Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

Más información »

La patata caliente del FernándezGate

Por: Ernesto Ekaizer | 21 oct 2016

  Charla-manuel

 

   Supremo-busca-3    15-1alberto(46)   11-1chas(236)
                                                           
                    2014030110581896197


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

  La sala de admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está a punto de decidir qué hace con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en relación con la querella criminal por revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos presentada por el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y la antigua CDC, a raíz de la grabación (y difusión en junio pasado) de las conversaciones que mantuvo el ministro con el entonces director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso el 2 y 16 de octubre de 2014.

     La sala está formada para esta querella por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena (imagen que abre esta entrada), y los magistrados Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Andrés Palomo y la magistrada Ana Ferrer (imágenes en el orden descrito).

   El ponente es Manuel Marchena. Cuenta con el informe del fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, quien justifica lo que se afirma en las conversaciones, que giran, básicamente, en torno a operaciones mediático-judiciales relacionados con los dirigentes independentistas catalanes -Xavier Trías, Oriol Junqueras y Francesc Homs-, que el comisario José Villarejo calificó en sede judicial como  Operación Cataluña. O guerra sucia.

  Antolín sigue en su escueto informe la línea del dictamen, también sumarísimo, que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, dirigida por Consuelo Madrigal, el pasado 7 de julio, en el   que no se apreciaba delitos en la conducta del ministro.

           54942bcecbb06.r_1418998996063.0-317-1161-915


   

   

    Problema: mientras la Fiscalía General del Estado se pronunció genéricamente sobre esas conversaciones, la sala de admisión tiene que pronunciarse frente a la querella de un perjudicado directo. Lo que se habló sobre una cuenta falsa de Trías en una de las conversaciones grabadas, la del 16 de octubre de 2014, se filtró, tal como se barajaba en el diálogo Fernández Díaz-De Alfonso, a un medio de comunicación los días 27 y 28 de octubre, es decir, once días más tarde de la reunión celebrada en el Ministerio del Interior. Esa cuenta no era ni de Trías ni la citada numeración pertenecía a la Union de Banques Suisses (UBS) la citada numeración, según acreditó la entidad desde Ginebra.

    Fue una fabricación.

    Fuentes jurídicas consultadas señalan que si bien Marchena - presidente de la Sala de Admisión y de la Sala Segunda del Supremo- está conforme con la conclusión del fiscal jefe ( no hay delito en esas maquinaciones), hay miembros de la sala de admisión para los cuales el informe citado no agota la cuestión y requiere un análisis más profundo.

   Las deliberaciones no han terminado, según esas fuentes jurídicas, y existe el ánimo de alcanzar una decisión compartida por todos los miembros de la Sala de Admisión, algo que no está resultando fácil.

 



                                                                   



FernándezGate, ¿inmunidad penal?

Por: Ernesto Ekaizer | 19 oct 2016

           14120917649743

 

    La reprobación del Congreso al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por su utilización del Ministerio del Interior para operaciones "especiales" contra dirigentes soberanistas catalanes -la bautizada por el comisario José Villarejo como Operación Cataluña- llegó ayer diez días después que el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, entregara a la sala de admisión de la Sala Segunda su informe sobre una querella criminal presentada el pasado 1 de septiembre por el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) contra Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

    La querella, que entró en el Supremo el 1 de septiembre, imputa al ministro cooperación en la revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos y se basa en las conversaciones que mantuvo durante dos encuentros, en octubre de 2014, el ministro y De Alfonso en el Ministerio del Interior, cuyo contenido trascendió en unas grabaciones difundidas en la recta de la campaña electoral del 26 de junio.

    La sala de admisión del Supremo, integrada por Manuel Marchena, presidente de dicha sala y de la Sala Segunda (imagen) y los magistrados José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Andrés Palomo, tomó nota de la querella, nombró ponente a Marchena y pidió informe a la Fiscalía. El fiscal jefe, Antolín Herrero, elaboró su informe y lo entregó a la sala, como se ha apuntado, hace diez días.

    Según manifestó el director de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Fernando Noya, a preguntas de este periódico, el fiscal jefe "estima que las conversaciones entre el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifraude entra dentro de las competencias de las autoridades para perseguir delitos, de la actividad de Interior y de la Policía, en este caso sobre hechos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El fiscal jefe no aprecia que sea delictivo".

    El responsable de comunicación no podía aportar a este periódico el escrito "de cuatro folios", según dijo. Y remitió a solicitarlo al Tribunal Supremo. A su vez, el departamento de prensa del Supremo dijo que era la Fiscalía General del Estado la que debía dar a conocer el escrito.

    Esta situación no suele ocurrir, para poner un ejemplo, con otras resoluciones judiciales, sean de la Sala Segunda o de la Fiscalía del Supremo. Por ejemplo: cuando se trata de temas como el referéndum soberanista en Cataluña y los autos e informes de Fiscalía en relación con los dirigentes investigados por ello. Esta doble va de medir desnuda la política de transparencia selectiva que aplica el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

   Por otra parte, existe desde hace años un convenio en vigor entre la Fiscalía General del Estado y el CGPJ por el cual los responsables de prensa de los órganos judiciales deberían aportar las resoluciones que se adoptan en dichos órganos. Incluye la actuación de las fiscalías a través de sus informes.

    Según explicó el portavoz citado de la Fiscalía General del Estado, el fiscal jefe del Supremo, Antolín Herrero, sigue en el asunto de FernándezGate, las líneas trazadas el  pasado mes de julio por la Fiscalía General del Estado a raíz de una denuncia de Esquerra Republicana de Cataluña. 

   En un comunicado la FGE apuntaba el 7 de julio que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales".

   Fuentes jurídicas y judiciales consultan resaltan la diferencia entre una denuncia genérica, como la que pudo presentar ERC en junio pasado, y una querella criminal como la que plantea el ex alcalde de Bárcelona y la antigua CDC.

     ¿Por qué?

    Un ejemplo realza esa diferencia. En las conversaciones de octubre de 2014 -cuya falta de veracidad ni se ha denunciado ni cuestionado- Fernández Díaz y De Alfonso traman la difusión a la prensa de una presunta cuenta de Xavier Trías en la Union de Banques Suisses (UBS). Según el ministro, la "experiencia" de la filtración de las cuentas de miembros de la familia del expresident Pujol hacía pocos meses, en julio de 2014, era muy relevante pues había acabado con su carrera política. El objetivo de las filtraciones, según explica Fernández Díaz, era lograr que la Fiscalía Anticorrupción, que solía resistirse a sus iniciativas, abriera diligencias.

    El "caso" de Trías, precisamente, es considerado por el ministro y De Alfonso en su segundo encuentro grabado, el 16 de octubre de 2014. El 27 y 28 de octubre, el plan del ministro se materializa. Y se filtra a un medio de comunicación "habitual", El Mundo, la cuenta apócrifa (no es de Trías ni corresponde a la numeración de la UBS, según la carta enviada por la entidad bancaria a requerimiento del entonces alcalde de Barcelona.).

     Por tanto, tenemos un perjudicado.

     El informe del fiscal tendrá que ser evaluado por el ponente, Marchena, quien deberá exponer ante la Sala de Admisión. El informe previo de Fiscalía suele ir a misa. Pero no siempre.

  Fue Marchena, por ejemplo, quien contra el criterio de la Fiscalía del Supremo propició la admisión de la querella del entonces ministro José Manuel Soria contra la juez excedente en Canarias Victoria Rosell, diputada de Podemos, una decisión que acabó con su carrera política en el Congreso de los Diputados y que ha destapado una operación político-judicial rocambolesca.

    

    

El honor perdido de la cúpula

Por: Ernesto Ekaizer | 15 oct 2016

             Banco_de_Espana_mjg

 

     

 

    Los cuatro correos electrónicos y el informe anexo aportados a la causa de salida a Bolsa de Bankia muestran la parte oscura de una operación que provocó la intervención del Estado y una "socialización de pérdidas" de casi 23.000 millones de euros en términos de capital y aportaciones indirectas por otros 23.000 millones de euros, sin contar grandes cantidades de dinero a través de otros apoyos, como avales del Estado. Esta fue, en efecto, la “socialización de pérdidas” que vaticinaba José Antonio Casaus, el autor de esos correos, en abril y mayo de 2011, inspector cabecera de BFA-Bankia, tras tras haber supervisado también, con anterioridad, Caja Madrid.

    Estos correos permiten responder a una pregunta clave: ¿era inevitable la crisis de Bankia, que desembocó en el rescate europeo, o se podía haber evitado o al menos limitado?

   Casaus cifra el saneamiento de capital que hubiese sido necesario asumir en 15.000 millones de euros.  

     ¿Por qué hemos tenido que pagar 23.000 millones?

   Estos informes fueron solicitados a Casaus por su superior en aquella época, el entonces “jefe de grupo” Pedro Comín. El jefe necesitaba conocer el punto de vista de los inspectores sobre los estados financieros de BFA-Bankia a 31 de marzo de 2011. Con estos estados, precisamente, se perfilaba la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011.

   El inspector Casaus pone de relieve en estos correos que para él BFA-Bankia es inviable. En el análisis de las cuentas que añade surge con claridad que el margen, los resultados, son negativos en 205 millones de euros una vez que se expurgan todos aquellos ingresos no recurrentes, es decir, aquellos que son, por así decir, eventuales, que no se van a repetir. One off, en la jerga financiera. Una sola vez.

  En su análisis, el inspector cabecera señala que BFA-Bankia anota los préstamos de promotores inmobiliarios y de suelo como normales y por tanto se apunta intereses. Casaus dice que “todos” deberían ser clasificados como “dudosos”, y por tanto habría que deducir los intereses apuntados (255 millones de euros). Bankia, pues, sale a Bolsa el 20 de julio de 2011, a juicio de Casaus, con el ya señalado margen negativo de 205 millones.

   No es viable, dice Casaus, y por si queda alguna duda de lo que aprecia en el talismán de la salida a Bolsa, tampoco va a resolver el problema, que acabará en una nacionalización o socialización de pérdidas con graves consecuencias para los contribuyentes, acreedores y titulares de deuda subordinada.

    Nada de lo que va a ocurrir, pues, tiene que ver, esencialmente, con la evolución adversa de la economía o el double dip o doble recesión en la que recae la economía española tras la salida a Bolsa de Bankia. La raíz no es esa.

   Todo esta predeterminado porque la fusión de las siete cajas que dan nacimiento a Bankia no ha sido sometida a los saneamientos necesarios y porque se ha acometido con una sobrevaloración de activos.

  Esas valoraciones, que debían ser supervisadas por el auditor Deloitte sobre la base de las presentadas por otras dos entidades, Analistas Financieros Internacionales (AFI), y BDO, según resolución del Ministerio de Economía, de pasado 27 de junio, que confirma las sanciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a la auditora, no fueron comprobadas. La resolución pone negro sobre blanco algo insólito.

   "En suma: no hay constancia en los papeles de trabajo de las pruebas de auditoría realizadas sobre la valoración del patrimonio a 1 de enero de 2011 que dan origen a la creación del grupo y a la operación de emisión de capital mediante aportaciones no dinerarias. Como asimismo, no hay constancia, al cierre de los estados financieros de marzo y junio de 2011 de las pruebas realizadas, que permitiera concluir que no se hubiesen producido variaciones del valor asignado a los activos y pasivos por la evolución general de las variables económicas que determinan las hipótesis de valoración"

    En los correos, el inspector cabecera subraya varias veces la inviabilidad de BFA-Bankia y estima que la solución pasaría por la toma de control del grupo por una entidad financiera más potente.

    "Esta toma de control HARIA VIABLE UN GRUPO QUE HOY NO LO ES [mayúsculas en el original] por su reducido y menguante margen de intereses (por el peso de su deuda y por su enorme cartera hipotecaria con bajos diferenciales) por sus elevados costes de estructura pese al tijeretazo marcha del 15% de la dimenstón (sueldos medios altos para un sector en dificultades) y por sus activos iliquidos y aún sobrevalorados (riesgo con promotores y adjudicados, en particular suelo) Esta sería la solución definitiva y la óptima, pues no perderia nadie: ni el contribuyente ni los acreedores [el subrayado es del original]"

    ¿Era posible? Casaus opina que sí.

   Escribe: "Y que es posible. Otra cosa es que los que gestionan Bankia no quieren explorar esta vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación"

   Los correos reflejan la ansiedad que parece reflejar su jefe, Pedro Comín. En el enviado el martes 10 mayo de 2011, Casaus trata de responder a algo que inquieta a Comín. La Reserva Federal de Estados Unidos (se llama FED en lenguaje coloquial al banco central norteamericano) ha expresado su inquietud por Bankia. Una reunión tendrá lugar dentro de dos días, el jueves 12 de mayo de 2011.

     Casaus escribe: "Pedro, empecé ayer a hacer la nota de 1 página sobre Grupo Bankia para la reunión del jueves de la FED...y al final me he liado y he hecho una nota de 6 páginas (Word adjunto) que creo que no tiene que ver con lo que querías pero que sí refleja mi análisis del Grupo Bankia".

    Y añade no sin ironía esto: "De todos modos, si lo que quieres es un enfoque dulce para la FED, la presentación de resultados que nos ha mandado Román [Anonio Román, de la intervención contable de Bankia] esta mañana te sirve perfectamente: cómodos de liquidez, desapalancamiento, mejoramos en solvencia del 7,10% al 7,34%, +15% en resultados, integración viento en popa, refuerzo del balance con más provisiones genéricas aprovechando los extraordinarios...tan sólo algo de crecimiento de morosidad, pero mejor que el sector".

   Pero a continuación, señala: "Mañana hablamos, pero mi resumen en 30 líneas del Word de 6 páginas es: 1.- Diagnóstico: viabilidad cuestionable por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad,liquidez y solvencia. Gobierno interno mejorable y gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado. Fortaleza de la red y de la imagen entre sus clientes...."

    Casaus, tras analizar todos estos aspectos, pasa al siguiente punto, "2. Tratamiento del enfermo", en el que apunta: "La solución endógena ideada por Bankia: una salida a Bolsa con la estructura de doble banco sin hacer cambios estructurales. No funcionará y creará quebranto al contribuyente".

   Y advierte. "Opinión: sólo es una "bombona de oxígeno" que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con ta venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el estado nacionalizando BFA, teniendo que hacer frente a los tenedores de subordinadas y de preferentes contabilizados allí, lo que supondrá un quebranto para tos contribuyentes que posiblemente no se daría en la alternativa que se comenta a continuación". Se refiere a que "la solución tiene que ser exógena y estructural: un cambio de control que integre a Bankia en un grupo con suficiente fortaleza financiera".

    En sus correos, Casaus insiste una y otra vez en que el grupo no es viable. Y es consciente de que los demás pueden estar cansados de escucharle.

   "Dije que no lo diría más,..¿o sí?. Pero Io digo: este grupo NO ES VIABLE sin un cambio de control que posibilite una drástica reducción de los costes de financiación (de unos 200 puntos básicos, que supondría una no disminución añadida de 300 millones de euros del margen de intereses cada año) y un tijeretazo a los costes de personal (de en torno al 10% del sueldo, lo que supondría unos 200 millones de euros más de margen de explotación "one off')".

   Y ¿sin ese cambio de control?

   "Se acabará malvendiendo el banco cotizado, por un lado, y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado, y por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente".

Enfoques dulces     

    El “enfoque dulce” que Comín podía dar a la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la situación de Bankia, según la expresión irónica de Casaus en el correo del 10 de mayo de 2011, es una clave para entender la estrategia del Banco de España con las llamadas fusiones frías -los Sistemas Institucionales de Protección propiciadas para las cajas de ahorros- para salir de la crisis. La idea de las autoridades monetarias era ganar tiempo. Al fin y al cabo no hay recesión que cien años dure, por así decir. 

   Este "enfoque dulce" es el que ofrecieron varios altos cargos del Banco de España implicados en la salida a Bolsa a mediados de 2014 ante el juez Andreu. ¿Por qué no aportaron entonces los correos electrónicos,estos y otros de la inspección?

   El mismo "enfoque dulce" ofrecieron dos años más tarde, durante la última semana de julio de 2016, Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión durante la salida a Bolsa de Bankia; Mariano Herrera, actual director general de Supervisión; Pedro Comín, antiguo jefe de grupo de BFA-Bankia y actual director general adjunto de Supervisión; Julio Durán, director general de Resolución; Pedro González, director de departamento y Pedro Bravo, inspector.

  En su declaración del 27 de julio pasado, Comín, igual que los otros altos cargos, asegura que existía un colchón suficiente de saneamientos en la entidad.

    La culpa, pues, ha sido de la naturaleza, es decir, el double dip, la recaída de la economía española en la segunda recesión, después de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. O, también, por qué no,  de los llamados decretos Guindos de reforzamiento de las exigencias de capital. 

    Si en 2014 no se aportaron los correos, ¿por qué el Banco de España no aportó estos correos cuando envió al juzgado a primeros de septiembre unos ochenta correos, entre ellos unos de Casaus de 7 y 12 de abril?

    ¿Por qué seleccionó unos correos y mantuvo el secreto sobre otros?

   Si Casaus no hubiese informado durante su declaración la existencia de estos correos, ¿qué hubiera pasado?

  El fiscal Alejandro Luzón, que ha defendido a los altos cargos del Banco de España identificando una posible imputación de la cúpula que promovió y justificó la salida a Bolsa con la imputación del Banco de España, es decir, de la institución como tal, ni siquiera solicitó los correos tras la descripción que hizo de ellos Casaus el 5 de septiembre pasado. Ha sido la acusación popular quien los ha pedido y el juez quien ha librado el oficio tanto a la entidad como al propio testigo.

  En su correo del 14 de abril de 2011, Casaus señala a Comín: "Estoy resultando muy pesado con este tema pero creo que la trascendencia del asunto es tal que merece la pena pasar por pesado. Por supuesto, puedes reenviar el correo quien te parezca oportuno. En todo caso, es cierto que tan solo es mi opinión y, como tal, susceptible de crítica".

   ¿Envió a su superior Pedro González, jefe de departamento de Cajas de Ahorros, los correos de Casaus en 2011? ¿Hizo saber Comín al entonces director general de Supervisión,Jerónimo Martínez Tello, lo que pensaba el inspector cabecera, el que dirigía un equipo que inspeccionaba in situ al grupo? ¿Tuvo conocimiento el subgobernador, antiguo director general de Supervisión, Javier Arístegui, de los problemas señalados en los correos? ¿Y el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez? ¿Se informó a la comisión ejecutiva del Banco de España sobre lo que decía el inspector más importante del grupo BFA-Bankia y los argumentos contrarios, caso de existir, del jefe de grupo Comín?

 Repetición de la jugada

  En abril y mayo de 2011, cuando tiene lugar la situación descrita, han pasado cinco años desde que acaeciera una situación análoga en el Banco de España. Los correos suponen una repetición del enfrentamiento entre los inspectores con la cúpula de Jaime Caruana en 2005 y 2006, en el umbral del estallido de la burbuja inmobiliaria.

    En mayo de 2006, la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIECA) envió al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, un escrito en el que advertían sobre las dificultades que se avecinaban por la negativa de la cúpula del Banco de España a reconocer la situación. Se avecinaba un cambio de gobernador. Miguel Ángel Fernández Ordoñez sustituía a Jaime Caruana.

  En su introducción, dirigida a la directora de gabinete, Soledad Abad, apuntaban: "Nosotros que somos los que examinamos in situ la situación de las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España -incluidas las sociedades de tasación- conocemos de primera mano el frágil estado en el que se encuentra el mercado inmobiliario en España y conocemos también las implicaciones que podrían tener para la economía en su conjunto y para el sector financiero en particular una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios. En una situación así, permanecer callados ante las continuaciones manifestaciones de complaciente optimismo realizadas por el gobernador del Banco de España [Jaime Caruana] en sus últimos discursos nos haría partícipes de sus análisis y de sus errores, lo que es más de lo que se nos puede exigir como profesionales de la supervisión bancaria".

   Ya en el examen de la situación, la carta señalaba: "Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador Jaime Caruana", advertían. Al tiempo, denunciaban la "pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España ante el insostenible crecimiento del crédito bancario..."

    Los inspectores advertían del riesgo que suponía acudir a la financiación exterior. "Recientemente, algunos riesgos típicos del negocio bancario, como el riesgo de tipos de interés o el de liquidez, se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia. Las favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los mercados interbancario de la zona euro pueden volverse menos favorables en un futuro próximo si las tendencias ya iniciadas de subidas de tipos de interés se acentúa, haciendo que el recurso a esta fuente de financiación acabe siendo sustancialmente más cara que en la actualidad".

    ¿Existían los instrumentos para intervenir?

   En una entrevista con el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, con motivo de su reciente libro sobre el euro, la periodista Pepa Bueno, el pasado viernes 7 de octubre, le preguntó qué le habían dicho, sobre la gestación de la crisis y la burbuja, sus contactos en el Banco de España. Stiglitz apuntó, precisamente, que todos sostenían que no habían tenido  los instrumentos para frenar la expansión crediticia, que le hablaron de los riesgos que suponía pinchar la burbuja.

    Los inspectores ya zanjaban esta cuestión en su carta del 25 de mayo de 2006. "El Banco d España cuenta con los medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados. Es decir, aun cuando la normativa española de supervisión prudencial está lejos de ser perfecta, no son evidentes carencias las que explican la pasividad del Banco de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos relacionados con el sector inmobiliario, sino la voluntad de su máximo responsable, el gobernador", explicaba la carta.

     Y last but not least, los informes de seguimiento del Banco de España.

   Durante la declaración de Casaus, el fiscal Luzón, manifiestamente desbordado por la contradicción entre el testimonio del inspector cabecera de BFA-Bankia y la de sus superiores, entre ellos Comín, a quien el fiscal tuvo interés especial en citar a prestar declaración, sin que parte personada alguna lo solicitase, le recuerda lo que decían los informes de seguimiento periódicos de la inspección.

    El fiscal pregunta al testigo si la situación y la solvencia de Bankia empeora considerablemente después de la salida a Bolsa en julio de 2011 o si considera que no. Porque, dice, eso parece desprenderse del tono de los informes del 31 de marzo de 2011 y de agosto de 2011, en el que se dice que están bien cubiertos en materia de saneamientos los dos próximos años. En  diciembre de 2011 el informe califica la solvencia de BFA como mala. El fiscal cita las declaraciones en el juzgado de Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión y jefe de grupo entre finales de julio de 2010 y septiembre de 2011.

   Casaus explica: "Respecto a la frase de los saneamientos es una frase desafortunadísima que emitimos en el informe [que están cubiertos los dos  próximos años]".

 -"¿Perdón?"- pregunta el fiscal, sin ocultar su asombro.

  "Una frase desafortunadísima. De hecho no estaba en la primera edición del informe. Lo que pasa es que cuando lo revisan nuestros jefes nos piden que opinemos sobre eso, si los saneamientos estimados que son necesarios. Y al final llegamos a este acuerdo de decir, bueno, pues mira, de aquí a dos años, las pérdida esperada creemos que está cubierta, a largo plazo ya veremos..."

   Estamos, pues, en el "enfoque dulce".  

   Lo que quiere decir el inspector cabecera es algo normal: en el informe de seguimiento tiene una participación relevante, decisiva, el jefe de grupo, en este caso, Comín.

    La explicación que da Casaus al fiscal Luzón sobre el problema de fondo es todavía más precisa.

  "¿Qué estábamos pensando nosotros detrás de esa frase? Estábamos pensando en Caja Madrid, que habían hecho una política activa de refinanciación a los promotores blindándoles de impagos. Les daban carencia de tres años de principal y de intereses. Si tu a una persona le permites por contrato que no te pague ni principal ni intereses es técnicamente imposible que impague. Esa primera ronda de refinanciaciones corresponde a 2007 y 2008 de tal manera que la segunda ronda a los tres años era 2010-2011. Se estaba empezando esa segunda de refinanciaciones y blindándolos a los promotores, que eran el núcleo, los 50.000 millones de promotores, eran el núcleo del problema de saneamientos adicionales, pues lógicamente ibas a tener otros dos o tres  años de tranquilidad aparente. Otra cosa es que luego, si hicieras un análisis subjetivo dijeras, oye este promotor no está impagando, porque no puede impagar, pero es  dudoso [calificación crediticia] como una casa. Pero bueno, ese trabajo lo tenía que haber hecho el departamento de riesgos de la casa [la entidad], el departamento de contabilidad, la auditoría interna y la auditoría externa. Y en última instancia el Banco de España si hubiera tenido recursos [humanos] o hubiera hecho una inspección específica sobre eso".

      Durante la fase de creación y financiación de la burbuja, mientras sonaba la música, el Banco de España no ordenó a las entidades que dejasen de bailar. Al contrario. Y cuando la música se interrumpió, como habían vaticinado los inspectores en 2006, usó la ingeniería financiera para ganar tiempo. La "bombona de oxígeno", que Casaus atribuye a la salida a Bolsa, era en realidad la bombona de oxígeno que buscaban los responsables intermedios y altos del Banco de España.

     En su investigación sobre la crisis y saqueo de las cajas de ahorro de Estados Unidos en los años ochenta el siglo pasado y la socialización de 500.000 millones de dólares de pérdidas que supuso (The Greatest-Ever Bank Robbery. The collapse of the savings and loan industry o El mayor robo de un banco. El colpaso de la industria de cajas de ahorro) el gran periodista y escritor, Martin Mayer, se preguntaba: ¿puede este país ser salvado?

   Su respuesta: "El aspecto de esta historia que proyecta la sombra más larga y más alarmante es cuán bajo han caído los niveles de conducta profesional. En un horizonte de corto plazo, el terror está en la estupidez. Tan tarde como 1986, pagar por los errores cometidos honestamente y sin inteligencia en 1981 y 1982 podría haber costado algo por debajo de los 20.000 millones de dólares. En 1989, el precio era probablemente algo  menos de 200.000 millones de dólares. La decisión de ese año de estructurar el plan de rescate en términos burocráticos y de ponerlo en manos de los burócratas veteranos duplicó la pérdida definitiva...."

  Los peritos judiciales, inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, tienen pendiente elaborar un último informe por encargo del juez Andreu. Tendrán que analizar los argumentos de los altos cargos del Banco de España que desfilaron en el juzgado durante la última semana de julio de 2016.

  Pero los peritos ya no están solos ante el peligro como hasta ahora.

  Los 4 correos de la apocalipsis son una ilustración de lo que ya sostenían en unos informes de diciembre de 2014 que desencadenó la persecución de los contrainformes "discretos" del Banco de España así solicitados en acta por el FROB, presidido entonces por Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España.

    Sus informes finales, por tanto, tienen ahora argumentos frescos que han venido en su apoyo.

Bankia, los 4 correos del apocalipsis

Por: Ernesto Ekaizer | 11 oct 2016

                       Af3ab4bcc08eb64f66e7a8b776f4061e

 

     El que fuera inspector cabecera de BFA-Bankia, José Antonio Casaus, ha hecho entrega esta mañana de cuatro correos electrónicos en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas señalan que también el Banco de España los ha aportado ya que se habría llegado a un acuerdo entre el citado inspector y la entidad para entregar los correos de forma coincidente.

    El juez Fernando Andreu había requerido al Banco de España y al inspector Casaus la entrega de dichos correos.

    Los correos son de fecha 8 y 14 de abril de 2011 y de 10 y 16 de mayo de 2011.

   Según ha revelado Casaus en su declaración testifical ante el juez el pasado 5 de septiembre de 2016, se trataba de cuatro correos, dos en el mes de abril y dos en el mes de mayo, ya muy cerca, a sesenta días de la salida a Bolsa.

  En ellos, el inspector que había estado en Caja Madrid primero y en la operación BFA-Bankia después, narra, según sus propias palabras, que el citado grupo era una "máquina de perder dinero" y que la salida a Bolsa no iba a ser ninguna "solución", ya que acabaría en una "nacionalización" de pérdidas.

   Estos correos fueron compartidos por Casaus con sus superiores en la jerarquía del Banco de España (en la imagen la célebre escalera interior de la entidad).

   El juez Andreu solicitó el pasado 26 de julio, a petición de una de las defensas, las comunicaciones internas del Banco de España que tuvieran que ver con agendas de reuniones periódicas entre los inspectores del Banco de España y el equipo de BFA-Bankia y conclusiones, resúmenes e informes que fueran elevadas a la jefatura (del Banco de España) sobre esas reuniones.

   Se pedía en el requerimiento conclusiones "que de manera informal y flexible" fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector sobre reuniones periódicas mantenidas con el área de intervención contable de BFA-Bankia.

  El Banco de España remitió en la primera semana de septiembre una gran cantidad de documentos, entre ellos correos electrónicos de trabajo enviados por los inspectores, por ejemplo, el "inspector cabecera" Casaus. Algunos de esos correos aportados son de Casaus y son de fecha, por ejemplo, 7 y 12 de abril, y están dirigidos a su entonces "jefe de grupo", el actual director general adjunto de Supervisión, Pedro Comín. El inspector "cabecera" expresa que BFA-Bankia puede ser insolvente a pesar de salir a Bolsa.

   Pero he aquí que después de que el Banco de España enviara el material al juzgado a primeros de septiembre, Casaus compareció como testigo. Fue el 5 de septiembre. Y durante su declaración informó que, al menos, había descrito la inviabilidad de BFA-Bankia en cuatro correos dirigidos, entre otros, a sus jefes. 

    La acusación popular que representa el abogado Andrés Herzog (Confederación Intersindical de Crédito), solicitó al juez Andreu, tras comprobar que los correos descritos por Casaus no habían sido incluidos en la remesa del Banco de España, que se requiriera a la entidad la aportación de dichos correos de abril y mayo de 2011. Esa solicitud fue presentada el viernes 30 de septiembre.

   El fiscal no solicitó estos correos ni se pronunció sobre la petición de Herzog, algo que, en passant, subraya la contribución que puede hacer la tan denostada institución de la acusación popular, escándalo de Manos Limpias mediante, en la investigación de una causa tan relevante como la salida a Bolsa de Bankia.

   El juez Andreu dictaba inmediatamente, el lunes 3 de octubre, una providencia por la cual se libraba oficio al Banco de España para que, "en caso de existir se remitan los correos electrónicos referidos por el testigo José Antonio Casaus en su declaración". También requería a Casaus a fin de que aporte esos correos electrónicos.

  El Banco de España podía haberlos incluido en su remesa. Sin embargo, decidió no hacerlo, de lo que se desprende que hizo una selección del material, quizá amparándose en la solicitud del juzgado. Con todo, ¿qué sentido tiene enviar ciertos correos referidos a BFA-Bankia del 7 y 12 de abril, por ejemplo, y no otros sobre el mismo asunto de fechas próximas del mes abril, como el 8 y el 14 de abril?

   Ahora, se puede apreciar que el Banco de España decidió no entregar los correos de Casaus cuando aportó al juez los correos a principios de septiembre. Entregó correos del 7 y 12 de abril, como se ha apuntado.

   Es decir: resolvió omitir al menos otros dos, uno de fecha 8 y otro de 14 de abril.  Tampoco aportó los de 10 y 16 de mayo de 2011.

   Ante el requerimiento del juez, Casaus y el Banco de España los han entregado en la Audiencia Nacional.

  El secretismo de los bancos centrales, sobre todo, de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue descrito estupendamente por el periodista William Greider en su libro Secrets of the temple a primeros de 1989.

   Los correos secretos de nuestro templo, el Banco de España, han llegado ahora a manos del juez Andreu.

    

 

     

 

PS, ¿en qué momento se jodió?

Por: Ernesto Ekaizer | 03 oct 2016

                                                                                                                                            
                  Susana-diaz-y-pedro-sanchez_560x280

       

 

   Durante alrededor doce horas, el Comité Federal Extraordinario del PSOE fue el escenario  hasta la extenuación de una lucha por el poder en su forma más cruda: la batalla de Pedro Sánchez por sobrevivir como secretario general versus la cruzada de las fuerzas de Susana Díaz para derrocarlo. Esa lucha se metamorfoseó y asumió el disfraz de una pugna estatutaria, pero muy avanzada la tarde del sábado, hubo un momento en el que ese disfraz cayó: fue el momento en el que el porvenir de Pedro Sánchez se jodió definitivamente.

    El momento alea jacta est.

   Exploremos ese momento.

   El grupo de Susana Díaz tenía un plan y lo cumplió a rajatabla, más allá del retraso que pudo haber sufrido la reunión del Comité Federal.

    Las tres piezas claves de ese plan eran la formación de una mayoría de bajas en la Comisión Ejecutiva Federal; la actuación de la mesa del Comité Federal, el órgano más importante del partido entre congresos; y el dictamen de la Comisión Federal de Ética y Garantías.

   La mayoría de bajas se plasmó el miércoles, día 28, en el que la Cadena SER difundió una entrevista con Felipe González, que se encontraba en Santiago de Chile, en la que revelaba que Sánchez le había engañado. Le había dicho el 29 de junio, tres días después de las elecciones generales, que el PSOE votaría no a Rajoy en primera votación y que se abstendría en segunda votación para no impedir la formación del gobierno del PP.

   La operación de diecisiete miembros de la Comisión Ejecutiva Federal fue coordinada desde Sevilla por el secretario general de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Máximo Díaz-Cano, y materializada por Antonio Pradas, diputado por Sevilla a Cortes, y miembro de la Ejecutiva Federal, que las entregó en la sede de Ferraz.

  Las diecisiete dimisiones buscan crear la falta de quorum de la Ejecutiva Federal, habida cuenta de que el Estatuto del partido (artículo 36) establece que cuando se producen mayoría de bajas sobre el total, se debe convocar el Comité Federal que estará abocado a citar un Congreso Federal Extraordinario para elegir una nueva Ejecutiva Federal. Las 17 dimisiones se unían a 3 vacantes no cubiertas. Ergo: 20 sobre 38 miembros del Comité Federal. No dimitía la mayoría de miembros (17) porque quedaban 18, pero sumados a las bajas daban mayoría.

    ¿Y para que querían esto?

    Es que no querían eso. 

   A pesar de que los Estatutos no dejan lugar a dudas (la mayoría de bajas activa el artículo 36, obliga a convocar el Comité Federal Extraordinario y a su vez este cita un  Congreso Federal también extraordinario), este movimiento debía ir complementado con otros dos: la proclamación como autoridad del partido de la presidenta de la mesa del Comité Federal y la reunión de la Comisión de Ética y Garantías para que emitiera un dictamen sobre la nueva situación a partir de la mayoría de bajas.

    El equipo de Sánchez vio en las dimisiones un paso en falso de sus contrincantes.

   Primero porque activaba un Comité Federal Extraordinario y el Congreso. Su Ejecutiva en funciones (18 miembros activos menos dos que no asistieron a la reunión), convirtió el jueves 29 el Comité Federal citado para el sábado 1 de octubre en Comité Federal Extraordinario y el Congreso Ordinario que había propuesto en Extraordinario, para el mes de noviembre, y mantuvo la propuesta de celebrar elecciones primarias a secretario general el 23 de octubre.

   Y last but no least, el paso dado era un error, según los partidarios de Sánchez, porque el grupo de Susana Díaz acababa de dar de baja en la batalla del Comité Federal a 17 miembros, los dimisionarios de la Ejecutiva Federal.

   Pero las dimisiones crearon la sensación de acefalía, de vacío, más allá de los Estatutos, que según el sector de Susana Díaz, debía cubrir el Comité Federal, el que en realidad, subrayaba, debía haber convocado, sostenía, la reunión del sábado y no una Ejecutiva Federal disuelta.

  Pero, concretamente, ¿quién era el Comité Federal?

  El jueves 29, la presidenta de la mesa del Comité Federal, Verónica Pérez, destapó las cartas en la puerta de Ferraz: "Yo soy la única autoridad ahora en el PSOE". Secretaria general del PSOE de Sevilla, al dejar Susana Díaz esa posición, Verónica Pérez aprovechó su cargo administrativo para convertirse en la representación del Comité Federal.

    Según el artículo 15 del Reglamento del Comité Federal "para presidir y dirigir los debates del Comité Federal se constituirá en cada reunión una Mesa compuesta por un Presidente/a, un Vicepresidente/a y un Secretario/a de Actas, que serán elegidos por el período de un año". Dicha norma se ha cambiado. Ya no se elegía por un año.

    De dirigir junto con el vicepresidente de la mesa, Rodolfo Ares, y la secretaria de actas, Nuria Marín, el funcionamiento interno de las reuniones del Comité Federal, Verónica Pérez se constituyó en "única autoridad" para reforzar el mensaje a los medios y a la opinión pública de vacío de poder provocado por la virtual disolución de la Ejecutiva Federal.

    La otra pieza que ya estaba en movimiento era la Comisión de Ética y Garantías. Aunque no se especifica en los Estatutos y en el Reglamento de la Comisión que entre sus funciones está la de dirimir o arbitrar en los conflictos internos de un órgano del partido sino en conflictos entre órganos (artículo 3.ii del Reglamento) se habla (3.iii) de que puede "emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del Partido".

   Tres miembros de esta comisión estaban alineados con el grupo de Susana Díaz: María Jesús Montero, consejera de Hacienda de Andalucía; Inés Ayala, eurodiputada por Aragón; y Wilfredo Jurado, de Madrid.

  Solicitaron por escrito la convocatoria de la reunión del Comité de Ética y Garantías el miércoles 28, poco después de entregarse las 17 dimisiones.

   Problema: la presidenta, María Celaá, y el secretario, Félix Bolaños, serían un obstáculo por su adscripción a la Ejecutiva Federal. Y el Comité solo se podía reunir por decisión de la presidenta.  La mayoría de 3 a 2 ya tenía claro que la Ejecutiva Federal y su secretario general ya no existían. Y quería oficializar esa mayoría en la Comisión.

  Aunque no tenía facultad alguna para hacerlo, dado el funcionamiento independiente de la Comisión, la presidenta de la mesa del Comité Federal, constituida en "única autoridad" solicitó el  jueves 28 la convocatoria de la Comisión de Ética y Garantías a través del escrito en el que pedía  una definición sobre la situación de baja de más del 50% de la Ejecutiva Federal y en caso de estar disuelta la Ejecutiva Federal el Comité Federal debía asumir sus funciones y el procedimiento a seguir. Pero la presidenta no le reconoció facultad alguna para hacer tal petición, cosa que Verónica Pérez admitió. 

    Lo importante para el grupo de Susana Díaz era demostrar que se había pedido la reunión, que no se había convocado y los tres miembros, tras el fracaso de Verónica Pérez en lograr esa reunión, presentaron el jueves 29 una petición de convocatoria urgente. No la hubo.

   El viernes por la mañana, la presidenta de la Comisión de Ética y Garantías convocó a los miembros para mantener una reunión cuando se terminará el cónclave del Comité Federal. Fijó la hora a las 17 horas del sábado. La maniobra pretendía desactivar a la presidenta de la mesa del Comité Federal y a los tres miembros que habían solicitado la reunión. Porque la presidenta citaba la reunión para abordar un modelo de aval para las elecciones primarias. No para dirimir sobre el conflicto.

   Confirmada la imposibilidad de lograr la reunión, los tres miembros presentaron avanzada la tarde del viernes su dictamen por escrito ante la "presidencia del Comité Federal y ante los miembros del Comité Federal". El escrito se hizo registrar en la secretaría de Organización y Acción Electoral, a cargo de César Luena.

   Invocaban el punto 3.x de las competencias del Estatuto de la Comisión de Ética y Garantías, según el cual, dicho órgano podía "expresarse a través de advertencias o recomendaciones, de oficio o a instancia de la Comisión Ejecutiva Federal, sobre materias o circunstancias de interés para el Partido. Estas advertencias o recomendaciones podrán ser públicas para general conocimiento y se basarán en los principios y valores del PSOE, así como en el Código Ético y resto de normativa del partido".

   Lo que valía para la Comisión como tal, ante la imposibilidad de reunirse, lo asumieron para los tres miembros.

   Los medios de comunicación dieron cuenta del escrito. Pero a los miembros del Comité Federal no se les entregó.

   El dictamen tenía que ser un hecho antes de la reunión de Comité Federal porque su existencia sería el argumento, la base, por así decir, jurídica de la operación para quitar en el Comité Federal a Pedro Sánchez.

   Según el escrito, la Ejecutiva Federal de Sánchez estaba disuelta desde el momento en que 17 miembros, sumados a las tres bajas preexistentes sumaban la mayoría de 20 sobre 38, y Sánchez ya no era secretario general. Y, en esta situación, señalaban que era aplicable a la situación creada, aunque el Estatuto no lo señalara para el "ámbito federal", la creación de una Comisión Gestora. El Comité Federal, por tanto, debía designar a los miembros de esa comisión.

    Bien.

   La reunión del sábado 1 de octubre giró, pues, en torno a la mesa dividida del Comité Federal. Los tres miembros -Pérez, Ares y Marín- se reunieron por separado en varios recesos-recreos. La intención del grupo de Susana Díaz era someter a votación el dictamen de los tres miembros de la Comisión de Ética y Garantías.

  Pero este dictamen no había sido entregado a los que habían acudido a la reunión. La presidenta propuso que se votara. Varios miembros dijeron desconocer el contenido. La presidenta dijo que ya había aparecido en los medios de comunicaciones. Se rechazó este argumento. 

    La presidenta propuso leerlo. Los dos miembros de la mesa se opusieron a ello.  Los escritos de la Comisión, por definición, no son vinculantes. Y este ni siquiera era un dictamen de la Comisión sino de tres miembros de la misma.

    El debate sobre el dictamen y el reglamento era un callejón sin salida.

    Borrell señaló que la mesa del Comité Federal, según el artículo 15, se limitaba a ordenar la reunión, sin otras funciones, y queda un órgano colegiado.

    Susana Díaz le replicó que él no era el único licenciado en Derecho allí y que  ella también lo era. Borrell replicó que él no era licenciado en Derecho, pero no le dijo que era ingeniero aeronáutico.

   Pedro Sánchez, sobre las tres y media quiso provocar un viraje. Y propone discutir la posición del PSOE ante la abstención. En línea con lo que ha dicho la noche anterior.

   Pero esto no se acepta. No está en el orden del día. Fuentes del grupo de Susana Díaz están convencidos de que el viernes antes de hacer su declaración sabe que tiene perdida la batalla tras hacer un recuento de votos. Y que entonces Sánchez maniobra para que no se vote el Congreso Extraordinario ante la posibilidad de perder.

    Problema: una votación sobre la abstención podía obtener la mayoría, pero esto dejaría pendiente las negociaciones para la negociación de un gobierno alternativo con otras fuerzas políticas. Esta negociación quedaba  cubierta, por así decir, por la fórmula del Congreso y las primarias.

   La tarde avanzaba y la oscuridad no permitía ver luz al final del túnel. Fue entonces cuando José Borrell habló con Pedro Sánchez y con otros dirigentes del partido del grupo de Susana. Si lo que se quería era debatir el tema de la abstención del PSOE ante la investidura, como había anunciado en su declaración del viernes por la noche Sánchez, y como acaba de proponer sin éxito ¿por qué no introducir un cambio de posición? ¿Por qué no readmitir a los 17 miembros (los 16 menos la presidenta del partido, Micaela Navarro, esperaban en una cafetería de Ferraz) y retrotraer la situación al lunes 26? De este modo, se terminaba ipso facto el Comité Federal y se convocaba una nueva reunión para debatir sobre la abstención.

    Sánchez pidió la palabra. Explicó que "un compañero", sin citar a Borrell, le había sugerido una solución y la expuso. Acto seguido, el presidente de Aragón, Javier Lambán, tomó la palabra y solicitó a la presidenta de la mesa que no se tomase en consideración. Sánchez ya no era secretario general y la Ejecutiva Federal estaba disuelta. La propuesta no se votó.

   Hemos hablado al comienzo del momento alea jacta esta, el momento en que se le jodió a Pedro Sánchez la situación.

    Ese momento llegó cuando en uno de los recesos, Ares y Marín formaron la mayoría de la mesa para que se votara la propuesta de Congreso Extraordinario y primarias. Y la forma de hacerlo, dijeron, debía ser en urna. Voto secreto.

   La razón no explícita: los miembros del Comité Federal -había 253 acreditados esa tarde- ocupan en su gran mayoría cargos institucionales y dependen de la jerarquía del partido para ir en las listas electorales.

   Por tanto, el voto secreto concede mayor libertad a cada uno a la hora de votar, al no tener que revelar su posicionamiento a los distintos jefes, por así decir.

  El grupo de Susana Díaz se opuso. En medio de un griterío generalizado, César Luena ordenó colocar una urna detrás de la mampara que actúa como fondo de las deliberaciones. Los miembros de la Ejecutiva, liderados por Sänchez y Luena, se pusieron de pie y formaron cola.

    La urna no estaba a la vista. Los gritos y las acusaciones de pucherazo por la urna escondida se generalizaron. Los miembros del Comité Federal partidarios de Sánchez se levantaron para ir a votar.

   Susana Díaz al ver a Borrell disponerse para ir a votar, dijo en voz alta: Pepe no puedes avalar esta forma de votar. 

    Yo no avalo nada, replicó Borell. Yo no soy el presidente de la mesa.

   Un miembro del Comité Federal avanzó hacia el estrado más elevado y a voz en cuello gritó: Vamos a recoger firmas para presentar una moción de censura. Empezaron a acercarse masivamente miembros para firmar.

    Se le explicó a Luena que así no se podía votar, la urna debía ponerse en lugar visible.  Delante del Comité Federal y en una mesa, no visible, las papeletas.

   El caos se adueñó del Comité Federal. Patxi López dijo que estaba harto y que ya no tenía idea de qué hacer. Francina Armengol, la presidenta de Baleares, expresó a Pedro Sánchez su desánimo, una sensación de derrota. Le explicó que había que votar, que si se perdía, pues, que se aceptaba, que no debían irse de allí sin votar.

    Los partidarios de Susana Díaz ya firmaban la petición de una moción de censura para tumbar por esa vía a la Ejecutiva Federal. Pronto ya había alrededor de 120 ó 130 firmas.

    La urna de Luena había catalizador la bronca total.

   Y llegó ese momento alea jacta est.

    Guillermo Fernández-Vara, apoyado en la urna detrás de la mampara, Pepe Blanco, Rodolfo Ares y Susana Díaz, comentaban la situación. Pedro Sánchez se les unió. Dejadme a solas con Susana, les dijo.

    Susana Díaz y Pedro se apartaron de la reunión. 

   La reconstrucción del diálogo, según se la transmitieron cada uno de ellos a sus compañeros, arroja estas palabras dichas en pocos segundos:

    -¿Qué quieres Susana? 

    -Pedro tú te tienes que ir. No te reconozco como secretario general Pedro. Te tienes que ir.

    -Votemos Susana, ponemos a votación la Comisión Gestora y el Congreso. Y si pierdo la votación dejo de ser el obstáculo. Me voy...

   El escrito con la moción de censura circulaba. Ya superaban las 120.

   Algunos miembros del grupo de Sánchez, alrededor de 8, se marcharon. Tenían billete para regresar a su ciudad.

   Pedro Sánchez explicó a sus partidarios que era necesario votar, que si se insistía en el voto secreto, el Comité Federal terminaría sin votación sobre el único punto del orden del día.

    Hay que votar, explicó, como sea...

   Las firmas de la moción de censura anticipaban el desenlace. 132, que no incluían a los 17 dimisionarios, contra 107.

     

    

        

   

        

            

     

       

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal