucción está terminada. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado ha sido recurrido por el PP en reforma y en apelación. Este recurso debe ser resuelto por la juez, pero no ha tenido efecto suspensivo sobre los escritos de acusación, que ya están presentados.

    El PP ha presentado, como se ha apuntado, nuevo incidente de recusación a raíz de algunas manifestaciones de la juez Freire en su auto. En particular, el PP se agarra de una frase de la juez.

     Dice así: "No es por tanto el momento de entrar en el fondo del asunto, no es esta la resolución que permite negar todas y cada una de las acusaciones de falta de imparcialidad de la que suscribe, y que me han convertido según el Partido recusante, en "un eficaz instrumento de la acción política del PSOE" — desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas ..."

     El PP, que justificó en parte la primera recusación en que la imparcialidad de la juez Freire fue objeto de debate en tertulias de televisión, vuelve a usar a los medios. Arguye que esta frase pone de relieve "una preocupante predisposición peyorativa al poner de manifiesto que esta parte, por el mero hecho de ser el Partido Popular, ha tratado de "cosificarla" por el único motivo de ser mujer...". En apoyo de esta versión, según se ha apuntado, el PP cita titulares en los que se señala que la juez acusa al PP de "machismo".

   Concluye el PP: "Es obvio que de acuerdo a la jurisprudencia sobre la apariencia objetiva a ojos de un observador imparcial, resulta clamoroso que todos los medios hayan entendido, como lo hace esta parte, que las afirmaciones van dirigidas a calificar de machista el ejercicio por el Partido Popular de su derecho a recusar a un Magistrado en quien concurra una causa legal de recusación". Según el PP, esto confirma la existencia de "enemistad manifiesta" de la juez con el PP.

     Bien.

     El PP ha considerado esta causa como muy relevante, aunque no es la única en la que figura como imputado (está presente en calidad de investigado también en Valencia). Pero es la más notoria. Por ello la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, abrió fuego contra la juez Freire a la que incriminó por tener un "primo hermano de Izquierda Unida".  

    La sobrevenida autopersuasión del extesorero Luis Bárcenas de desistir de la querella, por "no estar dispuesto a que se me señale y utilice con este tema como forma de atacar al PP y que España no tenga gobierno", según sus propias palabras, ya fue un hecho significativo. Porque  el 8 de septiembre, la defensa de Bárcenas presentó escrito oponiéndose a los recursos del PP y de la Fiscalía para que se archive la causa. Y el lunes 12 en lugar de presentar el escrito de acusación... Bárcenas resuelve, contra la opinión de sus letrados, desistir.

   Y a continuación, el PP recusa a la juez Freire.

    El PP ha hecho una ofensiva en toda regla. Por un lado, la retirada de acusación del extesorero supone que el perjudicado directo por el daño de los ordenadores se echa atrás. Pero si a ello se suma que la Fiscalía de Madrid pide el archivo, el procedimiento queda a merced de la doctrina Botín, con el impulso exclusivo de la acusación popular. 

    Y la recusación es la guinda.

   Pero no la única: el PP pide que se aplique el turno y que del juzgado 32 quede a cargo el que por tuno corresponda. El PP sabe que eso " corresponde" al juzgado 5. Oh casualidad: será la juez Carmen Valcarce. Dicho juzgado se ocupó del caso de espionaje en el PP de Madrid, entre las bandas de Ignacio González y Francisco Granados, una investigación conocida por las dilaciones, para decirlo suavemente, y su viaje a ninguna parte.

     En todo caso, es práctica que el juez o la juez que sustituye al titular mientras se tramita la recusación no adopta resoluciones a la espera del resultado del incidente. En este caso una de las decisiones pendientes es resolver el recurso de reforma del PP contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

     La juez Freire puede corregir su decisión de no tramitar la recusación ante el nuevo incidente planteado por el PP y elevarlo a la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Podrá volver a argumentar contra la recusación y dejar en manos de otro órgano la decisión final.

     

   

     

 

 

Letelier, anatomía de un asesinato

             
                     

 

   El asesinato de Orlando Letelier fue la réplica en Washington D.C., el 21 de septiembre de 1976, del atentado que acabó en el barrio de Palermo, Buenos Aires, con la vida del ex comandante en jefe del Ejército chileno, el constitucionalista general Carlos Prats, dos años antes, el 30 de septiembre de 1974. También en septiembre, el mes del golpe de Estado de Pinochet.

   Letelier era ministro de Defensa en el momento del golpe de Estado de 1973 y conocía bien a Pinochet así como a su antecesor en el cargo de comandante en jefe del Ejército, el general Prats. El ministro fue detenido cuando la mañana del 11 de septiembre entraba en su despacho con el objetivo de sofocar la rebelión militar. 

    Fue torturado sin pérdida de tiempo en el regimiento Tacna y más tarde en la Academia Militar. Desde allí, junto con otros altos cargos del gobierno de Salvador Allende, fue enviado a la prisión  de la Isla de Dawson, integrante del archipiélago de Tierra de Fuego, en el estrecho de Magallanes.

    Tras ocho meses allí se le encerró después en una de las celdas del sótano de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), desde donde fue recluido  en el campo de concentración de Ritoque, a 160 kilómetros al norte de Santiago. La presión diplomática internacional, coordinada por Diego Arria, gobernador de la ciudad de Caracas, consiguió su liberación. Al salir del campo de prisioneros, el oficial a cargo de su detención le advirtió: "El brazo de la DINA es largo, el general Pinochet no tolera ni tolerará actividades contra su gobierno". El coronel Manuel Contreras era el todopoderoso jefe de la policía política que reportaba directamente a Pinochet. 

    La misión en Washington fue ejecutada por un comando de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) a cargo del agente Michael Townley, en el marco de la llamada Operación Cóndor, la red criminal de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina. Townley, en efecto, había acabado con la vida de Prats mediante la explosión de una bomba colocada en su coche, activada a control remoto a metros del domicilio donde residía el general. Prats residía en la capital argentina, donde se instaló cuatro días después del golpe de Estado del 11 de septiembre.   

    Pinochet no vaciló ante el hecho de que el asesinato de Letelier tendría que ser acometido en el país que le acogía como asilado desde 1974: Estados Unidos. Entre los 16.000 documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y el Departamento de Estado desclasificados en noviembre de 2000, figuran numerosos mensajes e informaciones transmitidas al general Vernon Walters, nombrado subdirector de la CIA en 1972 por el presidente Richard Nixon, en las que se advierte desde distintos países de América Latina, durante la última semana de agosto de 1976, sobre una posible acción terrorista de Estado de la dictadura de Pinochet en el exterior.

    La predicción del oficial que custodiaba a Letelier en el campo de Ritoque llegaría a ser realidad, pese a las múltiples advertencias sobre una operación terrorista de asesinato inminente, el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C.

    En octubre de 2015, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, entregó al gobierno de Chile 282 documentos desclasificados en relación con el asesinato de Letelier.

   El más relevante es un memorándum secreto del 6 de octubre de 1987 enviado por el secretario de Estado de entonces, George Shultz, al presidente Ronald Reagan, donde le informaba que, según un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Pinochet "ordenó personalmente a su jefe de inteligencia [Contreras] ejecutar el asesinato". 

   Shultz apuntaba a Reagan: "No está claro si podemos o queremos considerar el procesamiento de Pinochet. No obstante, este es un ejemplo llamativo de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de estado, que es particularmente preocupante, tanto por haberse producido en nuestra capital y desde un gobierno considerado amigo".

  El gobierno de Reagan optó por honrar la célebre frase que el general Vernon Walters había parafraseado sobre Pinochet: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Se asegura que la pronunció el presidente Franklin D. Roosevelt en 1939. Unos dicen que se refería al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, otros al dictador de República Dominicana, Rafael Trujillo. No se procedió, pues, contra Pinochet. 

    El dictador acababa de cumplir en aquel momento catorce años en el poder y acariciaba seguir hasta el 11 de marzo de 1997 a través de un plebiscito previsto para el 5 de octubre de 1988. Procesar a Pinochet suponía poner en riesgo sus planes de perpetuación en el poder durante diez años más.

   Pero la palabra la tuvo el pueblo chileno- El 5 de octubre de 1988 dijo no al dictador. Y pese a maniobras de Pinochet detrás de los bastidores la noche misma del plebiscito para desoír el pronunciamiento popular, la Fuerza Aérea y la Armada no le acompañaron en ese viaje.

   El memorándum de la CIA citado por Shultz en su informe desclasificado no ha sido entregado al gobierno de Chile. Es el día de hoy que el  memorándum permanece clasificado.

   En el capítulo de mi libro Yo, Augusto, publicado en 2003, incluido en la anterior entrada del blog bajo el título de Pinochet & Kissinger y el crimen Letelier se puede confirmar que el nombre de Letelier aparece en la conversación que mantiene Pinochet con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, el 8 de junio de 1976.

  Su obsesión era acabar con la denuncia de la dictadura que llevaba adelante Letelier, asilado en Estados Unidos, el testigo de cargo que apuntaba a diario, desde Washington, a Pinochet con su Yo acuso.

    

         

     En la imagen, el Nobel Milton Friedman con el general Pinochet en Santiago, 1975.

        

         

               

                

               

               

                             

                  

               

               

               

               

               

               

              

                

   (Retrato del conocido fotógrafo Richard Avedon en The New York Times con el artículo que preparó Juan Gabriel Valdés para Letelier y que se publicó de manera póstuma el 27 de septiembre de 1976 como "Testamento")

                

 

 

 

 

 

Pinochet & Kissinger y el crimen Letelier

           

 

     El próximo miércoles, día 21 de septiembre, se cumplen cuarenta años del asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. en la mañana del 21 de septiembre de 1976. El que fuera ministro de Defensa, Interior y de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende murió junto con su colaboradora Ronni Moffit, como resultado de la explosión de una bomba colocada en su automóvil  que fue activada por control remoto en Sheridan Circle, un barrio de la zona residencial de embajadas conocida como Embassy Row. 

  La operación fue organizada en Santiago de Chile meses antes y llevada a cabo bajo la dirección de Michael Townley, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen del dictador Augusto Pinochet, en el marco de la Operación Cóndor, nombre con el que se coordinaban las dictaduras del Cono Sur de América Latina. La policía política de la dictadura de Alfredo Stroessner, Paraguay, aportó pasaportes falsos a los dos asesinos -Armando Fernández Larios y Michael Townley- que viajaron a Asunción para entrar más tarde en Estados Unidos con el plan del atentado trazado.

   En la primera entrada de este blog dedicada al tema se puede leer un capítulo de mi libro Yo, Augusto, publicado en 2003, en el treinta aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que sitúa a Letelier como objetivo, tal como surge en la entrevista que mantuvo en junio de 1976 el secretario de Estado, Henry Kissinger, con el dictador chileno, en Santiago de Chile (imagen que abre esta entrada). Ese capítulo permite entender la obsesión de Pinochet con Letelier y con el diplomático demócrata cristiano Gabriel Valdés, padre del actual embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, que fuera estrecho colaborador de Letelier en Washington en aquellos días del atentado.

   Letelier era el gran objetivo por su denuncia sistemática en la capital misma de Estados Unidos de la política de aniquilamiento y desaparición de opositores del régimen de Pinochet, régimen al que había contribuido, desde antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, a instaurar la Administración de Richard Nixon.

   La segunda entrada reproducirá el capítulo que, sobre la base de entrevistas realizadas en Chile y documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), arma el puzzle de cómo se preparó, paso a paso, desde Santiago, pasando por Asunción del Paraguay, el brutal atentado en la capital norteamericana.

     

 

 

En la cabeza de Rajoy

                              

 

     Mariano Rajoy ha convertido a Rita Barberá en un tema jurisdiccional: ya no tiene autoridad sobre ella y por tanto nada tiene que decir. ¿Pero cómo ha hecho de Rita un personaje extraño, un cuerpo extraño, hasta ajeno?

    Se puede reconstruir esta "expulsión" aparente de Rita Barberá a partir de tres testimonios. Uno es el del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Según ha explicado, se le ha ofrecido a la ex alcaldesa y senadora dos opciones: dejas el escaño y permaneces en el PP o si sigues en el escaño te das de baja en el partido.

   En otros términos, si el ministro dice la verdad, es ella quien en todo momento ha tenido la libertad para escoger. Y ha elegido seguir en el escaño y darse de baja en el PP.  En la cúpula del partido, nada que objetar, ella es quien elige.

   Ella por otra parte, viene a decir en el comunicado del 14 de septiembre que lo ha meditado profundamente. "Se trata de una resolución por mi esperada", señala. Y añade su comprensión con la incoación de diligencias. "Ya que existe un procedimiento judicial previo en el que se investiga a otras 49 personas por el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1000 euros destinados a la campaña electoral, por lo que resultaría incoherente no llevar a efecto este inicio de investigación pese a no existir contra mí testimonio directo de incriminación"
     

     Bien.

    El otro testimonio es el de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Ha aplaudido la decisión de Rita, porque, como había anticipado la senadora "haría lo mejor para los intereses generales, para el PP y para poder defender su inocencia". Cospedal ha añadido que "todavía ni siquiera ha ido a declarar".

    El puzzle, pues, se arma sin dificultad.

   Rajoy se ha abstenido de hablar del asunto después de la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque, sencillamente, no quiere decir lo que piensa. Y lo que piensa es que ni siquiera una imputación supone, en absoluto, una declaración de culpabilidad. Lo ha dicho muchas veces.

     Por tanto, lo que dicen Margallo y Cospedal se complementan. Lo que ha hecho Rita Barberá al darse de baja en el PP bien hecho está. Le permite salirse del mapa de Rajoy, abandonar la jurisdicción del PP y de su presidente.

      Rajoy, según todas las fuentes consultadas, no ha hablado con Rita Barberá sobre su situación a partir de la investigación abierta por la Sala Segunda del Supremo.

     Nos falta, ahora, el tercer testimonio. Y es sabroso.

    El Gobierno ya sabía lo que iba a pasar el martes pasado. Lo sabía desde el lunes, como más tarde. Tras la apertura del año judicial, el 6 de septiembre, la sala de admisión del Supremo -Manuel Marchena, presidente; y los magistrados José Manuel Maza y Ana Ferrer-tenían el tema de la petición del fiscal favorable a la investigación sobre la mesa. En su reunión de la semana pasada no adoptaron decisión. El tema quedó pendiente para esta semana.

      El lunes 12, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió usar la información de que el martes 13 caía la breva.

    Y desde Valencia, sin pérdida de tiempo, sobre la hora de comer del lunes pasado, Catalá dijo, con la información ya digerida: "Nosotros hemos sostenido siempre que ser investigado, como lo denomina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en una primera fase de la actuación procesal penal no es suficiente para llevar a cabo la exigencia de responsabilidades políticas sino que debe ser la segunda fase, la de estar encausado, la de apertura de juicio oral cuando se pueden exigir responsabilidades".

   Y añadió: "En ese sentido mantenemos ese planteamiento y por tanto yo creo que cuando hay una apertura del juicio oral es cuando hay que exigir responsabilidades a los políticos".

    Es decir: el pacto PP-Ciudadanos era para el ministro un papel mojado.

    Rita Barberá, como ha dicho Cospedal, no ha prestado declaración. El juez Víctor Gómez, de Valencia, le ofreció en base al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal declarar, siendo aforada, voluntariamente. Ella rechazó la oferta y presentó un escrito.

    Luis Bárcenas, por ejemplo, declaró como imputado ante el juez Francisco Monterde -uno de los cinco magistrados, junto con José Manuel Soriano, que completaron la sala de admisión encargada de incoar las diligencias contra Barberá- en 2009, y cuando se solicitó el suplicatorio y el pleno del Senado lo acordó, en septiembre de 2009, entregó el acta. Manuel Chaves, a su vez, prestó declaración como imputado ante el juez Alberto Jorge Barreiro, y cuando se pidió el suplicatorio renunció a su escaño.    

    Esta es la posición íntima de Rajoy. La que han explicado primero Catalá y después Cospedal.

   Pero no la va a expresar. Porque sabe, como zorro que es, que sería utilizada en su contra cuando se prepara para presentar su candidatura a una nueva investidura. A Ciudadanos ya le va bien con la salida de Rita Barberá del PP, a pesar de los aspavientos de Albert Rivera buscando lo que sería, ha dicho, más liderazgo de Rajoy.

    En cierto modo, la baja de Rita Barberá es la mejor solución para Rajoy y para Rita. Para Rajoy, porque se sale del mapa. Y para Rita porque está segura de que... volverá pronto. 

  "Es mi interés y deseo el más pronto inicio de las diligencias que den lugar a mi declaración en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno".

    En otras palabras, cree que no la van a pillar.

   No parece, de acuerdo con este deseo y, según fuentes jurídicas próximas a la senadora, que haya decidido recusar al magistrado instructor, Cándido Conde-Pumpido, objeto de un ataque salvaje de la ex vicepresidenta del Congreso, la diputada Celia Villalobos, el zurriago del PP contra los jueces. Un ataque que la Sala Segunda del Supremo ha repudiado internamente, sin estridencia, y denunciado públicamente por las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria.

  El auto que abre las diligencias, notificado el pasado día martes, 13 de septiembre, ya ha adquirido firmeza ayer, tres días después. Por tanto, Conde-Pumpido asumirá la causa el lunes próximo, día 19.
    

  

      

 

 

 

 

 

Rajoy & Guindos, un `cover up´

                            

 

   Al caer la noche del viernes 2 de septiembre, al conocerse la propuesta del Ministerio de Economía para nombrar a José Manuel Soria director ejecutivo del Banco Mundial, una noticia de las agencias de noticias internacionales -Reuters, Associated Press, Bloomberg y Agence France Presse- inundó el planeta con titulares parecidos: "El gobierno de España propone a ex ministro vinculado a los Papeles de Panamá para el Banco Mundial". La vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. A los que se inventaron, ufanos, esa vulgaridad de la marca España no se les pasó por la cabeza que se podía hacer tanto daño en tan corto tiempo y en tantos lugares a la vez a la idea que se tiene de un país.

   Pero lo peor, como suele ocurrir con Mariano Rajoy, vino inmediatamente después, al justificar lo que se había hecho, es decir, al intentar explicar la propuesta de nombrar a Soria.

   ¿Por qué lo peor?

   Porque tuvieron que revelar el montaje o la coartada para enmascarar la propuesta. Lo que es un puesto de libre designación -no es alto cargo de la Administración General del Estado- que no pasa por el consejo de ministros y que siempre ha sido propuesto por el secretario de Estado de Economía y aceptado o rechazado por el ministro de Economía de turno, sea del PSOE o del PP, fue presentado como un concurso que Soria había ganado por ser el mejor para dicho cargo,

   Vayamos primero a los personajes, al dramatis personae.

                                  

 

  Soria y Rajoy (en la imagen, en un acto en Canarias) tienen además de una relación de políticos un vínculo personal afectivo. Se remonta a la época en que el padre de Rajoy vivía, con un grupo de amigos de Pontevedra, parte del año en Galicia y parte en Canarias. Soria, que lo ha sido casi todo en las islas, se ocupaba de velar porque esa estancia fuera lo más agradable y cómoda posible. Rajoy consideró este cariño como algo entrañable. Y más allá de la militancia política, ha tenido a Soria como un amigo personal.

   Soria y Guindos, ambos técnicos comerciales del Estado, mantienen una relación de amistad personal que se remonta lejos en el tiempo. Antes de la victoria del PP en 2011 ambos sabían que ocuparían carteras importantes en el gobierno de Rajoy. Y desde diciembre de 2011 han formado un binomio frente a otros ministros dentro del gabinete. En el libro que presenta hoy, en el capítulo de agradecimientos, Guindos reconoce por su nombre y apellido solo a dos personas: Rajoy, el prologuista presidente del gobierno en funciones, y José Manuel Soria "por su aportación". Y al narrar los hechos de la legislatura sitúa a Soria siempre apoyándole. 

   El trío de la bencina, pues, en lugar de montar una gasolinera, como en la obra de teatro, monta una operación para disfrazar lo que van a hacer: compensar a Soria por su dimisión ya que no ha cometido delito alguno -decir una cosa por otra, engañar, en relación a la sociedad de Jersey donde figuraba- con un trabajo en el Banco Mundial.

  Rajoy comenta con Guindos el puesto vacante en el Banco Mundial. Puede venir como anillo al dedo a Soria, que se ha reincorporado a su carrera de funcionario. Y Guindos le dice que no se preocupe, que se puede hace un concurso ya que está seguro de que Soria, al haber sido ministro, gana de calle. "Técnicamente hablando". Soria se apunta a un curso de historia económica de Estados Unidos en Harvard, Massachusetts. Y se marcha unos meses.

    Ya en junio, alguien que quiere dañar a Soria, dentro del Gobierno, filtra que Soria irá al Banco Mundial. 

    Bien.

   Todo lo que hace Guindos es una puesta en escena para justificar un nombramiento "técnico". Vestir el muñeco. Cuando las cosas se ponen más feas, se busca un abogado para defenderse. Es lo que llama el dictamen de la abogacía del Estado y que ayer ha exhibido en su comparecencia.

 

                                    

     

   Lo que han hecho, pues, es un cover up preventivo, una operación falsa de concurso para cubrirse las espaldas. Un encubrimiento. La rápida designación de Fernando Jimenez Latorre, movido en unas horas en el tablero, desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial, pone en evidencia las falacias. Todo justificado "técnicamente" porque estaba entre los aspirantes al puesto que iba a ocupar Soria. La coartada del pseudo concurso.

     Todo lo demás...son pamplinas.

     Pero, pero, atención.

     En su recorrido la operación de encubrimiento y la marcha atrás del Gobierno han provocado bajas colaterales nada desdeñables.

    La de la presidenta del Congreso de los Diputados. Era evidente que cuando Rajoy propone a Ana Pastor, lo hace porque es algo así como su alter ego. Ella, como su marido José Benito Suárez en las caminatas de Pontevedra, está, por amistad, para lo que disponga Rajoy.

    Pero Ana Pastor es una persona seria. Y cuando estalla el escándalo y el cover up no ve manera de evitar un pleno del Congreso para que Guindos se explique. Y la vicepresidenta del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, tampoco cree que no hay alternativa. Y anuncian que tienen "en previsión" la convocatoria de un pleno para la semana en curso.

    Problema: que ese pleno destroza los argumentos elaborados por el equipo de abogados del Estado de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el Tribunal Constitucional, que debe fallar, algún día quizá, un recurso del PSOE en el cual se cuestiona la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control de la Cámara.

                                

   

      Y la presidenta del Congreso se pliega, y acepta enviar a Guindos a la comisión de Economía.  

     ¿Hemos llegado al punto de agradecer a Guindos que comparezca... un día antes de la presentación de su libro (hoy) en un hotel de Madrid?

     La tercera autoridad del Estado, por lo visto, es de facto...la vicepresidenta del Gobierno.

     Así ha sido la historia de una decisión "discrecional", Guindos dixit. 

     Para este viaje no se necesitaban las alforjas que preparó el ministro.